Archive | julio, 2014

COLUMNAS POR COLUMNAS

30 Jul

LOS PASIVOS LABORALES DE PEMEX.
En el Reforma, el analista y periodista Sergio Sarmiento, escribe que: “laborar en Pemex es un privilegio. Los trabajadores ganan mucho más que el promedio. El contrato colectivo firmado en 2013 establece que un trabajador del estrato más bajo, el nivel 8, obtiene un sueldo que va de 222.08 a 371.18 pesos diarios (6,662.40 a 11,135.40 pesos mensuales). En este nivel están los domésticos, mensajeros, obreros generales y “tizaneros” (no conozco la palabra, que no está en el diccionario, pero al parecer significa “ayudantes de cocina”). En el nivel 35, el más alto dentro de los que cubre el contrato, se obtienen sueldos diarios de 580.88 a 1,046.05 (17,426.40 a 31,381.50 al mes). Los altos mandos, del nivel 44 al 48, reciben remuneraciones mucho más generosas. Éstos son los salarios ordinarios. Además los trabajadores de Pemex se benefician, dependiendo del nivel, de tiempo extra ocasional (TEO), tiempo extra adicional (TEA), tiempo extra medido, pagos por productividad, compensación e incentivo al desempeño, canasta básica, gas, gasolina, prima vacacional (máximo 35 días), aguinaldo (48 a 57 días), incentivo por asistencias (sí, se paga adicional por asistir a trabajar, máximo 35 días), rendimientos (¿?, máximo 18 días), servicio médico integral, vivienda, préstamos administrativos, gastos funerarios, becas, pagos por riesgo de trabajo, indemnizaciones, jubilaciones y seguro de vida. Los altos mandos obtienen, además, vehículo (que circula todos los días) con chofer, celular, gastos de alimentación (comidas en restaurantes) y préstamos y reembolsos para transporte. No sorprende que haya un mercado negro para comprar plazas laborales en Pemex.”

En El Universal, la periodista, Denise Maerker, escribe que: “el pasado se olvida. Nadie señala responsabilidades pasadas a cambio del futuro de Pemex. Duele pero podría sonar bien, sólo que nuevamente nos ponemos en manos de una cúpula sindical que nada nos garantiza tenga el interés en que Pemex sobreviva a mediano plazo. A los trabajadores y a sus familias seguro que sí les importa, pero para quienes han vivido años como parásitos chupando y desecando a la empresa unos años más de manos libres quizá les resulte mejor que sanear las finanzas de Pemex. Entonces nos dicen que estamos obligados, que no hay de otra, a pagar pasivos laborales producto de años de corrupción de empresa y sindicato, y además sujetos a la buena voluntad de esa empresa y ese sindicato para que en unos años no tengamos que desembolsar nuevamente billones de pesos porque Pemex no pudo competir frente a empresas que no cargan con esas deudas ni con esos Contratos Colectivos inverosímiles. Rehenes del pasado y rehenes de una cúpula sindical corrupta, ¿de verdad sólo la mala fe o la ignorancia pueden explicar las criticas?”

En el Reforma, el especialista en temas electorales, Jorge Alcocer, escribe que: “si el Congreso de la Unión aprueba los empréstitos de Pemex y la CFE, es de explorado derecho que aquellos constituyen “obligaciones garantizadas por el Estado Mexicano”, son deuda soberana; a contrario sensu, la deuda de estados y municipios no lo es, porque no la aprueba el Congreso; en cambio la que contrata el Distrito Federal sí lo es, porque la aprueba el Congreso. Más allá de la constitucionalidad de la norma, ésta tendrá un impacto negativo sobre la calificación de la deuda que lleguen a contratar las dos empresas; las obligará a pagar mayores intereses y, quizá, a reducir los plazos de amortización de los empréstitos. Hay una contradicción de términos: las deudas serán de empresas productivas “del Estado” (mexicano), pero este no las reconocerá como obligaciones garantizadas. No se entiende.”

En La Jornada, el periodista Julio Hernández López, escribe que: “Romero Deschamps es el aparentemente súbito ejemplo irritante de la transferencia de los privilegios y los abusos cupulares hacia las masas que acaban pagando lo que los otros disfrutaron y se preparan a seguir disfrutando. A fin de cuentas, enmedio de los malabarismos conceptuales que tratan de confirmar que de una u otra manera las pensiones y jubilaciones de la élite de Pemex y la CFE habrían de ser pagadas con dinero público, suena tan aberrante el terminar cubriendo con dinero de todos lo que ha beneficiado y seguirá beneficiando a unos cuantos –decenas de miles de trabajadores y directivos de condición laboral privilegiada– que aun entre la apatía generalizada es chirriante este exceso petrolero y eléctrico.”

VIDEGARAY ASEGURA QUE EL PASIVO LABORAL DE PEMEX ES NECESARIO Y BENÉFICO.
En Milenio, el periodista Carlos Puig, escribe que: “leí con atención el artículo que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, publicó ayer en MILENIO. Una explicación de por qué resulta conveniente hacer que el pasivo laboral de Pemex, es decir, lo que paga y pagará en pensiones a sus trabajadores, debe pasar al cajón de la deuda pública y quitarlo del cajón de Pemex. No solo es cierto que eso de todas maneras lo van a pagar nuestros impuestos, sino que parece que si lo traemos para acá, hasta un descuentito obtenemos en futuros compromisos. El movimiento haría que Pemex tuviera más flexibilidad para competir con empresas extranjeras —cosa que nunca ha hecho, por cierto—. Suena sensato. El problema no es lo que dice, sino lo que no dice el artículo.”

En Milenio, el periodista Carlos Marín, escribe que: “según Videgaray, una reforma al régimen de pensiones de Pemex fortalecería no solo las finanzas de la empresa, sino a la hacienda pública federal en su conjunto. La explicación parece tan obvia como cambiar la cartera de un bolsillo a otro.”

En Milenio, el periodista Ciro Gómez Leyva, escribe que: “pero después de escuchar los primitivos discursos de los diputados de la izquierda opositora (desfalco a la nación, ruina de las finanzas públicas, traición a la patria), me quedo con las explicaciones del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, con quien conversé ayer. Videgaray respondió puntual a cada pregunta. Dijo que en el verano de 2016, las tarifas eléctricas deberán ser más bajas, debido a que se estará produciendo a un costo menor y con más eficacia. Sobre el precio de las gasolinas, refirió que el primer día de 2018 habrá libre competencia con distintas empresas expendedoras, lo que redundará en precios más bajos. Detalló, asimismo, que el pasivo laboral de Pemex (que de seguir como está alcanzará 10 por ciento del PIB) ya es hoy deuda pública. Y que lo que plantea el Congreso (“Es una muy buena idea”) es esencialmente un ejercicio contable, un incentivo para reducir el pasivo de Pemex para hacer a la petrolera más fuerte y competitiva. Por cada peso que Pemex y el sindicato bajen ese adeudo, el gobierno pondrá otro peso.”

En el Excélsior, su columna de trascendidos, Frentes Políticos, asegura que: “la casa en orden. Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda, informó que los beneficios de la Reforma Energética se verán en 2016, cuando se prevé que bajen las tarifas eléctricas. Pero antes es necesario poner en marcha algunos pasos. Por ello la deuda pensionaria de Pemex ya es pública, porque la empresa es manejada por el gobierno federal. Afirmó que la idea de que el gobierno asuma parte de los pasivos laborales de Pemex surgió de los diputados y representa un buen incentivo para que los trabajadores acuerden con la empresa reformar su régimen de pensiones. Decisiones como ésta volverán a Pemex una empresa más fuerte y más exitosa.”

