Archivo | marzo, 2016

Los impresentables

9 Mar

  
El problema no es que al sistema político mexicano le hayan brotado tumores malignos y excrecencias dañinas; no, la tragedia es que no tiene manera de deshacerse de ellos. No hay defensa alguna contra gobernadores como Javier Duarte y Roberto Borge en Veracruz y Quintana Roo respectivamente, o contra líderes charros como el sujeto que regentea el sindicato ferrocarrilero, los dueños del Partido Verde, diputados y senadores impresentables, o un largo etcétera. No me mal interpreten. No es que el pasado fuese mejor: corruptos, sinvergüenzas e ineptos han habido siempre. Lo nuevo es que el sistema ha perdido su capacidad para aislar y desechar aquello que le resulta disfuncional.
El PRI se sostuvo durante setenta años gracias a su habilidad para eliminar aquello que atentaba contra su propia reproducción o ponía en riesgo su permanencia en el poder. Carlos Salinas “depuso” a 16 gobernadores durante su sexenio, además de la purga que llevó a cabo entre las filas de los líderes gremiales, comenzando con la Quina, del sindicato petrolero. En muchos casos se trató de ajustes de cuentas para fortalecer su propia fracción en detrimento de sus rivales; pero en otras simplemente eliminó piezas que resultaban disfuncionales, ineficientes o embarazosas para la imagen del partido. Algo similar a lo que ha estado haciendo el partido comunista chino durante los últimos años. En otras palabras, el presidencialismo de antaño tenía botones y palancas en la cabina de mando para desprenderse de un funcionario cuya insensatez, torpeza o locura dañaban la operación del conjunto.
Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones, cabezas del poder ejecutivo y del PRI respetivamente, están conscientes de que un sátrapa suelto como Duarte constituye un torpedo a la línea de flotación del partido en el poder. La violación sistemática de los derechos humanos por parte del gobernador de Veracruz, su cacería de brujas en contra de periodistas o su desastrosa gestión de las finanzas públicas han terminado por convertirse en motivo de vergüenza nacional e internacional. Y no es que el resto de gobernadores sea un dechado de virtudes; pero los excesos de Duarte superan la cuota de infamias tolerables por una opinión pública que de por sí es de muy amplio criterio.
El problema para las cabezas del partido es que en el panel de instrumentos no existe un botón que permita expulsar a los Nerones y los Calígulas que se encumbran en el poder. Los costos políticos para meter en cintura a los del Partido Verde, por ejemplo, son demasiado altos para Los Pinos, entre otras cosas porque el debilitamiento de la figura presidencial le obliga a sumar a todos los aliados, sin importar sus defectos; como un general ante una batalla de resultado incierto que prefiere ignorar la indisciplina de oficiales de reputación cuestionable; prescindir de cualquiera de ellos y de los recursos que aportan podría hacerle morder el polvo de la derrota. El ejecutivo ha preferido pasar por alto los absurdos excesos de Duarte y de Borge, antes de poner en riesgo el control del PRI sobre Veracruz o Quintana Roo. Aunque bien mirado, ahora mismo esas entidades estarían en riesgo de perderse justamente por la calamitosa gestión de estos bebesaurios. Al final, todo general sabe que la batalla también puede perderse por los desaguisados de un oficial inepto.
Y como bien sabemos, la alternativa democrática al debilitamiento del presidencialismo nunca funcionó. Los contrapesos institucionales han sido insuficientes para acotar los excesos de la clase política ahora que el ejecutivo es incapaz de hacerlo. Los gobernadores terminan por controlar a los congresos locales, a las comisiones estatales de derechos humanos, a sus jueces. El Partido Verde tiene suficientes miembros en las cámaras para decidir votaciones apretadas, lo cual les permite negociar dispensas a los delitos electorales cometidos (delitos que le garantizaron colocar a tantos miembros en las cámaras: un círculo pernicioso que se alimenta a sí mismo).
En suma, el sistema político carece de defensas frente a sus propias perversiones. Y esa es una de las principales diferencias entre el PRI de antaño y el de ahora. Peor aún, los escándalos surgidos en torno al primer círculo presidencial, desmotivan a la cabeza del sistema a emprender un cambio desde arriba. En parte por conveniencia propia y en parte por debilidad, el partido en el poder se ve obligado a exhibir sus vergüenzas sin posibilidad alguna de lavarse la cara, ni siquiera para hacer creer que se ha bañado.
Ante los excesos, el presidente prefiere nadar de muertito; no hacer olas se ha convertido en el mayor talento de la clase política actual. En eso han llegado a ser artistas pero sirve muy poco para gobernar.
Por Jorge Zepeda 

