La del 19 de julio, la elección más violenta en Chiapas: Integralia

  
La elección más violenta en el estado de Chiapas, por lo menos desde 2006, ha sido la del 19 de julio de 2015.

En las elecciones locales celebradas en Chiapas desde 2006 a la fecha (incluidas las del 19 de julio pasado), se han registrado 109 actos violentos en contra de autoridades electorales y candidatos en campaña.

De acuerdo con una investigación realizada por Integralia, han ocurrido al menos cinco tipos de actos violentos durante los comicios: detenciones (39), robo y quema de urnas (34 y 28, respectivamente), asesinato de candidatos (6) y secuestro de candidatos (2). La elección local con más incidentes de violencia ha sido 2015.

Un estudio de Integralia, consultora dirigida por el ex presidente del IFE Luis Carlos Ugalde, señala que entre los partidos que contendieron en los comicios chiapanecos figura Mover a Chiapas, dirigido por la madre del gobernador Manuel Velasco Coello.

Textualmente señala el estudio: “Entre los partidos locales ganadores de esta contienda destacan Mover a Chiapas y Chiapas Unido. El primero es de nueva creación y su líder Enoc Hernández fue coordinador de la Fundación Dr. Manuel Velasco-Suárez, fundación de la familia del gobernador. Chiapas Unido es encabezado por Leticia Coello de Velasco, madre del gobernador“.

“Sumados, el PVEM, Mover Chiapas y Chiapas Unido tendrían 37 de los 122 municipios. Si a esto se suma que el PRI –importante aliado del Partido Verde en la entidad y a nivel nacional– ganó 20.5 por ciento de los municipios (25), el resultado es que durante los próximos tres años más del 83 por ciento de los ayuntamientos de Chiapas serán gobernados por un partido o coalición afín a Manuel Velasco.

   
    
 

Chiapas: el cochinero electoral verde

+Tuxtla Gutiérrez y la sombra del fraude+ Manuel Velasco: clon de Peña Nieto

         Uno de los efectos de la llegada de Enrique Peña Nieto a Los Pinos fue qué, de manera indiscutible y perniciosa, cualquiera puede ser ya presidente de México. ¿Si pudo Peña, por qué yo no?, es la frase popular.

Peña Nieto es un político de pocas luces; ignorante, como algún día lo calificó Pedro Ferriz de Con; inculto, como lo demostró en la FIL de Guadalajara; encubridor, al no investigar el brutal enriquecimiento de su padrino político, Arturo Montiel; millonario, con nueve propiedades, algunas de origen oscuro; tachado de corrupto, al descubrirse – vía Carmen Aristegui y su equipo-, que su esposa, La Gaviota, posee una mansión de 7 millones de dólares (el affaire Casablanca); con conflictos de interés, vía su relación desde gobernador con el Grupo Higa; incompetente, dados los pobres resultados económicos a la mitad de su mandato. Más oscuros que claros.

Al amparo del llamado “efecto Peña Nieto” en 2012, surgieron clones políticos que hoy quieren seguir el mismo camino del mexiquense para llegar, en 2018, a la presidencia de la República.

Y uno de esos clones políticos de Peña gobierna Chiapas y se llama Manuel Velasco Coello.

            Si Peña Nieto se casó con la actriz Angélica Rivera, alias La gaviota, Manuel Velasco lo hizo con la cantante Anahí. Un matrimonio curioso, por decirlo de alguna manera.
            Velasco – uno de los eructos del Partido Verde, eructo, a su vez, del PRI-, cree que siguiendo la misma vía política-farándula de su amigo Enrique, podrá llegar a Los Pinos. Es una visión hasta cierto punto de ópera bufa.

            Y tal vez lo menos dañino sería la frivolidad grotesca mostrada por Velasco para ser una copia de Peña Nieto – asumamos las reservas del caso porque ya estamos viendo la voracidad financiera, propiedades multimillonarias y viajes onerosos de la familia Peña- Rivera-, y que pretenda imitarlo en lo que hizo el mexiquense. Lo más grave es lo que ha ocurrido en Chiapas con las elecciones del pasado 19 de julio.

            Hoy, Chiapas, y en particular la capital, Tuxtla Gutiérrez, hieden a fraude electoral. A fraude del Partido Verde.

            “Lo que ocurre en Chiapas es el robo del siglo. Es una vergüenza. El PAN agotará todas las instancias necesarias para probar el fraude electoral. Ganamos Tuxtla a la buena y es nuestra”, denunció Gustavo Madero el lunes pasado. Irán a los tribunales.

            Y más allá de la advertencia del dirigente panista y protestas jurídicas, parece que los hechos le dan la razón: en Tuxtla Gutiérrez todo apunta a que hubo fraude electoral.

            Echemos un vistazo a algunas irregularidades:

1) El PREP en Tuxtla Gutiérrez dejó de operar durante varias horas, cuando los primeros conteos daban al candidato panista, Francisco Rojas, 11 puntos de ventaja sobre el verde-priista Fernando Castellanos, y cuando cerró, Castellanos ya tenía una supuesta diferencia de 500 votos a su favor. Y lo insólito: el dominio de la página del PREP está registrado a nombre de Cristian Nuñez, y la página de Castellanos también está registrada por Nuñez quien, además, es jefe de la Unidad de Informática del propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC). Juez y parte.
2) En Chiapas se aprobó que el periodo de campaña durara solamente 30 días, pero en el caso del abanderado del PRI-Verde, fue candidato, primero, a diputado federal por vía plurinominal, lo que le permitió hacer campaña y difundir su imagen durante 2 meses, y faltando unos días para la elección federal, renunció a su candidatura para contender por la presidencia municipal de Tuxtla, y al pertenecer a la actual legislatura local, se le permitió proyectar su imagen durante más de 2 años, haciendo uso de recursos públicos.

3) Según denuncia el PAN, hay evidencias suficientes para decir que recursos del Gobierno del Estado y Municipales, fueron utilizados por el Partido Verde en el proceso electoral; el caso más conocido es que, el día de la jornada, fue detenida por la FEPADE la Jefa del Instituto de Postgrados del Instituto de Administración Pública del Estado, Verónica Rodríguez Montes, con dinero en efectivo comprando votos. Se presentaron ante la fiscalía electoral infinidad de denuncias en contra de servidores públicos por el uso de recursos y programas en favor de candidatos del Verde. La FEPADE detuvo a varias personas por compra de votos, previo al día de la elección y durante los comicios.

4) El presidente del Consejo Municipal Electoral fue removido de su cargo el lunes pasado, al ser descubierto, a través de un video, pactando en una tienda OXXO con el representante del Partido Verde. El IEPC lo destituyó del cargo.
5) En Tuxtla Gutiérrez, 2 casillas fueron robadas el día de la elección. En un caso inédito, los ciudadanos reclamaron su derecho al voto y el consejo fue obligado a reponer una nueva urna para permitir que 300 ciudadanos, durante dos horas, volvieran a sufragar. En Tuxtla no fueron encontradas 156 actas de cómputo y no se sabe si aparecerán al abrir los paquetes electorales. Este punto es clave ya que Castellanos únicamente le llevaría 795 votos de ventaja al panista Rojas, y se podrían revertir.

                        Lo que ocurrió en Chiapas fue un cochinero electoral, a cargo de esa parejita sin escrúpulos ni ética integrada por el PRI y el Partido Verde.

                        El aroma de fraude allí está, solapado y arropado por el gobernador Manuel Velasco.

                        Sí: por el esposo de Anahí. El clon de Peña Nieto que también quiere llegar a Los Pinos.

Son atascados, pues

Pregunta: las empresas petroleras desairaron a la reforma energética de Peña Nieto por a) los precios actuales del petróleo no son un incentivo para invertir; b) las bases para la licitación no eran realistas y exigían demasiado; c) existían arreglos por debajo del agua para sacar provecho a las licitaciones. Veamos.

La verdadera tragedia para el gobierno de Peña Nieto no ocurrió el sábado que se fugó “El Chapo”, sino cinco días más tarde cuando las empresas petroleras de todo el mundo le dieron la espalda a su reforma energética. Lo del capo sinaloense fue un golpe de imagen chusco y vergonzoso, pero de escasas consecuencias prácticas; el menosprecio de las petroleras, en cambio, es un misil a la zona de botes de salvavidas en momentos en el que el gobierno de Peña Nieto comienza a naufragar.

¿Por qué? Porque la reforma energética era, en efecto, la tabla de salvación a la que se aferraba el Presidente. El as en la manga con el que taparía las bocas de los incrédulos. Lo que sucedió fue dramático. Se esperaban 18 mil millones de dólares de inversión en respuesta a la primera licitación de 14 bloques territoriales ofrecidos para su explotación a empresas privadas, pero sólo se colocaron el equivalente a poco más de mil millones. Como se sabe, el concurso de 12 de los 14 bloques quedó desierto por falta de interesados o por haberse recibido ofertas por debajo de los esperado.

Las consecuencias son devastadoras en lo político y en lo económico. En lo político porque confirma el fracaso de las reformas de Enrique Peña Nieto. No está funcionando la reforma educativa, la energética va por el mismo camino y de la de justicia mejor ni hablamos. Y en lo económico, porque está claro que no habrá en el corto plazo la cacareada inversión petrolera del exterior capaz de dinamizar a la alicaída industria nacional. No se ve por dónde llegarán las tasas de crecimiento de 5 o 6 % anual prometidas por el Presidente y, todo indica, estaremos creciendo a promedios de 2%, es decir, a la mitad del ritmo con el que cerró el sexenio de Calderón.

Pero las malas noticias no terminan aquí. Los especialistas comienzan a especular sobre las razones de tan pobre resultado en las licitaciones. Y ciertamente hay material para la sospecha. Resulta que la empresa ganadora de los únicos dos sectores otorgados es una compañía mexicana originalmente fundada hace unos meses con la participación de Jerónimo Gerard Rivero, cuñado de Carlos Salinas de Gortari. Sierra Oil & Gas, reconvertida en un consorcio con otras dos empresas posteriormente, afirma que Gerard Rivera dejó la presidencia de la compañía hace unas semanas y que un fondo internacional tomó el control de la misma, pero es un hecho que la licitación fue preparada desde hace meses.

Por otro lado, los expertos revelan que los dos sectores otorgados a este consorcio eran aparentemente los menos atractivos para la inversión si se partía de la información técnica ofrecida por el gobierno a los interesados. Es decir, los que ofrecían perspectivas más grises.

Y como la burra no era arisca, los palos la hicieron, tendríamos que preguntarnos si no estamos, otra vez, frente a una licitación dirigida. ¿Tenía Sierra Oil & Gas información privilegiada de la que carecían el resto de los interesados sobre lo que realmente existe en esos dos bloques? A la luz de lo que ha sucedido con los contratos de carreteras a favor de OHL o la cancelación por irregularidades en el concurso del tren México-Querétaro que construirían los chinos, valdría la pena examinar lo que hay detrás de este proceso. Creyendo que los catorce sectores se iban a colocar en el mercado, alguien pudo pensar que sería buen negocio enriquecerse a mansalva con dos de ellos. Digo, son apenas dos de catorce, ¿no? Nadie podía anticipar que sólo se colocarían esos dos y que, en consecuencia, quedarían exhibidos.

Ciertamente lo que acaba de suceder es apenas la primer ronda de licitaciones, habrá otras en los próximos meses. El problema es que si las grandes empresas petroleras barruntan que hay gato encerrado en estos concursos, la apertura habrá nacido muerta.

Se me dirá que hay tanto en juego con esta reforma energética que ni siquiera los priistas se atreverían a medrar con ella y ponerla en riesgo. Pero yo no puedo dejar de pensar en la fábula del alacrán y el sapo. “¿Cómo has podido picarme a la mitad del río?”, dijo el sapo que llevaba en la espalda al alacrán, “ahora moriremos los dos”. “No he podido evitarlo”, respondió el alacrán, “es mi naturaleza”. Tampoco puedo dejar de pensar en las privatizaciones de Salinas de Gortari que convirtieron a Carlos Slim en el hombre más rico del mundo, o casi.
Son atascados, pues, es su naturaleza. Aunque eso los lleve a ahogarse.

EL VERDE Y VELASCO COMPRAN CON DÁDIVAS EL VOTO EN CHIAPAS

  
Eran casi las diez de la noche del pasado miércoles 8 de julio cuando una grúa de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Chiapas llegó a la calle 16 de Septiembre de la colonia Bienestar Social para arrastrar un viejo Volkswagen rojo cargado con lonas, camisetas y gorras del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Los artículos publicitarios ocupaban casi todo el espacio del asiento trasero; enfrente, colgando del tubo del espejo retrovisor, estaba el tarjetón de acceso a la “pensión oficial” del Ayuntamiento porque el vehículo era conducido por un empleado de la Coordinación General de Política Fiscal del Gobierno de este municipio, emanado de una coalición entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde.

