Archive | septiembre, 2014

CNDH, Ombudsman de los políticos

28 Sep

Por Jorge Zepeda Patterson

Tenemos un problema cuando el ejército está más dispuesto a revisar las violaciones de los soldados a los derechos humanos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que ha sucedido con el caso de Tlatlaya revela hasta que punto la CNDH es un instrumento diseñado para bloquear, por la vía de la negación o la burocratización los excesos del Estado en contra de los ciudadanos.

Repasemos brevemente lo que sucedió en Tlatlaya. El pasado 30 de junio elementos del ejército mexicano mataron a 22 presuntos delincuentes (21 hombres y una mujer menor de edad) en una bodega ubicada a un kilómetro de la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, casi en el límite con Guerrero. La versión oficial, emitida ese mismo día por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), señaló que los delincuentes atacaron primero a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del ejército mataron a todos. Incluso el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dijo el 1 de julio que “el ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”.

Dos meses más tarde, Julia (quien pidió mantener su verdadero nombre en secreto por temor a represalias) un testigo presencial del suceso entrevistada por Esquire, dijo que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma Julia, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron:

“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’.

El enfrentamiento previo dejó al menos dos heridos, dice Julia. Eran una muchacha y un muchacho. El comunicado de la Sedena no informa sobre ningún presunto delincuente herido en la refriega, sólo que todos murieron en el intercambio de disparos. La joven era Erika Gómez González, de 15 años, quien recibió un balazo en la pierna y quedó tirada en el suelo, de acuerdo con Julia. La testigo afirma que minutos más tarde los soldados la remataron: “La mataron ahí mismo y también al muchacho que estaba al lado de ella. A él lo pararon de este lado y lo mataron, después se pusieron los guantes y lo volvieron a acomodar como estaba. Se pusieron guantes para agarrarlo. Lo pararon y lo mataron. Con ella hicieron lo mismo. A ella no la pararon porque no podía caminar”.

Las autoridades negaron la versión de esta mujer, pero el sentido común parecía respaldarla. El hecho de que todos los delincuentes hubieran muerto en el enfrentamiento (sin que ninguno quedara herido) y que ningún soldado hubiese salido lastimado, sugería en efecto una ejecución sumaria. Los balazos exclusivamente en pecho y espalda en la gran mayoría de los cadáveres y la sangre en las paredes constituyen rasgos inequívocos de un fusilamiento.

La primera reacción de la Sedena fue negar el hecho, pero organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación críticos evidenciaron la necesidad de una investigación. De inmediato el titular de la CNDH, Raúl Plascencia, explicó que habría un informe para fines de octubre pero salió en defensa de la autoridad anticipando que la versión del ejército podía ser correcta, pese a toda la evidencia en su contra. Como tantas otras veces en el pasado, Plascencia operaba como Ombudsman de la clase política, no de los ciudadanos.

Finalmente fue necesario que organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaran el hecho y pusieran en duda la versión oficial para que, finalmente, hace unos días la Sedena pusiera bajo arresto a ocho elementos que participaron en la matanza.

Nunca como ahora quedó en evidencia la necesidad de un cambio radical en la CNDH. No es posible que sean las organizaciones internacionales las que en última instancia obliguen a las autoridades a responder por sus excesos. Sobre todo porque cada año nos gastamos 1,400 millones de pesos en una institución que, se supone, tendría que cumplir tales funciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos nació a principios de los años noventa, dentro de la ola fundacional de instituciones protodemocráticas, resultado de la presión de la opinión pública. Un IFE ciudadano, comités reguladores, fiscalías especiales.

Al correr del tiempo buena parte de este incipiente tejido institucional ha sido reabsorbido por el poder. El IFE es controlado por los partidos, y la mayor parte de los organismos autónomos son castrados mediante el simple expediente de colocar a un titular dócil o, de plano, cómplice de la autoridad.

Tal es el caso de Plascencia, un hombre del sistema y para el sistema. Bajo su tutela la CNDH se ha convertido mucho más en un obstáculo que en un recurso a favor de los derechos humanos. Ahora intenta que el Senado lo reelija por otros cinco años. A menos que los ciudadanos lo impidamos.

Tlatlaya: las instituciones en vilo

28 Sep

Lo de Tlatlaya “es probablemente la masacre más grave que se ha sufrido en México, en muchísimos años”, ha dicho Human Rights Watch.

Este caso tiene ahora al Estado mexicano en vilo: la credibilidad de las instituciones está en juego pues, de confirmarse que militares mexicanos cometieron el fusilamientos extralegal de 22 personas, no sólo los responsables directos deberán ser juzgados sino también los que desde el inicio del caso mintieron a la sociedad y después obstaculizaron las pesquisas e incluso se atrevieron, sin terminar una investigación seria, aventurar que los miembros del Ejército son inocentes.

El 30 de junio pasado, elementos del Ejército mataron a 22 personas –21 hombres y una mujer menor de edad– en una bodega situada en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.

Ese mismo día, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó en un comunicado –que, por cierto, ya no aparece en su página oficial de la Internet– que el enfrentamiento se originó cuando los efectivos militares ubicaron la bodega custodiada por personas armadas, quienes al percatarse de la presencia de los efectivos dispararon en su contra.

Los hechos, planteó la Sedena en ese comunicado, ocurrieron a las 05:30 horas del lunes 30 de junio en las inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, en Tlatlaya. En el lugar, detalló la dependencia que encabeza el general Salvador Cienfuegos Zepeda, fueron aseguradas 25 armas largas, de las cuales 16 son fusiles AK-47, seis fusiles AR-15, un fusil Calico, dos escopetas; además, 13 armas cortas, una granada de fragmentación y 112 cargadores y cartuchos de diversos calibres.

Casi tres meses después, las instituciones en México [desde la Presidencia de la República, pasando por el propio Ejército, el gobierno del Estado de México y la muy criticada Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)] han sido evidenciadas por investigaciones periodísticas realizadas, además, por medios de comunicación internacionales, con lo que el caso es ahora conocido en el mundo.

Los militares mexicanos, plantearon la revista Esquire y la agencia de noticias Associated Press (AP), torturaron y dispararon a sangre fría a esas 22 personas.

Esquire publicó la versión de una mujer testigo de la masacre. “Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”, citó la publicación estadounidense en su edición de México.

AP, en tanto, publicó las declaraciones de otro testigo que involucra a los miembros de la Sedena en un fusilamiento extralegal.

De acuerdo con la agencia internacional, una mujer relató que vio cuando los militares dispararon y asesinaron a su hija Erika Gómez González, de 15 años. “Estaba en el suelo con una herida en la rodilla. Los soldados le dieron la vuelta al cuerpo aún con vida y le dispararon más de media docena de veces en el pecho”.

En el inter, las autoridades han cometido errores de fondo y de forma. Es el caso de la administración del priista Eruviel Ávila Villegas en el Edomex que, en agosto pasado, reservó por nueve años la información exacta de los impactos de bala en las personas abatidas el 30 de junio, con la justificación de que la revelación de las pruebas afectaría el avance de la investigación.

El miércoles pasado, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, aclaró que esa reserva es ahora “improcedente”, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) anunciara que asumiría la investigación. Por tanto, la decisión de la autoridad local ha quedado sin efectos.

Mientras que, esta semana, el Ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva, quien ha sido cuestionado en los últimos meses por sus cercanía por el poder e incluso grupos ciudadanos han interpuesto una denuncia en su contra por desdeñar casos de alto impacto en contra de la sociedad, anunció que el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre este caso será presentado en breve.

Sin embargo, en otra de sus polémicas declaraciones, adelantó que podría ser absolutorio para los militares ligados a la presunta ejecución de las 22 personas.

Al respecto, José Miguel Vivanco, director de la División para las Américas de la organización Human Rights Watch, lamentó que la CNDH brille por su ausencia y no haya participado o emitido mensaje alguno.

En entrevista para Radio Fórmula, Vivanco comentó que los militares no podrían reclamar la jurisdicción total del caso e impedir que la PGR investigue.

“Fue por testigos, e investigaciones que dieron a conocer las contradicciones, que el caso Tlatlaya dio un giro de lo contrario, se habría mantenido la versión oficial del Ejército”, dijo el representante de HRW.

Lo ocurrido en Tlatlaya “es probablemente la masacre más grave que se ha sufrido en México, en muchísimos años”, afirmó.

PUEBLA: SIN REGISTROS CIVILES Y SIN LEY

28 Sep

Por Laura Cordero

¿México es un país de políticos machos y misóginos? Las declaraciones del ex Diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro García Ruíz, quien dijo: “las leyes como las mujeres, se hicieron para violarlas”, abrieron la polémica respecto al tema.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 57 millones 481 mil 307 mujeres, y nueve de cada 10 creen que hay discriminación por parte de la sociedad mexicana hacia ellas.

