Archivo | febrero, 2015

La credibilidad del INE también se deteriora

28 Feb

La crisis de credibilidad por la que atraviesa el actual gobierno federal, y que comenzó hace ocho meses, luego de sus gazapos en los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, y que se agudizó con los señalamientos a altos funcionarios y al propio Presidente Enrique Peña Nieto de presunta corrupción y conflicto de interés relacionados con empresas beneficiadas con contratos millonarios, se ha extendido a otras instituciones que son vitales para el funcionamiento del país.

Uno de estos organismos fundamentales es el Instituto Nacional Electoral (INE), que apenas y cumplió un año de haberse creado, luego de que la reforma en materia política-electoral, publicada el 10 de febrero de 2014, rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó a ese Instituto en una autoridad de carácter nacional.

Su misión, de acuerdo al propio INE, es “contribuir al desarrollo de la vida democrática, garantizando el ejercicio de los derechos político-electorales de la sociedad a través de la promoción de la cultura democrática y la organización de comicios federales en un marco de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad”.

Sin embargo, luego de que el 4 de abril de 2014 arrancara sus operaciones y con esto se despidiera al Instituto Federal Electoral (IFE) y sus 23 años de historia, la imagen del INE se ha ido deteriorando ante la opinión pública debido a las decisiones que analistas y políticos consideran “parciales” y “subjetivas”, y que sólo abonan a la desconfianza de los ciudadanos.

Todo eso, cuando el INE apenas se alista para enfrentar el primer proceso electoral de su corta existencia.

Encima, las diferencias con los representantes y consejeros legislativos de los partidos Acción Nacional (PAN) de la Revolución Democrática (PRD) del Trabajo (PT), Encuentro Social, Humanista, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano (MC) ante el Instituto Nacional Electoral, se han profundizado. Ayer, esos políticos hicieron un llamado a la autoridad electoral para que reencauce su actuación a los principios de legalidad, ante el deterioro institucional  y la falta de independencia e imparcialidad “que como en un ninguna época se vive en esta institución clave en el proceso de construcción de la democracia mexicana”.

En un posicionamiento conjunto, esos partidos políticos dijeron que aunque existen puentes de diálogo con el órgano electoral en la práctica no es así. Como ejemplo manifestaron la sesión que se inició ayer temprano sin su presencia y con una serie de descalificativos en su contra.

Los representantes de los partidos que reventaron la sesión pasada y que no asistieron a la de ayer acusaron a un grupo de consejeros de actuar en complicidad con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de haber tomado el control del Consejo General del INE sin que Lorenzo Córdova Vianello, presidente del órgano electoral, haga algo al respecto.

El Senador panista Javier Corral Jurado mencionó en conferencia de prensa que esa crisis de legalidad e imparcialidad que vive el Instituto se refuerza en la falta de visión y liderazgo de Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente de ese organismo.

Los representantes de los institutos políticos manifestaron que no quieren “una autoridad partidista ni favorecedora de la oposición, pero no aceptaremos ni toleraremos que se pretenda regresar a los tiempos donde el gobierno y el PRI […] violentaban la voluntad popular”.

“Desde la conformación del INE, advertimos la actuación de un bloque de consejeros que se han desapegado de los principios de imparcialidad que rigen la función electoral para coordinadamente favorecer al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Verde Ecologista de México. Con frecuencia, algunos consejeros se suman a este bloque para conformar una mayoría que, dentro o fuera de la mesa del Consejo General, determina el rumbo de sus decisiones, favoreciendo intereses parciales”, establecen en el documento.

La parcialidad, la falta de transparencia y el favoritismo –en especial la mano negra del PRI, metida hasta el tuétano en el INE– ha comenzado a debilitar la credibilidad del INE, en un momento en que el país reclama como nunca antes transparencia, rendición de cuentas y la aplicación de la ley en todos los renglones de la vida pública.

Esta debilidad es un riesgo ante un proceso electoral, el primero desde el regreso del PRI a Los Pinos, al que los ciudadanos también llegan desilusionados y hartos de los excesos y abusos de los políticos.

Si el organizador de esas elecciones no reacciona, lo que vendrá un mayor deterioro de la democracia, por la nulidad de la justicia electoral. Nadie quiere ver, además, una mayor descomposición social, pero el INE y su falta de credibilidad puede ser un nuevo detonante.

TODO EL IMPERIO PODRIDO DE CARLOS ROMERO DESCHAMPS

28 Feb

Dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM); involucrado en uno de los mayores desvíos de fondos de Pemex (el famoso Pemexgate) para el PRI, su partido; exhibido públicamente por los lujos con los que su familia se pasea alrededor el mundo, el Senador Carlos Romeo Deschamps se ha convertido en uno de los mayores símbolos de la corrupción e impunidad en el país.

Pero las denuncias –e incluso por parte de trabajadores de Petróleos Mexicanos– ni siquiera lo despeinan. ¿Por qué? En el actual gobierno, dicen los analistas, porque pertenece a la misma clase política que el Presidente Enrique Peña Nieto. Y en los 12 años que el PAN estuvo en Los Pinos, porque tanto Vicente Fox como Felipe Calderón recurrieron a “sus servicios”, cualquier cosa que eso signifique.

El periodista Martín Moreno dibuja a este personaje en un libro apasionante, que ha empezado a circular en México. Se llama Los Demonios del Sindicalismo Mexicano (Aguilar 2015)pero bien podría ser un “diccionario de políticos impunes”.

En este capítulo, que SinEmbargo lleva a ustedes en exclusiva, es posible entender muchas cosas. Por ejemplo, por qué si los hijos de Romero Deschamps, Paulina y José Carlos, han sido beneficiados por el enriquecimiento inexplicable de su padre, no se les investiga. O por qué el mismo dirigente sindical no está tras las rejas y, por el contrario, goza de la impunidad que le dio el PRI por la vía del Senado de la República.

El autor recuerda cómo José Carlos, por ejemplo, se ha convertido en el dueño de las calles de Miami con su auto Enzo Ferrari, de dos millones de dólares; describe los tres yates de los que es propietario Romero Deschamps y detalla cómo Paulina cubre de lujos a sus perros…



CAPO DI TUTTI CAPI

Tengo un compromiso muy fuerte con Peña Nieto…–, confió Carlos Romero Deschamps, aún todopoderoso del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

La frase encierra un mundo de complicidades, de manejo de miles de millones de pesos sin justificar ni transparentar; de valores entendidos entre el sindicato, el PRI y los gobiernos en turno –incluidos los de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón–, que le han permitido a Romero Deschamps erigirse, tras el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo en enero de 2013, como el líder sindical más poderoso, rico e intocable del país.

¿Qué significa el sindicato petrolero para el PRI?

Nada menos que un soporte financiero clave que, por décadas, ha financiado movimientos políticos y campañas electorales del Revolucionario Institucional, alma mater del STPRM desde los tiempos de Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”. El vehículo institucional para enriquecer a líderes sindicales y a sus incondicionales; la forma de explotación financiera de Petróleos Mexicanos ha sido a través de canon- jías entregadas al sindicato mediante un jugoso dos por ciento sobre contratos de obras y servicios que realizaba la empresa (como se demostrará dentro de este capítulo). Es la caja chica del priismo, como ocurrió con uno de los escándalos político- electorales -financieros más graves de la historia: el Pemexgate.

Por eso Romero Deschamps ha sido intocable.

Y por eso sobrevivió a la Reforma Energética aprobada en agosto de 2014 –declarada, por decreto, empresa productiva del Estado–, a pesar de que del Consejo de Administración de Pemex se eliminaron los asientos que ocupaban representantes del sindicato petrolero.

Raspados, sí; tambaleantes, tal vez, pero los líderes sindicales petroleros -encabezados por el senador priista Romero Deschamps–, aún se mantienen dentro del presupuesto energético del país.

Basta saber que del 2000 al 2012, el sindicato petrolero recibió más de dos mil millones de pesos por concepto de “apoyos para distintas actividades sindicales”. Sí: sin justificar en qué se gastaba, arropado por la proclama tramposa de la “autonomía sindical”. Todo al capricho y servicio de Romero Deschamps y –aquí sí encaja el término gangsteril– de sus secuaces. Dineros salidos de los bolsillos de los mexicanos vía impuestos y cubiertos por el manto de la opacidad, del disfrute personal, de la dádiva oficial y del dispendio oculto materializado en departamentos en Miami, en yates, en autos Lamborghini o en Ferrari, al gozo de la familia Romero.

Pero esos dos mil millones de pesos son, tan sólo, una partícula dentro del universo de fortunas que se han gestado al amparo del sindicato petrolero y sus vínculos de apoyos y encubrimientos con el Ejecutivo en turno. Son, apenas, la punta del iceberg de los favores financieros, de la fuga de miles de millones de pesos, constante en los últimos años, de los que se desconoce a qué fueron destinados. La punta lamentable de uno de los abusos más indignantes de los que se tenga memoria en prejuicio de los mexicanos.

Cuando se habla de Romero Deschamps, la única palabra que viene a la mente es corrupción.

Y tal vez cuando usted lea estas páginas, Romero Deschamps habrá abandonado la secretaría general del STPRM gracias a un pacto concertado entre el líder sindical y el gobierno de Peña Nieto. Es muy posible, considerando que él mismo comentó a algunas personas que tras la elección presidencial de 2012 dejaría el sindicato. Al menos hasta noviembre de 2014 no había cumplido su promesa. Sin embargo, Romero Deschamps es una carga cada vez más pesada para el gobierno, en el trance de la Reforma Energética, debido en gran medida al mundo de conflicto en el que se ha acostumbrado a vivir el senador priista.

En algún momento se irá Romero Deschamps del sindicato petrolero.Cierto.

Pero su salida no borrará el sinfín de abusos financieros, de complicidades políticas, de beneficios personales, de desfalcos petroleros, de enriquecimiento familiar, ni tampoco lo librará de ser un demonio del sindicalismo mexicano. El daño quedará allí, imperecedero. Como una herida abierta para siempre.

EL PEMEXGATE

–Sí, entregamos ese dinero para la campaña de Labastida… ¡pero sólo fue un préstamo!–, reconoce, en corto, Carlos Romero Deschamps.

¡Ah, menos mal!

En México, un sindicato puede entregarle cientos de millones de pesos surgidos de las arcas petroleras a un candidato presidencial, y no pasa nada.

¿Pemex de los mexicanos? ¡Sí, cómo no!

La historia es conocida: el STPRM le prestó al PRI alrededor de mil millones de pesos, en el año 2000, para financiar la campaña presidencial de Francisco Labastida.

A pesar de ser conocida y pública, esta historia negra cuenta con nuevos testimonios y revelaciones que los mexicanos deben conocer para darse una idea –al menos una idea– de cómo, en este caso con el apoyo de un líder sindical, se ha utilizado el presupuesto para fines políticos y particulares.

Pero también existe algo más que indignante: la propia empresa (Pemex), contribuyó con dinero público a la campaña de Labastida, tal como se leerá en la declaración que cito de Andrés Heredia.

Para la elaboración de este capítulo, se leyó y analizó la Averiguación Previa PGR/UEDO/102/2002/ (Petición de Desafuero), en la que se detalla cómo operó el Pemexgate, los nombres de los responsables, las cifras que se destinaron a la campaña del candidato presidencial priista y cómo se exoneró a Romero Deschamps y compañía, aun cuando había elementos suficientes para desaforarlo de la diputación que ostentaba en 2002, con el diputado por Tamaulipas, Jesús Olvera Méndez, y Ricardo Aldana, senador, tesorero del STPRM y hombre clave en el manejo del Pemexgate, para proceder legalmente en su contra. Nunca fueron castigados.

Se puede integrar un tratado para detallar los abusos, las desviaciones de dinero y las complicidades surgidas dentro y en torno al Pemexgate, bajo la batuta de Romero Deschamps. Tan sólo la averiguación previa consultada consta de 755 páginas. De este documento, se seleccionaron los fragmentos que ilustran, con la mayor precisión posible, cómo se operó e instrumentó el Pemexgate. Esta es una breve radiografía de uno de los abusos político-sindicales-financieros más agraviantes de nuestra historia reciente.

Aquí algunos testimonios, cifras y cuadros incluidos en dicha averiguación previa [sólo se agregaron puntos de identificación y precisiones ortográficas para facilitar la lectura y comprensión del texto, sin alterar el sentido de las declaraciones que involucran, en primera instancia, a políticos a la sazón destacados como Manuel Bartlett, Arturo Núñez y Humberto Roque Villanueva, entre otros ilustres priistas.]

1. De cómo se cargaban las maletas del dinero.

Declaración de Melitón Antonio Cázarez Castro:

[…] y justamente llego el 28 de mayo de 2000 al PRI a laborar con el ingeniero Bretón como asistente en la Subsecretaría de Finanzas; a los pocos días realizo funciones de secretario particular y administrativo de la Subsecretaría; en los primeros días de junio de 2000, alrededor de medio día, me comentó el ingeniero Alonso Bretón (subsecretario de Finanzas del PRI) que era necesario ir a recoger unos recursos, sin decirme a dónde, sólo que me coordinara con Andrés Heredia Jiménez y Joel Hortieles Pacheco, quien ocupaba el cargo del coordinador Administrativo de la Secretaría de Finanzas, cuyo titular era Jorge Cárdenas Elizondo, Secretaría que estaba ubicada en el edificio tres, segundo piso de las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Alrededor de medio día me llamó nuevamente para decirme que era necesario que pasara con Jorge Cárdenas Elizondo para que le firmara unos documentos como registro de firmas, lo cual hice como a los dos o tres días, alrededor del mediodía, pasando directamente con Jorge Cárdenas Elizondo, quien no me comentó absolutamente nada, sólo me mostró los documentos y vi donde estaba mi nombre y estampe la firma, sin recibir ningún comentario. Dicho documento era como un oficio el cual tenía un destinatario, un texto, quién firmaba el documento y al lado mi nombre, luego, sin ningún comentario, me dirigí de nueva cuenta a realizar mi trabajo.