El hecho probablemente delictivo fue descubierto por casualidad por Francisco Rojas, un médico candidato del Partido Acción Nacional(PAN) a la Alcaldía y que esa tarde, narró en entrevista, recorría el suroriente de Tuxtla y, sobre la citada arteria, notó de pronto un grupo de mujeres frente a una casa cuya puerta fue cerrada a toda prisa. Enfrente, dijo, estaba el automóvil con la identificación del Gobierno municipal y atiborrado con la propaganda partidista.

“Es una elección de Estado. He sido candidato en tres campañas, pero nunca había visto esto. Es un descaro”, dice Rojas.

La oposición de Chiapas no es la única que ha observado que el Partido Verde desplegó aquí, el estado con la mayor cantidad de pobres del país, una agresiva campaña de coacción del voto a través de dádivas de todo tipo, como despensas, artículos escolares, el uso de programas sociales e incluso pagos en efectivo. La maniobra ha sido incluso documentada por la Fiscalía Electoral, dependiente de la Procuraduría General de Justicia y, ésta, del Gobernador Manuel Velasco Coello, el primero emanado de sus filas. Según las cifras de la agencia ministerial, el Verde y sus aliados, como el Partido Revolucionario Institucional, han sido sujetos de al menos 372 denuncias por prácticas probablemente ilegales en lo que va del año; 233 de ellas, tan sólo en los últimos 30 días de la campaña por la elección estatal del próximo domingo 19 de junio. Es decir, más de siete probables delitos electorales diarios, o uno cada tres horas.

“Es en relación a la coacción del voto, que consiste a través del manejo de programas sociales, como Prospera, Canasta Básica, fundamentalmente”, explica el Fiscal Electoral del estado, Hugo Gómez Estrada.

“Vamos a entrar a la etapa final, y es en estos días que nos quedan donde vamos a ver con mayor insistencia esa entrega de objetos con tal de obtener los votos (…) y lo vamos a encontrar a través de entregas de despensas, de entregas de quizás de láminas, cemento para construcción de obras. Algunas veces comprando en efectivo, pero más que nada eso se da en la jornada electoral”, agrega el funcionario.

Entrevistado en su oficina en esta ciudad, Gómez precisa que no todos los partidos están violando la ley como lo está haciendo el partido en el Gobierno. “Porque hay partidos que no cuentan con los recursos suficientes. Prácticamente los partidos que cuentan con recursos suficientes son los que más inciden en esto. Ya lo sabemos, los partidos grandes, estamos hablando del Verde, el PRI; va más por, ‘pues me está diciendo que yo vote por el PRI, que vote por el Verde”, explica.

Fundado en 1994 por el político ex priísta Jorge González Torres y en manos de su familia desde entonces, el Verde se convirtió en el pasado proceso electoral federal en el campeón nacional de las violaciones a las legislaciones electorales. La multa de 329 millones que recibió en mayo por beneficiarse ilegalmente de contratos para anuncios en televisión fue la tercera más alta de la historia y, antes, había sido ya sancionado por la difusión de mensajes en cine. Como ningún otro partido, además, saturó calles, fachadas y bardas de diferentes partes del país para machacar, entre otras frases, que “sí cumple”.

La elección federal del pasado 7 de junio confirmó que Chiapas es su bastión. Además de tener el Gobierno estatal, los resultados oficiales les dieron el 45 por ciento de los votos, la cantidad más alta que han recibido en sus 20 años de vida. En correspondencia, la presencia de los colores de su propaganda política alcanza en esta entidad niveles de avasallo: cientos de personas, sobre todo entre la población de menores ingresos, visten la característica playera con el logotipo del tucán encerrado en una uve; varios más usan otras del mismo color pero con el logotipo del Gobierno del estado. Los enormes espectaculares que promueven a su candidato a la alcaldía, el también dirigente estatal Fernando Castellanos Cal y Mayor, se observan con una frecuencia casi 10 a dos en comparación con los de sus contrincantes. Sus colores aparecen también en decenas, tal vez cientos de bardas, sobre todo en las colonias populares, donde Velasco también anuncia la entrega de 1.5 millones de canastas básicas. El partido se anuncia, también, en cientos de camionetas tipo van de transporte colectivo, las cuales exhiben un eslogan que el Verde chiapaneco no tiene empacho en compartir con la administración estatal: la gente “nos une”.

¿CÓMO SE COACCIONA EL VOTO?

  
El Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas prohíbe “la utilización de programa sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido”.

Mayra J., una madre soltera de 36 años de esta capital, narró a este medio cómo fue que su intención de hacer mejoras en su colonia, sobre todo que se pintara un paso peatonal, la llevó casi sin darse cuenta a hacer proselitismo en favor del Verde y de su candidato, Castellanos.

Fue a finales de 2014, cuenta, cuando una vecina de su calle en la colonia Miramar la invitó a formar parte de un grupo de ocho personas que se dedicarían “a bajar recursos del Gobierno para alumbrado y pavimento”. Luego, agregó, la misma líder les informó que el siguiente paso sería que cada una de esas ocho personas reuniera a su vez a otras 12, casi cien entre todas, y luego recogerles copias de las credenciales para votar, claves de registro de población y comprobantes de domicilio. “Esas ocho teníamos también la obligación de ir a cada evento del Gobernador, a fuerza. Teníamos que tomarnos una foto y enviársela a la líder de la colonia. Nos decía que era para que nos vieran. Luego nos dieron nombramientos de la Sedepas (Secretaría de Desarrollo y Participación Social del gobierno estatal). A mí me asignaron salud, y tenía que buscar dentistas que vinieran a dar pláticas de higiene, a otras les tocó educación, buscar becas, mejoras para los parques”, dice.

“Luego vino un licenciado, de Sedepas, y nos dijo que nos quería conocer Fernando, que porque había muy poca presencia de él en la colonia, y que se iba a postular como Presidente municipal del Partido Verde”, agrega.
Días después, narra, llegó a la colonia Berlán Nigenda, un ex priísta sumado a la campaña de Castellanos y quien les pidió también levantar una lista casa por casa y ofrecer la futura llegada de despensas, lentes y cobijas. “Y las despensas llegaron, pero no lo demás, y nosotros tuvimos que poner la cara”, dice Mayra. Fue entonces que empezó a molestarse con las actividades en las que, dice, participaba con la esperanza de obtener finalmente los beneficios que les prometían y, también, por acompañar a su vecina, que además era su amiga.

“Pero después fue más la presión, cuando ya va como presidente Fernando, porque teníamos que llevar a la gente a que se tomara la credencial verde, del Gobierno del estado, para que recogieran las despensas del programa de jefas de familia y de alimentación. Luego crearon las tarjetas para madres solteras, que pagan 500 pesos al mes”, dice.

La entrega de este último programa, agrega Mayra, fue el colmo: convocaron a miles de mujeres de todo el estado a una plaza, “nos encerraron entre vallas después de que entrábamos, nos formaron por grupos, las que ya cobrábamos y teníamos la credencial en una fila, y ahí nos dieron una playera y una botella con agua. Yo dije: ‘aquí, si hay un atentado, no podemos salir’, y aunque ya tuviéramos la tarjeta tuvimos que esperar a que se las dieran a todas las demás. Fue obligatorio; yo me sentí muy enojada. Me molestó la forma en la que nos estaban usando”.

Luego empezaron a llegarles las despensas por parte de Sedepas, cuenta, “pero teníamos que pedirles la credencial para votar a cambio de dárselas, y que firmaran de recibido”. A estas personas, explica, se les llama “promovidos”, y conforme avanzaba la campaña electoral aumentaban las exigencias para tenerlos bajo registro. “Nos mandaban a pedir hasta tres veces la credencial a la misma persona. Al último me mandaron otra hoja, pero yo ya no quise”, cuenta.

El pasado domingo 7 de junio, dice, la “coordinadora” todavía le pidió que avisara que el Verde pagaría tortas y taxis para los colonos que quisieran ir a votar, “y que si en el camino yo las convencía de votar por el Verde, me iban a pagar”.

Y en estos últimos días, agrega, le dijo que volviera a pedir credenciales y que, de manera disfrazada, preguntara a los “promovidos” si votarían por el Verde y que, en caso de que dijeran que no, les pusiera una marca. “Entonces, están condicionando la ayuda, juegan con la gente. Él (Fernando), dice que quiere mucho a las mujeres, que ahí están sus despensas, y la gente es muy entregada, pero lucran con su necesidad, y es gente que no ha escuchado otras propuestas, y les dan playeras y despensas, pero es como jugar con la conciencia”, dice.

Mayra es madre soltera que regresó a Chiapas hace unos años de Estados Unidos. Entrevistada el pasado jueves 9 de julio, fue contactada a través de las brigadas de “cazamapaches” que colaboran con Morena porque es familiar de uno de sus integrantes. En la vivienda donde se le entrevista, muestra también las cajas con despensa que ella y otros familiares fueron a recoger hace unos días a una casa cercana y donde se las pusieron en una bolsa negra, para que no fueran detectadas. “Nos utilizaron para hacerle la campaña a Fernando, pero si el Gobierno me quiere usar, yo voy a usar al Gobierno”, dice cuando se le pregunta por qué fue a recogerlas.

EL VERDE, “CANDIDATO OFICIAL”   

Como su amigo cercano, el Gobernador Manuel Velasco Coello, Fernando Castellanos Cal y Mayor se ha distinguido por la juventud con la que ha llegado a cargos públicos de relevancia. Hoy de 29 años, el tuxtleco se inició desde los 20 como integrante del Partido Verde, donde, entre otros cargos, ocupó los de secretario de Acción Electoral y de Finanzas. A los 23, en 2009, llegó como asesor de la bancada de este partido al Senado de la República, donde Manuel Velasco Coello cumplía la segunda mitad de su cargo como el Senador más joven de México. Poco antes de concluir esta legislatura, Velasco volvió a Chiapas para la campaña por la elección estatal de 2012 y Castellanos regresó también para convertirse, a su vez, en Diputado local y en el más joven presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Desde ese cargo, con 26 años, avaló sancionar la deuda de más de 40 mil millones de pesos heredada por el ex Gobernador Juan Sabines Guerrero, hoy Cónsul de México en Orlando, Florida. “No conocí a fondo cómo funcionó esa administración, pero lo que yo viví fue un proceso de entrega-recepción muy caótico y muy difícil para el Gobernador electo. Pero yo siempre he sido de la opinión de no ver hacia atrás, sino al futuro y dejar que la historia sea la que juzgue lo que se hizo bien o mal”, dijo Castellanos en una entrevista con la revista Gente Sur del pasado septiembre.

El mismo artículo lo cita diciendo no sufrir “calenturas anticipadas” cuando se le pregunta si busca la Alcaldía de la capital, aunque agrega que “seguramente voy a ser lo que la gente quiere que sea”.

Ganar Tuxtla Gutiérrez es, de acuerdo con análisis publicados en medios locales independientes, la prioridad del Gobernador Velasco. Uno de los motivos es que la alcaldía posicionaría a su amigo Fernando como su sucesor en la gubernatura por el 2018, cuando el hoy mandatario trataría de buscar la candidatura presidencial. Pero Tuxtla es para el Verde, también de acuerdo con analistas locales, el territorio más difícil de los 122 municipios que estarán en disputa el próximo 19 de julio, cuando también se renovará el Congreso. Una dificultad, consideran, es la popularidad del médico y ex Alcalde panista Francisco “Paco” Rojas; otra, la fuerza que mostró tener Morena en la elección pasada y, otra, hizo notar un análisis de Chiapas Paralelo, es que Tuxtla “es el municipio en Chiapas con el menor porcentaje de pobres, con un 43.3 por ciento”, frente a un 74 por ciento que tiene la entidad en promedio. Será “el voto del hambre contra el voto razonado”, calificó Contra Poder la contienda.

