Archivo | diciembre, 2014

#Anuario2014 | GUERRERO: CÓCTEL DE VIOLENCIA E IMPUNIDAD

31 Dic

Guerrero es el segundo estado con más rezago social de México: tiene el municipio más pobre del país, ocupa el primer lugar en secuestros y la tercera ciudad más violenta del mundo; carece de infraestructura carretera, muchos de sus habitantes viven en chozas; los desplazados por la pobreza y la seguridad se cuentan por miles y el caciquismo –dicen defensores de derechos humanos– se apoderó de la entidad desde hace décadas.

Iguala y los 43 desaparecidos de Ayotzinapa es sólo la punta del iceberg, afirman. Es el resultado del abandono gubernamental y la indiferencia de los políticos. Los nexos de ex Alcalde perredista José Luis Abarca Velázquez con el narcotráfico, son sólo un ejemplo de la relación entre los gobernantes y los criminales.

Guerrero no inicia siquiera su reconstrucción, y lejos de eso, parece salirse de las manos a las autoridades. Expertos en seguridad advierten de un colapso que sólo una estrategia contraria a lo que hasta hoy se ha seguido podría detener…

Cuando llegó la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, el día de la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) y el asesinato de otros seis, la entidad ya arrastraba una historia de despojo, pobreza y desigualdad escrita en décadas de cacicazgo y gobiernos corruptos.

Iguala, afirman los expertos en seguridad y los activistas sociales, fue la punta del iceberg y el hecho que colocó a la segunda entidad más pobre del país en el mapa internacional. Antes de la matanza de los estudiantes, hubo levantamientos armados de hombres y mujeres en distintos puntos del estado. Desde Costa Chica, hasta La Montaña, las policías comunitarias empezaron a luchar en contra del crimen organizado, en medio de la pobreza extrema que se agudizó por la devastación que dejó el huracán “Ingrid” y la tormenta “Manuel” a su paso.

Guerrero hoy, es un estado plagado de desplazados por el narcotráfico y la pobreza. Sólo en 2013 el huracán devastó a más de 100 comunidades de La Montaña, las cuales aún aún duermen a la intemperie o en albergues improvisados.

“Estamos hablando de una larga incubación de una situación adversa para la población pobre de Guerrero. De un poder caciquil que es el que define al poder en Guerrero. Gobernadores formados como militares que siempre usaron al Ejército como justificación para desmantelar a la guerrilla. De cientos de desaparecidos y desplazados. Todo eso está en la memoria del guerrerense como el gobierno cruento que lacera al que se opone al poder caciquil. Ese es el fondo de la vida sangrante de Guerrero”, dice Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Barrera Hernández explica que a pesar del paso de los años, el cacicazgo en la entidad se mantiene y sostiene a los políticos. Los pistoleros de ayer, hoy son policías con licencia para torturar y asesinar a los ciudadanos a sangre fría. Los caciques de antaño, hoy son gobernadores, presidentes municipales y diputados, que controlan desde la vida humana, hasta las siembras de amapola.

La Costa Chica, La Montaña, la zona norte, Tierra Caliente, lugares poseedores de recursos acuíferos y tierras para la explotación agrícola, son comunidades empobrecidas donde la población habita en casuchas, jacales de vara, palma o lodo.

“Es gente que sobrevive del campo, jornalera que no tiene tierra suficiente para hacerla producir y que emigra y se va por la pobreza y la falta de oportunidades a Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Jalisco. Estamos hablando de 10 mil familias que emigran para trabajar en el campo”, afirma Barrera Hernández.

Pero no sólo los activistas sostienen la versión de la pobreza. Las cifras oficiales no dejan lugar a dudas.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) colocó a Guerrero en el segundo estado con pobreza extrema del país, en uno de sus últimos estudios realizado entre 2010 y 2012.

De acuerdo con el Coneval en la entidad 31.7 personas de cada 100 viven en pobreza extrema. El Consejo estableció en 2012 que 26.8 por ciento de la población contaba con rezago educativo; 25.4 por ciento, permanecía sin acceso a servicios de salud; 78.5 por ciento, sin acceso a seguridad social; 59 por ciento, vivía sin servicios básicos y 39.4% con carencias en su alimentación.

La entidad también cuenta con el municipio más pobre de México: Cochoapa el Grande.

En el censo de 2010 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calificó al municipio como el más marginado y rezagado socialmente del país, pues 80.56 por ciento de las viviendas no tienen sanitario; 62.5 por ciento de la población de 15 años o más es analfabeta y 100 por ciento de la población no tiene acceso a la vivienda ni derechos de salud.

En cuanto a seguridad, de acuerdo con las cifras actualizadas hasta el 21 de diciembre por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Guerrero se colocó como la segunda entidad más violenta del país, después del Estado de México (Edomex) durante 2014.

Edomex contabilizó de enero a noviembre de 2014, 2 mil 051 asesinatos, lo que lo colocó como la entidad más violenta por número de homicidios registrados; mientras que Guerrero es el más violento, si se considera la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, que en dicha entidad es de 39.30 por ciento en el mismo periodo.

El informe consideró los delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas, o carpetas de investigación, reportadas por la Procuradurías General de Justicia (PGR) y las Fiscalías de las 32 entidades federativas.

Antes, el 17 de diciembre, la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, informó que Acapulco ocupaba el primer lugar en secuestros con 135 casos en los que iba del año.

Acapulco, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, ocupa también el tercer lugar entre las 50 ciudades más violentas del mundo, con tasas de 134 y 113 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Para Abel Barrera la marginación social de Guerrero fue el caldo de cultivo para el desarrollo de los grupos criminales durante los últimos años.

“Los cultivos ilícitos empezaron a tener una carta de naturalización en la región. Se empezó a promover la siembra de los cultivos de mariguana y amapola en la sierra, en la costa, en Tierra Caliente. Creció la economía criminal y fue destruyendo al tejido comunitario. Esto hizo robustecer al poder caciquil que con el Ejército tuvo la seguridad de que controlaba totalmente a las instituciones”, dice.

El activista, que cuenta con una amplia experiencia en la atención de problemas sociales de Guerrero, afirma que los recursos destinados a salud, educación e infraestructura se fueron a los “bolsillos de los políticos”.

Ellos, los gobernantes de todos los niveles, poseen concesiones de taxis y otros negocios. Los programas asistenciales, indica, son hasta la fecha utilizados para cautivar el voto de la población pobre de la entidad.

“Guerrero ha sido un estado que ha luchado por el poder a través de la movilización social, por la vía del proceso electoral o vía armada, por todos estos medios se ha tratado de acabar con los cacicazgos, pero ha sido una lucha sorda. No se ha podido”, dice.

LOS DESPLAZADOS DEL HAMBRE Y LA VIOLENCIA
Leopoldo Soberanis Hernández, director de la Alianza de Derechos Humanos de Guerrero Unido, coincide con Abel Barrera y habla de los desplazados por el hambre y por el crimen organizado.

Soberanis denunció en febrero que entre la madrugada del viernes 21 y el sábado 22 de ese mes, los habitantes de Linda Vista, municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, sobrevivieron a una emboscada de 200 hombres que dejó como saldo ocho pobladores muertos, dos heridos y dos criminales asesinados. El gobierno de Ángel Aguirre desmintió la versión del activista inmediatamente.

Pero el 7 de noviembre pasado, el curso de la violencia le dio la razón a Soberanis, pues los habitantes de ese poblado dieron a conocer a través de redes sociales que tomaron las armas en protesta por las condiciones de inseguridad con las que, dicen, se enfrentan día a día, y exigieron al gobierno garantías para que no ocurra un caso similar al de Iguala.

