Archive | septiembre, 2015

Gobierno que mata a sus jóvenes y estudiantes, no es Gobierno

28 Sep

Gobierno que mata y desaparece a sus jóvenes, el Gobierno que mata y desaparece estudiantes no merece ser llamado como tal y está destinado no sólo al fracaso, sino a la incredulidad y al repudio de los ciudadanos que, en teoría, lo llevaron al poder.
Eso decíamos hace un año desde aquí, desde esta Casa de Citas, sobre el ataque que el 27 y el 27 de septiembre padecieron los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.

Y como hace 365 días de aquella noche y madrugada infames creemos que un país y una sociedad que permite se mate a sus jóvenes con saña y sin que la justicia se ocupe de los culpables, es el peor, el que no tendrá un futuro digno y el que, de seguir así, se habrá de atener a las consecuencias.

La sociedad, otra vez unida en torno a la lucha de los padres, de los hermanos, de las familias, de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, a fuerza de los errores y la soberbia del Gobierno en este caso, debe recordar hoy a los 43 ausentes, pero también a los miles de desaparecidos por toda la República, a las decenas de miles asesinados, a los miles de secuestrados y extorsionados, a los miles de asaltados, a los miles de defraudados por funcionarios inútiles y corruptos.

Los gobernantes en México, decíamos hace un año, suelen ser dictadores y reyezuelos, indignos socialmente e incapaces intelectualmente para conducir las riendas de una Nación.

Somos hoy un país en el que de la noche a la mañana desaparecen 43 jóvenes y las autoridades son incapaces de encontrar una pista, porque se cubren las espaldas; donde elementos del Ejército pueden ejecutar a 22 jóvenes en Tlatlaya, Estado de México, supuestos delincuentes, sólo porque pueden, porque se sienten impunes; donde un comando puede secuestrar a 13 adolescentes, como los del bar Heaven, en la Ciudad de México, sin que ni siquiera las cámaras de seguridad puedan captar el hecho, porque así conviene, porque lo primero es tapar las implicaciones políticas y luego averiguar y aplicar la justicia,

El país que somos hoy, a un año de la tragedia de Iguala, es uno que ante la falta de justicia y de capacidad de sus gobernantes para dialogar y encontrar salidas civilizadas a cualquier crisis, opta por la barbarie y el retroceso de la civilización que simbolizan esas fosas llenas con restos humanos.

La clase de país que somos es uno en el que cuando aún no se termina de dar una explicación congruente sobre el fusilamiento de 22 jóvenes, en Tlatlaya, por parte de elementos del Estado, surge la desaparición de los 43 estudiantes normalistas como si fuera cualquier cosa, como si no pasara nada.

En todos estos casos ha existido el compromiso de distintas autoridades, ya sea municipales, estatales o federales de llegar hasta el fondo del asunto y castigar a los responsables.

Han caído algunos “presuntos culpables”, pero estos tres ejemplos nos hacen pensar que, tal vez, en la clase de país que somos, donde es más fácil matar y desaparecer a sus jóvenes que darles herramientas y abrirles camino para tener un destino próspero y saludable.

Hace un año, como si fuera hoy, planteamos desde este espacio que si, como repiten como pericos los políticos, el futuro del país está en sus niños y sus jóvenes, entonces México no lo tiene. No en este momento. No a un año de la desaparición de los 43. No cuando a diario se mata a jóvenes y estudiantes por todo el país.

Y la respuesta, de nuevo, la tiene una sociedad que debe encontrar pronto mecanismos para unirse, para solidarizarse, para protestar pacíficamente, para obligar a los políticos y a los poderes fácticos en este país a responder por sus abusos y omisiones.

Hoy, como hace un año, el panorama sigue siendo desolador. No se ha avanzado ni en la protección de los derechos humanos de los mexicanos, menos aún en materia económica y menos todavía en el fortalecimiento de las instituciones de justicia.

El recuerdo de los 43 debe ser también el de todos los desaparecidos en este país sembrado de cadáveres, producto de la violencia que generan la impunidad y la corrupción de quienes, por turnos, abusan cada trienio y cada sexenio de las instituciones del Estado mexicano.

El turno, dijimos hace un año y decimos hoy, es de la sociedad civil como la única opción para recomponer las cosas y exigir castigo ejemplar a estos excesos: sea para un Alcalde que se siente cacique, para un Gobernador irresponsable e incapaz, para un Procurador cansado y fastidiado, para un Secretario de Estado que minimiza la violencia, para un Presidente que se evade de todos los problemas, para militares y policías mal preparados que ejercen la violencia nomás porque pueden, o cualquier otro funcionario, del nivel que sea, que sienta que un poco de poder le da derecho a atentar contra la riqueza más grande de este país o cualquier otro: sus jóvenes, sus estudiantes.

El cuarenta y cuatro

27 Sep

Con todo respeto, a los otros 43, donde se encuentren*

Morirse no es como lo pintan. Me gustaría decirles que vi un rayo de luz o que escuché la música de los arcángeles, pero la negrura sólo dejaba ver reflejos de luna sobre las pistolas de los pinches matones y los fogonazos intermitentes cuando apretaban los gatillos. Y de oír, nada. El corazón me tronaba más fuerte que los gritos de mis compas o quizá sería el balazo que me rompió el oído un rato antes cuando tumbaron a José porque no quiso bajarse del camión. El caso es que yo ya nomás oía para adentro. Aunque adentro tampoco había mucha música: traía ya las tripas revueltas y me sacudían arcadas como las que le dan al perro del conserje de la escuela.