CAMBIOS EN LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES.
En el Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que: “a más de uno en la Secretaría de Salud le dio el soponcio al enterarse de la salida de Fernando Cano Valle como titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones. La sorpresa vino porque se le consideraba como alguien muy cercano a la doctora Mercedes Juan. Sin embargo, lo que se dice entre los funcionarios de bata blanca es que las diferencias en el concepto de cómo abordar el problema de las adicciones llevó al desahucio su relación. Según esto, Cano Valle optó por cortar con bisturí la tensión prevaleciente con su jefa, por lo que decidió decir: si saben contar, no cuenten conmigo. Ahora dicen que la secretaria Juan nombrará a su jefa de asesores, Marcela Madrazo, como nueva responsable de combatir las adicciones.

LA REFORMA ENERGÉTICA SERÁ UN FRACASO.
En el Reforma, el periodista y escritor Eduardo R. Huchim, escribe que: “al margen de planteamientos ideológicos sobre la pertinencia de abrir totalmente el sector energético a los privados nacionales e internacionales, hay un elemento que favorece los augurios de fracaso seguro: México posee un Estado corrupto con un empresariado y una sociedad parcialmente corruptos también. Una reforma como la que está aprobando el sumiso Congreso de la Unión sólo podría tener éxito si México fuera un Estado robusto donde no hubiera impunidad y la corrupción fuese siempre -o al menos la mayoría de las veces- castigada sin distinción, sin importar parentesco, oriundez o militancia partidaria.”

OFENSIVA CONTRA COLABORADORES DE MAMÁ ROSA.
En El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, asegura que: “la ofensivalegal contra los presuntos responsables de abusos en contra de los internos en el albergue La Gran Familia, de Zamora, Michoacán, va con todo. Nos comentan que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, a cargo de Rodrigo Archundia Barrientos, alista la consignación en contra de cuatro de los colaboradores de Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, conocida como Mamá Rosa, quienes ya enfrentan proceso por cinco cargos, pero se les sumará el de abuso sexual.”

LO QUE HAN COSTADO LOS 18 PARTIDOS POLITICOS EXTINTOS EN MÉXICO.
En El Universal, el periodista Ricardo Alemán, escribe que: “en los últimos 25 años han desaparecido por lo menos 18 partidos políticos con registro, muchos de ellos gracias al repudio social y los menos debido a fusiones y alianzas definitivas. Un ejemplo es el PRD, que nació de una fusión entre la mayoría de partidos de la izquierda mexicana. Entre los partidos muertos están el Partido Comunista Mexicano, PCM; Partido Mexicano de los Trabajadores, PMT; Partido Socialista de los Trabajadores, PST; Partido Socialista Unificado de México, PSUM; Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM; Partido Cardenista, PC; Partido Popular Socialista, PPS; Partido Demócrata Mexicano, PDM; Partido Convergencia por la Democracia, PCD; Partido de Centro Democrático, PCD; Partido de la Sociedad Nacionalista, PSN; Partido Alianza Social, PAS; Partido Democracia Social, PDS; Partido Liberal Mexicano, PLM; Partido México Posible, PMP; Partido Fuerza Ciudadana, PFC; Alternativa Socialdemócrata y Campesina, ASC y Partido Socialdemócrata, PS. Sin embargo, el voto ciudadano no ha podido impedir o revertir el saqueo de dinero público en que se ha convertido el financiamiento público de los partidos. Más aún, a pesar de que en cada reforma electoral los políticos presumen que los cambios a las leyes de la materia son para abaratar las elecciones, lo cierto es que cada año los ciudadanos pagan más dinero para financiar las elecciones y las empresas familiares que son los partidos. Un comparativo del financiamiento público entregado a los partidos desde 1997 y hasta 2014 —siempre según datos oficiales—, revela que todos los partidos políticos —extintos o que aún sobreviven— han recibido un total de 53 mil millones 347 mil 551 pesos de financiamiento proveniente de dinero público.”

LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, TIENEN QUE SER GARANTIZADOS.
En El Universal, la periodista Katia D’Artigues, escribe que: “en la Cámara de Diputados el año pasado se presentaron tres iniciativas de ley que luego devino una, que ya fue presentada en el lleno por la diputada Verónica Juárez, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez: Ley General para la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Presenta un necesario cambio de paradigma y la creación de varias instituciones. Un solo ejemplo. Se crearía un Consejo Nacional de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, que articularía las políticas públicas, estaría integrada por la PGR; las secretarías de Salud, Gobernación, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, Educación, Hacienda, Comunicaciones, Turismo, Medio Ambiente, Economía y la Sagarpa, y sí, también el DIF. Pero no sólo el DIF… que el año pasado tuvo un presupuesto de casi 2 mil 100 millones de pesos. “

SE APROXIMA LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIGUANA.
En el Excélsior, el analista y catedrático, Leo Zuckermann, escribe que: “a lo largo de todos estos años, los que estábamos a favor de la legalización hemos pasado de ser una minoría “medio loca” a una creciente mayoría convencida de que la prohibición fracasó. La legalización de la mariguana ha llegado para quedarse; los vientos soplan a su favor. El último vendaval ha venido desde Nueva York donde uno de los periódicos más influyentes del mundo entero, The New York Times (NYT), ha tomado esta postura de manera institucional.”

LA CONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN MEXICANA SIGUE SIENDO UN RETO.
En el Excélsior, el escritor y comentarista político Federico Reyes Heroles , escribe que: “la Reforma Energética, la de telecomunicaciones y las inversiones en infraestructura deben adoptar un enfoque integrador. Se debe volver a plantear el corredor en el Istmo que podría llevar mucha actividad económica a entidades pobres como Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Lograr conectividad en todos los rincones del país podría constituirse en una nueva herramienta de integración y justicia social. Todos los educandos de México deben tener acceso a la red porque, de no ser así, las desigualdades se agravarán brutalmente. Construir a la nación mexicana sigue siendo un reto.”

EL PRD ESTÁ EN CONTRA DE LA REFORMA ENERGÉTICA TAN SÓLO POR LA CONTIENDA ELECTORAL.
En el Excélsior, el periodista José Cárdenas, escribe que: “el PRD se mide otra vez con la vara del mitin y el grito. La protesta callejera y el reclamo legislativo contra la “pérfida, malvada y desalmada” Reforma Energética no es nada más otra de las clásicas coreografías practicadas por la izquierda en momentos álgidos de confrontación política. También es reclamo testimonial con intención electoral. Los representantes del Sol Azteca no cambiarán el destino de la negociación de las leyes petroleras acordadas entre la mayoría conformada por priistas, panistas y verdes. No les alcanzó la morralla. A palo dado ni la oposición lo quita. En democracia ganan los votos… y el pragmatismo es como la ley de la gravedad.”

Moreno Valle se hunde

30 Jul

Por Martín Moreno

+ Gobierno poblano sí ha usado balas de goma.
+ El gobernador se queda solo, ni el PAN lo defiende.

