Archive | noviembre, 2015

Beltrones: la importancia del tiranosaurio rex

25 Nov

Manlio Fabio Beltrones no es un demócrata, pero sin duda es un político profesional. Eso significa que lo mismo opera para intentar zancadillear el camino de Andrés Manuel López Obrador en la contienda presidencial del 2018 (algo muy poco democrático), que para contrarrestar la entronización del grupo Atlacomulco en la presidencia del país en los años por venir (algo en lo que le deseamos la mejor de las suertes).
Para ponerlo en términos de la última película de Jurassic World, Beltrones es el Tiranosaurio Rex que en un momento constituye una amenaza para los asistentes al parque y un rato más tarde se convierte en su aliado para enfrentar a Indominus, una amenaza mayor.
Vayamos por partes. Su arribo a la presidencia del PRI hace tres meses constituyó un pulso entre el grupo de Peña Nieto, que intentaba imponer a uno de sus incondicionales, y el resto de las fuerzas priistas. Para nadie es un secreto el deseo transexenal del grupo político formado por los del Edomex e Hidalgo; están obsesionados en conseguir la candidatura presidencial para el 2018 y para ello requieren el control de su partido. Algo que el resto de los grupos priistas observan con desconfianza; una cosa es la obediencia que deben al jefe máximo y otra permitir que eso se convierta en un maximato en los siguientes periodos. En el adn priista están inscritos los dos mandatos: sometimiento al presidente, pero alternancia de los periodos presidenciales entre las tribus.

En ese sentido, Manlio Fabio llegó a la presidencia del PRI a regañadientes de Peña Nieto y lo suyos. Es obvio que Los Pinos tenían el poder suficiente para disponer de ese puesto, pero recibieron diversas señales de la incomodidad del resto de los grupos. Los de Atlacomulco decidieron que faltaba aún medio sexenio y resultaba demasiado peligroso quedarse solos.

En su momento Beltrones enfrentará la dura tarea de conciliar el deseo peñanietista de imponer a un delfín, con la necesidad que tiene el partido de encontrar un candidato que satisfaga a las distintas corrientes y, sobre todo, que tenga la capacidad de convertirse en una carta triunfadora en las urnas. Es decir, en Peña Nieto primará el sentido de la lealtad para designar a un sucesor, mientras que para sus colegas de partido la prioridad será encontrar alguien que permita al PRI conservar el poder.

Manlio Fabio intentará convertir al PRI en un espacio en el que se ventilen los intereses de las distintas corrientes regionales y sectoriales, contra el deseo del ejecutivo de convertir al partido en mera correa de transmisión de la agenda presidencial.

Del otro lado, es evidente que en muchos otros aspectos los dos deseos coincidirán. Por ejemplo en todo lo concerniente a los rivales del PRI en la próxima contienda. Un terreno en el que Beltrones parece decidido a mostrar la habilidad de su oficio político.

En esta ocasión los analistas asumen que la mayor competencia no vendrá del PAN o del PRD, sino de los imponderables que representan los nuevos factores: MORENA y los candidatos independientes. El PAN porque aún no se repone del descrédito de sus doce años de alternancia y carece, por el momento, de una figura carismática (eso podría cambiar, pero no queda mucho tiempo). El PRD tampoco constituye una amenaza; demasiado fragmentado y desprestigiado. Así que, otra vez, López Obrador es el rival a vencer, por el momento. Y hacia él ha comenzado a dirigir Beltrones sus misiles.

Por lo pronto intenta modificar las normas electorales para impedir que el tabasqueño se promueva entre los ciudadanos en su calidad de presidente de Morena. Quiere limitar el tiempo de exposición y el protagonismo de los dirigentes partidarios, incluido él mismo y regular tiempos y modalidades de los spots en radio y televisión. Más allá de las razones o sinrazones que pueda tener su propuesta, nunca es saludable que los protagonistas improvisen una ley hecha a la medida de un rival en particular.