Pensé que andaba con suerte. Esa misma mañana Matilde me había mandado a decir que sí. O casi; es hija de los riquillos del pueblo, los Fonseca de la ferretería, y para su papá soy punto menos que el diablo. Ni siquiera me conoce, pero prefiere como yerno a cualquier pelagatos que a un normalista que nunca saldrá de pobre como yo, trabajando de maestro de escuela pública. Pero la Matilde es de buena ley, quedamos de vernos el sábado atrás del camposanto para platicarnos. Si agarro el camión de las siete, para el mediodía estoy llegando a Tarinco. Llevaré el anillo que le compré en Taxco y una cobija. Con suerte dice que sí a todo.

Así que cuando me fueron dejando de lado mientras bajaban a los otros pensé que era mi día de suerte. Tenía meses sobando las palabras que le iba a decir y estaba seguro que la vida no me iba a dejar en la puritita orilla. Seguro que el destino me estaba dejando al último porque algo iba a pasar: igual me puedo morir la semana siguiente, pero no antes de besar a Matilde, tocar sus piernas, bajarle el sol y las estrellas. Algo tendrá que impedir lo que está pasando. Llegarán los soldados y se armará la balacera o un capo de los narcos aparecerá para gritar a todo pulmón, “qué pendejada están haciendo, cabrones”. Yo mismo escuché la frase dos veces en la cabeza y la musité en voz baja.

Pero los cabrones nunca la oyeron. Uno de ellos, el que parecía el jefe me vio y me dijo “No te hagas güey, güerito” y movió la cabeza para que bajara. Soy más prieto que el zapote pero desde niño me dicen el Gringo por el ojo verde. Cómo será de fuerte mi querencia por Matilde que todavía en ese momento estaba convencido de que yo andaba con suerte. El tono con el que me cuchilió para que saliera del camión era cariñoso; un hombre alto con chamarra de borrego. A otros los habían movido a punta de insultos y tubazos. “Este no me va a matar”, pensé. Y no me equivoqué, pero fue lo único a lo que le atiné esa noche.

Detrás del enchamarrado apareció un tipo con las mangas arremangadas y la cara pringada de gotas rojas como si hubiera estado comiendo sandías. En cuanto apoyé el pie en la tierra el culero me dio un golpe en la pierna con una barra de metal. Escuché el crujido de la rodilla y a pesar del aullido de dolor me consolé pensando que había sido la izquierda y no la derecha; es temida por todos los porteros en el torneo de fut de la escuela.

Quedé tirado y encogido metido en la burbuja de un dolor animal; era de color amarillo. Luego volví a escuchar la voz del hombre alto: “ya, dale de una vez”. Y de nuevo pensé que sonaba cariñoso. Luego oí un plomazo y el amarillo se hizo negro. No, la muerte no es como la pintan.

*Texto originalmente publicado en El País, reproducido con su autorización con motivo del aniversario de esta inadmisible infamia.

Si yo fuera Peña Nieto

21 Sep

¿Se ha preguntado usted qué haría si fuera Peña Nieto? Yo sí y con harta frecuencia: motivos hay. Lo primero que haría sería peinarme distinto, aunque reconozco que la cosa podría ser aún peor si pienso en Donald Trump. Sin embargo, entiendo que eso no es lo importante.
La mayoría de los mexicanos señala que su principal preocupación está relacionada con su situación económica, con la inseguridad o con la corrupción. Así que comenzaría por esta última. Estoy convencido de que la corrupción tiene que ver mucho con los dos primeros fenómenos: la impunidad está en la base de la fractura de nuestro sistema policíaco y de justicia que explica la fuerza del crimen organizado; y los abusos económicos, los monopolios y la incapacidad de generar una economía competitiva también obedecen en gran medida a la corrupción en todas sus modalidades.
Así que si fuera Peña Nieto comenzaría por atacar la corrupción, aunque eso le costara la chamba a mi cuate Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, oficina responsable de asegurar la honestidad de la administración pública. Sustituiría todo ese aparato por una Comisión Internacional Contra la Corrupción, como hicieron en Guatemala. Allá le entregaron parte del control a la ONU, le dieron dientes y facultades judiciales a los resultados de las investigaciones de la comisión y allí tienen: el presidente Otto Pérez tuvo que hacerse a un lado para responder a las acusación de fraude y abuso de funciones.

Imagínense en México una Comisión Plenipotenciaria integrada por organismos internacionales y algunos notables: el juez Baltazar Garzón, el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, nuestro ministro en la Corte Interamericana Emilio Álvarez Icaza, algún premio nobel, e incluso un par de miembros de la oposición como Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Clouthier. Con un elenco como ese nadie pondría en duda que sus resoluciones y propuestas no estarían al servicio de mi gobierno. Es más, para hacerlo más atractivo al gran público (se trata de que la comisión goce de gran legitimidad entre las masas), incorporaría a personajes como el director de cine Alejandro González Iñárritu o la escritora Elena Poniatowska o al actor Héctor Suárez, conocidos por su independencia crítica (y por qué no, a Carmen Aristegui, si me perdona).