Como a los dos o tres días, siendo alrededor de medio día me avisa Elpidio López López, director general de Ingresos y Egresos del PRI, que ese día me tocaba ir a recoger dinero, que sería a las tres de la tarde y que acompañaría a Andrés Heredia; efectivamente salimos de las oficinas del PRI en un vehículo tipo Cherooke, color negro, al parecer propiedad del PRI, y en el vehículo, aparte de Andrés Heredia y yo, iba el chofer y otros dos acompañantes, personas que no conozco, pero recuerdo que el chofer tenía las siguientes características: era de tez blanca, con corte tipo militar, de aproximadamente un metro setenta centímetros de alto, complexión atlética, ojos claros, sin recordar alguna característica en particular; las otras dos personas por la apariencia podrían ser personal de vigilancia o seguridad, ya que tenían corte militar, sin recordar si los había visto en las oficinas del PRI, aparte también iba una Su- burban de color oscuro con tres o cuatro gentes, aparen- temente también de seguridad, así nos trasladábamos a las instalaciones de Cometra, que se encuentra ubicada por el rumbo del mercado de pescado de la Viga, cerca de las calles de Lorenzo Boturini y Circunvalación.

Al llegar a las instalaciones de Cometra, Andrés Heredia se bajaba del vehículo con la identificación mía y la de él, y una vez que checaban que éramos nosotros, nos abrían un portón e ingresaba únicamente la camioneta Cherooke, mientras la Suburban con su personal se quedaba afuera; ya en las instalaciones le dábamos las maletas que llevábamos al personal que nos atendía, el cual nos daba el dinero en las maletas que llevábamos y lo contábamos a groso modo [sic], desconociendo el origen de esos recursos. Una vez con los recursos en las maletas, nos pedían que firmáramos unos documentos, que recuerdo tenían las siguientes características: era un formato tamaño carta con el nombre del Banco Banorte en el ángulo superior izquierdo, viéndolo de manera horizontal, con espacios para diversas firmas, con un rectángulo al centro del formato en donde firmábamos las dos personas que íbamos a recoger el dinero, con textos de las cantidades que recogíamos, algunos espacios para otras firmas que desconozco de quiénes eran y en la parte de abajo traía el nombre del Sindicato de Pemex, una vez que firmábamos nos entregaban las maletas y las subíamos al vehículo y las trasladábamos a las oficinas del PRI.

Al llegar a las oficinas del PRI, además de los acompañantes, nos ayudaban a subir las maletas el chofer de Jorge Cárdenas y el chofer de Joel Hortiales, personas de las que no recuerdo sus nombres; en las oficinas del PRI los recursos los entregábamos a Joel Hortiales Pacheco, quien los ingresaba a las oficinas de Jorge Cárdenas Elizondo, sin mediar ningún recibo, maletas que en promedio eran cinco u ocho maletas, sin recordar la cantidad que traía cada una; esta operación se realizó en tres ocasiones en fechas aproximadas a mediados del mes de junio de 2000, actividad que realizábamos siempre a la hora de la comida que era entre las tres y las seis de la tarde, habiendo recogido en esas tres ocasiones una cantidad aproximada de $151’000,000.00 (ciento cincuenta y un millones) en total.

Los recursos que se asignaban a la oficina de la Subsecretaría de Finanzas del PRI era variable, esto es, no se tenía una cantidad fija asignada, era así que por instrucciones del ingeniero Bretón pasaba a la oficina de Joel Hortiales a recoger los recursos que se me indicaban. Recuerdo que en una ocasión que fuimos a recoger dinero a Cometra, una parte se dejó en las oficinas de Jorge Cárdenas y otra en la de Alonso Bretón, sin recordar la cantidad, misma que me fue entregada para realizar pagos de diferentes conceptos, entre los que se encontraban los siguientes conceptos: pago a provee- dores, pago de nómina que se realizaba a gentes que trabajaban con Manuel Bartlet, lo cual se hacía a través de Pascual Juárez del Reyo; Arturo Núñez, Humberto Roque, Maximiliano Silerio Esparza, asimismo se pagaba el total o parte de la nómina general del PRI; asignaciones a algunas organizaciones del PRI, como son la Confederación Nacional Campesina (CNC), Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Fundación Colosio, entre otras; asignación de recursos a algunos comités estatales del PRI, entre los que se encontraban los del Distrito Federal, Guanajuato, Querétaro, y otros que no recuerdo, pero eran diez o quince comités estatales aproximadamente; asimismo, se le asignaban recursos para la operación de las secretarías de Elecciones y de Operación Política, estas asignaciones se realizaban a través de Alonso Veraza en la Secretaría de Elecciones y de Teódulo González en la Secretaría de Operación Política, áreas encargadas de la campaña, recordando que a la Secretaría de Operación Política se le asignó una cantidad de $40’000,000.00 (cuarenta millones), a la Secretaría de Elecciones se le asignaron cantidades aproximadas de $2’800,000.00 (dos millones ochocientos) a $6’000,000.00 (seis millones), aclarando que esto fue para la operación propia del área, aunque pudo haber más asignaciones sin recordar los importes; precisando que cuando se acababa el dinero que tenía en la caja fuerte que se encontraba en mi oficina, sacaba el dinero que se encontraba en las cajas fuertes que se encontraban en la oficina de Bretón que eran dos.

[ Hasta aquí parte de la declaración de Cázarez.]

Tan sólo en maletas atiborradas de billetes, como si fueran ladrones, más de ciento cincuenta millones de pesos para el PRI, con los atentos saludos del sindicato petrolero. ¿Qué tal?

2. De cómo el PRI era la cueva de los tesoros.

Declaración del testigo con nombre clave “Nacho” (17/ XII/2001):

[…] En el interior de la empresa Cometra, y en una ventanilla, que tenía vidrios blindados, me dieron a firmar un documento que tenía anotada la cifra de 45 millones de pesos y que a pesar de que intentaron taparlo para que no viera el nombre del emisor, alcancé a leer que se trataba de una sección sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de Petróleos Mexicanos. El dinero fue entregado en bolsas de plástico transparente y dentro de ellas había bolsas de lona de color blanco crudo o crema, con un remache de plomo para su apertura, mismo que era entregado a través de una puerta que se encontraba por debajo de la ventana de los cristales blindados, se suponía que cada bolsa de lona contenía 500 mil pesos, pero no fueron abiertas para contar el dinero, sino que nada más por el número de bolsas se infiere que fueron 45 millones de pesos, las bolsas que contenían el dinero se metieron en maletas negras que llevaba el señor Heredia desde las oficinas del PRI, mismas que se subieron a la camioneta en que nos habíamos trasladado a Cometra, y regresamos de inmediato a las oficinas del PRI.

Las personas que iban conmigo en la camioneta, incluyendo al señor Heredia y yo, subimos las maletas a la oficina del señor Jorge Cárdenas y el señor Heredia me indicó que eso era todo y que él se encargaría del resto, por lo que supongo que el dinero fue guardado en esa oficina. En días subsecuentes fui convocado en varias ocasiones para que se me entregaran recursos que serían distribuidos a muchas entidades a través de los coordinadores de elecciones para cubrir los gastos de la jornada electoral.

3. De cómo Pemex apoyó financieramente la campaña de Labastida, y cómo elementos del Estado Mayor Presidencial fueron utilizados como escolta personal para cuidar el dinero que la empresa petrolera entregaba al PRI.

Declaración de Andrés Heredia (18/III/2001):

[…] la principal actividad profesional que me fue asignada consistía en revisar todos los gastos que se originaron por concepto de gastos de campaña con los que se apoyó al licenciado Francisco Labastida Ochoa, mismos documentos que fueron turnados al área de contabilidad, designándome para mi labor una oficina en el inmueble ubicado en la calle de Varsovia número 43, Zona Rosa.

A principios de enero del 2000, recibí instrucciones del licenciado Joel Hortiales Pacheco para que me trasladara físicamente a seguir colaborando en las mismas funciones pero en una oficina que se me iba a asignar en el edificio tres de Administración y Finanzas del CEN del PRI; el día 7 de junio de 2000, recibí instrucciones del licenciado Jorge Cárdenas Elizondo para que apoyara en recoger dinero del banco proveniente de Pemex como apoyo a la campaña del candidato oficial a la Presidencia de la República Francisco Labastida Ochoa por el PRI. El día siguiente, 8 de junio del año en cita, me llamó el licenciado Joel Hortiales para que subiera a la oficina del licenciado Jorge Cárdenas para atender un asunto, en esta oficina se me instruyó para que recogiese dinero de Cometra y para tal efecto me presentó un documento dirigido a Bancomer en donde se me autoriza recoger los recursos, dicho documento fue signado por Ricardo Aldana Prieto; el día 9 de junio de 2000.

Si no mal recuerdo, recibo la instrucción para que efectúe el primer viaje indicándome que se hará en una camioneta blindada y que nos apoyará en el operativo personal del Estado Mayor Presidencial; el inicio de esta comisión partió del estacionamiento del edificio tres del PRI en el horario de 14:30 horas con rumbo a Cometra, cerca de la escuela Nacional Preparatoria 7, por las calles de Calzada de la Viga y Lorenzo Boturini.

4. De cómo colaboradores del candidato presidencial, Fran- cisco Labastida Ochoa, ayudaban a llenar las alforjas de “recursos” –así llaman los priistas al dinero– destinados al PRI.

Declaración de Alonso Veraza López (18/III/2002):

[…] Andrés Heredia (quien revisaba los gastos de campaña de Labastida) me condujo a una camioneta que era manejada por otra persona, el chofer el cual no conozco y una persona más que supongo iba cuidándonos como guardia, y si los volviera a ver no los reconocería, la camioneta iba resguardada por otro vehículo con dos personas, a quienes tampoco conozco; al llegar al lugar en donde haríamos el retiro supe que era la empresa Cometra.

Antes de esto el señor Andrés Heredia me pidió mi identificación la cual fotocopió, siendo esta mi credencial de elector, el señor Andrés Heredia se bajó de la camioneta para solicitar el acceso al lugar y nos abrieron las puertas de un especie de garaje de la empresa en donde se introdujo la camioneta; a través de una ventanilla con vidrios blindados le entregaron a Andrés Heredia unos documentos que me dio para firmar y que eran para hacer el retiro correspondiente, firmé seis documentos por siete millones y medio de pesos cada uno; que cuando Andrés Heredia me dio a firmar los documentos, coloco su mano en la parte superior dejando únicamente visible el área de firma, a la hora de entregar los documentos a las personas que se encontraba del otro lado de la ventanilla alcance a leer una leyenda que decía “Sindicato de Trabajadores de Petroleros de la República Mexicana”; por lo que hasta este momento supe yo que ese podría ser el origen de los recursos, lo cual no se me hizo extraño porque el Sindicato de Trabajadores Petroleros es un organismo afiliado al Partido Revolucionario Institucional y podría tratarse de una donación, y nos entregaron $45,000,000.00 (cuarenta y cinco millones) de pesos en efectivo que venían en bolsas de lona con un sello de plomo, por lo que no contamos ahí el dinero sino que simplemente por el número de bolsas suponía la cantidad mencionada.

De regreso a las oficinas del CEN del PRI en avenida Insurgentes Norte, las maletas en donde se había guardado el dinero, mismas maletas que ya estaban en la camioneta y que eran de tamaño grande, altas, color negro de tela, sin observar alguna marca comercial en las mismas, ignorando de quién eran, se depositaron en la oficina del señor Jorge Cárdenas.

5. De cómo Francisco Labastida Ochoa aceptaba regalos millonarios u onerosos por parte de particulares.

Declaración de Francisco Serrano Segovia:

[…] que fue cuando el licenciado Labastida contendía como precandidato en el Partido Revolucionario Institucional para ser candidato a la Presidencia de la República Mexicana por dicho partido, por lo que el declarante se preocupó por su seguridad personal y decidió enviarle la camioneta blindada de su propiedad Jeep Grand Cherokee Limited color negro modelo 1998, 8 cilindros, número de placas del Distrito Federal 309 KAA, cuatro puertas y con número de serie 1J4G- Z88Z3WC277569, con la factura de la misma endosada en blanco para que estuvieran cedidos los derechos de la misma para el licenciado Labastida, siendo que la citada camioneta se la envié con Sergio Clemente Rodríguez, quien era el jefe de Seguridad de mi familia Serrano. Que tengo bien claro que Sergio Clemente Rodríguez fue quien entregó personalmente al jefe de ayudantes de Francisco Labastida Ochoa, ya que incluso se tiene una bitácora, el cual todavía se conserva.

PREGUNTA 1. ¿Señale si el licenciado Francisco La- bastida Ochoa le habló para agradecerle el obsequió de la camioneta?