“Nuestro pueblo es uno de los más marginados y olvidados por el gobierno […] estamos en una etapa de diálogo, pero ahora con una postura diferente, porque nos vamos a defender como pueblo. No es un reto a ninguna organización, pero sí es un llamado también al gobierno, porque si es el encargado de la seguridad, que se vea, porque no queremos que sigan ocurriendo casos como los ocurridos en Iguala […] Queremos paz en los pueblos de la sierra, porque la sierra también es Guerrero, también es México”, dijo uno de los pobladores en uno de los videos difundidos a través de las redes sociales.

A través de la cuenta de Facebook “Unión por la paz social Linda Vista” expusieron los motivos de las personas para levantarse en armas.

Además se compartieron imágenes y videos donde sus integrantes denunciaban la inseguridad a la que se enfrentan en la sierra: “Todos juntos vamos a defender a nuestras familias, hemos sido atropellados y ya no queremos que siga pasando lo mismo […] No pretendemos con este movimiento pelear con nadie, pero sí vamos a resguardar y cuidar a nuestro pueblo […] vamos a dar respeto, pero pedimos que nos respeten”, dijo otro poblador acompañado de niños y familias en un video que circuló por YouTube.

Soberanis indica que el crimen organizado despojó a los habitantes de Linda Vista de sus tierras, secuestró familias enteras y desde hace ocho meses se llevó a varias mujeres de la comunidad, que no pudieron ser rescatadas.

El poblado se ubica a seis horas de camino de tercería de Tecpan de Galeana, ubicado a 100 kilómetros de distancia de Acapulco. La crisis de inseguridad que viven sus habitantes es terrible, afirma, pues desde hace ocho meses varias mujeres permanecen secuestradas por los criminales.

Linda Vista está cercado, los caminos son vigilados por miembros del crimen organizado y por ello, los habitantes no pueden sembrar maíz ni frijol, dice Soberanis.

El defensor de los derechos humanos asegura que son cientos los desplazados por la violencia, que viven en albergues que no se dan a basto.

Sólo en Tecpan hay familias enteras que salieron de pueblos como Linda Vista. Dejaron todo: casas, cultivos y familiares.

“Esta situación se agudizó durante los últimos cinco años, con la guerra contra el narco de Felipe Calderón [Hinojosa]. Es un grave problema de omisión de las autoridades. En Tierra Caliente hay pueblos enteros que son fantasmas, porque la población huyó para salvar la vida”, narra.

Para Leopoldo Soberanis la única forma de rescatar a guerrero de un estallido social por la falta de oportunidades, la violencia y el hambre, es que el gobierno invierta en infraestructura carretera, proyectos productivos, escuelas. Que los olvidados empiecen a contar, dice.

“Estamos a tiempo de instrumentar las políticas adecuadas. Lo más importante es desactivar a los grupos del crimen organizado”, indica.

ESTRATEGIA FALLIDA Y ESTALLIDO SOCIAL
Abel Barrera Hernández detalla que el gobierno federal y estatal debe tomar en cuenta al “nuevo actor político” que surgió a raíz de los hechos de Iguala.

A esos ciudadanos empoderados que están tomando las calles y exigiendo cuentas a las autoridades, dice.

“Estos conflictos se han acumulado y han encontrado un momento propicio para expresar la inconformidad por una clase política indolente. Sigue la violencia a la alza en la región norte; en la zona centro no se ha podido controlar, porque sabemos los problemas que tienen las corporaciones policías. Los poderes municipales están muy debilitados trabajando de manera facciosa para su propio futuro político. Una clase política que se ha olvidado de su objetivo principal de proteger a la gente. Vemos el hartazgo de una población que ha sido empobrecida, engañada, manipulada”, explica.

Se trata de un malestar, agrega, que busca un cambio como la toma de alcaldías que la policía comunitaria de Guerrero emprendió desde hace unas semanas.

Hace unos días el vocero de las familias de los normalistas desaparecidos informó que si el gobierno no entrega avances sobre los desaparecidos para el 6 de enero, la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG), tomará 21 alcaldías en distintas regiones de Guerrero.

Adelantó que en Tecoanapa, Guerrero, el Presidente Municipal Manuel Quiñónez Cortés fue desconocido y que la agencia del Ministerio Público, el Juzgado de la Paz, las supervisiones escolares y el Sistema DIF, están cerrados.

“En Costa Chica todos los municipios están tomados, queremos la desaparición de poderes. Nada más nos falta la instalación de las asambleas, porque el poder tiene que ser del pueblo”, dijo.

José Félix indicó que si los normalistas no regresan con vida, será un llamado al pueblo para hacer una revolución.

“Si por alguna razón de estos 15 días críticos, no regresan a nuestros hijos y ya no los volvemos a ver, no importa, queremos que queden en la memoria, y que sirvieron como tributo para el pueblo, para una revolución inteligente. No estamos llamando a las armas, sino con inteligencia, que la población se organice y que haga sus asambleas, tomar el plan de acción de los papás de los normalistas de Ayotzinapa”, dijo.

A principios de diciembre Manuel Vázquez Quintero, abogado de la organización de la UPOEG, confirmó a SinEmbargo que la policía comunitaria se preparaba para tomar e instalar consejos civiles y agrarios en los 44 municipios donde tiene presencia la organización.

Estos consejos se sustentan en la Constitución y tienen como objetivo regresarle al pueblo el poder perdido ante las autoridades municipales, coludidas en su mayoría con el crimen organizado, explicó.

“Estamos trabajando con el magisterio en los municipios donde tenemos presencia, para restituir a la población ese poder comunitario consagrado en el artículo 115 de la Constitución y en la Ley de Participación Ciudadana. Estamos trabajando en consejos consultivos, es un proceso legal porque desconocer un ayuntamiento no es fácil, lleva su tiempo, pero sí se puede lograr”, dijo.

Quintero Vázquez detalló que la policía comunitaria tenía avances en municipios como Tecoanapa y Ayutla, Guerrero, donde estaban por instalarse el Consejo de Autoridades Civiles y Agrarias, que en un principio trabajarán a la par de los ayuntamientos.

“Lo que nosotros queremos es que se retomen los derechos agrarios, la soberanía del pueblo.Pero hay un procedimiento, la asamblea de los pueblos está trabajando en el sustento legal”, dijo.

Para Erubiel Tirado, miembro del Seminario de Investigación y Educación en Estudios de Defensa y Seguridad y especialista en Relaciones Civiles Militares de la Universidad Iberoamericana (UIA), las medidas que tomó el gobierno federal para resolver el caso Ayotzinapa no fueron las correctas.

“Hay un escenario de síntomas de ingobernabilidad. No estoy seguro que se pueda generalizar a todo el estado, pero hay un escenario en varias zonas de la entidad, obviamente también respecto de algunas cuestiones estratégicas con la situación de Iguala. Si no se les ha salido del todo de las manos, hay síntomas de ello en varios aspectos”, explica.

El especialista indica que el escenario de Guerrero es complejo: crimen organizado, presencia de guerrilla, expresiones civiles como las policías comunitarias, fuerzas armadas de la Marina y el Ejército, así como gobiernos antidemocráticos, autoritarios y represivos.

Un collage que da como resultado un “cultivo explosivo”: “hay que añadir una condición estructural de atraso grave, que no ayuda a que las acciones del gobierno sean fructíferas”, dice.

Tirado añade que el gobierno federal parece “no saber qué hacer o no querer actuar”.

El experto lamentó las declaraciones del Secretario de la Marina, Armada de México, Vidal Soberón Sanz, quien aseguró que los padres de los normalistas eran manipulados políticamente.

“Me llama la atención y me enoja más que manipulen a los padres de familia”, declaró.

Soberón Sanz añadió: “me enoja todavía más que manipulen a los padres de familia, que manipulen a esta gente, porque eso es lo que están haciendo para no reconocer o para seguir incrementando esto. Más coraje me da que esta gente que está manipulando a los padres de familia no les interesan ni los padres ni estos muchachos”.