También generan suspicacias los intentos que están haciendo diversos gobiernos priistas para dificultar el registro de candidatos independientes. Luego de lo que sucedió en Nuevo León, donde Jaime Rodríguez, el Bronco, tomó por sorpresa al PRI y al PAN, en los círculos oficiales se revisa la legislación federal y las modificaciones que tendrían que hacerse para impedir que en el 2018 surja una amenaza real desde este frente. Habrá que ver el papel que le tocará cumplir en esta agenda al presidente del PRI.

Las batallas en las que está y estará inmerso Manlio Fabio Beltrones son claves para el futuro inmediato. La suya será una tarea de claroscuros. Para bien o para mal, en nuestro perjuicio o en nuestro beneficio, se trata de un tiranosaurio rex al que no hay que perderle la vista.

Todos contra Pemex y la CFE

17 Nov

  
En el tercer trimestre de 2015, tanto Petróleos Mexicanos (Pemex) como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportaron pérdidas históricas. Ya como Empresas Productivas del Estado, luego de la transformación administrativa aplicada luego de la aprobación de la Reforma Energética, ambas entidades atraviesan por sus crisis financieras más profundas y el Estado mexicano, el mismo que las ha desgastado por décadas y las convirtió en sus cajas chicas incluso para el despilfarro en campañas electorales, las ha abandonado a su suerte.

Ese es el mensaje, coinciden analistas, que manda el recorte de gastos que los legisladores les aplicaron en el Presupuesto 2016, aprobado el viernes pasado. El Gobierno federal y el Congreso, dijeron, han acorralado a ambas compañías para dejarlas sin opciones y sin posibilidad alguna de ser productivas.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 las castigó aún más con una reducción del 11.5 y 4.5 por ciento de su gasto, respectivamente.

Ahora, Pemex y la CFE tendrán aún menos dinero para invertir, justo cuando se irá materializando una mayor crecimiento de parte de empresas privadas, nacionales y extranjeras, en el sector energético mexicano.

La Cámara de Diputados aprobó un presupuesto del gasto programable y no programable para ambas empresas de más de 792 mil 901 millones de pesos; sin embargo, esta cifra es insuficiente ya que, por un lado, Pemex lleva a cuestas la caída de los precios del petróleo además una cifra millonaria en pasivos laborales, mientras que las pérdidas de la CFE subieron 240 por ciento al tercer trimestre de este año.

Ambas compañías, afirman especialistas, tienen carencias en innovación de tecnología aparte de los problemas económicos que sufre cada una en su estructura. Además tienen la obligación de comenzar a prepararse para la competencia que viene, y esta restricción de presupuesto las deja condiciones difíciles.

Los próximos meses marcarán el futuro de las dos últimas grandes empresas del Estado mexicano, y ese porvenir no parece halagador. Al contrario, en el mediano plazo se observan negros nubarrones, porque será difícil que con poca inversión, y menos voluntad política por parte de quienes hoy las operan, puedan darle vuelta a sus dificultades.

Pemex y la CFE se van quedando solas, porque todos, Gobierno federal y legisladores, las han dejado a la buena de Dios, y les quitan opciones para poder competir en un mercado abierto.

Ese parece ser el objetivo de una administración que no quiere operarlas ni quebrarse la cabeza, que parece tener el objetivo de hacerlas a un lado, sin pensar incluso en su importancia para la seguridad nacional del país.

PEÑA NIETO, ASPE Y LAS REFORMAS: DE LOS CUATES, PARA LOS CUATES

11 Nov

Las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, como es el caso de la Energética, no darán los resultados esperados mientras la práctica de la puerta giratoria se mantenga, pues la información, el poder y los beneficios económicos se concentran en un puñado de grupos políticos y económicos, que relegan a la mayoría de los ciudadanos y le quitan alcance nacional a los proyectos, coincidieron analistas consultados por SinEmbargo. Este fenómeno que tiene visos de corrupción, dijeron, se acelerará con la Reforma Energética, pues muchos altos funcionarios están ya al frente de compañías internacionales en el sector y, como han venido haciendo desde el sexenio de Carlos Salinas, usan la información privilegiada con que trabajaron en el servicio público para darle ventaja a los consorcios que ahora representan.
  