RESPUESTA. Sí, telefónicamente.

PREGUNTA 8. ¿Sabe cuál era el precio del vehículo Cherokee Limited color negro modelo 1998, 8 cilindros, número de placas del Distrito Federal 309 KAA?

RESPUESTA. El precio de adquisición fue de 34,000.00 (treinta y cuatro mil dólares 00/100 USA), como se aprecia en la fotocopia de la factura de dicho vehículo que presenta el de la voz como anexo número uno.

PREGUNTA 9. ¿Sabe el precio del blindaje de la camioneta Cherokee Limited color negro modelo 1998, 8 cilindros, número de placas del Distrito Federal 309 KAA?

RESPUESTA.- Aproximadamente 90,000.00 (noventa mil dólares 00/100 USA).

LA FAMIGLIA

Una cuñada que huyó con 40 millones de pesos. Una hermana millonaria. Las propiedades en McAllen, Nueva York y Texas. Los departamentos y autos de lujo en Miami. Los prestanombres. El poderío financiero de la familia de Romero Deschamps. Todo, al amparo del petróleo y de la protección oficial de los presidentes mexicanos en turno. ¿De quién? Póngale el nombre que quiera. Todos han protegido a Romero Deschamps: Fox, Calderón, Peña Nieto.

DE PEMEX PARA LA FAMILIA ROMERO

De la página 324 de la averiguación previa PGR/UEDO/ 102/2002/:

Lo que vamos a narrar es una acusación en contra de Carlos Romero Deschamps, Fernando Pacheco Martínez, secretario general y secretario del interior del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros, y los que resulten responsables de esta denuncia derivada de la investigación.

Señor Presidente, ¿cómo va a ser posible que PEMEX se encuentre en malas condiciones económicas, ya que el saqueo desmedido es una carga que afecta directamente la economía de nuestro país? El Sindicato de Petróleos se compone de 32 secciones en la República Mexicana. En cada sección, la maneja un secretario general y 70 comisionados con goce de salario y viáticos. El secretario general nacional tiene más de 100 trabajadores en sus oficinas ubicadas en la calle de Zaragoza de la colonia Guerrero en la Cd. de México, todos ellos con altos salarios, viáticos y prestaciones, boletos de avión otorgados por Pemex para que se trasladen a sus lugares cada treinta días.

En Salamanca, de donde es originario Carlos Romero Deschamps, tiene en su agenda particular a su cuñada María Guadalupe Durán Limas, quien fungió como tesorera en la Caja de Ahorros de los Trabajadores durante más de ocho años, la cual emprendió una graciosa huida con un desfalco por más de $40,000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 m.n.). Asimismo, actualmente goza de permiso con sueldo, viáticos y prestaciones de Pemex, habita una mansión en el Fraccionamiento más exclusivo de Salamanca (Campestre) y tiene más de quince casas de su propiedad en renta y grandes cantidades de dinero en diferentes cuentas bancarias.

Por otro lado, su hermana, Esther Romero Deschamps, fue una trabajadora de Pemex que durante quince años disfrutó de permiso con sueldo y viáticos y ahora, en su carácter de jubilada, sigue gozando con viáticos, disfrutando de una mansión con un valor superior a los $5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 m.n.), misma que cuenta con cuatro cocheras, en las cuales encontrarán un auto Mercedes Benz, una camioneta tipo Suburban y un auto Grand Marquis, todos modelos recientes, así como grandes cantidades de dinero en diferentes cuentas bancarias.

En Salamanca, nuestro flamante secretario general, Carlos Romero Deschamps, tiene en propiedad más de diez terrenos en el Fraccionamiento Campestre, edificios, con su prestanombres licenciado Eduardo Diez de Bonilla. Ranchos, casas, cuentas abultadas en diferentes bancos de la localidad y socio de más quince vinícolas en el municipio. En la Cd. de México, junto con sus hijos, los cuales, para variar, también se encuentran comisionados con salario y viáticos, mismos que administran sus restaurantes de lujo en Polanco y Tecamachalco. Su casa, en el Fraccionamiento La Herradura, se encuentran cocheras donde se alojan autos Mercedes Benz, BMW, Ferrari y, en general, autos de procedencia extranjera de lujo.

Entre las propiedades que se conocen, se encuentra una casa lujosamente amueblada en Cancún, Quintana Roo, el cual su vecino es el futbolista Hugo Sánchez Márquez; condominio en McAllen, Texas, EUA; Departamento en la Cd. de Nueva York, EUA, casas adjuntas a su mansión, en el Fraccionamiento La Herradura y ahorros cuantiosos en diferentes bancos de la Unión Americana y del país. Todo lo anterior, es lo que se conoce, amén de lo que resulte de las investigaciones respectivas, considerando lo más grave, para variar, con la anuencia de Pemex, se dedica a la compra de terrenos a $20.00 (veinte pesos 00/100 m.n.) el metro cuadrado, posteriormente lo fracciona y lo vende a Petróleos Mexicanos a $300.00 (trescientos pesos 00/100 m.n.) el metro cuadrado. Asimismo, hace “gestiones” ante Pemex para que se construyan casas, y él graciosamente las entrega a los trabajadores de su predilección y Pemex, de forma rara, no actúa absolutamente en algún trámite para su entrega.

Por otro lado, Fernando Pacheco Martínez disfruta de una mansión ubicada en col. La Luz de la Cd. de Salamanca, la cual tiene un valor estimado en más de $10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 m.n.), la cual ocupa un área de quince mil metros cuadrados.

Asimismo, cuenta con edificios en la col. Las Reinas, también en la Cd. de Salamanca, los cuales fueron por él adquiridos al licenciado Eduardo Diez de Bonilla; una flotilla de autos y camionetas, de modelo reciente (eso sí, cuidando las formas, pues son de origen nacional); cuenta con diez trabajadores para que le cuiden la “espalda” y todos con goce de salario y prestaciones de Pemex; disfruta de los dividendos derivados de flotillas de taxis y autobuses urbanos de servicio público en la localidad, derrochando el dinero de los trabajadores con el apoyo que le brinda Pemex. Asimismo, cuenta con cuantiosas cuentas bancarias en diferentes instituciones.

MIAMI DORADO

El 12 de febrero de 2013, en la columna “Archivos del Poder” que escribo desde hace más de ocho años en el periódico Excélsior, divulgamos el siguiente texto titulado “Romero Deschamps: la ofensa”.

La información indigna, agravia: José Carlos Romero Durán –hijo del líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps– compró dos departamentos de lujo en un edificio en Miami. El costo: ¡Siete millones 550 mil dólares! Mientras Pemex se hunde, el jeque sindical se burla. A la explosión, el enriquecimiento brutal.

Una investigación de los reporteros David Casco y Haim Torres, publicada el martes pasado en el diario Tabasco Hoy, revela el grado de enriquecimiento brutal al que ha llegado Romero Deschamps y su familia. Es algo ya intolerable. Porque no solamente son las bolsas Hermes de Paulina Romero, que cuestan varios miles de dólares –“mis bolsas de Superama”, las llama la hija del intocable líder sindical–, o sus hospedajes en los hoteles más caros de Europa o el trato enfermizo a sus perretes agraciados. No. El empoderamiento de los Romero a costa de la empresa más importante del país ya resulta un insulto nacional.

Es innegable: ninguna reforma a Pemex puede prosperar mientras tenga a un líder sindical con vida de jeque árabe. Tampoco saldrá adelante, cuando tiene un sindicato que es dique para modernizar a la empresa.

La discusión es de fondo: Romero Deschamps es soporte político y financiero del sistema priista. Ese es el conflicto de interés: el PRI necesitaría cortarse el brazo petrolero, aniquilar al aliado, eliminar al líder sindical soberbio, multimillonario e intocable. ¿Lo hará?

Romero Deschamps es el nombre que agravia. ¿Lo eliminará Peña Nieto?

Ofrecemos, textual, parte de lo publicado por los reporteros Casco y Torres sobre los departamentos de lujo comprados por el hijo del líder del STPRM:

“Los documentos obtenidos especifican que José Carlos Romero Durán y su esposa, María Fernanda Ocejo Garrido, se mudaron a Miami y fundaron dos empresas dedicadas a los bienes raíces. Y a través de esas dos compañías, de las cuales es propietario y director, de manera mancomunada con su cónyuge —BC Properties B5, LLC y BC Properties 18C, LLC—, la pareja compró dos exclusivos departamentos en un edificio de Miami.

El primero de ellos fue adquirido el 12 de enero de 2005. La propiedad está en el número 5959 de Collins Avenue, suite 3005, en la zona de South Beach, y por la misma José Carlos pagó dos millones 50 mil dólares […]

Luego, el 1 de marzo de 2006, el hijo de Romero Deschamps compró otro departamento en el mismo edificio. Es la suite 1803, por la que pagó cinco millones 500 mil dólares, que está registrada a nombre de su otra empresa: BC Properties 18C, LLC.

La suma que pagó por ambas propiedades fue 7 millones 550 mil dólares.

Los inmuebles que Carlos Romero le compró a su primogénito están construidos en una de las obras más emblemáticas, lujosas y exclusivas de Miami. A la zona donde está el edificio, se le conoce como “el corredor de los millonarios.”

Hasta aquí la información de Casco y Torres.

¿Cómo ha obtenido tantos millones de dólares la familia Romero Deschamps? Aliado del poder, emblema de la corrupción sindical mexicana, el líder petrolero se pasea, ufano y cínico. Se sabe intocable. Se sabe parte del poder político que está de regreso.

¿Y Pemex? Que se joda.

Las siguientes serían las fotografías de los inmuebles de la familia Romero en Miami, mencionadas en la columna. Fueron proporcionadas por una fuente de identidad reservada.

A continuación el edificio donde estaría el departamento:



Cinco meses después de lo publicado en Excélsior, compartí el siguiente texto en la columna “Red Pública”, que escribo semanalmente en el diario digital SinEmbargo MX, titulado: “Y ahora: ¡los yates de Romero Deschamps!”, el 10 de julio de 2013:

Enrique Peña Nieto tiene un problema grave y se llama Carlos Romero Deschamps. Multimillonario, líder petrolero, priista, soporte financiero del PRI, se ha convertido en el emblema de la corrupción del gobierno peñista, sin que nadie lo moleste.

Romero es el intocable del presidente. El Arturo Montiel en versión actualizada.

A los departamentos en Miami con valor de 7.5 millones de dólares. A los autos de superlujo Enzo Ferrari y Lamborghini –el primero cuesta dos millones de dólares y el segundo 500 mil dólares–, casos documentados por varios medios, ahora hay que agregar otra parte del imperio financiero del insaciable dirigente sindical.

Sí: Romero Deschamps no sólo es dueño del sindicato petrolero, de contratos de Pemex, de posiciones políticas y de la bendita protección presidencial. También le gusta desplegar su poderío por los mares.

Son tres los yates de Romero Deschamps y se llaman: “Indomable”, “Guly” y “Güero”.

Su costo total es de… ¡4.5 millones de dólares! en promedio. (David Casco-Manuel González Arizpe, Diario Basta, 9 de julio de 2013.)

Los yates están anclados en el muelle de Mundo Marino, de la laguna de Nichupté, en Cancún. De acuerdo con la investigación periodística, el “Indomable” fue un regalo del líder petrolero para su hija Paulina Romero Durán. ¡Qué detallazo! Tener un padre así o ser un padre así, no tiene precio.

“Indomable” es un yate Sunseeker, modelo “Porto- fino”, de 50 pies de eslora (poco más de quince metros). Su matrícula es GB-XSK-038391607. A un costado tiene escrita la palabra “Boli”, nombre de uno de los perretes-mascotas de Paulina. Vale alrededor de 1.5 millones de dólares.

El segundo yate –“Guly”–, fue otro obsequio de Romero Deschamps para su hijo Alejandro. (José Carlos Romero Durán es quien, en Miami, habita y supervisa los departamentos y utiliza tanto el Enzo Ferrari como el Lamborghini.)

“Guly” es un yate Sea Ray Sundance 450, de iguales dimensiones que el “Indomable”. Cuesta un millón de dólares.

Y el yate “Güero” –uno de los motes con los que se identifica a Romero Deschamps–, es un Sunseeker Predator, de veinte metros de eslora (largo) y casi cinco metros de manga (ancho). Su costo es de dos millones de dólares.

¿Qué tal con los patrimonios de Carlos Romero Deschamps?

De acuerdo con los valores que se han manejado hasta hoy en diversos medios –y no desmentidos–, entre los departamentos en Miami, el Enzo Ferrari y el Lamborghini, y los yates en Cancún, la inversión ascendería a… ¡más de 14 millones de dólares! Unos 170 millones de pesos. Nada más.

Y faltan las casas en México, que no serán precisamente bajo créditos del Cofinavit. Y habría más propiedades. Romero Deschamps tiene, dentro del sindicato, un salario por 24,633 pesos como motorista, más su sueldo de Senador.

Una de tres: o es muy ahorrativo, o recibió sus bienes por donación (como Peña Nieto declaró algunos de los que posee) o es un pillo. Usted, lector de esta Red Pública, elija la opción que crea acertada.

De Elba Esther Gordillo a Carlos Romero Deschamps hay una diferencia: la protección del presidente de México.