La preponderancia que tiene el ofrecimiento de beneficios directos a cambio de datos personales en la estrategia del partido fue mostrada en un encuentro denominado “Ciudadano a Ciudadano”, organizado por el equipo de Castellanos en la arena municipal “Jorge Cuesy” y con el abierto uso de recursos públicos, como los instrumentos de la marimba del Ayuntamiento que fue trasladada por empleados que dijeron a este medio trabajar para la Secretaría de Desarrollo Social. “Afortunadamente tenemos un Gobernador joven que ve las cosas que otro futuro, que ha hecho obras, como los libramientos (a la entrada a Tuxtla). Le ha dado ayuda a las madres solteras, becas a los estudiantes”, dijo Pedro Ochoa, de 41 años, uno de los coordinadores de la estructura de Castellanos y, también, empleado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El evento fue amenizado por el locutor y ex diputado local Ariel Gómez León, mejor conocido como “El Chunco”, y quien cobró notoriedad nacional en 2010 por hacer comentarios racistas sobre las víctimas del sismo en Haití. En el evento del pasado jueves, el animador insistió en explicar que el objetivo era “trabajar” y que los coordinadores debían recoger todas las necesidades de los asistentes.

“¿Ya le dieron su nombre a su coordinador?”, preguntó Gómez desde la duela del gimnasio. “Sé que necesitan muchas cosas para sus hijos, quiero pedirles a los coordinadores que les digan su nombre completo y qué quieren, una lámpara en la colonia, empleo, servicio médico, lentes. Lo que quiero es que den su nombre, para hacer la gestoría (…) Nuestro candidato sí puede hacerse cargo de la petición, ¿quién quiere ser coordinador de su zona? ¿cuántos necesitan alumbrado?”, conminaba el político.

Ante las necesidades expuestas –tapado de alcantarillas que se ven por las calles abiertas y sin protección, un gimnasio, pavimento– el conductor explicaba que así se lo dijeran a sus coordinadores.

“Me dijeron que íbamos a recibir apoyos para mamás”, dijo Laura Díaz, una comerciante y madre de familia de 25 años que, también, dijo no tener una opinión en particular sobre el partido: “No sé, siento que no hay mucho cambio. He votado, pero no siento que haya diferencia”.

Castellanos llegó entonces al evento, unos 40 minutos después de la hora convocada y como una “sorpresa” debido a que su presencia no estaba confirmada. “Ya saben que los quiero mucho, pero que hoy quiero decir que se mantengan unidos, aquí está el equipo, los coordinadores. Gracias por su cariño, por su confianza. Los felicito por esta estructura”, dijo.

Si bien “El Chunco” aseguró desde el micrófono que no había acarreo ni autobuses afuera de la arena, este medio confirmó que al menos una decena de camionetas tipo Van de las cooperativas de transporte colectivo local esperaban afuera para trasladar sin costo a los asistentes de regreso a sus colonias.
“Hay un segmento de la población, la más empobrecida, que el mismo sistema ha empobrecido, que son la clientela más importante que puede tener el candidato oficial, que tiene todo el apoyo económico, logístico, político del Gobierno del estado, todo lo tiene en una forma por demás cínica”, dijo Víctor Ancheyta, candidato a la Alcaldía de Tuxtla por Morena. “Ya no hay ni siquiera hay un proceso de simulación, es cínica la forma en la que el Gobierno del Estado quiere imponer a su candidato”, agregó el político.

LUCRANDO CON LA POBREZA
  
La colonia Primero de Enero está en el extremo norte de San Cristóbal de las Casas, una de las zonas más marginadas de esa cabecera municipal, a su vez capital regional de Los Altos, predominantemente indígena. Nombrada en honor a la fecha del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, en sus calles sin pavimento se observa ahora también el asalto propagandístico del Partido Verde.

“Espero que cumplan con lo que dicen, los apoyos que están dando a las madres solteras”, dijo Marta López, una ama de casa de 50 años cuya vivienda fue cubierta totalmente con los colores del partido y la imagen del tucán. Receptora de una canasta básica al mes, López explica que ésta consiste en “una cajita” con medio kilo de frijol, otro medio de arroz, otro tanto de aceite y así “puros medios” que le envía el Gobierno del estado desde hace medio año. “Casi la mitad de la colonia simpatiza con el Verde”, dice.

A unas cuadras, sobre la calle Salomón González, el adolescente F. Gómez, de 17 años, llevaba una playera del Verde debajo de la chamarra negra con la que se protegía de la llovizna del pasado viernes 10. Consultado, dijo que había recibido la playera el día anterior, en un mitin al que había ido con su familia en Joltzemén, en el vecino municipio de Chamula: “Hubo un mitin y dieron playeras, cubetas, comida, barbacoa, dieron para la gasolina, de 100 a 200 pesos”.

Comprobar que todas estas prácticas conducen, efectivamente, a la compra de la conciencia política de quienes reciben los beneficios y, esto, a la mayor recepción de votos no es una tarea fácil, explica el fiscal electoral Gómez Estrada.

“Porque, por un lado, vamos al lugar de los hechos, tratamos de ver con los vecinos, y muchas veces los vecinos no quieren comprometerse, entonces es una lucha…”, dice el funcionario.

En el caso del automóvil cargado con propaganda y asegurado en Tuxtla, explica, se citará al titular del tarjetón, se pedirá información al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para indagar dónde fueron adquiridos los artículos y, además, se tendrá que establecer cuál era la intención de repartirlos. “Entonces, lleva su tiempo”, dice. Tanto, que de las 500 denuncias que recibió la Fiscalía en la elección de 2012, agrega, sólo una docena fueron consignadas.

Pero la estrategia partidaria y gubernamental de repartir alimentos y artículos en este periodo de campaña electoral es casi abierta. Además de los testimonios, en una vivienda de la calle Monterrey, en la colonia Popular, este medio pudo observar que los habitantes, reportados como repartidores de despensas, tenían diversos productos –una bolsa con frijol, arroz, atún, una bolsa con polvo sabor chocolate– en la mesa de la cocina. “Nosotros lo recibimos porque tenemos necesidad”, dijo molesta la madre de familia que, en todo momento, se opuso a la posibilidad de que se tomaran fotografías.

“Nosotros lo entendemos –dice el Fiscal cuando relata las dificultades que aún la Policía Ministerial tiene para investigar estos hechos. Porque nadie quiere comprometerse, piensan que los tomarán de enemigos el día de mañana, más si gana el candidato”.

En San Cristóbal de las Casas, el PRI y el Verde no tienen alianza sino que disputan la Alcaldía, al igual que el partido Mover a Chiapas, fundado por un ex funcionario de Gobierno del estado y cercano a la madre del mandatario, Leticia Coello. Y ahí, donde son rivales, hasta el tricolor se queja de la apuesta estatal del Verde por ganar la elección a través del dispendio.

“Los otros partidos han estado haciendo uso de recursos no tan propios, hablo de despensas, lo aplican en las zonas aledañas al municipio, concretamente en la zona norte, que hay un cinturón de colonias donde la población es un 80 o 90 por ciento indígena”, dice Oscar Domínguez, coordinador de la campaña local priísta.

“El Verde y el morado, Mover a Chiapas, traen la estrategia que pudieran traer en todo el estado, de las despensas, obviamente que desconocemos de dónde vienen esas despensas, pero sí creemos que están siendo mal enfocadas en términos de cómo conseguir el voto, confunde a la población, sobre todo a la clase marginada, y molesta inclusive con toda la promoción que están haciendo, porque si se da cuenta, están siendo excesivos la publicidad que manejan”, agrega el priísta.

En un comentario publicado el pasado 21 de junio en La Jornada, el obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Felipe Arizmendi, también lamentó que “pareciera que no hay otro método para ganar votos que regalar cosas y dar de comer a la gente humilde (…) no les importa la dignidad de los pobres, sino convencerlos sólo con dinero y con pequeñas cosas materiales”.

Las propuestas de fondo, los programas de Gobierno, la calidad de los candidatos, sus antecedentes de trabajo, agregó el comentario del prelado, han quedado totalmente erradicadas de las campañas y, en su lugar, están sólo el dispendio, los carteles propagandísticos y pequeñas dádivas.

–¿Qué impacto tiene en la sociedad si las elecciones se definen por obsequios y no por propuestas? –se le consultó al Obispo.

“Afecta a la sociedad haciéndola dependiente, acostumbrándola a sólo estirar la mano para ver qué le dan. Afecta porque no se educa para pensar, analizar, proponer y asumir responsabilidades sociales, sino sólo para recibir”, respondió Arizmendi a SinEmbargo través de un correo electrónico.

“Afecta porque se menosprecia a los pobres, usándolos sólo como instrumento para los propios intereses electorales. Afecta porque se menosprecia la política como si fuera sólo interés por el poder, y no servicio a las reales necesidades del pueblo”, agregó.

  

El dispendio de Peña

  
Peña Nieto afirmó al diario The Financial Times que su gobierno vive una crisis de credibilidad. Lo que llama poderosamente la atención es que, en vez de cambiar y trabajar en aras de dar credibilidad a las instituciones, y que éstas a su vez aporten una perspectiva diferente sobre la realidad respecto a los graves problemas de violaciones a derechos, corrupción e impunidad, el gobierno federal opta por comprar imagen, por la manipulación de la información y el poder de la propaganda.
En 2013 Enrique Peña Nieto gastó 7,000 millones de pesos, una erogación que jamás antes se había hecho del presupuesto público. Esto de por sí ya es grave y lo es aún más si le sumamos que el gobierno federal se excedió en 48% del gasto originalmente aprobado para publicidad oficial. ¿Hay alguna consecuencia de esto? No, ninguna.
Nuestro sistema de rendición de cuentas y auditoría permite este cambio millonario de partidas presupuestales sin consecuencia alguna, lo que nos lleva a preguntar: ¿Y para qué se toma la molestia la Cámara de Diputados de señalarle al Ejecutivo en qué rubros debe gastar? Más aún, ¿por qué no ha expresado su oposición a ello, por qué no lo ha llamado a rendir cuentas? Al respecto, el órgano legislativo omite ejercer su papel de contrapeso.

  
  
Gobernar sólo con la imagen es hoy una constatación de que no hay (o es muy escasa) política eficiente para resolver problemas graves que aquejan al país. El aumento en el rubro mencionado no está justificado y, si me presionan para decirlo, no tiene impacto alguno que beneficie a la sociedad. Es decir, no tenemos más y mejor información para tomar decisiones. El aumento se puede medir de la siguiente manera: Vicente Fox en 2001 gastó $3,495 millones en publicidad oficial; Felipe Calderón, en 2007, gastó $5,261, frente a los $7,000 de Peña en 2013, los cuales se calcula que serán superados considerablemente en 2014.
A los $7,000 millones del gasto de Peña se le tienen que sumar los gastos de los gobernadores para poder llegar a la cifra aproximada de lo que gastan los ejecutivos de todo el país. Súmele a esto lo erogado por Velasco en Chiapas, Borge en Quintana Roo, “Malova” en Sinaloa y Duarte en Veracruz. La cifra será grosera sin lugar a dudas.
La relación más tóxica entre el poder y los medios de comunicación en México pasa por el discrecional —y grosero— gasto para la compra de publicidad oficial. Dicha discrecionalidad premia una relación corrupta entre los medios y el poder político que lleva, sin lugar a dudas, a una sutil (o tal vez no tanto) censura en el contenido. El viejo refrán: “no pago para que me pegues” parece estar en el centro de esta corrupta relación. Sin lugar a dudas, el dinero que premia o castiga a los medios es un lastre para el periodismo mexicano. Pero que no se entienda que es una cuestión meramente gubernamental, al contrario, el sistema se mueve y prevalece por la actitud, también corrupta, y la complicidad del sistema de medios.

  
La televisión —Televisa y Estudios Azteca— acumuló el 34% del gasto en publicidad oficial en 2014 (tomemos en cuenta que en entidades como Puebla o el Estado de México el gasto en televisión alcanza el 60%). La radio, a su vez, recibió el 16.27 %, los medios impresos el 15.23%. Esto quiere decir que la mitad del gasto en publicidad oficial se distribuye en medios radioeléctricos, a pesar de que el gobierno dispone de espacios gratuitos y tiempos oficiales para transmitir contenidos de Estado.
Si hacemos un análisis más minucioso para determinar los proveedores con mayor concentración del gasto en publicidad oficial encontramos lo siguiente: Televisa acapara el 43.24% del total (con un contrato total de $506’472,692.55), Estudios Azteca el 36.12% (con un contrato de $423’079,205.29). En radio, el más beneficiado —y que no tiene programas de entretenimiento, sino que su fuerte son los programas de noticias y opinión— es Grupo Fórmula, con 40.31% (y un contrato de $61’790,643.58) y Grupo Radio Centro, con 34% (equivalente a $52’427,439.95).

