Archivo | agosto, 2015

LA VENDEDORA, EL CANDIDATO DEL PAN… Y EL REPARTO DE PODER (3 DE 3)

24 Ago

Rosa María de la Garza Ramírez o Rosi Orozco, la activista que dice luchar contra la trata de personas en México, emprendió junto con su esposo Alejandro Lucas Orozco Rubio, un proyecto importante en 2006: acercar al entonces candidato a la Presidencia de la República por el Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, a las congregaciones cristianas y evangélicas del país.
Lo lograron. Calderón se presentó en varias ocasiones en el auditorio de la organización Casa Sobre la Roca, que dirigen los Orozco y que no está registrada como una asociación religiosa. El candidato les habló con pasajes bíblicos, les pidió que oraran por él. Se comparó con el apóstol Pedro y al final obtuvo sus votos. Ese fue el inicio del despunte del poder político y económico que adquirió la pareja. Fue la historia previa a los puestos en la administración pública y a la adquisición de inmuebles que vinieron después.

Rosi Orozco convenció a los pastores de las iglesias evangélicas y cristianas que Calderón Hinojosa se había convertido: hablaba como pastor, movía las manos como ellos, recurría a Dios en su discurso. No había duda. Pero los Orozco eran los “elegidos” para ser el puente entre los evangélicos y el Presidente. Ellos y nadie más, dicen quienes vivieron de cerca esta historia.

Al final, la pareja y un reducido grupo de amigos fueron quienes acapararon los beneficios y el resto de los pastores se sintieron burlados, de acuerdo con las acusaciones.

  
El auditorio de Casa Sobre la Roca estaba atiborrado de personas. Era 2006 y Felipe Calderón Hinojosa acaba de ganar la Presidencia de la República. Ese día acudió al lugar para dar un mensaje a los evangélicos ahí congregados. Rosa María de la Garza Ramírez o Rosi Orozco y su esposo Alejandro Lucas Orozco Rubio, le aplaudían cuando hablaba de Dios y su poder.

“A mí me llena de energía de verlos a cada uno de ustedes, porque sé que ustedes tienen alegría en sus vidas, paz en sus vidas. Yo sé que tienen la alegría y la paz del señor en sus vidas, por eso están así”, decía el Presidente electo Calderón, mientras en el salón se extendían los aplausos.

Ahí en Casa Sobre la Roca (CSR), una organización registrada como asociación civil y no como religiosa, aunque se realiza un culto todos los domingos, Calderón dijo que cada uno de los presentes, incluidos él, tenían una misión, una orden: buscar el reino de Dios y su justicia en la tierra.

Luego les pidió oraciones para que Dios le diera fortaleza y sabiduría para conducir a México como Presidente de la República.

“Sigan pidiendo por nosotros, porque va a ser difícil la tarea. Quiero que sigan pidiendo por mi fe, así como Cristo tomó a Pedro de la mano y lo sacó adelante, también me va a sacar a mí. Así que pidan por eso”, les dijo.

Les prometió un México seguro y prospero. Al final, la historia es conocida: 150 mil muertos como saldo de su “guerra contra el narco” y más de 30 mil desaparecidos, según distintas organizaciones protectoras de los derechos humanos.

A ellos, a los evangélicos, no les cumplió: durante su sexenio se registró un incremento de la intolerancia religiosa en el país y no hubo ninguna de las ventajas ofrecidas como candidato.

Los beneficiados fueron otros. Los Orozco, acusan.

https://youtu.be/FDcccztgCwc
LOS OROZCO: “VENDER A UN CANDIDATO”

Antes de Felipe Calderón Hinojosa, el matrimonio Orozco no figuraba en la opinión pública, como lo hace ahora. Rosi Orozco dirigía junto con su marido la asociación Casa Sobre la Roca, una asociación civil que fundaron en 2005 y que forma parte de los G-12, una organización creada por el movimiento colombiano Misión Carismática Internacional del pastor César Castellanos. En su página web la organización dice promover principios bíblicos de “una manera no religiosa”.

Fue Hugo Eric Flores Cervantes, líder del ahora partido Encuentro Social, quien presentó a los Orozco con Calderón, recuerda Óscar Moha, director de la Asociación Civil A Favor de la Libertad Religiosa.

Entre Flores Cervantes y el matrimonio Orozco “le vendieron” a Calderón la idea de acercarlo a los cristianos-evangélicos del país, para conseguir su voto. Pero la tarea no era fácil, el candidato debía parecer un convertido del catolicismo: actuar como un pastor, hablar como ellos, tomar un micrófono y predicar.

“Alejandro Orozco y Rosa María tenían su AC bien conformada, estructurada: son de la elite, no se juntan mucho con pastores evangélicos, no les gusta el mote de pastor, ellos son directores generales de una AC. Hugo los acerca a Calderón y empiezan a venderle la idea de que ellos son líderes de los evangélicos a nivel nacional. Felipe no conoce la estructura religiosa de los cristianos evangélicos en México que son más de siete mil asociaciones religiosas registradas y cada una trae su visión, no hay un Papa de los evangélicos. Ellos le venden la idea de que hay una posibilidad de aglutinar a toda esa masa a favor de Felipe. Los Orozco le enseñan a conducirse, a manejarse como un cristiano, le dan el speech”, dice.

Óscar Moha detalla que los Orozco instruyen a Calderón sobre qué versículos bíblicos debe citar y pronto el candidato empieza a presentarse en Casa Sobre la Roca.

“Le juntan a pastores y a los pastores les hacen creer que este hombre y su esposa, están ya en el camino de los evangélicos, que todavía no son, pero que están en camino”, narra.

Incluso, cuando Calderón Hinojosa gana, el matrimonio Orozco, asegura Moha, se encarga de esparcir el rumor de que la pareja presidencial es cristiana y se congregan en Casa Sobre la Roca de incógnitos.

“Decían, ¿pero dónde se congregan? Ah con los Orozco, nomás que llegan de incógnitos, pero ahí están, sentados hasta adelante”, dice.

Pero Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo nunca dejaron de ser católicos, asegura. Todo fue mera mercadotecnia para obtener siete millones de votos cautivos para la propuesta política que más les convenciera.

De acuerdo con Óscar, en el país hay alrededor de 12 millones de evangélicos, de los cuales, 75 por ciento tienen credencial de elector.

Con un abstencionismo del 24 por ciento y restando los que ya son fieles a algún partido político, hay una masa de siete millones de mexicanos cristianos que votan por un candidato, dice.

“Ellos son votos latentes para una buena propuesta política. Lo que se hizo con Calderón fue un trabajo muy bien estructurado. Muy preciso lo que se hizo desde Casa Sobre la Roca”, indica.

Moha explica que el ligero porcentaje con el que Calderón aventajó a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2006, pudo estar conformado en gran parte por los votos de los evangélicos.

“Los Orozco empiezan a vislumbrar un panorama en donde hay lana, puestos, entonces graban discos con ese show de Calderón en Casa Sobre la Roca. Rosi me invita a que entreviste a Margarita Zavala y lo difunda, porque tengo difusión a nivel nacional en todas las congregaciones. Yo contribuyo con eso, a darle el perfil a Calderón de que iba a respetar la Ley, que sería más fácil el acceso para los evangélicos a los medios, que se crearía una fiscalía especializada para atender casos de intolerancia religiosa”, dice.

Los evangélicos creyeron en las promesas. No confiaban en López Obrador, un hombre belicoso que nunca mencionó la Biblia y no quiso reunirse con los pastores, recuerda. Tampoco confiaban en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Optaron por el panista que hablaba como pastor y pensaron que habría puestos y beneficios para todos, afirma Óscar Moha.

Sólo lo pensaron. No fue así.

LAS PROMESAS Y LOS BENEFICIADOS

  
Óscar Moha enumeró tres promesas principales a las que se comprometieron los Orozco si los evangélicos apoyaban a Felipe Calderón: revisar su situación de en el caso Acteal –la matanza de 45 indígenas tzotziles en Chiapas en diciembre de 2007-, abrir espacios en los medios de comunicación y crear un área específica al interior de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.

Incluso destinar una oficina al interior de Los Pinos para atender sus asuntos en exclusiva.

“No sólo se olvidó. Cuando él [Calderón] llega al poder lo primero que hace es darle la diputación a Rosi Orozco y desde allí empieza a mover las redes con pastores pero muy seleccionados. Ellos fueron el filtro entre evangélicos y el Presidente de la República. Sí había 500 pastores, ellos decían ‘este no es, este no concuerda con mi ideología religiosa, a este no lo conozco’. Jalaron a pura gente que era de su afinidad y que ni siquiera eran líderes ni representantes de iglesias. Eran puros apoderados legales que estaban con ellos”, afirma.

Calderón y los Orozco no sólo no cumplieron a los cristianos, sino que durante su administración se decomisaron 27 estaciones de radio indígena propiedad de evangélicos y se presentaron 580 casos de intolerancia religiosa: tres asesinatos, violaciones a pastoras y quema de templos.

“Empiezo a registrar los casos muy puntuales y me doy cuenta de que la autoridad desde Gobernación, minimiza, opaca, censura, a todo aquel que quiera explicar un caso de intolerancia religiosa. La discriminación también se hizo evidente: mientas a la iglesia Católica le dieron la Plaza Mariana, cuando los evangélicos pedían un terreno, les daban láminas de asbesto, bultos de cemento y varilla”, dice.

Pastores entrevistados dijeron a SinEmbargo que además, cuando fue Diputada Federal Rosi Orozco, les instruyó a varios de ellos para registrar sus iglesias como asociaciones civiles y así poder bajar recursos de distintas dependencias.

Del total de los recursos, ella se quedaba con el 50 por ciento, reconoció Manuel Guzmán Pérez, pastor de Puebla.

“Sí fue cierto eso. Hubo corrupción. Nosotros no nos prestamos para eso. A mí me pudieron los papeles de mis iglesias y dije no los vamos a mandar, no queremos nada con Rosi Orozco, porque no fue transparente desde el principio, no sabemos cómo venga. Pero me enteré que a otras organizaciones les quitaron el 50 por ciento del dinero”, indicó.

El modus operandi era entregar la mitad de los recursos y firmar por todo, indica.

“No sólo ella, muchos otros se beneficiaron. Se bajaban los recursos y se beneficiaban las personas que bajaban los recursos y las personas que decían quienes firmaban y que recibían ese 50 por ciento nada más”, explica.

Manuel Guzmán asegura que desde un principio rompió relaciones con Rosi Orozco, cuando se dio cuenta que las congregaciones evangélicas no se beneficiarían con el arribo de Calderón al poder.

“Yo hablé con ella al principio y me dijo ‘yo tengo trato directo con el señor Calderón. Yo no avalo a nadie, ustedes serán de la iglesia y yo trabajo con el señor Calderón’ y nos pintó un cuerno”, recuerda. El pastor Manuel Guzmán asegura que durante la administración de Calderón “en lugar de atar los demonios, los desataron”.

“Rosi Orozco cometió un gran error delante de Dios: vio la oportunidad y quiso sacar provecho nada más ella y sus amigos, y no toda la Iglesia. Provecho económico y político porque les dieron puestos”, detalla.

Algunos de los puestos fueron los siguientes: Entre enero de 2007 y febrero de 2009, el esposo de Rosi Orozco, Alejandro Lucas, fue director de Atención a Grupos Vulnerables del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

En 2009, Lucas Orozco deja ese puesto para convertirse en el director del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), a la par que Rosi Orozco obtuvo una diputación federal por el Partido Acción Nacional (PAN).

Junto con Lucas Orozco, llegó como subdirector jurídico de la dependencia Carlos Rivera Olivares, uno de los principales operadores del matrimonio. Rivera era en ese momento el apoderado legal de Audio y Video Sobre la Roca S.A, razón social bajo la que operan la librerías cristianas Visión. También era directivo de la Fundación Camino a Casa y de Generación con Valores.

Además de los puestos para los Orozco y sus allegados, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nombró a Alejandro Lucas Orozco y a la Fundación Camino a Casa depositarios de cuatro inmuebles.

Pero el 4 de octubre de 2011 la dependencia contestó una solicitud de información con el número 0681200085211 en donde informó que el 13 de diciembre de 2007 el esposo de Rosi Orozco recibió un inmueble con el Nombramiento DEBI/DP-CU/PM/069/07.

Mientras que la Fundación Camino a Casa recibió el 7 de mayo de 2009 un inmueble bajo el Nombramiento DG/DEBI/DPCU/PF/048/09 y el 10 de septiembre de ese mismo año, la fundación de a cual es representante legal Alejandro Lucas Orozco, recibió dos inmuebles bajo el Nombramiento DG/DEBI/DPCU/PM/140/09 y Nombramiento DG/DEBI/DPCU/PM/141/09. Estos bienes se otorgaron a la fundación, cuando el esposo de Rosi Orozco era funcionario federal y ella iniciaba su gestión como Diputada Federal.

ROSI OROZCO NIEGA BENEFICIOS

Orozco acepta una entrevista con SinEmbargo y contesta los señalamientos acerca de los beneficios obtenidos con Calderón Hinojosa y su relación con los evangélicos.

“Bueno a ver, si alguien cree que luchar contra la trata de personas, adentrarse al segundo negocio de la delincuencia, puede traerte alguna forma de beneficio, si te recuerdo que la diputación fue en un distrito imposible de ganar y fue por mayoría. Ahí no me dieron nada, hice campaña con el tema de trata. Llegar a la Cámara y cumplir a la ciudadanía, empezar una gran batalla en todo México. Aquí hay muchas cosas que se han dicho, ninguna de esas está demostrada”, dice.

Orozco niega el haber pedido el 50 por ciento de los recursos que se consiguieran para las asociaciones de las iglesias y asegura que durante mucho tiempo han aparecido “notas feas, que nunca se han podido probar”.

La entrevista con Rosi Orozco concluye con el tema de los estados de la República que cumplen con las condiciones del Protocolo de Palermo sobre trata de personas: prevención, protección y persecución del delito.

De acuerdo con Orozco siete estados del país cumplen con los tres puntos del Protocolo: Puebla, Distrito Federal, Estado de México, Chiapas, Baja California y en menor medida Oaxaca y Tlaxcala.

– Siete cumplen con los tres protocolos de los 32 estados. Lo que menos cumplen es proteger a la víctima, ¡imagínate que grave!, ¿tú tienes hijas?, pregunta.

– No, se le contesta.

– Pero eres mujer: ¿si te violaran 30 tipos y estuvieran buscándote para matarte porque quieres denunciar?, ¿cómo es posible que no haya protección para estas mujercitas? Es increíble. Te regresan a tu casa, te dejan en la calle y a lo mejor si denuncias, te regresan a esa red delictiva, está gachísimo. Muy feo, finaliza.

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ROSI OROZCO: LA TRATA DE PERSONAS Y EL USO POLÍTICO (2 de 3)

23 Ago

La pareja compuesta por Rosa María de la Garza Ramírez y su esposo Alejandro Lucas Orozco Rubio, ganó notoriedad a partir de 2005, cuando el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa era candidato a la Presidencia de la República. Desde entonces la pareja era conocida por su cercanía con el panista, amistad que redituó en puestos importantes en la administración pública federal para ellos y sus allegados.
A la par de su lucha en contra de la trata de personas Rosi Orozco combina el apoyo a políticos, incluso del mismo partido al que pertenece a quien dice combatir: Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
Hoy Orozco se mantiene muy cerca del Gobernador priista del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y del también priista Roberto Borge Angulo, mandatario de Quintana Roo, a quienes reconoce por su labor en contra de la trata de personas en sus entidades.

En el pasado proceso electoral, Rosi Orozco se mantuvo activa en su cuenta de Twitter apoyando candidatos y asistiendo a eventos de campaña, sin que ello, asegura, tenga algo de malo: “Yo por la causa voy apoyar a todas las personas sin importar colores”, dice.