Esta Junta designaría a los directores operativos y plantearía la agenda de trabajo. Como en Guatemala, el Congreso aseguraría un presupuesto abultado para que la comisión tuviera oficinas y personal altamente profesionalizado. Fiscales e investigadores, muchos de ellos extranjeros. Las resoluciones tendrían valor probatorio en los tribunales. Este organismo definiría proyectos de ley para asegurar la rendición de cuentas, la transparencia y la supervisión de los dineros y los asuntos públicos; se aseguraría de que la aplicación de esas leyes fuera estricta y rigurosa.

¿Qué pasaría si existiera una comisión como esa? Seguramente me daría muchos dolores de cabeza (permítame seguir siendo Peña Nieto un momento más); perdería medio gabinete y una docena de gobernadores terminaría tras las rejas. Con toda probabilidad mi propio partido se me echaría encima. Pero estoy seguro que después de esos sustos, las cosas comenzarían a marchar mejor. Los políticos somos corruptos pero no somos imbéciles (bueno, no todos). Tan pronto como se riegue la noción de que la impunidad ha terminado, todos se la pensarán dos veces para enriquecerse con cargo al erario o la obra pública.

Desde luego entrañaría riesgos, pero haría historia: el primer presidente que atacó la corrupción a fondo. El mundo entero reconocería la voluntad política de su servidor, la valentía, la honestidad. Habría de nuevo titulares de la prensa extranjera como “El salvador de México”, “El hombre que cambió el ADN de un pueblo”. Claro, si yo fuera Peña Nieto y pusiera en marcha este brillante plan, sólo tendría un problema: cómo hacerlo sin terminar yo en la cárcel.

PS: Espero que estas notas no sean plagiadas y distorsionadas por algún asesor presidencial. En tal caso, no les extrañe oír el anuncio de la creación de una Comisión Plenipotenciaria en contra de la Corrupción, formada por El Piojo Herrera, El Niño Verde, Carlos Salinas, Humberto Moreira, Carmen Salinas, José Luis Soberanes, el Cardenal Juan Sandoval Íguiñez, y los comentaristas de televisión que usted está pensando.
Por Jorge Zepeda

VAN 57,410 HOMICIDIOS DOLOSOS EN LOS 32 MESES DE EPN; EDOMEX ES PUNTERO

5 Sep

  
El discurso del “México en paz” y la ausencia de una estrategia pública e integral de combate al narcotráfico y el crimen organizado en la administración de Enrique Peña Nieto han redundado en un incremento de asesinatos producto de la violencia y la inseguridad en el país.
Hasta alcanzar, en los primeros 32 meses del regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos, la cifra de 57 mil 410 homicidios dolosos. Si comparamos este número con los primeros 32 meses del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, o con los tres últimos años del gobierno panista, la cifra de Peña supera el pasado inseguro.
El Secretariado Ejecutivo reportó 33 mil 347 averiguaciones previas por homicidio doloso entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de julio de 2009, es decir, en los primeros 32 meses del calderonato; mientras tanto, la misma institución registró 47 mil 988 averiguaciones previas y víctimas por homicidio doloso del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2015, también en los primeros 32 meses del actual sexenio.
Al llegar ambos mandatarios a su Tercer Informe de Gobierno, oficialmente Peña superó a Calderón con 14 mil 641 asesinatos intencionales.
Asimismo, mientras en el sexenio de Felipe Calderón, Zeta documentó 83 mil 191 ejecuciones, Enrique Peña Nieto llegó a 57 mil 410 solo en 32 meses; es decir, de mantenerse el promedio de mil 794 asesinatos mensuales, el mandato peñista registrará alrededor de 130 mil asesinatos intencionales.
Pero si comparamos los primeros tres años de administración de Peña, con los últimos tres de Calderón, considerando que la inseguridad arreció al final del sexenio pasado, la actual administración priista tampoco sale bien parada.
De 2010 a octubre de 2012, el último trienio de Felipe Calderón Hinojosa, se contabilizaron 61 mil 775 asesinatos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. Durante los 32 meses de Peña, de 2012 a julio de 2015, los muertos han caído por cientos hasta llegar a 57 mil 410; si se considera el promedio de mil 800 homicidios dolosos por mes, para octubre de 2015, la cifra en el gobierno de Peña habrá alcanzado la cifra de 62 mil 810 ejecutados, y para diciembre se situaría en 66 mil, sobrepasando en cualquiera de los dos escenarios, lo acontecido en el último trienio de su antecesor.
La diferencia en la política de combate a la inseguridad entre uno y otro gobierno es sustancial. Mientras la seguridad fue el eje del sexenio de Calderón, las reformas lo han sido de Peña. Ni una ni otra funcionaron.
EPN SUPERA A CALDERÓN
Comparando las estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 32 meses de gobierno, al llegar el Tercer Informe de Gobierno de ambas administraciones, el sexenio de Enrique Peña Nieto supera a la gestión de Felipe Calderón:
El Secretariado Ejecutivo reportó 33 mil 347 averiguaciones previas por homicidio doloso entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de julio de 2009, es decir, en los primeros 32 meses del calderonato; mientras tanto, la misma institución registró 47 mil 988 averiguaciones previas y víctimas por homicidio doloso del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2015, también en los primeros 32 meses del sexenio.
En otras palabras, al llegar ambos mandatarios a su Tercer Informe de Gobierno, oficialmente EPN superó a Calderón con 14 mil 641 asesinatos intencionales.