Erubiel Tirado indica que es una mala señal que un militar opine como lo hizo el Secretario de la Marina.

“Los militares en este país están para obedecer, no para dictar línea. Tengan o no razón, me da miedo que hablen. Nos estamos regresando al siglo XlX. Si el llamado viene de las fuerzas armadas con el consentimiento del Presidente, es preocupante. Las autoridades se refugian en la teoría de la conspiración para justificar medidas drásticas. Si la autoridades tienen pruebas de que hay una estrategia subversiva, se tiene que hacer público, que no nos traten como menores de edad”, dice.

Tirado califica como “nervios autoritarios” el actuar de las autoridades mexicanas en el caso de Ayotzinapa y asegura, que con acciones de intimidación no se resolverá nada.

“Se tiene que atender la demanda, independientemente de quién está asesorando a los padres de los muchachos desaparecidos. En el Senado de la República hasta se fueron de vacaciones y no atendieron la petición de los padres”, dice.

El criminólogo Pablo Monzalvo Pérez añade que en la redirección de una estrategia para el caso Ayotzinapa, se requiere un cambio en las autoridades que están al mando. Pero también, señala, hace falta atender la extrema pobreza de la entidad.

“Se requiere gente capacitada, que tenga valores y se tiene que atender el problema del rezago social, porque se abandonó la atención a la producción. La gente prefiere cultivar mariguana que maíz. La nación tiene que ser productiva y no vivir lo que está viviendo ahora”, finaliza.

La pobreza, el abandono al campo, uno de los ingredientes de ese “cultivo explosivo” que explica Tirado y que no se puede deslindar del problema de inseguridad que vive Guerrero.

#Anuario2014 | 12 grupos y activistas en peligro y bajo acoso en México

31 Dic

Para los defensores y activistas por los derechos humanos en México este año fue de persistentes agresiones y persecuciones en su contra, así como de enfrentarse a un intensificado e indebido uso del sistema de justicia para criminalizarlos, así lo señalan organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, y organizaciones nacionales como las agrupadas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), en sus informes más recientes.

Los señalamientos de las agresiones y peligros que enfrentan quienes trabajan defendiendo la tierra, el territorio, los recursos naturales, a mujeres, a migrantes o a la comunidad de la diversidad sexual no son nuevos, pero organismos como Amnistía Internacional advierten que las condiciones en que los defensores trabajan no sólo no han mejorado, sino que en algunos casos se han deteriorado.

En muchos países de América Latina, México incluido, el derecho a la defensa de los derechos humanos “es una actividad peligrosa que a muchos defensores y defensoras les ha costado su propia vida, integridad o libertad, o la de algunos de sus familiares o integrantes de sus comunidades u organizaciones”, señala Amnistía en el documento “Defender Derechos Humanos: Necesario, legítimo y Peligroso”.

Ante este panorama, al hablar de los luchadores sociales que cobraron relevancia durante 2014 es inevitable encontrar en todos los casos el común denominador de las agresiones que sufrieron. Éstas van desde las descalificaciones a su trabajo, el inicio o reactivación de procesos penales, hasta el asesinato.

1. Vidulfo Rosales Sierra
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan es un reconocido defensor de los derechos humanos en el estado de Guerrero. Actualmente colabora en la defensa y acompañamiento de los padres de los 42 estudiantes normalistas desaparecidos forzadamente en Iguala y cuyo paradero sigue sin conocerse.

En mayo de 2012, Rosales Sierra tuvo que salir del país por dos meses tras recibir amenazas de muerte por su trabajo y “porque el Estado no le garantizó medidas de seguridad para proteger su vida”, como señaló el Secretario Ejecutivo de la Red TDT, Fernando Ríos Martínez, el pasado 11 de diciembre.

Tres días antes, el 8 de diciembre, Reporte Índigo publicó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) tenía fichado al abogado, a quien consideraba “radical” y lo vinculaba con “grupos subversivos” en Guerrero, como el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Policía Comunitaria).

La información difundida también hacía referencia a Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Por las causas que abanderan, decía la nota, el Cisen considera a ambos “peligrosos para la gobernabilidad”.

Organizaciones de derechos humanos reprobaron lo que consideraron un intento por desacreditar el trabajo de ambos defensores. Además, consideraron que al definirlos como “peligrosos para la gobernabilidad” el Cisen los ponía en riesgo, debido a que “desacredita y criminaliza su trabajo”.

A la difusión sobre el fichaje de Rosales Sierra se sumó la declaración del Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sánz, de que hay grupos que “manipulan” a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para “alcanzar sus objetivos”.

Una semana después, la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) instó al Estado mexicano a “abstenerse” de acciones que interfirieran con el trabajo de quienes defienden los derechos humanos de las personas desparecidas, ”tales como injerencias arbitrarias, descalificaciones públicas o cualquier otro tipo de acción indebida”.

Asimismo, la Red TDT, conformada por 74 organizaciones en 20 estados de la República, exigió al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que garantizara la seguridad de los defensores de derechos humanos.

“Vidulfo Rosales y Abel Barrera son reconocidos defensores de derechos humanos y su trabajo ha sido fundamental en el estado de Guerrero, ya que acompañan a diferentes víctimas que han sufrido violaciones de derechos humanos.

Es sumamente preocupante que se trate de desacreditar y criminalizar su trabajo de defensa en este contexto de profundo riesgo debido al acompañamiento a las familias de los 43 estudiantes normalistas víctimas de desaparición forzada de Ayotzinapa”.

2. Mario Luna Romero y 3. Fernando Jiménez
El 11 de septiembre fue detenido el vocero de la tribu Yaqui, Mario Luna Romero. Seis días después, un juzgado de Hermosillo le dictó auto de formal prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad en prejuicio de Francisco Delgado Romo y robo de vehículo.

Desde hace más de un año se había girado la orden de aprehensión contra Luna y otros integrantes de la tribu Yaqui, lo que fue considerado como una forma de presionarlos para que desistieran de su lucha contra el Acueducto Independencia, promovido por el gobierno de Sonora, que reduce el abastacimiento del líquido para la región donde se encuentra la tribu Yaqui.

Previo a su detención, Luna se había exiliado una temporada en el Distrito Federal, debido a la persecución y amenazas en su contra. Sin embargo, decidió regresar a Sonora para acompañar a su tribu en la lucha por el cierre del Acueducto. Fue aprehendido días después de su retorno.

Unos días después, el 23 de septiembre fue detenido otro integrante de la tribu Yaqui, Fernando Jiménez, acusado de los mismos delitos.

El pasado 21 de diciembre, la Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui, conformada por unas 200 organizaciones civiles, y miembros de la etnia exigieron la libertad inmediata de Luna Romero y Jiménez.

La Misión acusó que los dirigentes Yaquis ”fueron sometidos a procesos penales sin pruebas sólidas, violando su derecho al debido proceso y a su libertad e integridad personal”.

Por su parte, los senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Javier Corral Jurado, Adolfo Romero Lainas, Fidel de Medicis, Dolores Padierna Luna, Angélica de la Peña y Layda Sansores San Román enviaron una carta al Juez Tercero de Primera Instancia de Materia Penal en Hermosillo, Sonora, para solicitarle la revisión jurídica de los Yaquis presos.

4. Lucía Bettina Cruz Vázquez
La cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), quien ha defendido los derechos de los pueblos indígenas en Oaxaca relacionados con la instalación de parques eólicos en la zona istmeña, enfrenta un proceso judicial desde 2011, acusada de privación ilegal de la libertad y delitos contra el “consumo y riqueza nacional”.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) la acusó de supuestamente haber participado en una manifestación frente a las oficinas de la paraestatal, el 13 de abril de 2011, en la que llamó a los ciudadanos a no pagar los recibos de luz.