Asimismo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) coincidieron –con base a la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010– que las mujeres viven una discriminación por el simple hecho de ser mujeres, pero que ésta se multiplica cuando tienen alguna otra condición de vulnerabilidad como ser indígenas, migrantes o trabajadoras del hogar.

Cifras de la Fundación Thomsom Reuters ubican a México en el puesto 15 de 19 países con mayor violencia física y sexual contra las mujeres, debido al machismo.

La fundación destacó que “las excepciones o avances no han logrado hasta ahora extirpar el machismo, enquistado en una sociedad en la que dos de cada cinco mujeres casadas tienen que pedir permiso a sus maridos para salir solas de día y en la que dos tercios ha sufrido algún tipo de violencia doméstica”.

El doctor René Jiménez Ornelas, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirma que el problema del machismo y la violencia contra las mujeres se debe a una misoginia social.

Sin embargo, las agresiones no provienen sólo de las parejas, familiares o de la sociedad; políticos mexicanos también han contribuido en esta problemática al hacer declaraciones misóginas o simplemente al no empoderar a las féminas en los partidos políticos a los que pertenecen.

“Esta ausencia de mujer en la dirigencia partidista constituye un emblema de la desequilibrada Equidad de Género en la Historia del sistema político mexicano”, afirmó el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Gustavo Leal Fernández.

Los tres partidos más importantes de México no sólo hacen a un lado estas consideraciones, sino que también han protagonizado escándalos por declaraciones de alguno de sus integrantes –incluso ejerciendo como presidentes de la República– que son ofensivos para las mujeres.

LA CNDH, como nunca antes, en el descrédito

28 Sep

Parcialidad, uso político de la información que cae en sus manos, omisión en los casos de abuso a los menos favorecidos [como indígenas, migrantes, desplazados, desaparecidos, mujeres, niños y sociedad civil en general, entre otros], excesos y desvíos en el gasto público para lograr que el actual Presidente sea reelecto en los últimos días de octubre o a principios de noviembre próximos, son algunas de las acusaciones que por estos días enfrenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo, al que desde el 13 de septiembre de 1999 se le dio una total autonomía de gestión y presupuestaria, fue creado con el objetivo de proteger y defender los derechos humanos de TODOS los mexicanos.

Sin embargo, en el camino recorrido desde que Jorge Carpizo McGregor asumió en 1990 la primera etapa de la CNDH, pasando por Jorge Madrazo Cuéllar, Mireille Roccatti Velázquez, José Luis Soberanes y, ahora, Raúl Plascencia Villanueva, la Comisión ha incumplido y dejado amplias dudas sobre diversos temas, en particular los que relacionan con el quebranto de las garantías individuales de los ciudadanos a los tres Poderes de la Unión y, dentro de éstos, a los militares y a los políticos de alto rango, íntimamente relacionados con los gobiernos federal y estatal en turno.

También ha trastocado su mandato exigir al Estado mexicano “proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos. El bienestar común supone que el poder público debe hacer todo lo necesario para que, de manera paulatina, sean superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación”.

Ninguno de los comisionados mencionados líneas arriba se fue limpio de críticas y señalamientos, pero nunca como ahora el ombudsman nacional había estado metido en tantas irregularidades.

Ayer, un grupo de más de 85 ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil presentaron, en la Cámara de Diputados una denuncia contra el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Plascencia Villanueva, para que se le siga un Juicio Político.

Los dos argumentos fundamentales que esgrimen estos 80 organizaciones civiles y ciudadanos que por su cuenta presentan la demanda son los siguientes:

1. “Las gravísimas omisiones de la CNDH frente a innumerables violaciones de los derechos humanos en México”, que además conforman un expediente detallado de más de 20 casos.

2. “La utilización de la institución a “modo” y para fines distintos a la defensa de los derechos humanos”.

Por si esto fuera poco, hace tres días, el Diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), anunció que interpondrán una denuncia ante el órgano interno de control de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que investigue el probable desvío de recursos que busca favorecer “los apetitos reeleccionistas” de Plascencia Villanueva.

El 5 de noviembre de 2009, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el actual ombudsman nacional fue electo por la Cámara de Senadores, y deberá entregar el cargo el próximo 15 de noviembre.

De acuerdo con el legislador Mejía Berdeja, en las últimas semanas la Secretaría Técnica de la CNDH ha enviado a las comisiones locales de derechos humanos afines, un sinnúmero de machotes de cartas con la finalidad de que organizaciones de la sociedad civil apoyen la reelección de Plascencia.

“Esto es un hecho sumamente grave ya que el presupuesto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para este año, es de mil 416 millones 381 mil, 46 pesos, el cual está siendo utilizado para proyectos personales de quien se ostenta como ombudsman nacional”, denunció.

Pero la continuidad de Raul Plascencia Villanueva no está clara ni por sus controvertidas decisiones en casos flagrantes contra los derechos humanos ni por la señal que, políticamente, enviaría el país a sus ciudadanos y al mundo.

Permitir que un hombre que es señalado por tantos agravios se quede otros cinco años al frente del organismo terminaría por nulificar a esa institución, una que ahora está en el descrédito total y a la que sólo le falta un empujoncito para que se derrumbe por completo.

A LOS VIRREYES LES GUSTA LO OSCURITO

28 Sep

Por Fernanda Garcia

A la hora de hablar de la rendición de cuentas, los estados y municipios de México son unas cajas negras. No hay datos certeros sobre los recursos que llegan; es poco confiable la información del manejo que se da al dinero de la gente.

Un reciente informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sobre transparencia y rendición de cuentas reveló que 24 de las 32 entidades presentan limitaciones para la fiscalización, al no tener órganos autónomos que la realicen; en una escala del 1 al diez, 14 entidades resultaron reprobadas y sólo 16, es decir, la mitad, obligan a sus instancias fiscalizadoras a hacer públicos los resultados.

Los especialistas en el tema consideran que esta opacidad en el manejo de recursos ha llevado a que la deuda de estados y municipios haya alcanzado el año pasado su máximo desde 1994 al llegar a 482 mil 807 millones de pesos, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En los estados, el uso de los recursos se dictamina en el Congreso, donde en la mayoría de los casos están dominados por legisladores que pertenecen al mismo partido del Gobernador en turno, lo que dificulta aún más la revisión y reasignación de recursos.

Casos emblemáticos como el de la megadeuda que dejó el ex Gobernador priista de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, y al crecimiento que está mostrando la deuda en Chihuahua, aseguran expertos, son ejemplo de la necesidad de contar en los estados con sistemas de fiscalización autónomos y más eficientes.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– En 2013, la deuda pública de estados y municipios alcanzó el monto más alto en los últimos 19 años. La opacidad, la poca transparencia, las malas prácticas administrativas y el desvío de los recursos estatales son los principales problemas a los que se enfrentan las auditorías estatales, organismos encargados de revisar el buen uso del erario público, lo que ha derivado en que algunas entidades, como Michoacán, señalen reiteradamente que operan con números rojos como consecuencia de los pasivos que vienen arrastrando de administraciones anteriores.

Sin embargo, especialistas en el tema de transparencia y finanzas públicas afirman que la ejecución eficiente de la responsabilidad de las auditorías se ve mermada debido a que los titulares de dichos organismos se encuentran limitados desde su nacimiento, ya que son elegidos por el poder legislativo y supeditados al gobierno estatal, y a quienes terminan respondiendo por sus interés políticos, más que en nombre de la rendición de cuentas.

En 2013, sólo ocho gobernadores habían divulgado su declaración patrimonial, ya que el resto no están obligados por la ley a hacer pública la información. En cuanto al ejercicio del presupuesto, algunos mandatarios han aprovechado las ventajas de la ley para no sólo gastar de manera discrecional sino también endeudar a sus entidades, uno de los casos más significativos es Coahuila, durante la gestión del priista Humberto Moreira Valdés (2005-211), quien dejó una deuda por 34 mil millones de pesos y aunque la sociedad civil e integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) han pedido que se investigue y se ejercite acción penal contra el ex mandatario y los responsables, el gobierno de Coahuila reservó parte de la información desde el 7 de abril de 2014, como consta en una solicitud de transparencia con el expediente 067800006314.

Por este caso, sólo se le sigue un proceso en Estados Unidos, al ex Tesorero de Moreira, Javier Villarreal Hernández, por conspiración y lavado de dinero .

