Archivo | abril, 2015

JAVIER LOZANO: EL SEÑOR DE LOS PALACIOS

29 Abr
El Senador del PAN y ex Secretario del Trabajo. Foto: Cuartoscuro

PRIMERA PARTE

Javier Lozano Alarcón, en su calidad de Secretario del Trabajo y Previsión Social, pagó con recursos públicos 24 mil 170 pesos diarios por concepto de renta de un inmueble al familiar de un abogado y cabildero de Televisa.

Según la información disponible en el Portal de Obligaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre del mismo año, la dependencia arrendó el edificio situado en Valencia 36, Col. Insurgentes Mixcoac, DF, en la cantidad de 8 millones 822 mil 248 pesos.

La dependencia a cargo de Lozano, ex Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones –y futuro presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado– alquiló, mediante adjudicación directa, el sitio a Felipe Fuentes Ostos, quien ha representado a Televisa en reuniones reportadas de manera oficial por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el mismo órgano regulador cuya condición autónoma ha sido cuestionada por el propio Lozano.

Con siete niveles –más de 1 millón de pesos al año por piso–, el inmueble de Valencia 36 fue ocupado por algunas direcciones de la STPS y como sede alterna del despacho del Secretario y actualmente funciona como oficinas de la Auditoría Superior de la Federación.

Su hermano Francisco Fuentes Ostos es miembro de la firma de abogados Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes.

“Mantenemos contacto directo y una relación profesional con las autoridades e instituciones públicas que regulan, supervisan e influyen en los negocios de sus clientes. También participamos en comités o grupos de trabajo creados para la elaboración de leyes, reglamentos y otras disposiciones legales, y hemos asesorado a dependencias gubernamentales en asuntos correspondientes a las áreas profesionales en las que el despacho se destaca”.

Francisco Fuentes aparece como especialista en telecomunicaciones en las prácticas descritas por la compañía de juristas. Al respecto, se enfatiza en la página de internet:

“Contamos con una amplia experiencia en el área de telecomunicaciones en virtud de que hemos asesorado a lo largo del tiempo, a empresas líderes a nivel mundial. Colaboramos con las empresas más prestigiosas de los diversos negocios de telefonía móvil o fija, radiolocalización, comunicaciones vía satélite e Internet, entre otros. Asimismo, asesoramos a empresas de televisión abierta, televisión por cable, televisión vía satélite, MMDS y grupos radiofónicos”.

Y de Fuentes destaca:

“Continuamente asesora a compradores, vendedores e inversionistas en operaciones complejas de fusiones y adquisiciones. El Licenciado Fuentes tiene amplia experiencia en revisión de concentraciones y prácticas monopólicas, representando a denunciantes como denunciados”.

Entre los representados de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes están Televisa y TV Azteca, “el duopolio televisivo”, como se le ha llamado para referir el poder político y económico de las mayores televisoras mexicanas.

Esto se sabe porque la normatividad obliga a la publicación entre los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano sucesor del que presidiera Lozano– y los sujetos regulados.

El 10 de septiembre de 2014 por la tarde, los comisionados del Instituto se reunieron con representantes empresariales para tratar el anuncio de venta de participación de Televisa en Iusacell. Por los “agentes económicos” acudieron, entre otros, Francisco Fuentes Ostos en calidad de “asesor externo de Televisa”.

También participó Tristán Canales Najjar, vicepresidente de Información y Asuntos Públicos de Grupo Salinas –del que es subsidiaria TV Azteca– y quien a partir de la próxima legislatura será Diputado Federal al ser postulado en un lugar seguro por el Partido Revolucionario Institucional.

Canales se integrará al grupo de legisladores conocidos como miembros de la “telebancada”, la misma a la que se acusa de pertenecer, destacadamente, a Javier Lozano Alarcón.

El 24 de abril pasado, Jeffrey Davidow, ex Embajador de Estados Unidos en México, y el ex Presidente del gobieno español José María Aznar encabezaron el anuncio de la fusión entre la consultoría multinacional DLA Piper, de la que son socios consejeros, con el despacho mexicano también especializado en negocios Gallástegui y Lozano, una firma de abogados que en 1985 fundaron Eduardo Gallástegui Armella y Gerardo Lozano Alarcón, hermano del hoy Senador panista Javier Lozano Alarcón.

PROMO-LOZANO-1

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El abogado Fuentes Ostos posee otros intereses. Uno roza con las recientes disposiciones impulsadas por el Partido Verde para el surtimiento de recetas médicas en caso que el sistema de medicina institucional carezca del medicamento ordenado. En la asamblea del 10 de noviembre de 2010, fue designado secretario sin ser miembro del comité de auditoría de Farmacias Benavides SAB de CV. En el directorio del consejo de administración aparece el nombre de Joaquín López-Dóriga López-Ostolaza, hijo del conductor del principal noticiero de Televisa.

Otro dato sobre el tejido de las relaciones: Francisco Fuentes Ostos coincidió, a mediados de los ochentas, en la Escuela Libre de Derecho con Javier Lozano Alarcón, quien cursaba la carrera tres generaciones atrás y con Felipe Calderón Hinojosa, cuatro clases anteriores a la del socio de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes.

Algo más: un pasante del despacho es Carlos Ahumada Gurza, hijo del empresario argentino que video grabó sobornos a perredistas utilizados en el complot que, según el propio Carlos Ahumada padre en su libro “Derecho de réplica” (Grijalbo, 2009), coludió a Carlos Salinas de Gortari, Rosario Robles, Diego Fernández de Ceballos y Televisa.

Otro pasante es Juan Pablo Aspe Valencia, nieto de Pedro Aspe Armella, el aún hoy muy influyente Secretario de Hacienda con Carlos Salinas de Gortari y jefe, en el servicio público y la iniciativa privada, del actual Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, principal promotor de las reformas energética y de telecomunicaciones.

“Si alguien le abre la puerta en el Senado a las iniciativas de la Presidencia, tanto en materia energética como en asuntos de telecomunicaciones, es Javier Lozano”, coincidieron, palabras más, palabras menos, dos senadores consultados, uno de ellos panista.

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La primera relación de un Alarcón y Televisa no ocurrió recientemente, en el sexenio pasado durante el intento de reforma a la Ley de Telecomunicaciones a la que se conoció como “Ley Televisa”.

En 1949, en asociación con el abuelo Emilio Azcárraga, el abuelo Alarcón extendió la Cadena de Oro al Distrito Federal y en 1961 compró la franquicia de la tarjeta de crédito Diners Club.

Al año siguiente nació su nieto Javier Lozano Alarcón.

A mediados de los sesenta, Don Gabriel fundó El Heraldo de México, periódico que presidió y dirigió hasta su muerte.