Asimismo, mientras en el sexenio de Felipe Calderón, ZETA documentó 83 mil 191 ejecuciones, Enrique Peña Nieto llegó a 57 mil 410 solo en 32 meses, es decir, de mantenerse el promedio de mil 794 asesinatos mensuales, la gestión peñista registrará alrededor de 130 mil asesinatos intencionales.
Los ejecutados de Peña se resumen así:
• 2012: 2 mil 325 (Únicamente el mes de diciembre, dado que tomó posesión el día 1 de ese mes).

• 2013: 23 mil 928.

• 2014: 20 mil 276.

• 2015: 10 mil 881 (Hasta julio de 2015).
En total, 57 mil 410. Considerando el promedio de ejecuciones por mes en la República (mil 800), al finalizar 2015, la cifra de homicidios dolosos alcanzará la de 2014.
En los números se refleja que la estrategia de la aprehensión de las cabezas criminales no disminuye la inseguridad y la violencia en el país.
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera fue recapturado en febrero de 2014, año en que las ejecuciones, aun por debajo de 2013, registraron una cifra alta: 20 mil 276. Ante la fuga de Guzmán, en julio de 2015, el año concluirá en números similares, en tratándose de las ejecuciones.
La retirada de las Fuerzas Armadas en retenes, puntos de revisión y patrullaje en carreteras federales y ciudades de México, tampoco incidió en una disminución en el número de asesinatos. Lo que ha variado en el sexenio peñista, es la movilidad de la violencia. Si en la pasada administración, la sangrienta guerra de cárteles y delincuentes organizados estaba en el norte del país, en la actual, la inseguridad se mudó al centro y al sureste. Salieron de los primeros cinco sitios de Estados con mayor violencia, Sinaloa y Baja California, y entraron Jalisco y Michoacán.
La suma de 57 mil 410 ejecutados en los primeros 32 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto es producto de una investigación de datos de ZETA, basados en registros del Secretariado Nacional, el INEGI, procuradurías estatales, institutos forenses, asociaciones civiles y estadísticas municipales de medios de comunicación y otras autoridades.
Se consideran como homicidios dolosos, las ejecuciones, los asesinatos producto de enfrentamientos armados, los homicidios-agresiones, los asesinatos intencionales producto de reyertas por narcomenudeo, cuerpos amorfos o irreconocibles localizados en narcofosas, que fueron incinerados, desmembrados, desollados o colgados.

  
LOS 5 PEORES ESTADOS Y LOS 5 MENOS MALOS
La cuna del peñismo, el Estado de México, es la entidad donde más asesinatos se han registrado en 32 meses de gobierno de Enrique Peña. Ocupa el lugar número uno de la lista en la investigación de Zeta, con 7 mil 771 homicidios dolosos. De continuar al promedio, logrará los más de 16 mil ejecutados que durante el sexenio pasado ubicaron a Chihuahua en ese deshonroso lugar.
La impunidad en México, principal factor que permite a los sicarios de los cárteles de la droga y de las organizaciones criminales continuar con las matanzas, ubica a los siguientes Estados como los más violentos:
En segunda posición, Guerrero con 5 mil 242 homicidios dolosos; Chihuahua en el tercer escalón con 4 mil 742 ejecuciones; Jalisco en cuarto lugar con 3 mil 492 muertos; y Michoacán con 3 mil 304.
En contraparte, los Estados de la República Mexicana que registran menos asesinatos intencionales, son:
• Aguascalientes, 123 homicidios dolosos en 32 meses.

• Yucatán, 133.

• Campeche, 195.

• Tlaxcala, 223.

• Baja California Sur, 247.
EL PENDIENTE DE SEGURIDAD
Ni en uno ni en dos años, tampoco en dos años y ocho meses de gestión, el gobierno de Peña Nieto ha podido bajar la incidencia delictiva relacionada con los homicidios dolosos, tal como lo pregonó durante su campaña y en primeros meses de administración.
Al inicio de su sexenio, el gobierno peñista gozó del beneficio de la duda de los más escépticos, ante la promesa de que “en un año” su gobierno empezaría a ofrecer resultados de su “estrategia” contra la inseguridad, sobre todo en la disminución de los delitos de alto impacto, como son los homicidios dolosos.
Lamentablemente, la “estrategia” del sexenio priista durante estos primeros 32 meses ha sido decretar, a través del discurso repetido en 2013, 2014 y 2015, una “incidencia delictiva a la baja”, o que se ha “reducido a su mínima expresión”.
Primero, en 2013 Peña Nieto declaró en el Foro de Davos:
“Ha habido una disminución real en el número de homicidios que se cometen en nuestro país, una disminución de prácticamente el 30 por ciento de homicidios vinculados al crimen organizado, lo cual nos resulta alentador”.
Luego, en 2014, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, declaró el 29 de julio de ese año: “La violencia se ha reducido a su mínima expresión”.
Y en 2015, continuó la misma perorata: “‘Sin duda los niveles de violencia que se están registrando, están disminuyendo, sobre todo los homicidios y secuestros”, opinó Peña Nieto el 11 de junio en una entrevista a EFE en Bruselas, sin respaldar su dicho con estadísticas.
Pero la campaña de imagen en las entrevistas a medios extranjeros no ha funcionado del todo, o por lo menos, los datos duros reflejan lo contrario a la versión oficial. La realidad es que de manera global, las ejecuciones van en aumento.