Y sí, la pregunta es muy válida y se la hacen millones de mexicanos: ¿por qué a Elba Esther sí se le aplica la ley, y no a Romero Deschamps?

La respuesta es: porque Romero Deschamps es priista con todas las prerrogativas de impunidad que ello conlleva. Es soporte financiero del PRI, contribuyente de campañas presidenciales, como ocurrió en el año 2000 con la de Francisco Labastida Ochoa. A partir de este pequeño detalle, saque usted sus conclusiones.

Gordillo y Romero representan lo más nocivo y dañino del sindicalismo nacido, crecido, cultivado y gozado por el PRI hasta nuestros días. A ella el paredón, por rebelde. A él la protección, por aliado.

Cuando se detuvo a Elba Esther Gordillo y Peña Nieto lanzó aquello de que “no hay intocables”, se pensó, por un momento, que venía una cruzada anticorrupción en este gobierno. ¡Ay, ajá! Ya mero.

Lo de Elba Esther fue un ajuste de cuentas político. Y punto.

La impunidad con la que se maneja Romero Deschamps, al amparo del peñismo, nos demuestra que, hoy por hoy, el cobijo anticorrupción a priistas multimillonarios es absoluto. Está asegurado. Como en los viejos tiempo, que son ahora, los nuevos tiempos.

Nada ha cambiado en este renglón.

Y mientras Peña Nieto muestre disimulo y siga ignorando el brutal enriquecimiento de Romero Deschamps – su compañero de partido, el contribuyente financiero del PRI, su aliado político–, todo será una farsa.

La astracanada peñista agravia, y se llama Carlos Romero Deschamps.

Las siguientes serían las fotografías de los yates de la familia Romero, proporcionadas por una fuente de identidad reservada:



“El Güero”, uno de los tres yates que supuestamente son propiedad del líder sindical.



Foto del interior de uno de los yates que, se presume, forman parte de la riqueza de la familia. 

***

El 13 de abril de 2010, el reportero Carlos Loret de Mola publicó el primer indicio de la existencia del lujoso auto Ferrari perteneciente a José Carlos Romero Durán, en Miami, hijo de Carlos Romero Deschamps. En su columna “Historias de reportero”, en el diario El Universal, bajo el título “El dueño de Pemex”, escribió:

Un Ferrari Enzo rojo se detiene frente a las puertas del Smith & Wollensky, uno de los restaurantes de carne más famosos y cotizados de Miami. Lo recibe el valet parking, y para darle todavía más nivel al establecimiento, lo deja estacionado a un lado de la puerta. —¿De quién es el Ferrari?, pregunta el siguiente comensal, que llega en un automóvil mucho menos caro.

—Es del dueño de Pemex.

Oficialmente Pemex no tiene dueño. O en todo caso es de los 107 millones de mexicanos. En una mala interpretación se podría confundir a su director general como propietario, pero tampoco. El Ferrari Enzo rojo, valuado en el equivalente a siete millones de dólares, pertenece al hijo de Carlos Romero Deschamps, secretario general del sindicato petrolero: ‘el dueño de Pemex’, deducen en Miami […].

Y sí, el Enzo Ferrari rojo es el automóvil en que se mueve a sus anchas, por todo Miami, el hijo de Romero Deschamps. A su paso, todos quedan maravillados por el rugido del potente motor, por los destellos de su reluciente pintura roja y por su finísima línea aerodinámica semejante a un coche de Fórmula 1.

[ Hasta aquí el texto de Loret de Mola.] Esta sería la fotografía del Ferrari de los Romero:



El auto Enzo Ferrari que despierta la admiración a su paso por las calles de Miami.

Del Enzo Ferrari al Lamborghini Aventador.

“Amante de los automóviles italianos de lujo, José Carlos Romero Durán presume en Miami sus gustos caros financiados por su padre, el líder sindical petrolero.”

(Después de esta cabeza periodística y el sumario, el reportero David Casco Sosa lo escribió así en el diario Basta!)

Drake es un norteamericano amante de los autos exóticos que vive en Los Ángeles, California. Su pasión es viajar para retratar y grabar los lujosos vehículos que encuentra a su paso. En su cuenta de YouTube postea videos de sus “hallazgos” y, orgulloso, subió uno de ellos el 17 de enero de 2012.

Ahí, anotó que se encontraba en Miami, esperando ver un Lamborghini. Y caminando por Ocean Boulevard, al mediodía, vio las luces de un imponente Aventador que se dirigía hacia él. Sin pensarlo dos veces, prendió su cámara de video y empezó a grabarlo. En su opinión, la luz natural y el paisaje fueron el mejor marco para que luciera más que espectacular el automóvil negro que se estacionaba frente a sus ojos.

El mismo Drake escribió que tuvo una larga charla con el dueño del Lamborghini Aventador LP 700-4, quien se portó amable con él, y le comentó ser propietario también de un Enzo Ferrari y que estaba en lista de espera para recibir un flamante Pagani Huayra.

Lo que no sabía el californiano, es que acababa de hablar con José Carlos Romero Durán, de 44 años de edad, primogénito del líder sindical petrolero Carlos Romero Deschamps.

Como Basta! ya lo había dado a conocer en exclusiva, José Carlos Romero Durán es una persona cuya estadía en Miami no pasa desapercibida. Y no es porque sea famoso, sino porque para movilizarse lo hace a bordo de un Enzo Ferrari que su padre le regaló, con un valor aproximado de dos millones de dólares (casi 25 millones de pesos), y un Lamborghini Aventador LP 700-4 color negro mate, con placa de circulación de Miami ARA9134, mismo que cuesta unos 508 mil dólares (6 millones 241 mil 237 pesos).

El Aventador, al igual que el Enzo, luce una letrero del lado derecho del parabrisas: “Do not touch” (No tocar).

[ Hasta aquí el texto del reportero Casco.]

Son millones sobre millones de dólares.

¿Quién ha pagado todos los lujos de Carlos Romero Deschamps y de su familia?

El sindicato petrolero.

Petróleos Mexicanos.

Y sí: usted, yo, todos los mexicanos

640 MILLONES DE PESOS PARA LOS PETROLEROS

Si usted, lector de este libro, tiene un juicio legal contra algún particular, ¿podría aspirar a que el gobierno le financiara el costo de sus abogados, del proceso o de todo aquello que pudiera desembolsar? La respuesta es no.

Los mexicanos hemos cometido un error, de los muchos que seguramente se nos deben atribuir: no haber sido dirigentes petroleros, o no formar parte de la nomenclatura sindical del STPRM… porque ellos sí han logrado que su gobierno –tomemos literal el adjetivo posesivo–, los respalde con dinero para enfrentar juicios contra firmas privadas extranjeras.

Resulta que la empresa texana Arriba Limited demandó penalmente, desde los tiempos de “La Quina” Hernández Galicia, al sindicato petrolero por incumplimiento de contrato, debido a una concesión para comercializar los residuos del petróleo crudo. La Comisión de Contratos del STPRM recibió en 1984 dos millones de dólares por ese acuerdo. Sin embargo, la Secretaría de Programación y Presupuesto –cuyo titular en aquel año era Carlos Salinas de Gortari, quien tiempo después, ya en la presidencia, encarcelaría a “La Quina”– canceló el convenio por considerarlo ilegal. Entonces inició el proceso legal contra el sindicato que, hasta hoy, persiste.

El gobierno decidió asumirse entonces como abogado financiero del sindicato petrolero… y de Romero Deschamps. ¿Cómo?

En junio del año 2000, recta final del gobierno de Ernesto Zedillo, el director general de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, otorgó 640 millones de pesos al sindicato para “compensar y regularizar las relaciones existentes” (¿?) pero, principalmente, para apoyarlo “en la atención de un litigio que se lleva supuestamente en el estado de Texas en contra del propio sindicato”.

¿Pemex para los mexicanos? ¡Sí, cómo no!

Aún más: de acuerdo con la averiguación previa, parte de ese dinero también fue destinado a las arcas del PRI.

LAS PRUEBAS

Extractos (por cuestiones de espacio) de la denuncia que la Contraloría de la Federación presentó ante ese préstamo mul- timillonario, incluida en la averiguación previa en turno:

[…] La denuncia de SECODAM se hace consistir en el hecho de que el día 5 de junio del 2000, el director general de Pemex celebró el convenio –administrativo– sindical número 9399 en el que se entregó al STPRM la cantidad de 640 millones de pesos, para regularizar y compensar en las relaciones existentes entre el sindicato y la empresa y para el objeto de apoyar al último en la atención de un litigio que se lleva supuestamente en el estado de Texas en contra del propio sindicato. Con base en ello, la SECODAM sostiene que no existió razón legal para que Pemex entregara un dinero a un tercero, en este caso el STPRM, para solventar obligaciones que son ajenas a la paraestatal, y menos aún para un litigio no contestado.

SEGUNDA IMPUTACION: En la denuncia de la SECODAM se dice que la asignación de los préstamos y compensaciones otorgadas vía convenio administrativo sindical al STPRM, se hizo en contravención de los artículos 15, 16, 30, 38 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y 39, 40 fracción I y III, 42 fracción II y 44 del reglamento de dicha Ley. Para apoyar esta afirmación se acompañan diversas documentales con las que pretenden demostrar que el Corporativo de Pemex no tenía suficiencia presupuestal al momento de comprometer este gasto.

Aquí, parte de la respuesta de la empresa (resumida igualmente por cuestiones de espacio):

[…]Los recursos se entregaron al Sindicato provenientes de una operación perfectamente legal, fundada en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en el Contrato Colectivo de Trabajo. Además, dichos recursos dentro de techo financiero del Presupuesto de Egresos de la Federación. SÉPTIMO. En tal virtud, carece absoluta- mente de fundamento legal la afirmación de que esta operación hubo desvío de recursos o que los mismos proceden o representa en el producto de una actividad y menos aún de la comisión de algún delito. 9) Dicho convenio se firmó por el entonces Director General de Pemex Rogelio Montemayor Seguy y el diputado Carlos Romero Deschamps, quienes al momento de la celebración de dicho convenio contaban con todas las facultades legales y poder necesarios para obligar a lo estipulado en el mismo.

[ Hasta aquí la contestación de Pemex.]

Y más allá de juicios, reglamentos y explicaciones legales, es pertinente plantear estas preguntas:

¿Es ético y moral, si bien legal, que los dineros de Pemex se destinen a pagar juicios del sindicato?

¿Es ético y moral que los recursos petroleros sean utiliza- dos para procesos jurídicos que se ventilan contra un particular extranjero?

¿Es ético y moral que se reconozca la participación del director de Pemex y del secretario del sindicato petrolero (diputado, como agregado) en un mecanismo compensatorio financiero a todas luces arbitrario y abusivo?

Sí: las operaciones financieras de Pemex, encubiertas siempre bajo el manto de la opacidad, a costa de los presupuestos federales.

Sólo en México.

El siguiente, es el camino que recorrieron los 640 millones de pesos que se entregaron al sindicato. Quiénes operaron esta fortuna. Nombres y apellidos. Los bancos participantes. El modus operandi. El rastro del dinero. Un abuso de poder más en el país de la impunidad:

[…] En efecto, una vez autorizados Antonio Melitón Cázeres Castro, Alonso Veraza López, Andrés Heredia Jiménez, al igual que Elpidio López López, Gerardo Trejo Mejía y Joel Hortiales Pacheco por Luis Ricardo Aldana Prieto, en su calidad de secretario tesorero (del STPRM) y persona facultada para disponer del monetario ingresado a la cuenta bancaria No. 5590206999 de Banco Mercantil del Norte, S.,A., del 9 al 20 de junio de 2000, realizaron un total de 14 retiros en efectivo bajo el siguiente orden:



Lo anterior se encuentra plenamente acreditado con el documento que registra los movimientos que se realizaron del 6 al 20 de junio de 2000, en la cuenta número 5590206999 de Banco Mercantil del Norte, S.,A. a nombre del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, debidamente certificado por funcionario de la Institución de Crédito Banco Mercantil del Norte, S.A., así como también de las copias certificadas de los títulos de crédito, todos ellos expedidos a favor del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y que han sido descritos en el cuadro que antecede y cuyos importes en suma representaron $640’000,000.00 (seiscientos cuarenta millones de pesos 00/100 moneda nacional) que Petróleos Mexicanos erogó con cargo a su cuenta N° 102135752 de Banco Inverlat; de los oficios N° 110283-Q de fecha 17 de octubre de 2001, suscrito por Funcionaria de Banco Mercantil del Norte; el propio escrito de fecha 8 de junio de 2000, rubricado por Luis Ricardo Aldana Prieto, secretario tesorero del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, mediante el cual autorizó a los señores Melitón Antonio Cázares Castro, Alonso Veraza López, Andrés Heredia Jiménez, al igual que Elpidio López López, Gerardo Trejo Mejía y Joel Hortiales Pacheco por Luis Ricardo Aldana Prieto, quienes del 9 al 20 de junio de 2000 realizaron un total de diez retiros de diversas cantidades en efectivo de las instalaciones de Banco Mercantil del Norte, S.A. hasta por la suma de $500’000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100 m.n.) mismos que beneficiaron al Partido Revolucionario Institucional, mientras que por su parte el propio Luis Ricardo Aldana Prieto, secretario tesorero del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana se benefició hasta por la suma de $140’000,000.00 (ciento cuarenta millones de pesos 00/100 m.n.), lo que en total representan los $640’000,000.00 (seiscientos cuarenta millones de pesos 00/100 m.n.) que Petróleos Mexicanos, mediante la suscripción del Convenio Administrativo Sindical N° 9399 de fecha 5 de junio de 2000, distrajo recursos públicos de su objeto en beneficio de los ya mencionados Partido Revolucionario Institucional y Luis Ricardo Aldana Prieto.