Veracruz: el nuevo Ayotzinapa

4 Mar

  
+ “Los mataron y los quemaron…”

+ Policías y narco: un solo corazón
Y la maldición volvió. Otra vez la infamia. La muerte regresó de la mano de policías y narcos levantando y masacrando a jóvenes. Sí, como en Ayotzinapa. Hoy, en Veracruz. En Tierra Blanca. ¿A dónde va este país?
Allí quedan los nombres de los 5 de Tierra Blanca, sumados a los 43 de Ayotzinapa: Susana Tapia Garibó, menor de edad (16 años); Bernardo Benítez Herrera; José Benítez de la O; Mario Arturo Orozco Sánchez y José Alfredo González Díaz. Policías los detuvieron y los entregaron a sicarios del crimen organizado. Una vez más la canallada.
¿Y ahora qué van a filtrar las autoridades federales: que los 5 de Tierra Blanca se robaron un auto cargado de droga, como intentaron inculpar a los ayotzinapos? ¿O que entre ellos iban integrantes de bandas rivales enemigas de quienes los asesinaron, como también lo quisieron hacer con los ayotzinapos? ¿O se ordenará otro bodrio cinematográfico (La noche de Iguala) vergonzante, redactado por plumas oficialistas y dirigida desde el poder político, para intentar manchar a los ayotzinapos?
¿Cómo intentarán presentar ahora, en el caso de Tierra Blanca, la “verdad histórica” del gobierno? ¿Quién será el Murillo Karam de Veracruz? ¿También ahora se bloquearán investigaciones independientes, como en Ayotzinapa?
Las revelaciones duelen, calan, agravian:
“Esta mañana, Bernardo Benítez, padre de uno de los jóvenes, dijo a la prensa que el octavo detenido declaró que a los cinco jóvenes ´les dieron muerte y los incineraron´”. (SinEmbargo/Blog Expediente / Miguel Ángel León Carmona – Ignacio Carvajal Marzo/ 1/ 2016).
“Ellos (los policías) se los entregaron a otras personas en el rancho El Limón y confiesa que ahí les dan muerte y los incineran”, dijo Benitez.

Aún más: el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa – emisario del gobierno federal en el caso Tierra Blanca-, aseguró que Rubén Pérez Andrade, el octavo policía estatal de Veracruz detenido por la desaparición de los jóvenes, confesó que las víctimas fueron golpeadas, asesinadas y calcinadas en el rancho “El Limón”.
“Es testigo del traslado al rancho El Limón, donde los vuelven a interrogar y los privan de la vida, y luego es testigo también del inicio del proceso de desaparición de los cuerpos, entonces se trata de una declaración que resulta muy relevante”. (Reforma Antonio Baranda 1/Marzo/2016)

Otra vez la infamia. Otra vez la tragedia.
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Justo cuando el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, rodeado de la parafernalia del poder político jarocho – gabinete, legisladores, amigos, aplaudidores- daba una conferencia celebrando que seguiría al frente del gobierno, las revelaciones sobre lo ocurrido con los 5 de Tierra Blanca sacudían la conciencia del país.