  
  
En el ámbito de los medios impresos está un poco más distribuido el gasto. Ningún periódico tiene una concentración como la que vemos en medios electrónicos. Los tres diarios con mayor ingreso son: diario Reforma con 7.68% del total destinado a este tipo de medios que equivale a un contrato de $40,216,156. El Universal con 6.24% con un contrato de $32,685,948 y Milenio con 6.09% con un contrato de $31,924,526.

  
Si recordamos que el presupuesto aproximado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es de $1,500 millones de pesos, las cifras del dispendio en propaganda resulta más preocupante todavía. En 2012, Enrique Peña Nieto escribió una columna en el diario Reforma en la que se comprometía a regular el gasto en publicidad oficial, y después ratificó su compromiso con los tres primeros temas de la agenda. Al presidente se le olvidó su compromiso, y cómo no iba a olvidarlo si puede gastar dichas cantidades sin ningún escrutinio. Lo cierto es que, a pesar de que en el Congreso hay una docena de iniciativas en la materia, congeladas, ningún partido político quiere tocar esa fuente de ingresos.
Como conclusión, los siguientes puntos:
– La única solución que vislumbro en el horizonte —y no peco de ingenuo— es quitarle el poder de distribución del dinero destinado a publicidad oficial a los gobiernos (federal y estatales). Prohibir categóricamente la compra, producción y emisión de propaganda política.
– Crear un órgano autónomo que regule este gasto a través de criterios no discrecionales, transparentes y con índices de impacto. Esto querrá decir que muchos medios que viven de la publicidad oficial desaparecerán si no es que logran crear un nuevo modelo de mercado y adecuarse a las nuevas reglas.
– Sí debe haber un subsidio a los medios de comunicación con criterios que incluyan promover el periodismo de interés público y asegurar el acceso a la información de temas de interés público a la población (por ejemplo, campañas de vacunación, alerta de huracanes, campañas ambientales, etcétera). pero de ninguna manera un medio puede vivir 100% del dinero público: debe haber un techo.
– Deberá reforzarse la legislación vigente para dotar de independencia editorial y financiera a la red de medios públicos, y usar de manera más eficiente los tiempos oficiales y fiscales a disposición del gobierno federal.
– En aras de diseñar una estrategia adecuada de distribución desde la institución competente, es fundamental promover y asegurar una mayor transparencia de los medios de comunicación en algunas materias como números de audiencia, tiraje, poblaciones foco, etcétera.
Está fuera de toda comprensión que se hable de crisis y de recortes de presupuesto en sectores fundamentales para la sociedad, como la cultura o la salud, mientras el rubro presupuestal de dinero para publicidad del gobierno federal crece año con año. La gobernanza basada en la imagen y propaganda no ha traído hasta ahora ningún beneficio, y sí un gran y grosero dispendio de nuestro dinero. Repito, la única solución es quitarles ese dinero.
Nota: todos los datos presentados en este texto fueron tomados del informe que presentaron Artículo 19 y Fundar Centro de Análisis e Investigación: “El gasto en Publicidad Oficial del Gobierno Federal en 2014”, que puede consultarse aquí. http://www.articulo19.org/sin-reglas-claras-gobierno-federal-realiza-gasto-historico-en-publicidad-oficial/ 

“EL CHAPO” NO PERDIÓ BIENES O SOCIOS POR SU ARRESTO DE 2014

  
Ni le aseguró bienes ni detuvo a sus cómplices. En los 17 meses que lo tuvo detenido, el Ministerio Público de la Federación dictó cinco autos de formal prisión que tenía pendientes contra Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y sólo uno adicional contra alguien relacionado al presunto capo: Carlos Manuel Hoo Ramírez, “El Cóndor”, el hombre que lo acompañaba al momento de la reaprehensión en Mazatlán, el 22 de febrero de 2014.

Pero fuera de él, y desde marzo del año pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha consignado ante el Poder Judicial de la Federación a más personas directamente relacionadas con quien, dice la versión oficial, encabeza una de las organizaciones del narcotráfico más grandes y violentas no sólo de México, sino de todo el mundo.

De acuerdo con información de la Judicatura Federal, que publica la actividad de los juzgados, la última actuación derivada de las averiguaciones previas que pesan contra Guzmán Loera fue reportada el 7 de marzo de 2014, luego de que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó auto de formal prisión a Hoo Ramírez, y sólo por su probable responsabilidad en la portación y posesión de las armas de fuego y los cartuchos con los que lo encontraron.

A Guzmán Loera, por su parte, los Juzgados Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de Distrito en materia de procesos penales federales en el Estado de México le dictaron, en los días posteriores a la reaprehensión, cuatro autos de formal prisión por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y uno más por delitos contra la salud. Los cargos, indica la información de la Judicatura, fueron fincados en las averiguaciones previas iniciadas con los números 50/2009, 206/2010, 65/2011, 65/2011 y 364/2012.

Ninguna de las acusaciones, se observa en los reportes de la actividad judicial, es por otros delitos que podría desprenderse de las actividades atribuidas al Cártel de Sinaloa, como el lavado de dinero o los homicidios. En ninguno de los reportes, además, se observa que el Ministerio Público Federal haya obtenido sentencias condenatorias por sus acusaciones.
  
Guzmán Loera, conocido como “El Chapo” y presuntamente jefe del Cártel de Sinaloa, se escapó el pasado sábado 11 de julio del Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, prisión de máxima seguridad antes conocida como Almoloya. Había llegado ahí desde el sábado 22 de febrero de 2014, cuando fue reaprehendido por elementos de la Secretaría de la Marina que, con ayuda del Gobierno norteamericano, lo ubicaron en un edificio de suites en Mazatlán, Sinaloa. Trece años antes, en 2001, se había fugado ya de la cárcel también de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, para, en los años siguientes, convertirse en uno de los presuntos criminales más buscados del mundo.

La necesidad de que de la reaprehensión de “El Chapo” se convirtiera en el inicio de una investigación alrededor de la red que lo protegió durante dos sexenios, y sobre todo alrededor de sus recursos patrimoniales, fue planteada desde el año pasado por el investigador y académico Edgardo Buscaglia, uno de los principales expertos en materia de combate a la delincuencia organizada en el hemisferio.

“La captura de Guzmán es motivo no de celebración pero sí por lo menos de congratulación. Se atrapó a un capo, pero queremos que esa detención sea consecuente, impacte en los delitos económicos. En la medida en la que no lo haga, la detención será inútil para la sociedad. Será útil políticamente para la administración, pero no para la sociedad si no se abren esas líneas de investigación”, dijo Buscaglia a SinEmbargo en marzo de 2014.

“Si veo que lo mantienen acá sólo con una investigación en una carcelita y no se le desmantelan los activos patrimoniales que alimentan a los delitos de secuestros, extorsión, drogas y armas, voy a ser el primero en condenarlo”, agregó Buscaglia en la misma entrevista.

Otra instancia que sugirió una mayor investigación sobre la red empresarial probablemente vinculada con el cártel de Sinaloa fue el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que cinco días después del arresto en Mazatlán, emitió una alerta contra personas y negocios que, considera ese Gobierno, lavan en México dinero para la organización de “El Chapo”.

“Las autoridades mexicanas lograron una victoria mayúscula con la captura de ‘El Chapo’ Guzmán”, publicó un boletín del Departamento del Tesoro. “Basado en este éxito, la Oficina de Control de Activos Extranjeros continuará enfocándose en las finanzas y operaciones del cártel de Sinaloa y sus otros líderes, incluyendo [Juan José] Esparragoza Moreno”, agregó el texto, del 27 de febrero.

Ese día, el Tesoro publicó una lista con siete nombres de personas y de diez empresas presuntamente vinculadas con las actividades criminales del cártel de Sinaloa y con dos de sus jefes en particular, Guzmán Loera y Esparragoza Moreno, prófugo.

Entre las empresas enlistadas se encontraban seis instaladas en Colombia y otras cuatro en la zona Metropolitana de Guadalajara: Agrícola y Ganadera Cuemir y cooperativa Aveztruz Cuemir, en Tlajomulco de Zúñiga; y las casas de empeño Prenda Todo y Presta Fácil, ambas en la capital jalisciense.

Fuentes de la PGR confirmaron en diciembre a SinEmbargo que el Gobierno mexicano no había iniciado investigación alguna derivada de la alerta del Gobierno norteamericano y, en un recorrido por algunos de los negocios, este medio confirmó que, al menos las casas de cambio, continuaban operando. Una de ellas, solamente, cambió el nombre de “Prenda todo” por el de “Fortaleza”.

Consultado con respecto, Buscaglia consideró que la corrupción podía ser el único motivo por el que el Gobierno federal no hubiera ampliado su investigación.

“Sólo se puede concluir que el actual Gobierno federal mexicano forma parte activa y no sólo omisa de un pacto político de impunidad que va del ámbito federal al municipal”, dijo Buscaglia.

LA SUTIL Y SILENCIOSA OCUPACIÓN ILEGAL EN LA CONDESA (3 de 3)

Sutil y silenciosa, una operación para extorsionar a empresarios y familias ha afectado al sector inmobiliario de la colonia Condesa, en la Ciudad de México. Las empresas no desean hacer público un hecho así por temor a represalias, a que surjan nuevos actos o para que no se inhiba a futuros compradores.

Víctimas de este delito aseguraron a SinEmbargo que es como un cáncer que ha sabido moverse de forma permanente en un mundo lleno de impunidad, y muchas veces negligencia o complicidad, de las autoridades capitalinas.

Dos representantes de constructoras sospechan que se trata de una o varias bandas que se dedican a la ocupación ilegal de inmuebles y actúan con el mismo modus operandi: llegan, saquean, extorsionan y cuando obtienen el dinero se van, como si nada hubiese ocurrido.
  
La mañana del 15 de abril de este año un grupo de hombres tocaron a la puerta de un edificio deshabitado en remodelación que se encuentra en la calle Zamora de la colonia Condesa, en la Ciudad de México. Entraron a la fuerza y amenazaron a 20 albañiles para que salieran del inmueble, porque la “dueña” –dijeron a los trabajadores– los demandaría por invasión.
Los maestros de la obra no sabían lo que ocurría. A ellos los contrató la empresa que compró la construcción, hasta donde entendían, pero repentinamente había aparecido una nueva propietaria reclamando sus derechos de pertenencia a punta de violencia.

“¿Es un robo?”, se preguntaron algunos mientras a empujones, jaloneos y mentadas los acorralaron, con los ojos mirando al suelo, en un cuarto lleno de tablas y herramientas. Cualquier chasquido y de inmediato surgía un manotazo o insulto.

–Uno de ellos vino una semana antes a pedir trabajo. Se pasó días dando vueltas para ver si había y ya luego no supimos nada de él. Yo estaba en el tercer piso, y cuando llegaron lo vi, él me dijo que me bajara, y yo pensé que ya estaban trabajando, que eran personas nuevas. ¡Y cuál! –narró Sonia, trabajadora del edificio en remodelación.

–¿Los golpearon?

–Sí, bueno: empujones. Al que le fue peor fue al compañero que abrió la puerta, porque él sí se puso brusco. Tuvieron que llevarlo arrastrando entre cuatro –contestó Ramón, el encargado de obra.

–¿Qué armas traían? –se les preguntó.

–Sólo un muchacho, el primero que entró traía una más o menos así [Ramón forma una pistola con su mano]. No sé bien de qué calibre, pero traía una maleta llena de pistolas, yo creo que para los demás.

Los albañiles, incluyendo a la mujer, hubieran defendido su lugar de trabajo, querían hacerlo y responder a las agresiones, dijeron a SinEmbargo; incluso los rebasaban en número, pero la diferencia de dos a uno no significaba nada porque “nos estaban apuntando con una escuadra”, detallaron.

20 minutos después, aquel edificio donde ellos habían dedicado horas, semanas y meses de trabajo… había sido tomado por desconocidos.

Días y noches colocado las molduras en los los techos, cambiando ventanas o esculpiendo pisos, y de un momento a otro, todo eso había pasado a otras manos. Se había concretado un despojo.

OPERACIÓN DESPOJO

Se trata de una vieja forma de extorsión que ha tomado por sorpresa a habitantes y trabajadores de la Condesa.

Sutil y silenciosa ha afectado al sector inmobiliario y a decenas de familias. Las empresas no desean hacer público un hecho así por temor a represalias, a que surjan nuevos actos o para que no se inhiba a futuros compradores.

Víctimas de este delito aseguraron que es como un cáncer que ha sabido moverse de forma permanente en un mundo lleno de impunidad, y muchas veces negligencia o complicidad, de las autoridades capitalinas.

