Archive | mayo, 2014

¿Y por qué aprobó el PRD la Reforma Fiscal?

28 May

A finales de octubre pasado 2013, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fuertemente apoyado por la mayoría de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) –supuesto defensor de los intereses de los más necesitados en el país–, aprobó el paquete de la Reforma Fiscal, cuya aplicación se hizo efectiva a partir del 1 de enero de 2014.

De inmediato surgieron voces de reclamo a esos senadores y diputados del Sol Azteca que respaldaron un paquete de alzas a impuestos que, ya desde entonces, eran señalados como otra muralla para el crecimiento de un país en el que el Producto Interno Bruto apenas se movía y que terminó creciendo 1.1 por ciento en 2013, su peor desempeño desde la crisis internacional que entre 2008 y 2009 se originó en Estados Unidos.

El PRD, decían entonces los diputados y senadores del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), que se opusieron a la miscelánea fiscal, debe responder a los mexicanos las siguientes preguntas:

“¿Qué motivos lo guiaron a subir los impuestos a la ciudadanía?, ¿por qué un partido, que supuestamente defiende a las clases medias y a las más desprotegidas, votó por impuestos que son claramente injustos?, ¿cómo y quién promovió esa decisión que atenta contra la creación de empleos y el desarrollo económico?”.

Los empresarios, los grandes, medianos y pequeños, todos, también alertaron que una de las más graves consecuencias de la aplicación de ese paquete fiscal en 2014 sería ahondar la “depresión económica y financiera” que se vivía hasta ese momento, dejar sin oportunidad a las empresas para crear empleos y, encima, usar más deuda pública para rescatar al país de la desaceleración, sin aclarar siquiera dónde y cómo se aplicarían esos recursos.

Ahora, siete meses después de aquella decisión negociada con los priistas, todos los analistas privados, nacionales y extranjeros, y entidades públicas como el Banco de México (Banxico), coinciden en que uno de los factores que más daño ha hecho a la economía en 2014 es precisamente esa miscelánea fiscal.

Apenas el viernes pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ajustó el pronóstico de crecimiento para este año de 3.9 por ciento a una tasa real de 2.7 por ciento. De inmediato, expertos de bancos y consultorías económicas y financieras advirtieron que esa meta de crecimiento será aún mucho menor.

El actual escenario económico, afirmaron, está cobrando víctimas entre la clase media y generando un mayor nivel de pobreza por haber autorizado un alza de impuestos en un país que no crece –un error económico de primer grado–. Además por haber transferido miles de millones de pesos de las familias mexicanas al sector público con el aumento al gasto del gobierno federal –otro error económico de primer grado–, recursos que debieron emplearse para generar consumo, invertir, aumentar la producción y crear empleos.

Pero en este contexto, siete meses después, los del PRD, desde su presidente nacional Jesús Zambrano Grijalva, hasta los coordinadores de las bancadas en el Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta, y en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, reclaman airadamente al gobierno federal su incapacidad para que la economía crezca.

Es más, ahora resulta que los perredistas, muy agraviados, también están exigiendo una revisión a la Reforma Fiscal y a la política económica dispuesta por Luis Videgaray Caso desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues, consideran, ha fracasado rotundamente, aun cuando ellos, desde el Congreso, le concedieron cobrar más impuestos y le aprobaron gastar el mayor presupuesto de la historia del país.

Antes de esto, desde luego, los mexicanos aún estamos esperando que la dirigencia del PRD y los legisladores que aprobaron esa miscelánea fiscal –que no fueron todos, hay que decirlo– respondan y den la cara a la ciudadanía.

Las preguntas para el PRD son las mismas y hoy están tan frescas como si fuera aquel 31 de octubre de 2013:

“¿Qué motivos lo guiaron a subir los impuestos a la ciudadanía?, ¿por qué un partido, que supuestamente defiende a las clases medias y a las más desprotegidas, votó por gravámenes que son claramente injustos?, ¿cómo y quién promovió esa decisión que atenta contra la creación de empleos y el desarrollo económico?”.

El 2.7 de crecimiento que espera Hacienda en 2014 pone a México debajo de Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay…

28 May

Estimaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) indican que la economía mexicana crecerá menos que Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, y que una mayoría de naciones emergentes.

China y la India tienen las expectativas más altas entre las economías emergentes, con 8.8 y 7 por ciento. Detrás de ellos está Indonesia, que tiene una perspectiva de crecimiento económico para 2014 de 6.5 por ciento, y Turquía de 5.1 por ciento.

Pero de acuerdo con un análisis realizado por el diario Reforma hoy –con datos de la OCDE y del FMI–, tras el ajuste de la meta de crecimiento económico para este año a 2.7 por ciento, México queda por detrás de las previstas para Brasil, Chile o Indonesia.

Brasil espera un crecimiento de 4 por ciento este año, mientras que Chile 5.3 por ciento.

Ese 2.7 de México está incluso por debajo de la expectativa que tiene Colombia, de 4.4 por ciento, y Perú, de 5.5 por ciento para 2014, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) citados por Reforma. Bolivia, con su 5.1 por ciento, y Paraguay, con 4.8 por ciento, están por encima del crecimiento económico esperado para México este año.

En un artículo publicado hoy en el mismo diario, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dice que el débil desempeño de la economía en el primer trimestre de este año se debió a tres factores principalmente:

“Estados Unidos tuvo un crecimiento prácticamente nulo (0.1 por ciento a tasa anual en el primer trimestre cuando el estimado era 1.2 por ciento) por las condiciones climatológicas inusualmente extremas que experimentó el pasado invierno. Este hecho disminuyó las exportaciones mexicanas a ese país que concentra el 80 por ciento del total de la demanda externa. Por su parte, la demanda interna se vio afectada de manera transitoria por la entrada en vigor de algunos impuestos al consumo como los impuestos al carbono (afectando gasolinas y diesel), a las bebidas azucaradas y a los alimentos no básicos con alta densidad calórica. Finalmente, la producción petrolera disminuyó de manera no anticipada 1.3 por ciento respecto de la cifra observada el año anterior”.

Con excepción de la caída en la producción petrolera, dice Videgaray, “estos factores son transitorios y las cifras recientes confirman que se están disipando, por lo que se espera un mayor crecimiento para lo que resta del año. La economía de Estados Unidos ya está creciendo, lo que se refleja en las exportaciones mexicanas que se incrementaron a un ritmo de 4.5 por ciento anual en marzo. En México, se están creando empleos y, en el mes de abril, el número de asegurados en el IMSS aumentó en todos los sectores, lo que no sucedía desde el mes de abril del año pasado”.

“La inflación ha mantenido su tendencia decreciente para colocarse en 3.4 por ciento en la primera quincena de mayo, lo que, sin duda, apoyará el crecimiento del consumo en los siguientes meses. Por su parte, el gobierno federal continúa ejerciendo el gasto público de manera acelerada para dar soporte a la actividad económica. Tan solo el gasto en inversión física el primer trimestre fue superior en 45 por ciento al del mismo periodo del año pasado”, dice el titular de la hacienda pública.