El diario nació en Puebla al igual que otros conglomerados periodísticos mexicanos, como la Cadena García Valseca, primera casa editora de los periódicos nacional y locales El Sol, y Novedades, de los O’Farril quienes además ostentaban un importante paquete accionario en Televisa. Las organizaciones editoriales compartían la ascendencia política de Maximino Ávila Camacho y el apoyo de su poderoso paisano y Presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz.

Hoy, Javier Lozano Alarcón mueve sus fichas para gobernar Puebla.

Muchos hilos, muchos intereses. Foto: Cuartoscuro

Muchos hilos, muchos intereses. Foto: Cuartoscuro

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El primer sueldo del licenciado Lozano en la administración pública fue en 1984 como pasante en la Dirección de Disposiciones de Banca Central del Banco de México. Llegó ahí por invitación de su maestro de Contratos, Pedro Ordorica, quien sería presidente de la –también cuestionada– Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro durante la administración de Calderón.

Talentoso y disciplinado, Lozano atrajo el interés de la iniciativa privada y, a los 25 años de edad, recibió la Gerencia Jurídico del Sector Petroquímica del Grupo Alfa, sector en el que su abuelo Gabriel Alarcón tuvo intereses hace más de medio siglo y en el que ahora su hermano Gerardo incursiona de la mano de Davidow y Aznar, ambos promotores, lo mismo que el Senador Lozano, de las recientes reformas energética y de telecomunicaciones que abren aún más esos sectores a la iniciativa privada.

Hacia 1986, el joven Javier volvió al gobierno, esta vez a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público titulada por Pedro Aspe Armella. Permaneció ahí durante el resto del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, así que conoció desde adentro la gestación del “error de diciembre” que llevaría al país a la bancarrota durante los primeros años del gobierno de Ernesto Zedillo.

En un tramo de la administración zedillista, entre 1994 y 1995, Lozano recibió la asignación de contralor general corporativo de Petróleos Mexicanos. Es decir, era el hombre responsable de cuidar que Pemex no fuera el barril de corrupción sin fondo que tan lo siguió siendo que en ese mismo sexenio que ahí se fraguaron estafas de cientos de millones de dólares, incluida la conocida como Pemexgate de la cual se benefició el candidato presidencial priista Francisco Labastida, a quien Lozano apoyó.

La paraestatal era dirigida por Carlos Ruiz Sacristán, quien migró a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes llevando de la mano a Javier Lozano, primero como oficial mayor y luego como subsecretario de Comunicaciones. Finalmente lo promovió como presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, tema fundamental en su carrera política y privada. Su habilidad y perspicacia política llevaron a que se le comparara con Joseph Marie Córdova Montoya, el pequeño Maquiavelo atrás de Salinas.

Vale la pena apuntar un par de coincidencias –más allá de las resultantes por el fervor compartido al libre mercado– entre Ruiz Sacristán y Lozano Alarcón. Mientras el maestro fue un devoto estudiante de los Legionarios de Cristo, el alumno residió en la casa del Opus Dei, una y otra congregaciones consideradas ultraderechistas. La segunda es que al conocerse la profusa actividad pederasta de Marcial Maciel, fundador de la Legión, Ruiz Sacristán amenazó ir contra CNI Canal 40 por la difusión de los hechos de abuso infantil. Años después, Lozano haría lo propio desde el gabinete presidencial contra MVS tras la mención hecha por Carmen Aristegui sobre el posible alcoholismo de Felipe Calderón.

Respecto Ruiz Sacristán pesarían algunas acusaciones, como la de ser beneficiario de un contrato público con la empresa estadounidense Sempra Energy. Esta firma posee un contrato sujeto a polémica no sólo ética sino judicial por 16 mil millones de pesos para el abastecimiento de gas natural entre 2008 y 2022. Y en contra de ambos, también de Lozano, de haber favorecido a la empresa Unefon.

Entre los pocos aspectos que Lozano no presume de su vida en su trayectoria es su función en el Fobaproa, el sembradío de fraudes por el que el gobierno compró a los bancos créditos incobrables que se tradujeron en un fuerte incremento en el costo fiscal del rescate para reducir así las pérdidas de bancos, accionistas o grandes deudores que podían pagar sus créditos, pero que fueron transferidos a deuda de todos los mexicanos: 552 mil millones de pesos. El monto equivalió al 40 por ciento del PIB de 1997, a las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos para 1998 y el doble de la deuda pública interna. A esto también obedecen los reclamos a Javier Lozano de cabildear a favor del interés privado y no del público.

–La verdad, la verdad, ¿alguna vez se quedó con el cambio de las tortillas? ¿Le ganó alguna propina a un mesero descuidado? ¿Se robó algo, lo que sea? –preguntó SinEmbargo a Lozano en entrevista concedida por el servidor público en 2013.

–Pues mira, vamos, pues… conscientemente alguna vez algo en la primaria, como una travesura, pero nada más– responde airoso. –Una cosa marcó toda mi vida. Cuando mi mamá me compró una colección de discos de Beethoven la pagó con tarjeta de crédito y llegando a la casa se dio cuenta que traía el báucher. A mí me pareció buena suerte. Pero ella regresó a la tienda y entregó el pago. Fue una enseñanza fundamental para mí. Me pueden poner de cabeza todos mis enemigos y no me encuentran absolutamente nada. Me pueden criticar muchas cosas, pero nunca que me llevara algo o que condicionara mi trabajo.

Lozano pasó luego a la Secretaría de Gobernación como subsecretario de Medios, despacho de cierta manera complementario al anterior en la Subsecretaría de Comunicaciones por la relación con los medios de comunicación, una oficina igual o equivalente con la que su abuelo Don Ga, Gabriel Alarcón, empresario de los medios de comunicación construido y favorecido por los Ávila Camacho y Gustavo Díaz Ordaz, tratara 30 años atrás.

Tras la derrota de su partido en 2000, Lozano ocupó la representación del gobierno poblano en la Ciudad de México. A la vez puso en marcha una firma legal llamada Javier Lozano y Asociados especializada en consultoría orientada a proyectos vinculados con la tecnología y regulación en materia de telecomunicaciones, manejo y estrategia de medios de comunicación. Uno de sus socios sería su hermano Gerardo, quien se vería involucrado en que la marca Pemex fuera registrada con ese nombre por un particular en Estados Unidos.

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En materia de telecomunicaciones, Lozano ha tenido opiniones encontradas.

En 2006 cuando se votó la llamada Ley Televisa, el senador panista, en ese entonces integrante del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), representó una de las primeras voces contrarias a la reforma presentada en la Cámara de Diputados.

“Es una ley retrógrada en la materia, que poco nos va a ayudar”, declaró Lozano el 10 de diciembre de ese año a Oscar Mario Beteta, de Radio Fórmula, recuerda Jenaro Villamil en el texto “El embate de la Telecracia”.