Dos representantes de constructoras sospechan que se trata de una o varias bandas que se dedican a la ocupación ilegal de inmuebles y actúan con el mismo modus operandi: llegan, saquean, extorsionan y cuando obtienen el dinero se van, como si nada hubiese ocurrido.

–¿Qué ganan ocupando un inmueble, si finalmente no tienen cómo comprobar que son dueños?

–El caso va a un juicio de cinco meses o un año, y mientras las empresas pierden dinero con la obra detenida o por la mala fama que daña a las ventas. A nosotros no nos pasó, pero en el sector hay casos donde los invasores piden dinero para irse, y los inversionistas ven menos pérdida dándoles lo que piden que esperando a que se resuelva la situación.

–¿Y qué hacen las autoridades?

–Es una forma de secuestro que opera ante la ineficacia de la autoridad. Ellos no pueden hacer nada. No estamos seguros de donde vienen, pero basados en nuestra experiencia puedo decir que la propia policía les facilita el trabajo porque no los sacan, a pesar que no son dueños. A nosotros, por ejemplo, nos dijeron que se trataba de un pleito entre particulares y debíamos arreglarlo. Cuando los detuvieron, a pesar de todas las pruebas que dimos, los dejaron libres.

–¿O sea que es complicidad?

–No sé si lo sea, pero no es nada nuevo. Algo similar se hacen en otras partes, amparados por partidos políticos: organizaciones civiles llevan a “paracaidistas” y ocupan grandes terrenos, y luego los reparten por votos. Es más o menos lo mismo, pero aquí es totalmente extorsión, secuestro e invasión.

El Maestro José Guadalupe Zuñiga Alegría, profesor e investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Azcapotzalco, explicó que el despojo es un delito grave que se entiende, por ejemplo, cuando una persona externa toma control de un inmueble.

Cuando alguien se apodera de un edificio, detalló, las autoridades se enfrentan a una situación muy delicada, incluso aunque hayan pasado pocos minutos después que los ocupantes se hayan apropiado, los policías no intervienen porque queda a interpretación si se trata de un acto concretado o de flagrancia.

“Los policías prefieren no pasar a la propiedad, para evitarse caer en violaciones”, comentó el profesor, quien es además miembro del Bufete Jurídico de la UAM.

Ese mismo 15 de de abril, seis horas después del incidente, y ante la negativa de las autoridades para apoyarlos, uno de los socios de la constructora y los albañiles se hicieron de valor, rompieron una puerta, ingresaron y sacaron por su propia mano a los ocupantes del edificio en remodelación ubicado en la calle de Zamora.

“Llegó la policía pero dijo que no podía ayudarnos. Los tipos presentaron una fotocopia que no decía nada, pero según ellos era el documento que comprobaba que había una ‘dueña’; no era ni la copia de la escritura, ellos no podían hacer una controversia por la propiedad, pero para los patrulleros eso era válido y no los sacaron”, contó el Ingeniero Julián, uno de los socios de la constructora.

A pesar que las autoridades detuvieron a tres personas, y que en la ampliación de la denuncia se reportó el robo de dinero, herramientas y celulares, los sospechosos salieron libres a los tres días tras pagar una fianza en el Ministerio Público.

El caso, a la fecha, sigue encarpetado. No hubo la correspondiente averiguación previa.

  
MÁS INTENTOS DE OCUPACIÓN

En la misma calle de Zamora ocurrió un hecho parecido, pero se trató de un edificio familiar. Ahí hubieron dos detenidos, también existieron testigos y demandantes y policías y evidencia… pero no hay personas tras las rejas, todos fueron liberados tras pagar una fianza al Ministerio Público.

Fue a mediados de marzo de este año: Martha, sus hijos, su hermana, sobrinos y al menos nueve familias más, fueron irrumpidos a la una de la mañana por al menos 10 hombres, quienes con un mazo rompieron la chapa del edificio y comenzaron a sacar a sus habitantes a punta violencia y amenazas.

“Es un desalojo”, gritaron con rabia los sujetos vestidos de civil, además que se identificaron como judiciales, contó Martha.

La señora que lleva viviendo 20 años en aquel edificio llamó a la policía, pero le dijeron que no había ni una sola patrulla disponible en el sector. “Mi hermana salió descalza y en la esquina, de puro milagro, pasó una y vino y detuvo a dos de los que querían sacarnos”.

–¿Estaban armados?

–Sí, traían armas blancas y mazos.

–¿Qué dijeron cuando forzaron la puerta?
–Que era un desalojo. Nada más decían así: “desalojo, desalojo…”.

–¿Se presentaron o llegaron con un abogado?

–Dijeron que eran judiciales y que teníamos 15 minutos para salir.

–Qué hizo la policía cuando llegó?

–Detuvo a dos. De hecho uno mi hermana lo agarró para que no se escapara.

–¿Cuántos eran?

–Como unos 10 y sólo agarraron a dos, los otros se echaron a correr.

–¿Y en le Ministerio Público qué argumentaron?

–No sé porque la declaración fue por separado. Pero aquí los mismos policías no pidieron que llegáramos a un acuerdo. Pero le dije al policía: qué acuerdo ni que nada, ellos se nos querían meter.

El investigador José Guadalupe Zuñiga Alegría, quien ha llevado juicios de desalojos familiares, informó que esta práctica, una vez que se concretó y los ocupantes tienen el control total del inmueble lo siguiente es que las autoridades realizan una investigación previa si el afectado levanta la denuncia, y luego el caso se va a juicio.

El abogado aseveró que una vez que el caso entra juicio el proceso puede extenderse meses o años debido a las garantías que se otorgan para ambas partes.

“El proceso, en sus diferentes etapas, permite que se le brinden todas las garantías a un persona que no tienen nada, ni un documento que certifique la propiedad”, refirió Zuñiga Alegría.

El 23 de mayo pasado surgió otro intento de ocupación en un terreno en proceso de construcción de la calle Cuernavaca de la Condesa. Durante la madrugada 40 hombres con armas blancas amenazaron al guardia de la obra y lograron ingresar.

Héctor, representante de la constructora dueña del predio, contó para las 6:30 de la mañana los invasores se habían ido, quedando uno solo, que huyo al ver la presencia de 50 albañiles, quienes se alistaban para iniciar su jornada de trabajo.

“Nosotros no le llamamos a la patrulla porque en lo que llega, y ven e investigan y luego que el juicio… pues en todo eso ya perdiste mucho tiempo. Nuestra prioridad no era esa, sino saber qué estaba ocurriendo”, dijo Héctor.

–¿Y ya no regresaron?

–No, de inmediato pusimos seguridad fuerte. Varios guardias, que representan un gasto importante.

LA VIEJA PRÁCTICA

De acuerdo con José Guadalupe Zuñiga Alegría en el despojo puede ser llevado a cabo por una persona o una familia, que son los casos comunes; sin embargo, también existen organizaciones civiles que se apropian de terrenos, como el caso de Movimiento Antorchista Nacional, generalmente conocido como Antorcha Campesina y también se encuentra el Frente Popular Francisco Villa.
En un reportaje realizado por Humberto Padget y publicado por este medio en abril de 2014, se describe la forma de operación de Antorcha Campesina, quienes por medio de acuerdos verbales la organización vende terrenos ocupados o donados a “participantes”, comunmente personas de bajos recursos que pagan poco a poco el predio y asisten a mítines, juntas, plantones, colectas o son requeridos en votaciones a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Otro grupo que ha realizado, y que incluso ha amenazado con quitar terrenos contra las empresas que hagan fracking, es el Frente Popular Francisco Villa, el cual opera en el oriente de la Ciudad de México.

Ambas organizaciones han actuado de forma política desde hace años, sobre todo en proceso electorales.

Julián, uno de los afectados, dijo que lo primero que pensaron fue que se trataba de algunos de estos grupos.

“Pensamos que eran de algún partido o paracaidistas, pero nos extrañó porque ellos se mueven de otra forma y en otra parte. Casi siempre despojan a los que ellos consideran “latifundistas” o “terratenientes”, pero aquí es distinto, fueron otro tipo de personas. Por lo que sabemos se trata de pandillas que podrían estar respaldadas por autoridades”, dijo el ingeniero.

Tras el intento de despojo en la calle Cuernava, Héctor aseguró que la empresa no quiso indagar más del tema. “Ahí la dejamos, no quisimos saber de dónde venían, pero no dudo que se trate de crimen organizado”, apuntó.

NO HAY EXTORSIÓN: PGJDF
  
Mientras que el sector de la construcción denuncia que son presas de la extorsión por parte de grupos de ocupas, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Fernando Ríos Garza, calificó como falsos los rumores de extorsión e intimidación en la colonia Condesa.

A principios de mes, el Procurador realizó rondines en restaurantes y comercios del corredor Roma-Condesa, luego que empresarios del ramo restaurantero informaron que criminales les pedían cuota por el derecho de piso. Días después, Hugo Luna, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados apoyó la versión de Ríos Garza, y dijo que efectivamente no había denuncias de extorsión.

No obstante, se implementó un operativo para resguardar la zona.

El Procurador capitalino destacó que durante su visita se constató que “la colonia Condesa, el corredor Condesa-Roma, es un lugar seguro; ustedes se han dado cuenta que los lugares tanto ayer como hoy se encuentran llenos, la gente confía en estos lugares”.

Pero las fuentes consultadas por SinEmbargo refirieron que el sector está siendo extorsionado de forma sutil por el crimen organizado.

“Los muchachos [albañiles] vieron a dos de los sujetos que se nos metieron en La Laguinilla, también en Tepito. Ellos han de ser de por allá o ahí operan también”, contó Julián.

Al preguntarle a los trabajadores, uno de ellos dijo que cuando fue a la ampliación de la declaración contra los ocupantes, donde ahora reportarían el robo de celulares, los policías dijeron que uno de los detenidos fue su compañero.

“Nosotros fuimos a la ampliación de la declaración y cuando los policías nos trajeron a la obra nos dijeron que uno de los que estaban detenidos era un policía dado de baja, y que trabajó con ellos, en la delegación Cuauhtémoc”, contó Oscar, un albañil que trabajaba en el edificio de remodelación ubicado en la Condesa.

SinEmbargo pudo constatar que tras el intento de despojo, la empresa elevó los niveles de seguridad, contratando a personal y capacitando a sus trabajadores de obra, sobre las acciones que se deben emprender en caso que un hecho similar vuelva a ocurrir.

Lo mismo ocurrió con el predio de la calle de Cuernavaca, donde seguridad privada resguarda la zona, comentó Héctor, quien también aseguró que estas medidas se están replicando en diversos proyectos para prevenir esta situación.

“Nosotros ya tenemos un plan de acción, incluso hemos trabajado con los vecinos, por si algo similar le pasa a alguno todos debemos actuar”, comentó Julián, del edificio en Zamora.

EXTORSIÓN EN LA CONDESA: LA RESPUESTA ES EL SILENCIO

Primero fue el asesinato de un empresario de la zona. Luego, la información de que las primeras indagatorias apuntaban a un posible cobro de extorsión como causa del homicidio. Más tarde, esa posibilidad tomó forma en el eco de varias otras voces que les dijeron a dos diarios de circulación nacional que aquello de la extorsión era real.

Y luego vinieron las negaciones de la autoridad, de las cámaras empresariales, de otros empresarios de la zona. El anonimato de las primeras voces, atribuido al temor de dar la cara por las posibles implicaciones que tendría, ayudó a sembrar la duda sobre la veracidad de sus dichos.

No hay denuncias, dijo Rodolfo Ríos Garza, quien tiene la encomienda de la procuración de justicia en la capital del país. Y así zanjó el tema. El problema es que la misma razón que explica el anonimato de las voces que acusan es la que explica el porqué no hay denuncias: hay temor y hay desconfianza. Y no sólo se teme de aquéllos a quienes se señala como presuntos extorsionadores, sino de las autoridades que los estarían protegiendo o, que cuando menos, han sido omisas.

Nadie está dispuesto, pues, a dar la cara, ni tampoco a abrir la boca así sea protegido por el anonimato. Y la atención que las noticias tras el asesinato del empresario Marco Cardona Utrilla, dueño del bar Life Love, no sirvieron sino para hundir más en el silencio esas voces. La respuesta del Procurador Ríos Garza de exhortar a la denuncia como método de actuación es insuficiente y fue más bien una resolución política, a decir de especialistas en seguridad pública.