El 22 de febrero de 2012, el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal, radicado en Oaxaca, le dictó un auto de formal prisión. Sin embargo, salió libre bajo fianza, pero continúa su proceso en libertad.

Desde entonces, su defensa ha demostrado que ella no se encontraba en el lugar de los hechos donde ocurrió el delito que se le imputa, y que no se estableció en qué consistió el atentado al consumo y la riqueza nacionales, entre otras inconsistencias.

Su caso es considerado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como emblemático de la criminalización de los defensores de derechos humanos. Además, ha sufrido amenazas y agresiones en represalia por su trabajo, por lo que desde 2012 cuenta con medidas cautelares del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Este año, su historia tomó relevancia nuevamente debido a que en agosto el juez que lleva su caso estaba por dictar sentencia, lo que significaba la posibilidad de que fuera absuelta o, por el contrario, condenada hasta a 10 años de prisión.

5. Alejandro Solalinde Guerra
17 de noviembre, el sacerdote y defensor de los derechos de las personas migrantes denunció haber recibido amenazas de muerte en su correo electrónico y ataques a través de las redes sociales. Además, en los días previos circuló una nota falsa sobre su supuesta muerte.

El clérigo, quien previamente ha sido amenazado por su trabajo como defensor de los derechos humanos, acusó al gobierno de estar detrás de los ataques en su contra y responsabilizó al Presidente Enrique Peña Nieto de cualquier atentado contra su vida.

Solalinde Guerra dijo que las amenazas habían comenzado a llegarle a partir de que empezó a hacer declaraciones sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Y es que el 17 de octubre, el fundador del albergue para migrantes Hermanos en el Camino declaró en una entrevista con la agencia Novosti y el diario austriaco Der Standard que, según información que había recibido de testigos de la agresión, los 43 normalistas desaparecidos estaban muertos, que algunos de ellos habían sido quemados vivos, y que por tanto no había esperanza de encontrarlos con vida.

En los días posteriores, Solalinde reiteró esa versión ante distintos medios de comunicación, e incluso el 21 de octubre acudió a comparecer a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), aunque no fue recibido. Finalmente, dos días después rindió su declaración ante el Procurador Jesús Murillo Karam; posteriormente declaró a la prensa que la información aportada coincidía prácticamente en todo con la que tenía la Procuraduría General de la República, a excepción de un testigo.

El 26 de octubre, al cumplirse un mes de la desaparición de los 43 estudiantes, un grupo de familiares de los jóvenes le impidieron a Solalinde Guerra realizar una misa en la normal de Ayotzinapa. Los familiares lo increparon por las declaraciones hechas sobre el posible paradero de los normalistas y, tras mantener una reunión de unas dos horas, el sacerdote se marchó de la escuela y dijo a los medios que ya no haría declaraciones sobre el caso.

“Soy respetuoso, yo voy a estar en suspenso hasta que me pidan ayuda”, dijo. Una semana más tarde, el sacerdote pidió disculpas y externó su solidaridad a los familiares de los 43 estudiantes, mediante un comunicado.

6. Activistas de Cholula, Puebla
El abogado Adán Xicale Huitle y su hijo Paul Xicale Coyopotl, así como los hermanos Primo Manuel Tlachi Valencia y Albino Tlachi Valencia fueron encarcelados por oponerse a la construcción del complejo turístico “Parque de las Siete Culturas” en la zona arqueológica de San Andrés Cholula, Puebla.

Los cuatro integrantes del movimiento “Ciudadanos Unidos por una Cholula Viva y Digna” fueron detenidos la madrugada del 7 de octubre, cuando policías municipales y estatales realizaron un operativo conjunto para recuperar la alcaldía de San Andrés Cholula, que estaba tomada en protesta contra el proyecto del parque temático.

A los cuatro se les acusó de despojo, motín, daño en propiedad ajena, bloqueo a las vías de comunicación y faltas al orden constitucional.

La hija de Xicale Huitle, Norma Xicale Coyopotl denunció una semana después que incluso los abogados de los detenidos estaban siendo hostigados e incluso amenazados de muerte. Además, a otro de los hijos de Xicale Huitle lo intentaron detener sin una orden de aprehensión.

El 21 de octubre, a los cuatro detenidos se les dictó auto de formal prisión.

Xicale Huitle se desempeñaba como abogado de los habitantes de San Pedro y San Andrés Cholula que se oponen a la construcción del parque temático, proyectada sobre el basamento de la zona arqueológica de la Pirámide de Cholula.

Para materializar el proyecto, las autoridades de ambos municipios expropiaron predios ubicados alrededor de la zona arqueológica, no obstante que se encuentran en una zona federal protegida.

Desde agosto, los habitantes de esos municipios que se oponen a la construcción del parque comenzaron a realizar asambleas informativas, manifestaciones, y finalmente la toma del palacio municipal de San Andrés Cholula, que motivó la detención de los cuatro activistas.

7. Marco Antonio Suástegui Muñoz
El vocero y dirigente histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras de la presa La Parota (Cecop) fue detenido de forma violenta y sin orden de aprehensión por policías municipales , el 17 de junio en Acapulco, Guerrero.

El mismo día de su detención, Suástegui Muñoz fue trasladado de cárcel dos veces: del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Las Cruces, en Acapulco, fue llevado al Cereso de La Unión de Isidoro Montes de Oca, ubicado en la Costa Chica guerrerense; de ahí, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 4 Noroeste, en Tepic, Nayarit, a más de 700 kilómetros de Acapulco, donde ocurrió la detención.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, encargado de su defensa legal, acusó que Suástegui Muñoz presuntamente fue torturado durante el traslado a Nayarit. Suástegui Muñoz fue acusado en un primer momento de tentativa de homicidio; sin embargo, el 27 de junio se reclasificó el delito y se le dictó auto de formal prisión por lesiones agravadas.

El 2 de julio, se le dictó un segundo auto de formal prisión, esta vez por robo calificado. Un día antes, a Suástegui Muñoz le fueron notificadas dos causas penales más, por lesiones simples y por despojo; además, existe otra averiguación previa en su contra por ataques a las vías de comunicación, sabotaje y motín.

Las imputaciones al líder de la Cecop se basan en que el 4 de abril integrantes del Cecop (entre ellos Suástegui Muñoz), quienes se encontraban en una reunión en la comunidad de La Concepción, Acapulco, tuvieron un enfrentamiento con tres gravilleros.

El Cecop y Tlachinollan consideran que la detención de Suástegui Muñoz es un acto para criminalizar la lucha social de quienes se han opuesto, desde hace 11 años, a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico La Parota en el cauce del Río Papagayo, a 30 kilómetros de Acapulco. La presa inundaría más de 14 mil hectáreas, desplazaría a alrededor de 25 mil personas y 70 mil más serían afectadas por la desviación del río.

8. Opositores al Proyecto Integral Morelos
Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, opositores a la construcción del gasoducto Morelos, comprendido en el Proyecto Integral Morelos CCC Centro y Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos, fueron detenidos los días 6, 7 y 8 de abril pasado, respectivamente.

Rosas Vélez, quien era presidenta del comisariado ejidal del poblado de San Felipe Xonacayucan, en Atlixco, Puebla, fue detenida el 6 de abril por policías estatales, acusada de presuntamente obstruir la construcción de obra pública y robar dos teléfonos celulares. La mujer, de entonces 60 años, representa a un grupo de ejidatarios que se han negado a vender sus terrenos para la construcción del gasoducto Morelos.

Fue recluida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlixco.