Transcurren los días y los caminos se le cierran a Rafael Moreno Valle. El gobernador poblano –salvo unos cuántos columnistas que se han convertido en sus voceros oficiosos-, se está quedando solo. Ni el PAN lo defiende. La avalancha de pruebas y testimonios en su contra por la muerte del niño José Luis Tehuatlie debido a la #LeyBala, es avasallante y prácticamente irrefutable.

Hoy, la pregunta que recorre a Puebla, y a todo el país, es: ¿Quién le cree a Moreno Valle?

Su gobierno está ahogado en el discurso de que al menor lo mató un cohetón lanzado por los manifestantes de Chalchihuapan… pero sin presentar pruebas. Sólo saliva. Y nada más. Hoy, Moreno Valle no sólo está en vía –es casi un hecho- de perder su soñada candidatura presidencial, sino que deberá decidir, y pronto, entre gobernar sin fuerza, con un gobierno desacreditado, sin margen de maniobra y hundido en el desprestigio, o solicitar licencia al cargo.

¿Por qué?

Es elemental: porque no se puede gobernar con la etiqueta de “asesino” en la frente, como cientos de miles de poblanos ya lo ven hoy. Allí están las pancartas que cuelgan en los puentes.

En los últimos días, mientras Moreno Valle y sus operadores han caído en la parálisis y solo han atinado a reunirse con columnistas a modo de diarios nacionales para darles “la versión oficial” y que sus plumas los conviertan en voceros que sin ningún pudor escriben la única versión que se atreven a publicar: la que les dicta el gobierno poblano, otros actores y medios locales –en especial Periódico Central-, han investigado –ellos sí- y revelado información que hunde, día tras día, al gobernador poblano.

Revisemos pruebas y testimonios que colocan a Moreno Valle y a su gobierno como mentirosos:

1) El gobierno de Moreno Valle sí usa balas de goma. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) emitió la recomendación 60/2011 debido a que policías utilizaron balas de goma en contra de “paracaidistas” en el municipio de Chignahuapan. Textual: “El día 23 de agosto de 2011, los inconformes, junto con un grupo aproximado de 500 personas, se encontraban de manera pacífica en las inmediaciones del predio conocido como Cieneguilla…a partir de las 6:30 horas de ese día, alrededor de 200 elementos de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla, llegaron en diversas camionetas y autobuses a ese lugar y con violencia comenzaron a desalojarlos del predio, lanzando petardos, gas lacrimógeno, balas de goma, recibiendo jalones de cabello, patadas, empujones, golpes mediante palos y macanas…”. (Valentín Varillas. Noticiero Al portador de la tarde. 23/VII/2014).

2) Un video valioso divulgado por Periódico Central muestra el momento justo en el que los policías del gobierno poblano comienzan a disparar en contra de los manifestantes de Chalchihuapan. Se escuchan detonaciones y se observan humaredas blancas que provienen de las filas policiacas. Los habitantes huyen para protegerse.

3) La fotografía es dramática: Martín Xelhua, con el rostro ensangrentado, tiene incrustada una bala de goma en la parte superior de la mandíbula izquierda, después de que la manifestación en Chalchihuapan fue dispersada por policías estatales. (Cuenta de Facebook de la diputada Roxana Luna).

4) Policías estatales entregaron al diario “Intolerancia” de Puebla, un escrito en el que confirman que dispararon en contra de manifestantes de Chalchihuapan con cartuchos de gas lacrimógeno caducos que, al no estallar, se convirtieron en proyectiles contundentes que hirieron a los habitantes. Aseguran los policías que recibieron órdenes de actuar de manera enérgica contra los manifestantes.

5) El portal digital e-consulta reveló el acta de defunción del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, en el que se asienta como causal de su muerte el golpe que recibió en la cabeza, pero no el paro cardio-respiratorio irreversible que oficialmente dio a conocer el gobierno del estado la tarde del sábado 19 de julio. En ninguna parte del acta se señala presencia de quemadas o de pólvora en la cabeza del menor, como habría supuesto el estallamiento de un cohetón.

6) Los abogados de Elia Tamayo, madre de José Luis, mostraron fotografías del cadáver, con las cuales sustentan que no fue un cohetón el que mató al menor, como lo afirma el gobierno de Moreno Valle.

7) Para Ripley: Mario Tomás González Ricaño, el policía estatal que acusó a civiles de haber matado con un cohetón a José Luis, fue presentado el 9 de noviembre de 2011… ¡como integrante de una banda dedicada a la prostitución de menores y a la trata de personas! ¿Con qué calidad moral puede declarar un delincuente en contra de ciudadanos? ¿Cómo y porqué creerle?

8) El propio procurador de Justicia de Puebla, Víctor Carrancá, declaró que el niño Tehuatlie no se encontraba entre los manifestantes de Chalchihuapan, sino que se ubicaba en los campos de cultivo, con lo que contradijo a Moreno Valle.

9) La fracción parlamentaria del PRI en el Senado responsabilizó a Moreno Valle por la muerte de José Luis Teahutlie Tamayo, y presentó un exhorto a la CNDH para que investigue violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno morenovallista.

10) “Hay que repudiar la violencia y exigir que se haga justicia”, dijo el presidente del PAN, Gustavo Madero, tratando de exculpar a Moreno Valle de toda responsabilidad. Sin embargo, el líder panista no asumió una defensa absoluta de quien se considera su candidato principal a la presidencia de la República. De hecho, ningún panista –salvo el senador poblano, el ex priista Javier Lozano, que se aventó la barrabasada de decir que al gobernador “le tienen envidia”-, ha defendido a Moreno Valle.

11) Ni la esposa de Moreno Valle lo cubre. Martha Ericka Alonso, en su calidad de presidenta del DIF estatal, aseguró que “la violencia sólo genera violencia”. Con su declaración, solamente avivó la hipótesis de que la #LeyBala impulsada por su marido, es la que generó el enfrentamiento en Chalchihuapan.

Las pruebas y los testimonios hunden a Rafael Moreno Valle, el político que siguió los pasos de su abuelo-gobernador del mismo nombre bajo el sello de la familia: la represión y la intolerancia, y que hoy se derrumba políticamente ante el cadáver de un niño.

Será difícil que Moreno Valle solicite licencia como gobernador porque para eso se necesita ética, y él carece de ella. Le restan dos años.

Ya veremos, entonces, cómo gobierna un cadáver político desde Casa Puebla.

Cárcel a opositores, leyes a modo, acoso: líderes sociales dibujan el “método Moreno Valle” de gobernar

30 Jul

El Congreso de Puebla ha logrado aprobar alrededor de 25 reformas a diversas leyes, unas propuestas por el propio Gobernador, Rafael Moreno Valle, a pesar de las denuncias de los pobladores sobre las violaciones a sus derechos que representan algunas de estas iniciativas.

Líderes de Juntas Auxiliares, organizaciones y activistas han denunciado constantemente estas modificaciones, sin embargo, hasta el momento, las leyes continúan y sus derechos siguen siendo violentados.

Entre las modificaciones legislativas que ha realizado están: la reforma a la Ley Orgánica Municipal, la Ley del Agua, la Ley de Expropiación. Además, también hay proyectos en el estado que afectan a los habitantes, como es el Proyecto Integral Morelos, un gasoducto que atravesará por la zona de erupción del volcán Popocatépetl y representa un peligro para sus comunidades y sus familias, que tras las protestas de los habitantes, algunos líderes sociales han sido encarcelados.