Poco después reculó y la propuesta parecía perder su carácter retrógrado.

De acuerdo con la columnas políticas de ese tiempo, la factura de cobraría meses más tarde con la llegada del Gobierno calderonista, pues a pesar de tener el perfil para ocupar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hubo presión de Emilio Azcárraga y/o de Carlos Slim para evitar que  llegará al puesto y Lozano fue nombrado titular de  la Secretaría del Trabajo.

En la reforma que se discute actualmente en el Senado, el panista  no estuvo de acuerdo de que ésta naciera del Pacto por México y para dejarlo claro, días antes de que ésta fuera  entregada a la Cámara alta, Lozano presentó su propia iniciativa en la que proponía fortalecer a la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Debido a ello y los enfrentamientos al interior de su partido entre los cercanos al presidente Nacional del PAN Gustavo Madero y al ex presidente Calderón,  al que pertenece, Lozano se opuso a  la creación de un órgano autónomo y regulador del sector.

La oposición de Lozano y sus declaraciones generó que Madero declarara que quien se oponía a la reforma le hacía el “caldo gordo” a los poderes fácticos, a los que el senador reviró señalando que  quien se comportaban como verdaderos poderes fácticos, eran los que seis en legisladores les querían “tirar línea” por la reforma.

Sin embargo, hace unos días el ex Presidente de la Cofetel cambió de parecer y dijo que apoyaría la creación del Ifetel.

“Yo mismo desde ahora digo: ni siquiera el presidente de Cofetel defiende a la Cofetel, el Secretario de Comunicaciones no defiende a la Cofetel, el Presidente de la República no lo hace, pues tampoco voy a ser tan necio. No quieren ellos defender su propia institución, vamos por el modelo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel)”, expresó el martes 9 de abril.

Una de la observaciones de Lozano hacia la minuta coincide con la de los empresarios, quienes están en descuerdo en que no se contemple la suspensión ante la resoluciones del Ifetel o de la Comisión Federal de Competencia.

“Es una regresión democrática el hecho de que se cancelen libertades y derechos fundamentales como el que no se tenga la suspensión en el juicio de amparo frente a cualquier decisión, acción, omisión o disposición de la Comisión Federal de Competencia o del nuevo Instituto de Telecomunicaciones. Es una barbaridad”, señaló Lozano el 4 de abril en el Senado.

–¿No considera usted que Televisa y TV Azteca dañan a México? –se pregunta a Lozano en 2013.

–No. Creo que son posiciones exageradas, extremas. Pienso que la libertad que tienen los mexicanos está al alcance del control de su televisión. Tan fácil como eso: le apagas, le cambias de canal. Siempre he pensado que es mejor apagar la televisión y prender un libro.

Actualmente, Lozano es un impulsor público de menguar la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo que empujaría nuevamente su subordinación al Poder Ejecutivo, a la Presidencia de la República, una presidencia con frecuencia señalada por su cercanía con las televisoras.

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El edificio de Valencia 36, en la Col. Insurgentes Mixcoac, el de Fuentes Ostos, no fue el único inmueble alquilado por Lozano, quien, en medio de los conflictos que sostuvo con electricistas, mineros y lopezobradoristas mantuvo su despacho en varias sedes alternas.

Por ejemplo, la Secretaría a su cargo ocupó 962 mil pesos en el alquiler de una casa en Monte Everest 615, Col. Lomas de Chapultepec, a menos de 10 cuadras de la llamada “Casa Blanca” que Grupo Higa traspasó a la actriz de Televisa Angélica Rivera, actualmente esposa del Presidente de México. El contrato corrió del 1 de abril de 2007 al 31 de diciembre del mismo año: casi 107 mil pesos mensuales de renta.

Durante 2008, a la vez que la Secretaría de Javier Lozano alquilaba el edificio de Insurgentes Mixcoac, rentó otro inmueble, éste en Lucas Alamán 165, Col. Obrera. Se contrató un pago anual por poco más de 5 millones de pesos.

Y otra más, propiedad también alquilada en 2008. Se trata de un inmueble ubicado en Adolfo Ruiz Cortines 3313, Col. San Jerónimo Lídice, justo en el Periférico. Esta renta costó al erario 5 millones 163 mil pesos que se pagaron sin mayor trámite que la licitación directa a José Javier Vázquez Manero y Joaquín Alfonso Jaime Aguerrebere Serrano.

El último de ellos, Aguerrebere es asociado de la Fundación Sembrando Trabajo, una organización no lucrativa que se presenta como promotora del desarrollo rural y social de los campesinos. Entre sus asociados están, entre varias otras, las fundaciones de Sabritas y de Walmart, también Grupo Bimbo, Monsanto y Televisa.

Un nombre reluce en el listado –cuyo posible carácter polémico es otro tema–: Gerardo Lozano Alarcón, el hermano del Senador Lozano, el hermano que ahora se asocia con Jeffrey Davidow y José María Aznar para aceitar negocios en energía y telecomunicaciones. *

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Velasco, nueva telenovela

29 Abr

 Manuel Velasco Coello repite historia. Historia de amor y telenovela; de telenovela y política. La continuidad de la vida en rosa de Los Pinos está asegurada con el nuevo casamiento.

El gobernador de Chiapas y la actriz televisiva Anahí Puente se casaron en San Cristóbal de las Casas con una ceremonia típica de telenovela, sin más invitados que sus respectivas familias y una escenografía compuesta por decenas de mujeres indígenas que engalanaron la fiesta.

Al menos, eso parecía, una típica escenografía de Televisa. Él vestido de charro negro, ella de blanco inmaculado. En el fondo, claro, el toque mexicano, más bien chiapaneco, con decenas de mujeres indígenas vestidas iguales con ropas típicas del estado que gobierna el señor Velasco Coello.

A diferencia de Peña Nieto y Angélica Rivera, el gobernador de Chiapas no está dispuesto a exhibir su riqueza de manera ostentosa. Por el contrario, si alguien ha aprendido de los errores de Peña Nieto, es Velasco Coello que prefirió tener una boda “sencilla” con el objetivo, dijo, de enviar un “mensaje de austeridad”.

Cuando los reporteros le preguntaron, insistió diciendo que era una boda sencilla “como cualquier persona que se casa”. Y abundó que pretende formar una familia. Y reiteró: “Hemos decidido hacerlo de una manera muy sencilla”.

Antes de que surjan las especulaciones, Velasco Coello advirtió que su señora esposa, trabaja “desde los dos años”…

Si ya teníamos una Primera Dama que con base a su trabajo ganó decenas de millones de pesos, pues ahora Chiapas puede presumir que tiene su propia Primera Dama que trabaja incluso antes de tener dientes o de aprender a caminar bien, vamos, que trabaja desde que gateaba.

