Peña Nieto y la sangre de Nochixtlan 

26 Jun

*Rechazaron el diálogo, sacaron la pólvora
*Nuño, el rostro represivo del gobierno
Lo único que le faltaba a Enrique Peña Nieto, llegó: mancharse las manos de sangre, como Díaz Ordaz, tras ordenarse la represión armada – no encuentro otro término- contra maestros de la CNTE y simpatizantes en Oaxaca.
Peña lo volvió a hacer: cuando parece que ya nada de su gobierno nos sorprenderá – para mal o para bien-, tras los escándalos de corrupción en el entorno presidencial (Casa Blanca, casota de Videgaray, Grupo Higa y OHL), la manipulación y derrota con el caso Ayotzinapa, el fracaso de un gobierno en materia fiscal y económica, legalizar dosis de mariguana, y reconocimiento a uniones homosexuales, entre otros factores, hoy parecen decirnos desde Los Pinos: “esperen, que aún somos capaces de ser más incapaces”, y nos ofrecen, a México y al mundo, postales de barbarie, violencia máxima y terror desde Nochixtlán, un pequeño poblado oaxaqueño que, sin pie de foto, podría confundirse con Damasco.
Lo sucedido en Nochixtlán – 8 muertos y más de 100 heridos tras la batalla – no es otra cosa más que el indiscutible fracaso del arte de la política en la actual administración, y tiene nombres y responsables directos: Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño, tras no saber manejar un conflicto de alto riesgo – con tintes de guerrilla urbana-, llevarlo a un punto de ebullición máxima al rechazar los llamados para instalar una mesa de negociación sobre la Reforma Educativa, y conducirlo, finalmente, a niveles de alta violencia que hoy tienen al gobierno mexicano, ante el mundo, bajo una etiqueta: gobierno asesino.
Cierto: la CNTE no es fácil de lidiar. Pero hubo un momento clave en este drama: cuando sus dirigentes propusieron negociar abiertamente la reforma con el gobierno, entre finales de mayo y principios de junio. Ser escuchados respecto a que era imposible aplicar una reforma más de orden laboral que educativa y a rajatabla, sin deslindar modelos para diversas regiones (no es lo mismo educar en Nuevo León que en Oaxaca, Chiapas o Guerrero por sus diversidades naturales), y exigir se reconsiderara la evaluación a maestros bajo otros términos y formatos.
¿Acaso era muy difícil para Peña, Nuño y Osorio Chong sentarse a debatir una reforma y demostrar que en política son muy duchos? ¿Pues no que los priistas y particularmente el Grupo Toluca son una maravilla a la hora de hacer y ejercer política? ¿Por qué las negativas rotundas y hasta autoritarias del Secretario de Educación con su rechazo a sentarse con la CNTE para platicar con los maestros, aún dentro de todo su radicalismo? ¿Por qué se desechó la palabra y se prefirió el fusil contra la CNTE?
La respuesta gubernamental fue ordenar la detención de los líderes de la Coordinadora, tensando, aún más, la situación.
“Segob y CNTE firmaron en 2013 no ir a una guerra. Algo pasó y el gobierno reculó…”, es la cabeza en SINEMBARGOMX de información más que oportuna escrita por la reportera Linaloe R. Flores (vía #DatosCerrados), quien nos recuerda que a inicios del gobierno de Peña existió un acuerdo entre Gobernación y la CNTE para “privilegiar el diálogo para mejorar la educación”, mediante una minuta de que el acuerdo existió y que es mostrada en el cuerpo del trabajo periodístico y que, no obstante, “como si el acuerdo jamás hubiera ocurrido, la relación entre el Gobierno federal y la CNTE se tensó en los años siguientes”.
“Algo pasó…”, se plantea en la cabeza periodística.
Pues lo que pasó, fue lo siguiente:
Cuando las reformas de Peña Nieto – principalmente la Energética y la Hacendaria-, comenzaron a desinflarse – la primera, reventada por los bajos precios del petróleo y la poca transparencia con que se ha manejado, y la segunda, por sus severos castigos fiscales, reflejados en pobre crecimiento económico , cierre de empresas y desaliento para el contribuyente-, en Los Pinos solamente tuvieron un diagnóstico: la única reforma que les quedaba viva y viable, con posibilidades reales de medio rescatar del desastre a la administración peñista, era la Reforma Educativa, vista como tablita de salvación en medio del naufragio.
En Los Pinos acertaron al diagnóstico, pero se equivocaron en el procedimiento.
Agobiados por los malos resultados, apresurados por la derrota del PRI y de Peña el 5 de junio, precipitados en su operación política, decidieron dar un NO absoluto a la propuesta de la CNTE de negociar la Reforma Educativa y, por las prisas de ofrecer resultados a mediano plazo, quisieron imponer, a fuego y sangre literal, a la Reforma Educativa a la que, de manera brutal, también comenzaron a vulnerar con la sangre de Nochixtlán.
Eso fue lo que pasó: la Reforma Educativa era lo único rentable que les quedaba y, en su afán de imponerla y presentarla como logro de gobierno, la precipitaron de la peor manera: bajo el sello de la violencia, intolerancia y represión.
Peña Nieto queda, hoy por hoy, exhibido en México y en el mundo como un Presidente incapaz de negociar y proclive a la represión. “Ya ordené que se investigue…”, tuiteó Peña ayer sobre Nochixtlán. Demasiado tarde, ciudadano presidente. Perdió usted la oportunidad de sentarse – inclusive personalmente, emulando los Diálogos de Chapultepec entre Calderón y Sicilia-, con la CNTE, discutiendo con cifras, argumentos, escenarios, excesos y riesgos educativos, bien asesorado y arropado por especialistas, con una posibilidad enorme de sacar adelante dicha reforma, apoyado por una franja amplia de la opinión pública y exhibir, de paso, el radicalismo de la CNTE. Pero no lo hizo. Vaya paradoja: Peña fue capaz de ubicar a su gobierno como represor y violento por encima, inclusive, de los intolerantes y radicales líderes de la CNTE. Se necesita mucha torpeza política para lograrlo. Y Peña lo logró. Ayer, Atenco. Hoy, Nochixtlán.
Aurelio Nuño se erige, nada menos, que en el rostro represor del gobierno de Peña Nieto, y así no debe seguir como Secretario de Educación. Ya no digamos aspirar al 2018, como una de las cartas del salinismo en el juego sucesorio. Con su intolerancia y constantes rechazos al diálogo – Nuño hubiera sido un buen subsecretario de Gobernación con Díaz Ordaz-, empujó al gobierno a la violencia, a la CNTE al enfrentamiento, y al país a la polarización. Nada menos. Y con estas cartas-credenciales, Nuño no puede ya aspirar a muchos blasones.
Osorio Chong también ha quedado rebasado bajo tres pistas: como responsable de la política interna del país, como jefe de la seguridad nacional, y como aspirante a la candidatura presidencial del PRI. En lo primero, porque a falta de negociación política, se optó por matar a quienes protestan, y eso se llama fracaso. En lo segundo, porque sin estrategia ni control, se permitió que las fuerzas federales acribillaran a oaxaqueños con postales que hoy le dan la vuelta al mundo: policías asesinando a ciudadanos. Y en lo tercero, porque en su delirio de cuidarse políticamente rumbo al 2018, ha dejado de ser Secretario Gobernación para convertirse en simple encargado del despacho, y ese vacío es un lujo que aún entre el desorden que tiene como gobierno, Peña Nieto no puede darse. El Presidente debe tomar una decisión de fondo sobre lo que debe hacer con Osorio, incluyendo su remoción.
*****
Se anuncia mesa de diálogo en Gobernación para destrabar el conflicto con la CNTE. Muy tarde también: se necesitaron 8 muertos, decenas de heridos, violencia y represión, para sentarse a una mesa fincada en los cadáveres de Nochixtlán.
A la matanza de Nochixtlán, los aires represores del gobierno mexicano y el naufragio de la política, se viene a sumar el factor Beltrones. Cándidos, quienes se sorprendieron con su renuncia al PRI. ¿Qué esperaban, si la derrota del 5 de junio fue tan brutal para el priismo como la goliza de Chile a México en futbol? Manlio Fabio, simplemente, no debía seguir al frente del partido aun cuando, con dosis de razón, se pretenda achacar la derrota a los malos gobiernos de Peña Nieto y de algunos gobernadores. Beltrones también lleva su responsabilidad.
Sin embargo, conocedor de la circunstancia y la coyuntura, Beltrones sale del PRI justo en el momento en el que más le conviene: cuando el gobierno priista de Peña Nieto se ha manchado las manos de sangre. Preferible, bajo esas circunstancias, bajarse del barco de manera natural: como perdí, pues ya me voy. 