 El tránsito de servidores públicos al sector privado no sólo potencializa los conflictos de interés o el uso de la información privilegiada. De acuerdo con analistas, uno de los principales efectos de esta “puerta giratoria” es que crea espacios de poder que “capturan” las instituciones gubernamentales en favor de intereses particulares y en detrimento del interés público.

“Este movimiento entre esferas públicas y privadas trastoca la relación entre (…) la ciudadanía que paga los impuestos y los funcionarios públicos”, publicó la investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (INAM), Alejandra Salas Porras.

“Las decisiones que toman las élites cuando se encuentran en funciones públicas no se hacen en términos de los intereses que deben servir, o para un proyecto de alcance nacional, sino más bien pensando en recompensas futuras y posiciones privadas en redes de poder nacionales e internacionales. Consecuentemente, estas élites no rinden cuentas a la ciudadanía que paga sus salarios mientras se encuentran en funciones”, agregó Salas Porras en el artículo “Las élites neoliberales en México: ¿cómo se construye un campo de poder que transforma las prácticas sociales de las élites políticas?”.

Publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales en 2014, el texto identifica el periodo de las privatizaciones como el contexto que ha propiciado el uso de la “puerta giratoria” a través de la que funcionarios involucrados en el diseño de estas “reformas estructurales” terminan vinculados con las firmas, varias trasnacionales, interesadas en la apertura económica.

Entrevistada este mes, Salas Porras explicó que esta práctica se presenta no sólo en México, sino en otros países como Estados Unidos. También, que es característica sobre todo del sector energético, como el mexicano, en el que dos ex secretarios de Estado –Luis Téllez Kuénzler y Georgina Kessel Martínez–, así como varios directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex), han pasado a la iniciativa privada, algunos de manera casi directa.

“Una primera cuestión es hasta dónde estas pautas son características de un Estado o de instituciones públicas que han asumido características cada vez más utilitaristas y no cohesionadas a objetivos de largo plazo, sino que al final de cuentas quienes pasan por ahí están tratando de obtener las ventajas y más de tipo individual”, dijo la investigadora.

Para su artículo académico, Salas Porras elaboró una base de datos con las trayectorias de más de 100 servidores públicos relacionados con las reformas estructurales desde 1988, al inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y encontró 22 nombres como los de mayor protagonismo en esta transformación institucional.

“Estos 22 funcionarios clave son los que han acumulado a lo largo de su carrera el mayor número de puestos de alto nivel y una mayor participación en los círculos más altos de poder en el aparato estatal. Son también los que se han entreverado más intensamente con intereses privados, nacionales y extranjeros, y los que han logrado una proyección internacional de mayor alcance”, dice el texto.

La investigación identifica a Pedro Aspe, sucesor de Carlos Salinas en la Secretaría de Programación y Presupuesto de Miguel de la Madrid Hurtado y Secretario de Hacienda en el siguiente sexenio, como cabeza del primer equipo de orientación “predominantemente neoliberal”; grupo que incluye a los ex secretarios de Comercio Jaime Serra Puche y Herminio Blanco Mendoza, principales negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Serra Puche, a la postre, muestra Salas, se unió a compañías como Grupo Modelo, Vitro y Chiquita Brands; Blanco, por su parte, se unió, entre otras compañías, al Grupo Financiero Banorte y a Mitusbishi.

Aspe, por su parte, formó parte de los consejos de Televisa, Volaris y, en 1996, fundó la consultora Protego, que luego se convirtió en filial mexicana de la norteamericana Evercore; fusión que, en 2012, compró el 20 por ciento de la proveedora Diavaz, contratista de servicios de Pemex y ahora también interesada en las licitaciones de la Reforma Energética.

La investigación de Salas Porras muestra también la relación de Aspe con las firmas internacionales McGraw Hill y BlackRock; ésta última controladora de la primera y fundada por varios socios de Evercore.