La fórmula maldita se repetía: jóvenes detenidos por la policía y entregados a sicarios del narcotráfico para ser asesinados e incinerados.
El 8 de febrero pasado, se confirmaba la noticia triste: los restos de Bernardo Benítez y de José Alfredo González Díaz, fueron hallados e identificados en el rancho “El Limón”, enclavado en Tlalixcoyan, a poco menos de 100 kilómetros de Tierra Blanca. Ambos tenían 25 años de edad.
¿Qué decían antes de ese 8 de febrero las madres y familiares de los 5 de Tierra Blanca? Recurramos a nuestra columna del 10 de febrero en SinEmbargo, titulada “Las madres de Tierra Blanca”:
– Sé que mi hijo va a regresar con vida… Tengo esa esperanza…-, me dice Columba Arroniz González, madre de Bernardo Benítez Arroniz, uno de los jóvenes secuestrados por policías estatales en Tierra Blanca, Veracruz.
– No nos dicen nada más… Sólo que investigan… Pero nada de los muchachos-, su voz un suplicio, su lamento el dolor generalizado del México que ve desaparecer a sus jóvenes. Es Patricia González Arroniz, tía de José Alfredo González Díaz, otro de los levantados en Tierra Blanca.
– Mi hija tiene 16 años, es menor de edad… Es alegre… Es como cualquier chica… Estudia la prepa abierta… Ya verá que pronto regresará-, conmueve Carmen Garibo, madre de Susana Tapia Garibo, aún desaparecida. Iba también en el grupo de los cinco de Tierra Blanca. Doña Carmen habla como si tuviera a su hija de frente. Con el corazón apretujado.
– Por favor no dejen ustedes, los medios, de insistir en que encuentren a los muchachos… ¡No nos abandonen!-, pide, exige, con el dolor de madre con hijo desaparecido, Dionisia Sánchez, madre de Mario Arturo Orozco Sánchez. Era el del cumpleaños, por quien fueron hasta Veracruz a celebrar. Salieron de Playa Vicente. Ya no volvieron.
– Estamos aquí, día y noche, junto al Ministerio Público de Tierra Blanca, esperando noticias… Dormimos en colchonetas… Comemos lo que nos trae la gente… Nos han ofrecido hotel, pero no, de aquí no nos moveremos hasta que sepamos qué les pasó-, advierte, la voz un reclamo, Gloria de la O, madre de José Benítez de la O.

Hasta aquí aquella columna.
Inútiles sus ruegos, vanas sus esperanzas.
Se los mataron.
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¿Por qué levantaron y asesinaron a los 5 de Tierra Blanca?
“Fueron interceptados por policías estatales y posteriormente entregados a un grupo criminal, porque les parecieron sospechosos por su apariencia y el auto en el que viajaban”, dijo Roberto Campa. ¿Esa será la verdad histórica de Tierra Blanca? ¿Por sospechosos? Viajaban en un auto ordinario: un jetta polarizado.
Tierra Blanca pasa a la historia como otra infamia más, bajo ese patrón canalla, de maldad: policías y sicarios fundidos en un mismo cuerpo, podrido, vil.
Los 5 de Tierra Blanca, como los 43 de Ayotzinapa, asesinados e incinerados.
¿A dónde va este país?

La narco-descriminalización de Osorio

4 Mar

  
Muy orondo lo dejó entrever el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en un debate sobre la despenalización de la mariguana: El Gobierno Federal va por la captura de narcotraficantes más que de narcomenudistas.
A los narcomenudistas, según la interpretación de las estadísticas a las que tiene acceso sobre el Sistema Federal Penitenciario, los clasificó como consumidores de droga. Entonces reflexionó: abogan -supongo en el Gobierno que representa, el de Enrique Peña Nieto- por la “descriminalización de los consumidores”.
Justificó Osorio con el problema de la población penitenciaria que en esta administración, se ha exponenciado: “41 por ciento de los internos en penales federales del país que fueron detenidos con esta droga llevaban cantidades con un valor inferior a 500 pesos”.
Pero resulta que en México, en las calles de este País, los narcomenudistas se disfrazan de consumidores, precisamente para evadir la Ley. Aún así, unos muchos caen en prisión ante la reincidencia del delito, o ser identificados como vendedores de droga al menudeo.
Vaya, una gran cantidad de los ejecutados en este y en anteriores sexenios, son precisamente narcomenudistas. Cuando entre cárteles enfrentan guerras –lo cual es muy frecuente en México- por determinado territorio para el trasiego, distribución y venta de droga, lo primero que se les ordena a los sicarios, es limpiar las calles. Matar a los vendedores de droga, a los “narcopoquiteros” como se les suele identificar. Recuperar esquinas y consumidores menores que no caen en prisión, porque la droga que portan la consumen de manera inmediata, no la almacenan porque no tiene otro fin, pues.
Los vendedores de droga al menudeo son la base del narcotráfico, son la “fuerza de trabajo” que le redunda a los cárteles y a los capos, en cientos de millones de dólares, producto de la venta de las distintas drogas que se comercian en México, efectivamente, para consumo personal.
En 2009 en medio de la guerra contra las drogas emprendida por Felipe Calderón Hinojosa, fue reformada la Ley General de Salud. Desde el Artículo 473 hasta el 482, se delimitan los delitos de narcomenudeo y de consumo personal.
En el Artículo 479 se consigna el narcomenudeo. Se inscriben las cantidades limitantes donde “Se entiende que el narcótico está destinado para su uso estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivado o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente…”.
A continuación aparece una tabla de orientación de dosis máxima de consumo personal. Y es así:
* Opio, 2 gr.