No obstante lo anterior, señala Videgaray, “crecer al 2.7% es crecer apenas un poco más que el promedio de 2.3% de los últimos 14 años o del promedio de 2.4% de los últimos 33 años. Esto quiere decir que si bien en las décadas recientes los mexicanos hemos enfrentado con éxito los retos de la apertura económica y de la estabilidad, no hemos todavía vencido el desafío de crecer a las tasas que demanda nuestro desarrollo. Para generar empleos bien remunerados y reducir la pobreza y crear prosperidad, México requiere crecer de manera sostenida en los próximos años y décadas a tasas cercanas al 5% anual. Y para ello México debe atreverse a cambiar”.

SALEN 29 MILLONES DE DÓLARES

Los mexicanos tienen 144 mil 821 millones de dólares en el exterior, más que las reservas internacionales que guarda en Banco de México (Banxico).

Sólo en los 18 meses que tiene Enrique Peña Nieto en el poder, han salido 29 mil 799 millones de dólares para depósito en instituciones bancarias extranjeras, y otros 15 mil 581 millones también fueron sacados para inversión directa, según cuentas del Banxico.

Durante el primer trimestre de 2014, los mexicanos depositaron 2 mil 377 millones de dólares en bancos del exterior, dice un análisis realizado por el periódico mexicano La Jornada. En el mismo periodo, salieron para inversión directa otros 2 mil 644 millones de dólares de mexicanos.

San Bartolo Ameyalco y la guerra del agua

28 May

Por: Sanjuana Martínez

La guerra por el agua llegó a México. Los conflictos por el vital líquido se multiplican, sin que el gobierno federal tenga proyectado un plan de abastecimiento equitativo para todas las comunidades. Los focos rojos se prenden en Veracruz, Coahuila, Nuevo León y en el Distrito Federal.

“Lugar donde brota el agua”, es el significa de Ameyalco, una de las comunidades más antiguas del Distrito Federal y México, donde existe un manantial que el gobierno de Miguel Ángel Mancera y el delegado de la Álvaro Obregón, Leonel Luna, quieren empezar a repartir, particularmente a los ricos de Santa Fe.

Los políticos en México han descubierto que repartirse el pastel energético no es suficiente. Del oro negro del petróleo, pasan al oro cristalino. El agua es un gran negocio que está haciendo millonarios a los políticos y a la misma cúpula de poder que se llena los bolsillos con el saqueo de nuestros recursos naturales.

Y San Bartolo Ameyalco es un suculento botín. Sus propiedades hídricas de antaño, han provocado que su comunidad este íntimamente ligada al agua, con ríos, manantiales e incluso, una laguna en Xaxalapa. Su fundación se remonta a 1535 y cuando llegaron los españoles ya existía registro de habitantes en esa zona, poblada en sus orígenes por el pueblo guerrero de los Tepanecas.

Una muestra del carácter de sus pobladores, la vimos hace días, cuando los excesos policiales nuevamente criminalizaron la protesta social, muy al estilo de Mancera y los suyos, con un saldo de 110 personas lesionadas y una decena de detenidos.

Ya sabemos que el estilo de gobernar de estos perredistas es a base de represión. Primero golpean y luego averiguan. En lugar de planear la obra hidráulica para ampliar el sistema Cutzamala, el delegado prefirió el uso de la violencia. Es más fácil para él mandar golpear a los pobladores que defienden sus recursos naturales, que analizar los posibles escenarios del conflicto y abrir una mesa de dialogo con los ciudadanos.

El autoritarismo es la tentación de los débiles. El delegado Luna se opone a trabajar respetando la voluntad individual y colectiva de los habitantes de San Bartolo Ameyalco, que no están dispuestos a dejarse pisotear, ni robar lo único que tienen. Pero el delegado prefiere construir sus proyectos con 2 mil granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF), un proyecto que avanza y finalmente concluyó la instalación de un tubo de una red de agua para repartir el vital líquido del sistema Cutzamala a San Bartolo, para supuestamente beneficiar a 20 mil habitantes.

La oposición de los pobladores está bien fundamentada: al extraer el agua del manantial, para el sistema Cutzamala, se contaminaría al mezclarse. La zona tiene problemas de abasto de agua desde hace más de 20 años, pero el delegado reduce el problema de la oposición ciudadana a unos “piperos” enojados porque disminuirán sus ingresos.

El delegado Luna ha preferido la “solución” policiaca que la política. ¿Dónde está la consulta, la conciliación de los intereses de ambos bandos? ¿Que necesitan los políticos y representantes del PRD para hacer bien su trabajo? La falta de preparación y efectiva gestión de nuestros políticos es infame, particularmente por los costos que genera la violencia del Estado, siempre inadmisible.

El problema de abastecimiento de agua de San Bartolo Ameyaco debería ser solucionado de una vez por todas bajo las condiciones de la concertación con los pobladores. De lo contrario, la gente que habita en esa zona, tendrá que seguir recibiendo agua en pipas que a veces cuestan hasta mil pesos.

Por lo pronto, será la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal la que determine las consecuencias de los excesos policiacos, siempre y cuando, se lo permita el PRD. Es en estos casos, donde esperamos la independencia de esta institución.

La guerra por el agua está generando auténticas batallas. La voracidad de funcionarios, políticos y empresarios no tiene límites. Y para demostrarlo, allí está el proyecto de Monterrey VI, un auténtico ecocidio con la construcción de un acueducto de 372 kilómetros de longitud y 2.13 metros de diámetro desde San Luis Potosí, atravesando Veracruz y Tamaulipas.

El gobernador Rodrigo Medina, cuestionado por corrupción en múltiples casos, dice que el acueducto dotará de agua al área Metropolitana de Monterrey durante los próximos 50 años, pero en realidad el proyecto hidráulico anunciado como el “más largo de América Latina”, con una inversión de 17 mil millones de pesos, tiene una parte oscura que la propaganda oficial no menciona.

El mega acueducto que supuestamente traerá el agua desde el río Pánuco, esconde un desastre ecológico, el daño directo a más de 7 mil trabajadores de caña de azúcar del ingenio de Pánuco, con sus 17 mil hectáreas en ambas márgenes, y la afectación a miles de habitantes de esa zona.

Los especialistas de la Asociación de Usuarios de la Cuenca Hidrológica del Río Pánuco ya advirtieron al gobierno que el proyecto Monterrey VI está condenado al fracaso y es inviable. Más aún, desde la Cámara de Diputados y el Senado, el PAN ha solicitado la suspensión del plan, hasta que el gobernador priísta aclare de dónde saldrán esos 17 millones de pesos, aunque algunos empresarios y funcionarios ya se frotan las manos y su avaricia brilla en las oscuras intenciones..

Tampoco los nuevoleoneses saben para que será utilizada el agua del Pánuco, primero el gobierno dijo que sería para el fracking, es decir, para la extracción de gas shale en la cuenca de Burgos, y luego cuando surgieron los temblores y la alarma ciudadana, lo negó.