  
MIL 422 EJECUCIONES, OCULTAS
La administración de Enrique Peña Nieto llegó a su Tercer Informe de Gobierno ignorando el verdadero problema de la violencia que se evidencia todos los días en el país en homicidios dolosos.
Recurriendo como metodología a la comparación de las estadísticas del Secretariado Ejecutivo con la información que a este Semanario proporcionan institutos forenses en el interior del país, servicios médicos forenses, procuradurías y fiscalías, unidades de servicios periciales, registros periodísticos de los Estados y asociaciones civiles de familiares de las víctimas, Zeta documentó 57 mil 410 homicidios dolosos en 32 meses de gobierno de Peña Nieto, entre el 1 diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2015; la cifra incluye “Ejecuciones”, “Enfrentamientos”, “Homicidios-Agresiones”, los homicidios dolosos producto del narcomenudeo y hasta aquellos cuerpos amorfos e irreconocibles de los que “no hay denuncia”, tal como argumentan funcionarios de las procuradurías y fiscalías al referirse a los desenterrados de narcofosas, incinerados y desmembrados, porque “nadie reclama los cuerpos”, como diría a este Semanario un funcionario de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
Una de las conclusiones de la investigación de Zeta, es que el gobierno de Enrique Peña Nieto continúa en su afán de ocultar la cantidad real de asesinatos intencionales: El Secretariado Ejecutivo informa solo de 47 mil 988 homicidios dolosos, entre víctimas y averiguaciones previas, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2015, mientras tanto, este Semanario documentó minuciosamente 57 mil 410 homicidios intencionales, es decir, el Gobierno de la República oculta por lo menos 9 mil 422 ejecuciones.
INEGI VS SEGOB
A pesar que desde 2014 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Información, dependiente de la Secretaría de Gobernación, empezó a registrar víctimas de homicidio doloso -en años anteriores solo reportaba averiguaciones previas que contenían uno o más asesinatos intencionales-, el total que ese año reportó el Gobierno de la República es inferior a la estadística del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En tanto el INEGI registró 19 mil 669 homicidios dolosos en 2014, el Secretariado Ejecutivo reportó nada más 17 mil 324 víctimas por el mismo delito; es decir, el Gobierno de la República no reconoció por lo menos 2 mil 345 asesinatos intencionales.
De igual forma, el INEGI informó en julio último que obtuvo sus estadísticas a partir de las defunciones que registran las 4 mil 799 oficialías del Registro Civil y mil 185 Agencias del Ministerio Público que mensualmente proporcionaron la estadística; en tanto el Secretariado Ejecutivo solo vacía la información que le envían las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas, sin cotejar si realmente es la cantidad correcta.
EDOMEX Y VERACRUZ
Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) Chihuahua fue el Estado más violento con 16 mil 467 ejecuciones documentadas por Zeta, en tanto que en la administración de Enrique Peña Nieto, el Estado de México, gobernado por el priista Eruviel Ávila, es ya la entidad federativa más sangrienta con 7 mil 771 homicidios intencionales en apenas 32 meses.
Incluso, el Estado de México que en el sexenio calderonista ocupó el cuarto lugar en ejecuciones con 4 mil 532, en la administración peñista desplazó a Chihuahua, Sinaloa y Guerrero en los primeros 32 meses de gestión.
Después del Estado de México, las entidades federativas más sanguinarias son: Guerrero con 5 mil 242 homicidios dolosos ocupando el segundo lugar; le sigue Chihuahua con 4 mil 742 en tercer escaño; en cuarto lugar Jalisco, con 3 mil 492; y Michoacán con 3 mil 304 en el quinto escalón.
 Uno de los casos más emblemáticos por su inseguridad, que coincide con la gubernatura de Javier Duarte de Ochoa y el sexenio de Enrique Peña Nieto, es indudablemente el Estado de Veracruz.
La entidad federativa veracruzana concluyó el sexenio federal de Felipe Calderón en el lugar número 16, con mil 714 ejecuciones entre el primero de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2012; mientras tanto, en los primeros 32 meses de la administración peñista se ubica en el décimo lugar de los Estados más violentos, con 2 mil 189 homicidios dolosos, solo superado por Estado de México (7,771), Guerrero (5,242), Chihuahua (4,742), Jalisco (3,492), Michoacán (3,304), Sinaloa (3,119), Distrito Federal (2,831), Tamaulipas (2,465) y Baja California (2,244).
El Estado de Veracruz también es claro ejemplo de opacidad de las estadísticas reales en cuanto a homicidios dolosos: lamentablemente, el gobierno de Javier Duarte ha informado al Secretariado Ejecutivo nada más sobre mil 786 averiguaciones previas y homicidios dolosos entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2015; ZETA documentó 2 mil 189 en el mismo periodo, es decir, la administración de Duarte no reportó en ese lapso por lo menos 403 asesinatos intencionales.

#Contrainforme íntegro de padres de Ayotzinapa

5 Sep

  
Un comité de padres y madres de familia de los normalistas de Ayotzinapa dio a conocer un “contrainforme” sobre los 3 años del gobierno de Enrique Peña Nieto, en el que incluyen los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre -cuando desaparecieron a sus hijos-, la compra de la casa blanca, y la fuga de Joaquín Guzmán Loera.