  
Era 2010 y Adriana Dávila Fernández se lanzaba como candidata a la gubernatura de Tlaxcala por el Partido Acción Nacional (PAN). A la par, Rosa María de la Garza Ramírez o Rosi Orozco era Diputada federal por la Delegación Gustavo A. Madero por la misma fuerza política y buscó, a la hoy Senadora de la República y Presidenta de la Comisión en Contra de la Trata de personas, para ofrecerle apoyo en su campaña.

En ese momento Rosi Orozco ya era conocida como una activista que luchaba en contra de la trata de personas y fuente obligada de los medios de comunicación sobre el tema.

El apoyo ofrecido, no fue desinteresado, dice Dávila: “Conocí a Rosi en una visita que me hizo. Me dijo que quería hablar conmigo, yo pensé que para darme apoyo en Tlaxcala y me presentó a dos personas que yo ya conocía, porque estaban trabajando con nosotros en la campaña, eran cristianos. Me ofreció el voto de los cristianos y en ese ofrecimiento me dijo ‘oye te puedo ofrecer el voto de los cristiano, pero necesito que me des dos secretarías si ganas’. Así conocí a Rosi Orozco”, recuerda.

En el paquete había una segunda petición: “Me presentó a su hermano, no recuerdo su nombre, pero me dijo ‘te ayudamos a ganar, pero tienes que comprarle todas las despensas a mi hermano’. Mi respuesta fue negativa”, asegura.

Rosi Orozco, en entrevista con SinEmbargo, contesta:

“Que te lo demuestre. No tengo nada que decir, ¿te parece lógico siquiera?, ¿yo qué hago en Tlaxcala? Yo entré por un tema que es la trata de personas, he puesto en riesgo mi vida y mi familia, he puesto mis recursos, es algo que ella tiene que demostrar”.

Adriana Dávila revela más en la oficina número 27 ubicada en el quinto piso del Senado de la República. Una vez que se crea la Comisión en Contra de la Trata, en 2012, Rosi Orozco la buscó para presentarle varios currículum de personas allegadas a ella, que podrían formar parte del equipo de la Senadora.

“Me pedía que yo incluyera en mi trabajo a personas que estuvieran vinculadas con ella, porque podían hacerme el trabajo de la Comisión y le agradecí y conformé mi equipo con personal sin vinculación alguna con Orozco”, dice.

Después, Rosi Orozco empezó a llamarle en la madrugada, asegura y a invadir su oficina en el Senado de la República.

“Llegaba sin tener cita y sin pedirme si mi agenda estaba libre. Llegaba y encontraba invadida mi oficina. Un día llego y la encuentro sentada en mi silla, en mi teléfono, incluso hubo quienes la buscaron aquí a ella como Senadora, hablaban a la Comisión y decían: ‘¿Está la Senadora Rosi Orozco?’. Empezó a hablarme en la madrugada, muy insistente para que metiéramos sus temas”, afirma.

Antes, Rosi Orozco buscó ser Senadora de la República por el PAN para la actual legislatura y no lo logró.

“Empezaron una serie de diferencias cuando yo propuse una conferencia de legisladoras y legisladores contra la trata de todo el país. Cuando presentamos el programa y ella supo, nos exigió que ella tenía que estar sentada con todos los legisladores y nuestra respuesta fue: ‘espérate, es un encuentro de legisladores, cuando haya un encuentro de sociedad civil, te invitamos’. Fue el acabose. Se molestó muchísimo. Nos trajo una manifestación de 50 personas, que se fue a traer de las Secretaría de Gobernación (Segob) y hacia mí, sobrevino una campaña mediática de desprestigio”, dice.

La campaña incluyó una grabación telefónica entre Dávila y la Diputada federal Leonor Romero Sevilla, en donde la primera se queja de Rosi Orozco.

La grabación llegó hasta el muro de Facebook de la maestra de primaria de su hija pequeña y Dávila interpuso dos denuncias ante el Ministerio Público en Tlaxcala, en contra de quien resulte responsable de intervención de comunicaciones privadas y difamación.

Adriana Dávila impulsó 60 cambios a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, también conocida como la “Ley Orozco”, que elaboró Rosi Orozco cuando fue Diputada federal.

Los cambios propuestos por Dávila y un equipo de interdisciplinario de expertos, llevaron a Rosi a afirmar que la Presidenta de la Comisión de Trata del Senado, buscaba beneficiar a los tratantes y perjudicar a las víctimas.

El año pasado la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Droga y el Delito presentó algunas observaciones en su “Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México”, en donde señala algunas deficiencias en la Ley que impulsó Orozco.

La organización internacional resume que con la Ley se persiguen los delitos en materia de trata de personas, no el delito de trata de personas, por lo que todos los delitos relacionados con alguna forma de explotación retomada en el Protocolo de Palermo, se perseguirán como trata de personas.

“Significa que quien explota sexualmente a una persona, aunque no haya realizado las conductas señaladas en el Protocolo de Palermo, será sancionado por trata de persona, ya que la explotación es, de acuerdo con la Ley, un delito en materia de trata de personas. Es importante destacar que aunque esto se traducirá en un aumento considerable de sentencias condenatorias, no necesariamente se estará procesando a los tratantes, de conformidad con el Protocolo de Palermo, sino a explotadores”, dice.

El diagnóstico observa que en la Ley se eliminaron los medios comisivos y que hay varios obstáculos para los ministerios públicos y operadores de la legislación, debido a que puede ser difícil comprobar el delito y el imputado quedar libre.

“Fue gratificante para mí ver ese diagnóstico, después de que me acusaron de beneficiar a los tratantes”, dice Dávila.

La exigencia de Rosi Orozco era que “no se le tocara una coma a la Ley”, recuerda.

RELACIONES POLÍTICAS, PUESTOS, DONATIVOS…

Rosa María de la Garza Ramírez nació el 6 de julio de 1960 en el Distrito Federal. De acuerdo con su ficha curricular publicada en la página de la Cámara de Diputados, es Licenciada en Administración de Empresas Hoteleras y Turísticas en la Universidad por el Centro de Estudios Superiores de San Ángel, aunque en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública no hay registros de su cédula profesional.

  
Según su currículum en 2005 funda la asociación civil no religiosa Casa Sobre la Roca, en donde ella y su esposo Alejandro Lucas Orozco Rubio son los dirigentes que promueven valores bíblicos.

En ese mismo año, Rosi Orozco funda la Fundación Camino a Casa, de la cual actualmente es representante legal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) su esposo Alejandro Lucas Orozco.

Entre 2007 y 2008, Orozco es miembro de la asociación Generación con Valores, Transformaciones México y del Instituto Centuriones.

Pero Rosi Orozco alcanzó notoriedad a partir de 2005, cuando el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa buscaba la Presidencia de la República.

En ese año, la pareja Orozco acercó al candidato del PAN a las congregaciones cristianas y evangélicas del país a través de la asociación Casa Sobre la Roca para promover el voto, en donde incluso se rumoró que Calderón y su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo acudían anónimamente todos los domingos.

De esa amistad surgieron los primeros cargos en la administración pública federal. Entre enero de 2007 y febrero de 2009, el esposo de Rosi Orozco, Alejandro Lucas, fue director de Atención a Grupos Vulnerables del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

En 2009, Alejandro Lucas Orozco deja ese puesto para convertirse en el director del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), a la par que Rosi Orozco obtuvo una diputación federal por el PAN.

Una investigación de la revista Proceso publicada en 2011 da cuenta de otras relaciones de poder que se tendieron entre cercanos a los Orozco y el Gobierno de Felipe Calderón.

Junto con Lucas Orozco, llegó como Subdirector Jurídico de la dependencia Carlos Rivera Olivares, señalado por la revista como uno de los principales operadores del matrimonio. Rivera era en ese momento el apoderado legal de Audio y Video Sobre la Roca SA, razón social bajo la que operan la librerías cristianas Visión. También era directivo de la Fundación Camino a Casa y de Generación con Valores.

La investigación de Proceso da cuenta de allegados del matrimonio que fueron colados en otras dependencias como en el DIF a Claudia Yolanda Calatayud Cano, accionista de Audio y Video sobre la Roca; Ofir Ernesto González Chávez, socio de la Fundación Camino a Casa y director de Administración y Finanzas de la Administradora del Patrimonio de la Beneficencia Pública que estaba bajo el mando de Ulises Antonio de la Garza, cuñado de Alejandro Orozco, quien también fue oficial del DIF.

Patricio Enrique Caso Prado, un amigo de los Orozco, miembro de Casa Sobre la Roca y esposo de la actual directora de la Fundación Camino a Casa, Patricia Caso, fue funcionario de la Secretaría de Hacienda y Coordinador General Jurídico y Consultivo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Además de los puestos para los Orozco y sus allegados, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nombró a Alejandro Lucas Orozco y a la Fundación Camino a Casa depositarios de cuatro inmuebles.

En entrevista con SinEmbargo, Rosi Orozco negó que alguno de sus familiares o cercanos hayan recibido algún inmueble de la SAE y aseguró que ella en lo particular no cuenta con ninguna fundación, pues Comisión Todos Unidos Contra la Trata, la cual preside, aún no es una fundación.

Pero el 4 de octubre de 2011, la dependencia contestó una solicitud de información con el número 0681200085211 en donde informó que el 13 de diciembre de 2007 el esposo de Rosi Orozco recibió un inmoble con el Nombramiento DEBI/DP-CU/PM/069/07.

Mientras que la Fundación Camino a Casa recibió el 7 de mayo de 2009 un inmueble bajo el Nombramiento DG/DEBI/DPCU/PF/048/09 y el 10 de septiembre de ese mismo año, la fundación de a cual es representante legal Alejandro Lucas Orozco, recibió dos inmuebles bajo el Nombramiento DG/DEBI/DPCU/PM/140/09 y Nombramiento DG/DEBI/DPCU/PM/141/09. Estos bienes se otorgaron a la fundación, cuando el esposo de Rosi Orozco era funcionario federal y ella iniciaba su gestión como Diputada Federal.

Columnistas y periodistas han señalado en varias ocasiones que uno de esos inmuebles fue decomisado a un conocido narcotraficante. Rosi Orozco lo niega, pero a la vez acepta que se paga una renta por un inmueble, sin especificar cual.

“Primero que nada entiéndeme una cosa: quienes quieren hacerme daño, lo primero que quieren mostrar es donde vivo. El hecho de que yo rente una casa que anteriormente, pudiera estar en manos de cualquiera y yo pague una renta, como persona, no tiene nada de malo o ilegal”, dice.

Orozco asegura que tiene en su poder recibos de pagos que avalan que se paga una renta y que las “fundaciones tienen mucha seguridad”.

“No tiene nada malo que propiedades que un día se usaron para mal, se usen con una renta, porque además no es gratis, nadie te da nada gratis”, contesta.

En cuanto a los donativos que percibe sólo la Fundación Camino a Casa, de la cual Rosi Orozco se deslinda, a pesar de que el representante legal de acuerdo con el registro de donatarias autorizadas del SAT es su marido Alejandro Lucas Orozco Rubio, se puede ver cómo de acuerdo con los reportes de donatarias publicadas en el portal de la Secretaría de Hacienda entre 2010 y 2014 recibió donativos por 14 millones 729 mil 611 pesos, la mayor parte de donantes nacionales.

Los donativos se dispararon a partir de 2009, cuando Rosi Orozco llegó a la Cámara de Diputados y cuando su esposo llegó al Inapam, pues ese año hay un registro de 375 mil 126 pesos, pero para el siguiente año, en 2010, Fundación Camino a Casa cerró en un millón 740 mil 224 pesos y para 2011 la cantidad casi se duplicó a tres millones de pesos.

Entre 2012 y 2014 los donativos para la Fundación Camino a Casa fluctuaron entre los tres millones 200 mil pesos y los tres millones 425 mil pesos.

El SAT no cuenta con los reportes en línea de los años anteriores a 2009, por lo que se desconoce públicamente los donativos que recibió la fundación entre 2005 y 2008.

En la página de la fundación, en el “Estado de Resultados 2014” sólo están reportados dos millones 24 mil 323 pesos hasta octubre de ese año, de los cuales un millón 113 mil 690 pesos, no se especifica el donante y sólo se etiqueta como “público general”.

LAS NUEVAS RELACIONES POLÍTICAS DE ROSI OROZCO

En junio de 2012 la entonces Diputada Rosi Orozco y candidata por el PAN al Senado de la República entregaba denuncias por trata a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de las cuales 20, eran del Estado de México.

Tres años después la historia es muy distinta: El 10 de agosto Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México, le entregó una casa amueblada a Zunduri, la joven que permaneció encadenada por dos años en una planchaduría del Distrito Federal y agradeció a Rosi Orozco por su trabajo.

Las felicitaciones mutuas en sus cuentas de Twitter no se hicieron esperar. Activista y Gobernador se esmeraron en alabanzas, mientras que Zunduri, la víctima, ataviada con un suéter negro y un vestido rosa, sonreía ante las cámaras en medio de los dos.

  
Casi un año atrás, el 30 de septiembre de 2014 la Comisión Unidos Contra la Trata de Rosi Orozco, premió a los gobernadores priistas Eruviel Ávila Villegas y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, por su “lucha contra la trata de personas”.

Ese mismo día la Embajadora Corazón Azul de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDC), Lydia Cacho Ribeiro, dijo que el consejo que entrega estos reconocimientos está usurpando un programa, la autoridad y hasta los logos de la ONU.

“Reconocer algo que no existe es peligroso porque avala la inacción del propio Gobierno estatal, y demuestra una complicidad en la construcción de un falso discurso de prevención, atención, detección y persecución de un delito de gran magnitud como lo es la trata de personas. Justamente para lo que trabaja la campaña Corazón Azul de la ONUDC –basada en el Protocolo de Palermo– es en la no vulneración de las víctimas y en la persecución del delito, y distingue claramente entre ‘campañas publicitarias’ y de ‘prevención formativa’. Premiar a un gobierno por poner unos letreros resulta en este contexto una burla a la sociedad y a todas las víctimas”, dijo Cacho.

Pero las premiaciones iniciaron en mayo de ese año cuando Joaquín Quintana, presidente de la asociación civil Convivencia Sin Violencia, entregó junto con Eruviel Ávila un reconocimiento a Rosi Orozco: la “Paloma de Plata”, por su lucha contra la trata.

Un mes después, el 27 de junio en Naucalpan, Estado de México, y al encabezar el foro “Con la Trata No se Trata”, Rosi Orozco indicó que el Estado de México cuenta con más sentencias por ese delito, que países como Costa Rica y España, lo que coloca a la entidad como “un ejemplo” a nivel internacional por las acciones que lleva a cabo para prevenir este ilícito.

En ese encuentro Orozco destacó la “la mano firme” con la que el Gobernador Eruviel Ávila y su administración actúan para cerrar giros rojos o negros en el territorio mexiquense.

Orozco asegura en entrevista que no se trató de un premio a los gobernadores, sino de un reconocimiento a las entidades que luchan contra la trata, que entrega desde hace años.

“En el Estado de México hay 13 sentencias, 56 carpetas de investigación, 24 mil personas fueron capacitadas para capacitar a otros. Hay protección a las víctimas. El Protocolo de Palermo te pide tres: prevención, protección y persecución del delito”, dice.

De acuerdo con Orozco siete estados del país cumplen con los tres puntos del Protocolo: Puebla, Distrito Federal, Estado de México, Chiapas, Baja California y en menor medida Oaxaca y Tlaxcala.

Pero aunque Orozco diga que en el Estado de México Eruviel Ávila combate la trata de personas, activistas de la entidad no comparten su opinión.