Lo cierto, es que Monterrey VI y la obra hidráulica de San Bartolo Ameyalco, son dos ejemplos claros de que la próxima guerra en México, no será por drogas o petróleo, será por agua.

Mover a México, ja

28 May

Por: Alejandro Páez Varela

Manuel J. Clouthier decía que los que se roban urnas terminan por robarse el dinero público. Cuánta razón tuvo, y no generaciones después: hablaba de Carlos Salinas de Gortari y ya saben el resto de la historia.

La frase del Maquío permite perfectamente la actualización: que quienes compran voluntades terminan por robarse la esperanza.

El 22 de junio del 2012, Roberto Gil Zuarth se dirigió a Luis Videgaray, coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, en un programa de radio. Le dijo:

-Déjame hacerte una pregunta muy concisa, Luis: ¿Utilizan ustedes [el PRI] o no cuentas en Monex y tarjetas de debito de disposición en cajeros electrónicos? Es una pregunta muy sencilla: ¿sí o no?

-No –respondió Videgaray seco, sin verlo a los ojos (existe el video). Un “no” indignado, un “no” rotundo que podría obligar a quienes atendían el programa a pensar: “Qué bien chingan Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador: ¡que no, no, no compran votos con tarjetas Monex, chingao!”

Luis Videgaray mentía abierta y descaradamente, de acuerdo con los ministros electorales que después determinaron que Peña Nieto y su equipo sí usaban cuentas en Monex y tarjetas de debito… aunque el dato no les sirvió para un carajo: nadie fue sancionado. Y poco después, el PRI intentó premiar a esos mismos ministros con una pensión vitalicia que no existe en ningún país del planeta.

Pero una cosa es mentirle a los ciudadanos, desgraciadamente, y otra a los mercados financieros y al capital. Y digo “desgraciadamente” porque los que importan en esta historia son los ciudadanos. Ahora sabe Videgaray lo que es mentir con consecuencias. Todo el año pasado ajustó a la baja sus propios pronósticos alegres de crecimiento. Ahora, está sintiendo la presión de mentir. El romance de Peña Nieto con la prensa extranjera ha terminado. Ahora hablan de otro país al que dibujaban hace unos meses. Y es la economía, estúpidos.

No, no vamos a crecer como Luis Videgaray anunció para el primer año del sexenio y no, no vamos a crecer como Luis Videgaray había pronosticado para el segundo año del sexenio. Vamos a crecer muchísimo menos. Quizás, posiblemente, podría ser que a finales del sexenio el país creciera 5 por ciento, según dijo ayer domingo a El País Agustín Carstens, cabeza del Banco de México (Banxico). Pero no ahora. Confórmense con un crecimiento mediocre y con sus consecuencias: menor oportunidades laborales, los mismos porcentajes de pobres (lo que significa que aumentarán en números netos) o más.

No hay manera de vender un país que no existe.

Ese Maquío era sabio. Lástima que los hombres buenos no se den en maceta.

Han pasado 18 meses de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Una cuarta parte del sexenio, ni más ni menos. Quedan cuatro años y medio, aunque algunos afirman que el último no cuenta porque las campañas le restan poder y fuerza al Presidente en turno. Pero digamos que cuatro años y medio es lo que resta.

Uno de los lemas más promocionados por el actual gobierno dice: “Mover a México”. Intenta transmitir que la administración en curso imprimirá dinamismo: mover es mover: más empleo, más crecimiento, más oportunidades, más justicia social, más acción y, por lo tanto, menos pobreza, menos desempleo, menos desesperanza, mayor equidad. Pues, honestamente, no veo cómo le van a hacer para cumplir su propio lema.

¿Con las reformas de Peña Nieto? Ja. Cito a The Economist: “La Reforma Fiscal ha elevado el impuesto sobre la renta, que afecta a las personas acomodadas. La política también ha herido de manera desproporcionada a los pobres a través de un gravamen contra la obesidad sobre los refrescos y aperitivos. Jonathan Heath, economista, lo expresa así: ‘El gobierno está gastando más, pero tomó ese dinero de los hogares’”.

Eso es sobre la Reforma Fiscal. Sobre la Energética, no hay un solo funcionario mexicano en este momento que se atreva a decir que México crecerá en el corto o mediano plazos impulsado por la venta de garaje de nuestros energéticos. Ni uno solo. Ya les anda que no se nos olvida que dijeron que van a bajar los combustibles. Si usted revisa las últimas declaraciones del Secretario de Energía, ex presidente del PRI y empresario gasolinero Pedro Joaquín Coldwell, ni siquiera habrá precio estable de la gasolina: ahora dijo que “se ajustará de acuerdo con la inflación”, entonces espere gasolinazos mensuales que no serán gasolinazos mensuales sino “ajustes de acuerdo con la inflación”. Puras piñas, pues; piña tras piña (con perdón de las piñas) (¿Así decían ustedes de chavos a los mentirosos: puras piñas?)

Las otras reformas ni reformas resultaron: que la Educativa, por ejemplo; el sindicato de Elba Esther sigue en manos de otro Elba Esther; que la de Telecomunicaciones: lo que querían era abrocharse a los sitios incómodos de Internet y a los ciberactivistas, y beneficiar a las televisoras; que la de… párele. ¿Mover a México? Ja. ¡Si no pueden mover al Estado de México, que han gobernado durante 90 años! ¿Para qué nos hacemos locos? En el Edomex hay más crimen que nunca, más extorsiones que nunca, más secuestros que nunca.

¿Mover a México? A dónde, ¿a las urnas y con tortas? No se me ocurre otro uso para el “Mover a México” de su campaña.

Luis Videgaray le debe, en muy poco tiempo, muchas explicaciones a este país. Muchas. Deje usted la del 22 de junio del 2012; las de ahora mismo. Dieciocho meses y la economía sigue estancada. Odio repetirme pero lo haré. Escribí hace nueve meses: “Los gobiernos del PRI mienten una y otra vez. Y las mentiras tienen un costo. Se consolidan en la falta de transparencia –que tanto aman los priistas– pero tarde o temprano salen a flote. Lo sabemos usted y yo –aunque usted haya votado o no por el PRI–, lo saben los que arriesgan su capital, empresarios e inversionistas extranjeros. Yo, honestamente, no creo que las cosas vayan a mejorar. Pondrán mil excusas para justificar que la economía nacional se hunde, como ahora lo hace Videgaray con ‘Ingrid’ y ‘Manuel’; se sacarán conejos de la chistera para convencernos que no son ellos, que fue teté. Pero difícil engañar siempre y por tanto tiempo: es el PRI. Ese partido ha sido una noche negra para México y lo seguirá siendo porque las generaciones que vienen de priistas son lo mismo”. Pues me sostengo en lo dicho.