* Diacetilmorfina o Heroína, 50 mg.

* Cannabis Sativa, Indica o Mariguana, 5 gr.

* Cocaína, 500 mg.
Lisergida (LSD), 0.015 mg.
* Polvo, granulado o cristal Tabletas o cápsulas MDA, Una unidad con peso no mayor a Metilendioxianfetamina, 40 mg. 200 mg. MDMA, dl-34-metilendioxi-n- Una unidad con peso no mayor a 40 mg. dimetilfeniletilamina 200 mg. Una unidad con peso no mayor a Metanfetamina 40 mg. 200 mg.

Portar más de esa cantidad constituirá un delito de narcomenudeo, dejará de ser posesión para procesarse como posesión con fines de comercio, o comercio.

Osorio Chong, en el segundo debate nacional sobre el uso de la mariguana, sugirió que dichas cantidades resultan mínimas para el consumo promedio internacional, y que ello ha llevado a consumidores a las cárceles. No consideró que los criminales organizados, los narcotraficantes, utilizan esas cantidades, para vender al narcomenudeo y evadir la justicia. Dijo el Secretario de Gobernación: “Debe analizarse a fondo la cantidad de mariguana que puede portarse de manera personal, ya que la mayoría de los internos en los Centros Federales de Readaptación Social están recluidos por narcomenudeo”.
Amplió: “Las dosis máximas permitidas por la Ley General de Salud son pequeñas, por lo que la gran mayoría de los casos con considerados como narcomenudeo a pesar de ser autoconsumo… (En México la portación máxima de mariguana son cinco gramos) a escala internacional el referente es de 28 gramos”.