El gobernador aclaró sobre la actriz convertida oficialmente en su consorte, que si ella tiene algo es por su propio esfuerzo y no porque provenga de los caudales públicos de Chiapas: “Ella en base a su esfuerzo, talento y dedicación ha tenido una carrera propia y por eso también se han generado especulaciones y datos erróneos. Ella no tiene nada que ocultar, al contrario, ha tenido una carrera que se ha formado ella misma en base a su trabajo”.

Después de leer la anterior declaración, ¿les recuerda algo? ¿se parece acaso a la historia de Peña Nieto  y Angélica Rivera? ¿Se anticipa Velasco a decir que su posible enriquecimiento se deberá sencillamente al trabajo y esfuerzo de su esposa actriz de Televisa? ¿Ambas son historias gemelas?

Todo indica, que Velasco Coello y Anahí Puente, pretenden seguir al pie de la letra el guión de la pareja actual que ocupa la residencia de Los Pinos, bueno, al menos oficialmente, aunque ya sabemos que la señora Rivera, conocida mejor como La Gaviota, vive en Miami.

Para evitar nuevamente especulaciones, el gobernador de Chiapas advirtió sobre su matrimonio: “Ella va a vivir con su marido, pero ella también va a seguir con sus actividades propias a las que se ha dedicado desde que tiene dos años de edad. Ella ha trabajado de manera independiente”. Y remató: “Ella hará labor social, estará cerca de su marido como cualquier mujer de este país que está cerca de su marido”.

Para empezar, tendremos que añadir que las similitudes entre Peña Nieto y Velasco Coello y sus respectivas esposas actrices televisivas, aumentan. Por ejemplo, el vestido de novia de Anahí lo diseño Benito Santos, quien también es diseñador de La Gaviota.

En el caso de la telenovela chiapaneca, el ajuar es una pieza única, supuestamente “artesanal” para plasmar la “belleza chiapaneca”, bordado por manos de costureras de ese estado. Lo que no nos aclaran es cuánto costó, aunque sabemos que un vestido de diseñador famoso tiene un precio que oscila entre 100 mil y 300 mil pesos. Y para sacarle todo el provecho posible, el gobernador ha dicho que el vestido se mostrará al público durante una semana en la Catedral de San Cristóbal

Vamos, que la historia “de amor” Velasco-Puente, va camino en convertirse en una réplica de la historia “de amor” Peña-Rivera. Aunque en la primera se trata del primer casamiento, mientras que en la segunda, estamos hablando de segundas nupcias con hijos de ambos cónyuges.

En lo que se parecen ambas historias telenoveleras, es que los dos gobiernan para pueblos con altos índices de pobreza. En Chiapas, Velasco Coello ha sido seriamente cuestionado por el dispendio de caudales públicos a favor de su imagen. Y no se diga de Peña Nieto y su familia, que han ofrecido un esperpéntico espectáculo de excesos en su súbita y sospechosa riqueza personal.

Velasco Coello no ha tenido empacho en utilizar su relación telenovelera para promocionarse políticamente. Es asiduo, junto a su actriz de telenovelas, de las revistas del corazón.

Algo que contrasta, con la miseria en la que vive una gran parte de los chiapanecos, para quienes incluso una boda “sencilla” y “austera” como esta, resulta un  insulto, un show electolero que en nada mejorará su vida y cuyo objetivo a futuro parece claramente definido: Los Pinos.

La siguiente pregunta es: “¿Están los mexicanos preparados para una nueva edición de telenovela de Televisa en Los Pinos?

Por Sanjuana Martínez 

Los gobernadores se quejan, señal de que vamos bien

29 Abr

La reforma constitucional que crea el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción es el resultado de una amplía negociación entre las principales fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, durante su discusión se atendieron las observaciones y recomendaciones que se hicieron desde varias organizaciones de la sociedad civil como Fundar, Centro de Análisis e Investigación, uno de los cambios más significativos que se propusieron y aprobaron fue darle la facultad a la Auditoria Superior de la Federación de fiscalizar las participaciones federales. Las participaciones son recursos “no etiquetados”, que los gobernadores pueden gastar como quieran, sin rendir cuentas a la federación, ni a la población. En 2015 el monto de las participaciones sumó más de 490 mil millones de pesos.

Se puede afirmar que los gobiernos locales dependen presupuestalmente de las transferencias federales, las cuales comúnmente representan el 90% o más del gasto público local. En muchos de los estados del país no existen controles efectivos para el control del gasto. La Auditoría Superior de la Federación en el Informe de la Revisión de la Cuenta Pública de 2013, hace hincapié en que “la fiscalización, la transparencia y la sanción administrativa y penal, implementadas a nivel estatal, son herramientas que aún no han logrado incidir en la gestión de los gobiernos locales; esto explica, en parte, la recurrente identificación de desvíos y de utilización inadecuada de los recursos federales transferidos”.

Las participaciones actualmente no son auditables por la federación, esta fractura en el control del gasto se sustenta en una malentendida concepción de la soberanía de los estados y los municipios, que,  bajo el argumento de la autonomía normativa han evitado que los recursos se auditen desde la federación. Esto resulta grave pues muchos gobernadores, con una discrecionalidad alarmante, han comprometido las participaciones de sus estados como garantía de pago de su deuda pública. Es de destacar que en general las deudas de los estados y municipios no se reflejan en el desarrollo del estado ni el bienestar de su población.

Poder realizar funciones de control y vigilancia en el manejo y destino de las participaciones federales implica un enorme paso en la rendición de cuentas, sobre todo ante la recurrencia preocupante de los gobiernos de los estados de garantizar el pago de la deuda con recursos provenientes de nuestros impuestos. Es común que los estados ni siquiera vean llegar las participaciones federales ya que  por instrucciones de las tesorerías federal y las estatales se van directamente  a un vehículo de pago, es decir a fideicomisos de garantía; donde se instruye que las participaciones se depositen directamente al banco acreedor de la deuda estatal a efecto de pagar el financiamiento.

Este es el escenario perfecto para que los gobernadores se endeuden por miles de millones y acaben su administración en medio de una apabullante y súbita riqueza personal mientras sus estados heredan deudas enormes, garantizadas con las participaciones federales, atrofiando así el desempeño de las administraciones futuras.

A finales de 2014 el monto total de la deuda de estados y municipios sumaba 509 mil millones de pesos; de los cuales 426 mil millones estaban garantizados con participaciones federales mediante fideicomisos. Algunos estados destinan casi el total de las transferencias federales no etiquetadas a cubrir pasivos financieros: Coahuila tiene comprometido el 90% de sus participaciones al pago de deuda; el Distrito Federal el 100%; el estado de México el 83%; Quintana Roo el 89%; San Luis Potosi el 92% y Sinaloa el 88% por mencionar algunos.