Otro caso que está actualmente bajo la lupa es el de César Duarte Jáquez, Gobernador de Chihuahua, quien en 2010 recibió la administración con una deuda de 13 mil millones de pesos. Hoy, tres años después, es de más del doble. Si continúa a ese ritmo, al finalizar su gestión, en 2016, llegará a 41 mil millones de pesos, un monto mayor al que dejó Moreira en Coahuila.

Expertos señalan que los Congresos locales y organismos autónomos de transparencia tendrían que presionar a los mandatarios estatales para que sean más transparentes en cuanto al uso de sus recursos y rendir cuentas, pero, a pesar de que se han dado reformas constitucionales en la materia, la mayoría de las entidades federativas aún carecen de mecanismos para lograrlo.

Aunque el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ya está facultado para ejercer acciones de inconstitucionalidad contra leyes locales y que los organismos estatales de acceso a la información actúen y tengan autonomía sobre el patrimonio e ingresos de estados y gobernadores, los funcionarios siguen refugiándose en la protección legal de sus datos personales.

La falta de mecanismos eficientes ha derivado en el mayor endeudamiento de los estados desde que se tiene registro de sus finanzas (1994).

“La decisión del uso de los recursos se dictamina en el Congreso, Congreso que está controlado por el Gobernador. Entonces, ahí es donde pueden hacer las reasignaciones y donde el propio Gobernador a través de un procedimiento administrativo, seguramente, puede enterar o hacer reasignaciones presupuestales”, señaló a SinEmbargo el Diputado Federal por el Movimiento Ciudadano (MC), Gerardo Villanueva Albarrán.

Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destaca que la deuda pública de los estados y municipios se duplicó entre 2007 y 2013 al pasar de 186 mil 470 millones de pesos a 482 mil 807.2 millones al cierre del año pasado, su mayor nivel desde que se tiene registro.

Según la SHCP, el saldo de la deuda local al cierre de 2013 representó 2.6 veces más que el monto de 2007 o un incremento nominal de 158.91 por ciento durante la pasada administración.

Con respecto al saldo de 2012, de 434 mil 761.2 millones de pesos, las obligaciones financieras de las entidades federativas y municipios mexicanos registraron un incremento de 11.05 por ciento.

Además, la deuda de estados y municipios como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) representó 3.0 por ciento al cierre del año pasado.

Según el reporte de la dependencia, las cinco entidades más endeudadas en 2013 y que concentran 49.1 por ciento del saldo total son Distrito Federal, con 62 mil 962.5 millones de pesos, y Nuevo León, con 51 mil 911.9 millones de pesos.

Le siguieron Chihuahua con 41 mil 768.2 millones de pesos, Veracruz con 40 mil 923.8 millones, y estado de México con 39 mil 622.3 millones de pesos.

Como proporción del PIB por entidad federativa, las que registraron los niveles más altos al cierre de 2013 son Chihuahua con 9.0 por ciento, Quintana Roo con 7.5, Chiapas con 7.2, Coahuila con 6.8 y Nayarit con 6.1 por ciento.

En contraste, las cinco entidades con menor deuda al cierre del año pasado y que en conjunto representaron sólo 1.60 del saldo total son Tlaxcala, que no presenta endeudamiento, y Campeche con 998.5 millones de pesos. Les siguieron Querétaro con mil 767 millones de pesos, Yucatán con dos mil 478.9 millones, y Baja California Sur con dos mil 483.8 millones de pesos.

En tanto, los estados con menor endeudamiento respecto a su PIB son Tlaxcala con un nulo porcentaje (0.0 por ciento), Campeche con 0.1 por ciento, Querétaro con 0.6, Tabasco con 1.0 por ciento y Yucatán con 1.1 por ciento.

***

AUTONOMÍA DE LAS AUDITORÍAS ESTATALES

“Se necesita una política nacional anticorrupción, no sólo federal, sino que llegue a todos los estados de la República y en segundo lugar, un sistema nacional de integridad pública que permita que cada uno de los actores rindan cuentas en un espacio nacional y expliquen qué están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo avanzan en la agenda”, aseguró a SinEmbargo Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

Consideró que las restricciones, en cuanto a la fiscalización, que tienen los estados son muchas, la primera y más difícil de vencer es la autonomía política que deben de tener respecto al Poder Legislativo estatal y respecto a los intereses del Congreso estatal que puede ser otra forma de presión sobre ellos.

“También en muchos casos el proceso está dañado por el perfil de quienes son responsables en estos temas. Por ejemplo, ha habido ocasiones en las que el auditor superior del estado es nombrado después de haber sido Secretario de Finanzas o de Administración, lo que significa que auditará su propia cuenta publica. Esto no sólo ilustra un conflicto de intereses sino que ilustra una condición aberrante de los procesos de fiscalización. Es necesario que el perfil sea que no haya estado en la administración publica reciente o previo a la designación”, observó.

De acuerdo con el último estudio“Auditorías Superiores Locales en México. Evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia. Estrategias para una fiscalización con resultados” realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, sobre la evaluación de las prácticas de transparencia en los ejercicios fiscales de las Auditorias Superiores Locales, tres cuartas partes de las entidades federativas obtuvieron una calificación igual o menor a 5 (en una escala del 0 al 10) sobre autonomía de las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL).

Dicho ejercicio de la autonomía se basa en la aprobación del reglamento interior de las EFSL, decisión final sobre la determinación de daños y perjuicios a la hacienda pública, inicio de los procedimientos correspondientes de las responsabilidades de servidores públicos, la publicación del informe anual y la aprobación de la cuenta pública.

Únicamente Coahuila, Colima, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas obtuvieron la más alta calificación, mientras que Aguascalientes y Veracruz obtuvieron un cero de calificación en esta materia.

Debido a que la elección de los auditores es a través del Poder Legislativo, al momento de llevar a cabo con sus obligaciones, éstos terminan interviniendo por los intereses de los mismos.

El ordenamiento legal declara a las EFSL como autónomas, sin embargo de 32 entidades federativas, 24 de ellas se ve limitada gracias a “ciertas facultades que tiene la Comisión legislativa responsable de la coordinación parlamentaria con las EFSL o directamente del Congreso”, explicó el estudio del IMCO.

Ricardo Corona Real, Coordinador de Finanzas Públicas del IMCO dijo que “el inconveniente es que si se asigna al titular de la auditoria por el Poder Legislativo, el decisor de estas evaluaciones pierde autonomía”.

Guillermo Noriega Esparza, director general de Sonora Ciudadana e investigador de Fundar, dijo que “los organismos auditores son dependientes del Congreso, y por lo tanto dependientes de los vaivenes políticos. Incluso la administración de las mismas cuentas públicas dependen de ellos”.

También dijo que debido a esto “es muy común, aunque no es propio, que los Congresos como son grupos políticos terminan intercambiando la aprobación de unas cuentas públicas por otras entonces se da una negociación oscura y mal sana”.

Asimismo, el desempeño efectivo de los auditores es la falta de recursos económicos. “Más allá de las limitaciones administrativas que puede generar esta situación, el principal riesgo es que las EFSL no cuenten con autonomía presupuestaria”.

Noriega Esparza dijo que “es justamente esta práctica, la de negociar con la impunidad la que habilita mayor corrupción porque entonces que se apruebe o no una cuenta pública tampoco tiene consecuencias más allá de las que se deberían de tener”.

El estudio también arrojó que es común que los titulares de las Auditorias de Fiscalización Superior terminen su cargo antes de tiempo. En 11 de ellas, el titular ha dejado su cargo por lo menos una vez, dejando la continuidad del plan de trabajo a la deriva.

Actualmente, la mitad de las entidades federativas no cuenta con un servicio fiscalizador de carrera, siendo una debilidad en términos de autonomía porque el servicio de carrera es un mecanismo para reducir la interferencia política.

En el caso de las EFSL de Baja California Sur y Yucatán no cuentan con un portal electrónico propio, siendo esto indicio de que su autonomía de gestión se encuentra limitada, dificultando la publicación de información relacionada con su labor.

“Los gobernadores se adueñaron de los consejos electorales y los institutos electorales, ahora en última instancia es la Auditoría Superior de la Federación la que revisa lo que se asigna a nivel federal a cada entidad. El Distrito Federal es la única entidad que se sostiene en un 48 por ciento de recursos propios, todos los demás: Guerrero, Chiapas, el norte, la Federación les da un 85 y noventa y tantos por ciento de los recursos. Lo importante es que al etiquetar cada entidad federativa la cámara tiene facultades a través de su auditoria superior de hacer una auditoría definitiva obviamente depende de los factores políticos porque la auditoria tampoco tiene el personal para auditar todo el país al 100 por ciento”, dijo el legislador del MC.