¿DESAPARECIDOS? HAGAN COLA, QUE LA UNIDAD AÚN NO INICIA

28 May

Ha pasado un año desde que el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el Procurador Jesús Murillo Karam ofrecieron una Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas a padres en huelga de hambre. Y es la hora en que ésta no cuenta con estructura operativa. En otras palabras: el apellido “especializada” aún no le encaja, pues no han sido contratados los agentes policiacos que trabajarían en terreno con métodos específicos. En este texto faltará una foto: la de la oficina de la Unidad. Ni siquiera cuenta con una. El personal es administrativo; está asignado a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR y ya ha demostrado letargo: si al 30 de julio de 2013, la CNDH admitía 24 mil 800 personas sin encontrar en la República Mexicana, la Unidad tenía asignadas apenas 54 casos. ¿Entonces quiénes buscan a los desaparecidos? SinEmbargo tuvo acceso al organigrama: hay sólo 24 personas contratadas; el sueldo mayor, de 175 mil 828.64 pesos mensuales, corresponde al Jefe de Unidad. Le sigue el de la directora general, quien devenga 119 mil 670 pesos y luego, el de 113 mil 588 pesos de un director general adjunto. La Unidad trabaja con un presupuesto de 40 millones de pesos…

Todos saben lo que pasó en las banquetas de Avenida Reforma aquella tarde en que empezaba a oscurecer del domingo 19 de mayo de 2013 cuando Ana María Maldonado, de 60 años de edad, presentaba diarrea y vómito por una huelga de hambre que no quería abandonar. Juntó diez días sin comer.

En realidad, lo suyo no era para reclamar lo que durante los últimos tres años había reclamado: el paradero de su hijo, Carlos Palomares Maldonado, quien desapareció con 34 años en el Distrito Federal, un maldito y extraño día en el que se le ocurrió salir a intercambiar figuras de Star Wars por un vehículo.

Su protesta a través del hambre era por otra razón: que el Presidente Enrique Peña Nieto empezara una investigación caso por caso de todos los desaparecidos de la faz de México, como lo había prometido el equipo de transición en el noviembre anterior.

Ana María no era la única en ese campamento de paredes de plástico, montado en la lateral de la avenida Reforma, al lado de la Procuraduría General de la República (PGR).

En total, siete madres y un padre dejaron de comer para que la búsqueda de sus hijos se convirtiera en objetivo prioritario de la procuración de justicia del nuevo gobierno.

Ahí estaban Margarita López, madre de la joven Yahaira Guadalupe Bahena, desaparecida en Oaxaca; Dolores Rodríguez, quien busca a su hijo, el universitario Juan Eduardo Olivares Rodríguez, sin aparecer desde el 1 de septiembre de 2011 en Tampico, Tamaulipas; Irma Alicia Trejo Trejo, madre de Francisco Albavera, a quien ya no se le vio más desde el 26 de marzo de 2011 en el Distrito Federal; Nancy Rosete Núñez, madre de Elvis Axell Torres, desaparecido el 30 de diciembre de 2010 en un camino rumbo a Tamaulipas; Erika Montes de Oca Marín, quien busca a su sobrino Sergio Eduardo Guillén, esfumado el 28 de noviembre en la Ciudad de México y Atanasio Rodríguez quien no encuentra a Alejandro Rodríguez González, después de que las patrullas 1250 y 1440 se lo llevaron el 19 de julio de 2010 en San Luis Potosí.

Pronto amanecería el 10 de Mayo –Día de la Madre- del 2013 y Ana María Maldonado decidió tirarse en la banqueta de la PGR y no probar bocado.

El 18 de mayo, al borde de la deshidratación y la muerte, salió del campamento en vilo. No se iba en vano.

En teoría llevaba una esperanza: el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto había aceptado crear la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

ONCE MESES, ¿Y DÓNDE ESTÁ LA UNIDAD?

Ha pasado un año de la promesa que hicieran el procurador Jesús Murillo Karam y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong , y once meses de la creación de la Unidad.

En este texto, faltará una foto. La del edificio de la instancia prometida. De hecho, la Unidad no tiene oficina propia. Es cierto que la instancia fue decretada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pero por ahora, pertenece a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR.

De los policías que serían contratados para dar con el paradero de quienes hace tiempo no están en sus casas, no hay nada. Una respuesta de esa Subprocuraduría a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en el folio 0001700022314 indica : “… Sin embargo, hasta el momento la estructura organizacional se encuentra en proceso de evaluación y en su caso autorización por parte de las autoridades correspondientes”.

Es decir, no tiene personal para trabajar en terreno. La misma respuesta añade: “No obstante, su funcionamiento se compone de un titular, así como de personal adscrito a la propia Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad”.

Es decir, la búsqueda de los desaparecidos en México está hoy por hoy en manos de funcionarios administrativos contratados.

LOS ENCARGADOS DE BUSCAR A LOS DESAPARECIDOS

El jefe de la UEBPD se llama Baltazar Samayoa Salomón y su sueldo es de 175 mil 828.64 pesos, según respuesta de ese órgano de justicia sobre el organigrama de la Unidad.

El último cargo importante en la procuración de justicia, Samayoa Salomón lo tuvo cuando se desempeñó como subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de 2002 a 2006, en el tiempo en que Bernardo Bátiz Vázquez estuvo a cargo de esa dependencia y Andrés Manuel López Obrador era Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Samoyoa Salomón es el hombre que se vio envuelto en un conflicto de intereses en 2003 cuando su hermano Ignacio, de 48 años de edad en ese momento, fue detenido por agentes de la policía preventiva como presunto responsable de los delitos de robo, allanamiento de morada y portación de arma de fuego.

Aquella ocasión, el Centro de Información Policial de la SSP –donde Baltazar Samayoa laboraba- informó que Ignacio fue sorprendido en el tercer piso del edificio con el el número 1004, en el Eje Central Lázaro Cárdenas, de la colonia Portales, donde trató de asaltar a Jorge Rojas Villaseñor.

En el momento del arresto, el detenido dio a conocer su parentesco con el funcionario de la Procuraduría capitalina y lo utilizó como argumento para quedar en libertad.

En ello se mantuvo al ser presentado ante la 31 agencia investigadora del Ministerio Público. Quedó libre, pero fue detenido de nuevo al siguiente año. Ingresado al Reclusorio Preventivo Norte quedó libre, durante la madrugada, tras pagar una fianza.

Ese incidente delictivo no impidió que Baltazar Samayoa continuara en su cargo. Pero después, su nombre desapareció del templete público hasta que en 2012 fue llamado al área de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, y en 2013 a la Unidad.

Quien ocupa la dirección general de la UEBPD es Patricia Colchero Aragonés y su sueldo es de 119 mil 670.45 pesos. Su carrera se ubica en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal donde trabajó de 2001 a 2009.

Su primer cargo fue en la Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones (CSER, cuyo objetivo era vigilar y verificar el cumplimiento de las recomendaciones. Luego, de 2007 a 2009, fue segunda visitadora general, a cargo de la investigación de violaciones a los derechos humanos en los Reclusorios. Ella misma fue candidata a la Presidencia de la comisión en 2012.

El tercer funcionario en el organigrama es Felipe Quiroz Martínez quien se desempeña como director general adjunto y gana 113 mil 588 .10 pesos. Fue enlace administrativo en el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Diputados. No tiene cargos públicos sobresalientes en su currículum.