Este es el texto leído este martes, por padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el Monumento a la Revolución:

Enrique Peña Nieto, el candidato de Televisa impuesto por los poderes fácticos nativos y extranjeros, llegó a la presidencia altamente cuestionado por la compra de voluntades a través de las tarjetas Soriana, el acarreo de los votantes y la manipulación mediática. A tres años de su mal gobierno se han aprobado 11 reformas estructurales, entre ellas la laboral, la educativa, la hacendaria, la de telecomunicaciones y la energética, sancionadas al vapor por las Cámaras de Diputados y Senadores y por la mayoría de los congresos locales, siguiendo instrucciones de las trasnacionales y en contubernio con los gobiernos y con el sistema oficial de partidos a su servicio, que no representan los intereses de las mayorías, sino que defienden y velan por los intereses del gran capital neoliberal.

Estas contrarreformas en nada benefician al pueblo y representan para el capital más negocio, nuevas formas para imponer la producción de otras mercancías y extender sus mercados para obtener mayores ganancias. Se trata de privatizaciones que explotan aún más la mano de obra asalariada, elevan el saqueo de recursos naturales (petróleo, gas, minerales, agua, etc.), destruyen los ecosistemas, acrecientan el despojo territorial con las consecuencias de mayor deterioro social y cultural, un alto número de excluidos y desplazados, aumento y pérdida de la soberanía e incremento del desempleo, al tiempo que facilitan la entrega de diversos bienes, espacios y servicios a las mafias, cárteles y grupos delincuenciales de carácter nacional e internacional, producto de la enorme corrupción institucionalizada y la descomposición gubernamental, que echa mano de la militarización y la paramilitarización y la contención de la protesta y los movimientos sociales, así como la criminalización y medidas de excepción, como las reformas para el supuesto “uso legítimo de la fuerza”.

Aunado a lo anterior, en el presente año Peña Nieto ha conducido al país a una de las mayores crisis en las últimas décadas, haciendo de su gestión de gobierno una vergüenza para todo el mundo, donde los mexicanos hemos visto que pasa de todo y peor: ejecuciones extrajudiciales, persecución y encarcelamiento de líderes sociales y desapariciones forzadas, donde el ataque contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa constituye la peor y más indignante atrocidad que registra la historia reciente del país, sintetiza la descomposición del Estado y pone al descubierto las complicidades del crimen organizado con autoridades, funcionarios y políticos.
Lo anterior, junto con la corrupción abierta y descarada como la que dio lugar al escándalo de la “Casa Blanca” y a la fuga de “El Chapo” son responsabilidad del peñato, son los signos característicos de su gobierno, a los que podemos agregar, entre otros muchos más, los multihomicidios de Tlatlaya, Tanhuato, Ostula, Apatzingán, Calera y la colonia Narvarte, en el Distrito Federal. Sí, la impunidad incubada por décadas adquirió carta de naturalización en el último año de Peña Nieto.

En cuanto al aspecto laboral, se ha despojado a la clase obrera de derechos básicos para dejarla aún más en la indefensión y la precariedad, legalizando por otra parte las empresas que subemplean a los trabajadores, fragmentando la jornada laboral para permitir contratos por hora o “a prueba”, haciendo de la mayoría de sindicatos instrumentos al servicio del capital.

Respecto al sector de los campesinos, si antes se había eliminado su derecho a la tierra, ahora se acomete la apropiación de sus territorios mediante el pillaje, orillándolos a migrar a otras tierras y a emplearse en labores que rayan en la semiesclavitud, como es el caso de los jornaleros de San Quintín, que se dio a conocer hasta que ellos mismos pudieron elevar sus formas de lucha y de protesta.
También es conocido que en Chiapas existe un área intensiva en biodiversidad que incluye la Reserva de Biósfera de Montes Azules, donde prevalecen grandes recursos acuíferos, petróleo y minerales de uso estratégico, todo lo que da un sentido práctico rentable y una enorme ambición para su apropiación territorial y geopolítica por parte de los dueños del poder y del dinero.

Desde la usurpación primordial de tierras y la configuración del régimen colonial y el dominio español, el despojo de tierras, aguas, minerales y bosques, el genocidio indígena, la discriminación, racismo, semi esclavitud y otras formas de descomposición social son los usos y costumbres del poderoso, los que desataron primero la independencia y luego la guerra revolucionaria, y casi un siglo después son el mismo motivo de la rebelión indígena y el alzamiento de los campesinos y ciudadanos por la defensa de sus bienes.

Tal es el caso de decenas de pueblos a lo largo y ancho de la república, como San Francisco Xochicuautla, comunidad indígena Ñañú que se mantiene en lucha contra los decretos expropiatorios para abrir paso a la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a una empresa filial del grupo Higa, el mismo de la Casa Blanca de la “primera dama”, así como el pueblo de San Salvador Atenco, que no cesa en la lucha por la defensa de su territorio a pesar de que fue brutalmente reprimido por Peña Nieto cuando fungía como gobernador del Estado de México, o como en la Ciudad de México, donde los pueblos originarios y distintos barrios dan la pelea en contra de los mega proyectos que privatizan y despojan tierras, bienes y espacios que son de todos, sólo por mencionar algunos ejemplos.
En cuanto a la contrarreforma energética, apenas es el inicio del proceso de privatización y las consecuencias ya se dejan sentir en todos los ámbitos de la economía nacional y, sobre todo, en los hombros del pueblo trabajador: Hay incremento en el precio promedio de la energía eléctrica y la gasolina no baja a pesar de que los precios del petróleo se han reducido en 2 tercios a nivel internacional, lo que golpea a la economía familiar con la caída del peso frente al dólar que dará lugar a una espiral inflacionaria.