Quizá también ha sido insuficiente la atención que se le ha puesto al tema, porque a fin de cuentas ¿qué implica hablar de la penetración de la delincuencia organizada en una de las zonas más céntricas, turísticas y económicamente más activas de la capital del país? Implica, en primer lugar, aceptar un hecho que hasta ahora las autoridades capitalinas han negado y también supone reconocer que la política de seguridad pública ha fallado en el corazón de la ciudad.

  
De la fastuosidad con que arrancó el operativo de seguridad “Condesa Seguro” hace una semana en la colonia Condesa no quedaron sino registros fotográficos. Ya el pasado viernes 10 de julio no se veía, como tampoco el fin de semana anterior, repleta de los 300 agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y los 120 policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSPDF) que fueron desplegados como una respuesta de las autoridades a las denuncias sobre supuestas extorsiones del crimen organizado a restauranteros del lugar o amenazas para que les permitan operar la venta de drogas dentro de los establecimientos.

Hace una semana, el despliegue de 420 elementos de seguridad y el recorrido del propio Procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, por negocios de la zona concluyó en apenas dos arrestos de personas que estaban ingiriendo bebidas en vía pública.

El sábado 4, la SSPDF informó que el despliegue de sus 120 elementos se mantendría “por el tiempo que sea necesario” para reducir la incidencia delictiva en delitos de alto impacto como robo a transeúnte, de vehículos, de negocios y a cuentahabientes.
Pero esta noche de viernes, tras una semana de insistencia de parte de la PGJDF de que los señalamientos sobre extorsiones eran rumores o que no tenían sustento porque no existían denuncias formales, la vigilancia en la colonia Condesa es escasa. O al menos si se le compara con el portentoso despliegue policial de una semana atrás.

Hay patrullas de la SSPDF haciendo rondines, como de por sí era habitual. Un agente de la Policía Auxiliar que resguarda un restaurante en ese perímetro, contó una noche antes a SinEmbargo que sí era más notoria la presencia de policías desde hacía una semana. De seis patrullas que normalmente hacen los rondines en esa área, estos días había visto al menos a ocho más, ejemplificó.

El mismo agente, quien lleva cinco años trabajando en la zona, dijo que la Condesa sigue siendo una colonia segura pero es innegable que hay venta y consumo de drogas. Si lo sabe no es porque conozca dónde se vende y dónde se consume, sino porque desde su lugar como vigilante ha visto pasar a jóvenes drogados.

“Ni modo que vengan así de otro lado”, reflexiona.

También lo supone porque le ha tocado que jóvenes se acerquen a preguntarle si él vende perico. Reacciona ofendido, dice, pero no puede hacer más. Cuando les hace ver que él es una autoridad, los jóvenes dirimen el escollo diciéndole que estaban bromeando. Y la noche continúa para ellos en otro lado y para el policía desde su humilde puesto de vigía.
Categórico, responde que eso mismo -lo de la venta y consumo de drogas- pasa en todos lados de la ciudad, sólo que en la Condesa se hace de forma más discreta por la simple razón de que hay más ojos viendo.

Minutos más tarde, por esa misma avenida en donde el policía trabaja y donde se concentra una gran cantidad de bares y restaurantes, cinco relucientes patrullas de la SSPDF avanzan en caravana hasta la calle de Benjamín Hill y doblan a la izquierda. Si hubieran seguido de largo habrían llegado a donde se encuentran las llamadas chelerías, negocios que han sido rechazados por los vecinos de la zona porque generan ruido hasta la madrugada, propician la saturación de las calles aledañas con vehículos y producen una percepción de inseguridad.

Se trata, además, de la misma avenida donde hace dos años, el 24 de mayo de 2013, fue asesinado Horacio Vite Ángel, afuera del bar Black, ubicado en la planta baja de la Torre A del edificio Tamaulipas 150. Las autoridades le encontraron seis grapas de cocaína y una pastilla aparentemente psicotrópica.

Mayela Delgadillo, del Comité Ciudadano Roma Norte III, sitúa ese hecho como el que destapó una realidad que ya era un secreto a voces: que en la zona se vendía y consumía droga y que el crimen organizado lo operaba.
  
DROGAS Y EXTORSIÓN EN LA CONDESA, NINGUNA NOVEDAD

Hablar de la presencia de la delincuencia organizada, de las extorsiones a negocios y de la venta de droga en establecimientos de la zona dentro del polígono Condesa-Roma no es cosa nueva.

Tras el asesinato de Vite Ángel, distintas publicaciones periodísticas comenzaron a dar cuenta de su ocurrencia en ese perímetro, integrado por las colonias Condesa, Hipódromo, Hipódromo Condesa, Roma Norte y Roma Sur. El asesinato del presunto narcomenudista desató un cobro de cuentas que llevó a la desaparición y asesinato de 13 jóvenes en el bar After Heavens, en la aledaña colonia Juárez.

En julio de 2013, el diario El Universal publicó cómo operaba la práctica de la extorsión a establecimientos en la Condesa, pues no es que se exigiera un pago a cambio de no molestar al dueño del lugar, sino que se le demandaba permitir que los narcomenudistas operaran dentro de los negocios.

A partir de testimonios anónimos de empresarios, el medio detallaba que las células de narcomenudistas que operaban dentro de los negocios podían, a su vez, tejer una red que incluyera a meseros, personal de seguridad, los valet parking y a vendedores ambulantes. Se dedicaban sobre todo a la venta de mariguana, cocaína y tachas.

El mecanismo de extorsión era usado por al menos dos bandas que operaban en la zona desde 2011. Previamente, la venta de droga había estado en manos de personal de los valet parking, meseros, vendedores ambulantes, taxistas, fraileros y personas que se apostaban en esquinas estratégicas.

Los empresarios entrevistados agregaban un dato relevante: antes el control del mercado de drogas pertenecía exclusivamente a un grupo criminal llamado La Unión, que operaba en Tepito.
Se trataba de hombres armados que llegaban a los bares o discotecas, a bordo de vehículos viejos y armados. Amedrentaban a los dueños para que dejaran entrar a un grupo de personas a vender drogas. Pero luego llegó otro grupo con la misma idea de operar el mercadeo de drogas dentro de los establecimientos.

El medio agregaba que la situación era conocida por el Gobierno del Distrito Federal al menos desde 2011, cuando un grupo de empresarios advirtió a las autoridades que eran amenazados por grupos delictivos para permitirles la venta de droga dentro de sus negocios.

La respuesta del entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, fue similar a la del Procurador Ríos Garza a cuatro años de distancia: que denuncien. Los empresarios, temerosos de sufrir represalias, optaron por el silencio.

Ese mismo año, el entonces presidente de la Confederación Patronal de México (Coparmex) había alertado de algunos casos de extorsión en la Condesa por parte de narcomenudistas, aunque lo matizó diciendo que no se trataba de una situación generalizada,

En 2013 también los representantes vecinales del polígono Condesa-Roma denunciaron que el narcomenudeo existía en la zona y se focalizaba en las inmediaciones del Parque México y las avenidas Tamaulipas y Michoacán, donde se concentra la zona de bares y restaurantes.

Tras la muerte de Cardona Utrilla, El Universal publicó que empresarios de la zona Roma-Condesa denunciaron que pagaban “derecho de piso” al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además de los señalamientos sobre la presencia de narcomenudistas, en la zona también se han dado detenciones de personas ligadas al narcotráfico.

A principios del año pasado, la Procuraduría General de la República detuvo a dos personas que presuntamente eran los enlaces de organizaciones criminales para el tráfico y distribución de drogas en Michoacán.

Luego, en abril fue detenido Arnoldo Villa Sánchez, presuntamente el segundo hombre en importancia del cártel de los Beltrán Leyva.
En octubre del año pasado, fue detenido Mario Alberto Romero Rodríguez, supuesto líder de Los Caballeros Templarios.
  
PREOCUPANTE, NEGACIÓN DEL GDF

Tras la publicación de los diarios El Universal y Reforma de supuestos casos de extorsión a empresarios del polígono Roma-Condesa, las autoridades capitalinas se apresuraron a negar que dicha situación existiera. Como argumento, el Procurador Ríos Garza dijo que no existían denuncias al respecto.

Luego, tanto él como el titular de la SSPDF, Hiram Almeida, llamaron a quienes hubieran sido víctimas de extorsión a denunciarlo ante las autoridades.

Alejandro Espriú Guerra, coordinador de la Dirección de Investigación Aplicada en Policía, Seguridad y Justicia Penal del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), subraya que lo más relevante no es que nuevamente salgan a la luz este tipo de denuncias, sino que persista la reticencia de las autoridades a reconocerlo.
“El no reconocer la situación lo que hace es evitar que haya una posibilidad de acción frontal frente a estas situaciones. Su ya se han dado de manera recurrente es porque algo hay ahí […]. No es algo aislado, es algo recurrente”, dice en entrevista con SinEmbargo.

A eso suma una preocupación, pues al negarlo las autoridades envían una señal equivocada, considera.
“Ellos han equiparado el hecho de que no haya denuncias con que no exista la situación, y me parece un error muy grave porque si hay algo que demuestra esto no es que no exista el problema, lo que no existe es una confianza en el gobierno del Distrito Federal y en las autoridades judiciales para resolverlo.
“Entonces cuando ellos deciden seguir negándolo lo único que hacen es seguir mandando la señal equivocada de que no importa que haya denuncias, no importa que haya o no una situación, ellos están prefiriendo no hacer caso”, expone el experto en el análisis del sector seguridad en México y Latinoamérica.
Respecto a la salida de las autoridades capitalinas de zanjar el asunto diciendo que no existen denuncias, el académico de la Universidad Iberoamericana Pablo Monzalvo, especialista en seguridad pública, señala que se trata de una “respuesta política” y critica que las autoridades policiales y de procuración de justicia no actúen pese a que esa es precisamente su encomienda.

“Los procesos de seguridad no requieren denuncia, deben ser públicos porque por eso está el Estado, para brindar la libertad y la seguridad […]. La seguridad hay que darla y punto. Cuando hay un elemento que se está demostrando que hay inseguridad pues hay que actuar”, apunta.

Espriú Guerra también considera que el argumento de las autoridades no es valido porque ante indicios de hechos que estarían poniendo en riesgo la integridad y el patrimonio de las personas deberían actuar.

CÓMO EL CORREDOR CONDESA-ROMA SE VOLVIÓ UNA ZONA INSEGURA

En menos de un minuto, un automovilista a bordo de un vehículo blanco es asaltado en la calle Zamora, en la colonia Condesa. Una cámara de seguridad de un edificio cercano capta la escena: el automóvil se detiene en doble fila y segundos después un vehículo color gris se estaciona detrás suyo, como para cubrir a un sujeto que se acerca a pie.

El sujeto, playera a rayas, camina hasta la ventanilla del conductor. El auto gris arranca y se va. El robo transcurre en un par de segundos. En perfecta sincronía, el asaltante comienza a caminar hacia la calle, ya con el botín, cuando una motoneta aparece.

El sujeto con playera a rayas se monta detrás del conductor de la motoneta. La motoneta se va. Todo ocurre en menos de un minuto y a plena luz del día.

El conductor del auto blanco acaba de ser despojado de dinero en efectivo, que había retirado de un cajero en Ciudad Satélite, Estado de México. Posiblemente los asaltantes lo seguían desde ahí.

Cerca de donde ocurrió ese asalto, un vendedor de una tienda de bicicletas cuenta que atestiguó cómo a un motociclista que circulaba por la avenida Juan Escutia, un grupo de asaltantes le quitaron su vehículo, como a las 8 de la noche.

Por la zona, refieren vecinos, un negocio fue recientemente robado.

No muy lejos de ahí, en la vecina colonia Hipódromo Condesa, J. fue asaltado dos veces el mismo día el 22 de enero pasado.

El primer asalto ocurrió después de que salió de una sucursal bancaria a la que había ido a cambiar un cheque. Eran las 11 de la mañana, y a cuadra y media del banco, en la avenida Ámsterdam, dos sujetos armados se acercaron y le pidieron el dinero, entre 8 mil 500 y 9 mil pesos. Él supone que lo habían vigilado desde el banco porque sabían dónde había guardado el dinero y ni siquiera se molestaron en pedirle la cartera. También le robaron el teléfono celular y su anillo de casado.
Tras el robo, J. continuó su camino por la avenida Ámsterdam rumbo a la calle de Michoacán. Había dado apenas unos veinte pasos cuando decidió voltear para intentar ver por dónde se habían ido los delincuentes y tratar de localizar a algún policía, cuando otros dos sujetos, también armados con pistola, lo increparon para asaltarlo.