El cuarto funcionario en este organigrama es Miguel Jorge Ramírez Castro con un sueldo de 95 mil 354.

En Coahuila, fue agente del Ministerio Público, jefe del Centro de Reclusión Social de Saltillo, director del Departamento de Control Vehicular, así como director de la Policía Ministerial.

En 2003 se vio envuelto en el escándalo. Tuvo que desmentir que era propietario del rancho “El Vergel” donde la PGR y el Ejército incautaron un cargamento de drogas y armas de fuego al grupo de narcotraficantes “Los Texas”, cuyas operaciones fueron ubicadas en el sureste de Estados Unidos y noreste de México.

¿SÓLO 150 CASOS?

Sobre cuántas personas están desaparecidas en México no hay acuerdo. El país carece de un registro único que reúna las señas de quienes ya no están con sus familias; además de la actualización.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas es una instancia que, como la misma Unidad, tampoco ha podido ser instalado en lo que va de este sexenio.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP) debió presentarlo al Consejo Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Renaped), que entró en vigor el 17 de abril de 2012, pero no lo hizo porque el reglamento no fue expedido por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Vislumbrado en la ley, el Registro será una base informática que debe agregar los datos de las entidades de la República, lo que obligaría a cada estado a llevar un registro particular con actualización constante.

Si una persona aparece, el gobierno local estaría obligado a notificarlo. Así que cada fuente tiene sus datos, sus informes, sus números.

La Secretaría de Seguridad Pública Federal indica que son dos mil 44; la PGR, cuatro mil 800; la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cinco mil 229.

El pasado 21 de mayo, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, informó ante el Senado de la República que ese organismo reconocía 24 mil 800 personas sin encontrar en la República Mexicana (la cifra, la CNDH la tenía desde el año pasado) desde 2005 a la fecha, un número que dista en muchos miles de las otras fuentes.

Como sea, todas las instancias –SPF-DF, PGR, PGJDF y CNDH– reconocen más de mil desaparecidos en el territorio nacional, pero la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas tenía asignadas al 30 de julio de 2013 sólo 54 casos. En el folio 0001700184013, la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales de la PGR respondió que hasta esa fecha había logrado dar con el paradero de dos personas y no había presuntos responsables por las desapariciones.

EL LUGAR CORRECTO

Debajo del letrero “Ayúdanos a encontrarlos”, ocho fotos, pegadas en un cristal reciben en la Subprocuraduría, en la calle de López 12, a un costado de Sears, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Un policía indica que se ha llegado al lugar correcto para empezar la búsqueda del ser querido. No se guarda una recomendación que suena aprendida: los hoteles más seguros son los de la calle Isabel la Católica; no son lo máximo, pero no están caros. Parece conocer una necesidad común. Un denominador. Tiene razón. Este es el único sitio a donde puede acudirse si se está en la desgracia de la desaparición de un ser querido.

La Procuraduría Social de Atención a la Víctimas del Delito (Províctima), creada por el Presidente Felipe Calderón para atender a los deudos de la llamada Guerra contra el Narcotráfico y entre ellos a quienes tienen familiares desaparecidos, fue cerrada.

En el número telefónico de 10002000 que le perteneció, ahora el conmutador responde: “Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”. Y aunque Províctima dejó de atender desde el año pasado, apenas el 8 de enero, el gobierno federal emitió el decreto que transforma al organismo en comisión.

De modo que todo ha vuelto a empezar y los datos tendrían que haberse traspasado a la Unidad ahora asignada a a esta Subprocuraduría. La Base Única de Datos Genéticos, anunciada en junio del año pasado por la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, tampoco está lista. Así, el tiempo sigue pasando.20140527-225543-82543779.jpg

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SOS: EL DISCURSO DE PEÑA NIETO SE HUNDE

23 May

Aunque casi a diario hay una declaración, el discurso del Presidente huye, sistemáticamente, del tema que preocupa a más mexicanos (de acuerdo con las encuestas e incluso con los analistas del Banxico): la inseguridad. Pero todo tiene un costo. Especialistas en discurso y comunicación dicen que esto lo hace ver como un mandatario evasivo, poco proclive al uso de datos y derrochador de emociones; un político al que sólo le importa comunicar su tema: las reformas estructurales. La política de comunicación de Peña Nieto parece no estar funcionando como sus asesores recomendaron desde la campaña, porque los índices de aceptación indican que se va debilitando. SinEmbargo habló con especialistas en el tema, y lo que dicen no les va a gustar a los asesores del Presidente…

Enrique Peña Nieto no asumía como Presidente de la República y el equipo de transición ya había tomado una decisión que a la postre sería inquebrantable: la palabra “guerra” quedaría erradicada de todos los discursos del primer mandatario.

Una voz anónima de aquel equipo hace un relato de las consideraciones tras las bambalinas y desemboca en una razón simple: “Un Presidente no debe equivocarse. Y ese término, con el peso de sus dos sílabas, implica de entrada un error. Un fácil y rotundo error, como quedó demostrado en la experiencia del sexenio anterior, del panista Felipe Calderón Hinojosa”.

Las consecuencias de lo sucedido en los seis años anteriores estaban a la vista y eran contundentes. Según el balance del Gabinete de Comunicación Estratégica en aprobación del cumplimiento de deberes, Calderón Hinojosa tuvo una calificación de 7.5 en 2009, cifra que disminuyó a 6.8 en el primer semestre de 2010, una tendencia a la baja que llegó a cinco al final del sexenio.

La comunicación era la culpable. O las formas que el mismo mandatario eligió para hablarle a los ciudadanos. Felipe Calderón, como Jefe del Ejecutivo, se convirtió en el primer gran actor de la información de las batallas relacionadas con el crimen organizado. Nadie más en su gabinete informó sobre los supuestos avances del gobierno en la derrota del crimen. Él estaba en el centro. En todo caso, el mismo ex mandatario reconoció que se había equivocado. En septiembre de 2013, en un foro de la Escuela de Salud Pública de Harvard, dijo que si su política de seguridad se interpretó como una “guerra” y no como “una estrategia en contra de las drogas”, fue debido a una falla comunicacional.

A partir de que se colocó la banda presidencial, Peña Nieto ha cumplido con creces la prohibición del uso de la palabra “guerra” y con ello, ha roto con el estilo del gobierno anterior. En el cúmulo de discursos pronunciados desde el 1 de diciembre hasta ahora, ese término no está ni por asomo, según una revisión de este sitio digital.

Pero, más allá de una palabra expulsada del vocabulario presidencial, en el tema de inseguridad -el que el mismo Inegi reconoce como el crucial para los mexicanos- el silencio se convirtió en la clave de la Estrategia de Comunicación del Presidente Enrique Peña Nieto.

Y ello está ya reflejado en su perfil como gobernante. Para especialistas en Comunicación y Discurso, Enrique Peña Nieto es un mandatario evasivo, incapaz de ver frente a frente a sus gobernados, más displicente que ocupado en la agenda de los problemas nacionales, poco proclive al uso de datos, pero derrochador de emociones; con la improvisación como talón de Aquiles. Un Presidente al que sólo le importa comunicar un tema: sus logros en las reformas estructurales. Y nada más.