David Mancera Figueroa, presidente de Solidaridad por las Familias, una organización civil del Edomex, explica que no existe motivo para reconocer al Gobernador mexiquense y Orozco forma parte de un plan para simular a nivel nacional, que el gobierno el priista combate la trata de personas.

“Estoy en contra de la simulación. El día que se anunció la alerta de género Rosi Orozco estaba enseguida del Gobernador, apoyándolo, cuando nosotros exigíamos una alerta de género para los 125 municipios del estado”, dice.

Mancera Figueroa asegura que a Orozco se le ve constantemente en el Palacio de Gobierno y que se jacta de ser una de las mujeres más poderosas de la entidad y muy cercana al Gobernador.

“Es una mujer a la que yo admiraba mucho. La propuse hace dos años en el Twitter como una candidata para recibir el Premio Nobel de la Paz por su labor altruista, pero conforme te vas a involucrando en esto, te vas encontrando que hay cosas como las que hace con el Gobernador Eruviel: primero ella criticaba el que no quisiera solicitar la alerta de género y de un día para otro amanecieron novios”, dice.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) registró mil 003 feminicidios entre 2005 y 2010 en el Estado de México. Desde mayo de 2010, el Observatorio solicitó que se declare una alerta de género en la entidad, a fin de que se investiguen los casos de feminicidios ocurridos, así como las causas que han generado la violencia contra las mujeres.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó 388 defunciones femeninas por presunción de homicidio en el Estado de México sólo durante 2012. Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que entre 2012 y 2013 se cometieron 4 mil 857 violaciones sexuales de mujeres en esa entidad, que también figura entre las más violentas en todo el país.

Eruviel Ávila solicitó la alerta de género a la Secretaría de Gobernación apenas el mes pasado, después de varias negativas.

“Cuando el Gobernador seguía negándose a solicitar la alerta de género, Rosi Orozco salía diciendo que estaba haciendo un excelente trabajo y eso es mentira. Hoy Rosi no es querida entre las organizaciones civiles, porque utiliza a las víctimas y a los familiares de las víctimas para promoción personal, para promoverse dentro del estado”, dice.

Pero Rosi Orozco no sólo apoya a Eruviel Ávila. En el pasado proceso electoral, al mismo tiempo que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Distrito Federal, era investigado por una presunta red de prostitución al interior de la fuerza política, Rosi Orozco apoyaba a candidatos de esa fuerza política.

Incluso Orozco dio seguimiento a víctimas de Gutiérrez de la Torre, según declaró en mayo a Aristegui Noticias.

Orozco narró que una víctima del priista que declaró ante el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República (PGR) vivió “cosas mucho más graves” e incluso tuvo que salir del país, “decepcionada de la justicia mexicana”.

“Ella comentaba que había un piso donde ella y otras chicas estaban… Gutiérrez llegaba y decía: ‘me llevo a la número 6′“, dijo en entrevista.

Al mismo tiempo que ofrecía la entrevista a Aristegui Noticias apoyaba la candidatura del PRI a una diputación federal de Laura Elena Herrejón Caballero y a la candidata Paola Lara por el Distrito 17 federal, por el mismo partido.

Orozco apoyó al ex Delegado de Cuajimalpa Adrián Rubalcava Suárez en su aspiración a una diputación local por el PRI.

Adrián Rubalcaba es señalado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por supuestos nexos con un grupo de golpeadores llamados “Los Claudios”, que se dedican además al secuestro de personas y a la extorsión.

Rosi Orozco también apoyó la candidatura de Iliana Ruvalcaba por Movimiento Ciudadano (MC), a Osiris del Carmen Lara Ramos en su candidatura a un diputación federal por el primer distrito postulada por el Partido Encuentro Social (PES) y al resto de los 299 candidatos por esa fuerza política.

“Apoyé de Movimiento Ciudadano, apoyé del PRD, del Verde [Ecologista de México], del PES, apoyé de todos los que luchaban contra la trata, porque además consejeros de Unidos Contra la Trata fueron candidatos, por supuesto que los apoyé. Apoyé de todos los partidos. Del PT [Partido del Trabajo] no, ni Humanista. Todos los demás partidos firmaron convenio contra la trata y tenemos consejeros que entraron porque quieren ir por la causa. Yo por la causa voy apoyar a todas las personas sin importar los colores de los partidos, yo creo que este tema, es un tema que va más allá de partidos”, dice.

ROSI HACE “TRATA” DE VÍCTIMAS, ACUSAN; “SON SOBREVIVIENTES”, REVIRA (1 de 3)

23 Ago

Rosa María de la Garza, conocida como Rosi Orozco –utiliza el apellido de su esposo Alejandro Lucas Orozco Rubio–, es una de las activistas en trata de personas más reconocidas de México. Su imagen trasciende en los medios de comunicación y ha sido el puente para que las víctimas aparezcan en entrevistas exclusivas en televisión, radio, prensa escrita y eventos públicos en más de una ocasión. Sin embargo, para algunas de sus homólogas, la forma de conducirse de la presidenta de la Comisión Todos Unidos contra la Trata, violenta los derechos humanos de las víctimas, “las revictimiza y las utiliza” para sacar provecho político de sus casos.
Esta es la primera de tres partes de la historia de cómo una mujer se conduce como activista con las víctimas, los beneficios que ha obtenido a lo largo de los años, sus conexiones políticas y el culto que, acusan sus detractores, enseña no sólo a las niñas, adolescentes y jóvenes dañadas, sino también a los tratantes a quienes visita en las cárceles para darles una oportunidad de “pedirles perdón” a las mujeres que un día explotaron sexualmente.
Es la historia de una mujer que considera “sobrevivientes” a las víctimas, que se deslinda de todas las fundaciones y asociaciones con las que los medios, políticos, empresarios, donatarios, opinión pública, madres y víctimas la relacionan.

Es el rostro de Rosi Orozco que asegura no está obligada a proporcionarles atención psicológica previa a las víctimas que presenta en los medios de comunicación, pues en todo caso, afirma, son los medios los que deben proveerla. Es la cara de la activista que, argumenta, no tiene la obligación de darles de comer a las jóvenes que han padecido daño y que acuden la Cámara de Diputados, por invitación suya, con antifaces en el rostro, para contar sus historias. Si pasaron un día entero sin alimento por permanecer en los eventos públicos que organizó como Diputada, no es su problema, asegura. 

 
El día que Emilia pasó la mayor hambre de su vida estaba embarazada y no comió un solo bocado durante más de 12 horas. Un día antes, Rosa María de la Garza o Rosi Orozco ordenó a las trabajadoras del albergue de la Fundación Camino a Casa, donde Emilia se recuperaba después de escapar del padrote que la tenía secuestrada, con un hijo de él en su vientre, que preparara a las niñas embarazadas porque pasarían temprano a recogerlas para llevarlas a la Cámara de Diputados, afirma la jovencita que hoy tiene 17 años.

Emilia tenía 13 años y Rosi Orozco, una activista que lucha en contra de la trata de personas y es considerada por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de México, no les preguntaba a las menores si querían o no acudir con máscaras en el rostro a la Cámara de Diputados a participar en los eventos que organizaba, asegura la ahora adolescente.

“No, más bien sus princesas teníamos que ir. Tienen que estar listas, allá les decía: ‘alístame a las tres panzas a tal hora porque van a pasar por ellas’. Así nos decía a las embarazadas”, dice a SinEmbargo Emilia, una víctima de trata que vivió durante seis meses en el albergue de la Fundación Camino a Casa que dirige Patricia Caso.

Aunque la fundación es dirigida por otra persona, es Rosi Orozco, en ese tiempo era Diputada Federal, quien es identificada por la joven como la persona que las llevaba, traía, ordenaba dar entrevistas a medios de comunicación y sonreír a los políticos, aunque no tuvieran ganas.

SinEmbargo buscó a Rosi Orozco y en entrevista niega que alguna vez haya utilizado el término “alístame a la panzas” para referirse a las niñas embarazadas.

–¿Usted alguna vez utilizó ese término?–, se le cuestiona.

– Yo creo que ya alguno de los giros negros está haciéndote una jugada, porque no, pues digo, ¿tú me ubicas diciendo eso? Me has oído en tantos medios, ¿cómo vamos a referirnos a un ser humano valioso de esa manera? Me parecería muy denigrante.

–¿Usted cree que hay un giro negro detrás de esto que estoy preguntando?

–No, tú no. Sino hay toda una estrategia de los dueños de los giros negros. Hay una desesperación de quienes han perdido tanto dinero, eso no tengas la menor duda. Hay muchas cosas que están haciendo.

Pero el testimonio de Emilia fue recogido por SinEmbargo en las oficinas de una organización internacional que se dedica a brindar apoyo a las víctimas de trata. La joven, tres años después de ser víctima, aún recibe terapia psicológica gratuita en ese lugar.

Emilia es un seudónimo para resguardar la identidad de la víctima. Este diario digital posee el testimonio grabado de la jovencita en donde da cuenta de lo que vivió, de acuerdo con su versión, en manos de Rosi Orozco, a quien identifica plenamente como la que tomaba las decisiones en el albergue, a pesar de que Orozco, en la charla con este diario, se deslindó de todas las fundaciones con las que se le asocia y sólo se reconoce como parte de la asociación civil que preside: Comisión Todos Unidos Contra la Trata.

Rosi Orozco se desmarca en entrevista del actuar de la fundación camino a casa pesar de que en el registro más reciente de las donatarias autorizadas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) aparece como representante legal su esposo, Alejandro Lucas Orozco Rubio, cuya ficha de oficio data del 27 del junio de 2013. Ella asegura que aporta donativos mensualmente a cuatro fundaciones, las asociaciones además de la fundación que representa su esposo son: Pozo de Vida AC, de Iliana Ruvalcaba López; Red Binacional de Corazones AC, constituida en Tijuana, Baja California, de Alma Alicia Mares Cossío, y la Asociación Nacional Contra la Trata Humana en la Sociedad (ANTHUS) cuya representante legal es Mariana Wenzel Gonzáles.

Benny Yu, fundador de Pozo de Vida, informó a SinEmbargo que la asociación no recibe fondos de Orozco y tampoco tiene nada que ver con ella.

También Mariana Wenzel, directora y representante legal de ANTHUS, aclaró a este diario digital que la organización que dirige no recibe ningún tipo de apoyo ni de Rosi ni de ninguna de sus organizaciones.

En tanto, Orozco asegura que con Fundación camino a casa, asociación que ella fundó, no está involucrada desde 2009 cuando cedió los derechos a otras manos.

Emilia identifica a Rosi Orozco como quien realizó el evento en donde pasó hambre y como quien ordenó llevarla a la Cámara de Diputados. Ese día las tres jovencitas embarazadas se recargaban una sobre la otra en sus asientos, mientras el foro se desarrollaba.

“Esa vez fue horrible. Íbamos tres embarazadas y fue horrible. Nos tuvieron sentadas enfrente de los que estaban dando el informe y ni agua, ni comida. Llegamos como a las nueve [de la mañana] y acabamos como a las nueve o 10 [de la noche] y nada. Rosi comiendo galletas, agua y nosotras sentadas. Ellos sí con sus galletas y agua y nosotras no. Las tres embarazadas estábamos recargadas, nos dio mucho sueño. No podía ni ir al baño porque estaban periodistas y te preguntaban”, dice Emilia.

En entrevista, Rosi Orozco niega haber llevado a alguna víctima a la Cámara de Diputados y pedir que se cubrieran el rostro con máscaras.

“No, cuidado. Ahí fueron sus mamás, las organizaciones que las tenían y quienes las llevaron. Fueron muchas organizaciones de la sociedad civil quienes apoyaron la iniciativa [de Ley que ella impulsó y que está vigente]. Yo no llevé a nadie”, afirma.

La presidenta de Comisión Unidos Contra la Trata también se deslinda de la responsabilidad de brindarles alimento a las víctimas que acudían a sus eventos.

“Bueno no sé si comieron. Yo no sé. Mucha gente apoyó, pero ella misma te está diciendo que fue su mamá. Hice muchos foros, invité a muchísima gente, pero nunca me hice responsable de que desayunaran, comieran o se transportaran. No era un acarreo de gente, la gente iba porque estaba invitada”, argumenta.

En efecto, ese día la madre de Emilia, la señora Martina (también se utiliza seudónimo para proteger la indemnidad de la víctima), acudió desde muy temprano a la Cámara de Diputados por petición de Rosi Orozco, asegura, para enviar recordatorios del evento al resto de los diputados y para montar la exposición.

Martina afirma que nunca conoció la dirección donde estaba su hija: Emilia era llevada y traída a ver su madre en una camioneta y nada más. Tampoco se le pidió autorización para que su niña de 13 años acudiera a los eventos que organizaba Orozco y mucho menos para llevarla a dar conferencias de prensa.

“Como tal permiso jamás. Nada más me hablaba Rosi y me decía ‘necesito que estés en tal lado’. Lo que no me parecía es que muchas veces era demasiado, me percaté cuando yo conozco a Rosi, que ella se movía por intereses políticos, no por el bienestar de las chicas. Me llegó a pedir Rosi que tenían una exposición del tema de la trata, pero eran unas pinturas de la Conapo [Consejo Nacional de Población] que prestó de los niños. Para montar la exposición estuvieron personas que trabajaban ahí en la Cámara, la secretaria de Rosi, que recibían un pago. A mí me pidió Rosi que la apoyara en enviar recordatorios a todos y cada unos de los diputados de cada partido, y a montar la exposición. Voluntariamente lo hice, pero no sabía que ella estaba motivada por fines políticos, no sabía que se iba a lanzar para Senadora. Lo que me sacó mucho de onda esa vez, es que dejó sin comer a las niñas”, relata.

Ese día en el que Emilia no probó bocado, tampoco lo hizo su madre Martina. La mujer sólo recuerda que en la Cámara de Diputados había un restaurante llamado “Las brisas, junto a unos elevadores”, donde se vendía comida.

“Había ahí una niña de 10 años, la más chica, otras con sus bebés y otras embarazadas, entre ellas mi hija. En la cuestión de la identidad les ponían unas mascarillas, eran súper descuidados, porque se les veía la mitad de su carita. Las exhibía. Yo como mamá lo siento así”, dice Martina.

No era la primera vez que las víctimas de trata acudían a la Cámara de Diputados con máscaras en el rostro. El 7 de abril de 2011, Rosi Orozco, como Diputada del Partido Acción Nacional (PAN), presentó a 10 víctimas del pederasta Jean Succar Kuri. Siete mujeres y tres hombres llevaban antifaces. La presencia de las víctimas causó molestia y polémica en las bancadas de otros partidos. Las menores subieron al palco de invitados del Salón de Plenos.

Rosi Orozco dio una conferencia de prensa, acompañada de las víctimas y anunció que presentaría un libro con los testimonios.

Para Emilia la historia es conocida. En más de una ocasión fue testigo, afirma, de cómo Rosi Orozco arriesgó la integridad de las menores víctimas de trata por llevarlas a dar entrevistas a los medios de comunicación o presentarlas ante periodistas y políticos para dar testimonio de lo que vivieron en cautiverio.

Arriesgó su integridad en una ocasión que “despepitó” su nombre con apellidos en frente de reporteros y otros invitados, asegura Emilia.

“Rosi una vez metió la pata y dijo mi nombre. Esa vez había periodistas y nos puso máscaras y nos subió a seis chavas. Me pasó enfrente y despepitó mi nombre. Dijo ‘hemos rescatado a’ y dijo mi nombre completo. A mi me dio mucho miedo”, relata.

En una ocasión, recuerda la joven, a una de las víctimas que era mayor de edad, Rosi Orozco la llevó a un noticiero de cadena nacional. La joven apareció a cuadro con el rostro descubierto y días después, fue secuestrada de nuevo por los tratantes que la explotaron sexualmente en el pasado. La golpearon hasta casi matarla.