Él les explicó que recién lo habían asaltado. Los sujetos lo revisaron, le encontraron la cartera que los otros delincuentes no le habían quitado. No se la llevaron, pero como uno de ellos la tocó, dejó sus huellas. De poco le serviría esa prueba a J. más tarde, cuando presentó una denuncia en el Ministerio Público.

A Adriana Bernal, el pasado 5 de mayo le robaron los espejos de su camioneta afuera de su casa, ubicada en la calle Francisco Márquez, a plena luz del día.

Habitante de la Condesa durante 34 de los 39 años que tiene, refiere otros casos de cercanos de delitos, como que a su vecina le quitaron los tapones de su automóvil o que a su madre la asaltaron en el cajero automático de la sucursal de Bancomer que está en avenida Ámsterdam y Campeche.

¿Cómo es que una de las zonas más importantes económicamente y de atractivo turístico de la delegación Cuauhtémoc -en el corazón de la ciudad- se convirtió en un espacio donde cada vez es más común conocer de asaltos, robos de vehículos o a casas, extorsiones a negocios y hasta la presunta operación de bandas del crimen organizado en la venta de drogas?

Si tuviera que situarse un momento en que ese cambio se empezó a dar, Bernal lo ubica hace una década, cuando el polígono que forman las colonias Condesa, Hipódromo e Hipódromo-Condesa empezó a ponerse de moda y llenarse de negocios, sobre todo restaurantes y bares. Actualmente, esa zona de referencia abarca también a las colonias Roma Norte y Roma Sur, en lo que conforman el polígono Roma-Condesa.

Uno de los primeros delitos que comenzaron a ocurrir, recuerda la vecina de esa zona, fue el robo a automovilistas. Los ladrones aprovechaban el tiempo que los automovilistas tenían que esperar para estacionarse para atracarlos.

Había una banda de asaltantes a la que llamaban “Los Yuppies”, porque sus integrantes se vestían formales y se arreglaban, de modo que nadie sospechara de ellos por su aspecto distinto al de la gente que suele concurrir la zona, de clase media alta.

La anécdota es ilustrativa, porque de alguna manera refleja lo que los propios vecinos consideran una razón de por qué la delincuencia permeó el polígono Roma-Condesa: al convertirse en una zona de atractivo turístico, comercial y de vivienda para gente de clase media alta, eventualmente también se hizo atractiva para los delincuentes que vieron en ese tipo de gente un buen botín.
“Un ratero sabe que si tienes 30 mil pesos para pagar la renta de una casa […] tienes lana”, razona Bernal. “En la Condesa tú puedes saber el poder adquisitivo [de las personas] por el perro que traen”, desliza la vecina en otro momento de la entrevista.

  
En menos de un minuto, un automovilista a bordo de un vehículo blanco es asaltado en la calle Zamora, en la colonia Condesa. Una cámara de seguridad de un edificio cercano capta la escena: el automóvil se detiene en doble fila y segundos después un vehículo color gris se estaciona detrás suyo, como para cubrir a un sujeto que se acerca a pie.

El sujeto, playera a rayas, camina hasta la ventanilla del conductor. El auto gris arranca y se va. El robo transcurre en un par de segundos. En perfecta sincronía, el asaltante comienza a caminar hacia la calle, ya con el botín, cuando una motoneta aparece.
El sujeto con playera a rayas se monta detrás del conductor de la motoneta. La motoneta se va. Todo ocurre en menos de un minuto y a plena luz del día.

El conductor del auto blanco acaba de ser despojado de dinero en efectivo, que había retirado de un cajero en Ciudad Satélite, Estado de México. Posiblemente los asaltantes lo seguían desde ahí.

Cerca de donde ocurrió ese asalto, un vendedor de una tienda de bicicletas cuenta que atestiguó cómo a un motociclista que circulaba por la avenida Juan Escutia, un grupo de asaltantes le quitaron su vehículo, como a las 8 de la noche.

Por la zona, refieren vecinos, un negocio fue recientemente robado.

No muy lejos de ahí, en la vecina colonia Hipódromo Condesa, J. fue asaltado dos veces el mismo día el 22 de enero pasado.

El primer asalto ocurrió después de que salió de una sucursal bancaria a la que había ido a cambiar un cheque. Eran las 11 de la mañana, y a cuadra y media del banco, en la avenida Ámsterdam, dos sujetos armados se acercaron y le pidieron el dinero, entre 8 mil 500 y 9 mil pesos. Él supone que lo habían vigilado desde el banco porque sabían dónde había guardado el dinero y ni siquiera se molestaron en pedirle la cartera. También le robaron el teléfono celular y su anillo de casado.
Tras el robo, J. continuó su camino por la avenida Ámsterdam rumbo a la calle de Michoacán. Había dado apenas unos veinte pasos cuando decidió voltear para intentar ver por dónde se habían ido los delincuentes y tratar de localizar a algún policía, cuando otros dos sujetos, también armados con pistola, lo increparon para asaltarlo.

Él les explicó que recién lo habían asaltado. Los sujetos lo revisaron, le encontraron la cartera que los otros delincuentes no le habían quitado. No se la llevaron, pero como uno de ellos la tocó, dejó sus huellas. De poco le serviría esa prueba a J. más tarde, cuando presentó una denuncia en el Ministerio Público.

A Adriana Bernal, el pasado 5 de mayo le robaron los espejos de su camioneta afuera de su casa, ubicada en la calle Francisco Márquez, a plena luz del día.

Habitante de la Condesa durante 34 de los 39 años que tiene, refiere otros casos de cercanos de delitos, como que a su vecina le quitaron los tapones de su automóvil o que a su madre la asaltaron en el cajero automático de la sucursal de Bancomer que está en avenida Ámsterdam y Campeche.

¿Cómo es que una de las zonas más importantes económicamente y de atractivo turístico de la delegación Cuauhtémoc -en el corazón de la ciudad- se convirtió en un espacio donde cada vez es más común conocer de asaltos, robos de vehículos o a casas, extorsiones a negocios y hasta la presunta operación de bandas del crimen organizado en la venta de drogas?

Si tuviera que situarse un momento en que ese cambio se empezó a dar, Bernal lo ubica hace una década, cuando el polígono que forman las colonias Condesa, Hipódromo e Hipódromo-Condesa empezó a ponerse de moda y llenarse de negocios, sobre todo restaurantes y bares. Actualmente, esa zona de referencia abarca también a las colonias Roma Norte y Roma Sur, en lo que conforman el polígono Roma-Condesa.
Uno de los primeros delitos que comenzaron a ocurrir, recuerda la vecina de esa zona, fue el robo a automovilistas. Los ladrones aprovechaban el tiempo que los automovilistas tenían que esperar para estacionarse para atracarlos.

Había una banda de asaltantes a la que llamaban “Los Yuppies”, porque sus integrantes se vestían formales y se arreglaban, de modo que nadie sospechara de ellos por su aspecto distinto al de la gente que suele concurrir la zona, de clase media alta.
La anécdota es ilustrativa, porque de alguna manera refleja lo que los propios vecinos consideran una razón de por qué la delincuencia permeó el polígono Roma-Condesa: al convertirse en una zona de atractivo turístico, comercial y de vivienda para gente de clase media alta, eventualmente también se hizo atractiva para los delincuentes que vieron en ese tipo de gente un buen botín.

“Un ratero sabe que si tienes 30 mil pesos para pagar la renta de una casa […] tienes lana”, razona Bernal. “En la Condesa tú puedes saber el poder adquisitivo [de las personas] por el perro que traen”, desliza la vecina en otro momento de la entrevista.
De alguna manera, todo se ha vuelto atractivo para robar en esa zona, pues así como ocurren asaltos a transeúntes, robos de casas o de vehículos, son comunes los robos de bicicletas o de animales de compañía.
  
ALTA INCIDENCIA DELICTIVA

Tal explicación puede ser cierta, pero es subjetiva, apunta Alejandro Espriú Guerra, especialista en seguridad del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde). En su valoración hay también un aspecto objetivo que tiene que sopesarse.
Esa parte objetiva es la de las cifras. De acuerdo con el informe Incidencia de los delitos de alto impacto en México 2014, del Observatorio Nacional Ciudadano, el Distrito Federal se ubica entre las entidades con mayores tasas de incidencia para los delitos de extorsión, robo con violencia y robo de vehículo.

Asimismo, datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) dan cuenta de que Cuauhtémoc es la delegación con la mayor tasa delictiva de delitos de alto impacto en el Distrito Federal, con una tasa de 113.6.

Para mayor precisión, en el desglose por Coordinaciones Territoriales de dicha delegación (a la que pertenece el polígono Roma-Condesa) se aprecia que la Coordinación Territorial 7, con sede en la colonia Roma y la más próxima a la zona, se muestra que en 2014 se registraron 658 delitos de alto impacto, siendo la segunda Coordinación Territorial con más delitos registrados, después de la número 8, con sede en la colonia Obrera. En delitos de bajo impacto, también obtuvo el segundo lugar, con 3 mil 654 casos.
En los primeros cuatro meses de este año, los delitos de alto impacto en esa Coordinación Territorial sumaron 148, conservando el segundo lugar en incidencia en ese tipo de delitos, y 821 en delitos de bajo impacto, quedando en tercer lugar.

Lo cierto es que lo que ocurre en esa parte de la ciudad no es ajeno a lo que pasa en el resto de la capital, que para el mes de mayo registraba 14 mil 250 delitos cometidos, siendo así la entidad con la segunda mayor incidencia delictiva del país, sólo por debajo del Estado de México.

Por ello es que Pablo Manzo, especialista en seguridad pública y profesor de la Universidad Iberoamericana, sitúa lo que ocurre en el polígono Roma-Condesa como parte de una situación generalizada de inseguridad en la ciudad, resultado de una descomposición social e incapacidad de los cuerpos policiales.

“En el fondo lo que hay es una corrupción general y obviamente una incapacidad de los órganos de seguridad que tienen a su cargo la garantía de la seguridad”, sentencia.

¿Qué tanto peso tiene el que se trate de esa zona en particular?, se le inquiere al académico. Él responde que ninguna y, más bien, denota una obviedad que bien puede explicarse con aquella conocida frase “Según el sapo, es la pedrada”.

Espriú Guerra apoya esa lógica y añade que si el fenómeno delincuencial se ha hecho más notorio en esa parte de la ciudad es por la incidencia de los actores afectados. En el caso reciente de las denuncias de dueños sobre supuestas extorsiones, ejemplifica, los afectados pertenecían al sector empresarial. Ahí también cabría, pues, la alegoría del sapo y la pedrada.

  
LA ILEGALIDAD COMO NORMA

Desde que en 2012 comenzó la polémica respecto a la puesta en marcha de parquímetros en las cinco colonias que comprenden el polígono Roma-Condesa, Mayela Delgadillo se convirtió en una especie de activista en su vecindario, la colonia Roma Sur. De la defensa del espacio público pasó a involucrarse también en otro de los grandes fenómenos que está experimentando esa parte de la ciudad: el desarrollo urbano desordenado y sin control.
Por eso es que cuando Delgadillo, quien actualmente forma parte del Comité Ciudadano Roma Norte III, habla sobre cómo la delincuencia logró instalarse en la Roma-Condesa, inevitablemente lo asocia con esa otra problemática, que se manifiesta lo mismo con la constricción de oficinas o departamentos de forma irregular, la operación de bares y restaurantes sin permisos o en zonas prohibidas, la persistencia de los llamados franeleros, o el crecimiento del comercio ambulante. El trasfondo, pues, es la permisividad de lo ilegal.

Una estampa apropiada de ese argumento bien podría encontrarse en la avenida Insurgentes, a la altura de las calles San Luis Potosí y Sonora. En ese fragmento de ciudad, que es también una porción del polígono Roma-Condesa, es posible contabilizar ya desde antes de las 10 de la mañana unos 16 puestos ambulantes, la mayoría de ellos de comida, sobre las banquetas aledañas al cruce de Insurgente y San Luis Potosí. Unos nueve de esos negocios informales permanecen abiertos a toda hora, y aunque varios de ellos se han mantenido ahí desde hace muchos años, otros se han ido sumando recientemente.

Una vendedora de tortas y otra de dulces y cigarros dicen que para estar ahí tienen que contar con un permiso que expide la propia delegación Cuauhtémoc. Ambas dicen no saber nada más sobre cómo se tramitan, cuánto cuestan o qué tipo de permisos son.