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Ahora sí estarás feliz Nuño 

26 Jun


Buena parte de los mexicanos con uso de la razón tenemos tiempo diciendo que problemas tan grandes y complejos como los de la educación no pueden mezclarse con las bayonetas ni las balas porque terminan en tragedia.
 El secretario de Educación demostró su incapacidad para gobernar y administrar el aprendizaje en México, cuando decidió resolver el conflicto docente usando la sangre humana como lubricante.
Nada justifica ni explica la poca destreza y tacto de los funcionarios que han llevado la mal llamada reforma educativa, más bien laboral magisterial, hasta estos niveles de violencia; las reformas profundas toman tiempo y se aplican con calma y serenidad.
 Nuño confundió la guerra contra la ignorancia con la guerra contra los ejércitos enemigos, una guerra de gises la volvió de balas, y esa equivocación tan monumental no tiene perdón. Ni siquiera puede decirse “que te perdone Dios porque a mí no se me olvida” porque dudo que Dios perdone semejante nivel de estulticia.
 Después de este domingo de terror Nuño ha pasado a formar parte de los chacales de la historia, comparte su legado con Victoriano Huerta, con Díaz Ordaz, con la brigada blanca y con los sicarios del mal.
 Esto es lo que faltaba en la serie de tonterías cometidas por el régimen al abordar la reforma laboral magisterial, el presidente y el secretario no entienden que los grandes problemas se resuelven dialogando, con ecuanimidad y con inteligencia; no con sangre, muertos y heridos.
 Parece que Nuño estaba destinado a la gendarmería Nacional. La resolución de los problemas educativos del país nunca debió llegar al uso de las armas.
 México se ha cubierto de vergüenza y a los responsables la patria debe hacerlos pagar por su imbecilidad, los maestros deben ser apoyados con una gran movilización nacional contra la barbarie. México es una nación civilizada, no un país paria. Tenemos una historia y una cultura centenaria.
 Parecía que después de Ayotzinapa no habría más en el repertorio de los crímenes de Estado del club del poder, pero ahora para vivir como seres dignos debemos alzarnos al llamado de los maestros.
Ellos tienen la palabra.