Las leyes en México precisan que, efectivamente, hasta 5 gramos de mariguana se considera para consumo personal, más de 5 gramos pero menos de 5 kilos, es narcomenudeo, y más de 5 kilos es procesado con el Código Penal por narcotráfico.
Justificó Osorio que los consumidores portan en ocasiones más cantidad de droga de la máxima permitida, porque así se las venden. O sea que la estrategia de venta del narcotráfico no contempla los máximos de la Ley, sino lo que al mercado ilegal le conviene.
En un intento por “limpiar” las cárceles y no las calles de México, el Secretario de Gobernación centró además su disertación en la “injusta” (Las comillas en este párrafo son mías) aprehensión de los consumidores. Que el 60 por ciento de los reclusos en penales federales y el 80 por ciento de las prisioneras en mismo contexto, lo están por delitos contra la salud, “las mujeres están sentenciadas por delitos contra la salud no violentos; 99 por ciento son mujeres sin antecedentes penales y 88 por ciento están sentenciadas por el delito de drogas. De esos, 91 por ciento reportan no haber portados armas y su liberación permitiría recuperar el eje familiar a cientos de hogares mexicanos”.
En su incursión al debate de la despenalización del uso de la mariguana, el Secretario de Gobernación justifica a los narcomenudistas a quienes confunde con consumidores, e ignora de un palmo, los daños a terceros, que en este País son los más despreciados, vulnerando a la sociedad y abonándole a la impunidad.
El incremento de los llamados “delitos menores”, robos, asaltos, allanamiento de morada, invasión de la propiedad ajena, son cometidos mayormente por consumidores ya perdidos por la droga, que buscan en el artículo ajeno, dinero para mantener una adicción. Pero de esas estadísticas no habló el secretario de Gobernación. Tampoco anunció un plan o por lo menos el compromiso del Gobierno de Peña de iniciar una urgente campaña contra el uso de las drogas, o la millonaria inversión que se requiere para la recuperación de los adictos en centros de salud y no en improvisados hervideros de criminales en que se convierten muchos de los centros de rehabilitación privados, fondeados con dinero público.
Para coronar su propuesta, la de descriminalizar a los consumidores, Osorio anuncia que el Gobierno le apostará a la captura de los narcotraficantes, y no a la de los narcomenudistas. Si con ello quiso decir que evadirán esa su responsabilidad de limpiar aceras, calles y esquinas de vendedores de droga al menudeo, o si lo que intentó señalar es que esa responsabilidad recaerá en los Estados de la República, en cualquiera de las dos premisas, el Secretario anda errado, desacatando la Ley que el Presidente y todo su gabinete prometieron hacer cumplir.
Hasta antes de 2009, sí, hasta antes de las reformas a la Ley General de Salud y a la Ley General de Seguridad Pública hechas por el gabinete de seguridad de Calderón, la responsabilidad de combatir los delitos contra la salud, incluido el narcomenudeo, estaba en el fuero federal. A partir de ese año y con fecha límite el año 2012 para su total aplicación, la facultad de prevenir, perseguir, y procesar el delito de narcomenudeo también recayó en los Estados de la República.
Obvio no hubo un incremento en el presupuesto para abrir unidades de combate al narcomenudeo, ni capacitas Policías Ministeriales ni agentes del Ministerio Público especializados en narcomenudeo, como tampoco se destinó dinero alguno para la apertura de juzgados para el narcomenudeo. Nada.
La responsabilidad federal de combatir el narcomenudeo viene escrita en el Artículo 474 de la Ley General de Salud:
“Las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas, conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad a que se refiere este capítulo, cuando los narcóticos objeto de los mismos estén previstos en la tabla, siempre y cuando la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla y no existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada.
“Las autoridades federales conocerán de los delitos en cualquiera de los casos siguientes:
“I. En los casos de delincuencia organizada.
“II. La cantidad del narcótico sea igual o mayor a la referida en el primer párrafo de este artículo.
“III. El narcótico no esté contemplado en la tabla.
“IV. Independientemente de la cantidad del narcótico el Ministerio Público de la Federación: a) Prevenga en el conocimiento del asunto, o b) Solicite al Ministerio Público del fuero común la remisión de la investigación.
“La autoridad federal conocerá de los casos previstos en las fracciones II y III anteriores, de conformidad con el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables. En los casos de la fracción IV de este artículo se aplicará este capítulo y demás disposiciones aplicables.
Para efecto de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción IV anterior, bastará con que el Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente…
“En la instrumentación y ejecución de los operativos policíacos que se realicen para cumplir con dichas obligaciones las autoridades se coordinarán en los términos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables. El Ministerio Público de la Federación podrá solicitar a las autoridades de seguridad pública de las entidades federativas, le remitan informes relativos a la investigación de los delitos a que se refiere este capítulo”.

Por tanto, dar preponderancia a la aprehensión de narcotraficantes, minimizando la persecución de narcomenudistas, constituiría un desacato a la Ley que prometió hacer cumplir el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Quien no termina de entender que los vendedores de droga al menudeo, son quienes sostienen la pirámide criminal del narcotráfico, y que, de hecho, muchos de los capos que “hoy persigue”, iniciaron como narcomenudistas, mientras otros que vendieron droga en las esquinas, llegaron a sicarios, a distribuidores al mayoreo, a financieros.
Descriminalizar el narcomenudeo equiparándolo al consumo de drogas, es tanto como entregarles las calles a los narcotraficantes. O tal vez en el gobierno de Peña ya les urge meter las manos abiertamente en otro “negocio”, caiga quien caiga.