Los gobernadores en el marco de la discusión y aprobación del sistema nacional anticorrupción se han manifestado en contra de que la Auditoria Superior de la Federación pueda fiscalizar y coordinarse con las instancias de fiscalización locales. Su molestia es una clara señal de que la reforma constitucional los obligará a la transparencia y la rendición de cuentas respecto a las participaciones que reciben, su enojo nos muestra claramente que les pegaron donde más les duele.

La reforma tendrá que ratificarse en las legislaturas locales, no obstante a decir de los senadores muchos mandatarios acudieron a la Cámara Alta y movilizaron a los legisladores de sus estados a fin de eliminar del texto del proyecto la fiscalización de las participaciones.

Prácticamente el único avance legislativo que los candidatos de varios partidos políticos se apropian como un logro y enmarcan en banderas propagandísticas de cara al proceso electoral de 2015, es  la reforma constitucional del sistema nacional anticorrupción. Sin importar el color ni el prestigio lanzan campañas donde indistintamente señalan acusaciones francas de corrupción o sostienen el petulante orgullo de paternidad de un sistema que aún no nace.  Así la corrupción y la promesa de enfrentarla parecen ser la melodía del flautista de Hamelin con la que buscan llevar al elector a las urnas. Cabe la esperanza que dentro del ánimo electorero, por lo menos en los 9 estados del país en los que se cambiará de Gobernador se votará a favor de la iniciativa.

 Los políticos una vez más en ese ánimo romano de darnos pan y circo, han coincidido en mantener discursos elocuentes en contra de la corrupción y a favor de la rendición de cuentas. El Propio Presidente de México anunció a su subordinado Secretario de la Función Pública en medio de un escándalo de corrupción propiciado por el mismo mandatario, aderezó el acto administrativo con un bizarro discurso donde prometía castigar conflictos de interés similares al suyo, pues como bien se sabe a través de su esposa recibió de manos de un empresario al menos un financiamiento para comprar una lujosa residencia en condiciones muy favorables en comparación con el mercado crediticio, dicho empresario se ha beneficiado con miles de millones de pesos adjudicados en las administraciones de Peña Nieto, tanto siendo titular del ejecutivo federal y como cuando fue gobernador el Estado de México.

“Ya sé que no aplauden” dijo el Presidente después de anunciar actos contundentes contra la corrupción, actos que dicho sea de paso lo blindaron y eximieron de cualquier responsabilidad. Los gobernadores tampoco aplauden que les fiscalicen las participaciones, les espanta, les duele, esa es la mejor señal de que vamos bien.

Los 43 fantasmas que persiguen a EPN

29 Abr

  

Siete meses después, aun sin las marchas y protestas nutridas como sucedió en las primeras semanas y meses tras el asesinato de tres y el secuestro de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, el reclamo por una investigación justa y completa sobre el caso se mantiene como uno de los de mayor impacto, y que marcarán para siempre el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Ayer, nuevas marchas se sucedieron en la Ciudad de México, en Guerrero, en otras ciudades del país e incluso de Estados Unidos. Aunque la del Distrito Federal fue quizá la concentración más reducida de ciudadanos que la desgracia de los normalistas haya convocado en estos siete meses, no fue menos significativa e incluso ahora los padres de los 43, grupos civiles y sociedad en general colocaron un “antimonumento” en pleno Paseo de la Reforma, para recordar que el Gobierno federal tiene un pendiente de justicia con ellos, con sus familias y con toda la ciudadanía.

También en Guerrero, en Chilpancingo, cientos de estudiantes, profesores y ciudadanos marcharon por avenidas principales y realizaron un mitin. En el transcurso de esa protesta se registró la quema de camiones repartidores de la empresa Bimbo, lo que desembocó en un nuevo enfrentamiento de normalistas con policías de la entidad, sin consecuencias que lamentar.

En los municipios de Ayutla y Tixtla, también en Guerrero, se reportaron protestas y bloqueos carreteros, sin que se generarán roces con las fuerzas del orden.

El caso Ayotzinapa ha situado a Guerrero como un foco de alerta de cara a las elecciones, pues en esos municipios y otros más, incluyendo a Iguala, estudiantes y maestros, además de los grupos civiles que apoyan a los padres de los 43 han advertido que no permitirán la realización de las elecciones intermedias el próximo 7 de junio.

En este contexto, los padres de los normalistas desaparecidos anunciaron que el 1 de mayo, cuando se conmemora el Día del Trabajo, realizarán una nueva movilización en la Ciudad de México, marcha en la cual también participarán los jornaleros de San Quintín en Baja California, otro movimiento de protesta contra el abuso y las condiciones laborales que viven esos trabajadores del campo.

Así las cosas, e caso Ayotzinapa está muy lejos de quedar en el olvido y, por el contrario, sigue teniendo los reflectores a nivel nacional e internacional.

De acuerdo con Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega, uno de los estudiantes que fueron secuestrados en Iguala, un elemento más para mantenerse firme son los estudios realizados por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Equipo Argentino de Antropología Forense, así como las manifestaciones de apoyo de la sociedad civil en México y el extranjero.

Por ello, dijo ayer, no doblaron las manos y se mantendrán en la búsqueda de los hijos en los próximos meses y en los próximos años, si es necesario.

El Gobierno del Presidente Peña Nieto, sin embargo, ya no habla oficialmente del asunto, pero los 43 fantasmas lo persiguen a donde quiera que vaya: lo mismo en México que en sus giras por el mundo. Aun así, de acuerdo con analistas y expertos, de no retomar el compromiso que él mismo hizo con los padres en la residencia oficial de Los Pinos este caso será uno de los que mayor mella harán en su sexenio, donde han predominado los reclamos por la violación de los derechos humanos, las desapariciones forzadas y la tortura.

El daño por corrupción crece, y los políticos exhiben su desdén por la Ley que la combate

29 Abr

Romero Deschamps en la foto tomada por Reforma que difunden las redes sociales.

Carlos Romero Deschamps fue captado por el diario Reforma revisando un catálogo de yates, en plena discusión sobre los cambios para combatir la corrupción en México; la foto del líder del sindicato petrolero fue ampliamente difundida en redes sociales.

En la misma semana en que se aprobaron los cambios que darán pie al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en México, diversas organizaciones civiles presentaron con estudios y cifras el daño que la corrupción está generando en el país, debido a la opacidad y la falta de transparencia en la rendición de las cuentas públicas. También, en este marco, políticos encumbrados pusieron de manifiesto su indiferencia para combatir ese mal.