CACERÍA DE MAESTROS 

26 Jun

Enrique Peña Nieto y su delfín Aurelio Nuño andan de cacería. Quieren terminar con la disidencia, despedir y encarcelar a todo aquel que se oponga a su nefasta Reforma Educativa.
Ambos emanan del autoritarismo, no conocen el juego de la democracia ni mucho menos el diálogo. Bajo su mandato lo que impera es la ley de garrote, la represión y la persecución policial y judicial.
Su objetivo principal es acabar con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y para ello no escatima en recursos ni acciones. A lo largo y ancho del país, pero sobre todo en el sur, vemos escenas vergonzosas de represión. Acciones violentas de los policías contra nuestros maestros. Les lanzan gases lacrimógenos, los golpean a diestra y siniestra, los hieren e incluso los matan.
En Chiapas y Michoacán el apoyo a los maestros es total. Al igual que en Oaxaca o Tabasco. Los maestros sólo piden que el gobierno abra una mesa de diálogo sobre la Reforma Educativa, pero el lenguaje de Peña Nieto sólo se entiende bajo el autoritarismo y la imposición.
En este momento, nuestros maestros están sufriendo todo tipo de atropellos. Se les persigue, se les reprime, se les difama. El gobierno y el duopolio televisivo se han encargado de demonizarlos, han conseguido que una parte de los mexicanos crean que los maestros que protestan contra una infame reforma, son vándalos, irresponsables, delincuentes.
Nada más alejado de la realidad. Nuestros maestros son héroes. Nuestros maestros son héroes porque cada día se enfrentan a un sistema podrido que se roba todo lo que debería estar destinado a la educación. Nuestros maestros son héroes porque cada día se enfrenan a la precariedad de escuelas paupérrimas que apenas tienen pupitres y ventanas. Nuestros maestros son héroes porque día a día enseñan en condiciones salariales miserables. Nuestros maestros son héroes porque cada día caminan kilómetros para enseñar. Nuestros maestros son héroes porque cada día padecen un sindicato mafioso unido al poder en turno, como la SNTE, que les roba sus cuotas para llenar los bolsillos de sus líderes pillos. Nuestros maestros son héroes porque cada día buscan elevar la calidad de la educación. Nuestros maestros son héroes porque cada día se parten el alma en la construcción de seres humanos librepensadores. Nuestros maestros son héroes porque soportan la presión del gobierno mexicano con sus pruebas sin antes ofrecerles la posibilidad de prepararse. Nuestros maestros son héroes y nos toca defenderlos.
Un pueblo que no defiende a sus maestros está condenado a la ignorancia. Tal vez, por eso, Nuño y Peña Nieto están empeñados en reducir los niveles educativos de este país para que la población deje de exigir un cambio, deje de reclamar el fin de la corrupción, de la impunidad y exija terminar con la pobreza.
Las estadísticas hablan por si solas. México ocupa el último lugar de 36 países, en nivel de educación, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y es que sólo el 37 por ciento de los adultos de entre 25 y 64 años concluyó la secundaria muy por debajo del 75 por ciento que representa el promedio de la OCDE y sólo el 39 por ciento de los hombres y 36 por ciento de las mujeres terminó la preparatoria, un requisito para competir en el mercado laboral.
¿Y por qué creen que la gente en México no termina sus estudios? Primero porque tienen que trabajar para poder comer. Recuerden que los últimos gobiernos han sido auténticas fábricas de hacer pobres: hay 70 millones de pobres. Y luego, porque el nivel de la educación es bajo y caro, porque el gobierno se gasta el dinero que debería ser destinado a educación en infraestructura y capacitación a los maestros.
Según la OCDE, los gobiernos mexicanos no invierten lo que deberían en educación. Según sus estadísticas en 2012, México invirtió 2 mil 600 dólares por estudiante de primaria, 3 mil por estudiante de secundaria y 8 mil 100 dólares alumno de educación superior. Estas cantidades están muy por debajo de lo que normalmente se invierte según la OCDE: por estudiante ese año fue de 8 mil 200, 9 mil 500 y 15 mil dólares.
¿Y por qué a Peña Nieto y Nuño no les interesa invertir en educación? Por una simple y sencilla razón: un pueblo educado es un pueblo con conciencia dispuesto a sacarlos a ellos del poder y al resto de la clase política que se atreva a corromperse.
En cambio, México está sumido en esta crisis generalizada, precisamente porque tenemos un pueblo conformista a consecuencia de la falta de educación y de los bajos niveles de la misma.
Es por eso, que nos corresponde a los mexicanos defender a los maestros perseguidos, a los maestros que no están dispuestos a someterse a una reforma que lastima sus vidas y las nuestras porque busca particularmente la privatización de la educación que debería ser gratuita.
Los atropellos del gobierno no tienen límites. Buscan sembrar el miedo con el encarcelamiento de los líderes como Francisco Villalobos, secretario de Organización de la sección 22 de la CNTE, a quien acusan de un delito absurdo: el robo de 10 mil libros de texto gratuitos y una supuesta tentativa de homicidio calificado.
El gobierno anda de cacería, fabricando delitos, reprimiendo, encarcelando maestros. El último, el ex dirigente de la CNTE, Juan José Ortega Madrigal, fue detenido en Apatzingán, Michoacán, por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) acusado de supuestos delitos de “lesiones agravadas” y “privación ilegal de la libertad”.
La estrategia del gobierno es ir sustituyendo maestros disidentes por dóciles. Maestros contestatarios, por maestros vendidos. Maestros dignos, por maestros sometidos. Maestros rebeldes dispuestos a jugarse la vida, por maestros agachados y obedientes.
Pero no todos los maestros están dispuestos a aguantar las humillaciones del poder. La maestra normalista Kendy Moreno, que labora en la primaria Pablo L. Sidar enfrentó al Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer a quien reclamó su negativa para lograr acuerdos con la CNTE y le solicitó diálogo también con los maestros del Sur.
“Los grandes movimientos de nuestro país, históricos como la independencia la revolución nos mostraron que las cosas no se pueden hacer con orden siempre, hay veces que si se impone una ley injusta hay otras formas de levantar la voz al fin somos ciudadanos mexicanos y vemos por nosotros y en el caso de los maestros vemos por la sociedad en general”, dijo la maestra. El secretario le respondió lo que siempre responde: “para poder dialogar, los niños deben regresar a las aulas además de que los maestros tienen que cumplir con la Constitución”. Pero ella le dijo: “el derecho de protesta y la no retroactividad están de igual manera en la Carta Magna y se están violando.”
Ojalá existieran muchas maestras Kendy Moreno, defensoras de los maestros. Su valor y convicción a favor de ellos, debería ser una misión de todos los mexicanos. Si acaban con los verdaderos maestros. ¿Qué nos quedará? 