Un día después de la detención de Rosas Vélez, fue aprehendido Juan Carlos Flores Solís, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos, organización que también ha luchado contra la realización del gasoducto, junto con las comunidades nahuas que serían las principales afectadas de dicho proyecto. Flores Solís fue detenido dos años después de que se abrió una causa judicial en su contra, por hechos ocurridos el 3 de abril de 2012, durante una protesta en la ciudad de Puebla. Flores Solís fue acusado de motín, despojo, extorsión y delitos contra la infraestructura hidráulica y recluido en el Cereso de San Pedro Cholula.

El día posterior a la detención de Flores Solís, fue apresado Abraham Cordero Calderón, dirigente del Frente Campesino del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada, y opositor a la construcción del libramiento Arco Poniente y también del gasoducto Morelos.

El 2 de octubre, Rosas Vélez salió de prisión para continuar bajo arraigo domiciliario. Cordero Calderón salió libre tras pagar una caución de 57 mil 700 pesos.

A pesar de que Flores Solís ganó dos amparos contra los delitos que le se imputaban, como declaró a la prensa su abogado, Antonio Lara, el activista permanece en prisión.

9. José Manuel Mireles Valverde
El otrora vocero de los grupos de autodefensa de Michoacán fue detenido el 27 de junio, acusado de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, así como posesión de marihuana y cocaína. Dos días después de su detención, el médico fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social 11, un penal de máxima seguridad ubicado en Hermosillo, Sonora.

El 6 de julio le fue dictado el auto de formal prisión.

En febrero de 2013 Mireles Valverde dio a conocer el movimiento de las autodefensas de Michoacán como reacción a las extorsiones, secuestros y asesinatos perpetuados por el crimen organizado en esa entidad.

El médico ganó notoriedad por el tono crítico de sus señalamientos sobre las omisiones y responsabilidades del gobierno en torno al surgimiento de las autodefensas.

El 7 de mayo, el Consejo General de Autodefensas lo destituyó como su vocero e integrante, al considerar que con sus acciones empañaba el movimiento de autodefensas. Para entonces, el gobierno federal y los líderes de las autodefensas de 20 municipios habían pactado la incorporación de las autodefensas a guardias rurales, así como el registro de sus armas. Mireles insistía que primero tendría que haber garantías de un cambio real en Michoacán para llamar a un desarme de las autodefensas, y continuó reivindicándose como autodefensa ciudadano.

Casi dos meses después fue detenido en una fonda en la tenencia de La Ruana, en el municipio de Buenavista, Michoacán, junto con otras 82 personas.

Aunque entonces aseguró que no negociaría con el gobierne federal su liberación, el pasado 20 de noviembre sus abogados Talía Vázquez y Salvador Molina informaron que renunciaban a su defensa, debido a que el médico había aceptado un pacto político con la Secretaría de Gobernación para obtener su libertad. El pacto no incluía la liberación de los más de 370 autodefensas presos en distintos penales.

10. Octavio Atilano Román Tirado
El líder del movimiento de desplazados de la presa Picachos, en Sinaloa, fue asesinado de un balazo en la cara por dos hombres armados el 11 de octubre, cuando se encontraba en plena transmisión de un programa de radio. Los agresores ingresaron hasta la cabina de radio de la estación radiofónica Fiesta Mexicana, donde se encontraba transmitiendo un programa.

Desde 2009 Román Tirado luchaba en defensa de los derechos de cientos de familias que se quedaron sin casa al inundarse el embalse de la presa Picachos.

El dirigente campesino y pesquero encabezó varias protestas contra los gobierno estatal y municipal y desde 2013 había acusado a funcionarios del gobierno sinaloense, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Comisión Nacional de Pesca y Acucultura (Conapesca), de estar involucrados en la autorización de permisos de pesca a personas ajenas a la organización que representaba.

Los afectados insistían en que les dieran las salidas necesarias para que l89 pescadores pudieran tener trabajo y protestaban porque se les estaba autorizando a personas ajenas a su organización.

En 2012 fue acusado de obstruir las vías de comunicación debido a que encabezó una marcha por la carretera de cuota Mazatlán-Durango. Ese día fueron detenidos más de 130 personas, pero sólo consignaron a 30. Todos fueron liberados bajo caución, excepto cuatro de los detenidos, entre ellos Román Tirado, quienes permanecieron recluidos 19 días.

En 2013, Román Tirado volvió a ser detenido junto con 28 personas, acusados de tratar de manifestarse en las fiestas de carnaval. Todos salieron en libertad bajo fianza.

11. Adrián Rodríguez y 12. Wilson Castro
El 23 de noviembre fueron asesinados los dos defensores de los derechos humanos de los migrantes, en el municipio de Tequixquiac, Estado de México. Rodríguez brindaba ayuda humanitaria a los transmigrantes en el zona de Tequixquiac y Huehuetoca desde hace más de seis años; Castro, su pareja, era un migrante de origen hondureño que había obtenido una visa humanitaria en México apenas 20 días antes, al haber sido testigo en una denuncia contra el crimen organizado que opera en la zona donde fue asesinado.

El doble asesinato es el primer caso en que las amenazas de muerte y el hostigamiento de grupos delincuenciales que controlan la ruta migratoria de centroamericanos en tránsito llegan al extremo de matar a los defensores de migrantes, como señaló el Colectivo Ustedes Somos Nosotros.

El crimen ocurrió cuando la pareja regresaba de dar de comer a migrantes en la zona del basurero de Tequixquiac, cuando fueron atacados por desconocidos a balazos. En febrero pasado ambos habían presenciado cuando un grupo de pandilleros intentó asaltar a migrantes en la área del basurero. Los defensores de migrantes sometieron a los agresores y los presentaron ante las autoridades.

A raíz de este hecho fue que el hondureño consiguió la visa humanitaria, pero también los convirtió en blanco de hostigamientos y amenazas.

De acuerdo con el Colectivo Ustedes Somos Nosotros, “el actuar de las bandas criminales en el corredor migratorio Lechería- Huehuetoca – Tequixquiac-Apazco – Bojay han sido denunciadas de manera constante desde hace varios años por diversos organismos de derechos humanos ante instancias municipales, estatales y federales sin que se haya realizado una estrategia real y efectiva por parte del Estado mexicano para lograr detener la ola de abusos, delitos y violaciones a derechos humanos de las que son objeto las personas migrantes y; el grave riesgo que corren defensores, defensoras, voluntarias, voluntarios y personas de la sociedad civil que brindan ayuda humanitaria en la zona”.

De 750 programas federales de 2015, 570 no aclaran en qué gastarán

31 Dic

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De 750 programas presupuestarios que contempla el gobierno federal para el próximo año, únicamente 173 cuentan con reglas de operación. El resto (577) no especifican en qué gastan el presupuesto asignado ni cuáles son sus objetivos a lograr, de acuerdo con el estudio “Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2015″, publicado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

En este caso, las secretarías a las que pertenece el programa es la responsable de definir las reglas de operación en conjunto con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER).

De acuerdo con el estudio del CIEP, el 60 por ciento del PEF se concentra en 21 programas, que tienen un presupuesto mayor al 1 por ciento del total del gasto aprobado o propuesto para cada año, dejando a los más de 700 restantes con menos de 1 por ciento cada uno. Por ejemplo, las políticas públicas focalizadas (excepto el Seguro Popular y PROSPERA) tienen presupuestos de menos del 1 por ciento. del gasto público total.

En el 2014, de 760 programas presupuestarios, 180 programas se presentan en el PEF con reglas de operación. Estos programas acumulan 606 millones 948.6 de pesos lo que equivale a 13.7 por ciento del PEF del año.

De estos programas, 110 pertenecen al área de desarrollo social, representando 8.4 por ciento del PEF, 61 pertenecen a desarrollo económico, los cuales representaron el 3.3 por ciento del PEF 2014, mientras que tan sólo 9 programas pertenecen a gobierno federal, directamente, con 1.9 por ciento del PEF.