En la Sierra Norte, al menos 13 municipios han manifestado su rechazo a la instalación de minas, hidroeléctricas y proyectos de hidrocarburos, pues consideran que de comenzar estos trabajos su forma de vida puede resultar afectada. Incluso, la semana pasada denunciaron que el ciudadano Antonio Esteban Cruz fue asesinado por ser opositor a uno de los proyectos hidroeléctricos y siguen hostigando a los líderes opositores.

JUNTAS AUXILIARES
El 3 de diciembre del año pasado, las comisiones unidas de Gobernación y Asuntos Municipales del Congreso de Puebla aprobaron las modificaciones a la Ley Orgánica Municipal, en la cual se regularon nuevas funciones de las Juntas Auxiliares y además se les nombró como órganos desconcentrados dependientes de los ayuntamientos, sin que tengan facultades para designar a algún comandante de la Policía Auxiliar, pues los únicos responsables de esto serán los presidentes municipales.

También se les quitó todo el control sobre el Registro Civil, por lo que el servicio se suspendió en todas las Juntas Auxiliares. Los pobladores demandaron la restauración de estas oficinas, pues además de no contar con los recursos para trasladarse a las cabeceras municipales para hacer trámites, el trato que reciben en los municipios es deplorable.

“Les pedimos que se reforme la Ley Orgánica Municipal para que le devuelvan todas las facultades a las Juntas Auxiliares. Ahora un presidente de la Junta Auxiliar ya no tiene facultad ni para nombrar a su Comandante, no tiene facultad para nombrar a su juez, a su agente y ahora ya no tiene facultad de ser juez de Registro Civil”, dijo Eugenio Sandre Popoca, presidente de la junta auxiliar de San Pedro Yancuitlalpan en una reunión que tuvo con distintos legisladores en la Cámara de Diputados.

Explicó que, ahora, al ser órganos desconcertados, es como si fueran “una oficina más del Municipio. Si el Presidente Municipal quiere despedir al Presidente Auxiliar, lo puede hacer. Si no es de su partido, si no es su amigo, si no es de su conveniencia. Con las modificaciones puede decir ‘¿sabes qué? te quito y pongo a otro’”, dijo.

Sandre Popoca aseguró que las elecciones de las Juntas Auxiliares son las más puras porque “a veces quitan los partidos políticos y votan directamente por la persona. Los ciudadanos saben dónde vive el presidente, caminan por las calles, los van a ver a sus casas. Es una convivencia más directa entre el ciudadano y el presidente auxiliar”.

“El Gobernador con estas modificaciones pretende desaparecer las Juntas Auxiliares, si nace un niño, cuando lo vayan a registrar, el sello ya no diría Registro Civil de San Pedro Yancuitlalpan, ahora diría Registro Civil de San Nicolás de los Ranchos. El niño ya no sería de San Pedro, sino estaría a nombre del municipio. Entonces, mi identidad, mis raíces están en el pueblo, porque hacen que pertenezca al municipio. Esto lastima. Por eso la trascendencia de que los pueblos tengan Registro Civil”, dijo.

LEY DE EXPROPIACIÓN
El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de Puebla, Eukid Castañón Herrera, presentó una reforma a la Ley de Expropiación, misma que fue aprobada el 13 de marzo por 34 diputados locales.

La legislación establece en su Artículo 5 Bis que:

En los casos previstos en las fracciones I, II, VI, XII y XIV del artículo 2 de esta Ley, la Autoridad Expropiante podrá emitir la declaratoria de utilidad pública y decretar la expropiación. En estos casos, no será aplicable lo dispuesto en las fracciones III a VII del artículo 5 de esta Ley”.

Es decir, que si el gobierno pretende expropiar algún terreno por diversos motivos, podrá hacerlo sin notificación alguna ante los propietarios. Esto justificado bajo el “criterio jurisdiccional que la urgencia de una medida o de un acto a desarrollar dependen de que se justifique la inmediatez de su ejecución, y que las circunstancias hacen que no se pueda aguardar para que se lleve a cabo, porque de no hacerlo con tal prontitud, el agravio será irremediable”, indicaba la iniciativa.

“Históricamente, han marginado a las juntas auxiliares, no dan los recursos que se necesita. Hay Juntas Auxiliares que tienen arriba de 5 mil, 10 mil habitantes y les dan un presupuesto de 18 mil pesos. En obra pública, nos platicaba el presidente de San Lucas Atzala, que su municipio es Calpan, y dicho municipio etiquetó para sus obras 40 millones de pesos y para la Junta Auxiliar 50 mil pesos”, denunció.

Felipe Guzmán Osorio, de San Pedro Cholula, ciudadano que ha vivido 40 años a lado de la pirámide, acusó que les pretenden expropiar terrenos para construir el mega proyecto llamado “La Plaza de las 7 Culturas”.

Aseguró que “el Presidente Municipal de San Pedro Cholula nos mandó a traer, nos dijo que teníamos que venderle las tierras pero que no nos las pagaría a valor comercial. Estaba propuesto por 6.8 pesos el metro cuadrado, pero como era muy generoso nos iba a dar 100 pesos, que se lo tomáramos o de lo contrario de todos modos nos iba a expropiar. Como todos dijimos que no, nos empezamos a unir y ya después nos dijo ‘ya no es conmigo, ahora es con el gobierno del estado, yo me hago a un lado’. Todo esto pasa que nos hemos organizado, somos pocos, al rededor de 30 propietarios, la mayoría son terrenos, y existen tres casas históricas de más de 100 años, las cuales el INAH [Instituto Nacional de Antropología e Historia] no se ha parado, no se ha presentado, se le han hecho propuestas por escrito. Pero tiene a las autoridades compradas, federales o estatales, no vemos respuesta”, denunció.

“Él ha hecho sus leyes a su modo, apenas bajó el valor catastral 400 por ciento, dolosamente y nada más exclusivamente en la zona arqueológica donde pretende expropiar. No se lo bajó a todo Cholula, lo bajó nada más a la zona arqueológica cuando son terrenos históricos, casas históricas, de 400 y fracción que tenía el metro catastral, lo bajó a 104 pesos el metro. Lo que hizo fue sacar la ley, donde dice que las propiedades que son del gobierno las puede ceder o vender a un particular para poder tener empleos, pero quiere expropiarnos a un precio muy bajo para después vendérselos a los extranjeros porque ya en dos o tres ocasiones bajó en un helicóptero e iba con unos chinos”, dijo.

PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
En diciembre de 2012, el Congreso de Puebla aprobó una reforma presentada por legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la Ley de Agua que permite la concesión de este servicio a empresas privadas. Ademas, en marzo de 2013, los diputados avalaron la reestructuración de las tarifas del agua.

Finalmente, en abril de este año, se designó al consorcio Concesiones Integrales para operar el servicio de agua potable y alcantarillado, sin embargo, a un mes de funcionar, habitantes denunciaron el aumento de las tarifas hasta en un 400 por ciento.

Incluso, al menos 300 pobladores de varias colonias de la capital de Puebla presentaron amparos contra del consorcio, pues además de los costos elevados, se les obliga a comprar un medidor del agua que va desde los mil 250 pesos hasta 95 mil 209 pesos, dependiendo si el uso es doméstico o comercial.