Los impresentables

9 Mar

  
El problema no es que al sistema político mexicano le hayan brotado tumores malignos y excrecencias dañinas; no, la tragedia es que no tiene manera de deshacerse de ellos. No hay defensa alguna contra gobernadores como Javier Duarte y Roberto Borge en Veracruz y Quintana Roo respectivamente, o contra líderes charros como el sujeto que regentea el sindicato ferrocarrilero, los dueños del Partido Verde, diputados y senadores impresentables, o un largo etcétera. No me mal interpreten. No es que el pasado fuese mejor: corruptos, sinvergüenzas e ineptos han habido siempre. Lo nuevo es que el sistema ha perdido su capacidad para aislar y desechar aquello que le resulta disfuncional.
El PRI se sostuvo durante setenta años gracias a su habilidad para eliminar aquello que atentaba contra su propia reproducción o ponía en riesgo su permanencia en el poder. Carlos Salinas “depuso” a 16 gobernadores durante su sexenio, además de la purga que llevó a cabo entre las filas de los líderes gremiales, comenzando con la Quina, del sindicato petrolero. En muchos casos se trató de ajustes de cuentas para fortalecer su propia fracción en detrimento de sus rivales; pero en otras simplemente eliminó piezas que resultaban disfuncionales, ineficientes o embarazosas para la imagen del partido. Algo similar a lo que ha estado haciendo el partido comunista chino durante los últimos años. En otras palabras, el presidencialismo de antaño tenía botones y palancas en la cabina de mando para desprenderse de un funcionario cuya insensatez, torpeza o locura dañaban la operación del conjunto.
Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones, cabezas del poder ejecutivo y del PRI respetivamente, están conscientes de que un sátrapa suelto como Duarte constituye un torpedo a la línea de flotación del partido en el poder. La violación sistemática de los derechos humanos por parte del gobernador de Veracruz, su cacería de brujas en contra de periodistas o su desastrosa gestión de las finanzas públicas han terminado por convertirse en motivo de vergüenza nacional e internacional. Y no es que el resto de gobernadores sea un dechado de virtudes; pero los excesos de Duarte superan la cuota de infamias tolerables por una opinión pública que de por sí es de muy amplio criterio.
El problema para las cabezas del partido es que en el panel de instrumentos no existe un botón que permita expulsar a los Nerones y los Calígulas que se encumbran en el poder. Los costos políticos para meter en cintura a los del Partido Verde, por ejemplo, son demasiado altos para Los Pinos, entre otras cosas porque el debilitamiento de la figura presidencial le obliga a sumar a todos los aliados, sin importar sus defectos; como un general ante una batalla de resultado incierto que prefiere ignorar la indisciplina de oficiales de reputación cuestionable; prescindir de cualquiera de ellos y de los recursos que aportan podría hacerle morder el polvo de la derrota. El ejecutivo ha preferido pasar por alto los absurdos excesos de Duarte y de Borge, antes de poner en riesgo el control del PRI sobre Veracruz o Quintana Roo. Aunque bien mirado, ahora mismo esas entidades estarían en riesgo de perderse justamente por la calamitosa gestión de estos bebesaurios. Al final, todo general sabe que la batalla también puede perderse por los desaguisados de un oficial inepto.
Y como bien sabemos, la alternativa democrática al debilitamiento del presidencialismo nunca funcionó. Los contrapesos institucionales han sido insuficientes para acotar los excesos de la clase política ahora que el ejecutivo es incapaz de hacerlo. Los gobernadores terminan por controlar a los congresos locales, a las comisiones estatales de derechos humanos, a sus jueces. El Partido Verde tiene suficientes miembros en las cámaras para decidir votaciones apretadas, lo cual les permite negociar dispensas a los delitos electorales cometidos (delitos que le garantizaron colocar a tantos miembros en las cámaras: un círculo pernicioso que se alimenta a sí mismo).
En suma, el sistema político carece de defensas frente a sus propias perversiones. Y esa es una de las principales diferencias entre el PRI de antaño y el de ahora. Peor aún, los escándalos surgidos en torno al primer círculo presidencial, desmotivan a la cabeza del sistema a emprender un cambio desde arriba. En parte por conveniencia propia y en parte por debilidad, el partido en el poder se ve obligado a exhibir sus vergüenzas sin posibilidad alguna de lavarse la cara, ni siquiera para hacer creer que se ha bañado.
Ante los excesos, el presidente prefiere nadar de muertito; no hacer olas se ha convertido en el mayor talento de la clase política actual. En eso han llegado a ser artistas pero sirve muy poco para gobernar.
Por Jorge Zepeda 

Veracruz: el nuevo Ayotzinapa

4 Mar

  
+ “Los mataron y los quemaron…”