“Se la llevó Rosi a una entrevista con Lolita Ayala por ser mayor de edad. De la Fundación se la llevó Rosi y hasta le arreglaron las uñas y el cabello. Tres o cuatro días después de que salió en las noticias, la secuestraron y le pegaron una semejante golpiza que casi le sacan el ojo y las uñas arregladas. Casi la matan a la pobre chava”, dice.

La joven fue secuestrada de la preparatoria a donde iba a estudiar, cuando aún vivía en el albergue, dice Emilia.

“Los secuestradores son de Tlaxcala. Los hijos de [se omite el nombre] son del padrote. A ella nomás le dijo Rosi: ‘ya estás preparada para hablar’, y se la llevó a arreglar, los niños se quedaron en el fundación y ella con tal de salir en la tele, dijo: ‘¡sí!, ¡sí!’”, afirma.

Sin embargo Rosi Orozco niega acusaciones, como niega también otorgar terapia psicológica a las víctimas antes de llevarlas a algún medio de comunicación.

–Hay algunos señalamientos que se refieren a que usted lleva a las niñas a los medios de comunicación a dar entrevistas. ¿Estas niñas reciben antes de ir a los medios, alguna terapia?

–Bueno primero que nada, cuando tú tienes a una persona que quiere dar su testimonio, como medio, si es un adulto y si ya no es una víctima, es una sobreviviente. No creo que como medio, tú le digas que no. Puede hablar una persona que tiene la misma libertad que cualquier otra o a Alejandro Martí le preguntas si ya tomó terapia antes, o Isabel Miranda de Wallace. Una persona que sobrevivió a un proceso es un ser humano como cualquiera, que tiene los mismos derechos como cualquiera, tiene derecho a callar y derecho hablar.

Orozco asegura que no son niñas, sino personas adultas y sobrevivientes: “No estamos hablando de víctimas y yo creo que nadie les puede negar, si además un medio las llama. El caso Zunduri, la Procuraduría le pregunta, después de haber tomado terapia y de estar con los médicos, ella dice sí quiero. Tiene 22 años, digo, no creo que el medio le haya preguntado o la haya evaluado psicológicamente, no sé. Eso es asunto de los medios. Lo único que hice fue darle fuerza, no fue yo promoverla, yo no tengo un medio”.

Rosi Orozco no considera víctimas de trata a las personas que ya pasaron por un proceso. Son sobrevivientes, asegura. Cuando acuden a los medios de comunicación van en esta condición, explica.

En cuanto a los albergues, como el de Fundación Camino a Casa, Rosi se deslinda de si ofrecen terapias o no.

“Yo no tengo albergue. No tengo refugio. No soy titular de ninguno”, dice.

  
EL INGRESO DE EMILIA AL ALBERGUE DE FUNDACIÓN

Emilia llegó al albergue de la Fundación Camino a Casa en septiembre de 2011, luego de que logró escapar del tratante que la tenía secuestrada. Nadie la encontró. No fueron las autoridades, ni su madre, ni Rosi Orozco quien dio con ella.

Vio la oportunidad y escapó.

Antes, a su madre Martina la había contactado Rosi Orozco, quien la citó en la Cámara de Diputados y le prometió que haría todo por ayudarla a recuperar a su pequeña hija de 13 años, asegura.

“El día que fui a verla había otras mamás buscando a sus hijas. Algunas sus hijas mayores e edad, en el caso mío, mi hija tenia 13 años”, relata.

Martina inició su calvario, sus idas al “Búnker –la sede de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)–, en donde en más de una ocasión le perdieron su expediente, asegura.

Rosi Orozco le presentó al entonces Procurador de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, hoy Jefe de Gobierno capitalino.

“Las primeras veces que vi a Rosi me llevó a ver a Mancera que era el Procurador. Cuando estuvimos ahí, sí le dije que se desaparecían los expedientes con frecuencia y cero detenidos. De hecho las personas que se robaron a mi hija una de tantas veces me dijeron que trabajaban para la policía, que no les iban a hacer nada. Entonces como me decían eso, yo desconfiaba mucho del Búnker y no llevaba ningún dato”, narra.

Cuando Emilia escapó de sus captores llegó a la casa de su abuela y de ahí fue recogida por las autoridades que la llevaron a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), donde declaró por cinco días.

Matilda asegura que fue Rosi Orozco fue quien le llamó y le dijo que tenían que sacar a la niña de ahí y llevarla al albergue. Entonces Germán Villar, presidente en ese momento de la Fundación Reintegra AC, fallecido hace unos meses, le informó a la madre de Emilia que debería entregar a la menor en las oficinas de la Fundación Camino a Casa.

“Pero que no me iban a decir dónde estaba por cuestiones de seguridad. Nunca supe en dónde estaba el albergue, simplemente se la llevaban a ella en una camioneta y punto. Así conozco a Germán y a su esposa Lorena. Me dicen que él es el representante legal que firma de recibir a mi hija. Yo conozco nada más de las oficinas de Camino a Casa en Villa Olímpica”, dice.

Emilia fue llevaba a un albergue en donde llegaban las menores de edad que no tienen hijos. Si llegaban embarazadas se quedaban ahí y cuando parían, si tenían un varón, las mujeres eran trasladadas a unos departamentos.

La madre de Emilia asegura que a la menor no se le hicieron exámenes para revisar el estado del embarazo hasta un mes después de su ingreso al albergue. La mujer veía a su hija los miércoles y los domingos en la asociación no religiosa Casa Sobre la Roca, en donde a las víctimas les hablaban del evangelio. Ahí se percató que la menor no recibía atención médica.

La niña empezó a sangrar y Martina pidió al personal del albergue y a la misma Orozco que le realizaran un legrado. Se negaron, afirma.

“Ella tenía constantes sangrados y Germán y Lorena me decían que ya hasta le había bajado la regla. Le dije a Rosi: ‘dicen que ya le bajó, entonces que le hagan un legrado. Allá en fundación saben que está embarazada mi hija’. Rosi me dijo: ‘no cómo crees. Yo lo checo con Germán’”, cuenta.

Entonces al día siguiente, Martina recibió una llamada de Germán notificándole los resultados de los estudios de su hija, el estado del feto y el tiempo de gestación.

“Mi hija me decía: ‘yo ya no quiero tener el bebé mamá. No me dan medicamentos, no tomo ácido fólico, dicen que digo que estoy embarazad para comer doble porción’”, narra.

–¿Rosi no tolera el aborto?–, se le pregunta a Martina.

–No, contesta tajante.

Emilia lo confirma. El legrado nunca fue una opción para ella, ni para ninguna de las menores embarazadas que conoció durante su estancia en el albergue. Simplemente no se les daba la información necesaria, las opciones y el tiempo permitido por la ley para realizarse un legrado.

Matilde asegura que durante los seis meses que permaneció su hija en el albergue, vio a unas 20 menores más. Algunas muy solas, sin familiares. Niñas de Honduras, Guatemala, El Salvador.

“Me di cuenta que mentían. Rosi en tres ocasiones fue a dar conferencias a personas de altos recursos. Fuimos al Palacio de Gobierno del Estado de México, allá estuvieron autoridades del Edomex. Ella decía mucho que le preocupaba rescatar a las personas. Darles la terapia necesaria y el tiempo que necesitaran para darse cuenta de que hay otras formas de vida. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero se rompió el propósito cuando no les da seguimiento necesario. Sólo en casos muy específicos lo hace”, asegura.

–¿Tendrá qué ver con los casos que lleva a la televisión?–, se le pregunta

–Sí nada más. Es por eso que es un fin económico.

Rosi Orozco niega las afirmaciones. En cuanto a la falta de medicamentos y la prohibición del aborto, asegura que ella no tiene nada qué ver.

“Eso jamás lo he oído en ninguno de los albergues, eh. Todos los albergues respetan lo que digan la mamá, pero no te puedo contestar por ellos. ¿Por qué no buscas a los titulares? Y yo nunca estaría de acuerdo de que no le dé permiso de hacer su voluntad, porque para eso son libres, siempre que tengas delante a una víctima, lo que le tienes que enseñar es que es libre para tomar decisiones”, dice Orozco.

  
FINGIR QUE TODO ESTÁ BIEN, CUANDO NO LO ESTÁ

A Emilia le decían que fingía estar embarazada para comer doble ración en el albergue. Porque, de acuerdo con la joven, las porciones no eran nada sustanciosas.

Si la porción normal eran dos galletas. A las embarazadas les daban otras dos. También doble ración de atole: una mezcla de más agua que leche que debían tomarse a pesar de las nauseas del embarazo, cuenta.

También implicaba un poco más de huevo con tortilla… y Emilia no termina de contar, pero hace una mueca de desagrado.

Se le revuelve el estómago nada más de recordar aquel atole y el hambre que pasaba embarazada, confiesa. El desayuno se servía a las ocho de la mañana y la comida hasta las tres o cuatro de la tarde, dice. A media mañana no había nada que comer. Sólo si las menores tenían dinero, las encargadas del albergue podían ir a comprar algo a la tienda más cercana. Si no, debían conformarse.

Por eso la mayoría de las jovencitas eran delgadas. Incluso Emilia embarazada estaba delgada, asegura.

En la comida, era tan buena según la encargada. Había dos. Una de ellas les daba caldos, sopa y más agua. De cena una sopa Maruchan, relata Emilia.

En ocasiones, dependiendo de la encargada, donativos como jamón se echaban a perder y había que tirarlo. Cuando quien servía los alimentos era la más generosa, había pollo y mole de olla, agrega.

Pero Emilia recuerda con especial tristeza que cuando llegaban los diputados, los empresarios y demás visitas al albergue, había que “fingir la sonrisa y decir: ‘gracias todo bien’, cosa que no estaba nada bien”, dice.

“Sí da coraje, porque Rosi es muy diplomática y política. Sale con diputados que nosotras sabíamos que estaban en la trata y ella sonriendo. Ella es muy política”, insiste.

–¿Alguna vez te sentiste utilizada por Rosi?

–Sí, cuando iban los diputados y uno tenía que estar sonriendo.

Emilia asegura que además, las menores con las que ella convivió y ella, eran trasladadas todos los domingos a Casa Sobre la Roca, una organización de la cual es fundador y dirigente Alejandro Lucas Orozco Rubio, esposo de Rosi Orozco.

No les preguntaban si querían ir. Era obligatorio.

“Ellos lo toman como una asociación no religiosa. A las nueve de la mañana teníamos que estar”, dice Emilia.

–¿Pero las adoctrinan ahí?

–Sí, porque entras al paso del discipulado.

Emilia nunca tomó terapia psicológica en el albergue. Pero sí, comenta, le ayudó las reuniones de mujeres que hacía Orozco, en donde podían compartir sus experiencias, gritar y desahogarse.

TERE ULLOA: “HAY TRATA DE VÍCTIMAS”

La directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y niñas en América Latina y el Caribe, Teresa Ulloa Ziáurriz, se dice preocupada por le manejo de la Fundación Camino a Casa y en específico, por la forma de conducirse de Rosi Orozco con las víctimas.

Hay trata de víctimas, con todas sus letras, argumenta.

“En últimas fechas se ha agravado la preocupación por el manejo que está haciendo la Fundación Camino a Casa y su representante legal y todas las demás organizaciones que constituyó cuando salió la Cámara de Diputados que son como 10: Comisión Unidos Contra la Trata, Fundación Reintegra, porque sí consideramos que hay trata de víctimas, porque se utiliza a las víctimas para sacar provecho personal”, afirma.

Ulloa, una de las homólogas de Rosi Orozco y una de las mujeres más importantes del país que trabaja el tema de la trata de personas, asegura que Orozco exhibe “todo el tempo a las víctimas”, con el permiso de la Procuraduría capitalina y el Gobierno de la Ciudad de México porque “le entrega las víctimas de trata, cuando ni siquiera está en el registro federal de organizaciones de la sociedad civil, ni en el registro del DF”.

Para la activista existe una violación sistemática de los derechos humanos de las víctimas, en total impunidad. El abuso ya se denunció asegura y no se ha hecho nada.

“Las lleva a los medios de comunicación cuando están en crisis todavía. No permite el aborto, procura y casi casi las obliga a que se conviertan a su religión. No pueden tomar ansiolíticos. No les permiten que tomen ningún tipo de medicamento recomendando por médicos, porque tienen que salir solas, tomadas de la mano de Dios”, dice.

Ulloa lamentó que Casa Sobre la Roca esté constituida como una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objeto social son los estudios bíblicos y no como una asociación religiosa, donde se practica un culto.

“Hacen servicios los sábados y domingos y obligan a al gente a que se afilien. Andan ofreciendo el apoyo de todos los cristianos del país a cambio de prebendas y lugares en el gobierno”, afirma.

–¿Qué hay de cierto que Rosi Orozco visita en la cárcel a tratantes de personas que están sentenciados?–, se le pregunta.

– Le pidió permiso al Jefe de Gobierno y él lo permitió, porque ellas los iban a convertir, para que se arrepientan. De ese tamaño es. Tiene un sentido de megalomanía terrible, sentencia.

Adriana Dávila Fernández, Senadora del Partido Acción Nacional y Presidenta de la Comisión en Contra de la Trata de Personas, expone que el caso más evidente del mal manejo de una víctima es el de Zunduri, una joven que escapó en abril de este año, luego de permanecer encadenada dos años en una planchaduría del Distrito Federal. La joven fue expuesta a los medios de comunicación a los pocos días.

Zunduri fue llamada en varios titulares como “La esclava de la tintorería”. Quien se encargó de llevar y traer a Zunduri a las entrevistas fue Rosi Orozco, afirma Dávila.

“Ella se escapó un martes. El viernes pone una denuncia y el lunes siguiente ya estaba en todos los medios, dando declaraciones, entrevistas. Cuando revisamos el boletín de la Procuraduría del Distrito Federal, vemos que tenía anemia y heridas graves. Sus órganos internos atrofiados. Ella debía estar en resguardo, conpsicólogos. Pero no sólo eso, ¡se la llevan a Argentina!”, dice.

Rosi Orozco en efecto, dos semanas después de que la víctima escapó del cautiverio y la pesadilla que vivió, se llevó de viaje a Zunduri a Argentina y dio cuenta de ello en su cuenta de Twitter [@rosiorozco], en donde subió fotografías de la joven con distintas personalidades durante la primera semana de mayo.

   
 
“¿Quién le dio permiso y la visa para que se fuera? Yo sí reclamé, pregunté. Creo que hay alguien que está teniendo una conducta de seducción, de enamoramiento, para revictimizar a las chicas como ella. Zunduri es el caso ante todos los ojos visto. No tengo nada personal con Rosi. Es un tema profesional en lo que no estoy de acuerdo”, afirma la Senadora.

En el caso concreto de Zunduri, asegura Adriana Dávila, desde la perspectiva de derechos humanos, hay un manejo inadecuado.

–¿Hay también una responsabilidad de las autoridades que le permiten a Rosi Orozco este tratamiento de las víctimas?

–Sin duda. Yo hice un llamado a la Procuraduría del Distrito Federal para que nos dijera qué está pasando, cuál fue el procedimiento que se usó. No es un asunto menor.

–¿Piensa hacer algo al respecto?

–Yo ya hice algo. Hay un punto de acuerdo por el caso Zunduri, que es el más visible. Hice una rueda de prensa. Los medios de comunicación no han tomado en cuenta esto. Les venden la idea de que hay que presentar a las víctimas, hay que verlas, hay que ponerles máscaras, cuando no se está contribuyendo a la defensa y protección de las víctimas.

Las diferencias entre la Senadora Adriana Dávila y Orozco surgieron desde que la primera llegó a la Comisión de Trata en el Senado de la República.