SIN EMBARGO…

Algo no anda bien en la Estrategia de Comunicación del Presidente. Si bien los errores del pasado inmediato no han sido cometidos hasta ahora, Peña Nieto cumplió un año de gobierno, según la encuestadora Consulta Mitofsky, con una aprobación de 56 por ciento, por debajo de Felipe Calderón que tuvo 66 por ciento en el mismo instante político.

En Los Pinos ese pastel inquietó y entonces, se preparó un cambio. En 2014, el Presidente estaría más cercano a los pobladores cuando visitara la provincia. ¿Cómo lograrlo? Para empezar, el atril –el inseparable artefacto en el que el mandatario mexicano basó sus palabras durante su primer año de gobierno- sería retirado. Peña Nieto tomaría el micrófono y se convertiría en interlocutor de los ciudadanos, como ocurre en las campañas electorales.

Es en febrero de 2014 cuando los factores juegan a favor de la nueva táctica. El Presidente aparenta –con rebeldía- haber roto el protocolo. Las notas periodísticas así lo relatarán. Parado en el centro del estrado, en Chilchota, Michoacán, dice que la distancia entre la población y “quienes somos autoridades” debe quebrarse. No parece temer por un pasado de tropiezos con las palabras, al no atinar en el nombre de la capital de Veracruz; por ejemplo, y se permite una broma geográfica: “Primero, déjenme decirles, me da mucho gusto estar aquí en Chilchota, Michoacán… Y como me dijeron: Chil-cho-ta (aplausos) El secretario de Gobernación, me dijo es con “l”. Porque yo, al principio decía Chichota, y es Chilchota, con “l” que quede bien claro”.

Y el aparente azar hace de las suyas: surge Crisanta, una mujer purépecha que le dice a Peña Nieto que apenas puede creer que él esté ahí, frente a ella. Lo besa. Lo abraza en un apapacho que para los fotógrafos es eterno en sus tres minutos de pose. Así, cuando el 9 de abril regresa a la comunidad, Peña Nieto la busca y hay foto de nuevo. Los dos, entre carcajadas. Crisanta y el Presidente.

Lo mismo se sienta entre los estudiantes de la primaria de Jalpan de Serra en Querétaro; se deja abrazar por mujeres en Yucatán en pleno Día Internacional de la Mujer, o acepta hablar de productividad con aguacateros en Uruapan, asolados por el crimen organizado.

Carlos Páez Agraz dirige Mesura, un corporativo dedicado al análisis del Discurso. Es creador de la aplicación AdQuat a través de la cual, es posible identificar patrones de la comunicación. A las palabras dichas por Enrique Peña Nieto las ha estudiado desde la campaña de 2012 hasta ahora. “La cantidad de datos ha sido muy baja. Ha predominado la mención de los hechos sin fuente. La emocionalidad va de 45 a 60 por ciento. Esto nos parece grave porque el Presidente se muestra muy emocional, poco informado, muy dado a dar opiniones e ideas genéricas”.

La presencia del Presidente entre la población implica un recordatorio del pasado. Pero no del reciente, sino del de hace cuatro décadas. Páez Agraz asemeja el discurso a los pronunciados en los setenta. “Estamos ante formas muy parecidas a los de José López Portillo (1976-1982) y Luis Echeverría (1970-1976). En la construcción de “Arriba y adelante” o “La solución somos todos”.

Con todo, la cercanía táctica del Presidente con la población no ha redituado. No en los números de aprobación, esos que la impulsaron. Consulta Mitofsky registra una tendencia a la baja. En febrero llegó a un nivel de 47.6 por ciento, ni siquiera la mitad.

¿Qué ocurre?

Rubén Aguilar, quien se desempeñó como coordinador de Comunicación Social y portavoz presidencial de 2004 a 2006, el último tramo del gobierno de Vicente Fox, piensa que estos niveles de aceptación se deben en general, a “una mala estrategia de comunicación donde el Presidente no arriesga, está protegido, no articula un discurso. (Y el resultado es que) no es atractivo”.

“Los Pinos –dice uno de los hombres más recordados de los últimos sexenios en las labores de la vocería presidencial- debería replantear su estrategia de Comunicación porque la actual corresponde a otros tiempos. Funciona en el gobierno de los estados, pero no a nivel federal. Funcionó en el Estado de México; pero ya no sirve a nivel federal”.

Que el Presidente hable de la inseguridad del país no es un asunto exigible. Rubén Aguilar, experto en temas comunicacionales, expone: “Es un mal tema de los gobiernos. Es un tema perdedor. Está la experiencia clara del Presidente Calderón. Me parece adecuado haber desnarcotizado la agenda, y no haberlo convertido (al combate al crimen) en issue”.

Pero el silencio presidencial choca con la realidad. A cada rato. No ha cesado esa crisis de seguridad que en cualquier rincón de la República se presenta con su terror y desesperación, con su impunidad y zozobra.

Los muertos se le amontonan a Enrique Peña Nieto como admiten las mismas cifras oficiales. Sólo de enero a marzo de este año, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad ha contabilizado nueve mil 257 víctimas de homicidio. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acepta 27 mil 243 hombres y mujeres desaparecidos en este momento en México. La quinta parte de la deplorable cifra se añadió entre 2006 y 2013.

A Carlos Páez Agraz, el director de Mesura le parece que la realidad es más agobiante que el marcado silencio del Presidente. “Creo que apela a esta sensación que había con Calderón de hartazgo. Pero los parámetros de violencia no decrecen, aunque la forma de comunicar haya cambiado. El gobierno pasado centró su estrategia en dramatizar la violencia y este gobierno ha hecho lo contrario. Y si hay silencio, pero la crisis sigue, más bien, lo que parece es que en México sigue funcionando el callarse frente a los problemas”.

El equipo de transición tomó otra decisión que marcaría una diferencia importante con el gobierno anterior respecto a los asuntos de Seguridad Nacional. El asunto quedaría dividido entre el Secretario de Gobernación y el Procurador General de la República. Fue el Procurador Jesús Murillo Karam, quien tomó los micrófonos después de la detención de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” Guzmán, en el hangar de la Secretaría de la Marina.

Ese sábado 22 de febrero, el Presidente Enrique Peña Nieto no apareció. Y por lo tanto, no dijo nada. Cuatro días después, acudió a una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Los mandatarios estatales le aplaudieron de pie. Entre bravos, Peña Nieto exclamó que la captura de Guzmán Loera, el hombre más buscado del mundo, era una muestra clara de la capacidad de las instituciones mexicanas y prueba de la eficaz coordinación entre los gobiernos locales y el federal.

Él no fue el protagonista de la historia de esta detención, pero su aprobación subió casi tres puntos. Marzo de 2014, el Presidente lo concluyó con 50 por ciento en la encuesta de evaluación de Mitofsky. El análisis denominado “México: evaluación de gobierno, Enrique Peña Nieto (efecto de la captura de El Chapo Guzmán) revela que también disminuyó la desaprobación a su gestión por primera vez, luego de tres trimestres. En 48 por ciento se ubicó esta.