TRANSPARENCIA ESTATAL

A LOS VIRREYES LES GUSTA LO OSCURITO

A la hora de hablar de la rendición de cuentas, los estados y municipios de México son unas cajas negras. No hay datos certeros sobre los recursos que llegan; es poco confiable la información del manejo que se da al dinero de la gente.

Un reciente informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sobre transparencia y rendición de cuentas reveló que 24 de las 32 entidades presentan limitaciones para la fiscalización, al no tener órganos autónomos que la realicen; en una escala del 1 al diez, 14 entidades resultaron reprobadas y sólo 16, es decir, la mitad, obligan a sus instancias fiscalizadoras a hacer públicos los resultados.

Los especialistas en el tema consideran que esta opacidad en el manejo de recursos ha llevado a que la deuda de estados y municipios haya alcanzado el año pasado su máximo desde 1994 al llegar a 482 mil 807 millones de pesos, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En los estados, el uso de los recursos se dictamina en el Congreso, donde en la mayoría de los casos están dominados por legisladores que pertenecen al mismo partido del Gobernador en turno, lo que dificulta aún más la revisión y reasignación de recursos.

Casos emblemáticos como el de la megadeuda que dejó el ex Gobernador priista de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, y al crecimiento que está mostrando la deuda en Chihuahua, aseguran expertos, son ejemplo de la necesidad de contar en los estados con sistemas de fiscalización autónomos y más eficientes.

“Los organismos auditores son dependientes del Congreso, y por lo tanto dependientes de los vaivenes políticos.”
Diputados federales se han manifestado en distintas ocasiones para que exista mayor información sobre los gastos en los estados y municipios. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– En 2013, la deuda pública de estados y municipios alcanzó el monto más alto en los últimos 19 años. La opacidad, la poca transparencia, las malas prácticas administrativas y el desvío de los recursos estatales son los principales problemas a los que se enfrentan las auditorías estatales, organismos encargados de revisar el buen uso del erario público, lo que ha derivado en que algunas entidades, como Michoacán, señalen reiteradamente que operan con números rojos como consecuencia de los pasivos que vienen arrastrando de administraciones anteriores.

Sin embargo, especialistas en el tema de transparencia y finanzas públicas afirman que la ejecución eficiente de la responsabilidad de las auditorías se ve mermada debido a que los titulares de dichos organismos se encuentran limitados desde su nacimiento, ya que son elegidos por el poder legislativo y supeditados al gobierno estatal, y a quienes terminan respondiendo por sus interés políticos, más que en nombre de la rendición de cuentas.

En 2013, sólo ocho gobernadores habían divulgado su declaración patrimonial, ya que el resto no están obligados por la ley a hacer pública la información. En cuanto al ejercicio del presupuesto, algunos mandatarios han aprovechado las ventajas de la ley para no sólo gastar de manera discrecional sino también endeudar a sus entidades, uno de los casos más significativos es Coahuila, durante la gestión del priista Humberto Moreira Valdés (2005-211), quien dejó una deuda por 34 mil millones de pesos y aunque la sociedad civil e integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) han pedido que se investigue y se ejercite acción penal contra el ex mandatario y los responsables, el gobierno de Coahuila reservó parte de la información desde el 7 de abril de 2014, como consta en una solicitud de transparencia con el expediente 067800006314.

Por este caso, sólo se le sigue un proceso en Estados Unidos, al ex Tesorero de Moreira, Javier Villarreal Hernández, por conspiración y lavado de dinero .

Otro caso que está actualmente bajo la lupa es el de César Duarte Jáquez, Gobernador de Chihuahua, quien en 2010 recibió la administración con una deuda de 13 mil millones de pesos. Hoy, tres años después, es de más del doble. Si continúa a ese ritmo, al finalizar su gestión, en 2016, llegará a 41 mil millones de pesos, un monto mayor al que dejó Moreira en Coahuila.

Expertos señalan que los Congresos locales y organismos autónomos de transparencia tendrían que presionar a los mandatarios estatales para que sean más transparentes en cuanto al uso de sus recursos y rendir cuentas, pero, a pesar de que se han dado reformas constitucionales en la materia, la mayoría de las entidades federativas aún carecen de mecanismos para lograrlo.

Aunque el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ya está facultado para ejercer acciones de inconstitucionalidad contra leyes locales y que los organismos estatales de acceso a la información actúen y tengan autonomía sobre el patrimonio e ingresos de estados y gobernadores, los funcionarios siguen refugiándose en la protección legal de sus datos personales.

La falta de mecanismos eficientes ha derivado en el mayor endeudamiento de los estados desde que se tiene registro de sus finanzas (1994).

“La decisión del uso de los recursos se dictamina en el Congreso, Congreso que está controlado por el Gobernador. Entonces, ahí es donde pueden hacer las reasignaciones y donde el propio Gobernador a través de un procedimiento administrativo, seguramente, puede enterar o hacer reasignaciones presupuestales”, señaló a SinEmbargo el Diputado Federal por el Movimiento Ciudadano (MC), Gerardo Villanueva Albarrán.

Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destaca que la deuda pública de los estados y municipios se duplicó entre 2007 y 2013 al pasar de 186 mil 470 millones de pesos a 482 mil 807.2 millones al cierre del año pasado, su mayor nivel desde que se tiene registro.

Según la SHCP, el saldo de la deuda local al cierre de 2013 representó 2.6 veces más que el monto de 2007 o un incremento nominal de 158.91 por ciento durante la pasada administración.

Con respecto al saldo de 2012, de 434 mil 761.2 millones de pesos, las obligaciones financieras de las entidades federativas y municipios mexicanos registraron un incremento de 11.05 por ciento.

Además, la deuda de estados y municipios como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) representó 3.0 por ciento al cierre del año pasado.

Según el reporte de la dependencia, las cinco entidades más endeudadas en 2013 y que concentran 49.1 por ciento del saldo total son Distrito Federal, con 62 mil 962.5 millones de pesos, y Nuevo León, con 51 mil 911.9 millones de pesos.

Le siguieron Chihuahua con 41 mil 768.2 millones de pesos, Veracruz con 40 mil 923.8 millones, y estado de México con 39 mil 622.3 millones de pesos.

Como proporción del PIB por entidad federativa, las que registraron los niveles más altos al cierre de 2013 son Chihuahua con 9.0 por ciento, Quintana Roo con 7.5, Chiapas con 7.2, Coahuila con 6.8 y Nayarit con 6.1 por ciento.

En contraste, las cinco entidades con menor deuda al cierre del año pasado y que en conjunto representaron sólo 1.60 del saldo total son Tlaxcala, que no presenta endeudamiento, y Campeche con 998.5 millones de pesos. Les siguieron Querétaro con mil 767 millones de pesos, Yucatán con dos mil 478.9 millones, y Baja California Sur con dos mil 483.8 millones de pesos.

En tanto, los estados con menor endeudamiento respecto a su PIB son Tlaxcala con un nulo porcentaje (0.0 por ciento), Campeche con 0.1 por ciento, Querétaro con 0.6, Tabasco con 1.0 por ciento y Yucatán con 1.1 por ciento.

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AUTONOMÍA DE LAS AUDITORÍAS ESTATALES

Lista de estados con o sin la obligación legal de transparentarse. Fuente: IMCO
Lista de estados con o sin la obligación de publicar sus informes. Fuente: IMCO

“Se necesita una política nacional anticorrupción, no sólo federal, sino que llegue a todos los estados de la República y en segundo lugar, un sistema nacional de integridad pública que permita que cada uno de los actores rindan cuentas en un espacio nacional y expliquen qué están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo avanzan en la agenda”, aseguró a SinEmbargo Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

Consideró que las restricciones, en cuanto a la fiscalización, que tienen los estados son muchas, la primera y más difícil de vencer es la autonomía política que deben de tener respecto al Poder Legislativo estatal y respecto a los intereses del Congreso estatal que puede ser otra forma de presión sobre ellos.

“También en muchos casos el proceso está dañado por el perfil de quienes son responsables en estos temas. Por ejemplo, ha habido ocasiones en las que el auditor superior del estado es nombrado después de haber sido Secretario de Finanzas o de Administración, lo que significa que auditará su propia cuenta publica. Esto no sólo ilustra un conflicto de intereses sino que ilustra una condición aberrante de los procesos de fiscalización. Es necesario que el perfil sea que no haya estado en la administración publica reciente o previo a la designación”, observó.

De acuerdo con el último estudio“Auditorías Superiores Locales en México. Evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia. Estrategias para una fiscalización con resultados” realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, sobre la evaluación de las prácticas de transparencia en los ejercicios fiscales de las Auditorias Superiores Locales, tres cuartas partes de las entidades federativas obtuvieron una calificación igual o menor a 5 (en una escala del 0 al 10) sobre autonomía de las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL).