En materia de telecomunicaciones, el resultado neto de la contrarreforma es el fortalecimiento de Televisa y TV Azteca como grandes poderes de facto en el país, además del surgimiento de la trasnacional A. T. T. como uno de los principales operadores en el sector.

Por lo que se refiere al magisterio democrático, este continúa su lucha dando ejemplo con enormes movilizaciones en todo el país desde el 2013 a la fecha, cuestionando la mal llamada Reforma Educativa, pugnando por echarla abajo y contrarrestar la evaluación punitiva que pretende más el despido de los profesores que la defensa de la educación pública, critica, científica y popular.

El impacto sobre las políticas públicas con la contrarreforma educativa culmina acuerdos, alianzas, compromisos y pactos entre los poderes fácticos nacionales e internacionales, que se configuraron durante los últimos cuatro sexenios y en donde por primera vez el discurso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del Banco Mundial, y de organizaciones como Mexicanos Primero, se ha introducido en los artículos 3º y 73 de nuestra Constitución Política. Por su contenido, representa la agresión más grave a la educación pública y a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de la educación en los últimos cien años.

En este contexto, las luchas y movilizaciones contra el despojo de recursos y las mal llamadas reformas estructurales, adquieren un carácter regional que cobra relevancia en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, así como el territorio conocido como Cuenca de Burgos, que comprende Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y el Norte de Veracruz, donde se acumula la cuarta reserva de gas a nivel mundial, y donde, no por casualidad, hay un mayor número de desapariciones forzadas y asesinatos. De tal manera, quienes habitan territorios donde existen biodiversidad, agua, bosques, minerales, códigos genéticos y otros recursos, se consideran como enemigos por el capital corporativo que ve como mercancías estos bienes de nuestras culturas ancestrales.

Estos estados ocupan un lugar central en la política servil del gobierno de Peña Nieto y otros neoliberales. De ahí la supuesta guerra contra el crimen organizado que da pie a la militarización en dichas zonas estratégicas, así como a la persecución, el encarcelamiento y la política opresora y represiva que retoma la guerra sucia contra todo el pueblo y busca doblegar y eliminar la resistencia de los sectores movilizados para restructurar el territorio de acuerdo con los intereses y requerimientos de los millonarios.

Así, la eliminación de disidentes o insurrectos que desde hace años se emplea contra las comunidades indígenas y campesinas, multiplica por todo el país el número de víctimas, que se intentan convertir sólo en una estadística para ocultar los ríos de sangre, violencia y muerte, como es el caso de los 22 jóvenes ejecutados por el ejército mexicano en Tlatlaya, Estado de México.

Otro es el caso de 10 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero, en prisión desde agosto de 2013, acusados de secuestro, portación de armas, delincuencia organizada y otros delitos fabricados, y que permanecen en exigencia de su libertad, así como el caso del líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, encarcelado en diciembre del 2014 en Puebla, estado que tiene el mayor número de presos políticos del país, con un total de 241 personas recluidas por sus ideas; y también el caso del líder de la tribu Yaqui apenas liberado el 27 de agosto por las autoridades de Sonora, que lo aprendieron casi un año por oponerse a un acueducto, así como decenas de presos políticos más de este sexenio.

Y el caso más indignante, que demuestra con más claridad la impunidad y la ofensiva de los gobiernos contra los movimientos sociales, pero que también dio lugar al nacimiento de una nueva conciencia social, es el Crimen de Estado perpetrado contra los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, donde policías de ese municipio gobernado por el PRD atacaron a un grupo de estudiantes de esta escuela mientras realizaban una colecta, hecho que involucró los delitos de tortura y ejecución extrajudicial contra 6 personas y la desaparición forzada de 43 más.

Sin dudar de la responsabilidad principal del Estado Mexicano, el exgobernador de Guerrero y el 27 batallón de infantería del ejército tienen muchas cosas que decir por sus acciones de comisión y omisión. El día de hoy ya nadie cree en la versión oficial de la supuesta “verdad histórica” de la PGR que intenta convencernos de que la narco delincuencia fue la responsable de todo y que ya hay que dar vuelta a la página.

No, de ninguna manera, los padres y madres de los 43 continuarán su lucha hasta encontrarlos.

A tres años del gobierno de Peña Nieto, se puede afirmar que en México hay una política de estado que propicia el asesinato y desaparición de luchadores sociales, que a su vez forma parte de una política diseñada y perpetrada por intervención del imperio norteamericano. Existen cientos de ejemplos de asesinatos y desapariciones.

Según Amnistía Internacional, desde 2007 han sido sujeto de desaparición forzada más de 25 mil personas en México, la mitad durante el gobierno de Peña Nieto y 5 mil de ellos menores de edad, en lo que las estadísticas del estado han dado en llamar “daños colaterales” que se extienden por todo el país. Esta es una expresión de las agresiones más salvajes al movimiento social y al pueblo en general, donde la represión indiscriminada mediante acciones de terrorismo de estado, el desproporcionado uso de la fuerza y la crueldad sin límites, intenta sembrar el miedo como parte de las operaciones de “inteligencia estratégica”.