EL CRONÓMETRO PARA EL PRESIDENTE

Ha cesado el excesivo movimiento de las manos, el desvío de la mirada, los traspiés, el gesto de incomprensión tan comunes al principio de la administración. No hay duda: el Presidente se mueve con más soltura. Pero hay algo que también ha cesado: la improvisación. Aunque en algunos sitios del territorio nacional, se acerque a los pobladores, el Presidente no se explaya en temas nacionales y se aboca a quejas peculiares de la región.

Desde el desliz en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara en plena campaña (diciembre de 2011), Enrique Peña Nieto se puso ante el faro público como un hombre incapaz de desligarse de los guiones. No es posible narrar la biografía de Peña Nieto sin considerar estos yerros que le han dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

Ya como Presidente, olvidó el significado de las siglas del IFAI (enero 2013) e intentó salir del paso con la invención de otro instituto; equivocó el apellido del coordinador tricolor, Emilio Gamboa Patrón, a quien le puso el del coordinador en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones (enero 2013); y mencionó que Boca del Río era la capital de Veracruz. En este último evento, fue la primera vez que se defendió: “El Presidente también se equivoca”, dijo al enmendar el dato (abril 2013).

Todo parecía ir bien, pero el 23 de octubre del año pasado, se volvió a meter en apuros cuando no logró decir “epidemiólogos” en la conmemoración del Día del Médico. Para entonces, el Presidente ya había modificado su respuesta al cometer errores. En esa ocasión dijo: “Una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso”.

Su maestro de Oratoria, Ilhuicamina Díaz Méndez, el mismo hombre que le escribe los discursos desde la campaña de 2005 al Gobierno del Estado de México y hoy Director General de Discursos de la Presidencia, no está de acuerdo con que el Presidente improvise, confirma una fuente en la Presidencia de la República.

Díaz Méndez es el escritor fantasma del poder presidencial. A la vez, es en quien recaen los avances (o no) de la oratoria del Presidente. Se ha convertido en figura clave del equipo. Es verdad que Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray Caso son alfiles con secretarías poderosas en presupuesto y unidades administrativas, pero no hay palabra oficial que emita Peña Nieto sin la autorización de Díaz Méndez.

Una de sus indicaciones es la duración de los discursos. El Presidente Enrique Peña Nieto no habla en el micrófono más de 24 minutos. Cuando lo hace, se disculpa. La más larga de sus piezas ha durado 31 minutos y fue sobre la Reforma Educativa. En la promulgación de la Reforma Energética, el primer mandatario usó 28 minutos. Este formato tiene un solo objetivo: no improvisar.

¿Por qué?

Páez Agraz, el director de Mesura, reconoce que la improvisación es el gran talón de Aquiles de Peña Nieto y es evidente que el equipo de Discursos lo sabe. “Decía Mark Twain, –cita el analista– que lleva tres semanas preparar una buena pieza improvisada. No es una de las habilidades de Peña Nieto. El ejemplo del IFAI y la FIL hablan de ello”.

Abunda: “Él intenta navegar y navegar. Y el público tiene la sensación de que entre más habla, se hunde más. Entonces, la improvisación le duele mucho. De modo que es notable que con discursos escritos mejora en forma drástica”.

¿QUÉ QUIERE DECIRNOS?

Desde el principio, Enrique Peña Nieto delimitó su mensaje en las cinco metas nacionales contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo: un México en paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México próspero y un México con Responsabilidad Global.

Todo ello se lograría a través de cinco reformas estructurales: la educativa, la hacendaria, la financiera, la energética y la política-electoral bajo el cobijo de un acuerdo con los partidos opositores, el llamado Pacto por México.

Para Rubén Aguilar no hay ninguna duda: al Presidente le interesa comunicar que es capaz de impulsar reformas. “Pero ello no resuelve el problema de comunicación. Ese mensaje no llega a la gente. A la gente en La Montaña de Guerrero o en la sierra de Zongolica. Allá no se sabe del impacto de las reformas de Peña Nieto. Y entonces, resulta una comunicación para un público de élite”.

Apenas cumplía dos meses cuando su gobierno detuvo a la dirigente magisterial, Elba Esther Gordillo, por desvío de dinero del sindicato para operaciones ilícitas. El país se recuperaba de esa sorpresa y el Presidente había logrado la aprobación legislativa de dos reformas que habían permanecido empantanadas durante 12 años: la Educativa y la de Telecomunicaciones. Además, había logrado pasar la Ley de Amparo.

Ese vertiginoso historial de logros le dio a Peña Nieto la imagen de un gobernante interesado en destrabar pendientes esenciales para el país. En México, los grupos empresariales le aplaudieron y la revista Time lo escogió como uno de los “100 personajes más influyentes”. Su imagen característica de cabello intacto le dio la vuelta al mundo en una de las diez diferentes portadas de esa casa editora.

Pero el Pacto por México no logró cumplir un año. Dos días antes de su aniversario, se rompió dado que el Partido de la Revolución Democrática acusó “traición” del Partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional en una prisa incomprensible para impulsar la reforma política. Y la imagen de reformista del Presidente se desplomó con el mismo impulso que había empezado.

Raúl Trejo Delarbre, experto en Medios y Política, expone que en términos de comunicación la ruptura del Pacto por México tuvo un costo muy alto. “Porque (a la Presidencia de la República) le interesa comunicar una situación de estabilidad: que el gobierno funciona, que hay una mano firme, pero al mismo tiempo que consigue acuerdos”.

En esas condiciones se encuentra la Estrategia de Comunicación del Presidente cuya parte esencial es la forma de dirigirse a los gobernados. Cada día se inscribe como una oportunidad para buscar la aprobación social del gobierno dado el peso de las palabras. Trejo Delarbre recalca que no hace falta un Presidente parlanchín, como ocurrió a principios de siglo; o uno obsesionado con un tema, como en el sexenio anterior. Para el especialista no sería saludable “una verborrea constante” como recurso de la evaluación de la administración pública.

Con todo, cada día, el Presidente sale, toma un micrófono y dice algo.

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Moreno Valle, Velasco, Borge, y el fascismo

23 May

Por Martín Moreno

+Puebla, Chiapas, QR: bala y palo a manifestantes
+Moreno y Velasco: el fondo, sus ambiciones en 2018

La tentación del autoritarismo entre los políticos es una línea tan delgada como peligrosa. ¿Dónde termina la tolerancia de los poderosos? Cuando su imagen, intereses y proyectos se ven dañados por la crítica. Es entonces cuando el virus de la represión les brota, a la mayoría, contra sus rivales y, en no pocas ocasiones, amenazando a ciudadanos inconformes.