Los recientes escándalos políticos como el la “casa blanca” de la Primera Dama Angélica Rivera Hurtado, o la residencia de Malinalco de Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público, o los contratos del Gobierno federal con Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, obligaron al Presidente Enrique Peña Nieto a poner en la mesa acciones contra la corrupción, con el objetivo de mejorar su imagen pues, de acuerdo encuestas recientes difundidas en los medios de comunicación, ésta va en caída.

Académicos, iniciativa privada y organizaciones civiles consideran que el principal problema en México es la corrupción. Sin embargo, en una escena reveladora, el día que se discutía la Ley Anticorrupción en la Cámara Alta, uno de los personajes más polémicos del país Carlos Romero Deschamps, Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), ojeaba un catálogo de yates. Lo que especialistas en transparencia ponen como ejemplo del poco interés de la clase política por ese mal que aqueja al país.

Tras dos años de discusión en ambas cámaras del Congreso, el pasado 21 de abril los senadores aprobaron con 98 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, cambios a 14 artículos de la Constitución para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.

El Congreso de la Unión tendrá un año como plazo para crear la legislación secundaria de dicho sistema. El reloj empezará su marcha una vez que la mayoría de las legislaturas estatales hayan dado su aval a la reforma constitucional y el Presidente Enrique Peña Nieto la publique en el Diario Oficial de la Federación.

Esto significa que le corresponderá a los diputados electos el próximo 7 de junio y que integrarán la próxima Legislatura, generar las reglas que den viabilidad a la reforma constitucional con el propósito de poner fin a la impunidad en México.

Organizaciones de la sociedad civil como Fundar, México Evalúa, la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), entre otras, han avalado el Sistema Nacional Anticorrupción aprobado por el Congreso, principalmente porque contiene tres ejes fundamentales: prevención, investigación y sanción.

Pero también reconocen que se trata de una reforma “incompleta”, sobre todo en el tema del fuero: no toca al Presidente de la República, a los legisladores, a los gobernadores ni a los presidentes municipales.

La corrupción le cuesta al país aproximadamente el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo con datos de Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 103 de 175 países en el índice de transparencia. Los niveles de corrupción de nuestro país son equiparables a los de países como Bolivia, Moldavia y Níger.

A nivel América Latina, México se encuentra por debajo de sus principales socios y competidores económicos; 82 posiciones por debajo de Chile y 34 de Brasil. Además México es el país de la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el mayor índice de corrupción.

Y en más cifras, el Índice Global de Impunidad 2015 colocó a México en el lugar 58 en un ranking de 59 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sólo superado por Filipinas.

Los cinco países peor evaluados son Filipinas, México, Turquía, Colombia y Rusia. Foto: Especial.

Los cinco países peor evaluados en impunidad son Filipinas, México, Turquía, Colombia y Rusia. Foto: Especial.

Pese a ello, esta semana la clase política, acusada de ser la principal generadora de corrupción en el país, se colocó en el ojo público con dos hechos que resumen su preocupación para tratar de abatir este mal en México, donde el 97 por ciento de los delitos de corrupción quedan en la impunidad, de acuerdo con organizaciones.

El primer caso ocurrió durante la misma discusión de la Ley Anticorrupción.

El Senador priista Carlos Romero Deschamps fue captado por el diario Reforma ojeando un catálogo de yates. La imagen fue ampliamente difundida por usuarios de las redes sociales junto a mensajes que cuestionaron las “prioridades” del líder petrolero.

Romero Deschamps posee un yate, en el cual fue visto llegando en Isla Mujeres, Quintana Roo, en septiembre pasado, de acuerdo con reportes difundidos en la prensa. “El Indomable”, como fue bautizado su yate, está valuado en más de 1.5 millones de dólares.

El otro hecho se dio dos días después de aprobada la legislación, cuando Javier Lozano Alarcón, Senador del Partido Acción Nacional (PAN), celebraba al lado de su hermano Gerardo, del ex Presidente español José María Aznar, del ex Embajador estadounidense Jeffrey Davidow y de Gerardo Luis Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la fusión de las firmas DLA Piper y Gallástegui y Lozano.

Horas antes, en un salón del Hotel Four Season, los socios de la alianza habían hecho el anuncio oficial del nuevo despacho de consultoría global DLA Piper–Gallástegui Lozano, que ahora, dicen, buscan tomar provecho de los “cientos de oportunidades de negocios” que abren en México tras las reformas aprobadas.

El asistir a un evento y festejar con la familia y amigos no sería trascendente, a no ser porque Javier Lozano, presidente de la Comisión Legislativa de Comunicaciones y Transportes en el Senado de la República, fue un activo promotor de las reformas en Telecomunicaciones y Energía.

El coctel con el que se celebró la fusión entre DLP Piper y Gallástegui y Lozano se realizó la noche del jueves en Polanco y las imágenes del evento fueron difundidas por el Senador en su cuenta de Twitter [@JLozanoA].

En 2010, el hermano del Senador fue señalado por el supuesto uso de información confidencial del Gobierno mexicano para que la empresa Intermix, de la que era socio, le ganara a Petróleos Mexicanos la marca “Pemex” para comercializar cualquier tipo de producto en Estados Unidos. Antes también se le denunció por beneficiarse del 2000 al 2004 con contratos con Petróleos Mexicanos, mismos que se reactivaron en 2007 y 2008 cuando su hermano, Javier Lozano, era el titular de la Secretaría del Trabajo en el Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Ahora que la Ley Anticorrupción se aprobó, corresponde a los legisladores, entre ellos Javier Lozano y Romero Deschamps, fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para darle mayores facultades de revisión durante el ejercicio fiscal y sobre actos realizados en ejercicios fiscales anteriores.

El Congreso de la Unión deberá expedir dos leyes generales: la relativa al Sistema Nacional Anticorrupción, y la relativa a las responsabilidades administrativas de servidores públicos, así como a las conductas de particulares que se encuentren vinculados con faltas administrativas graves.

Además de la legislación secundaria, deberán reformarse diversas leyes federales, los ordenamientos constitucionales y legales de las entidades federativas, y posteriormente el reglamento de los entes públicos, todo para que en el mediano plazo se puedan diseñar y ejecutar políticas públicas que hagan frente a las conductas de corrupción.

Todo esto con el fin de que México abandone en el mediano plazo el nada honroso segundo lugar como el país con más impunidad.

El Senador Lozano y el Secretario de Comunicaciones y Transportes acudieron a un coctail de celebración. Foto vía Twitter: @JLozanoA

El Senador Javier Lozano y Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de la SCT, acudieron a un coctail para celebrar la alianza de la empresa del hermano de Lozano con empresarios y ex funcionarios públicos extranjeros, para hacer negocios en Telecom. Foto vía Twitter: @JLozanoA

Dos días después de aprobada la legislación, la sociedad civil presentó el “Anticorruptómetro”, una herramienta que muestra a los ciudadanos los días, horas, minutos y segundos que los estados tardan en aprobar y ejecutar el Sistema Nacional Anticorrupción.