Dicho ejercicio de la autonomía se basa en la aprobación del reglamento interior de las EFSL, decisión final sobre la determinación de daños y perjuicios a la hacienda pública, inicio de los procedimientos correspondientes de las responsabilidades de servidores públicos, la publicación del informe anual y la aprobación de la cuenta pública.

Únicamente Coahuila, Colima, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas obtuvieron la más alta calificación, mientras que Aguascalientes y Veracruz obtuvieron un cero de calificación en esta materia.

Debido a que la elección de los auditores es a través del Poder Legislativo, al momento de llevar a cabo con sus obligaciones, éstos terminan interviniendo por los intereses de los mismos.

El ordenamiento legal declara a las EFSL como autónomas, sin embargo de 32 entidades federativas, 24 de ellas se ve limitada gracias a “ciertas facultades que tiene la Comisión legislativa responsable de la coordinación parlamentaria con las EFSL o directamente del Congreso”, explicó el estudio del IMCO.

Ricardo Corona Real, Coordinador de Finanzas Públicas del IMCO dijo que “el inconveniente es que si se asigna al titular de la auditoria por el Poder Legislativo, el decisor de estas evaluaciones pierde autonomía”.

Guillermo Noriega Esparza, director general de Sonora Ciudadana e investigador de Fundar, dijo que “los organismos auditores son dependientes del Congreso, y por lo tanto dependientes de los vaivenes políticos. Incluso la administración de las mismas cuentas públicas dependen de ellos”.

También dijo que debido a esto “es muy común, aunque no es propio, que los Congresos como son grupos políticos terminan intercambiando la aprobación de unas cuentas públicas por otras entonces se da una negociación oscura y mal sana”.

Asimismo, el desempeño efectivo de los auditores es la falta de recursos económicos. “Más allá de las limitaciones administrativas que puede generar esta situación, el principal riesgo es que las EFSL no cuenten con autonomía presupuestaria”.

Noriega Esparza dijo que “es justamente esta práctica, la de negociar con la impunidad la que habilita mayor corrupción porque entonces que se apruebe o no una cuenta pública tampoco tiene consecuencias más allá de las que se deberían de tener”.

El estudio también arrojó que es común que los titulares de las Auditorias de Fiscalización Superior terminen su cargo antes de tiempo. En 11 de ellas, el titular ha dejado su cargo por lo menos una vez, dejando la continuidad del plan de trabajo a la deriva.

Actualmente, la mitad de las entidades federativas no cuenta con un servicio fiscalizador de carrera, siendo una debilidad en términos de autonomía porque el servicio de carrera es un mecanismo para reducir la interferencia política.

En el caso de las EFSL de Baja California Sur y Yucatán no cuentan con un portal electrónico propio, siendo esto indicio de que su autonomía de gestión se encuentra limitada, dificultando la publicación de información relacionada con su labor.

“Los gobernadores se adueñaron de los consejos electorales y los institutos electorales, ahora en última instancia es la Auditoría Superior de la Federación la que revisa lo que se asigna a nivel federal a cada entidad. El Distrito Federal es la única entidad que se sostiene en un 48 por ciento de recursos propios, todos los demás: Guerrero, Chiapas, el norte, la Federación les da un 85 y noventa y tantos por ciento de los recursos. Lo importante es que al etiquetar cada entidad federativa la cámara tiene facultades a través de su auditoria superior de hacer una auditoría definitiva obviamente depende de los factores políticos porque la auditoria tampoco tiene el personal para auditar todo el país al 100 por ciento”, dijo el legislador del MC.

TRANSPARENCIA ESTATAL

Calificación obtenida por los estados. Fuente: IMCO
Calificación obtenida por los estados. Fuente: IMCO

Las instituciones de auditoría y fiscalización están obligadas a dar un informe, sin embargo el problema es que las hacen públicas hasta que se someten a aprobación por parte del Congreso, lo que provoca un espacio de opacidad al interior del trabajo de fiscalización.

Acerca de transparencia de la fiscalización, el estudio del IMCO estudio arrojó que de las 32 entidades federativas, 14 de ellas obtuvieron una calificación reprobatoria en esta materia.

Los estados que salieron con la calificación más alta en materia de trasparencia fiscal fueron Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero y Nayarit, mientras que San Luis Potosí y Tamaulipas obtuvieron cero de calificación.

Acerca de las auditorías, sólo 16 entidades federativas obligan a las EFSL a publicar el programa anual de las mismas, sin embargo sólo seis de ellas publican en sus portales informes específicos, completos y actualizados de las auditorías realizadas a municipios o delegaciones y al gobierno estatal o del Distrito Federal.

Las ESFL tienen como deber realizar y publicar un informe anual de resultados, sin embargo dicha publicación está condicionada a algún tipo de aprobación del poder Legislativo, por lo menos en 14 ordenamientos jurídicos.

Debido a ello, solamente Campeche, que no tiene obligación legal de publicar el informe anual, lo hace, dejando a Nuevo León, Morelos, Tamaulipas, Tlaxcala, Sinaloa y Zacatecas como aquellas entidades que no tienen la obligación legal de publicar el Informe Anual de Actividades.

En el caso de las entidades que sí tienen la obligación legal y cumple con ella se encuentran el Distrito Federal, Baja California, Sonora, Coahuila, Veracruz, Estado de México.

Mientras que aquellos estados que tienen la obligación pero que no cumplen con ella es Jalisco, Colima, Durango, SLP, Puebla, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Aguascalientes, Yucatán y Baja California Sur.

En el “Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)” el número de auditorias realizadas a las entidades federativas fueron 901, donde 347 estuvieron dedicadas al desempeño financiero, 541 en materia de cumplimiento y 13 dirigidas a inversiones físicas. Dichos cifras ya incluyen gobiernos estatales y municipios.

En México se tienen contabilizados 2 mil 445 municipios y si se toma en cuenta que el número de auditorías son tanto estatales como municipales, no llegan ni a la cuarta parte.

Si durante las auditorias se encuentran anomalías, los organismos auditores tiene las facultad de denunciar al Ministerio Público o a la misma Contraloría, sin embargo estas instituciones difícilmente llegan a esta consecuencias porque los costos políticos son muy altos, además el Ministerio Público también está controlado por el gobierno del estado.

Sobre esto, Guillermo Noriega afirmó que “en caso de haber observaciones o daño patrimonial, aun así el dinero ya se gastó y difícilmente hay una posibilidad de evitar las malas prácticas sobretodo si no van a existir consecuencias”.

Agregó que la auditoría se encuentra limitada a que las consecuencias puedan pasar por la contraloría estatal, “ pero fuera de ahí, los contralores estatales también dependen de las fuerzas políticas y del mismo gobierno del estado. En esa lógica del sistema de fiscalización lo único que hace es permitir la corrupción cada vez mayor.”

En el caso de la utilización de los recursos es una decisión del gobierno del estado como propuesta del ejecutivo, sin embargo la problemática es que a muchos estados no les importa lo que apruebe el Congreso, habiendo una gran discrecionalidad en el ejercicio de los recursos, que pueden ser reasignados de manera opaca, sin que haya una sola consecuencia.

Los gobiernos de las entidades federativas operan un total de mil 927 programas sociales locales, y la mitad de ellos mantiene en la opacidad sus presupuestos y padrones de beneficiarios, lo cual facilita actos irregulares y corrupción de servidores públicos, el uso electoral de los recursos, la discrecionalidad en la asignación de beneficios y la distracción de fondos en fines ajenos a la política social.

Ricardo Corona informó que el problema en las reasignaciones del presupuesto es que la mayoría de los estados no tienen bien definidos los lineamientos que tiene que seguir para hacerlo. “Si únicamente está justificado su uso, el problema es que ese razonamiento no están contenidos ni en la ley, ni en las auditorías como tal.”

El investigador de Fundar dijo que “se pueden desviar recursos destinados a educación a salud o a gasto corriente a viajes sin que exista ninguna repercusión. Esto es una desviación del sistema, así se hace y así se ha hecho pero no por ello está bien. En algunos casos se pide que se reparen los daños pero eso termina siendo que se transfieran recursos de un lado a otro.”

“El sistema tiene que ser formulado y repensado para sacarle a los gobernadores ese poder absoluto de poder negociar con la impunidad en el manejo de los recursos y de la corrupción”, concluyó.