Por su parte, en el 2015, de 750 programas son sólo 173 los que aparecen clasificados en el PEF con reglas de operación establecidas. De la totalidad, 103 pertenecen a Desarrollo Social con 7.6 por ciento del PEF 2015. Se mantienen 61 de Desarrollo económico, sin embargo, representa el 3.2 por ciento del Presupuesto. También se mantienen los 9 programas pertenecientes al rubro de Gobierno y representan 1.4 por ciento del Presupuesto de Egresos del 2015.

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El primer programa con reglas de operación que sobresale con un monto importante es el Seguro Popular con 1.6 por ciento del PEF, lo que equivale a 72 millones 330.1 pesos para 2014, y 74 millones 789.2 pesos para 2015, es decir 1.59 por ciento del presupuesto de egresos.

En el caso de Oportunidades, fue destinado 1.62 por ciento del PEF, en 2014 es decir 72 millones 652.8 pesos, con PROSPERA, sobresale en 2015 con 1.58 por ciento del presupuesto, que equivale a 74 millones 161.6 de pesos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) menciona en el “Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal” que los recursos asignados a las partidas del concepto de gasto 4300 “Subsidios y subvenciones” deberán ubicarse en programas presupuestarios de las modalidades “Sujetos a Reglas de Operación” u “Otros Subsidios”, salvo en los casos que la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) determine procedentes. La procedencia de los casos de excepción se determinará a través del flujo de autorización prevista para estos efectos en el Módulo de Programación del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) 2014.

En este sentido, el único concepto de gasto de PEF que está obligado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a tener reglas de operación son “Subsidios y subvenciones” y “Otros subsidios”. Por su parte, el resto de los programas no están obligados a tener reglas de operación.

Debido a esto, el CIEP señaló la importancia de trabajar en el diseño de un marco normativo que implemente las reglas de operación en más programas presupuestarios, además de aclarar los contenidos mínimos con los que debe contar cada programa.

OTROS ORDENAMIENTOS

De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP), las reglas de operación son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar un programa, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia. Sin embargo, no son los únicos lineamientos bajos los cuales se rige un programa.

Existen otros tipos de ordenamiento mediante los cuales se definen dichas reglas. Las regulaciones de la Administración Pública Federal se formalizan a través de disposiciones jurídicas como los decretos, reglamentos, acuerdos presidenciales, acuerdos secretariales, lineamientos, resoluciones, normas oficiales mexicanas, circulares, avisos, entre otros.

Antes de emitir estas regulaciones en el Diario Oficial de la Federación, las dependencias y organismos descentralizados envían la propuesta de regulación a la COFEMER para llevar a cabo el proceso de mejora regulatoria.

Los investigadores del CIEP señalaron que cualquier programa podría tener reglas de operación, si la secretaría a la que pertenece se lo exigiera.

En la Administración Pública Federal, las dependencias, órganos desconcentrados y organismos descentralizados tienen facultades para emitir regulaciones en sus respectivas materias. Dadas sus propias atribuciones, las dependencias que emiten más regulación son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación (SEP), la Secretaría de Energía (SENER), la Secretaría de Salud (SSA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Adormilada y pendejeando (4 ideas sobre 2014)

31 Dic

1.- Abro el folleto. Dice, con letras verde y rojo (como la Bandera o como el PRI): “¿Sabes cómo te benefician las reformas?”

En la segunda de forros, el logo del Gobierno federal y el “Mover a México” con sus pelotitas; luego una presentación de las 11 reformas y después una descripción de cada una de ellas. La primera es la Reforma Energética y el primer texto empieza con un verbo y una promesa: “Bajará la luz gracias a que…”, etcétera.

Me aburro. He trabajado durante horas y decido, porque tengo tiempo, subrayar los verbos. Me aburro otra vez. Demasiados verbos y todos el futuro: “Sabrás exactamente cuánto dinero”, “Atraerá inversión”, “Respirarás aire más puro”. Y siguen: “Vivirás en un medio ambiente menos contaminado”, “Se destinará”, “Bajará el precio del gas”…

No pagarás, no se perderás, recibirás, tendrás, podrás, será…

Pienso en los anuncios que bombardean por radio tele día y noche: “Compromiso cumplido, compromiso cumplido, compromiso cumplido”. Y mientras me quedo dormido (obviamente siento que el folleto es una broma de mal gusto), pienso: ¿Qué pasó con el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto? ¿Cómo fue que se hundió en apenas dos años?

Nos tardaremos décadas en estudiar el fenómeno, en saber cómo fue que falló el aparato que gobernó, sin oposición y sin preguntas, el Estado de México o Hidalgo. Analizar la derrota adelantada del gobierno de Peña Nieto será materia para largo tiempo.

Mientras, hay errores evidentes que no requieren de análisis sesudo. Y uno clarísimo es que Los Pinos tiene problemas para comunicar (entre las promesas en futuro y los “compromisos cumplidos” en presente). Hay algo de mala suerte (la caída del petróleo), también. Pero también hay, y lo sabemos casi todos (hasta en el primer círculo de gobierno), errores estructurales.

El primero es la ambición desmedida y sin control. El desaseo de esa ambición. El mexicano promedio supo de las mansiones de Angélica Rivera y Luis Videgaray por el arrojo de equipos periodísticos –cada vez más escasos en la prensa nacional–, pero no creo que alguien dude, a estas alturas, que se queda allí; que Grupo Higa no haya comprado a más altos funcionarios federales y a varias administraciones estatales. No creo que, dados los ejemplos anteriores, alguien dude –por lo menos esa es la percepción– que este gobierno está hundido en corrupción.

El segundo error es ignorar la realidad; creer que con sólo darle la espalda (y moverle a las cifras) se podían esconder la violencia, la ausencia de Estado de Derecho o el vínculo entre políticos, policías y criminales.

El tercero es pensar que es posible, como en el Estado de México e Hidalgo, orientar a la masa. Darle mucho Televisa y mucho OEM, por ejemplo, y con eso tenerla adormilada y pendejeando.

Y estos tres estructurales o básicos caminan sobre un pecado capital: la soberbia.

En los tres (la corrupción y Grupo Higa; maquillar la violencia y apostar la imagen a los grupos amigos) hay una alta dosis de soberbia, y también de ingenuidad.

Se ganó la Presidencia con triquiñuelas como Monex, cierto; pero se confió demasiado en que era posible gobernar igual (con trucos) a una sociedad a la que, en su cabeza, está simplemente adormilada y pendejeando.

2.- La frase fue un arranque de sinceridad. Jesús Murillo Karam dijo que estaba cansado por razones físicas (“48 horas sin dormir”, explicaría más tarde) pero su “ya me cansé” provocó una movilización en redes sociales pocas veces vista en un país: semanas de trendig topic en Twitter; memes y, sobre todo, artículos en la prensa donde las tres palabras fueron usadas, dado el contexto, como ejemplo doble: un ya me cansé de gobiernos ineptos (en voz de los mexicanos) y un ya me cansé inaceptable cuando se trata de impartición de la justicia en una Nación sometida por la impunidad.

El Gobierno federal, que parece muy poco hábil podrá entender el ruido de las mariposas al aletear.

Otra manera de verlo: el 11 de mayo de 2012, un puñado de estudiantes le armó una protesta en la Ibero al candidato del PRI a la Presidencia. La ineficiente operación de los asesores de Enrique Peña Nieto convirtió este evento en una tormenta de grandes proporciones. No importó que la OEM hiciera el ridículo en todos sus periódicos (“Éxito de Peña en la Ibero pese a intento orquestado de boicot”), un ridículo que hizo historia. No importó que otros medios difundieran apenas la noticia. El daño se extendió y puso en riesgo el triunfo del hasta entonces casi ganador.