“Después me acusó de que yo no quería recibir a las víctimas y no quise porque la petición concreta fue que teníamos que traerlas, subirlas al pleno, ponerles máscaras y que contaran sus historias. Yo conocía que el tema de atención a víctimas tenía que pasar por un proceso muy responsable y yo no acepté eso. Aquí nos reunimos con la víctimas en privado, porque es importante no revictimizar”, argumenta.

Rosi Orozco niega emprender alguna acción en contra de Dávila y afirma: “lo único que dije y que molestó es que lo que ella propone beneficia a los tratantes y perjudica a las víctimas. Es todo. Además estoy en mi derecho como ciudadana de calificar a los legisladores, no hay nada de malo en eso”.

Dávila se propuso revisar la Ley General contra la Trata de Personas que Orozco impulsó en la Cámara de Diputados cuando fue Diputada.

La Senadora y un equipo multidiciplinario de trabajo, que duró más de un año, encontraron 60 errores en la Ley vigente que impulsó Rosi Orozco.

“Errores como en la definición de tipo penal. Empezamos a revisar la parte técnica y la exigencia de ella fue que no le cambiáramos ni una coma a la Ley, porque esta recién hecha, no era posible que la cambiáramos”, dice Dávila.

La Ley General Contra la Trata hace que a los agentes del ministerio público les sea difícil acreditar el delito. Fallas como en el artículo 12, referente a servidumbre, que no sanciona la explotación en prácticas religiosas o culturales abusivas, entre otras, indica.

Adriana Dávila afirma que Orozco orquestó una campaña mediática en contra de ella.

“Han salido difamaciones que estoy aliada con los tratantes. Lo utilizan en mi estado para golpearme, llegó hasta a mi hija, en la escuela de mi hija [una niña]. Te quiero decir que empezaron a difundir un video de una llamada mía, donde me quejo de ella [de Rosi]. Yo estaba en la campaña de Ernesto Cordero y la utilizaron para golpearme. Tengo tres denuncias por eso, porque no me puede detener esto. La llamada fue difundida por la maestra de mi hija y fue muy duro para mi”, dice la Senadora.

Adriana Dávila asegura que hay muchos políticos que le temen a Rosi Orozco. Porque quien no está de acuerdo con ella, se convierte en tratante y queda a expensas de una campaña mediática de difamación.

“Mucha gente decide no meterse, es más fácil decir ‘para que me meto en estos temas’. Quizás algunos no están vinculados y son consumidores y tienen miedo a que les hagan una campaña. Yo he hecho un llamado a las autoridades sobre qué está pasando y porqué no están haciendo nada”, dice.

La Senadora asegura que no puede competir con Rosi Orozco, porque no cuenta con una estrategia mediática y porque desde procuradores, hasta gobernadores, le tienen miedo a la calumnia.

“En lo personal no me cabe en la cabeza que una difamación, un engaño, tenga que detener tu trabajo. Ella tiene que demostrar que lo que dice es cierto, que somos tratantes”, indica.

–¿Utiliza a las víctimas para mentir y difamar?–, se le pregunta.

–Me gustaría conocer cuántas víctimas han cambiado sus historias. Algunas las utiliza, a otras las fábrica, lo que no significa que no haya víctimas que sufren ese tema.

–¿Qué sabe de que Rosi visita a los padrotes en la cárcel?

–Rosi fue a Tlaxcala y señaló que está escribiendo un libro con 13 padrotes y que tres de ellos ahora serán activistas.

Rosi Orozco niega en entrevista hacer algo en contra de la Senadora. Sólo reconoce que Dávila, busca con su propuesta, beneficiar a los tratantes.

  
ENCARAR AL TRATANTE Y OTORGAR EL PERDÓN

Marcela es una víctima de trata cuya historia está contada en el libro de la periodista Evangelina Hernández y Rosi Orozco: “Del Cielo al Infierno en un día”.

La joven mujer fue secuestrada en su pueblo por un tratante que primero la enamoró y después la trasladó a la zona de La Merced en el Distrito Federal, donde la obligó a prostituirse.

Un operativo en el Hotel Oviedo en 2010 rescató a Marcela de su calvario. El tratante, el padrote, actualmente está preso y sentenciado por el delito de trata de personas.

De acuerdo con una fuente relacionado al caso, Rosi Orozco acudió en varias ocasiones a conversar con Pedro, el seudónimo con el que se identifica en el libro al padrote que explotó a Marcela. Le llevó la palabra de Dios, para finalmente ponerlo frente a su víctima para que tanto ella, como él, se otorgaran el perdón.

En entrevista con SinEmbargo Rosi Orozco aceptó que visita a los tratantes en la cárcel, pues cree en el perdón.

–Me dijeron que usted hace visitas a los tratantes para evangelizarlos–, se le comenta.

–A ver, he aprendido que la justicia restaurativa es algo muy poderoso en las cárceles. ¿Qué sucede cuando a un tratante o a cualquier delincuente, tú le enseñas a enfrentar el daño que hizo a la sociedad? Pueden salir de la cárcel siendo más responsables de sus hechos. Hemos logrado que tratantes pidan perdón a las víctimas. Eso no tiene que ver con religión, tiene que ver con asumir una responsabilidad y enfrentar a quien hizo daño y que la persona que hizo daño, pueda tener el valor de decir: ‘¿Porqué Pedro? ¿Por qué me hiciste esto?’. Y Pedro entender toda la secuela, el daño que hizo. Toda la afectación a un valioso ser humano. Yo creo que si nosotros seguimos las normas que han sido exitosas en las sociedades que quieren readaptar a los presos, no tiene que ver con religión. Tienen que ver con que tengan una perfecta armonía con el prójimo y entender sus hechos tienen consecuencias. Ahora yo creo que cualquier cárcel hay diferentes métodos para readaptar. Esto es uno es muy poderoso, contesta, sin especificar de ninguna de las dos partes, si se refiere a Pedro, el padrote que explotó a Marcela.

–Y usted, ¿les habla de algún Dios cuando va?–, se le pregunta.

–Siempre digo que Dios te bendiga. Siempre que puedo decirle ‘acércate’, ¿por qué no le vas a decir a un delincuente que se acerque a Dios?, ¿tendrá algo de malo?

– Ahorita que me dice que usted ha logrado que pidan perdón a sus víctimas…

–Ajá.

–¿Ha llevado llevado a alguna persona, a una víctima, a que le pidan perdón ahí a la cárcel?

– A ver, yo creo que los psicólogos y psicólogas que atienden este tema, siempre han sido responsables de preparar tanto al tratante como a las víctimas. El que yo sea testigo o no de eso, la verdad ojalá que me tocaran haber visto muchos. Sí he llegado a ver cómo le pide perdón una persona que ha hecho daño a una persona que ha dañado. Me parece muy poderoso, es muy importante para las víctimas. Lo que dicen ellas es: ‘cerré un círculo, de algo que estaba pensado, ¿por qué lo hizo?’. Es muy poderoso. ¿Por qué no te pones a estudiar lo qué es justicia restaurativa. Creo que vale la pena, te vas a sorprender, en muchos países es lo que ayuda a readaptar a los delincuentes.

–Rosi, entones eso la deja como que está trabajando en las dos partes: ¿con tratantes y con víctimas de trata?

–¿Y no son seres humanos también? El tema de trata de personas tiene que ser asumido desde una posición en la que yo valoro al ser humano, cualquiera que sea. Muchas personas que están en las prisiones han sido víctimas, de hecho muchas jovencitas que fueron desde niñas víctimas, cruzan la línea a ser victimarias. ¿Por qué no vas a visitarlas? Son seres humanos, merecen una oportunidad, una hoja en blanco, una nueva historia, ¿por qué no?

–¿Entonces usted sí está de acuerdo en darles esa oportunidad a los tratantes? ¿Usted sí les da una hoja en blanco?

– Pues no los vamos a sacar de la cárcel, ahí siguen. Pero, ¿por qué no los vas a tratar como seres humanos? ¿No lo son?

–¿No se revictimiza a la persona si se le enfrenta con su agresor?

–¿Por qué no estudias justicia restaurativa? Yo creo que tiene que ser un proceso y los psicólogos tiene que decir en qué momento. Las víctimas lo anhelan, algunas. Acuérdate que cuando uno es libre tiene la oportunidad de tomar de decisiones y cuando son adultas son sus decisiones. Ellas deciden

Desplazada por defender a desplazados de violencia: el drama de Karla

23 Ago

  
A sus 32 años y siendo el sostén de sus tres hijos, Karla Nayeli Corrales Portillo pasó de ser una defensora de las personas desplazadas forzadamente a una víctima de desplazamiento forzado. Si la gente a la que ayudaba había salido huyendo de sus ranchos en la sierra sinaloense a causa de la violencia, a ella lo que la ahuyentó de Choix –el municipio donde residía y ayudaba a los desplazados– fueron las amenazas de muerte que comenzó a recibir desde marzo o abril y que, aún en el exilio, no han cesado.

De hecho, la última que recibió le llegó la semana pasada, como una nota dejada en su automóvil, estacionado dentro de su casa. El papel decía, llanamente, “soplona”.

Ni ella ni Axel García, el coordinador de Protección a Defensores de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) que acompaña su caso, comprenden la razón de las amenazas en su contra, pues el trabajo que desde finales de 2013 ha realizado con las familias de desplazados ha sido meramente de apoyo humanitario: conseguirles alimentos, agua, medicamentos y, quizá, un lugar para vivir.

Denunciar las omisiones de las autoridades –que sí existen– o seguir la pista de quienes han aterrorizado a los habitantes de rancherías como La Culebra, El Corral Quemado o Bacayopa, al punto de hacerlos abandonar sus tierras, no son parte de su trabajo con los desplazados, como lo hace notar García.

“Aquí lo triste es que una persona defensora que busca agua es amenazada. Ella no denuncia, ella no señala a nadie, ella no está peleada con el gobierno”, dice.

El también defensor señala que precisamente esa circunstancia hace que el de Karla sea emblemático entre los casos de agresiones a defensores de derechos humanos en el país, quienes generalmente son atacados porque en su trabajo de defensa afectan intereses o hacen denuncias públicamente.

Y eso no hace sino plantearle dudas a García:

“¿Por qué una persona que da asistencia humanitaria, que no afecta intereses, por qué es amenazada? ¿A quién le afecta que esté ella pidiendo agua para la gente que no tiene que tomar, que tiene sed? ¿A quién le afectaría y por qué le tendría que afectar? ¿O qué es lo que están difundiendo como para pensar que les está afectando?”.

Las amenazas, cuenta Karla, comenzaron entre marzo y abril pasados. Primero fueron llamadas telefónicas para hostigarla preguntándole quién le ayudaba en la Ciudad de México o pidiéndole información sobre las personas desplazadas.

Luego fueron a través de la red social Facebook, en donde era etiquetada en publicaciones de personas que ella sabía eran delincuentes.

A eso se sumó el atentado que sufrió el Presidente municipal de Choix, Juan Acosta Salas, junto con su esposa, una de sus hermanas y parte de su gabinete el 6 de marzo, en la carretera Los Mochis-El Fuerte.

Organizaciones civiles vincularon el atentado contra el Alcalde con las amenazas y hostigamiento que vivían quienes apoyaban a los desplazados. El 27 de abril, esa postura fue respaldada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su resolución 14/15 concedió medidas cautelares a dos defensoras de los desplazados. Una de ellas fue Karla; la otra fue Esperanza Hernández Lugo, desplazada forzada y líder de un grupo de familias desplazadas.
El atentado contra Acosta Salas fue una llamada de alerta para Karla, quien entonces salió huyendo de Sinaloa. Con la ayuda de la CMDPDH logró que tanto la CIDH como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dictaran medidas cautelares para protegerla a ella y a su familia. También fue acogida por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una instancia de orden federal en manos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Tras dos meses en ese primer exilio forzado y con todos los sistemas de protección como respaldo, Karla regresó a su estado natal.

Pero las agresiones no cesaron. Recientemente, dice, nuevamente ha recibido llamadas telefónicas para amenazarla. En una de esas, recuerda, le dijeron que se fijara lo que iba a pasar en el río.

Lo que ocurrió fue que apareció muerta una joven con cinco meses de embarazo.
Las autoridades, en tanto responsables de su seguridad, están enteradas de las amenazas en su contra, dice. Pero pareciera como si no, porque nada pasa.

Mientras tanto, para ella la vida cambió. Ya no puede salir libremente, dice.

“Porque ya no sabes de quién nos vamos a cuidar. Tenemos personas que sabemos que están cuidando los movimientos que hacemos, a dónde vamos. Es difícil […] Es la incertidumbre que te levantas, te acuestas, y andas con lo mismo porque no sabes […] Nosotros cuando regresamos a Sinaloa, es el mismo hoyo en el estómago, es lo mismo que si escuchas un ruido afuera, es lo mismo no duermes. Es algo bien angustiante”, explica.

DESPLAZADOS E INVISIBLES

  
Una consecuencia buscada de las agresiones a defensores de derechos humanos suele ser inmovilizarlos de su trabajo de defensa. En el caso de Karla la estrategia resultó, pues tuvo que exiliarse forzadamente de Choix, donde residía y donde había comenzado su trabajo humanitario con los desplazados.

La mujer de grandes ojos y voz queda relata que su trabajo a favor de los desplazados forzadamente comenzó cuando apoyó a dos familiares que, como tantos, tuvieron que salir huyendo de sus lugares de origen por la violencia.

La ayuda que les dio fue la misma que siguió dándoles a los demás desplazados, que fueron apareciéndosele porque sus familiares empezaron a hablar de ella con otros desplazados. Y así su red se fue ampliando hasta contar 459 familias de exiliados forzados.

Cuando habla de las personas a las que ha ayudado y las condiciones en las que viven, Karla no oculta su pesar ni su indignación. Cuenta que muchos viven bajo lonas o en casas hechas de palos; duermen sobre el piso, soportando los moscos y el calor, que puede alcanzar los 48 grados centígrados. Hay personas que ni siquiera tienen un abanico para refrescarse y por las noches tienen que dormir mojados para mitigar el calor y a los moscos. Eso incluye a niños y a ancianos.

Hace 15 días, continúa Karla, un hombre murió de insolación. Había ido a recoger leña para vender y falleció en el monte. Tenía 54 años. Su esposa y sus cuatros hijos quedaron en el desamparo.

Como ese desgraciado, hay quienes se dedican a recolectar y vender madera para sobrevivir; otros salen de madrugada –a las dos o tres de la mañana– a los campos agrícolas a cortar chile o tomate o sembrar calabazas. Les pagan de 60 a 100 pesos por día y regresan hasta la tarde. Sus hijos se quedan solos todo el día.

Entre los desplazados hay quienes no saben leer ni escribir o personas que ni siquiera hablan español, porque son rarámuris. “Es muy difícil para ellos”, dice Karla.

Ella ha dedicado su último año y medio de vida a “hacerles un poquito más liviano lo que estaban llevando”. Más concretamente eso ha significado que junta ropa, zapatos y alimentos y los lleva a las familias de desplazados. También ha gestionado con las compañías refresqueras de Pepsi y Coca-Cola donaciones de agua embotellada, tan escasa como necesaria en esa región del Norte del país.

Incluso, dice, consiguió –por consejo de un funcionario del Infonavit– que unas familias de desplazados pudieran usar, temporalmente, viviendas abandonadas. Ese esfuerzo, sin embargo, parece amenazado, pues el jueves pasado una de las mujeres que se benefició de esa posibilidad, le informó que los querían desalojar.

Pero ahora, con el exilio forzado, el trabajo de Karla se ha visto obstaculizado. “Me quedé varada” dice, y atribuye esa limitación al temor que tiene ante las amenazas que ha recibido.

De parte del gobierno estatal, señala, no ha recibido ninguna ayuda, aunque lo ha solicitado. Del gobierno municipal, hubo una época en la que encontró apoyo para tener un espacio para realizar juntas con los desplazados y para llevar a cabo el censo de familias. Pero ahora, asegura Karla, esos apoyos no existen más.