+ Policías y narco: un solo corazón
Y la maldición volvió. Otra vez la infamia. La muerte regresó de la mano de policías y narcos levantando y masacrando a jóvenes. Sí, como en Ayotzinapa. Hoy, en Veracruz. En Tierra Blanca. ¿A dónde va este país?
Allí quedan los nombres de los 5 de Tierra Blanca, sumados a los 43 de Ayotzinapa: Susana Tapia Garibó, menor de edad (16 años); Bernardo Benítez Herrera; José Benítez de la O; Mario Arturo Orozco Sánchez y José Alfredo González Díaz. Policías los detuvieron y los entregaron a sicarios del crimen organizado. Una vez más la canallada.
¿Y ahora qué van a filtrar las autoridades federales: que los 5 de Tierra Blanca se robaron un auto cargado de droga, como intentaron inculpar a los ayotzinapos? ¿O que entre ellos iban integrantes de bandas rivales enemigas de quienes los asesinaron, como también lo quisieron hacer con los ayotzinapos? ¿O se ordenará otro bodrio cinematográfico (La noche de Iguala) vergonzante, redactado por plumas oficialistas y dirigida desde el poder político, para intentar manchar a los ayotzinapos?
¿Cómo intentarán presentar ahora, en el caso de Tierra Blanca, la “verdad histórica” del gobierno? ¿Quién será el Murillo Karam de Veracruz? ¿También ahora se bloquearán investigaciones independientes, como en Ayotzinapa?
Las revelaciones duelen, calan, agravian:
“Esta mañana, Bernardo Benítez, padre de uno de los jóvenes, dijo a la prensa que el octavo detenido declaró que a los cinco jóvenes ´les dieron muerte y los incineraron´”. (SinEmbargo/Blog Expediente / Miguel Ángel León Carmona – Ignacio Carvajal Marzo/ 1/ 2016).
“Ellos (los policías) se los entregaron a otras personas en el rancho El Limón y confiesa que ahí les dan muerte y los incineran”, dijo Benitez.

Aún más: el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa – emisario del gobierno federal en el caso Tierra Blanca-, aseguró que Rubén Pérez Andrade, el octavo policía estatal de Veracruz detenido por la desaparición de los jóvenes, confesó que las víctimas fueron golpeadas, asesinadas y calcinadas en el rancho “El Limón”.
“Es testigo del traslado al rancho El Limón, donde los vuelven a interrogar y los privan de la vida, y luego es testigo también del inicio del proceso de desaparición de los cuerpos, entonces se trata de una declaración que resulta muy relevante”. (Reforma Antonio Baranda 1/Marzo/2016)

Otra vez la infamia. Otra vez la tragedia.
*****
Justo cuando el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, rodeado de la parafernalia del poder político jarocho – gabinete, legisladores, amigos, aplaudidores- daba una conferencia celebrando que seguiría al frente del gobierno, las revelaciones sobre lo ocurrido con los 5 de Tierra Blanca sacudían la conciencia del país.

La fórmula maldita se repetía: jóvenes detenidos por la policía y entregados a sicarios del narcotráfico para ser asesinados e incinerados.
El 8 de febrero pasado, se confirmaba la noticia triste: los restos de Bernardo Benítez y de José Alfredo González Díaz, fueron hallados e identificados en el rancho “El Limón”, enclavado en Tlalixcoyan, a poco menos de 100 kilómetros de Tierra Blanca. Ambos tenían 25 años de edad.
¿Qué decían antes de ese 8 de febrero las madres y familiares de los 5 de Tierra Blanca? Recurramos a nuestra columna del 10 de febrero en SinEmbargo, titulada “Las madres de Tierra Blanca”:
– Sé que mi hijo va a regresar con vida… Tengo esa esperanza…-, me dice Columba Arroniz González, madre de Bernardo Benítez Arroniz, uno de los jóvenes secuestrados por policías estatales en Tierra Blanca, Veracruz.
– No nos dicen nada más… Sólo que investigan… Pero nada de los muchachos-, su voz un suplicio, su lamento el dolor generalizado del México que ve desaparecer a sus jóvenes. Es Patricia González Arroniz, tía de José Alfredo González Díaz, otro de los levantados en Tierra Blanca.
– Mi hija tiene 16 años, es menor de edad… Es alegre… Es como cualquier chica… Estudia la prepa abierta… Ya verá que pronto regresará-, conmueve Carmen Garibo, madre de Susana Tapia Garibo, aún desaparecida. Iba también en el grupo de los cinco de Tierra Blanca. Doña Carmen habla como si tuviera a su hija de frente. Con el corazón apretujado.
– Por favor no dejen ustedes, los medios, de insistir en que encuentren a los muchachos… ¡No nos abandonen!-, pide, exige, con el dolor de madre con hijo desaparecido, Dionisia Sánchez, madre de Mario Arturo Orozco Sánchez. Era el del cumpleaños, por quien fueron hasta Veracruz a celebrar. Salieron de Playa Vicente. Ya no volvieron.
– Estamos aquí, día y noche, junto al Ministerio Público de Tierra Blanca, esperando noticias… Dormimos en colchonetas… Comemos lo que nos trae la gente… Nos han ofrecido hotel, pero no, de aquí no nos moveremos hasta que sepamos qué les pasó-, advierte, la voz un reclamo, Gloria de la O, madre de José Benítez de la O.

Hasta aquí aquella columna.
Inútiles sus ruegos, vanas sus esperanzas.
Se los mataron.
*****
¿Por qué levantaron y asesinaron a los 5 de Tierra Blanca?
“Fueron interceptados por policías estatales y posteriormente entregados a un grupo criminal, porque les parecieron sospechosos por su apariencia y el auto en el que viajaban”, dijo Roberto Campa. ¿Esa será la verdad histórica de Tierra Blanca? ¿Por sospechosos? Viajaban en un auto ordinario: un jetta polarizado.
Tierra Blanca pasa a la historia como otra infamia más, bajo ese patrón canalla, de maldad: policías y sicarios fundidos en un mismo cuerpo, podrido, vil.
Los 5 de Tierra Blanca, como los 43 de Ayotzinapa, asesinados e incinerados.
¿A dónde va este país?