Otro de los puntos en la ley es que el costo del servicio de agua aumentará mes con mes. Los usuarios deberán pagar la reparación de la calle donde se realicen obras para recibir el servicio de agua potable y saldrá entre 899 y 999 pesos.

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JAVIER DUARTE: EL “TIRANO INEXPERTO”

30 Jul

Tirano, autoritario, inexperto, son algunos de los calificativos que los expertos utilizan para hablar sobre el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien con tres años y casi ocho meses en el poder, ha colocado a la entidad entre las más violentos, más endeudadas, más peligrosas para el ejercicio periodístico y con más habitantes viviendo en la pobreza. A decir de Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19 en México, Duarte no sólo ejerce en exceso su autoridad, sino que utiliza su poder en contra de quienes disienten con él. Sobre las cifras de violencia, es difícil negarlo, incluso, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dicen que en lo que va de su gestión han ocurrido la mayor cantidad de homicidios, extorsiones y secuestros de las últimas tres administraciones…

Nació en el puerto de Veracruz el 19 de septiembre de 1973, tiene una vasta formación académica y su trayectoria en el gobierno –que no en la política– ha estado desde el principio ligada a la del ex Gobernador priista Fidel Herrera Beltrán. Esa es la somera apreciación que puede hacerse del actual Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a partir de su ficha curricular.

Pero si se intentara un acercamiento al mandatario local a la luz de los hechos que han delineado su gestión, tendrían que considerarse aspectos como el aumento de la violencia, el incremento de la deuda pública, las agresiones a la prensa y la prevalencia de la pobreza en la entidad. Se trata de temas que Duarte se ha empeñado en negar o frente a los cuales ha sido omiso en los tres años y casi ocho meses de gestión al frente de un estado que figura entre los más violentos, más endeudados, más peligrosos para el ejercicio periodístico y con más personas viviendo en la pobreza.

Si se quisiera ver a Duarte a partir de sus relaciones políticas, de inmediato salta a la memoria la figura de Herrera Beltrán, su antecesor en la gubernatura y quien ha estado presente desde el inicio de su carrera en la administración pública, hace casi dos décadas.

En 1995, con apenas 22 años y sin tener aún ninguno de los títulos académicos que afianzó entre 2001 y 2009, Duarte se convirtió en asesor de Herrera Beltrán cuando éste fungió como Coordinador General para la Promoción de la Participación Solar, en la Secretaría de Gobernación. Después, cuando ocupó una curul como Diputado federal, entre 1997 y 2000, Duarte fue su secretario particular. Durante la gestión de Herrera Beltrán como Gobernador de Veracruz, Duarte se incorporó de nueva cuenta a su equipo de trabajo: primero como subsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), y luego como titular de dicha dependencia.

Tras un año en ese puesto, en 2009 Duarte saltó por primera vez a la política al convertirse en Diputado federal, cargo que abandonó en 2010 para competir por la gubernatura de su estado natal, con apenas un año de experiencia en un puesto de elección popular.

De ahí que uno de los rasgos que definen a Duarte sea su inexperiencia política, a decir del investigador de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez. “No podemos decir que Duarte tuviera una trayectoria política, no es un político, no ha sido un Gobernador que haya tenido una estructura de largo aliento […] sino que es a partir de esta construcción fundamentalmente con sus lazos personales y su conocimiento económico, vinculado con el gobierno económico” que llegó al poder.

El pasado 7 de julio, en una reunión con líderes empresariales, Duarte mismo reconoció esa falta de conducción en su administración al afirmar que su gobierno no estaba preparado “para el complejo escenario que se tenía”, e intentó justificarse aludiendo al contexto de inseguridad, a la inestabilidad económica y hasta a los desastres naturales como causas del panorama adverso con el que recibió el cargo.

“Me tocó bailar con la más fea”, dijo el Gobernador.

Sin embargo, lejos de generar la comprensión de los empresarios a quienes se dirigía en esa ocasión, las palabras de Duarte propiciaron críticas entre éstos y entre miembros de la oposición, quienes cuestionaron que el mandatario no ofreciera alternativas de solución a una problemática que no le era ajena, dado que él había formado parte de la administración anterior.

De lo expresado por Duarte en esa ocasión, llamó particularmente la atención el hecho de que por primera vez desde que llegó al cargo, en 2010, reconoció el problema de inseguridad que golpea al estado. Hasta entonces, su posición había sido de una sistemática negación, a pesar de que en menos de cuatro años de gobierno ha contabilizado 2 mil 949 homicidios y mil 465 casos de extorsión, más que los registrados en todo el sexenio de Herrera Beltrán, así como 339 secuestros, cifra muy por encima de los casos ocurridos durante las dos administraciones anteriores.

La falta de pericia política de Duarte es lo que lo ha hecho incapaz de reaccionar adecuadamente ante los problemas que se le han presentado, considera Aguilar Sánchez, quien tiene un doctorado en Ciencia Política y está adscrito al Departamento de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.

Y apunta que ante situaciones adversas, lejos de la tradición priista de “pegar con la izquierda y negociar con la derecha”, Duarte es incapaz de negociar y su respuesta ante los problemas que se le han presentado ha sido la del endurecimiento político ante cualquier crítica o cuestionamiento a su gestión. De ahí que el académico no dude en definirlo como un personaje autoritario.

“Lo que nos parece es que es un Gobernador al que le cuesta mucho trabajo entender en qué consiste un proceso de democratización, un Gobernador que a mí me parece con un perfil autoritario”, dijo.

EL TIRANO DE LA PRENSA
Para Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, el perfil de Duarte más que de un gobernante autoritario es el de un tirano, pues no sólo ejerce en exceso su autoridad, sino que utiliza su poder en contra de quienes disienten con él.

“Duarte es un tirano, en términos de filosofía política es un tirano. ¿Qué son los tiranos? Exactamente lo más lejano a la democracia en términos de crítica, en términos de diálogo, en términos de apertura, en términos de rendición de cuentas”, expresó.

La organización internacional que Ramírez dirige en México señaló en 2012 a Veracruz como la entidad más peligrosa del país para los periodistas. Ese año fue particularmente peligroso para la prensa de dicho estado, pues entre el 28 de abril y el 14 de junio cinco periodistas fueron asesinados.

A decir del director de Artículo 19, la situación de riesgo para la prensa en Veracruz persiste, y refiere que no sólo es el estado más peligroso de México para ejercer el periodismo, sino que por la cantidad de violaciones graves a la prensa ocurridas entre 2011 y 2013 en función de su densidad poblacional y geográfica, “es el lugar más peligroso del mundo” para el trabajo periodístico.

De acuerdo con cifras proporcionadas por la organización, de 2010 (año en que Duarte llegó al poder) a la fecha en Veracruz se han documentado 140 agresiones a periodistas, incluidas 53 agresiones físicas, 21 detenciones arbitrarias, 10 asesinatos, 18 amenazas y 15 actos de intimidación o presión, seis desplazamientos forzados, cuatro desapariciones y tres secuestros.

“Lo que vemos en el gobierno de Javier Duarte es un nivel de vulnerabilidad muy alto, en términos de respuesta política del estado de Veracruz para con los periodistas”, dijo Ramírez, quien aprecia dos elementos para explicar tal vulnerabilidad: el hecho de que la mayoría de las agresiones a periodistas provengan de funcionarios y sean de menor intensidad, lo que aumenta la vulnerabilidad frente a las agresiones más graves, y la carente respuesta de las autoridades.