Dice que a ella la han “ayudado” con tres despensas en cinco meses. Dichas despensas consisten en frijol, pasta, lentejas, que le alcanzan para unos 15 días para una familia de cuatro personas. Mas ella insiste:

“Yo la ayuda la quiero para la gente, ahorita no le han llevado ni una botella de agua”.

DEL GOBIERNO, NINGUNA REACCIÓN

García refiere que Karla se ha reunido con el presidente de la CNDH, con el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y con la titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob. Con todos ha llevado el mismo mensaje: que se reconozca a los desplazados y se les apoye.

Hasta ahora, dice García, la respuesta ha sido, por lo menos, insuficiente, amén de los pendientes en cuanto a la protección de la defensora.

El integrante de la CMDPDH agrega que el reto principal es que las autoridades se hagan responsables, en los tres niveles de gobierno.

“Nunca olvidar que el trabajo que hace un defensor suple lo que no hace la autoridad, lo que no hace el Estado. Entonces en la medida en que la autoridad, los tres niveles de gobierno asuman su autoridad y atiendan a la población desplazada, en esa medida también Karla no será quien estará tocando la puerta y arriesgándose por algo que ella, en lo particular, no tiene un beneficio de nada, lo hace por humanidad, por ser diferente”.

“DEFENSORA DE MUJERES” FEDERAL EVITÓ, CON MENTIRAS, ALERTA EN EDOMEX

13 Ago

La oposición a que se emitiera Alerta de Género hace cuatro años –lo que pudo salvar la vida de cientos de mujeres mexiquenses– fue encabezada por la funcionaria que hoy tiene la máxima responsabilidad de promover políticas públicas a favor de las mujeres. Y la argumentación recayó por una jurista de la mayor confianza de Enrique Peña Nieto a quien ha allanado el camino hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

SinEmbargo posee copia del debate que cerró el paso a la alerta y que ha sido clasificado como confidencial: Datos falsos, defensa electoral de Peña y hasta la utilización de la palabra “misojenía” por parte de una representante del Gobernador fueron suficientes para que el candidato priista, al que se le coreaba “Enrique, bombón, te quiero en mi colchón”, avanzara en la carrera presidencial por un camino al que las mujeres muertas simplemente se les hizo a un lado…

  
El Gobierno del Estado de México encabezado por Enrique Peña Nieto mintió para evitar la emisión de alerta de violencia de género en 2011, tal como finalmente ocurrió la semana pasada.

Funcionarios estatales dirigidos por Lorena Cruz Sánchez, hoy presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, ofrecieron cifras falsas de la situación de homicidios dolosos sufridos por mujeres ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, órgano titulado por el Instituto Nacional de las Mujeres.

El Sistema Nacional está compuesto además por los institutos estatales de las mujeres e instancias federales, entre estas la Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Salud y la Procuraduría General de la República, en ese momento bajo la responsabilidad del gobierno panista de Felipe Calderón.

Es decir, la alerta que hoy avala Cruz Sánchez es la misma que hace cinco años se negó a que siquiera se analizara. Y para esto se apoyó en el voto de los estados priistas.

“[…] En el Estado de México no estamos ocultando las cifras. Se podrían ocultar, se podrían maquillar muchísimas cosas, pero no es así, son cifras que están a la vista de la gente, pero sobre todo el señor Procurador las dio a conocer, entonces, bueno, sobre esto se hace la investigación, pero básicamente nos vamos a eso”, argumentó Lorena Cruz.

La funcionaria se declaró incompetente para discutir los aspectos técnicos de la situación de las mujeres en la entidad, es decir, de su estado y de sus representadas, y cedió la palabra a Martha María del Carmen Hernández Álvarez, asesora jurídica del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México:

“¿Cómo es posible que se pueda tomar a las mujeres como un pretexto, como un vil pretexto para tratar de llevar a cadalso a otra persona?”, espetó Hernández Álvarez.

“Considero que cada uno de los argumentos que esgrimiré demostrarán que lejos de basarse en la ley y verdaderamente en las mujeres, que es a quien están ustedes defendiendo y representando, se está utilizando como enseñó exactamente ahorita la licenciada Lorena, nada más políticamente”, sostuvo Hernández, quien fuera subprocuradora de justicia en el gobierno estatal de Peña y fungiera como magistrada federal.

“Jamás se les explicó a ustedes que esta violencia debía ser sistemática, que además se debía de probar que se dan en un contexto de impunidad o permisividad social, y mucho menos porque se debe de probar que la violencia proviene de un conjunto de conductas misóginas que perturban la paz social. ¿En algún momento se nos explicó qué significa la misojenía (sic)? No, de ninguna manera y saben por qué, porque de lo que se pretende es simple y sencillamente confundirnos y llevar precisamente, como ya se demostró, a primera plana a una persona que lo único que tiene de mal es el hecho de que sea carismático o que lo ven como un enemigo a vencer”, Hernández se refirió a Peña Nieto en el contexto de la carrera presidencial.

Hernández se empeñó en descalificar las cifras absolutas en función del estado y exigió que el criterio adoptado fuera el de tasas, es decir, de número de homicidios dolosos por cada 100 mil mujeres residentes en el municipio o estado de referencia.

La funcionaria ofreció datos en este sentido, subrayando que el Estado de México vivía una situación de menor gravedad y que Ecatepec, municipio de origen del actual Gobernador Eruviel Ávila, en particular tenía índices inferiores a los estatales y nacionales.

En primer lugar, Hernández, a quien en la misma sesión se le recordaría su carencia de experiencia en temas de género, mostró tasas elaboradas por cada cien mil habitantes, sin distinción de sexo, cuando por elemental criterio demográfico las mediciones con diferenciación de género se hacen entre cien mil habitantes de ese género.

El segundo aspecto interesante es que en todo momento evadió el término feminicidio cuando hizo referencia a los casos de su estado, a los que únicamente se refirió como “homicidios dolosos en contra de las mujeres”.

Los datos presumidos por Hernández Álvarez simplemente no cuadran con las bases de datos oficiales de defunciones en México de la Secretaría de Salud federal, a su vez nutridas por los reportes de los registros civiles de los estados.

La siguiente tabla contrasta los datos utilizados por el gobierno del Estado de México con los existentes en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

  
Existe al menos una razón para sospechar que el sesgo fue intencional porque el cálculo orientado hacia abajo se debió mantener también con respecto de los números nacionales, lo que habría colocado nuevamente al Estado de México y a Ecatepec por encima de la línea mexicana.

En 2007 México presumió un mecanismo internacionalmente innovador para la salvaguarda de la vida y los derechos de las mujeres. El procedimiento denominado alerta de violencia de género fue previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su respectivo reglamento, promulgada ese año.

Según la ley, la declaratoria es “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado […] tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos”.

El ordenamiento facultó a las organizaciones de la sociedad civil para solicitar la alerta ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, órgano titulado por el Instituto Nacional de las Mujeres.

Las organizaciones que suscribieron el documento son integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el cual está constituido por 43 agrupaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos distribuidas en 19 estados del país.

De acuerdo con el Observatorio, México ocupa el lugar 16 en el mundo en asesinatos de mujeres. Según un reporte de la ONU citado por esa organización, las muertes violentas de mujeres en el país se han incrementado a partir desde 2007, año con menos hechos de este tipo desde 1985.

Hasta ahora, las organizaciones sociales han reclamado formalmente y al menos en una ocasión la implementación del mecanismo en los estados de Nuevo León, Oaxaca, Guanajuato, Estado de México.

El Observatorio registró 922 feminicidios en el Estado de México entre enero de 2005 y agosto de 2010, concentrados en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán. De ese casi millar de casos, según la organización feminista, sólo 12 por ciento discurrieron en consignaciones ante un juez y únicamente entre 3 y 4 por ciento concluyeron en condenas a los asesinos.

Cuando el conglomerado de organizaciones no gubernamentales reclamó las medidas cautelares a favor de las mexiquenses afirmaba que, del conjunto de esas muertes, las autoridades desconocían la identidad de 526 feminicidas. En ese momento, según la compilación de información de la agrupación, el Estado de México era el sitio con más feminicidios sólo después de Chihuahua y Sinaloa.

La petición de alerta reclamaba la necesidad de identificar las irregularidades en que incurría el sistema de justicia mexiquense y que resultaban en un patrón de violencia sistemática y de impunidad contra las mujeres en el estado que impedían a las víctimas acceder a la justicia.

Tras presiones nacionales e internacionales, el Gobierno de Eruviel Ávila Villegas solicitó la emisión de la alerta de género para los municipios más poblados.

Ni Ávila ni Peña Nieto se han reunido una sola vez con madres de mujeres asesinadas, a pesar de que se les ha pedido decenas de veces.

El 8 de diciembre de 2010, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia recibió la solicitud de procedencia sobre la investigación de declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado de México por parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Es decir, nunca se discutió siquiera si se identificaba o no la existencia del problema en el Estado de México: lo que se puso a debate fue si se promovía la conformación de un comité de expertos que estudiaran la dimensión y circunstancias de la violencia de género en la entidad. Esa comisión compartiría sus hallazgos y entonces sí, el Sistema Nacional votaría la emisión o no de la alerta de violencia de género.

Mucho antes de esto, el órgano intergubernamental sesionó para resolver si investigaba o no el odio a las mujeres en el Edomex el 11 de enero del año 2011.

Participaron cinco dependencias del gobierno federal y catorce oficinas estatales de la mujer. Desde el inicio de la reunión se observó el talante con que el encuentro se desarrollaría: el tema para las mexiquenses no era social sino políticamente malintencionado. Su tono fue áspero, ajustado a la respuesta ante una ofensa.

Felipe de Jesús Zamora, entonces subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, presidió la sesión, que fue conducida por María del Rocío García Gaytán, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

La representación del Estado de México recayó en Lorena Cruz Sánchez, vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social de esa entidad, quien se reconoció incapaz de sostener la argumentación legal del tema y se apoyó en Martha María del Carmen Hernández Álvarez.

Alguien reclamó el protagonismo de la jurista mexiquense con el argumento de que así se duplicaba la argumentación del Estado de México, pero la moción no prosperó. Antes de esto, se sacó del recinto al representante de la organización no gubernamental que reclamaba la declaratoria de alerta de género en el Estado de México. Ni siquiera se le permitió presenciar la discusión como simple observador, sin hacer uso de la voz.

Las funcionarias del Estado de México se opusieron al formato de la discusión, de la distribución de los tiempos dados para las intervenciones. Algunas presidentas de los institutos de la mujer de los estados priistas cedieron el tiempo de participación al que tenían derecho para que se extendiera el alegato de defensa mexiquense.

El Estado de México hizo todo lo posible por evitar el asunto llegara siquiera a la votación. Con vehemencia y un claro tono ofendido, Hernández Álvarez alegó que se trataba de “un procedimiento cuasijurisdiccional”, reclamó la presencia de un notario público y alegó que cualquier acto ahí carecería de validez jurídica, pues toda la burocracia mexicana estaba en ese momento de vacaciones. Una y otra vez llevaron la discusión a que la pretendida alerta era un tema electoral y no de género.

Resultaba clara la alusión a la trayectoria del gobernador Peña Nieto hacia la Presidencia de la República y al interés de algunos panistas y perredistas por frenar la carrera del mexiquense. Quizá esto fuera cierto, lo que no diluye de ninguna manera la existencia del extendido e impune feminicidio mexiquense.

DEBATE

Los detalles de la reclamación de la alerta y de la oposición a que se efectuara no son conocidos, pues la información producida al interior del Sistema es confidencial. Las activistas acusan que este acuerdo de confidencialidad mengua los alcances del instrumento.

“No estamos frente a un error aislado producto de la impericia, las anomalías aquí expresadas indican que más que una legitima preocupación por los derechos de las mujeres, se trata de una estrategia del gobierno federal para contener y eventualmente eliminar la competencia en el proceso político que se avecina”, se empecinó Hernández Álvarez.

Malú Mícher Camarena, entonces directora general del Instituto de las Mujeres del DF sostuvo:

“(…) Esto no es un juicio, es un procedimiento administrativo, esto no es declarar la alerta de género, esto es iniciar un procedimiento donde primero se crea una comisión de expertas y expertos [que] van y conocen el lugar de los hechos, entrevistan a algunas de las familias de las víctimas, ellas decidirán su método, vienen y nos dicen lo que encontraron, nosotras lo analizamos, se lo dirán seguramente al gobernador, al procurador de justicia, se lo dirán a la presidenta del Consejo, a todas las compañeras y luego vendrán para acá, nos dirán el procedimiento, lo que encontraron y nosotras volveremos a dar una opinión, pero esto que nos sirva a todas y lo digo de verdad, compañeras.

“¿A qué le tememos? ¿A poner en marcha una ley? ¿A poner en marcha lo que tanto hemos soñado? Sí, señoras: sí hemos soñado que se les diga a las funcionarias y a los funcionarios que lo están haciendo mal, que son misóginos, que no nos contratan, que cuando vamos a hacer una denuncia en el Ministerio Público, como sucedió en Chihuahua, se archivaron los expedientes durante quince años. Eso es lo que queremos que haya: justicia para las mujeres, y no lo estamos haciendo en contra del gobernador, lo estamos haciendo por sus hermanas, lo estamos haciendo por su esposa que se acaba de casar, lo estamos haciendo por las hijas que tiene, porque cuando los funcionarios y las funcionarias entiendan que no es en su contra, sino que es a favor de todas mujeres, entonces es cuando nos lo agradecen, es cuando nos dicen, no ‘están discriminando’, sino que entienden que estamos cerrando la brecha de desigualdad en el acceso al ejercicio de un derecho, y el derecho que tenemos de vivir una vida libre de violencia”.

Reviró Lorena Cruz Sánchez, vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México:

“Que quede muy claro: nosotros no estamos en contra de la alerta de género, sabemos que es un buen mecanismo, simplemente estamos en contra del procedimiento jurídico que se llevó a cabo para anunciarnos que querían hacer una investigación. Es lo único. Nosotros respetamos este mecanismo, respetamos y creemos que es muy válido tener un grupo de expertos que vayan a los estados y que nos digan cómo podemos mejorar, que vean lo que estamos haciendo, obviamente es muy bueno, no estamos en contra de eso, simplemente en la forma en la que se lleva a cabo el procedimiento.

“(…) En el Estado de México no estamos ocultando las cifras. Se podrían ocultar, se podrían maquillar, muchísimas cosas pero no es así, son cifras que están a la vista de la gente, pero sobre todo el señor procurador las dio a conocer, entonces, bueno, sobre esto se hace la investigación, pero básicamente nos vamos a eso.

“Desafortunadamente fue la forma en la que se está percibiendo este proceso y todo se juntó (…). La época en que nosotros estamos, que es año electoral, entonces básicamente es eso solamente.

Y entonces Zamora Castro ordenó la votación.

Alzaron la mano en contra todas las directoras de los institutos de las mujeres de los estados priistas: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua —referente histórico y mundial del odio mortal a las mujeres—, Durango, Hidalgo, Puebla —aún gobernaba Mario Marín, acusado de proteger pederastas—, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Zacatecas.

También la de Nuevo León, estado que desde un par de años anteriores a la sesión vive un ascenso de la violencia en general que ha afectado a sus mujeres, asesinadas, violadas, tratadas, ejecutadas en medio de la guerra entre dos de los cárteles más poderosos y violentos del país, el del Golfo y Los Zetas.

Llaman la atención las reflexiones efectuadas por algunas funcionarias priistas al momento de votar.

“En contra y la reflexión sería que tenemos que revisar la eficacia del Sistema y de su programa que no aplica”, habló Edda Ernestina Arrez Rebolledo, de Veracruz.