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ERUVIEL: A MITAD DEL CAMINO… DE ESPINAS

28 Sep

Radio, televisión, espectaculares, prensa impresa, sitios web, panfletos: todos hablan hoy de Eruviel Ávila. Pero Eruviel Ávila habla a medias de él, o de lo que su gestión ha arrojado para el Estado de México. No menciona que las cifras de la violencia se han disparado, de acuerdo incluso con los datos oficiales: secuestro, homicidio, robo, extorsión; todo va a la alza. No habla de cómo la vida en su cuna política, Ecatepec, ha empeorado por la inseguridad. No dice que, por ejemplo, desde los resorts de la clase alta cómo Valle de Bravo hasta los barrios han perdido confianza en la policía.

No dice, tampoco, que recibió un estado peor de lo que presumía Enrique Peña Nieto porque las cifras oficiales fueron manipuladas. Pero los datos han venido saliendo paulatinamente. Por ejemplo, el de la pobreza. Coneval, que es un organismo oficial, reporta un aumento de pobres en los últimos pocos años.

Eruviel llega a “Mitad del Camino”, uno lleno de espinas aunque no para él, necesariamente, sino para sus gobernados…

Con la agudización de la inseguridad y la violencia como telón de fondo, Eruviel Ávila Villegas presenta hoy su Tercer Informe de labores como titular del gobierno del Estado de México. Se encuentra “A Mitad del Camino”, como lo anuncia en miles de mensajes de radio, televisión, espectaculares, sitios web, redes sociales y medios impresos. Lo llama “informe de resultados” y también está en su propio sitio: eruviel.com.

El buscador de dominios whois.net indica que esa página electrónica fue creada en 2010 –cuando el mandatario local aún se desempeñaba como Presidente Municipal de Ecatepec– y actualmente es usada para difundir las actividades, discursos y fotografías de Ávila Villegas “para estar mejor comunicados”, según refiere en la descripción del sitio.

En la página del Gobernador mexiquense se pueden encontrar otros spots sobre sus acciones al frente de la entidad más poblada del país: 64 nuevas unidades médicas; 2 mil policías en formación; 7 de cada 10 pesos invertidos en salud, educación y seguridad social; 4 mil 627 kilómetros de vitalidades construidas o en mantenimiento; 4 mil 339 compromisos cumplidos…

En esa numeralia no están las estadísticas que dan cuenta de cómo han aumentado los homicidios, secuestros, robos violentos y extorsiones en la entidad. No se habla tampoco de las al menos cuatro veces que el gobierno federal ha anunciado intervenciones directas (“operativos conjuntos”) para tratar de inyectar tranquilidad a una población, la mexiquense, que ha visto cómo llegan los militares a resorts como Valle de Bravo, o a barrios bravos como los de Ecatepec, la cuna política del Gobernador.

Aunque Eruviel no los difunde, los datos sobre la violencia, procesados dos entidades oficiales –el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)–, han sido retomados por organizaciones civiles, académicos y medios de comunicación para evidenciar la agudización de la inseguridad en el Estado de México, frente a la postura de Ávila, quien durante muchos meses minimizó la situación afirmando que se trataba de un fenómeno “temporal” y “atípico”.

Ahora que llega a la mitad de su gestión, Eruviel Ávila asegura, en un spot: “Tu tranquilidad es nuestra meta y no descansaremos hasta lograrla”, mientras que anuncia como acciones en materia de seguridad la creación de una fuerza especial de policías y la instalación de 10 mil cámaras de videovigilancia. Nada, pues, que recuerde que la entidad tuvo durante la primera mitad de este año la mayor cantidad de víctimas de homicidio y extorsión en el país, ni que el centenar de víctimas de secuestro que se registró en esos seis meses lo llevó a estar entre los estados con más casos de ese delito. De acuerdo con los datos del SESNSP, sólo le rebasaron Tamaulipas, Veracruz y Michoacán.

“En materia de seguridad el Gobernador ha salido a declarar que se han venido reduciendo los índices delictivos, cuando la gente es la que está sufriendo toda esa problemática. Ese es el problema: que no se reconocen los números, no se reconocen los problemas y mientras esto suceda desde luego que no va a existir esta estrategia para poder combatir todos estos problemas. Es realmente preocupante que el gobierno proceda de esta manera y no esté buscando la forma de cómo de manera efectiva y eficiente lograr combatir los problemas que la gente está viviendo a diario”, considera Juan Hugo de la Rosa, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado de México.

La inseguridad en la entidad no es un problema reciente ni mucho menos surgido en la gestión de Ávila, recuerda el político, pero atribuye al actual Gobernador, así como a su antecesor Enrique Peña Nieto –ahora Presidente del país– el inadecuado manejo del problema, pues al intentar minimizarlo o negarlo sólo provocaron que creciera.

El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, se expresa en el mismo tono:

“Desde el Gobernador anterior [Peña Nieto] la violencia ya venía subiendo, pero lo que hizo Peña fue bajarla en el papel, fue maquillar las cifras, fue manipular la información, fue la falta de transparencia para que el estado se viera bonito y para que él pudiera tener alguna oportunidad de que su partido lo postulara como candidato presidencial y llegara a ser Presidente. Pero ya venía deteriorándose el Estado de México y ya la violencia se venía incrementando desde el anterior gobierno”.

LAS CIFRAS OCULTAS

En marzo de este año, la organización civil que preside Ortega Sánchez presentó el estudio La inseguridad en el Estado de México y el cerco criminal de la capital del país. Uno de los aspectos que señaló en su análisis sobre la criminalidad en la entidad fue, precisamente, el de la poca confiabilidad de las cifras oficiales.

Ejemplo de ello fueron las estadísticas sobre casos de homicidio doloso. Entre 1997 y 2006, según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), en promedio se registraron 2 mil 700 casos por año; pero en 2007, cuando la entidad era gobernada por Peña Nieto, hubo una repentina y abrupta reducción del 59 por ciento en la incidencia de homicidios. En los cuatro años siguientes, las cifras se mantuvieron en alrededor de mil 300 casos anuales.

Fue hasta 2012, ya con el gobierno a cargo de Ávila Villegas, que el delito volvió a repuntar.

En su último Informe de Gobierno, Peña Nieto lo anunció como un logro de su administración. En realidad se debió a un cambio en la metodología para contar los homicidios, lo que había propiciado que se registrara un aparente descenso en la cifra de asesinatos dolosos, como lo reveló la publicación inglesa The Economist en 2011. Basado en datos del SESNSP, el medio evidenció que dicho delito en realidad había aumentado 40 por ciento.

No es el único tema relacionado con crímenes en la entidad que el gobierno de Peña Nieto legó a su sucesor. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha denunciado reiteradamente que los asesinatos de mujeres por cuestiones de género cometidos en la entidad, que alcanzaron los mil 3 casos de 2005 a 2010, siguen sin ser investigados en su gran mayoría.

Desde el pasado mes de mayo, cada día 25 del mes, el Observatorio y familiares de víctimas de feminicidio realizan recorridos por los sitios donde han sido encontrados los cadáveres de mujeres y reiteran una exigencia que no ha sido atendida desde el anterior gobierno: que se declare una Alerta de Género en el Estado de México, a fin de que se emprendan acciones para atender y erradicar la violencia contra las mujeres en la entidad.

¿HACIA LA INGOBERNABILIDAD?

Si bien el estudio de Ortega Sánchez toma los números oficiales con reserva, descubre en éstos tendencias en la incidencia de varios delitos que permiten ver cómo en la última década se intensificó la criminalidad en el Estado de México.

Por ejemplo, que de 2003 a 2013 los secuestros en la entidad aumentaron 138 por ciento; que el robo con violencia a negocios creció 568 por ciento; que en 2013 la tasa de robo de vehículos con violencia en territorio mexiquense fue de 182, mientras que la tasa promedio del país fue de 49; que la tasa de robo a transporte de carga en el Estado de México es cuatro veces mayor a la tasa nacional; o que la proporción de robos con violencia en esa entidad triplica al promedio del país.

Otras cifras, las del SESNSP, agregan elementos como que de 2012 a julio de este año, el Estado de México registró 5 mil 206 homicidios dolosos, por lo que fue la segunda entidad con el mayor número de casos, sólo rebasada por Guerrero; o que en el primer semestre de 2014, tuvo el mayor número de casos de extorsión: 638, 42 por ciento más casos que el segundo estado por incidencia, que fue Guerrero, con 371. Además, los casos de extorsión en el Estado de México representaron el 16 del total de denuncias que han ocurrido en todo el país.

Pero el panorama de inseguridad no sólo se palpa por la cantidad de delitos cometidos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2013, el Estado de México es la entidad todo el país cuyos habitantes perciben como más insegura: 9 de cada 10 mexiquenses lo creen así.