Y eso ocurre en Puebla, Chiapas y Quintana Roo, gobernados por los priistas Rafael Moreno Valle, Manuel Velasco y Roberto Borge, respectivamente, entidades donde han impulsado y sus Congresos aprobado leyes antimarchas en las cuales –como en el caso poblano- hasta armas de fuego se autoriza utilizar en contra de manifestantes.

Usted me dirá, lector de esta Red Pública, que Moreno Valle es del PAN y Velasco del Partido Verde. En la papeleta electoral, así fue. En su formación política, corazón y entrañas, son priistas.

Moreno Valle perteneció siempre al PRI y sólo brincó al PAN por conveniencia política para poder llegar a la gubernatura. Si Moreno es panista, entonces Puebla está en Europa.

Velasco siempre ha pertenecido al PVEM que, como todos sabemos, es un eructo del PRI. Los verdes son las rémoras del priismo: nadan a su sombra, actúan como priistas, piensan como ellos. Si Velasco no es priista, entonces Chiapas está en África.

¿Y Roberto Borge? Un gobernador joven pero con las mañas antidemocráticas del priismo viejo aunque, en la praxis política, no hay viejo ni nuevo PRI. Es el mismo. El de siempre.

Y sí: son ellos, los priistas. No cambian. Ni cambiarán.

Por supuesto que el columnista jamás estará en favor de la anarquía, del uso de la violencia de manifestantes contra civiles o comercios, o cuando se ponga en riesgo la vida de una persona. No es por ahí.

Sí, en cambio, que haya libertad en manifestaciones públicas en contra de los abusos del poder, protestas contra gobiernos que pretenden reducir al silencio y a la resignación a las sociedades, o marchas en busca de fortalecer libertades que pretenden ser suprimidas por la clase política. Con estos movimientos, cada quién desde nuestra trinchera, estaremos a favor.

Sin embargo, la ley antimarchas en Puebla tiene, indiscutiblemente, tintes fascistas.

El lunes pasado se aprobó un ordenamiento que desde su nombre es un mar de contradicciones: “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza de los Elementos Policiales”. Es decir: en Puebla se protegerá a balazos. Como en el viejo oeste.

Se argumenta en su Artículo 10 la “legítima defensa, en el caso del uso de armas de fuego o de fuerza letal, cuando exista agresión real, actual o inminente que ponga en peligro la vida o la integridad física”. Esto es más que obvio y no necesita reglamentación alguna: la autoridad policiaca está obligada, bajo cualquier circunstancia, a proteger a los ciudadanos. Cómo sea. Eso ya está consagrado en la Constitución.

Lo preocupante de la iniciativa enviada por Moreno Valle al Congreso poblano –un pretexto falaz-radica en que el uso de armas de fuego -pistolas, rifles, metralletas, etc- lleva dedicatoria y está etiquetada: utilizar bala contra los manifestantes que pongan en jaque al gobierno.

¿Bajo qué argumento?

Basta leer el apartado que clasifica como “factor de riesgo” en las manifestaciones públicas, considerando…“el poder numérico de los manifestantes; las circunstancias de tiempo y lugar en las que se lleve a cabo las manifestaciones; el fin que persigue la manifestación o mera manifestación de ideas; los aspectos socioeconómicos o políticos imperantes en el momento de la manifestación y la cobertura a la manifestación”.

¿Qué tal?

Supongamos entonces en base a lo anterior:

Si el número de manifestantes es por miles, podrán ser disueltos a balazos.

Si es en el Centro de Puebla, deberán ser sometidos bajo plomo.

Si el fin que persigue la manifestación es, por ejemplo, protestar por los abusos o la incompetencia del gobernador Moreno Valle y pedir su renuncia, podrán ser baleados.

Si la mera “manifestación de ideas” exhibe al gobierno de Moreno Valle, pues a someterlos a balazos.

No nos equivoquemos: amenazar la “manifestación de ideas” es autoritarismo. Y punto.

¿Y quién determinará qué manifestaciones son de alto riesgo? Pues Moreno Valle.

Lo que ocurre en Puebla es una regresión democrática, atentar contra las libertades ciudadanas, amagando con someter a balazos –literalmente-, las expresiones contrarias al gobierno establecido.

Y algo también lamentable: el silencio y la falta de crítica de medios y periodistas locales contra la #LeyRafaBalazos con aromas fascistas. Salvo dignas excepciones, como el Periódico Central, que ha sido riguroso con la información y ha dado la voz de alerta a Puebla y al país, la mayoría de los comunicadores poblanos han cerrado los ojos. Qué pena.

“El estado protege sus intereses y éstos van en contra de la misma nación, y al ir en contra de la mayoría, no acepta la crítica, y ha llegado al grado de utilizar las armas para querer evitarlo. Es característico de los gobiernos dictatoriales donde no hay democracia”, advierte el investigador de la BUAP, Silvano Victoria de la Rosa.

Dictaduras. ¿No que ya se habían ido?

El 15 de mayo pasado, en Chiapas, también por iniciativa del gobernador Manuel Velasco, fue aprobada una ley que avala el uso de la fuerza pública contra marchas o manifestaciones.

“Constituye un amago contra las manifestaciones públicas en momentos en que hay un descontento social generalizado por las reformas y decisiones gubernamentales que agravian a la mayoría de los mexicanos “, advirtió la diputada local Hortensia Zúñiga.

Velasco, como Moreno Valle, argumenta no permitir “manifestaciones violentas” y reservarse el uso de la fuerza. Okey. El problema es cuándo y cómo se determinará que las marchas en Chiapas son “violentas”: ¿Cuándo critiquen al gobernador? ¿Cuándo cuestionen a Peña Nieto? ¿Cuándo sean contrarias a los intereses oficialistas?

En Chiapas, Manuel Velasco ha basado su programa de gobierno en tres puntos básicos: en publicidad y propaganda, en amenaza a las libertades públicas…y en su noviazgo fabricado con Anahí.

Pobre Chiapas.

En Quintana Roo se abrió el baile del fascismo.

El gobernador priista Roberto Borge encabeza el primer gobierno que oficialmente concretó una ley en contra de las protestas sociales en espacios públicos, y que faculta a las autoridades para que, ante cualquier queja o protesta, los policías puedan disolver las concentraciones masivas.

Es decir: si el PRI o alguno se queja de que hay marcha contra el gobernador, será motivo suficiente para reprimir a los manifestantes. Así de sencillo.

QR, como Puebla y Chiapas, son las joyas del autoritarismo oficial en contra de las manifestaciones públicas.

La tentación del autoritarismo es una línea muy delgada…y tiene un fondo sucesorio: el 2018.

Moreno Valle –aliado incondicional de Gustavo Madero-, busca ser el candidato presidencial del PAN…con su corazón priista.

Manuel Velasco quiere ser candidato presidencial del Partido Verde… con el apoyo de su querido PRI.

Y por ello, desde ahora, ambos pretenden someter las manifestaciones públicas en su contra y las adversas a Peña Nieto; silenciar a las voces críticas; consolidar la censura, siguiendo el ejemplo pueril del gobierno peñista contemplado en la Ley de Telecomunicaciones.

Primero, el fascismo. Después, el 2018.