Elementos de prueba que cuentan con valor probatorio pleno en términos de los numerales 206, 242, 246, 249, 251, 280, 285, 287 y 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, resultan ser aptas, suficientes e idóneas para acreditar que los recursos públicos que la entidad paraestatal entregó al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a título de préstamo, no fueron aprovechados por la citada organización sindical ni muchos menos por sus agremiados, sino en el caso particular se conoce beneficiaron al Partido Revolucionario Institucional y a Luis Ricardo Aldana Prieto, quien se desempeña con el carácter de secretario tesorero del mencionado sindicato petrolero, lo que evidencia sin lugar a dudas en forma por demás categórica e indubitable, que la firma del Convenio Administrativo Sindical número 9399 de fecha 5 de junio de 2000, mediante el cual Rogelio Montemayor Seguy, Carlos Fermín Juaristi Septién, Juan José Domene Berlanga y Julio Pindter González, conjuntamente con José Alberto de Corazón de Jesús Gheno Ortíz y otras personas otorgaron un préstamo a los líderes sindicales por la cantidad de $640’000,000.00 (seiscientos cuarenta millones de pesos 00/100 m.n.) resultó ser el medio a través del cual lograron distraer el numerario en detrimento del patrimonio de Petróleos Mexicanos como ha quedado evidenciado a lo largo del presente apartado.

[Hasta aquí lo contemplado en la averiguación previa.]

¿Qué ocurrió con estas acusaciones? Absolutamente nada.

México: el país de la impunidad.

¿Y POR QUÉ NO DOS MIL MILLONES DE PESOS MÁS?

Entre las máximas priistas, una de las más socorridas y redituables es aquella que dice: “Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error.” Y vaya que la han sabido aplicar.

A los 640 millones de pesos obsequiados al sindicato petrolero para financiar sus demandas judiciales (y al PRI), habrá que agregar… ¿le parecen 1,600 millones de pesos adicionales? ¿Por qué concepto? Por el que usted quiera. Por lo pronto, la justificación financiera quedó encuadrada oficialmente en la investigación bajo el rubro: “Múltiples conceptos que resultaron ajenos a la relación obrero patronal.”



Lo anterior a favor del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, por múltiples conceptos que resultaron ajenos a la relación obrero patronal y por ende extraordinarios; sin contar con suficiencia presupuestal para su concertación y posterior pago, afectándose una partida presupuestal que resultó ajena al tipo de obligaciones que se generaron con los convenios que más adelante se describen, además de que los pagos fueron ilegales.

Y más:

Con fecha ocho de mayo del año dos mil, los indiciados Rogelio Montemayor Seguy; Carlos Fermín Juaristi Septién; Juan José Domene Berlanga y Julio Pindter González a nombre y en representación de Petróleos Mexicanos, conjuntamente con los indiciados Carlos Antonio Romero Deschamps y Luis Ricardo Aldana Prieto, representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, celebraron el Convenio Administrativo Sindical identificado con el número 9356, mediante el cual comprometieron el patrimonio del organismo descentralizado, mismo que tenían en administración por razón de los cargos que ocupaban, en un monto igual a la cantidad de $350’000,000.00 (trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.) por concepto de finiquito al supuesto incumplimiento de compromisos generados durante las revisiones contractuales y salariales correspondientes a los años de 1997, 1998 y 1999, destacándose que el Anexo Único de dicho acuerdo de voluntades se pactó el pago de los conceptos siguientes:



Los conceptos que se han trascrito textualmente del Anexo Único del Convenio 9356, implicaron erogaciones que en su conjunto suman la cantidad de $153 ́000,000.00 (Ciento cincuenta y tres millones de pesos 00/100 moneda nacional) resultan ser ajenos a las prestaciones previstas en el Contrato Colectivo de Trabajo que la entidad tiene celebrado con la organización sindical y evidentemente no forma parte de las relaciones de trabajo que el organismo sostiene con los agremiados al sindicato, lo que se acredita plenamente con la documental pública consistente en la copia certificada del oficio identificado con el número OAG/CONS/117/02, de fecha 14 de febrero de 2002, suscrito por el abogado general de Petróleos Mexicanos, en el que se indica que la obligación de pago prevista en el convenio 9356 para satisfacer aportaciones diferidas de carácter social, contempla aportaciones que “[…] por determinación exclusiva de la empresa se han otorgado al Sindicato en determinadas ocasiones, las cuales en nuestra opinión constituyen pagos que debieron ser autorizados por el Consejo de Administración en atención a lo dispuesto por el artículo 58, fracción XVI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como en la fracción XIII del artículo 4° del Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos”.

Hasta aquí lo observado en la AP correspondiente. La ley de Pemex.

La ley del STPRM

La ley Romero Deschamps.

TWO PERCENT

La voracidad financiera en el vínculo Pemex-Sindicato carece de límites. Ha sido un barril sin fondo que llevó a la empresa más importante del país a la quiebra técnica, y con la Reforma Energética de agosto de 2014, al rescate de las pensiones de los trabajadores petroleros, a costa de los impuestos de millones de mexicanos. Algunos lo llamaron el “Foba-Pemex”. Y tienen razón.

Por si fueran pocos los miles de millones de pesos entregados al sindicato, había una cláusula en la que se estipulaba que dos por ciento de los contratos de Pemex sobre obras y servicios, corresponderían a las arcas del STPRM. Inimaginable la cantidad de millones de dólares que se embolsaron por este concepto. Presupuestos enteros anuales, seguramente, de cualquier secretaría de Estado.

Revisemos parte de la declaración ministerial que por escrito presentó quien fuera, en el año 2000, subdirector de Relaciones Laborales de Petróleos Mexicanos, Julio Pindter González, el 11 de septiembre del 2002:

Asimismo gestionó con el mismo director general Rogelio Montemayor Seguy, apoyos a la “hacienda sindical” (obligaciones no correspondientes a prestaciones del Contrato Colectivo) que había disminuido sensiblemente y que con anterioridad se venían otorgando, consistentes esencialmente en ingresos obtenidos por el sindicato derivado del porcentaje de dos por ciento sobre contratos de obras y servicios, tienda sindical, cuotas sindicales por número de trabajadores a esa fecha reducida en aproximadamente 55 por ciento, y participación directa o subcontratada en los contratos de trabajo en la industria petrolera. Como consecuencia de lo anterior supongo que el director general Rogelio Montemayor Seguy, y el secretario general del Sindicato Carlos Romero Deschamps, tomaron el acuerdo consistente en que el STPRM recibiría diversos apoyos económicos por parte del organismo. El acuerdo tomado, fue hecho del conocimiento del suscrito por conducto del director corporativo de Finanzas, Juan José Domene Berlanga, verbalmente y mediante una hoja de papel escrita a puño y letra del mismo (aunque no estuve presente al momento que la escribió ello se advierte del tipo de letra que corresponde a la que el suscrito conocía como la que usa el mencionado Director de Finanzas), que me fue entregada.

Pero hay mucho más.

De cómo “propinas financieras” se entregaron. Basta echarle un vistazo al rosario de gastos millonarios que, con el menor pretexto, se daban a Romero Deschamps y a su camarilla por parte de Pemex. Abusos que indignan.

Texto de la declaración ministerial de Julio Pindter González :

Desde ahora manifiesto que el suscrito no ha cometido conducta delictiva alguna como en su momento acreditaré a lo largo del presente escrito, en el que expongo los hechos que sé y me constan, con la finalidad que esta autoridad conozca debidamente los mismos, por lo que expongo:

1. OPERACIÓN 6 DE MARZO DE 2000. Correspondencia interna número 6/ANSC-418/2000. $12,500,000.00 (doce millones quinientos mil pesos m.n.).
Concepto: Apoyo para viáticos, transportación, playeras, gorras, mantas y gastos diversos en las 36 secciones del sistema petrolero, con motivo del evento conmemorativo del LXII Aniversario de la Expropiación Petrolera […].

2. OPERACIÓN DE 27 DE ABRIL DE 2000. Correspondencia interna 6/ANSC-715/99. $22,314,414.00 (veintidós millones trescientos catorce mil cuatrocientos catorce pesos 00/100 m.n.)
Concepto: Apoyo para viáticos, transportación, playeras, gorras, mantas, distintivos, y gastos diversos, para la movilización de veinte mil trabajadores miembros de las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que participarán en el desfile del Primero de Mayo que se celebra en esta Capital […].

3. OPERACIÓN 11 DE MAYO DE 2000. CONVENIO ADMINISTRATIVO SINDICAL 1-9356. 3 DE MAYO DE 2000. Correspondencia interna 6/ANSC- 796/2000. $540,000.00 (quinientos Cuarenta Mil Pesos 00/100 m.n.).
Concepto: Ayudas económicas de carácter social que vienen realizando las secciones del Sindicato, en apoyo de algunos trabajadores que fueron separados de su puesto titular por extinción o disminución de la materia de trabajo, para reacomodarse en distinta lo- calidad […].

4.- CONVENIO ADMINISTRATIVO SINDICAL 9356. 8 DE MAYO DE 2000. Diez diversas correspondencias internas. $350,000,000.00 (trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.)

Concepto: Aportaciones diferidas de carácter social, tanto las incluidas en el Contrato Colectivo de Trabajo como las que por determinación exclusiva de la empresa se han venido acreditando en determinadas ocasiones y cuya relación se precisa en el anexo del Convenio […].

4) Correspondencia interna 6/ASCN-817/2000 de 15 de mayo de 2000. Monto de $20,000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 m.n.)
Concepto: Gastos originados por la concentración del día 1 de mayo de 2000 de trabajadores petroleros de diversas regiones […].

5) Correspondencia interna número 6/ASCN- 843/2000 de fecha 19 de mayo 2000. Monto de $25,000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00/100 m.n.).
Concepto: Contribución extraordinaria por rehabilitación de vehículos al servicio del Comité Ejecutivo General y cada una de las 36 secciones del STPRM.

6) Correspondencia interna número 6/ASCN- 844/2000 de fecha 23 de mayo 2000. Monto de $50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.).

Concepto: Gastos de previsión a favor de emplea- dos de la Organización sindical tanto del Ejecutivo General como en cada una de las 36 secciones […]. 7) Correspondencia interna número 6/ASCN- 845/2000 de fecha 23 de mayo 2000. Monto de $ 8,000,000.00 (ocho millones de pesos 00/100 m.n.). Concepto: Apoyo para renovación y complementación del equipamiento de cómputo y telecomunicaciones del Comité Ejecutivo General y cada una de las 36 secciones del STPRM […].

8) Correspondencia interna número 6/ASCN- 883/2000 de fecha 30 de mayo 2000. Monto de $47,000,000.00 (cuarenta y siete millones de pesos 00/100 m.n.).
Concepto: Ayuda para el mantenimiento de instalaciones deportivas del Comité Ejecutivo General y cada una de las 36 secciones que lo integran […]. 9) Correspondencia interna número 6/ASCN- 913/2000 de fecha 5 de junio de 2000. Monto de $35,000,000.00 (treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.).
Concepto: Reequipamiento de las Cooperativas de las 36 secciones del STPRM y locales de la central de abasto del Comité Ejecutivo General […].

10) Correspondencia interna número 6/ASCN- 925/2000 de fecha 7 de junio de 2000. Monto de $25,000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00/100 m.n.)
Concepto: Rehabilitación de instalaciones y modernización del mobiliario y equipo de las bibliotecas de las 36 secciones y las 60 Delegaciones del ST- PRM […].
[Según puede apreciarse de las correspondencias internas que guardan en relación con la operación que se estudia, en todas y cada una de ellas aparece la leyenda “POR ACUERDO SUPERIOR” toda vez que ello así se advierte de los antecedentes narrados (orden del Di- rector General Dr. Rogelio Montemayor Seguy hecha de mi conocimiento por el Licenciado Domene Berlanga y ratificada dicha orden por el Licenciado Carlos Juaristi Septién)] […].

11) ACUERDO CMRS-CE/002/2000 DE 31 DE JULIO DE 2000. OPERACIÓN DE 31 DE JU- LIO 2000. Correspondencia interna DCA-1014. Monto: $80,000,000.00 (ochenta millones de pesos 00/100 m.n.).

Concepto: Gastos erogados durante los meses de febrero a agosto en las etapas previa y posterior a la Revisión Salarial año 2000 […]

¿Qué tal?

Millones de pesos para los autos de los líderes, para que hagan deporte sus agremiados, para computadoras. Y sí: también para bibliotecas. ¡Pero no seamos malpensados! Resulta que Romero Deschamps es un hombre que seguramente lee mucho. Es muy culto. Es un letrado. Es un patriota.

EL TESORERO

Frank Nitti era a Al Capone, lo que Ricardo Aldana es a Carlos Romero Deschamps. “Aldana es un hombre extremadamente callado. No da declaraciones, discreto, y de una lealtad absoluta a Romero Deschamps”, definen quienes han conocido al tesorero petrolero.