La inconformidad social crece y cada día se manifiesta más; a casi un año del crimen de lesa humanidad y la desaparición forzada de 43 normalistas, el movimiento de Ayotzinapa es la gota que derramó el vaso y ha tenido enormes movilizaciones a lo largo y ancho de la república mexicana y a nivel internacional. Los padres han recorrido varias ciudades de Estados Unidos, así como países de Europa y Sudamérica, donde diversas organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y en pro de los derechos humanos, así como ciudadanos y líderes de opinión se han solidarizado recibiéndolos en sus propias trincheras.

Por la verdad y la justicia han marchado más de un millón de personas como las que lo hicieron el pasado 20 de noviembre. Hoy los padres, sus representantes legales y organismos defensores de derechos humanos, así como los normalistas, se mantienen firmes por la presentación con vida de los 43 jóvenes y justicia para los caídos, por la defensa de las normales rurales del país. Recientemente, en la décimo quinta acción global del 26 de agosto, nuevas aportaciones científicas y evidencias aportadas por los forenses argentinos y por los expertos independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, sepultaron la supuesta “verdad histórica” del ex titular de la Procuraduría General de la República, que intentó dar carpetazo a la investigación y dejar atrás el crimen de Ayotzinapa como si fuera un simple secuestro. ¡Jamás!, el movimiento se mantiene en pie de lucha hasta encontrarlos y seguirá siendo expresión de la indignación que busca memoria, verdad y justicia.

Por el lado del movimiento social que arropa la solidaridad con Ayotzinapa, se avanza en la redefinición de las tareas políticas que posibiliten dar respuesta a las demandas más sentidas del pueblo, en primer lugar reivindicando los 9 puntos programáticos de la Convención Nacional Popular, que son los siguientes:

1.- Presentación con vida de los 43 estudiantes y de todos los detenidos-desaparecidos del país.

2.- Castigo a los culpables y justicia para los agraviados.

3.- Libertad a todos los presos y procesados políticos del país.

4.- Fuera Peña Nieto y toda la estructura del Estado, y por un gobierno obrero, campesino, indígena y popular.

5.- Abrogación de las reformas estructurales.

6.- Por la justicia y los derechos humanos, contra los crímenes de Estado:desaparición forzada, tortura y ejecución extra judicial.

7.- Cumplimiento de las recomendaciones del relator de la ONU sobre el tema de la tortura y del grupo de trabajo de la CIDH sobre el tema de las desapariciones forzadas.

8.- Por la soberanía nacional y la autonomía política, económica y social y por la defensa del territorio, el agua y todos los recursos naturales.

9.- La Convención Nacional Popular hace suyas las demandas legítimas del pueblo y abraza todas sus luchas reivindicativas hacia la unidad del Movimiento.

Se trata de que estos ejes se conviertan en la línea política que de orientación a las demandas cotidianas de los sectores movilizados, que propicien la creación de estructuras organizativas, que le den permanencia y concreción, que definan plataformas comunes con tareas presentes y futuras y de coyuntura, y que guíen los pasos necesarios para la construcción de una nueva sociedad alternativa a la actual de despojo, guerra y miseria, en vías de la conformación de un poder autogestivo donde la gente se convierta en el actor principal de su propia historia, frente a la descomposición institucional, la inoperancia de las formas de control corporativo tradicional y la ineficacia del modelo económico.

Hoy más que nunca, requerimos de la unidad política, orgánica y programática nacional de quienes nos oponemos a las políticas neoliberales. La construcción de un poder autónomo y democrático es la vía para terminar con el dominio del capital corporativo y para la transformación social que establezca un nuevo orden donde prevalezca la justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad. Esa unidad se catalizará con referentes como la Convención Nacional Popular y la iniciativa del Frente único que propone la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Como decían hace cien años, la chispa que incendie la pradera arrasará al capital corporativo y se expandirá en beneficio de la humanidad.

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡Por Verdad y Justicia!

¡Abajo las reformas neoliberales!

¡Presos políticos, libertad!

¡Ni una lucha aislada más!

¡Fuera Peña Nieto!

¡Hasta la victoria siempre, venceremos!

Atentamente:

Comité de Padres y madres de familia de los normalistas de Ayotzinapa.

Asamblea Nacional Popular / Convención Nacional Popular.

Todos a firmar D.F en las estaciones del Metro, en el Monumento a la Revolución se realizará la colecta los días 12, 19 y 26 septiembre

5 Sep

CONGRESO NACIONAL CIUDADANO DENUNCIA PENAL DE HECHOS EN CONTRA DEL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE MÉXICO Y EL SECRETARIO DE LAFUNCIÓN PÚBLICA FEDERAL.

Con fundamento en los artículos 8, 9 y 35 fracción III, y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los ciudadanos de México aquí firmantes invocando nuestro derecho constitucional señalado al principio de este párrafo, exigimos se investigue penalmente al C. Presidente Constitucional Enrique Peña Nieto, así como al Secretario de la Función Pública Virgilio Andrade Martínez, acerca delos problemas graves de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, crímenes a lesa humanidad, traición a la patria, así como abuso de la función pública.
Convencidos los abajo firmantes de que con esta consulta, y recolección de firmas para la interposición de la correspondiente denuncia penal de hechos en contra de las personas antes citadas y las que resulten responsables, lo anterior a fin de que como sociedad civil y mandantes constitucionales y en pleno ejercicio y uso de nuestros derechos civiles y políticos, procedan a dar cauce a esta petición del pueblo de México, las instancias pertinentes”.