“Eso es lo que aportó Duarte: esa indolencia, esa falta de preocupación hacia el ejercicio periodístico. Si Duarte tuviese una preocupación real y efectiva, al primer homicidio [de un periodista] hubiese cambiado la narrativa y parabas los otros”, opina.

La actitud indolente de Duarte respecto a las agresiones contra periodistas ha propiciado el debilitamiento y el miedo de la prensa en la entidad, señaló Ramírez. Mas puntualiza que ese arrinconamiento y debilitamiento de los medios de comunicación en Veracruz también ha sido propiciado por el gobierno, a través de acciones como la criminalización, el amedrentamiento por parte de funcionarios públicos de las voces críticas, la judicialización de los periodistas víctimas de asesinato, y el uso de bots para silenciar las redes sociales, un ámbito de comunicación donde Duarte no tenía control.

Al respecto, uno de los casos más polémicos fue el encarcelamiento de Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola, dos usuarios de la red social Twitter que el 25 de agosto de 2011 publicaron mensajes donde advertían de supuestos ataques a escuelas en Veracruz, información que fue desmentida por Duarte, también a través de Twitter.

Las autoridades estatales justificaron la detención de los tuiteros al acusarlos de terrorismo y sabotaje. El encarcelamiento despertó una polémica respecto al derecho a la libertad de expresión y los límites impuestos por el Estado.

En la relación de Duarte con la prensa hay otra faceta: la que mantiene con los dueños de los medios de comunicación. Sobre el tema, Ramírez comenta que no sólo en Veracruz, sino en todo el país, los gobernantes recurren a la cooptación de los medios con dinero público y favores políticos, de modo que lejos de tener una utilidad de servicio público, la prensa se maneja en contubernio con los gobiernos estatales.

El 3 de abril de 2013, Duarte recibió un reconocimiento por parte de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, por “los esfuerzos que ha hecho Veracruz para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión”. Para ese momento, su gobierno sumaba ya nueve de los homicidios de periodistas que ha habido en su gestión.

LA NEGACIÓN, LA OMISIÓN
Desde el inicio de su mandato, Duarte ha mantenido el discurso de que trabaja de manera eficaz para restablecer los índices de seguridad en la entidad. En meses recientes, por ejemplo, ha dicho que “Veracruz está en calma” y que “en Veracruz no hay extorsiones, no hay balaceras y no hay secuestros”.

Sin embargo, los hechos derriban sus palabras. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de su gestión han ocurrido la mayor cantidad de homicidios, extorsiones y secuestros de las últimas tres administraciones.

Al respecto, son ilustrativos dos casos en los que se puso en evidencia cómo el gobierno de Duarte intentó ocultar información.

El primero de ellos ocurrió en octubre de 2011, cuando entre la noche del 5 y el mediodía del 6, la policía estatal encontró 31 cadáveres en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. El día 6, la Coordinación de Comunicación Social del gobierno veracruzano, entonces comandada por la polémica Gina Domínguez, emitió un comunicado en el que negaba los hechos y aseguraba que no había ninguna confirmación oficial.

Ese mismo día, la Secretaría de Marina (Semar) respondió con otro comunicado, en el que hacía referencia al hallazgo de los cuerpos, con lo que evidenció al gobierno estatal. Para salir al quite, la Coordinación de Comunicación Social intentó justificar el ocultamiento de información asegurando que los responsables de la investigación habían mantenido el operativo en secrecía hasta su conclusión.

El otro caso ocurrió recientemente, cuando el 16 de junio pasado elementos de la Semar encontraron al menos 31 cadáveres en fosas clandestinas localizadas en el rancho “El Diamante”, en el municipio de Tres Valles. Fue hasta dos días después de que se localizaron los entierros que el entonces Subprocurador Regional de Justicia, Arturo Herrera Cantillo, confirmó el hallazgo. Este hecho le valió ser removido de su cargo.

El Gobernador Duarte afirmó que se trataba de un hecho atípico, pero a finales del mes de junio, en paraíso Novillero, en la misma zona del rancho “El Diamante”, fueron encontrados más cuerpos. En respuesta, el Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, rechazó la existencia de la nueva fosa.

Además, Duarte negó que entre los cadáveres localizados hubiera menores de edad, información que fue desmentida por el periodista Ignacio Carvajal, quien ingresó a las fosas del rancho “El Diamante” y documentó que cuando menos tres menores de edad estaban entre los muertos.

El pasado 2 de julio, Carvajal denunció que había sufrido el robo del auto Tsuru blanco con el que trabajaba.

El de la violencia no es el único tema que Duarte se ha empeñado en ocultar. La deuda pública es otro problema que ha marcado a su administración y que, de acuerdo con el periodista veracruzano Luis Velázquez, por mucho tiempo se intentó omitir de la agenda.

En una columna publicada el pasado 21 de julio en el sitio blog.expediente.mx, Velázquez refirió que del 15 de diciembre a la fecha, el gobierno de Duarte ha solicitado 21 créditos por un total de 41 mil millones de pesos sin que los diputados locales le hayan exigido hasta ahora un informe al respecto.

Según el más reciente informe de la Sefiplan, correspondiente al primer trimestre de 2014, la entidad tiene una deuda total de 41 mil 147 millones de pesos, aunque hay quienes estiman que el monto de la deuda alcanzaría hasta los 80 mil millones de pesos. Pero incluso la cifra oficial representa un monto casi cinco veces superior al de la deuda pública que heredó de su antecesor, la cual ascendía a 9 mil 307 millones de pesos.

Un tema en el que Duarte ha sido omiso, tanto en el discurso como en la acción, es el de la pobreza. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 52.6 por ciento de la población veracruzana vive en pobreza; de ellos, 14.3 por ciento (equivalentes a 1 millón 122 mil personas) sobreviven en pobreza extrema. Aunque proporcionalmente no es la entidad con mayores índices de pobreza, sí es el segundo estado con más personas pobres, con 4 millones 141 mil 800.

DUARTE NO SE VA
En abril de 2013, el Partido Acción Nacional (PAN) denunció, con audios y videos, la existencia de una “estructura paralela” de 57 funcionarios dispuestos a desviar programas sociales para favorecer al PRI en las elecciones de julio siguiente para renovar alcaldías y diputaciones locales. Aunque se señaló a Duarte y a la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, entre los principales responsables, el escándalo sólo mereció la destitución de siete funcionarios estatales.

A poco más de un año de que Duarte saliera airoso de esa polémica, el pasado 16 de julio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) sancionarlo, junto con otros tres servidores públicos, por haber asistido a un evento de Enrique Peña Nieto, cuando éste era candidato presidencial.

El Gobernador se defendió diciendo que no se había tratado de un acto proselitista, y los empleados públicos arguyeron que pidieron licencia sin goce de sueldo para acudir en día y horas hábiles al evento, pero el máximo órgano de justicia electoral en el país consideró que con tal acción se violó el principio de imparcialidad de las contiendas.

Pero a pesar de este señalamiento y de la crisis en su gobierno que algunos analistas vieron tras el escándalo de la “estructura paralela”, Duarte se ha mantenido en el poder. Cerca del último tramo de su gestión y pese a lo polémico de ésta, el investigador Aguilar Sánchez ve poco probable una eventual salida.