Carlos y Ricardo. Líderes sindicales. Compadres. Amigos. Secuaces. La piel de uno cubriendo al otro, suelen comer y beber juntos de manera frecuente. Un buen coñac XO, su bebida preferida.

Las operaciones multimillonarias entre Pemex y su sindicato, no podrían explicarse sin la presencia de Aldana, ex diputado y ex senador. Por el PRI, por supuesto. Aldana ha sido el gozne financiero entre empresa y sindicato. La llave de los dineros. Aldana, el financiero del grupo.

Así queda remachado con la declaración de Héctor Fernando Rivas Martínez, dentro de la AP PGR/UEDO/ 102/2002/ (Petición de Desafuero) (Fragmentos):

[…] señaló que los cheques los recibió de parte de Luis Ricardo Aldana Prieto, para sacar los 640 millones de pesos y después se lo entregó a José Luis Córdova Illades

[…] Manifiesta: que en el año 2000, se desempeñaba como director divisional de la Zona Metropolitana en Banco Mercantil del Norte, y recuerdo que en los primeros días del mes de junio del año 2000 sin recordar la fecha con precisión, recibí en mis oficinas citadas en mis generales, enviados de la oficina de Sindicato cheques sin recordar la cantidad de cheques, mismos que conservé en mi oficina, hasta que el mismo día pasó Luis Córdova Illades, a quien se los entregué por ser el encargado del área de banca patrimonial, cuya función era la de la atención personal a los clientes, siendo que esto debió ser en el transcurso de la mañana, sin poder recordar con exactitud en virtud de haber sido estos hechos hace dos años.

Que me enteré que José Luis Córdova Illades, entregó a su vez los cheques a la caja general de la Viga para su cobro. Que deseo precisar que estos hechos antes señalados se derivaron de un comentario que me señaló mi jefe inmediato Marcelo Guajardo Vizcaya, quien me comentó que había recibido una llamada del tesorero del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, siendo el señor Aldana, por lo que me solicitó que se instrumentara la operación, siendo que este trámite es normal, como era normal que cantidades grandes de dinero, por seguridad y por norma, se pagan en la caja general de la Viga y por esta razón es por la cual Aldana nos envió por seguridad los cheques, para que a su vez fueran enviados a la caja general de la Viga. Siendo todo lo que me consta […].

Por último, está el hecho de que Luis Ricardo Aldana Prieto se quedó con la cantidad en efectivo de 140 millones de pesos de los 640 millones, pero que además tenían interés de que los otros 500 millones llegaran al Partido Revolucionario Institucional, y basta ver que Luis Ricardo Aldana Prieto es senador de la República Mexicana, por el partido antes citado, y Carlos Romero Deschamps, por la fórmula de representación proporcional, también es diputado federal, por el Partido Revolucionario Institucional, bastaría ver su fecha de registro ante el Instituto Federal Electoral y el lugar en donde estaban en las listas […].

Lo que confirma que la suscripción del Convenio Administrativo Sindical Número 9399 de fecha 5 de junio de 2000, constituyó el medio mediante el cual los directivos de Petróleos Mexicanos, sacaron recursos públicos del orden de $640’000,000.00 (seiscientos cuarenta millones de pesos 00/100 m.n.) distrayéndolos de su objeto, pues ha quedado plenamente acreditado, por un lado, que el numerario no fue empleado para solventar las gastos y costos originados por las pretendidas demandas legales instauradas en contra del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y de sus 36 secciones, y por otra, que tales recursos beneficiaron a un partido político y a Luis Ricardo Aldana Prieto en su carácter de Secretario Tesorero, lo que pone de manifiesto el actuar antijurídico de los servidores públicos pues conocedores de que no estaban procediendo conforme lo estipula el párrafo segundo de la cláusula 246 del Contrato Colectivo de Trabajo, otorgaron el préstamo, circunstancia irregular que corroboran los oficios Nos. DCA.- 0167/2002 de fecha 12 de febrero de 2002 y el diverso DCA.-0221/2002 de fecha 20 de febrero del año en curso, ambos suscritos por el Director Corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos […].

TODOS SOMOS INOCENTES…

A pesar de la avalancha de pruebas en su contra, el exdirector general de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, fue exonerado de los cargos de peculado electoral y de uso indebido de atribuciones.

Labastida Ochoa es senador en la actualidad.

Romero Deschamps también ocupa una curul en el Senado y continúa siendo líder del sindicato petrolero.

Por lo menos, hasta ahora, su compañero de partido, Enrique Peña Nieto, le ha cumplido el pacto que tienen.

Por Martín Moreno

Gobierno de Peña: vapuleado por el mundo

28 Feb

*El Papa, la ONU, González Iñárritu y los regaños

* EPN y su equipo siguen en la oscuridad

       Naciones Unidas da felpa al gobierno peñista cuando declara “desapariciones forzadas generalizadas en gran parte del territorio del Estado”.

       El Papa Francisco advierte a sus compatriotas argentinos sobre la violencia: “Ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización”.

       Diputadas del Parlamento Europeo advierten, de visita al país, que la justicia mexicana es lenta, selectiva, y no protege a familiares de las víctimas. (David Martínez Huerta/SinEmbargoMX/23-II-2015).

       Y por si algo faltara, el laureado Alejandro González Iñárritu lanza, desde Hollywood y con el Oscar en la mano, el mensaje que vio y se escuchó en todo el mundo: “Rezo para que podamos hallar y construir el gobierno que merecemos…”. Y que las plumas y voces oficialistas no se hagan bolas: el mensaje fue directo para Peña Nieto y su gobierno. Hacia ellos fue el dardo del negro Iñárritu. Y para nadie más.

       México vapuleado. México exhibido. México regañado.

       Tiene razón el cineasta: no tenemos, hoy, al gobierno que merecemos.

       *****

       Cuando el PRI ganó la elección presidencial en 2012, los priistas decían ufanos: “México ya cambió”. Cierto: es un país distinto al echeverrista y hasta difiere del salinista. Pero el punto no era ese. La pregunta era: ¿Y los priistas, ya cambiaron?

       En sólo dos años de gobierno de Peña Nieto, la respuesta llegó en automático: México ya cambió, pero no los priistas. ¿Ejemplos? La corrupción, los conflictos de interés y el tráfico de influencias que hoy ahogan al Presidente, a su esposa y a su amigo Videgaray; la nula transparencia; la simulación al nombrar a un subalterno – Virgilio Andrade- fiscal para investigar a su propio jefe Peña; la resistencia del PRI para aprobar la Ley Anticorrupción; el maquillaje de cifras sobre la violencia y la economía; los candidatos vergonzantes en el DF: Christian Vargas, alias “El Dipuhooligan”, y la mafiosa Alejandra Barrios, ambos postulados para jefaturas delegacionales. ¿Le seguimos? La lista es interminable.

       Los priistas no fueron diseñados para la democracia. No la conocen. No la practican. No la entienden. Y eso se refleja, a querer o no, en las relaciones con los poderes del mundo.

       Ante las críticas de la ONU, del Papa y de legisladoras europeas – que imputan escenarios descarnados en el país, sí, pero que no mienten-, ¿qué hace el gobierno priista de Peña? Pelearse en lugar de desmentir, con hechos, que sus críticos internacionales están equivocados; refutar con argumentos, y no con retórica hueca; debatir con cifras y razones, en vez de recurrir a su sobada y ya inútil demagogia que sólo los pinta como políticos caducos y prehistóricos.

       La carta enviada por el Papa Francisco no deja lugar a dudas: desde El Vaticano, le advierten a Argentina sobre el peligro de llegar a niveles de violencia extrema y fuera de control equivalentes a la situación mexicana. “Estuve hablando con algunos obispos mexicanos y la cosa es de terror”, escribió el Papa Francisco. Ni el Papa ni los obispos mienten sobre el caos en México.

       ¿Cómo respondió el gobierno? Con palabrería fútil:

       “Debiéramos buscar mejores enfoques, espacios de diálogo y  de reconocimiento a los esfuerzos que México y Latinoamérica hacen respecto a un tema que nos preocupa”, fue la parrafada que enderezó el canciller José Antonio Meade. (Por cierto: Meade hace un papel lamentable desde Relaciones Exteriores, cuando no debió haber salido de Hacienda donde entregó buenas cuentas al cierre del gobierno de Calderón. México ganó a un mal Canciller, y perdió a un buen secretario de Hacienda).

       *****

Es la crítica del Papa Francisco y es la ONU.

Justo el 14 de febrero, el mensaje llegado desde Nueva York por parte del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, no fue ni amoroso ni amistoso: México enfrenta una situación de “desapariciones generalizadas” en gran parte del territorio del Estado. Fue lapidario el dictamen.

Era lo que el gobierno mexicano quería evitar a toda costa: ser crucificado en el seno de Naciones Unidas por las desapariciones forzadas. No lo logró. Y más: nuestro país quedó ante el mundo al nivel de horrores como Siria o dictaduras africanas. ¿Quién lo desmiente?

Y  por más que el gobierno de Peña Nieto intenta censurar o vetar a sus críticos, más no aclarar o debatir, el informe que las diputadas del Parlamento Europeo llevarán a sus respectivos países, es de un México impune, violento y corrupto. ¿Qué hacer, si es verdad?

“Si no se respetan los derechos humanos, si no hay libertad de prensa, si no hay estado de derecho, si no se cuidan a las víctimas, entonces no hay futuro”, fue el juicio contundente y certero de las eurodiputadas Heidi Hautala y Franziska Keller sobre la situación en México.

Nada qué agregar.

*****

Por si todo ello no bastara para exhibir el pobre y cuestionado desempeño del gobierno peñista en dos años de gestión, el mensaje de González Iñárritu la noche del domingo pasado, ante millones de pares de ojos en el mundo, fue un mazazo en la nuca a Los Pinos.

       No nos equivoquemos: la frase de “construir el gobierno que merecemos…”, llevaba destinatarios: el presidente de México y su gobierno. No era para nadie más. Qué no le busquen tres pies al gato los voceros oficiosos del peñismo.

       “Creo que el nivel de insatisfacción, de injusticia, de corrupción, de impunidad, ha llegado a niveles insoportables”, le dijo Iñárritu a Carmen Aristegui en MVS. ¿Para quién fue el mensaje? Seguro no para los padres de Ayotzinapa. Fue enderezado para los poderosos en México: empresarios, políticos y, por supuesto, el Presidente y su equipo.

       Un gobierno, el peñista, que en dos años se ha desmoronado.

       Un gobierno exhibido y regañado en y por el mundo.

       Un gobierno que en su desgracia – eso es lo grave-, se está llevando al abismo al país.


Por Martín Moreno

Extorsión, el negocio de todos

28 Feb

Tipificado en el artículo 390 del Código Penal, la extorsión se define como “al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial”.

La pena: “Se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días de multa”.

Sin embargo en 2011 y ante el crecimiento en la comisión del delito de extorsión por la vía telefónica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó aumentar en una mitad la pena a quien cometa el delito de extorsión por vía telefónica –como se establece en el Código Penal del Distrito Federal-.

Aparte hay otras consideraciones para incrementar la penalidad dependiendo del origen del extorsionador: si se trata de una asociación delictuosa, de un servidor o ex servidor público, de un miembro o ex miembro de corporación policíaca alguna o de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo a las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, diariamente durante 2013 se cometieron 21 extorsiones. El promedio mensual de enero de 2013 a enero de 2014 fue de 670 extorsiones en México.

Las cifras de Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) no son muy distintas. La tasa de extorsiones en el año 2013 fue de 23.6 por ciento en la República Mexicana. Y relacionado al año anterior, en el 2012, el 94 por ciento del total de las extorsiones fueron realizadas por vía telefónica.

El mismo Inegi detalla que en 2013 se cometieron 33.1 millones de delitos de los cuales resultaron 22.4 millones de víctimas. De hecho aclaran la comisión de 1.5 delitos por víctima, mientras que en 2012 esa estadística era de 1.3 delitos por víctima. Y el aumento de la criminalidad entre 2012 y 2013, el Inegi lo justifica así: “El incremento en la tasa de delitos en 2013 frente a los años anteriores se debe, principalmente, al aumento de los delitos como el robo o asalto en la calle o en el transporte público, y la extorsión”.

Lo que no nos dice ni el Inegi, ni la PGR, ni Procuraduría Estatal o Fiscalía alguna, a ciencia cierta, matemática exacta y justicia pronta, son cuántos extorsionadores están en prisión por extorsionar a los mexicanos. Siendo que el delito de extorsión va al alza, fuera de esporádicas campañas mediáticas, cuando la alerta por extorsión es roja o alta, no hay por parte del Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto una política para disminuir la comisión de este delito y poner a salvo el patrimonio, el golpeado patrimonio de todos los mexicanos.

Hace unos días el jefe de una importante empresa mexicana recibió una llamada a su número de celular. El emisor le ordenó de entrada que escuchara la grabación que le pondría. Ahí fue que, en medio de la crisis psicológica y de inseguridad, el hombre identificó como la voz de su hijo a quien pedía auxilio al padre y le informaba que había sido “levantado” por unos hombres.

La grabación fue interrumpida y el hombre le dijo que debía depositar 50 mil pesos a una cuenta de banco si quería ver a su familiar sano y salvo. Ante la premura de la petición, se le explicó al delincuente que se encontraba en tránsito y que sólo contaba con 20 mil pesos en ese momento.