La narco-descriminalización de Osorio

4 Mar

  
Muy orondo lo dejó entrever el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en un debate sobre la despenalización de la mariguana: El Gobierno Federal va por la captura de narcotraficantes más que de narcomenudistas.
A los narcomenudistas, según la interpretación de las estadísticas a las que tiene acceso sobre el Sistema Federal Penitenciario, los clasificó como consumidores de droga. Entonces reflexionó: abogan -supongo en el Gobierno que representa, el de Enrique Peña Nieto- por la “descriminalización de los consumidores”.
Justificó Osorio con el problema de la población penitenciaria que en esta administración, se ha exponenciado: “41 por ciento de los internos en penales federales del país que fueron detenidos con esta droga llevaban cantidades con un valor inferior a 500 pesos”.
Pero resulta que en México, en las calles de este País, los narcomenudistas se disfrazan de consumidores, precisamente para evadir la Ley. Aún así, unos muchos caen en prisión ante la reincidencia del delito, o ser identificados como vendedores de droga al menudeo.
Vaya, una gran cantidad de los ejecutados en este y en anteriores sexenios, son precisamente narcomenudistas. Cuando entre cárteles enfrentan guerras –lo cual es muy frecuente en México- por determinado territorio para el trasiego, distribución y venta de droga, lo primero que se les ordena a los sicarios, es limpiar las calles. Matar a los vendedores de droga, a los “narcopoquiteros” como se les suele identificar. Recuperar esquinas y consumidores menores que no caen en prisión, porque la droga que portan la consumen de manera inmediata, no la almacenan porque no tiene otro fin, pues.
Los vendedores de droga al menudeo son la base del narcotráfico, son la “fuerza de trabajo” que le redunda a los cárteles y a los capos, en cientos de millones de dólares, producto de la venta de las distintas drogas que se comercian en México, efectivamente, para consumo personal.
En 2009 en medio de la guerra contra las drogas emprendida por Felipe Calderón Hinojosa, fue reformada la Ley General de Salud. Desde el Artículo 473 hasta el 482, se delimitan los delitos de narcomenudeo y de consumo personal.
En el Artículo 479 se consigna el narcomenudeo. Se inscriben las cantidades limitantes donde “Se entiende que el narcótico está destinado para su uso estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivado o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente…”.
A continuación aparece una tabla de orientación de dosis máxima de consumo personal. Y es así:
* Opio, 2 gr.

* Diacetilmorfina o Heroína, 50 mg.

* Cannabis Sativa, Indica o Mariguana, 5 gr.

* Cocaína, 500 mg.
Lisergida (LSD), 0.015 mg.
* Polvo, granulado o cristal Tabletas o cápsulas MDA, Una unidad con peso no mayor a Metilendioxianfetamina, 40 mg. 200 mg. MDMA, dl-34-metilendioxi-n- Una unidad con peso no mayor a 40 mg. dimetilfeniletilamina 200 mg. Una unidad con peso no mayor a Metanfetamina 40 mg. 200 mg.

Portar más de esa cantidad constituirá un delito de narcomenudeo, dejará de ser posesión para procesarse como posesión con fines de comercio, o comercio.

Osorio Chong, en el segundo debate nacional sobre el uso de la mariguana, sugirió que dichas cantidades resultan mínimas para el consumo promedio internacional, y que ello ha llevado a consumidores a las cárceles. No consideró que los criminales organizados, los narcotraficantes, utilizan esas cantidades, para vender al narcomenudeo y evadir la justicia. Dijo el Secretario de Gobernación: “Debe analizarse a fondo la cantidad de mariguana que puede portarse de manera personal, ya que la mayoría de los internos en los Centros Federales de Readaptación Social están recluidos por narcomenudeo”.
Amplió: “Las dosis máximas permitidas por la Ley General de Salud son pequeñas, por lo que la gran mayoría de los casos con considerados como narcomenudeo a pesar de ser autoconsumo… (En México la portación máxima de mariguana son cinco gramos) a escala internacional el referente es de 28 gramos”.