BlackRock, a su vez, compró este año Infraestructura Institucional, presidida por Jerónimo Gerard –cuñado de Carlos Salinas de Gortari– y parte de Sierra Oil & Gas, ganadora esta última de la primera licitación de la Reforma Energética.

“Sus cálculos y lealtades se pueden encontrar en los clientes y patronazgos potenciales en México y en el extranjero”, dice Salas Porras en su investigación.

“Una vez que los ex funcionarios son recompensados con posiciones en las juntas de administración de grandes corporaciones, utilizan la información y experiencia obtenida a lo largo de su trayectoria para conseguir contratos y concesiones. Esta nueva práctica social de carácter rentista explica, en gran medida, el impacto tan limitado que hasta la fecha han tenido las reformas estructurales”, agrega.

CONTROL DE INFORMACIÓN Y PODER

Otros hallazgos de la investigación de Salas Porras son que las relaciones entre los 22 funcionarios clave en la transformación económica fueron facilitadas por redes familiares –varios, dice, procedían de antiguas familias priístas– y, sobre todo, por su formación académica. En este sentido, el análisis encuentra una marcada preeminencia del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), del cual egresaron 14 de los 22 funcionarios identificados como arquitectos del México neoliberal y descrito en el texto como “el programa de economía más americanizado fuera de Estados Unidos”.
Del ITAM, muestra Salas Porras, salieron Pedro Aspe y su ex empleado en Protego, el hoy Secretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray. También, el ex Secretario de Energía y Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuénzler, y el actual director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, entre otros.
“Si consideramos a los 127 funcionarios de toda la base de datos, sólo 14 estudiaron en el ITAM, lo que evidencia que la presencia de esta institución académica es mucho mayor entre el círculo más íntimo de poder que se configura alrededor de las reformas neoliberales”, agrega el documento.
Salas Porras, enfocada desde hace casi 20 años en la investigación de la élite empresarial mexicana y su relación con la apertura económica, había identificado en un análisis anterior el papel que tienen los “think tanks” –o centros de pensamiento para los que trabajan varios funcionarios– en la defensa de las decisiones neoliberales.
Incluido en un reporte colectivo, el análisis de Salas Porras concluyó que la influencia de las élites es “abrumadora”, porque genera una corriente de pensamiento, articula intereses y “controla el conocimiento y los espacios en que se toman las decisiones sobre el comercio y la política exterior en el ámbito de la región de América del Norte”.
Coordinado por el sociólogo investigador del Colegio de México, Carlos Alba Vega, este estudio colectivo fue publicado en 2012 por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. El texto, a 30 años de iniciado el modelo neoliberal y a casi 20 del Tratado de Libre Comercio, emitió una conclusión:
“El proceso de integración y liberalización económica ha conducido a una concentración de la propiedad, el conocimiento, la información y la tecnología, que son controlados por élites económicas, gubernamentales y del conocimiento (…) Los grandes ausentes de este proceso de integración son los sectores populares, los pequeños empresarios, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil y muchas otras asociaciones que no forman parte de las élites económicas y políticas”.
EL FACTOR ALTERNANCIA

El sociólogo Carlos Alba Vega, por su parte, suma a la apertura económica el proceso de transición política como factor que acentuó el uso de la “puerta giratoria”, ya que la pérdida del control del Partido Revolucionario Institucional sobre la Cámara de Diputados en 1997, dice, obligó a los empresarios a gestionar ante el Legislativo; un Poder, afirma el investigador, que les era prácticamente desconocido. Y ante ellos, agrega, recurrieron a las prácticas de “lobbying” o cabildeo que habían aprendido en Estados Unidos al participar en las negociaciones del TLC.

La derrota del Partido Revolucionario Institucional en la elección de 2000, menciona también el investigador, empujó aún más funcionarios federales al sector privado, el cual vio en ellos “agentes de servicios” con información estratégica, conocimiento de los mercados y contactos políticos.