El criminal aceptó la oferta. Dando instrucciones por celular condujo a su víctima a un banco. Le proporcionó el número de cuenta en una sucursal de Bancomer. Le dictó los dígitos y le dio el nombre de una mujer que es la titular de la cuenta. El extorsionado hizo lo que le ordenaron. Todavía escuchaba la voz de su hijo pidiendo auxilio ante la toma forzada de su persona.

Cómo el extorsionado solo tenía un teléfono, no podía hacer comunicación con sus familiares o amigos para verificar que su hijo, en efecto, había sido tomado rehén de un extorsionador.

La víctima entró a la sucursal del banco. Llegó a la fila frente a la caja de atención y se saltó a todos los clientes que esperaban su turno. Alguien protestó y le gritó que debía hacer fila pero el hombre -igualmente exaltado- explicó que su hijo estaba en peligro y que debía hacer la operación financiera cuanto antes. A los clientes que escucharon la situación les llamó la atención la congoja del hombre y le permitieron pasar hasta adelante; los empleados del banco no se inmutaron. Ni siquiera llamaron al gerente, al jefe o al encargado para notificar que en esos momentos una acción ilegal estaba sucediendo.

El padre del menor “levantado” depositó en la cuenta de la mujer la suma que acordó con los criminales. Salió del banco y, aun al teléfono, les dijo que ya había hecho el depósito. Los delincuentes le dieron otras instrucciones y el hombre cortó la comunicación. Finalmente pudo hablar a su casa, con su hijo que se encontraba a salvo. De hecho nunca había sido privado de su libertad. El secuestro exprés había sido una extorsión ya clásica en el México de hoy.

Los abogados le aconsejaron al empresario presentar dos denuncias. Una local y una federal. Finalmente tenía el número de cuenta, el nombre de la titular de la cuenta bancaria –la que cobraría el dinero producto de la extorsión- y el número telefónico del cual se comunicaron para timarle y sacarle, con la amenaza sobre la integridad de su hijo, una suma de dinero.

Cuando proporcionó a las autoridades el número telefónico –que por cierto era local-, el número de cuenta, el nombre de la titular, le dijeron que no era la primera vez que esos datos de celular, esa cuenta y esa mujer eran denunciados. Pero que no podían hacer mucho pues investigando la línea de celular, la comunicación salía del Penal de Santa Martha Acatitla ubicado en la delegación Ixtapalapa en el Distrito Federal.

En su estado de origen le dijeron al hombre que el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido ya estaba enterado. Que le habían solicitado en otras ocasiones que diera de baja ese y otros celulares denunciados como propiedad de extorsionadores en el Penal de Santa Martha, en la penitenciaría de Guadalajara y hasta en una de Tamaulipas. Que los teléfonos eran locales, de distintas ciudades. Que también habían pedido a la autoridad federal que investigara esa y otras cuentas de banco con todo y sus titulares, donde otras víctimas habían depositado las sumas requeridas en la extorsión.

Pero a la fecha nada ha pasado. Los celulares en poder de las autoridades siguen vigentes. La mujer que debió entregar información personal para abrir una cuenta sigue libre y los extorsionadores presos en penales inseguros para el ciudadano común, no son juzgados por este otro delito.

La extorsión sigue sucediendo a lo largo y ancho de México. 21 personas al día son extorsionadas, el 94 por ciento de ellas por la vía telefónica. La extorsión, uno de los delitos con mayor y alarmante alza en los últimos años, ha resultado redituable para todos. Para los criminales que están en prisión que continúan su vida delincuencial y generan recursos para sus familiares y socios en el exterior de las cárceles. Para los bancos que abren las cuentas a estos criminales y se hacen todos los días de efectivo en sus bóvedas. Para las autoridades que proveen impunidad tanto en penitenciarías –los custodios y funcionarios que por algún acuerdo introducen los aparatos celulares-, los policías que voltean a otro lado, los investigadores que no investigan.

A propósito de la ley anti lavado de dinero se hicieron reformas para que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público estuviera más al pendiente de las transacciones financieras de los mexicanos, y requerir las contribuciones cuando estas fuesen omitidas por los registrados –y aquellos que no, también- en su padrón de contribuyentes.

La intromisión de funcionarios de Hacienda en cuentas de empresas y particulares mexicanos, se anotó en la reforma como “discrepancia fiscal”, lo que significa que la Hacienda Pública puede investigar las cuentas de banco, de crédito y de inversiones financieras de todos los mexicanos, registrados o no ante el SAT.

Además que puede obtener información de las cuentas a partir de terceros, tal vez siguiendo una compra en un mercado, en una tienda, en una automotriz. Por ejemplo, Usted tiene una cuenta donde le depositan su sueldo, de esa cuenta Usted compra un carro por un valor superior a lo que en un año ha ganado, esa discrepancia “le salta” a Hacienda y a partir de la información de la automotriz, revisa sus estados financieros, si detectan depósitos económicos adicionales a los de su sueldo, entonces le requerirán para saber el origen y por qué no ha pagado impuestos sobre los mismos. Usted tendrá un periodo para justificar las transacciones y, en caso de confirmarse la discrepancia, deberá pagar a Hacienda los impuestos generados entre los cobrado y lo pagado. En caso que no esté inscrito como contribuyente, deberá inscribirse y pagar. Así de fácil.

Pero con todo y su intromisión fiscal legal, la Secretaría de Hacienda no es capaz de poner un alto a los extorsionadores que utilizan, por regla general y modus operandi, a las instituciones financieras para que las víctimas realicen los pagos solicitados. Todos los días, mexicanos están siendo extorsionados y la autoridad, el Gobierno Federal, el de Enrique Peña en la Presidencia, Jesús Murillo en la Procuraduría, Miguel Osorio en Gobernación y Monte Alejandro Rubido en la Comisión Nacional de seguridad, no han definido una estrategia integral para disminuir la extorsión y poner a los extorsionadores tras las rejas y a los que ya están ahí, sumarles juicios.

El mismo aparato del Estado contribuye con los delincuentes. Como los extorsionadores están prisioneros y todo lo ordenan con amenazas por la vía celular, la autoridad no ha logrado determinar el camino de la información que se les hace llegar sobre sus víctimas. Se suponen muchas rutas:

Desde los padrones electorales que están a la venta y dónde se pueden obtener los datos como dirección y teléfono de familias completas, pasando por los registros de las licencias para conducir en los Estados de la República, donde los automovilistas deben incluir en los formatos el nombre de una persona y el número telefónico donde se le puede localizar en caso de emergencia. Los hijos normalmente anotan los datos de los padres, las esposas a sus esposos, los maridos a sus mujeres. Y con esa información a la venta en el mundo criminal, se entrega la seguridad de las familias.

La falta de candados para la protección de la información, y la poca investigación respecto la venta de esta información, crean un clima de corrupción e impunidad que está vulnerando a las familias mexicanas. Lo mismo cuando se tramita el pasaporte mexicano, una beca, un crédito, o cuando se contrata un servicio público. Siempre el gobierno tiene los datos de los ciudadanos que cumplen con la ley. Nunca los de los criminales.

De esta manera el negocio de la extorsión beneficia a las familias de los criminales, salpica al gobierno y vulnera a la sociedad.

La Secretaría de Seguridad Pública de Baja California ha gastado desde 2009, unos 48 millones de pesos, para colocar inhibidores de telefonía celular en los penales que administra en Tijuana, Ensenada, Mexicali y El Hongo. Es decir, si un custodio llegase a introducir, ilegalmente por supuesto, un teléfono celular a un reclusorio, no se puede utilizar en el interior, pues los aparatos adquiridos por la Secretaría bloquean las señales de estos dispositivos móviles.

El problema es que solo Baja California como entidad federativa cuenta con este sistema para bloquear la señal y solo permitir la comunicación de los presos por medio de teléfonos públicos. Ningún otro estado ha gastado un peso en esto, y de los penales federales sólo dos cuentan con un sistema de bloqueo de señal de telefonía, el de Nayarit y el de Tamaulipas, ambos de máxima seguridad. Vaya, ni el penal de Puente Grande en Jalisco ni el que está en Almoloya de Juárez, Estado de México, cuentan con un sistema de bloqueo para impedir que los prisioneras tengan comunicaciones criminales hacia el exterior de los penales.

El incremento en las extorsiones que hacen notar tanto el Inegi como el Observatorio Nacional Ciudadano debería ser la base para la elaboración de un programa de combate que incluya medidas como la que acabo de anotar. Pero en este país donde el gobierno provee  impunidad a los delincuentes, las familias deben encontrar la forma de ponerse a buen resguardo ante una autoridad que, con su sospechosa inacción o probable corrupción, las vulnera.

PRI, PAN y PRD: el monopolio de la opacidad

28 Feb

La foto que desde ayer circula en los medios digitales y que hoy aparece en las portadas de los diarios es reveladora de por qué hoy México es visto como uno de los países más corruptos del mundo y los mexicanos en general –así sin distinción y sin señalar por su nombre a los que sí son criminales–, son los maestros de la tranza.

En esa imagen aparecen tres políticos con una sonrisa de oreja a oreja y estrechándose las manos. Se ven orgullosos de su reciente acuerdo en materia de transparencia, uno que está tan alejado de las demandas de los mexicanos y tan ajeno a la realidad de las mayorías, como los elegantes trajes que portan.

Ellos son Manlio Fabio Beltrones Rivera, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados; Ricardo Anaya Cortés, el líder parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), y Miguel Alonso Raya, coordinador del grupo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la misma Cámara Baja. Los tres acordaron –vaya usted a saber bajo qué condiciones– liberar de obstáculos el camino para que, esta misma semana, se cree el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.

Pero el gran avance para lograr la meta que presumen esos tres partidos se dio, paradójicamente, a costillas de bloquear la transparencia y la rendición de cuentas.

El PRI, expuso Anaya Cortés (quien en su breve paso por la presidencia nacional del blanquiazul se ungió como paladín anticorrupción, y en enero fue señalado por presuntas operaciones irregulares con el también panista Miguel Ángel Yunes Linares), cedió para que sea el Senado de la República el que en adelante ratifique al Secretario de la Función Pública (SFP), designado por el Presidente.

Sin embargo, no se tocó a Virgilio Andrade Martínez, quien el pasado l3 de febrero fue designado por el Presidente Enrique Peña Nieto como titular de la SFP, luego de que esa dependencia –importantísima para la rendición de cuentas– permaneciera ácefala en los primeros 26 meses de la actual administración.

De acuerdo analistas, el que la Presidencia de la República no nombrara sino hasta ese momento a un titular de la SFP, también evidencia la poca importancia que este gobierno le ha dado al tema de la transparencia.

Las funciones de la SFP, se lee en su sitio web, son: “vigila que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones, sanciona a los que no lo hacen así; promueve el cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del gobierno federal, de disposiciones legales en diversas materias, dirige y determina la política de compras públicas de la Federación, coordina y realiza auditorías sobre el gasto de recursos federales, coordina procesos de desarrollo administrativo, gobierno digital, opera y encabeza el Servicio Profesional de Carrera, coordina la labor de los órganos internos de control en cada dependencia del gobierno federal y evalúa la gestión de las entidades, también a nivel federal”.

Así, con el acuerdo logrado entre PRI, PAN y PRD, el actual Secretario Virgilio Andrade no tendrá necesidad de ser ratificado por el Senado, debido a que ninguna ley es retroactiva para ninguna persona.

“La ley no puede aplicarse retroactivamente, esta reforma no se puede aplicar de manera retroactiva y eso no es un asunto que nosotros podamos elegir, eso así es”, presumió el Diputado Ricardo Anaya, orgulloso de su logro.

El nombramiento de Andrade Martínez, como se recuerda, se dio en un contexto de acusaciones y señalamientos contra el Presidente Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera Hurtado y Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por presuntos conflictos de interés en la compra de residencias a empresarios favorecidos con contratos millonarias de obra pública por el político mexiquense, tanto en su gobierno en el Estado de México como en la actual administración federal.

Pero Virgilio Andrade resultó ser amigo de Videgaray Caso desde 1986. Ernesto Villanueva Villanueva, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien ha atestiguado esa relación añeja, dijo a SinEmbargo: “En términos políticos, Videgaray es el padrino de Andrade. Él lo propuso para la consejería en el Instituto Federal Electoral (IFE) y ya en la administración peñista, también para la titularidad de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer)”.

Y peor aún, el propio Andrade Martínez, dos días después de ser nombrado por el Presidente, afirmó que no investigaría la compra de casas de Peña Nieto y su esposa, y menos aún la de su amigo Videgaray, porque “la compra en sí no es competencia de la Secretaría de la Función Pública, porque no entra a verificar operaciones de carácter mercantil”.

Entonces, como dicen el rancho, pa’ qué tanto brinco… ¿Para qué simular, por un lado, que se está abierto a la transparencia, cuando, por el otro, se le ponen piedras y más piedras a la exigencia de que la puerta de la rendición de cuentas y la batalla anticorrupción se abra?

La erosión causada al Estado mexicano por estas prácticas de simulación es grave. Los huecos son enormes y han deteriorado también la confianza en el país. De eso no sólo es responsable el Presidente y su equipo más cercano. También el PRI, el PAN y el PRD deben asumir su responsabilidad por mantener intocable el monopolio de la opacidad, por lo que ninguno de los puede argumentar su “defensa férrea” a la transparencia. No, cuando ellos mismos están entre los principales solapadores.