Antes como ahora, demasiada soberbia.

Queda claro que hay dificultad para entender que México no es el Estado de México o Hidalgo.

Hay dificultad para entender el ruido de las mariposas al aletear.

3.- Es evidente que el Presidente y el Gobierno federal perdieron la confianza de un amplio sector de la sociedad mexicana, quizás el más informado. Las encuestas lo reflejan, también las redes sociales y así se escucha entre la clase política y empresarial.

La pérdida de la confianza se ha ganado a pulso. Hay mucha ineficiencia y es el caso del manejo de la economía y de la violencia; ésta última explotó en dos casos emblemáticos: Ayotzinapa y Tlatlaya.

La inseguridad y la caída de la economía han sembrado la desconfianza tanto como la corrupción. Claramente las explicaciones sobre Grupo Higa y las mansiones de Angélica Rivera y Luis Videgaray no dejaron a nadie satisfecho, mientras que el PRI en el Congreso escatima la creación de un verdadero cuerpo de transparencia y rendición de cuentas, con dientes, que dé certezas a la sociedad. El PRI irá por una comisión-fachada y eso irá en contra del mismísimo Presidente, a quien más le urge ganar confianza.

Porque un gobierno sin confianza, y un Presidente con tan baja popularidad, arroja como resultado algo más: vacío de poder.

No digo que México esté al garete. Digo que muchas actividades lo están; y es más notoria esta pérdida de poder real del gobierno de Enrique Peña Nieto en los gobernadores.

Esa base concisa de gobernadores, que ganó (por las buenas o las malas) las elecciones presidenciales y permitió el regreso del PRI, no parece ya monolítica como en 2011 o parte de 2012.

El Presidente ya no es el mismo frente a sus gobernadores, parece. Ninguno ha salido a dar la cara por él en lo peor de la tormenta.

Entonces, quizás, no sólo es la sociedad la que le ha perdido la confianza.

4.- El gobierno federal tiene que dejar respirar; no soy nadie para dar consejos, pero creo que debe abrir canales de diálogo con la sociedad civil y con la prensa crítica y romper la inercia del “carro completo” en todo.

Porque, además, ya no hay “carro completo” en todo. Evidentemente eso se acabó.

El gobierno federal debe pensar que los medios críticos no son un enemigo a vencer. Está en el espíritu del periodista ser crítico y cuestionar; de hecho, eso debería ser la constante. Nadie está hecho para transcribir boletines y, aún aquellos que se ven obligados a escribirlos y publicarlos, sí sean de portada, se sienten humillados; lo he visto una y otra vez en las redacciones durante años y años.

No todos los periodistas y no todas las empresas de medios están a la venta, debe entenderse y, por encima de todo, sobrellevarse. ¿Por qué no abrirse y democratizar la relación con unos (los críticos) y con los otros (los cercanos) y no pensar en cómo enfrentar a los que piensan distinto?

El gobierno puede aprender (y ayudará mucho que una nueva generación de asesores lo suba al primer nivel) del efecto mariposa: los gritos de un puñado en el Ibero, un 11 de mayo de 2012, casi les quitan la Presidencia; o el “ya me cansé”. Dos ejemplos sobrados.

En ese contexto, al gobierno federal le urge entender pequeños detalles, como por ejemplo que la OEM –por citar a algún medio cercano– podrá ser medianamente importante en algunos estados, como Edomex o Hidalgo, pero no pinta a nivel nacional en internet, y no digo una locura: Sopitas.com tiene más hits que todos los periódicos de Mario Vázquez Raña juntos, y allí está alexa.com para verificarlo; es gratis y de libre acceso. Digo, será muy su compa pero, ¿para qué otra entrevista a Mario Vázquez Raña? ¿Para que la lea un puñado de viejitos? ¿Pues quién les maneja comunicación social? ¿Fidel Velázquez? (Dicho siempre con debido respeto para Fidel Velázquez y para los otros).

SinEmbargo ha solicitado una entrevista con el Presidente desde hace dos años, ¿por qué el gobierno no se abre a la posibilidad de que, en un ejercicio democrático, Peña Nieto tenga un encuentro con periodistas libres, sin preguntas a modo, como sucedería en un país democrático? Simple razonamiento: ¿Para qué le predican a los conversos? Los que ven Televisa y los que leen la OEM ya son suyos. ¿Por qué no comunicar a otros?

El gobierno debe huirle a una cerrazón que claramente no funcionó. Debe razonar el costo de mantener el puño apretado frente a las ganancias de abrirlo y ventilar. Debe dialogar más, y no sólo al interior.

Es claro que una buena parte de la sociedad no está adormilada y pendejeando: ¿por qué no abandonar la idea del “carro completo” de Edomex e Hidalgo?

Por Alejandro Páez Varela

Ficrea, el fraude de la CNBV

30 Dic

Esta es la historia de un fraude. La historia de una traición anunciada, solapada y protegida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Durante ocho años, el señor defraudador Rafael Antonio Olvera Amezcua, construyó un imperio financiero para robar millones de pesos, con el permiso de Jaime González Aguade, presidente actual de la CNVB.

El chiringuito se llama Ficrea, una sociedad financiera popular (Sofipe) con la cual triangularon los recursos de sus clientes (2 mil 700 millones de pesos) a un entramado de empresas perfectamente diseñado entre las cuales se encuentran Leadman Trade, Monka Comercial y Baus & Jackman.

El robo de cuello blanco se gestó ante la atenta mirada de las autoridades de la CNBV que no solo toleraron y estimularon la medida fraudulenta, sino que recomendó a esta Sofipo como una de las mejores, calificándola en un quinto lugar y pasándola a un segundo por su “alta calidad” en sus operaciones.

A Jaime González Aguade le gustaba tanto el negocito de Fricrea, que hasta la CNBV anunció que muy pronto se convertiría en una próspera y emprendedora institución bancaria.

Por su puesto, estos dos señores junto a su cómplice Olvera Amezcua se frotaban las manos cuando vieron crecer su cartera de ahorradores hasta los 6 mil 300 pobres incautos, de quienes, se burlan ahora de manera cínica.

Los ladrones de cuello blanco en México puede robar todo lo que quieran, porque son amigos de los funcionarios y autoridades. Se pueden llenar los bolsillos a manos llenas durante años, al fin y al cabo, allí esta el gobierno para responder como en el caso Fobaproa. Para responder pagando con dinero de los mexicanos, claro.

Y aquí también hay un fondito de protección de 25 mil Udis, equivalente a 130 mil pesos. Con eso, las autoridades responsables del expolio de los ahorradores de Fricrea, quieren contentar a sus clientes. Si ellos desean obtener más, es decir, los ahorros de su vida que depositaron en esa entidad fraudulenta, tendrán que esperar la liquidación de activos financieros. Y es mejor que esperen sentados, porque es algo que quizá no llegue jamás.

Y es que según la tardía o más bien, la investigación de la CNBV apenas hecha pública, dice que Ficrea recibió de marzo a la fecha de la intervención más de 3 mil millones de pesos.

Si la CNBV sabía lo que venía, ¿por qué no alertó a los ahorradores? ¿Por qué no lanzó un aviso? ¿Por qué no cumplió con su función? Su falta de acción, su omisión, la convierte en cómplice del delito. El fraude no solamente fue cometido por Fricrea, también es un fraude de la CNBV porque violó el artículo 120 de la Ley de Ahorros, el cual determina claramente que su obligación es la de vigilar, auditar, checar, verificar y controlar en todos los sentidos a las llamadas Sofipos, algunas de las cuales no deberían de existir.