Las leyes en México precisan que, efectivamente, hasta 5 gramos de mariguana se considera para consumo personal, más de 5 gramos pero menos de 5 kilos, es narcomenudeo, y más de 5 kilos es procesado con el Código Penal por narcotráfico.
Justificó Osorio que los consumidores portan en ocasiones más cantidad de droga de la máxima permitida, porque así se las venden. O sea que la estrategia de venta del narcotráfico no contempla los máximos de la Ley, sino lo que al mercado ilegal le conviene.
En un intento por “limpiar” las cárceles y no las calles de México, el Secretario de Gobernación centró además su disertación en la “injusta” (Las comillas en este párrafo son mías) aprehensión de los consumidores. Que el 60 por ciento de los reclusos en penales federales y el 80 por ciento de las prisioneras en mismo contexto, lo están por delitos contra la salud, “las mujeres están sentenciadas por delitos contra la salud no violentos; 99 por ciento son mujeres sin antecedentes penales y 88 por ciento están sentenciadas por el delito de drogas. De esos, 91 por ciento reportan no haber portados armas y su liberación permitiría recuperar el eje familiar a cientos de hogares mexicanos”.
En su incursión al debate de la despenalización del uso de la mariguana, el Secretario de Gobernación justifica a los narcomenudistas a quienes confunde con consumidores, e ignora de un palmo, los daños a terceros, que en este País son los más despreciados, vulnerando a la sociedad y abonándole a la impunidad.
El incremento de los llamados “delitos menores”, robos, asaltos, allanamiento de morada, invasión de la propiedad ajena, son cometidos mayormente por consumidores ya perdidos por la droga, que buscan en el artículo ajeno, dinero para mantener una adicción. Pero de esas estadísticas no habló el secretario de Gobernación. Tampoco anunció un plan o por lo menos el compromiso del Gobierno de Peña de iniciar una urgente campaña contra el uso de las drogas, o la millonaria inversión que se requiere para la recuperación de los adictos en centros de salud y no en improvisados hervideros de criminales en que se convierten muchos de los centros de rehabilitación privados, fondeados con dinero público.
Para coronar su propuesta, la de descriminalizar a los consumidores, Osorio anuncia que el Gobierno le apostará a la captura de los narcotraficantes, y no a la de los narcomenudistas. Si con ello quiso decir que evadirán esa su responsabilidad de limpiar aceras, calles y esquinas de vendedores de droga al menudeo, o si lo que intentó señalar es que esa responsabilidad recaerá en los Estados de la República, en cualquiera de las dos premisas, el Secretario anda errado, desacatando la Ley que el Presidente y todo su gabinete prometieron hacer cumplir.
Hasta antes de 2009, sí, hasta antes de las reformas a la Ley General de Salud y a la Ley General de Seguridad Pública hechas por el gabinete de seguridad de Calderón, la responsabilidad de combatir los delitos contra la salud, incluido el narcomenudeo, estaba en el fuero federal. A partir de ese año y con fecha límite el año 2012 para su total aplicación, la facultad de prevenir, perseguir, y procesar el delito de narcomenudeo también recayó en los Estados de la República.
Obvio no hubo un incremento en el presupuesto para abrir unidades de combate al narcomenudeo, ni capacitas Policías Ministeriales ni agentes del Ministerio Público especializados en narcomenudeo, como tampoco se destinó dinero alguno para la apertura de juzgados para el narcomenudeo. Nada.
La responsabilidad federal de combatir el narcomenudeo viene escrita en el Artículo 474 de la Ley General de Salud:
“Las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas, conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad a que se refiere este capítulo, cuando los narcóticos objeto de los mismos estén previstos en la tabla, siempre y cuando la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla y no existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada.
“Las autoridades federales conocerán de los delitos en cualquiera de los casos siguientes:
“I. En los casos de delincuencia organizada.
“II. La cantidad del narcótico sea igual o mayor a la referida en el primer párrafo de este artículo.
“III. El narcótico no esté contemplado en la tabla.
“IV. Independientemente de la cantidad del narcótico el Ministerio Público de la Federación: a) Prevenga en el conocimiento del asunto, o b) Solicite al Ministerio Público del fuero común la remisión de la investigación.
“La autoridad federal conocerá de los casos previstos en las fracciones II y III anteriores, de conformidad con el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables. En los casos de la fracción IV de este artículo se aplicará este capítulo y demás disposiciones aplicables.
Para efecto de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción IV anterior, bastará con que el Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente…
“En la instrumentación y ejecución de los operativos policíacos que se realicen para cumplir con dichas obligaciones las autoridades se coordinarán en los términos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables. El Ministerio Público de la Federación podrá solicitar a las autoridades de seguridad pública de las entidades federativas, le remitan informes relativos a la investigación de los delitos a que se refiere este capítulo”.

Por tanto, dar preponderancia a la aprehensión de narcotraficantes, minimizando la persecución de narcomenudistas, constituiría un desacato a la Ley que prometió hacer cumplir el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Quien no termina de entender que los vendedores de droga al menudeo, son quienes sostienen la pirámide criminal del narcotráfico, y que, de hecho, muchos de los capos que “hoy persigue”, iniciaron como narcomenudistas, mientras otros que vendieron droga en las esquinas, llegaron a sicarios, a distribuidores al mayoreo, a financieros.
Descriminalizar el narcomenudeo equiparándolo al consumo de drogas, es tanto como entregarles las calles a los narcotraficantes. O tal vez en el gobierno de Peña ya les urge meter las manos abiertamente en otro “negocio”, caiga quien caiga.