“A partir del principio de no permitir que se partidice la lucha a favor de las mujeres, en contra”, sostuvo Georgina Rosado Rosado, de Yucatán.

Llama la atención la posición en contra de Guerrero y Michoacán, gobernados por el Partido de la Revolución Democrática, cuya supuesta agenda política coloca en el centro el tema de género. Ambos estados constituyeron secretarías de la Mujer, es decir, trascendieron en la organización de sus administraciones públicas el nivel de los institutos pero ambos votaron contra la emisión de la alerta de género en un estado con un problema histórico de violencia contra las mujeres, quizá porque también es el caso de Guerrero y Michoacán.

Y evidentemente se pronunció por la desestimación de la alerta la propia Lorena Cruz Sánchez.

Votaron a favor de la investigación Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, y María del Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.

También las y los representantes de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la Secretaría de Educación Pública federal, Secretaría de Salud federal, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

En el mismo sentido lo hizo el Distrito Federal, que si bien no tiene el problema en las dimensiones de su vecino Estado de México, tampoco puede presumir que sus mujeres estén a salvo.

Oaxaca se pronunció a favor. Tiempo después, cuando le tocó el turno de responder por sus feminicidios a la autoridad de ese estado, formada por una coalición de izquierda, su gobierno se defendería en términos no tan distintos a los que emplearan los mexiquenses.

Igualmente se pronunció por la realización de la investigación la panista de Jalisco. Guanajuato, también de Acción Nacional, se abstuvo; poco tiempo después ese estado enfrentaría una ola de feminicidios y, como siempre, una férrea oposición de su gobierno para admitir siquiera la existencia del problema. La asistente de Baja California, otro sitio en que el crimen organizado y el homicidio de mujeres se cruzan, sufrió el mismo conflicto moral.

Se lee al final de la versión estenográfica de la sesión: “Resuelve en definitiva con veinte votos en contra, once a favor y dos abstenciones la improcedencia de la investigación sobre la declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado de México promovida por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a. c., toda vez que la misma no fue aprobada por el Sistema”.

El 28 de noviembre de 2013, a un año menos tres días del inicio de la presidencia de Enrique Peña Nieto, su gobierno acumuló la tercera negativa para investigar la procedencia de la alerta de género en el Estado de México, a pesar de la existencia de mandato judicial para que se revise a profundidad la situación de las mujeres y el incumplimiento de las autoridades.

En noviembre de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto ocupó su capacidad de realizar uno de siete de nombramientos en el Consejo de la Judicatura Federal a favor de Martha María del Carmen Hernández Álvarez.
Y antes fue subprocuradora estatal bajo las órdenes de Alberto Basbaz, el Procurador que debió renunciar tras el caso de Paulette Farah, la niña de Huixquilucan a la que todo un aparato de justicia no encontró muerta a los pies de su propia cama.
Hoy, todos los argumentos ofrecidos contra la alerta de género por parte de Lorena Cruz y de Hernández Álvarez han sido admitidos, en los hechos, como ciertos por el mismo gobierno del Estado de México al ceder a las demandas ciudadanas y requerir la implementación del instrumento.

BELTRONES-GAMBOA: TODO EL PODER EN UNA DUPLA

13 Ago

Antigua, conocida y peculiar, la dupla entre Manlio Fabio Beltrones Rivera y Emilio Gamboa Patrón ha explicado en los últimos treinta años el ajedrez de la operación de la política mexicana. Juntos o en lo individual han pasado por todo, desde ambiciosos sueños hasta marcadas acusaciones de corrupción. Jamás se han quebrado, ni alterado su alianza. En los 12 años en que gobernó el Partido Acción Nacional (PAN), vivieron en carne propia las derrotas electorales y la descomposición de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI).

Muchos análisis le adjudican a este compadrazgo político, la salud interna que aparenta tener el tricolor después de haberse desgarrado por pugnas y batallas perdidas. También, la reconquista del poder tanto en Los Pinos como en el Congreso de la Unión. Así, al llegar Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, la gloria de la promulgación de las reformas estructurales en 2013, se le debe a ellos.

Siempre disciplinados, sonrientes, leales, dueños de relaciones viejas y nuevas, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón aparentan tener el combustible necesario para permanecer en la escena. Los analistas ven que el poderío que consiguió el primero después de las elecciones del 7 de junio no tiene precedente y ahora va por la dirigencia nacional del PRI. Mientras, el segundo se dice feliz en el Senado. De su retiro, no hay señales. Aunque los vástagos de ambos ya han arrancado en sus propios carriles. Sylvana Beltrones y Pablo Gamboa integrarán la Legislatura que está por instalarse.

Con todo, el futuro cercano no logra verse sin estos apellidos. 

 A Manlio Fabio Beltrones Rivera y Emilio Gamboa Patrón jamás se les ha visto enfrentados; mucho menos enemistados. Conformada desde 1982, cuando se conocieron en el Distrito Federal, su alianza política y de compadrazgo ha atravesado por todo: emocionantes proyectos de Nación, crisis económicas, tormentas políticas, acusaciones de corrupción, el asesinato del candidato a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio; el fracaso en 2000 del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenecen desde los 18 años; y la vuelta del tricolor a Los Pinos. La dupla es casi omnipresente. Forma parte del paisaje nacional.

La última gloria adjudicada a esta alianza es la promulgación de las reformas estructurales promulgadas por el Presidente Enrique Peña Nieto en el primer año de su Gobierno en los ámbitos de Energía, Telecomunicaciones, Fiscal, Financiera, Laboral, Político-Electoral y Educación. Fueron los impulsores del Pacto por México, el convenio que consolidó la negociación entre el Primer Mandatario con los dirigentes de los principales partidos de oposición.

Para los analistas, esta dupla –que por su supervivencia no encuentra parangón en ningún otro país– parece irrompible y aún con el combustible necesario para permanecer a través de los sexenios. El futuro cercano está contenido en la agenda de ambos. Según sus propias palabras, el primero suspira por la dirigencia nacional del PRI y el segundo continuará en el Senado de la República donde es coordinador de la bancada priista. Es alta la probabilidad de que los últimos tres años de Gobierno de Enrique Peña Nieto transcurran mientras ellos ocupen esas posiciones. Todo, con las reglas de la disciplina que los ha caracterizado.

“Así llegará 2018. Quien sea Presidente del PRI procesará la siguiente elección, mientras quien esté en el Senado lo avalará. No se trata de nominar al candidato presidencial; sino también de la recomposición de los candidatos a las Cámaras de Diputados y Senadores”, observa Gustavo López Montiel, investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM).

La permanencia, el sobreponerse a todo, ha sido su signo. En 1982, cuando se conocieron, Carlos Salinas de Gortari era Secretario de Programación y Presupuesto. Esa dependencia, creada por Adolfo López Mateos en 1958, se había convertido en una suerte de “vicepresidencia” y la ocupaba una generación de los llamados tecnócratas que se habían preparado en las Universidades de Harvard o Yale en Estados Unidos. En esa época otros jóvenes políticos que no llegaban a los 30 años de edad se habían acercado al proyecto salinista basado en el impulso de la economía. Fernando Ortiz Arana y Francisco Gutiérrez Rojas eran algunos. De aquel grupo, ninguna alianza sobrevivió; sólo la de Beltrones-Gamboa.
En 2000 se acabó en México la hegemonía del PRI. Vicente Fox Quesada, postulado por el Partido Acción Nacional (PAN), triunfó en las elecciones presidenciales. Tres años antes, había perdido la dominancia en el Congreso de la Unión. La bruma se le vino al PRI. Pero esta dupla logró que el tricolor atravesara la crisis con estabilidad. Manlio Fabio Beltrones fue nombrado Secretario General de la CNOP en 2002 y al siguiente año, en Diputado federal por segunda vez. Emilio Gamboa se desempeñaba como Senador.
El nuevo Presidente no logró desestabilizar al PRI. Hoy, artículos y estudios de esa época coinciden en que la moneda de cambio fue que el tricolor no apoyara al entonces candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador. Al final, una alianza con el PAN y la Presidencia de la República de manera discreta, pero efectiva.

Pero el tiempo aciago no se detuvo. Roberto Madrazo Pintado fue postulado como candidato presidencial en las elecciones del 2006 y quedó en tercer sitio frente al panista Felipe Calderón Hinojosa y el perredista Andrés Manuel López Obrador. El PRI quedó sin pies ni cabeza. La dupla continuó mientras Beatriz Paredes Rangel dirigía al partido. Para las elecciones intermedias del 2009, el PRI había ganado varias gubernaturas. Los diputados federales habían aumentado de los 121 que había en la legislatura 2006-2009 a 237 en la siguiente. Los tricolores volvieron a quedar como primera fuerza legislativa. El PAN obtuvo 143 diputados. Así, las reformas estructurales que se proponía el Presidente Felipe Calderón simplemente no pasaron y fueron promulgadas, ahora, cuando el PRI escribe los nuevos tiempos del poder en la persona de Enrique Peña Nieto.

Si se les viera como súper-héroes, serían Batman y Robin. Así pone a la dupla, el abogado Francisco Javier Zavala Segura, ex presidente del Consejo Electoral sonorense, un observador político. “Beltrones es el gran operador. Gamboa es el segundo. La mayor negociación siempre la hace Beltrones y consulta a Gamboa, su compadrito, su hermano del alma”. Si se les viera como seres de los campos y las selvas, serían dos faunos en un medio ambiente que no cambia y les resulta muy favorable. El jefe del Departamento Académico de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Vidal Romero, expone: “Puestos en una historia natural, son dos animales supervivientes. La prueba fue la derrota del PRI en 2000. Se pensaba que ya no resultarían atractivos para el sistema. Pero no. Mostraron una gran capacidad de adaptación”.

En este binomio, como nunca antes, Beltrones Rivera se hizo de un poderío reflejado en Sonora, la tierra donde nació. Uno de sus alfiles, Claudia Pavlovich Arellano es Gobernadora electa; pero además, en las delegaciones federales se encuentran personas vinculadas a su persona. En la conformación del Congreso local hay 15 diputados del PRI; además de dos de la alianza con el Panal. “Es el papel completo. Como un gran Ejecutivo del estado”, describe el abogado Francisco Javier Zavala Segura, expresidente del Consejo Electoral de aquel estado.

Si se observan sus territorios, a Beltrones le faltaría el Poder Judicial. Y es justo ahí donde ahora pervive una denuncia penal en contra de un político de arraigo del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Sebastián Sotomayor, por probables delitos de violación a la Ley General de Profesiones, falsificación de documentos y usurpación de funciones. El funcionario habría falsificado el acta de titulación que lo avalaba como Licenciado en Derecho. Y basados en la Ley de Acceso a la Información Pública, los integrantes de la Asociación Civil, Sonora Transparente acumularon documentos en los que respaldaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

“El PRI está metido en esa maniobra”, dice una fuente del PAN en la entidad quien da como argumento que las pruebas que presentó Sonora Transparente son muy parecidas a las que alguna vez esgrimió la bancada del PRI en un debate en la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado cuando se analizó el perfil de Sebastián Sotomayor. Para Zavala Segura, aquí hay una movida de ajedrez que al final, posicionará a Manlio Fabio Beltrones con mayor potencial, con los tres poderes a su cargo, para dar jaque mate.

Pero en la dupla Beltrones-Gamboa también hay deficiencias. El analista Gustavo López Montiel, especialista en partidos políticos, expone: “No tienen capital político con base social. Sus liderazgos están basados en la capacidad de operación, a diferencia de otros líderes; por ejemplo los sindicales. Como ocurre en muchos otros partidos del mundo, se establecieron como cúpula de élite burocrática dentro del propio PRI y sobrevivieron porque acumularon conocimiento y relaciones que les permitieron operar”.
Quiso el destino que esa disciplina pasara al anecdotario. Hubo un momento en 2013 que de nada valió. Ellos, que en el pasado vencieron escándalos pronunciados y que ese año, estaban más fuertes que nunca, fueron confundidos por el propio Presidente de la República. El Jefe del Ejecutivo federal tenía dos meses en el poder y durante un encuentro con los legisladores priistas, se refirió al senador Emilio Gamboa Patrón como “senador Beltrones”. “Sin duda tienen ante sí la oportunidad de revisar temas que son muy sensibles y que son muy importantes para acelerar la transformación de nuestro país. A ellos ya se refirió el senador Beltrones”, indicó el mandatario tras el discurso de Gamboa Patrón. Las sonrisas se borraron por segundos. Luego, las disculpas recompusieron la escena.
Tanto Manlio Fabio Beltrones como Emilio Gamboa Patrón aparentan haber emprendido la retirada. En el pasado periodo electoral del 7 de junio, Sylvana Beltrones Sánchez, la hija única del primero, consiguió una diputación plurinominal por el PRI y no hay analista que niegue que está llamada a convertirse en Senadora y a la postre, en Gobernadora de Sonora. En cuanto al segundo, su hijo Pablo Gamboa Miner, de 28 años de edad, ganó la diputación federal por el III distrito electoral de Mérida, Yucatán.
Sylvana Beltrones y Pablo Gamboa son hijos del poder. Sus carreras políticas se distinguen por su brevedad. Ella – de 31 años de edad– fue subsecretaria general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), diputada federal suplente en la Legislatura que concluyó en 2012, secretaria general adjunta del PRI y Directora de Gestión Estratégica del Fonatur. Pablo Gamboa –de 28 años- apenas se desempeñó como director de la Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey) debido a la invitación de Ivonne Ortega Pacheco, ex Gobernadora de Yucatán y actual Secretaria General del PRI. El más ambicioso de los proyectos de la Comey es el Parque Lineal Metropolitano, bautizado como “Paseo Verde”.
La primera reflexión de Vidal Romero, jefe del Departamento Académico de Ciencia Política del ITAM, sobre un eventual retiro, es que Beltrones y Gamboa su ejercicio cederá, tenderá puentes con los jóvenes, con “los bebesaurios”. Gustavo López Montiel, del ITESM, expone que de perder sus posiciones, serían “desempleados incómodos, lo cual resulta poco probable porque particularmente hasta que no se agotan esos vínculos y capacidad de operación, ellos se mantendrán vivos”.
En mayo pasado, Beltrones Rivera dijo: “Sí me gustaría ser presidente del partido. Pero esa no es mi obsesión, es mi ilusión”. Por su parte, Gamboa Patrón sostuvo: “Estoy muy feliz de coordinar al PRI en el Senado. Es un trabajo de tiempo completo … Soy un hombre de disciplina partidaria … Estoy muy feliz”.
I

MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA

  
“Un impecable operador político que florece y prospera en la política de puertas cerradas”. Esa es la descripción de Manlio Fabio Beltrones en un cable filtrado por Wikileaks del Departamento de Estado de Estados Unidos en mayo de 2011 y publicado por el diario La Jornada. Y no es la única descripción que resume así al hombre que en estos días suspira por la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el único al que ha pertenecido durante treinta años. Lo más probable es que lo logre. “Se trata de un personaje político que no puede quedar desempleado. En tal caso, sería un desempleado incómodo”, coinciden aliados, detractores y analistas.

Manlio Fabio Beltrones Rivera nació el 30 de agosto de 1952 en Villa Juárez, del municipio de Etchojoa, Sonora, el corazón de una de las regiones más pobres de México. Es la fecha en que ese municipio norteño no ha superado sus indicadores de pobreza y vulnerabilidad. Según la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el 57. 6 por ciento de la población en su mayoría indígena, tiene carencias sociales. La principal es el hambre.