“A tres años del gobierno de Eruviel [Ávila] vemos cómo una buena parte del Estado de México va hacia la ingobernabilidad, por la violencia que hay y la falta de una política pública adecuada para combatirla”, sopesa Ortega Sánchez. En diciembre de 2013, el abogado penalista publicó un estudio donde daba cuenta de que en el país había 207 municipios en “estado fallido”; entre éstos figuraba una alcaldía mexiquense: Luvianos, ubicada en la zona limítrofe con Guerrero y Michoacán y donde el pasado 2 de agosto un grupo criminal atacó a Indalecio Benítez, fundador y locutor de la radio comunitaria Calentana Radio, y a su familia, y mató a su hijo Juan Diego, de 12 años.

El listado de municipios señalaba como ayuntamientos en riesgo de convertirse en “estados fallidos” a Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz, Ecatepec, Chalco y Valle de Chalco. Para Ortega Sánchez, el nivel de violencia que ha alcanzado el Estado de México, alimentada en gran medida por los cárteles del narcotráfico, lo pone en peligro de que ya no sólo sean algunos municipios o zonas las que están en “ingobernabilidad”, sino que la entidad completa caiga en la misma categoría.

“Son zonas de secuestradores, de narcotráfico, de extorsiones, que prácticamente quien manda es el crimen organizado, y las autoridades son decorativas. Y hacia allá va el Estado de México: a tener un Gobernador decorativo, de oropel, porque la violencia se ha apoderado del Estado de México”, sentencia.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal refiere que cinco municipios mexiquenses están entre los 20 ayuntamientos más violentos del país: Naucalpan, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Chalco y Cuautitlán. Asimismo ubica a 11 entre la veintena donde más se cometen lesiones dolosas, a nueve entre los que más robos con violencia registran, a seis entre los 20 donde más se extorsiona y a dos donde más violaciones sexuales se cometen. Los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México son los que con mayor frecuencia aparecen en esos listados.

Pero los municipios colindantes con el Distrito Federal figuran también entre los que tienen presencia de cárteles del narcotráfico, como documentó el portal de noticias CNN México, con base en un informe de la Policía Federal, fechado el 17 de febrero de 2011.

Según dicho reporte, en 38 ayuntamientos -que concentran el 75 por ciento de la población mexiquense- la Policía Federal detectó la presencia de uno o más grupos del crimen organizado: Los Zetas, La Familia Michoacana, Los Pelones (considerado hasta 2009 sicarios del cártel de Sinaloa), el cártel del Pacífico Sur y el grupo de Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”.

CNN México refiere que desde 2005, la Procuraduría General de la República (PGR) ubicaba a grupos de narcotraficantes en la entidad, pero las disputas entre ellos se recrudecieron a partir de 2008, cuando La Familia Michoacana y Los Zetas comenzaron a expandirse en un territorio hasta entonces dominado el grupo de los hermanos Beltrán Leyva.

Al respecto, Ortega Sánchez señala en su libro El desafío de Enrique Peña Nieto que al delegado de la PGR en el Estado de México entre 2007 y 2008, José Manzur Ocaña, se le atribuye el haber vendido “la plaza” del Estado de México a los tres grupos criminales, así como brindar protección a los grupos de narcotraficantes y bandas delincuenciales en la entidad.

El abogado señala en su libro que Manzur Ocaña llegó a su cargo en agosto de 2007 por influencia del entonces Gobernador Peña Nieto y de Humberto Benítez Treviño, entonces Procurador de la entidad. Benítez Treviño se convirtió en titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, pero fue removido del cargo tras un incidente de arbitrariedad que su hija tuvo hacia los dueños de un restaurante.

El medio hermano de Manzur Ocaña, José Sergio Manzur Quiroga, es el actual Secretario general de Gobierno del Estado de México.

Por ello es que Ortega Sánchez no duda en decir: “Estamos hablando de una colusión de autoridades del Estado de México del sexenio anterior, y que podrían tener vinculación con las actuales autoridades del Estado de México, y concretamente con el secretario de Gobierno. ¡Estamos hablando de su hermano! Tiene orden de aprehensión y se atribuye a él la venta de la plaza del Estado de México a varios cárteles”.

FUERZAS FEDERALES Y EJÉRCITO ¿LA SOLUCIÓN?

Aunque durante varios meses el Gobernador mexiquense negó reiteradamente el problema de inseguridad y violencia en la entidad, terminó por aceptar el apoyo del gobierno federal para atenderlo. Ello llevó a la implementación de un plan de seguridad en el que participan agentes federales, pero también militares y marinos.

Una de sus acciones ha sido la puesta en marcha de Bases de Operación Mixtas (BOM), como estrategia para tratar de reducir la incidencia criminal. De acuerdo con notas periodísticas, se han instalado BOM en los municipios de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tultepec, Cuautitlán, Tepotzotlán, Nicolás Romero, Atizapán, Tlalnepantla, Tecámac, Zumpango, Chalco, Tejupilco, Nezahualcóyotl, Texcoco, Valle de Chalco y Valle de Bravo. Una nota de La Jornada, del 8 de abril pasado, refería que para entonces había 40 bases de operación en la entidad, con la participación de más de 2 mil soldados, marinos y policías federales.

El pasado 9 de agosto, el Senador perredista por el Estado de México, Alejandro Encinas, criticó la eficacia de esta medida para combatir la delincuencia.

“Aún con el impresionante despliegue de recursos para la instalación de estas Bases, lo cierto es que en el Estado de México lamentablemente continúa muriendo gente inocente, los delitos comunes han mutado a secuestros, torturas, levantones… la complicidad y la impunidad es el denominador común, con un gobierno estatal que al parecer da alas a un cártel y a otro, y quien paga esa imposibilidad del gobierno estatal para garantizar el estado derecho y la integridad son sus habitantes”, señaló en un comunicado.

Para el abogado Ortega Sánchez, la intervención de las Fuerzas Armadas en el Estado de México es positiva. Si bien advierte que la presencia de militares no va a resolver por sí misma los problemas de “impunidad, colusión, corrupción, de violencia, de deterioro de las instituciones” que prevalecen en la entidad, considera que si no hubieran intervenido, la situación de inseguridad sería aun peor.

Sin embargo, el asesinato de 22 personas por parte de elementos del Ejército, el pasado 30 de junio en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, ha puesto en entredicho la actuación de militares en labores de seguridad pública.

La versión oficial, que fue difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional el mismo día de los hechos, refiere que los 22 asesinados -21 hombres y una mujer menor de edad, a quienes se señaló como supuestos delincuentes- atacaron a los militares que patrullaban la zona, y que éstos, en un acto de defensa, los abatieron a todos.

Pero el pasado 17 de septiembre, la revista Esquire publicó que había una testigo de los hechos, quien dijo que los soldados dispararon primero y que en el enfrentamiento sólo uno de los supuestos delincuentes murió. El resto se rindió, según el testimonio de la testigo -cuya identidad la publicación mantiene anónima por seguridad-, pero fueron ejecutados por los militares. La testigo también dijo que ella y otras dos mujeres que se encontraban en la bodega donde ocurrió el enfrentamiento, fingieron estar secuestradas. Los militares las detuvieron y ella estuvo retenida una semana, tiempo durante el cual, afirmó, fue coaccionada para que declarara que los muertos eran delincuentes.

Al día siguiente de que se publicó esa información, la agencia de noticias estadunidense Associated Press refirió la existencia de otro testigo, quien sería la madre de la menor de edad que fue asesinada. Esa nueva testigo también sostuvo que los militares habrían fusilado a los 22 presuntos delincuentes. Ortega Sánchez cuestiona la veracidad de estos testimonios.

“Son contradictorias las declaraciones que publica Esquire, y que han provocado toda esta polémica. Porque si fuera cierto lo que dice la mamá de una de las menores que perdieron la vida en ese enfrentamiento, ella también estaría muerta, no la hubieran dejado viva. Si hubieran ejecutado a todos, ¿para qué dejar testigos? Y más dejar testigos que pudieran estar hablando”, señala.

Él considera que se trata de un acto para desprestigiar el trabajo de los militares, como ha ocurrido en otras entidades cuando la intervención de las Fuerzas Armadas o de agentes federales comienza a dar resultados, y los grupos criminales promueven la desacreditación de su trabajo.

La indagatoria sobre lo que ocurrió ese día actualmente está en manos de la PGR; la Comisión Nacional de Derechos Humanos refirió que prepara un informe, que dará a conocer en seis semanas.

El líder del PRD en el Estado de México, Juan Hugo de la Rosa, considera que más allá de que el caso de Tlatlaya ha puesto en entredicho la participación de las Fuerzas Armadas, también es cuestionable que su actuación sea sólo de manera reactiva, únicamente atendiendo los focos donde se genera una mayor presencia de la delincuencia organizada, pero sin una estrategia integral.