Misión: Salvar la corrupción

25 Feb

  
La línea principal de impacto para invitar a leer el trabajo periodístico de Investigaciones El País -el diario español- sobre la participación activísima de la Procuraduría General de la República y de la Embajada de México en aquel país, durante el arresto, encarcelamiento y posterior liberación de Humberto Moreira, alerta: “Misión: Salvar en Madrid a Humberto Moreira”.
Para los mexicanos que vivimos (y padecemos) el actual Gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, ese enunciado tiene una traducción que los mexicanos entendemos muy bien: Misión: Salvar la corrupción. Ya de manera sistemática, la representación federal se ha empeñado en salvar a los sospechosos comunes de corrupción, especialmente cuando están ligados al círculo Presidencial, al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al Gobierno de la República o en los Estados en poder del tricolor.
Dedicar los recursos económicos, humanos y los bienes de la Nación para “salvar” a Humberto Moreira de la prisión en España, es una afrenta enorme de la Presidencia hacia los mexicanos todos. Las lecturas son muchas: Hay mexicanos de primera y los que restan, la corrupción en este país es un mal endémico en la estructura de gobierno, el Ejecutivo de la República es cómplice de presuntos culpables, la PGR está al servicio de la clase política, la corrupción inicia en la estructura gubernamental y de ahí se disemina a los sectores productivos de este país, pasando por los gubernamentales y los políticos.
“La corrupción en México, Transamos y no avanzamos”, titula el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) el análisis que hace a partir del estudio internacional para determinar la competitividad de 43 países participantes, donde México se sitúa en la posición 36. Ocupa así una posición en los diez países menos competitivos, junto a Sudáfrica, Perú, Argentina, Rusia, Colombia, Indonesia, India, Guatemala y Nigeria.
Al análisis de la información, los estudios refieren que el principal problema de México para no avanzar es, precisamente, la corrupción.
El Instituto concluye que los factores que inhiben la competitividad, se encuentran, mayores costos de la delincuencia y menor propiedad de acreedores y a la propiedad, menor estabilidad política, menor libertad de expresión, libertades civiles y estabilidad política debido al aumento de la probabilidad de interferencia militar.
Todas, al menos las de este apartado, son premisas que tienen que ver con la corrupción del sistema mexicano. Hay delincuencia y crimen organizado y narcotráfico, porque existe la corrupción en las instituciones (como la PGR) que les proveen de impunidad para seguir delinquiendo. Hay menos libertades y represión a los derechos civiles porque hay corrupción y abuso de poder. Se da la inestabilidad política y la falta de confianza en este sector, porque impera la corrupción –y como en el caso Moreira-, la impunidad. Y de la interferencia del Ejército, pues ahí tiene a las Fuerzas Armadas que como en el pasado, buscan ser intocables, pero algunos de sus elementos –probado- están en prisión por participación en hechos de ataques a civiles y colusión con cárteles de las drogas.
El análisis del IMCO concluye con propuestas para inhibir los factores negativos que impiden que México sea un país competitivo. Solo transcribiré los que ellos ubicaron en la primera posición:
“Sistema de derecho confiable y objetivo: Robustecer el Sistema Nacional Anticorrupción. Profesionalizar a las policías estatales. Asociar la clave única de identidad con datos biométricos”.
La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), hace unos días presentó su informe con índice de percepción de corrupción. El México que gobierna Enrique Peña Nieto se ubica en la posición 95 de 168 países que fueron referenciados para medir la percepción de corrupción mundial. Peor aún, de los 34 países que integran la OCDE, México quedó en último lugar. Es el país más corrupto pues.
La corrupción genera impunidad. Y en este Gobierno esto se está convirtiendo en una norma. No sólo en casos como el de Humberto Moreira, donde el Gobierno mexicano, de acuerdo al reporte de Investigaciones El País, por lo menos intentó presionar a la Fiscalía Española, incluso con llamadas de la propia Procuradora, Arely Gómez, para liberar al sospechoso de hacer transacciones con recursos de procedencia ilícita (que de suyo si considera usted que Moreira era maestro, la abundancia económica es no solo extraña, sino llamativa… para otros gobiernos, al menos). Lo lograron, de alguna manera, Humberto Moreira fue liberado y hoy se encuentra en nuestro país amenazando con estampar, con la venia del PRI y de la Presidencia por supuesto, su nombre en alguna boleta electoral.
No importa que, como lo publicó El País, -a cuyos periodistas por cierto ni la Embajada de México en España ni la Procuraduría General de la República en nuestro país- ofrecieron declaraciones para confirmar o negar lo que investigadores de la Fiscalía Anticorrupción ibérica dieron a conocer de manera extraoficial: “Que el Gobierno de Enrique Peña Nieto puso a su disposición (De Moreira) toda la maquinaria diplomática y legal de la Embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel…”.
“La gestión de mayor nivel se llevó a cabo el pasado 21 de enero, un día antes de que se celebrara la vista en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó la puesta en libertad del ex Gobernador de Coahuila. Arely Gómez González, Procuradora General de la República y ex Senadora del PRI, telefoneó a su homóloga Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado para interesarse por el caso y conocer la posición de los fiscales españoles. “Le respondió que el caso está bajo secreto de sumario, que no podíamos darle ningún detalle y que la posición de la Fiscalía es que ese señor debía permanecer en la cárcel porque los delitos eran muy graves”, responde un portavoz de la Fiscalía General del Estado. La acusación contra Moreira –sobreseída provisionalmente días después por el juez Pedraz- la piden en España los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa. La Fiscalía española declinó facilitar información a Arely Gómez”.

En el ojo de las autoridades de los Estados Unidos, donde han encarcelado a colaboradores suyos y otros son buscados, Humberto Moreira puede sentirse seguro. Cuenta con el peso de todo el Estado Mexicano para protegerle y salvarle de investigaciones sobre corrupción. Enrique Peña Nieto es generoso con sus amigos. Salvando a la corrupción, su gobierno lo ha exonerado a él y a su esposa de probable tráfico de influencias y conflicto de intereses en la adquisición y renta de bienes inmuebles.
También ha dejado libre de duda sobre la comisión de un delito similar a su Secretario de Hacienda Luis Videgaray. No investiga la denunciada corrupción en el Gobierno de Veracruz, y la represión a la libertad de expresión y las libertades de civiles por parte del Gobernador, Javier Duarte. Ha intercedido ante Washington –con emisarios por lo pronto- para que la visa de turista le sea devuelta a Jorge Hank Rhon. No investiga el enriquecimiento ilícito de Carlos Romero Deschamps, ni lleva a buen puerto los señalamientos, también de tráfico de influencias, conflicto de intereses y corrupción de OHL. Mucho menos permitió que se juzgara por delitos electorales a su aliado –otro- Arturo Escobar del Partido Verde Ecologista de México.
Nada, la Presidencia de Enrique Peña Nieto y su Procuraduría no abonan a la política anticorrupción. Sus dos casos paradigmáticos, el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo y la persecución de los funcionarios del Gobierno de Sonora que encabezó el panista Guillermo Padres (que ciertamente hay elementos para procesarlos), son más investigaciones de corte político que de combate a la corrupción.
Ningún priísta o asociado priísta o de la Presidencia de la República, ha sido investigado, procesado o juzgado. Ninguno. En este país, en este gobierno, tal parece que la Misión del actual Presidente de la República es salvar la corrupción, por encima de toda la vergüenza extinta en este sexenio.