“Sus posibilidades de conseguir contratos gubernamentales para la realización de obras de infraestructura o los derechos de transmisión de televisión, y su participación directa en el diseño y aplicación de políticas públicas favorables al sector privado, todo eso, les permitieron utilizar la puerta giratoria que se creó entre los puestos públicos y las empresas, ya fuera como consultores de empresas nacionales y extranjeras, como parte de la estructura corporativa o a través de la creación de sus propias empresas de consultoría”, planteó Alba Vega en un ensayo reciente.

“Todas esas características son muy apreciadas por las empresas por diversos motivos: ejercer presión sobre empresas que han tenido situaciones de monopolio en México, facilitar el acceso a los poderes ejecutivo y legislativo, obtener información estratégica, promover políticas públicas cercanas a sus intereses”, agrega Alba en “El sector privado mexicano y las políticas públicas”.

Como Salas Porras, Alba Vega coincide en que la Reforma Energética, para la que trabajaron varios ex funcionarios, “aumentará la velocidad y el tamaño de la puerta giratoria”.

REPRESENTA A LA MAYORÍA?”

Ayer, SinEmbargo públicó que, al haberse sumado a la firma internacional KKR en abril pasado, Luis Téllez se vinculó con el grupo cercano a la ex Secretaria de Estado Norteamericano, Hillary Clinton, que se pronunció por la Reforma Energética en México y que luego pasó a la iniciativa privada.

En este grupo, indican documentos oficiales y publicaciones periodísticas como DeSmogBlog, están el ex Embajador norteamericano en México Carlos Pascual, hoy integrante de Information Handling Services (IHS); el ex coordinador de la política energética del Departamento de Estado, David Goldwyn, y el ex jefe de asesores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Neil R. Brown.

Brown, a su vez, se integró en 2014 a KKR; firma que, luego de contratar a Téllez este año, se fusionó con Monterra Energy, creada específicamente buscar los negocios para la reforma energética.

Téllez, que ha participado en varios consejos de administración tanto nacionales como internacionales –Grupo México, Herdez, Carlyle, McLarty Associates– y que ha pasado por cuatro Secretarías de Estado desde hace 28 años, ha sido considerado ejemplo “clásico” del uso de la puerta giratoria y señalado repetidamente por incurrir en potenciales conflictos de intereses.

El caso más advertido es el de Sempra Energy, empresa con la que hizo contacto desde al menos 1999, cuando era Secretario de Energía y los ejecutivos de esta firma sostuvieron encuentros con el entonces Presidente Ernesto Zedillo. Boletines oficiales de la Presidencia de la República muestran cómo, en febrero de ese año, Zedillo se reunió con los directivos de Sempra, y por la noche anunció la propuesta de apertura en el sector eléctrico.

“Rechazar la privatización de la industria eléctrica obligaría al Estado a desviar recursos de otras actividades”, dijo el entonces Secretario Téllez a Excélsior el 16 de febrero de ese 1999.

Quince años después, Sempra Energy ha ganado más de 21 mil millones de pesos en contratos para suministro de gas natural asignados por la Comisión Federal de Electricidad. Su filial Infraestructura Energética Nova (Ienova), mientras, ha manifestado interés en los nuevos Fondos de Inversión en Infraestructura Energética, o Fibra E.

“Sin duda que hay conflicto de interés en todas estas prácticas; ¿hasta dónde además de eso hay corrupción? hay que ver en qué casos sí y qué casos no; trazar una línea tajante entre esos conflictos de interés y hasta qué momento implican corrupción, un manejo de la información en el que claramente aprovechan toda su trayectoria en el aparato gubernamental para hacer beneficios personales”, dice Salas Porras en entrevista.

“Despierta muchas sospechas y hace pensar que puede haber corrupción cuando se descubre que esos funcionarios mexicanos no parecen representar los intereses de la sociedad en su conjunto, ni de México, sino ya desde sus puestos gubernamentales preparaban las condiciones necesarias para que los grandes intereses económicos sacaran provecho de las reformas, como la energética”, dice por separado Alba Vega a este medio.

El problema es grave, agrega el académico: “En México, uno de los 14 países más ricos del mundo y que al mismo tiempo cuenta con 52 millones de pobres, ¿quién representa los intereses de estos últimos?”.