La CNBV también es culpable de no cumplir su palabra. Se había comprometido a no liquidar a Ficrea, algo altamente negativo para los ahorradores con el faltante de 2 mil 700 millones de pesos. Pero a esta dependencia no le interesa salvaguardar los intereses de los ahorradores, sino los suyos propios y los de sus amigos pillos de cuello blanco, por eso determinó la rápida liquidación, violando la ley del ahorro.

Ahora lo que sigue es la oscuridad y falta de transparencia. La base de los activos y el numero de ahorradores no coincide. Primero dijeron 6 mil 300 ahorradores, luego 7 mil 300 y ahora señalan que liquidarían a 6 mil 800 clientes.

La gran pregunta es: ¿Cómo se esfumaron esos 2 mil 700 millones frente a los ojos del presidente de la CNBV?

La respuesta la conoce hace tiempo la CNBV, pero ahora nos dice que de acuerdo a su investigación, esa cantidad fue transferida por Amezcua para pagar la nómina de 781 empleados de diferentes empresas y para comprar inmuebles, como un edificio en Londres, Inglaterra.

En total, el señor empresario se compró con dinero de los ahorradores 52 inmuebles más, 104 automóviles (de marcas como BMW, General Motors y Porsche) y se dio la gran vida en eventos de box, teatro y de la Serie Nascar.

Detrás de este fraude consentido por las autoridades, cuyos cómplices se han evidenciado, están decenas de personas, muchas de la tercera edad, que confiaron en la CNBV y depositaron los ahorros de su vida, el dinero de 30 o 40 años de trabajo. Algunos para costearse una operación, otros para pagar la universidad de sus hijos. En fin, personas de a pie, cuyo patrimonio queda volando.

A todo esto, ¿Y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef)? La institución dirigida por el camaleónico Mario Di Costanzo, es igualmente omisa y cómplice en este atraco vergonzoso. Este funcionario peñista está deseoso de liquidar Ficrea, porque cree que así se termina el fraude consentido.

Y una legítima duda: ¿La Procuraduría General de la República cuando actuará? Resulta extraño que ante la evidencia aplastante de este robo a mano armada no actúe. No hay detenidos, no han girado órdenes de aprehensión, tampoco información detallada del desfalco y las transferencias, los cómplices, los actos de corrupción que implican a funcionarios. Porque es evidente que este fraude consentido no fue hecho solo por Olvera Amezcua.

¿Por qué la PGR no actúa?… Tal vez, está esperando que los culpables huyan.

Por Sanjuana Martínez

Videgaray y “red de amigos” dieron a Higa contratos sin licitar en Edomex, revela Reforma

30 Dic

Una red de “amigos” compuesta por ex funcionarios del Estado de México, entre los que destacan Luis Videgaray Caso, actual Secretario de Hacienda federal, y Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda, sirvió para adjudicar contratos sin licitación a empresas de Juan Armando Hinojosa y a la familia política del ex Presidente Carlos Salinas, publica este día el diario Reforma.

A través del Fideicomiso C3, creado en la consultora financiera Protego, que dirigieron Videgaray y Aportela, se construyeron dos penales en Tenango del Valle y Tenancingo con un valor que ascendió a mil 247 millones de pesos.

Videgaray fue director de Finanzas Públicas en Protego de 1998 a 2005, año en que dejó el cargo para asumir la Secretaría de Finanzas en el Gobierno de Enrique Peña en el Estado de México. Aportela, en tanto, asumió en 2005 el cargo.

En tanto, el Fideicomiso C3 fue constituido en octubre de 2009 en Protego, cuya División Fiduciaria había iniciado operaciones un mes antes.

El diario Reforma publica este día que los contratos para las empresas de Hinojosa y de la familia Gerard, relacionada con el ex Presidente Salinas, fueron adjudicados por los integrantes del comité técnico del propio fideicomiso y el financiamiento, aportado por Banco Interacciones, propiedad de Carlos Hank Rohn, mediante dos créditos a 20 años por 600 millones de pesos cada uno, según las actas respectivas.

Concretos y Obra Civil del Pacífico (COCP), controlada por Hinojosa, según múltiples publicaciones recientes, obtuvo el contrato por un monto original de 425 millones de pesos con IVA para la cárcel de Tenango del Valle, luego de que fue la única sugerida por el subcomité de Obra del Fideicomiso en sesión del 10 de noviembre de 2009.

En tanto, la nueva cárcel en Tenancingo fue adjudicada a GIA+A, la empresa de los Gerard, luego que la seleccionó el comité técnico del Fideicomiso. En ambos casos, el argumento fue que las empresas reunían experiencia, capacidad técnica y solvencia, refiere el diario capitlino.

En octubre pasado, el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, anunció que las cárceles quedaron listas y que costaron 606 millones de pesos, la de Tenango, y 641 millones la de Tenancingo.

Legisladores del PVEM violaron ley al promoverse en spots: TEPJF; serán sancionados

30 Dic

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la sobreexposición de los informes de labores de los legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) vulneró el principio de equidad establecido en el artículo 134 Constitucional.

La semana pasada, se dio a conocer en la audiencia celebrada el Instituto Nacional Electoral (INE) con motivo de la queja presentada por diversos partidos contra el Partido Verde y sus legisladores que tres diputados federales y tres senadores del PVEM contrataron anuncios publicitarios con Televisa y Televisión Azteca por 50.9 millones de pesos, según se estimó.

Esto representó un gasto de 12.7 millones, en promedio, por cada legislador para promocionar sus informes de labores los que formaron parte de la campaña El Verde sí cumple.

De acuerdo con el acta de audiencia, la Diputada Ana Lilia Garza gastó en la difusión de su informe legislaetivo en contratos con Televisa y Tv Azteca 12 millones 246 mil 461 más televisión restringida por 754 mil pesos y un total de 13 millones 461 pesos. Estas cantidades a las mismas televisoras reportó la Senadora María Elena Barrera Tapia.

En tanto, el Diputado Enrique Aubry de Castro reconoció por escrito haber hecho dos contratos con televisoras por seis millones 500 mil pesos y 5 millones 746 mil 461 pesos más un gasto de 458 mil 200 pesos en televisión restringida, para dar un total de 12 millones 704 mil 661 pesos. El senador Carlos Alberto Puente reconoció un gasto de 12 millones 246 mil 461 pesos.

A su vez, el Senador Pablo Escudero reconoció contratos con las televisoras abierta y restringida para la difusión de su informe legislativo pero no se anotan los montos contratados, que fueron pagados por el Senado; al igual el diputado Rubén Acosta informó del contrato con las televisoras pero no ofreció montos de lo adquirido.

Aunque los legisladores aseguraron que los recursos para pagar los anuncios salieron de sus fracciones legislativas y de sus bolsillos, las direcciones jurídicas del Senado y de la Cámara de Diputados informaron que no han destinado ninguna partida de gastos relacionada con algún informe de los legisladores del PVEM.

Este día, por medio de un comunicado de prensa, el Tribunal Electoral indicó que con la difusión de los promocionales denunciados, al realizarse de manera reiterada, permanente y continua, se posicionó al PVEM de frente al proceso electoral federal en curso.

Los legisladores a los que se acreditó las conductas irregulares son los diputados Enrique Aubry de Castro, Ana Lilia Garza Cadena y Rubén Acosta Montoya, así como los senadores Carlos Alberto Puente Salas, María Elena Barrera Tapia y Pablo Escudero Morales.

Por ello el Pleno aprobó por unanimidad el proyecto de sentencia presentado por la ponencia de la Magistrada Gabriela Villafuerte Coello, en el que se determinó sancionar con amonestación pública al PVEM.

En relación a los legisladores, se determinó dar vista a las contralorías de las cámaras de diputados y senadores, en virtud de que así lo indica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para efectos de la sanción correspondiente.