De cara a la contienda electoral en 2016, lo que el PRI necesita en Veracruz —que siempre ha sido gobernada por el tricolor– son operadores políticos, de modo que la continuidad de Duarte más que deseable es necesaria, dijo el académico veracruzano. La necesidad de operadores políticos para los tiempos electorales también explicarían el acercamiento que está teniendo nuevamente Herrera Beltrán con su otrora subalterno, a decir de Aguilar Sánchez.

Con más de la mitad de su gestión avanzada, el silencio y el paso del tiempo juegan a favor de Duarte, consideró el director de Artículo 19, pues le han servido para ir quitándose “esa loza como el lugar más peligroso, como el gobernante de donde asesinan y desaparecen a más periodistas”, estimó.

“Creo que no va a cambiar el contexto, va a estar igual, pero el igual implica peor porque la impunidad es el único mensaje de aliento a futuras generaciones”.

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SOS: Mancera (¿y la izquierda con él?) se hunde

30 Jul

En abril del presente año publicamos aquí un editorial que decía: “Mancera: la hora de hacer cuentas”. Se tomaba como referencia la evaluación publicada ese mismo mes por Reforma sobre el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Se decía, palabras más y palabras menos, que el proyecto político del Distrito Federal no podía quedar en manos de una sola persona, porque no pertenecía a una sola persona. De llamaba también a los responsables de haber llevado al poder a Miguel Ángel Mancera Espinosa a actuar ahora mismo.

Hoy, julio, los números de periódico Reforma hablan de algo pocas veces visto en un político mexicano. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal ha alcanzado los peores niveles de aprobación de su mandato. Su desaprobación ciudadana pasó de 49 a 60 por ciento en sólo tres meses. Y entre líderes es todavía más dramático: 75 por ciento desaprueba su gestión.

En abril de 2013, el 70 por ciento de los líderes de opinión aprobaban la gestión de Mancera Espinosa. Imagínense. Es caída libre.

Hace tres meses dijimos:

Aquí y en China, esa caída habla de un desplome rotundo. Mancera Espinosa va montado, siempre de acuerdo con las cifras de Reforma, en un tobogán. Dentro de un año, los candidatos de la elección intermedia ya andarán en la parte álgida de sus campañas; la elección está tan cerca como un año y semanas. Aunque Mancera no llegó postulado por causas de la izquierda, sí fue candidato de los partidos identificados con esa opción política nacional. Es decir, mientras son peras o son ciudadanos, el actual Alcalde capitalino está identificado con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), sobre todo, pero también con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con Movimiento Ciudadano (MC) y con el Partido del Trabajo (PT).

Es casi imposible desvincular a este ciudadano postulado por las izquierdas de estas cuatro corrientes políticas. En pocas palabras: el impacto que tiene en el electorado el resultado de su gestión muy probablemente afecte, para bien o para mal, lo mismo al PRD que al partido en proceso de Andrés Manuel López Obrador.

Acción Nacional (PAN) había avanzado en la Ciudad de México. El famoso corredor azul hablaba de una avanzada del partido fundado por Manuel Gómez Morín en el centro de la República. Los conflictos internos terminaron hundiéndolo como opción. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) acaba de cortar con la zaga nefasta de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre lo que, bien utilizado, podría significar, por lo menos en el anuncio, una renovación de cuadros. La respuesta a la debilidad de Miguel Ángel Mancera podría llegar desde el PRI.

Es un asunto de cuentas. Independientemente de que Mancera esté haciéndolo mal (porque evidentemente algo no está bien), la izquierda, y sobre todo el PRD debe considerar salir en la defensa de su Jefe de Gobierno por todas las vías: quizás deban aconsejarlo; quizás deban acercarle asesoría realmente profesional; quizás deban revisar qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal ante los medios de comunicación y ante los distintos grupos sociales. No es posible ignorar que Mancera Espinosa es vinculado al PRI y a Enrique Peña Nieto, y aquí entramos a otro tema, aunque sea de manera muy superficial.

Miguel Ángel Mancera es aliado de Jesús Zambrano Grijalva y de Jesús Ortega Martínez, dos de los más cuestionados líderes en la historia del PRD. Se les califica de entreguistas y hasta de priistas. El dato de que hay más fotos de Jesús Zambrano y Jesús Ortega con un Presidente en turno que todas las fotos que existen de la izquierda partidista mexicana, es muy contundente. Pues eso también debe revisarse.

Si las cifras de Reforma son reales, y no hay razón para pensar que no lo sean, Mancera es el personaje de izquierda más inflado en su momento y desinflado con el paso del tiempo. Así como están los números, su figura no es más que una pompa de jabón. Y un día, muy pronto, va a reventar.

La noticia no es buena para nadie. El desplome de Mancera Espinosa significa poner en riesgo un proyecto largo de libertades civiles y sociales que se habían experimentado en la Ciudad de México. Los líderes mexicanos de la izquierda deberían hacer a un lado sus diferencias e incluso los logotipos y sentarse a dialogar con el Jefe de Gobierno, si es que el Jefe de Gobierno se deja.

Los líderes deben tener la oportunidad de acercarse a él y él debe darse la oportunidad de escuchar otras voces, porque evidentemente las que le soplan al oído lo están llevando a la catástrofe. Siempre y cuando, claro está, las cifras de la última encuesta de Reforma sean fiables, y no hay razón para pensar que no lo sean.

Tal cual.

El Pemexproa

30 Jul

Por Sanjuana Martínez

Los mexicanos sabemos que durante el período vacacional, madrugadas o en lo oscurito, los diputados y senadores, esos servidores públicos que representan nuestros intereses, se encargan de clavarnos el puñal por la espalda.

La última hazaña de los diputados del PRI y el PAN acordaron el llamado “Pemexproa” y “CFEproa”, para que el gobierno federal — es decir, los ciudadanos— asuma parte del pasivo laboral de ambas paraestatales, nada menos que, en entre 650 mil millones y 700 mil millones de pesos.

Los legisladores del PRIAN de las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Energía, avalaron finalmente el dictamen de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, una puñalada para todos los mexicanos que se une al atraco de las leyes secundarias de la Reforma Energética.

La llamada “deuda laboral” de Pemex y CFE es un atraco al bolsillo de los contribuyentes, porque será pagada con los “excedentes petroleros”.

El corrupto sindical Romero Deshamps, acusado de visible corrupción, es el más beneficiado. Pemex tiene un pasivo laboral de la friolera cantidad de un billón 130 mil millones de pesos. Y la CFE de 500 millones. En total, los ciudadanos debemos resignarnos a pagar el ritmo frenético de riqueza acumulada de los corruptos.

Manlio Fabio Beltrones, mejor conocido como “Don Beltrone” es el gran operador del Pemexproa y argumenta que la única responsabilidad de que no exista un fondo de pensiones en Pemex es del gobierno y de los propios legisladores. Lo que no dice, es que estos “pequeños ajustes” obedecen al argumento real, de que el gobierno federal debe asumir el pasivo para “competir” con el sector privado, ahora que Pemex esta en venta bajo la administración peñista.

Don Beltrone, tampoco nos dice que estos “artículos transitorios” que están acomodando a su conveniencia, violan el artículo 123 constitucional. Parece que el señor no sabe que las obligaciones laborales solamente pueden ser pactadas entre sindicato y empresa. Y se violenta el artículo 73 de la Constitución Mexicana al asumir una deuda pública, cuyo monto aún no está resuelto.