Hasta el momento sólo los congresos de Chiapas, Hidalgo y el Estado de México han aprobado el SNA.

En otra iniciativa para acabar con la corrupción en México, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana lanzaron el portal candidatotransparente.com, en un intento por “reconstruir la confianza ciudadana a través del compromiso y transformación de la clase política en nuestro país. Queremos candidatos que antepongan los intereses de México a los suyos, una nueva clase política en donde no se haga política con dinero ni dinero de la política”, dice el sitio.

El portal, –que se creó a poco más de un mes de las elecciones–, se divide en tres apartados: declaración patrimonial, de intereses y fiscal y en él aparecen los nombres de los candidatos para gubernaturas, alcaldías y diputaciones ordenados por nombre, estado y partido político.

Hasta ayer viernes, sólo 50 candidatos de los mil 996 que tiene registrado el Instituto Nacional Electoral (INE) para ser votados el próximo 7 de junio, han publicado las tres declaraciones.

Se espera que en los próximos días se sumen otros candidatos a la iniciativa que busca que cada candidato se comprometa de manera tangible a poner los intereses de México antes de los suyos. “Un candidato que no pueda hacer esto no merece un solo voto, menos gobernar”, describe el portal.

EL HERMANO DE LOZANO, POR LOS NEGOCIOS DE PEMEX Y TELECOM

29 Abr

 
Jeffrey Davidow, ex Embajador de Estados Unidos en México, y el ex Presidente del gobieno español José María Aznar encabezaron el anuncio de la fusión entre la consultoría multinacional DLA Piper, de la que son socios consejeros, con el despacho mexicano también especializado en negocios Gallástegui y Lozano, una firma de abogados que en 1985 fundaron Eduardo Gallástegui Armella y Gerardo Lozano Alarcón, hermano del hoy Senador panista Javier Lozano Alarcón.

En 2010, Gerardo Lozano fue señalado por el supuesto uso de información confidencial del Gobierno mexicano para que la empresa Intermix, de la que era socio, le ganara a Petróleos Mexicanos la marca “Pemex” para comercializar cualquier tipo de producto en Estados Unidos. Antes también se le denunció por beneficiarse del 2000 al 2004 con contratos con Petróleos Mexicanos, mismos que se reactivaron en 2007 y 2008 cuando su hermano, Javier Lozano, era el titular de la Secretaría del Trabajo en el Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Davidow, diplomático retirado y quien estuvo al frente de la Embajada de EU en México del 5 de agosto de 1998 al 14 de septiembre de 2002, durante la Presidencia de Bill Clinton, es también reconocido por su conocimiento de la política y de los políticos en México y, para el caso, dijo a SinEmbargo que en esta nueva empresa evitará los conflictos de interés. Pero también aceptó que mantiene “contactos” y “amigos” en el Gobierno mexicano.

También, en una breve charla con este diario digital, reconoció que “es natural que personas que han experimentado mucho en el mundo, puedan utilizar su conocimiento en la ayuda de empresas”.

La sociedad entre Davidow, Aznar y la firma mexicana quedó formalizada en febrero de 2015 y se da, se informó, por el contexto de “cientos de oportunidades de negocios” internacionales que abren en México las reformas económicas –Energética, de Telecomunicaciones y Laboral– aprobadas en el presente sexenio.

El nuevo despacho que resulta de la sociedad, se informó a través de un video, trabajará en México asesorando jurídicamente y representando negocios e inversionistas en los sectores de fusión y adquisición de empresas, infraestructura, construcción, salud, telecomunicaciones, energía y agua, entre otros.

“Regularmente representamos bancos, casas de bolsa, agencias calificadoras y gobiernos en la negociación, estructura y aplicación de préstamos y colocación de títulos de deuda, incluyendo de activos extranjeros (…) Además, hemos diseñado legislaciones, reglamentos y guías, y cabildeado reformas legislativas de gran tamaño”, expone un folleto distribuido por los representantes de la firma.

La presentación se realizó la mañana de ayer en un salón del hotel Four Seasons de la Ciudad de México. En su turno, Aznar insistió en calificar la fusión de las consultoras como una “buena noticia” para México y para la globalización del libre comercio. “Hay un potencial extraordinario y un camino de reformas que quiero alabar”, agregó el español, cuyo personal informó que DLA Piper es la única empresa privada en la que ahora trabaja quien fuera Presidente del gobierno español de 1996 a 2004.

Davidow, por su parte, destacó las ventajas “geopolíticas” de la ubicación geográfica de México en el contexto del libre comercio global y, sobre todo, dijo, en medio de “una revolución” energética que convierte a Norteamérica en la principal fuente de gas natural del orbe.

“No podemos olvidar los retos, la situación, en el Medio Oriente, en otros lugares… se ha complicado el mundo, vienen nuevas oportunidades y se están dando hay nuevos retos. Para hacer negocios, alguna empresa mexicana, una empresa de cualquier país del mundo, para navegar en los mares, los empresarios necesitan consejeros excelentes y experimentados, para ayudarles en su trabajo”, dijo el ex diplomático estadounidense.

De acuerdo con lo presentado en la conferencia, DLA Piper es uno de los despachos internacionales más grandes del mundo, tiene presencia en 30 países, más de 4 mil abogados y ganancias de 2.5 billones de dólares. Otros datos agregan que, como Davidow, ha contado en sus oficinas con el trabajo de otros políticos norteamericanos, como el ex Senador George Mitchell, también enviado especial del Gobierno de Barack Obama en Medio Oriente.

Gallástegui y Lozano, por su parte, es un despacho con más de 30 años en México y que, de acuerdo con datos del Portal de Obligaciones de Transparencia, en diferentes ocasiones ha fungido como asesor jurídico de dependencias del gobierno federal, como Pemex Internacional y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

Cuestionado en la sesión de preguntas y respuesta sobre el valor que representa para la firma la presencia de políticos como Aznar y Davidow, Eduardo Gallástegui, fundador de la firma mexicana, respondió que es indudable la “capacidad de interacción” de ambos socios.

“Desde luego nadie puede poner en tela de juicio la capacidad de interacción no sólo en sus respectivos países sino a nivel mundial que han tenido y que hoy siguen teniendo figuras de primer orden, como son el ex presidente Aznar o el Embajador Davidow”, dijo Gallastegui.

“La suma a los esfuerzos de la firma son precisamente la de obtener de ellos de manera cotidiana sus contribuciones, consejos, ideas, su visión que desde luego es global y que además conocen, porque lo sabemos todos, también mucho acerca del mercado mexicano. Los dos han tenido una intervención preponderante y sustancial con temas que se sitúan en el país. De manera que diría que el beneficio de contar con figuras como estas es simple y sencillamente el de poder enriquecer la calidad de la prestación de nuestros servicios”, agregó.