“Es un asunto pasajero, logran tal vez contener pero no logran combatir de manera real la problemática. Es decir contienen, generan incluso el ‘efecto cucaracha’, o por lo menos que la delincuencia deje de actuar por un determinado periodo, y después vuelve todo a lo mismo”, critica.

En su opinión, más que la participaciòn de las fuerzas federales, Ejército y Marina en actos de reacción, se requiere atender las causas que propician la violencia.

“Tiene que ver con toda una estrategia que abarque la parte económica, la parte social, que realmente mejore las condiciones de vida de la población, y no de manera particular, sino de manera general”, opina. “Ese es el problema, que mientras sigan este tipo de actuación de reacción y no de planeación, y no de estrategia para un combate efectivo no van a llegar a ningún lado, la problemática va a seguir viva y la población va a seguir sufriendo toda esta situación”.

DELINCUENCIA y POBREZA

De la Rosa considera que Ávila Villegas llega a la mitad de su mandato con un “gobierno gris”, donde la ciudadanía no encuentra ningún beneficio.

“En materia de seguridad bastante complicado, pero también en materia económica la situación del estado ha ido cada vez más en deterioro, al grado de que hoy las estadísticas dicen que estamos en el centro de más bajos niveles de crecimiento económico estatal, y esto se refleja en varios aspectos, particularmente el que tiene que ver con el empleo: andamos por arriba de 6 por ciento de desempleo”, refiere.

A eso se suma el aumento en la pobreza. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indican que el número de personas pobres en la entidad aumentó de 6 millones 712 mil 100 en 2010 a 7 millones 328 mil 700 en 2012; de esos 946 mil están en pobreza extrema. Si no fuera suficiente el dato de que la pobreza toca a 45.3 por ciento de la población mexiquense, el Coneval advierte que, además, hay 4.8 millones de personas en vulnerabilidad por carencias sociales.

El político dice que si bien, al igual que la inseguridad, no se puede atribuir todo el problema al gobierno de Ávila Villegas, el mandatario estatal sí es responsable de no implementar una política de desarrollo económico que vaya más allá de paliativos asistencialistas. Y recuerda la relación intrínseca que hay entre el deterioro social y la delincuencia.

“No está solucionando cómo se genera desarrollo económico, cómo haya empleo, cómo el ingreso de la población logre atender sus necesidades prioritarias, esto no lo consideran como la parte esencial de la política que deberían de seguir para lograr acabar con esta situación [de violencia]. Es decir, no con la entrada del Ejército, no con la entrada de la Marina, o de la Policía Federal el problema se va a resolver, mientras no vayan a sacar el problema de fondo que tiene que ver con el desarrollo económico, con el empleo y con el ingreso familiar”, concluye.

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Voceros criminales

28 Sep

Por Lydia Cacho

No, no estoy de acuerdo con los argumentos de varios periodistas e incluso de políticos, sobre los encuentros personales con narcotraficantes y mafiosos de cualquier índole. Y no me pidan que me ponga en los zapatos de Eliseo Caballero (corresponsal de Televisa) y de José Luis Díaz (dueño de la Agencia Esquema) porque sé muy bien lo que se siente cuando te “mandan llamar” los tratantes de personas, el líder de los Zetas, de Los Pelones y de los Golfos en el sureste. Sé de primera mano cómo se revuelve el estómago y la ansiedad recorre el cuerpo con un golpe de adrenalina cuando te llega el mensaje en voz de un reportero corrupto y prostituido, o del operador político de los criminales, o del mesero al que mandan a decirte que vayas a sentarte a la mesa del capo. Y una dice no, debe decir no, siempre no. Porque esas invitaciones son para tejer alianzas, para aceptar cochupos, dinero, camionetas, casas, información manipulada. Eso no es periodismo, es corrupción pura y llana. De esa que nos corresponde evidenciar, no personificar.

El video que reveló Carmen Aristegui en MVS no muestra a unos periodistas aterrados, sino a unos fascinados con su encuentro con el “gobernador alternativo” como le llaman a ese líder narco en Michoacán. Le pidieron cámaras, una camioneta, le ofrecieron información; ¡vaya! José Luis Díaz le daba consejos para cambiar su imagen pública, “mire ponga unas mantas” le decía emocionado al capo luego de explicarle cómo el gobierno está desacreditando al líder templario. No hay excusa ni pretexto, el periodismo es una profesión peligrosa, con riesgo mortal si eliges dedicarte a cubrir la delincuencia organizada, a documentar las atrocidades que perpetran por un lado la delincuencia organizada y por otro el Estado corrupto desorganizado y violento.

Una debe decir que no porque el periodismo ético es una profesión que se debe a la sociedad, es una de las herramientas de la democracia, es un instrumento de transparencia, un altavoz de la colectividad.

Sólo los periodistas cínicos, los mentirosos y los charlatanes pueden asegurar que nunca han cometido errores. Somos seres humanos, nos equivocamos y como nos dedicamos a revelar las verdades y a verificarlas, tenemos la obligación también asumir los errores y hacerles saber a quienes nos leen, escuchan o ven en los medios, que hemos cometido un error y lo estamos rectificando. Venderse no es cometer un error, es elegir un camino.

Desde que el periodismo existe en México nuestra profesión ha estado enturbiada por episodios de censura, corrupción, partidismo, manipulación y otras desgracias creadas por seres humanos que deciden qué hacer con el poder que les confiere ser “la voz y el eco de la sociedad”. Yo tenía cinco años cuando Zabludovski negaba la masacre del 68 y siete años cuando él mismo, desde Televisa y de la mano de otros medios, negó las desapariciones forzadas. México cambió en los últimos doce años, es más complejo sí, pero también ha sido más libre para la prensa y por tanto más peligroso; la libertad de prensa nos reveló un país plagado de violencia, de corrupción y miseria política, un país en el que las y los agachados aprendieron a prostituirse y a odiar al poder que les prohijó. Pero también descubrimos un país de valientes, de personas dispuestas a hacer lo mejor por su comunidad por la educación, contra la discriminación y la pobreza. Hace rato que la prensa no es el cuarto poder, por fortuna se convirtió en un contrapoder (aunque algunos empresarios de medios sigan defendiendo el modelo tradicional de prensa coludida con el Estado).

Ahora el PRI (y le imitan los otros partidos) ha vuelto a por lo suyo en los medios. Los quiere calladitos, sometidos, reproduciendo boletines de prensa y fotos donde todos los políticos salen recién bañaditos y felices. Los narcos aprendieron la lección y también ofrecen plata, plomo o cárcel.

Servando Gómez es narcotraficante, lavador de dinero, tratante de mujeres, autor intelectual de diversos asesinatos que él mismo ha reconocido en sus propias grabaciones, y como muchos otros delincuentes (yo he documentado a varios) se dedica a grabar sus encuentros, de tal forma que administra la información y destruye credibilidades y carreras a su antojo; entonces ¿se deben mostrar los videos que graban estos delincuentes? Periodísticamente son pertinentes, evidencian hechos concretos. El paso siguiente es investigar el contexto, a los actores y el resultado de esas alianzas. El objetivo del periodismo no debe ser reforzar un argumento sino buscar la evidencia que le otorgue a la sociedad mayor información para entender, conocer y tomar decisiones sobre tal o cuál cosa.

Aunque las reuniones de colegas periodistas con delincuentes hayan sido a título personal son absolutamente inaceptables, carentes de ética y ameritan el despido y la investigación. No solo eso, cada vez que un reportero saleroso decide reunirse con un narco, con un político o empresario corruptor o con cualquier delincuente que busque manipular la información para engañar a la sociedad, el resto de la prensa, la que sí hace su trabajo, la que sí se juega la vida por entrevistar de verdad, por investigar de verdad, queda en mayor vulnerabilidad. Porque ellos corrompen a los periodistas que se dejan corromper no solamente para imponer una agenda pública, sino también para destruir al gremio, para generar desconfianza en la sociedad.

El video muestra cómo el líder narco les dice a los periodistas “Yo aquí tengo a mucha gente, y el que no jale conmigo, pues me lo chingo…” Eso lo hemos escuchados muchas, muchos reporteros en voz de senadores, gobernadores y diputados corruptos y vinculados al crimen organizado. Lo hemos escuchado de tratantes de personas, de vendedores de armas, de policías y militares asesinos, pero lo denunciamos, esa es nuestra obligación. Y seguimos adelante, porque también esa es nuestra obligación, porque como dicen Kovach y Rosentiel “la primera obligación del periodista es con la verdad, su primera lealtad es hacia la ciudadanía; debe servir como monitor(a) independiente del poder” aunque el poder sea el formal o el criminal. El miedo a la muerte no es excusa para convertirse en vocero criminal ni ahora, ni nunca.