Auditoria halla desvíos en 7 delegaciones del DF, pero sus ex titulares van para diputados

28 Feb

Durante el primer año de la gestión de los jefes delegacionales de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza hubo una falta de control interno en esas demarcaciones, lo que propició irregularidades en contrataciones de obra pública, de acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La revisión del máximo órgano fiscalizador, presentada el pasado 18 de febrero, corresponde al primer año del actual gobierno federal, que empata también con el primero de la administración local en el Distrito Federal, tanto en su gobierno central como en sus 16 delegaciones políticas.

Aunque en lo que compete a entidades federativas, la ASF únicamente fiscaliza las aportaciones federales a estados y municipios o delegaciones, sus señalamientos al auditar el Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal refieren una ausencia de mecanismos de control y supervisión en al menos siete delegaciones, así como la inexistencia de procedimientos administrativos que permitieran verificar el cumplimiento de sus metas y de reducir los riesgos de actos de corrupción.

Mas no se trató sólo de omisiones administrativas: la ASF detectó que hubo irregularidades en varias contrataciones, entre ellas que no se acreditó la realización de obras, se destinaron recursos a proyectos no contemplados en el Fondo, se pagaron obras que no se hicieron o no se cumplió con toda la documentación requerida para autorizar una obra y aún así se hizo.

Algunas de esas irregularidades ya fueron solventadas por las administraciones delegacionales, pero hay otras pendientes. En las delegaciones Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza –todas gobernadas por integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD)– quienes tendrán que atender y dar respuesta a la ASF serán los funcionarios que quedaron como encargados de despacho.

Y es que en todos los casos referidos, los delegados -quienes estaban a cargo al momento en que ocurrieron las irregularidades detectadas- dejaron sus puestos el 18 de enero pasado para buscar candidaturas a diputaciones locales, de cara a la elección del próximo 7 de junio.

El pasado fin de semana, para todos ellos quedó materializado ese proyecto, al resultar elegidos como candidatos del PRD a diputados locales por el principio de mayoría relativa.

De acuerdo con la lista de candidatos emitida por el PRD local, Leonel Luna Estrada (delegado con licencia de Álvaro Obregón) buscará ser el representante del distrito XVIII en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), mientras que Victor Hugo Romo Guerra (de Miguel Hidalgo) hará lo propio con el distrito VIII. A la delegada con licencia de Gustavo A. Madero, Nora Arias Contreras, le corresponderá contender por el distrito I, a Leticia Quezada (de Magdalena Contreras) el disteito XXXIII y el delegado con licencia de Venustiano Carranza, Manuel Ballesteros, tendrá que ganar en las urnas el distrito XI.

En el caso de Iztapalapa, el ex jefe delegacional Jesús Valencia Guzmán renunció al cargo el pasado 16 de enero, para “no entorpecer” la investigación de la Contraloría General del Distrito Federal por el posible conflicto de interés con la empresa Amexire, que se reveló cuando en diciembre de 2014 chocó una camioneta, propiedad de la empresa, contratista de la delegación y del gobierno capitalino.

Valencia Guzmán fue designado como candidato a una diputación federal por el principio de representación proporcional. El jefe delegacional de Benito Juárez, el panista Jorge Romero Herrera, también fue designado por su partido como candidato por la vía plurinominal.

Es decir que ninguno de ellos dos tendrá que someterse al escrutinio ciudadano en las urnas, pues su puesto como legisladores estaría garantizado. El 20 de febrero pasado, el ex líder del PRD, Jesús Zambrano, dijo que pediría al Consejo Nacional de su partido revisar la candidatura del ex delegado y considerar que hay una averiguación en proceso.

Cuando 12 de los 14 delegados perredistas anunciaron que abandonarían sus cargos para buscar candidaturas en su partido para otro cargo de elección popular, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México y la Arquidiócesis Primada de México, llamaron, por separado, a no votar por candidatos “chapulines”, como se refirieron a los servidores públicos que abandonaban sus cargos inconclusos para buscar otros.

“Hemos decidido que no nos gustan los bien llamados chapulines, por considerar que no se les puede tomar en cuenta como posibles servidores públicos de confianza y que han abusado de la ciudadanía al generar, sin vergüenza, un comercio burdo por alcanzar nuevas prebendas político-económicas, por encima del compromiso adquirido con los electores”, expresó entonces la representación del sector empresarial capitalino.

“Desecharán sin más, un trabajo para el que fueron elegidos por la ciudadanía y a la que deberían responder hasta el último día de su cargo”, agregaba el comunicado emitido por la Coparmex.

Tras la salida masiva de los delegados perredistas, durante los nueve mesesque restan hasta el término de los periodos de gobierno, las jefaturas delegacionales son ocupadas por los directores general de Jurídico y Gobierno a fin de continuar con los servicios, obras y programas respectivos.

LOS HALLAZGOS DE LA ASF

Al revisar cómo las siete delegaciones referidas habían utilizado los recursos transferidos del Fondo –cuyo objetivo es “fortalecer el desarrollo y la inversión en infraestructura urbana”– la ASF descubrió las mayores irregularidades en las delegaciones Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.

En el primer caso, la única delegación gobernada por el Partido Aacción Nacional (PAN), se destinaron 65 millones 85 mil 700 pesos a rubros no contemplados en el Fondo.

De éstos, 56 millones 189 mil 300 pesos fueron para adquirir materiales de construcción, “que no se acreditó que correspondieran a obras ejecutadas por administración directa”, mientras que 3 millones 68 mil 900 pesos se destinaron a pagar el proyecto ejecutivo de la construcción de un polideportivo, cuyo contrato es el DBJ-LPO-037-13.

Otros 5 millones 592 mil 200 pesos fueron para mantenimiento de banquetas y 235 mil 400 pesos se dispusieron para un estudio de mecánica de suelos. En ningún caso, señala la ASF, existió evidencia de que el gobierno capitalino hubiera autorizado el uso de recursos para esos fines.

Por estas irregularidades la ASF planteó un probable daño o perjuicio al erario por 65 millones 85 mil 702.53 pesos, más intereses.

Algo similar ocurrió en la delegación Gustavo A. Madero, donde se gastaron 2 millones 778 mil 800 pesos para retirar juegos infantiles y bancas de fierro y sustituirlos por módulos de juegos infantiles, columpios y bancas y módulos de basurero, nivelar plazas, andadores y parques, y colocar guarniciones de concreto y pisos de concreto hidráulico.

Dado que ninguna de esas obras se considera en las disposiciones del Fondo, la ASF también consideró un probable daño o perjurio a las arcas públicas.

Además, el órgano fiscalizador señaló un probable daño por 434 mil 195 pesos por trabajos de obra de tres contratos que no se habían realizado y otro por 244 mil 519.86 pesos por luminarias que no funcionaban.

En esa delegación también se establecieron dos contratos cuyos montos originales se redujeron, sin que se formalizaran los convenios modificatorios que daban cuenta de tales disminuciones presupuestales.

En otros cinco contratos no se presentaron a la ASF las actas de recepción física de las obras, mientras que en dos contratos las actas de recepción no cumplían la normativa respectiva y en tres contratos más las actas se habían formalizado posteriormente al plazo establecido en los contratos de obra pública.

Respecto a la rehabilitación de una alberca ubicada en el Centro Social Miguel Hidalgo, la ASF refirió que dicha obra no estaba operando.

Además, la delegación no proporcionó evidencia documental sobre la autorización y evaluación del gobierno capitalino de las obras de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa. Como la delegación tampoco presentó evidencia del calendario de ejecución de las obras, la ASF no pudo verificar si las había realizado conforme a los plazos programados.

Por todo lo anterior, la Auditoría concluyó que la demarcación “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo, apegada a la normatividad que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”.

En la delegación Miguel Hidalgo, que este trienio fue recuperada por el PRD tras estar en manos del PAN, la ASF detectó irregularidades por 4 millones 251 mil 700 pesos. La Auditoría detalla que en dos contratos se estimaron y pagaron volúmenes de obra con precios superiores a los contratados, mientras que en la construcción de la alberca semiolímpica en el deportivo “Plan Sexenal” se pagaron 2 millones 385 mil pesos en 66 conceptos de obra no considerados en el catálogo respectivo, mientras que por otros tres conceptos de obra que no fueron realizados se erogaron 101 mil 900 pesos. También se pagaron 34 mil 424.8 pesos extra para la supervisión de trabajos de reencarpetado.

En el caso del reencarpetado, además, la delegación no proporcionó documentación para justificar 5 millones 610 mil 100 pesos, había estimaciones del contrato sin firmas y no había evidencia de que se hubieran realizado trabajos de supervisión.

Además, por el monto de la obra, ésta debía contratarse mediante licitación pública nacional, pero se adjudicó por invitación restringida.

Otro caso donde la ASF detectó irregularidades fue en la rehabilitación del andador “José María Vigil”, que tuvo un costo de 6 millones 855 mil 900 pesos. Mas la delegación no presentó los estudios y proyectos que justificaran la elección de losas de concreto hidráulico, del relleno fluido de concreto hidráulico y el mejoramiento del relleno de excavación.

Tampoco presentó las propuestas técnica y económica de los contratistas a los que se les adjudicaron la rehabilitación de la alberca del deportivo “Plan Sexenal” (contrato DMH-LPFO-092-13) y del andador “José María Vigil” (contrato DMH-ADO-128-13).

De acuerdo con información pública de la delegación Miguel Hidalgo, las contratistas son, respectivamente, Camposeco Constrycciones, SA de CV, y Berum Empresas, SA de CV.

En ambos casos, además, no se proporcionaron a la delegación fianzas por vicios ocultos ni se formalizaron las actas de entrega recepción (al menos hasta cuando la ASF realizó su revisión).

En otro contrato, para pavimentación en la colonia Lomas de Sotelo (contrato DMH-LPFO-091-13) se pagaron 2 millones 386 mil pesos adicionales sin que se justificaran debidamente esas modificaciones.

En el caso de Iztapalapa, la delegación no presentó las fianzas de anticipo, cumplimiento de contrato y vicios ocultos de dos contratos. En otros cuatro contratos no se presentaron las actas de entrega-recepción de las obras. De tres de ellos no se mostraron las bitácoras de obra y la restante no fue cerrada al concluir la obra.

En Álvaro Obregón se habían hecho pagos por 406 mil 713.2 pesos por trabajos relacionados con una obra, pese a que éstos no se habían realizado.

Lo anterior implicaba un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, por el monto de más de 400 mil pesos más los intereses generados.

Respecto a la delegación Magdalena Contreras, a la que le fueron transferidos 32 millones de pesos del Fondo, la ASF no detectó irregularidades en una o varias obras en particular, mas sí identificó que no cuenta con mecanismos de supervisión y monitoreo de control interno.

Asimismo, apuntó el órgano fiscalizador, “no se resuelven oportunamente las deficiencias identificadas, ni las vinculadas con el análisis de los reportes emanados de los sistemas de información; los hallazgos de auditoría y de otras revisiones tampoco son oportunamente atendidos”.

La delegación Venustiano Carranza realizó un pago por 266 mil 100 pesos por servicios de un Director Responsable de Obra, concepto que no corresponde al objeto del contrato, además de que no presentó evidencia documental de que la obra se hubiera realizado. Además, señaló la ASF, la demarcación no ha integrado 239 mil 912. 28 pesos a la Tesorería de la Federación, que corresponden a saldo a favor del Fondo (61 mil 149 pesos) y a penalizaciones (178 mil 762 pesos).

Carta abierta al General Cienfuegos

27 Feb

En Ciudad Juárez, entre 2010 y 2012, establecimos una mesa de diálogos cívico-militares que permitió a ciudadanos y la Secretaría de la Defensa Nacional buscar juntos la paz en la región. Se pudo trabajar conjuntamente con absoluto respeto a las responsabilidades de cada quien y los resultados fueron excelentes.

Las quejas de la ciudadanía por abusos del Ejército disminuyeron, pasando de más de mil en 2009 a menos de diez en 2012; se cambió al comandante de la quinta Zona Militar y en general la práctica cotidiana castrense. Sí existieron militares que abusaron de su poder pero se les enjuició ante la Justicia Civil antes de las reformas legales ahora vigentes.

Señor, le comento lo anterior porque me sorprende la actitud de la Sedena en el caso Tlataya y en la tragedia de Iguala; aquí donde fue el infierno hemos constatado que el Ejército se fortalece cuando castiga a los elementos que manchan el honor de su institución con conductas malas o hasta delictivas. Considerando esto, ¿por qué no investigar a fondo la conducta de los mandos militares en turno los días 26 y 27 de septiembre en Iguala?

Los mexicanos no podemos creer que permanecieron ignorantes de los hechos violentos, mortales y horrorosos que ahí sucedieron. Hubo uso público de armas de fuego reservadas para ustedes; homicidios, lesionados y hospitalizados, desaparición forzada de personas y posible incineración de cuerpos durante casi 24 horas.

¿Cómo es posible entonces que los mandos militares no se hubieran enterado ni actuado?

En todo caso es la conducta personal de dos mandos y de algunos elementos de tropa, no de toda la institución; son sólo un general y un coronel.

México necesita una respuesta.

Gracias.