Basta voltear la mirada hacia el emblemático letrero del bar Sixtie’s, en la esquina de Insurgentes, para ver un anuncio espectacular con un aviso de suspensión del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. Unos metros más adelante, en dirección norte, otro letrero espectacular también está suspendido. Del lado opuesto de la avenida, sobre el Condominio Insurgentes, dos espectaculares más se suman al panorama de fondos blancos y enormes letras con la leyenda “Aviso de suspensión”. Son tan vistosos que uno no puede evitar preguntarse cuánto tiempo habrán estado operando antes de que las autoridades se dieran cuenta de que lo hacían de forma irregular.

La duda es mayor en el caso de la estructura colocada sobre el Condominio Insurgentes, ese emblemático edificio de los años cincuenta del siglo pasado, que fue clausurado por el alto riesgo estructural que implicaba.

En 2012, se desalojó a una parte de sus inquilinos, quienes vivían en los pisos inferiores, pero otros continúan ocupando el edificio, usado en otro tiempo como oficinas.

En la planta baja del condominio, hoy es posible ver operando establecimientos que habían sido clausurados en 2012. Funcionarios de la delegación Cuauhtémoc dijeron entonces que en la planta baja se vendían drogas y los pasillos interiores del edificio servían como piqueras en las noches.

La permisividad que han tenido las autoridades delegacionales para que florezcan las irregularidades también es parte de la maraña que explica la delincuencia en la zona, considera Delgadillo.

Quizá el ejemplo más claro de ello sea lo que pasa con los dueños de bares y restaurantes. Delgadillo dice que una gran parte de ellos operan de forma irregular, sin los permisos correspondientes (a veces negados porque el uso de suelo no permite construir ese tipo de negocios). Su funcionamiento se explica por pagos de “mordidas” a las autoridades delegacionales para que les permitan operar así o los verificadores no los clausuren durante sus inspecciones.

Pero ante un problema como el supuesto cobro de “derecho de piso” que algunos empresarios de la zona denunciaron, aquellos que operan de forma irregular son más vulnerables, porque ante el temor de que se detecte su operación irregular, son los más proclives a guardar silencio, de acuerdo con Delgadillo.

  
UN VISTAZO A LA INSEGURIDAD

Alejandra Mazcote vive en la colonia Roma Sur. En diciembre del año pasado, robaron la casa del vecino que vive en el piso de arriba. Apenas en junio, ella corrió con la misma suerte.
El robo, cuenta, ocurrió en la mañana y justo en el horario en que ella suele salir, por lo que sospecha que el ladrón la había estado vigilando.

Llevaba apenas 10 meses viviendo en la colonia, cuando se quedó sin computadora y cosas de su departamento. Nunca antes, viviendo en otras partes de la ciudad, le había pasado algo así, dice. Irónicamente, se mudó a la colonia Roma Sur, por seguridad.

A partir de entonces su idea de que estaba en una zona segura cambió por completo. Y es que no fue sólo el robo del que fue víctima y el que conocía de su vecino. El día que ocurrió todo, un policía al que reportó el robo le comentó que era la cuarta vez que pasaba algo así en la zona. Después ella se percató de que también a los autos estacionados en la calle les robaba los espejos retrovisores o las llantas.

En la zona en la que vive, dice, el paso de patrullas es constante. El policía que le habló de otros casos sólo le recomendó que pusiera una chapa más segura en su puerta.

Un vendedor de dulces en la calle de Vicente Suárez, en la Hipódromo Condesa, afirma que la zona sigue siendo segura, pero momentos después empieza a contar los robos de los que se ha enterado desde la minúscula esquina en la que trabaja: a un auto le quitaron los cuatro neumáticos, a una vecina de un edificio a sus espaldas le allanaron la casa, a una chica la asaltaron unos metros más adelante de donde él se encuentra…

A Jorge Vázquez, de 38 años y vecino de Tacubaya, hace 3 años lo asaltaron en la Condesa. Estaba en casa de unos amigos en Mazatlán y Veracruz y como a las 2 de la madrugada salió acompañado de una amiga. Ambos caminaban sobre Mazatlán, él llevaba su bicicleta, y atravesando la calle Juan Escutia, un sujeto les salió al paso de entre los arbustos, pistola en la mano. Cortó cartucho, pero mantuvo la pistola apuntando al suelo, recuerda Jorge.

A groserías, les exigió que le dieran sus cosas. Su amiga traía su computadora portátil. Él traía libros y 50 pesos en la cartera. Todo lo perdieron, menos la bicicleta.

El asaltante les dijo que caminaran sin voltear atrás, por lo que Jorge y su amiga sólo alcanzaron a escuchar que el sujeto se metió de nuevo entre los arbustos y luego un automóvil lo recogió.

A unas tres cuadras de donde los habían asaltado, apareció una patrulla, cuenta Jorge. El policía apuntó sus datos y teléfonos y les dijo que si sabía algo les avisarían. Y ya nada pasó.

Desde entonces, Jorge dejó de usar la bicicleta para ir a la Condesa, pues sintió que la zona no era tan segura. Ahora pide siempre taxi.

Bernal, la vecina con más de 30 años viviendo en la Condesa, dice que la avenida Mazatlán se ha vuelto una zona de frecuentes asaltos, sobre todo de noche.
Además, asegura que en el tema de las extorsiones, los dueños de los bares y restaurantes no serían los únicos afectados, sino también los pequeños comercios. Se trata de un secreto a voces, afirma.

Por eso es que para ella, el operativo de seguridad recientemente implementado en la zona no es sino “llamarada de petate”.
“Nos jodieron a los vecinos todo el fin de semana entre policías, pero no hay un solo antro clausurado. Suena hasta ilógico”, expresa.

  
LA (IN)UTILIDAD DE LA DENUNCIA

Tras hacerse públicas denuncias sobre supuestas extorsiones a negocios de la zona, el Procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, zanjó el escándalo diciendo que no existían denuncias al respecto, equiparando las denuncias con la comisión de los delitos.

El funcionario pasó por alto que de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), para 2013 en el Distrito Federal se denunció el 10.1 por ciento de los delitos. Eso significa que prácticamente nueve de cada 10 delitos cometidos en la ciudad no se denunció.

La misma encuesta refiere que el 69.2 por ciento de la población capitalina considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja a la entidad, por encima del desempleo, la corrupción o la pobreza. Pero, en contraste, los Ministerios Públicos y procuraduría local fueron de las autoridades con menos nivel de confianza entre la población. En la policía sólo confiaba la tercera parte de los capitalinos y en el personal de procuración de justicia apenas el 23.3 por ciento.

Las experiencias de los entrevistados ayudan a dar una idea del porqué de estas cifras.

Una compañera de departamento de Alejandra es abogada y ella se encargó de presentar la denuncia por el robo a su vivienda. Hasta ahora no han sido siquiera llamadas a declarar.

Jorge y su amiga optaron por no denunciar el robo. Él lo decidió así porque, por un lado, no había resultado tan afectado, pero también porque prefirió evitarse el engorroso procedimiento.

“Un poco fue por lo que ya sabemos: si vas a denunciar te van a tener cinco horas esperando al Ministerio Público, y nos quisimos ahorrar esa parte que se vuelve tan complicada a la hora de levantar una denuncia”, dice.

Quien sí denunció el asalto de sufrió fue J., pero de poco le sirvió. Cuenta que en algún momento le hablaron para que reconociera a dos de los cuatro asaltantes; él los identificó, pero nunca más lo volvieron a buscar para ratificar la identificación de los sujetos ya en prisión.

Sobre la identidad de los otros dos delincuentes, en sus declaraciones ministeriales él señaló que uno se encontraba en el banco al que había acudido a cobrar el cheque, y sugirió revisar las cámaras de seguridad de la sucursal bancaria, así como del sistema de videovigilancia que opera en la ciudad. No le hicieron caso, como tampoco escucharon su sugerencia de buscar huellas dactilares del asaltante en la cartera que uno de ellos tocó pero no se llevó.

Desde el día del doble asalto, J. guardó la cartera, con la esperanza de que en algún momento se la requirieran para buscar en ella huellas dactilares e intentar dar con el delincuente.

La burla de El Chapo, el gran fracaso de Peña

La fuga de Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera, es el más reciente de los fracasos de Enrique Peña Nieto, el Presidente de México.
Le anteceden en la lista de desaciertos de Peña sus “reformas estructurales” que ni han prendido, ni han contribuido a una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos todos. El fracaso en el combate a la corrupción que tiene su monumento en la nula investigación sobre la adquisición de casas a filiales de Grupo Higa –contratista del Estado Mexicano- por parte de su esposa, la señora Angélica Rivera, su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray y hasta renta de residencias por un tercero pero para uso de Peña en los tiempos de la transición presidencial.

El fracaso en el combate a la inseguridad y el narcotráfico que han detonado casos de horror y muerte como el del 26 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa, Guerrero, y el 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, cuyas investigaciones ministeriales en la Procuraduría General de la República, han sido un fracaso al no aportar evidencia científica, de indagación y definitiva, para señalar culpables directos y no alternos o chivos expiatorios.

El fracaso en la Procuraduría General de la República que ha llevado al Presidente Peña a nombrar en dos ocasiones titular de una institución que en ningún momento ha atravesado por una depuración o transformación de fondo más allá de cambios de siglas –de SIEDO a SEIDO, de PGR a FGR-. El primero titular Jesús Murillo Karam, salió de la institución tras el fracaso en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y la segunda, Arely Gómez, por alguna extraña razón ha sido mantenida en el cargo a pesar de no haber dado resultados en los meses al frente de la PGR, por el contrario, los acontecimientos de sangre y terror en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, la han sacudido sin que la senadora con licencia sea capaz de enfrentarlos y combatirlos. La liberación de detenidos señalados de narcotráfico y crimen organizado como “El Menchito” y ahora la fuga de “El Chapo” Guzmán, pone una vez más en evidencia la falta de capacidad en materia de procuración de justicia de la señora Arely Gómez.

Obviando por esta ocasión el fracaso en materia económica ante la voracidad de la Hacienda Mexicana, o el fracaso en el combate a la pobreza y el hambre en el País, ante el desaseo que guardan los populistas programas de la Secretaría de Desarrollo Social de Rosario Robles Berlanga, en términos de seguridad Peña no da una.

No sólo su diatriba de un México en paz se entierra cada vez más por las acciones criminales, sino que la certeza jurídica que debe otorgar a los mexicanos sobre quienes atentan contra la seguridad de la sociedad, está enclavada más profundo que un túnel del “Chapo”.

Peña no está solo. Sus fracasos son compartidos por quienes desde la soberbia del poder se niegan a renunciar a un cargo que están lejos de llenar plenamente para satisfacer las necesidades de solución a los problemas de los mexicanos. En el fracaso le acompañan aferrados a la ubre gubernamental y las miles del poder político y económico –entre otros-, Miguel Ángel Osorio Chong, quien se aferra a no renunciar con el pretexto que en época de crisis no se renuncia, pero él sí renuncia a funcionarios menores por un problema mayor, que, de acuerdo a las declaraciones de Peña a León Krauze el año pasado, Osorio era el responsable del cautiverio de Joaquín Guzmán, pues refiere el Presidente que “todos los días al titular de Gobernación” le hablaba para preguntarle “Si lo tienes bien vigilado”. Es de pensarse que la respuesta de Osorio Chong era afirmativa, pues desde febrero de 2014 hasta julio de 2015 cuando se fugó “El Chapo”, lo mantuvieron en la misma prisión, que ahora se sabe, tiene cimientos de penal de mínima seguridad.

Ahora sí que de la fuga de “El Chapo” el Presidente Peña no tiene a nadie a quien culpar, más que a la soberbia del Estado Mexicano que él representa y que se creyeron con capacidad para contener a uno de los criminales más poderosos, violentos y ricos que el mundo haya conocido… y bueno, quizá el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que ayudó de manera preponderante para la captura del capo en febrero de 2014, que conoció de las intenciones de fuga del narcotraficante, pero que por alguna razón no aceleró el proceso de extradición.

Las teorías de la conspiración seguirán surgiendo para intentar explicar la fuga de “El Chapo” más allá de una historia de túneles, motos y helicópteros, pero ninguna premisa le quitará a Enrique Peña Nieto, el fracaso de su gobierno en materia de seguridad. Cada día que Guzmán Loera permanece prófugo el fracaso del Gobierno Mexicano actual con el regreso del PRI a Los Pinos, se vuelve rotundo, mientras EPN tararea la Marsellesa, Osorio Chong no renuncia siquiera por vergüenza y el Chapo seguramente festeja tanta corrupción, ineptitud y negligencia.