Su abuela era una indígena yaqui que había perdido un ojo cuando cortaba leña en Cananea, según narra el propio Beltrones Rivera en su libro “La vida y la Política”. De modo que él le leía los periódicos y a fuerza de hojear, llegó a preguntarle: ¿Qué hacen los políticos, abuela”. Ella contestó que los políticos lograban acuerdos entre los demás. Después, su madre, Beatriz Beltrones, le enseñó lecciones bíblicas. El mismo Beltrones adjudica su pasión por la política al pasado con estas dos mujeres.
Quienes recuerdan a Beatriz Beltrones avalan que fue seguidora de las culturas griega y romana. Por ello, los nombres de sus tres hijos: Alcides, Orestes y Manlio Fabio. Su padre, Rómulo Díaz Braun fue un capitán del Ejército Mexicano que participó en la Batalla de Celaya. Cuando le preguntan a Manlio Fabio Beltrones de por qué lleva el apellido materno, ha respondido que su madre era soltera y aunque después se casó, prefirió no modificar su nombre. Después de un padecimiento de cáncer de mama, falleció en 2004. A ella se le debe la creación de la “Fundación Beatriz Beltrones AC”.
Manlio Fabio se licenció como economista en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su cédula profesional – la 468593- data de 1977, aunque concluyó los cursos en 1974. No fue un chico de Harvard, ni de Yale, como otros políticos mexicanos de su generación que hicieron cursos o maestrías en esas universidades estadounidenses. Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari concluyó una Maestría en Administración Pública en Harvard en 1973 y Ernesto Zedillo Ponce de León lo hizo en Yale, con un Doctorado en Ciencias Económicas, en 1981.

En la UNAM, una de las cátedras a las que acudió fue la de José Antonio Zorrilla Pérez quien fungía como secretario particular del entonces director de la Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios (QEPD). En 1975 obtuvo su primer puesto en la administración federal, en el Registro Nacional de Electores (1975-1976).

Fernando Gutiérrez Barrios llegó a ser Subsecretario de Gobernación y Zorrilla Pérez permaneció como su secretario. Beltrones Rivera fue llamado como auxiliar. Luego, Zorrilla Pérez quedó a cargo de la Dirección Federal de Seguridad. Entonces, el sonorense fue promovido y consiguió ser él, secretario particular. “No le gustaba aparentar juventud. Desde esta época se dejó el bigote para aparentar madurez y jamás se lo quitó”, narra un contemporáneo suyo.
“La formación que tiene Manlio Fabio Beltrones es de todos conocida”, dice el abogado, Francisco Javier Zavala Segura, expresidente del Consejo Electoral sonorense. Tuvo grandes maestros del sistema político mexicano. Y la astucia, ahora mostrada, le viene de esa escuela”.

La carrera política la arrancó en 1982 cuando se convirtió en Diputado por su estado natal. Emilio Gamboa Patrón era secretario particular del entonces Presidente Miguel de la Madrid. Años después serían compadres. Al concluir la Legislatura, se convirtió en dirigente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI en Sonora. Gutiérrez Barrios asumió como Gobernador de Veracruz.

Cuando Carlos Salinas de Gortari llegó a la Presidencia de la República, Gutiérrez Barrios fue nombrado Secretario de Gobernación. Manlio Fabio Beltrones se convirtió en subsecretario. Acaso aquí empezó el desarrollo de la habilidad operativa que se le adjudica: la Segob debía recobrar la confianza después del supuesto fraude electoral de las elecciones de 1988 y una de sus tareas fue aprobar una reforma electoral que condujo a la creación el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral (INE).

En 1991 se postuló al Gobierno de Sonora y ganó. Y fue durante su mandato cuando ocurrió uno de los pasajes más oscuros de la política nacional moderna y de la suya: el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI a la Presidencia de la República. El 23 de marzo –día del homicidio– hubo una reunión de gobernadores en la ciudad de México, convocada por el presidente del consejo general del Instituto Federal Electoral. Acudieron todos los mandatarios. Menos Manlio Fabio, quien se encontraba en Hermosillo.

Una de las preguntas que el ex Presidente tuvo que responder a la Fiscalía Especializada para el caso Colosio fue por qué le solicitó ayuda al Gobernador de Sonora y no a Ernesto Ruffo Appel, en ese momento Gobernador de Baja California, la entidad donde ocurrieron los hechos. “Busqué al Gobernador de Baja California y se me informó que no estaba en su estado. Por ese motivo, y estando presente en mi despacho el coordinador de la campaña de Colosio, el doctor Zedillo, me comuniqué con el Gobernador de Sonora para pedirle que siendo el más cercano al lugar de los hechos se trasladara a la ciudad de Tijuana, cosa que hizo”, respondió Salinas [Expediente Caso Colosio de la PGR].

Después del primer interrogatorio al que fue sometido Mario Aburto, Manlio Fabio Beltrones se presentó en los separos de la PGR como “enviado presidencial”. Sacó al supuesto asesino de ahí para hablar con él “en la playa”. A partir de este episodio, el fantasma de la suspicacia cayó sobre su ser porque surgió la hipótesis de que hay dos Aburtos; uno el capturado en el mitin de Colosio; otro, el que fue presentado a los medios. El cambio lo habría hecho él: Manlio Fabio Beltrones.

Alcides Beltrones –hermano mayor de Manlio Fabio– era administrador del Aeropuerto Internacional de Tijuana y le otorgó una credencial a uno de los sospechosos de haber disparado en contra del candidato: Othón Cortés. Pasaron los años y la estirpe Beltrones dejó de ser mencionada en torno al caso Colosio hasta que en 1997, el diario The New York Times publicó una lista de la DEA en la que Manlio Fabio apareció como uno de los protectores de Amado Carrillo Fuentes, apodado como “El Señor de los Cielos”. La PGR calificó la información como difamatoria y pidió que la retiraran del diario.

Meses después, recibió otro golpe. La Procuradora de Suiza, Carla del Ponte, quien investigaba a Raúl Salinas, hermano del ex Presidente, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, presentó un informe donde detallaba ligas de políticos mexicanos con el crimen organizado. Un testigo protegido, miembros del Cártel de Cali y contacto de Carrillo fuentes, dijo que en una reunión en México en 1990, acudieron los generales Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón y José María Córdoba Montoya.
Esa fue la convulsa década de los noventa, cuando ocurrió una debacle financiera y el PRI iniciaba una crisis en su entraña. Cuando el siglo cambió, Manlio Fabio Beltrones estaba repuesto. En 2002, presidió la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI y al año siguiente, llegó como plurinominal a la Cámara de Diputados. En 2004, dirigió la Mesa Directiva. Al Senado lo presidió en dos ocasiones (2006-2007 y 2010-2011). Desde ahí, impulsó la reforma del sistema político tras el conflicto post electoral de 2006. En estos años, la agenda política del país pasó a sus manos. Algunos periodistas le pusieron el epíteto de “vicepresidente”.
El cable que difundió Wikileaks dice de él: “Extremadamente afable e impecablemente peinado y arreglado, Beltrones exuda confianza en sí mismo. Suele hablar deliberadamente de modo intenso y en tono de voz bajo, intercalando en la conversación frecuentes pausas elocuentes y haciendo contacto directo y prolongado con los ojos de sus interlocutores”.

II

EMILIO GAMBOA PATRÓN
  
En esta historia, numerosas tormentas han pasado, pero ninguna ha logrado hacer daño. En 1995, la revista Proceso publicó una carta que Eduardo Valle [QEPD], conocido como “El Búho”, ex dirigente estudiantil en el Movimiento de 1968 y en ese momento asesor del procurador Jorge Carpizo McGregor [QEPD]. Se la dirigía a Carlos Salinas de Gortari y le decía que Emilio Gamboa Patrón, quien había sido Secretario de Comunicaciones y Transportes en su sexenio, habría sostenido un encuentro el 8 de noviembre de 1993 con Marcela Rosaura Bondestedt Perlick, ex locutora de Televisa y ex agente de la Policía Judicial Federal.

Bondestedt Perlick y su pareja sentimental, el ex policía Marcelino Guerrero Cano habrían trabajado para el narcotraficante Juan García Ábrego, líder del Cártel del Golfo. Hasta ahora, la versión de Gamboa Patrón sobre ese hecho es que sí conoció a la ex locutora, pero para comprarle cuadros de arte.

Luego, su nombre volvió al escándalo cuando la Fiscal suiza Carla Del Ponte lo incluyó en un informe. Según los testimonios de dos narcotraficantes presos en Estados Unidos, el político mexicano habría asistido a reuniones en las que se negoció con líderes del Cártel del Golfo. De ahí habrían provenido 114 millones de dólares depositados en la banca de aquel país, por Raúl Salinas de Gortari.

La defensa de este asunto la hizo el hermano del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari. Afirmó que la fiscal se basó en declaraciones “fabricadas” de testigos protegidos. A querer o no, Gamboa Patrón fue llamado a declarar sin que hasta ahora se conozca su dicho. Al final, fueron las autoridades mexicanas las que investigaron la ruta de este dinero y en 2014, Salinas de Gortari resultó exonerado de enriquecimiento ilícito. (Todo lo que el juez ignoró para sentenciarme, Raúl Salinas de Gortari, ed. Diana)

Los años pasaron y en 2000 el PRI perdió la Presidencia de la República. En 2006, Emilio Antonio Gamboa Patrón tuvo que modificar otras vez la sonrisa que lo caracteriza. Lo habían nombrado coordinador de los diputados del PRI para la Legislatura que concluyó en 2009 y una conversación fue revelada: el político que inició su carrera como secretario del ex Presidente Miguel de la Madrid, el que había sobrevivido seis sexenios, estaba vinculado con el pederasta Jean Succar Kuri.

Aunque durante su campaña por la Presidencia de la República, Vicente Fox Quesada hizo del combate a la corrupción y la rendición de cuentas sus principales banderas, ese año, cuando su Gobierno estaba a punto de concluir, ningún político había sido atrapado. Atrás, muy atrás, quedó el anuncio de poner a Carlos Salinas de Gortari (1994-2000) en manos de la justicia y las agresivas palabras con las que definía a los políticos mexicanos corruptos del PRI: víboras prietas o tepocatas. Ya en el Gobierno federal, Vicente Fox hablaba de peces gordos que irían cayendo en su red, poco a poco; pero tal espectáculo jamás ocurrió.
El próximo 23 de agosto, Emilio Gamboa Patrón, actual coordinador de la bancada del PRI en el Senado cumplirá 65 años de edad. Es hijo de Emilio Gamboa Martínez y Josefina Patrón Méndez, una cantautora de trova yucateca. Tiene seis hermanos: Angelina, Josefina, María Elena, Jorge, José y Mario. La Primaria la estudió en el Colegio Montejo, de Mérida, Yucatán y la Licenciatura de Relaciones Industriales en la Universidad Iberoamericana de 1970 a 1974. Se tituló con la tesis “Diseño y Primeras Realizaciones de un Programa de Desarrollo en una institución descentralizada de 110 mil trabajadores”.
Su carrera la inició en 1982 cuando Miguel de la Madrid Hurtado lo invitó a colaborar en su campaña a la Presidencia de la República Mexicana en el puesto de secretario particular. Pasó por la dirección general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (Infonavit), la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la subsecretaría de Comunicación Social de la Segob. Luego, ocupó una senaduría de 2000 a 2006 y una diputación federal, de 2006 a 2009. Su apellido es de los más conocidos en la política mexicana.

Dinos contra saurios: El PRI vs Atlacomulco

13 Ago

Como en la última entrega de la saga de Jurassic Park, la lucha en la cumbre del poder no es entre seres humanos y dinosaurios (ciudadanos versus políticos, digamos), sino esencialmente entre distintas versiones de saurios.

La designación de Manlio Fabio Beltrones como presidente del PRI, contra los deseos originales de Enrique Peña Nieto, que quería imponer a Aurelio Nuño su operador en Los Pinos, demuestra que la lucha entre las distintas especies de este parque zoológico que es la clase política está lejos de resolverse entre algunas de sus especies.

Hace unos días comenté que algunos miembros del PRI comenzaban a ver con preocupación al círculo que rodea a Enrique Peña Nieto por sus intentos de emular a Hank González en su afán de hacer política y grandes negocios. El problema, piensan ellos, es que en la práctica los del Grupo Atlacomulco han salido más habilidosos para los negocios que para la política. Imitar a Hank González sin el carisma del profesor ni su habilidad política, ha terminado por traducirse en una gestión chata que pone en riesgo la permanencia del PRI en el poder (publicado en El País, “El PRI contra Peña Nieto”). Los políticos profesionales están preocupados por la caída de popularidad de la presidencia y por la falta de profundidad (por no decir el exceso de frivolidades) que atribuyen al círculo que rodea a Los Pinos.

El grupo Atlacomulco y sus aliados (ex gobernadores de Hidalgo), por su parte, han querido imponerse mediante el control económico de los otros liderazgos que los cuestiona dentro del PRI. A través de Luis Videgaray, ministro de Hacienda, controla las oficinas de auditoría del resto de las secretarías para manejar en un puño al Gobierno federal. Adicionalmente ha emprendido acciones, también por vía económica, para reducir el margen de operación de los poderosos gobernadores, la mayor parte de ellos priistas (un polo de resistencia al poder de Los Pinos, aunque no el único).

Colocar a Aurelio Nuño como mandamás del PRI habría permitido a Los Pinos hacerse del control absoluto del aparato electoral, en detrimento de las otras fracciones del partido. El manotazo impositivo incluso suponía una violación flagrante a los estatutos que exigen a todo aspirante haber desempeñado un cargo dentro del tricolor. En el caso de Nuño ni siquiera estaba acreditado su registro dentro del PRI.

En las últimas semanas la oposición de la ortodoxia política y la incomodidad que genera la falta de oficio del grupo a cargo del Ejecutivo, provocó oleadas de resistencia. Finalmente, el Presidente tuvo que decidir si apostaba a gobernar en solitario, con el exclusivo apoyo de los suyos, convirtiendo al PRI en una extensión del Grupo Atlacomulco imponiendo a su jefe de oficina en el partido, o transigía y cedía a la oposición la cabina de mando del tricolor.

Con la decisión a favor de Manlio Fabio Beltrones, Peña Nieto apuesta por la negociación y el consenso dentro de sus tribus. Algo que ya había mostrado cuando se tragó su orgullo y eligió a Eruviel Ávila como su sucesor en el gobierno del Edomex, contra su deseo de imponer a alguno de sus propios delfines, Alfredo del Mazo o Ernesto Nemer. El grupo Atlacomulco demuestra, una vez más, que prefiere apostar por la seguridad y ceder frente a otra fracción, antes que arriesgarse a una confrontación que ponga en riesgo su sobrevivencia.

Manlio Fabio Beltrones no se convertirá en un opositor del Presidente, desde luego (como tampoco lo ha sido Eruviel en Toluca). Sería suicida. Aunque tampoco será un instrumento ciego ni correa de transmisión de Los Pinos. Convertirá a la dirección del partido en una trinchera para canalizar la multitud de intereses que anidan en el PRI, incluyendo las candidaturas para los gobiernos estatales que estarán en disputa en los próximos años. Más importante aún, esto asegura que la elección del candidato para disputar la presidencia en el 2018 tendrá que ser el resultado de una negociación entre los distintos polos políticos y regionales, y no la mera imposición de la fracción que ocupa el poder.

Desde luego no será fácil. Resulta más que sintomático que la designación de Manlio vaya acompañada del nombramiento de Carolina Monroy como Secretaria General, una suerte de vicepresidente operativo. Ella es “atlacomulca” pura: sobrina de Alfredo del Mazo, prima de Peña Nieto, esposa de Ernesto Nemer, y con amplia experiencia en distintos puestos del gobierno del Edomex.

Con todo, Manlio Fabio es hoy por hoy el cuadro con mayor oficio, el único quizá dotado de la perspectiva histórica para trascender la coyuntura inmediatista en la que se mueven sus rivales. Un velociraptor capaz de dar la pelea a los tiranosaurios rex versión 2.0 que anidan en Los Pinos. Veremos. La película va a estar interesante.