DAVIDOW Y SUS CONEXIONES

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Además de ser responsable de la política en el Hemisferio Occidental para el Departamento de Estado norteamericano, Davidow fue Embajador de Estados Unidos en México entre 1998 y 2002 y, de 1991 a 1996, en Venezuela. En 2001 fue noticia por sus cuestionamientos a la resistencia del gobierno federal mexicano para apoyar la invasión a Irak. Antes, fue agente del servicio exterior de Estados Unidos en Guatemala y, durante el golpe militar de Augusto Pinochet, desempeñó el mismo cargo en Chile.

Reportes de prensa lo han identificado también como uno de los principales promotores de la actual Reforma Energética mexicana. En este país, su nombre aparece además en el consejo de administración de Infraestructura Energética Nova, o Ienova, encabezada por Carlos Ruiz Sacristán, ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el sexenio del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

Ienova, a su vez, es la filial mexicana de la empresa californiana Sempra Energy, en la cual participa el también ex Secretario de Energía y también de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, cuyo intenso tránsito entre el sector público y el privado lo ha convertido, según analistas, en un emblema del conflicto de interés entre la clase política nacional e internacional.

Al término de la conferencia en la que el propio Jeffrey Davidow dijo mantener sus “contactos” y amigos en el Gobierno de México, un tema que le fue planteado por SinEmbargo:

“En este caso, mire, yo no he estado en el Gobierno por más de 15 años, y creo que es natural que personas que han experimentado mucho en el mundo, puedan utilizar su conocimiento en la ayuda de empresas. Obviamente, hay que evitar conflictos de interés; pero, en mi caso, yo no tengo interés específico en una empresa u otra, yo trabajo en la cuestión de la geopolítica, y si hay empresas que tienen interés en eso…”, dijo Davidow en breve conversación. 

La vulgaridad de la “clase” política mexicana

29 Abr

Los mexicanos hemos vivido esta semana otra jornada más de cinismo y vulgaridad por parte de la “clase” política mexicana, que todo tiene menos precisamente “clase”, si por ello entendemos nobleza, educación y calidad humana.

La “clase” política en México, no es más que un grupúsculo que desde hace décadas las mismas costumbres, los mismos intereses y, sobre todo, los mismos vicios. Todo eso arropado por la corrupción que practican con singular alegría, y la impunidad que se procuran desde distintos frentes.

Desde distintas organizaciones y medios de comunicación, esta semana se denunció a la corrupción como la madre de todos los males en México. Si hay violencia e inseguridad, si hay miseria y hambre, si la economía no se mueve, si la educación y la salud están colapsando, el origen es precisamente el robo en despoblado que han hecho los políticos por generaciones y que en el actual Gobierno federal se disparado a niveles de cinismo.

Algunos de los líderes políticos más importantes del país, entre ellos el Presidente Enrique Peña Nieto y su familia, además de sus secretarios de Estado, funcionarios de nivel medio superior, gobernadores, presidentes municipales, legisladores, jueces, jefes policiacos, son señalados, con pruebas en la manos, de acciones que presumen corrupción y conflictos de interés.

Pero la “clase” política deja pasar los escándalos sin que nadie mueva un solo dedo: ni los que conducen el país a nivel federal, estatal y municipal, ni aquellos que desde la oposición debieran exigir el cumplimiento de la ley porque, como hemos presenciado en los últimos días, también tienen una larga cola que les pisen.

En este contexto de desgobierno, los únicos felices son los integrantes de esa “clase” política que impulsa reformas a modo, y que ya ni siquiera aplica la cautela o la discreción para esconder que, tras esas aprobaciones de “cambios” en el país, se esconden sus intereses más oscuros.

El viernes pasado, SinEmbargo amaneció con una nota principal que dio cuenta de la fusión de las empresas DLA Piper, donde José María Aznar, ex Presidente de España, y Jeffrey Davidow, ex Embajador de Estados Unidos en México, son consejeros, y el despacho de abogados Gallástegui y Lozano, creado en 1985 por Eduardo Gallástegui Armella y Gerardo Lozano Alarcón, hermano de Javier Lozano Alarcón, actual Senador por el Partido Acción Nacional (PAN).

Esa sociedad tiene en la mira hacer negocios en México, particularmente en los que se generarán en los sectores de telecomunicaciones y energía luego de las reformas impulsadas con vehemencia precisamente por el Senador poblano.

Gerardo Lozano, además, tiene además su propia historia en el mundo de los negocios con el sector público.

En 2010 fue señalado por el supuesto uso de información confidencial del Gobierno mexicano para que la empresa Intermix, de la que era socio, le ganara a Petróleos Mexicanos la marca “Pemex” para comercializar cualquier tipo de producto en Estados Unidos. Antes también se le denunció por beneficiarse del 2000 al 2004 con contratos con Petróleos Mexicanos, mismos que se reactivaron en 2007 y 2008 cuando su hermano, Javier Lozano, era el titular de la Secretaría del Trabajo en el Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Ese mismo viernes, aun cuando no se habían cumplido 24 horas del anuncio a la prensa sobre el acuerdo alcanzado entre DLA Piper y Gallástegui y Lozano, la revista Quién publicó en su portal de Interne 46 fotos del coctel con la que los ejecutivos de la firma celebraron su unión.

En esas fotografías apareció el Senador panista Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión Legislativa de Comunicaciones y Transportes, y hermano del socio de una de las consultoras que irán por el negocio de Telecom y Energía, entre otros.

En una de las imágenes, Javier Lozano aparece sentado en una mesa junto al ex Presidente español Aznar y el actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Eduardo Ruiz Esparza, uno de los funcionarios más cercanos al Presidente Enrique Peña Nieto, y quien encabezó la cartera de Comunicaciones también en el Estado de México, cuando el actual Primer Mandatario era Gobernador de la entidad mexiquense.

Otro de los que asistieron al festejo fue Bruno Ferrari García de Alba, quien en el sexenio de Felipe Calderón fungió director general de Proméxico [de julio de 2007 a julio de 2010] y luego como titular de la Secretaría de Economía [del 15 de julio de 2010 al 30 de noviembre de 2012].

Esta nueva exhibición del poder público y del privado se da en un contexto histórico de desconfianza en las instituciones del Estado mexicano y de rechazo a la “clase” política. Pero esa “clase” parece haber perdido ya la proporción de las cosas, y no tiene empacho en mostrarse tal como es: vulgar y grosera, sin ningún recato, y celebrar sus logros “de familia” ante una sociedad mexicana burlada y ofendida, pero que aún así no se cansa –y no debe hacerlo–, de señalar a los desclasados.