Las preguntas es inmediata: ¿Qué culpa tenemos los ciudadanos de eso? ¿Por qué debemos asumir todos una deuda que no nos pertenece? ¿Qué no hay dinero en Pemex para pagar pensiones? ¿Necesitamos una explicación del saqueo permanente y de la riqueza acumulada por el actual líder vitalicio sindical y otros funcionarios y sindicalistas petroleros?

Otro de los grandes atracos del gobierno Peñista contra los ciudadanos es la ley de hidrocarburos, cuyos incentivos para que las petroleras extranjeras inviertan, incluyen la facultad de la Secretaría de Energía de expropiar terrenos que resulten de interés para desarrollar la exploración y explotación de petróleo y gas.

El cinismo de los legisladores mexicanos ha ido tan lejos en la nefasta reforma energética que han creado una nueva figura jurídica denominada “servidumbre legal de los hidrocarburos”, la cual permite a las trasnacionales apropiarse de terrenos, bienes inmuebles y derechos requeridos, cuando no lleguen a un acuerdo con los dueños de esos predios. Y además contempla el derecho de tránsito de personas; el de transporte, conducción y almacenamiento de materiales para la construcción.

Por supuesto, en el sistema político de simulación que vivimos, los legisladores no le llaman “expropiación” o “robo a mano armada”, sino que la nueva figura jurídica se denomina: “ocupación temporal de las tierras”, es decir, cuando ya hayan saqueado y contaminado el terreno de cualquier mexicano, se lo devolverán inservible para la siembra e incluso para casa habitación.

El precio será fijado por “peritos valuadores” privados que seguramente impondrán la cantidad, le guste o no le guste, al dueño del terreno, porque la nueva ley dice que el pago deberá ser proporcional a las necesidades del contratista, conforme a la actividad que quiera realizar.

Por tanto, empresas extranjeras podrán pagar e efectivo o en especie. Volvemos a los tiempos del Siglo XIX, solo nos falta que coloquen una tienda de raya, para pagar los terrenos “ocupados temporalmente”.

De esta forma, los mexicanos nos convertiremos en “siervos legales” de las transnacionales y del gobierno. Lo único que nos queda es cruzar los dedos para que no nos toque, pero seguramente, les tocará a millones de ciudadanos que se verán afectados directamente de reformas anticonstitucionales e ilegales.

Por qué Moreno Valle debe pedir licencia

23 Jul

Por Alejandro Páez Varela

Rafael Moreno Valle tiene fama de calzonudo y egocéntrico; de haberse construido una candidatura con dinero de Elba Esther Gordillo y luego de pagarse una campaña personal con dinero de los mexicanos, es decir, con el de los contribuyentes poblanos. Ha destruido patrimonio histórico para aterrizar sus proyectos, a pesar de las protestas; ha bautizado edificios públicos con su nombre y con el de sus familiares, a pesar de las protestas. Y ha sacado las macanas cada vez que le protestan.

Le han llamado “dictador”, “el pequeño Pinochet”, “Führer”. Y que yo recuerde, nunca lo habían calificado de asesino. Hasta hoy.

El fin de semana pasado, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo murió víctima de las balas de goma que, dicen los pobladores, dispararon los policías en contra de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan.

Por qué se manifestaban los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan? Porque querían que no les quitaran una oficina de Registro Civil del estado. ¡Una oficina! ¡Pedían servicios públicos! Moreno Valle y su súper policía Facundo Rosas, un hombre ya ligado a montajes (con Genaro García Luna) y excesos (con varios muertos), respondieron con policías armados.

El 9 de julio, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo iba saliendo de la secundaria Ricardo Flores Magón rumbo a su casa. Para logran su objetivo, tuvo que cruzar por donde estaban los manifestantes. Moreno Valle quizás no lo sepa porque ha ido al pueblo sólo en campaña, pero la escuela y la casa de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo es dividida por una carretera, que es en donde protestaban los pobladores. Cerca del puente peatonal, cayó herido. Quizás no fuera una bala de goma; quizás fue algo peor: una lata metálica de gas lacrimógeno, que sí se usaron como se usaron toletes y escudos para golpear ciudadanos. El caso es que cayó herido. Poco después tenía muerte cerebral y el sábado por la noche se le declaró sin vida.

A Moreno Valle se le cocían las habas por usar balas. La ley que él impulsó, de hecho, le autorizaba armas de fuego, ni siquiera las de goma: “Se considera legítima defensa, en el caso del uso de armas de fuego o de fuerza letal, cuando exista agresión real, actual o inminente que ponga en peligro la vida o a la integridad física; que implique lesión grave, además de racionalidad y proporcionalidad en los medios empleados, para la defensa de la vida y la integridad física”, dice el articulado.

Pues bien, el que siembra vientos cosecha tempestades: Quería una Ley cabrona para gobernar desde un trono (Ley Bala); quería a un cabrón probado de jefe de la policía (Facundo Rosas).

Ahora tiene la sangre de una criatura inocente en sus manos. Ahora, después de llamarle “dictador”, “el pequeño Pinochet” y “Führer”, lo llaman asesino.

Para Moreno Valle, la culpa no es de las balas o de las policías. No es su culpa responder a macanazos a quienes piden servicios. La culpa la tienen los civiles por manifestarse. La culpa (y aquí lo cito literal) es de “personas que están infringiendo la ley, lleven a menores como escudos a una acción ilegal. Me parece que es algo muy delicado, es responsabilidad de quienes actúan de esa forma”.

El gobierno de Moreno Valle intentó inculpar a los pobladores por la muerte del niño. Elia Tamayo, madre del menor, así como la Diputada Roxana Luna, le contaron a la periodista de SinEmbargo Laura Cordero que recibió presiones de “un tal Cornejo” para que la pobre mujer dijera que un cohetón que dispararon los pobladores de Chalchiuapan hirió a su hijo.

El tal Cornejo es el Subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil del gobierno estatal. El gobierno de Moreno Valle le ocultó a la madre que el niño tenía muerte cerebral. Se dio cuenta cuando la prensa lo publicó.

La madre recibió presiones para que desconectaran al menor de los aparatos que lo tenían con vida. Como si muerto el niño, la gente olvidaría que fue víctima de perros con rabia. (Y aquí abro paréntesis que me pone los cabellos de punta: ¿no lo habrán desconectado? La gente con la que he hablado piensa que sí).

El gobierno de Moreno Valle mandó a la morgue el cuerpo y hasta donde me quedé, anoche, no permitió que se le hiciera una autopsia.

El gobierno de Moreno Valle niega el uso de balas de goma. (Facundo Rosas Rosas, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, leyó: “En conclusión, se confirma que la policía del estado de Puebla no cuenta con balas de goma, y por lo tanto, en lo que va de esta administración, nunca se han utilizado balas de goma en un operativo”. Y no aceptó preguntas. Tamaño de cretino, carajo).

Y no dudo que el gobierno de Moreno Valle bañe de dinero público a periodistas y medios para que se hable lo menos posible del caso.

Que entierren al mocoso, pensará, y ya. A otra cosa mariposa.

También a la reportera Laura Cordero, el dirigente del Partido Acción Nacional (al que pertenece Moreno Valle) en el Distrito Federal le confirmó lo que antes era una filtración: que el CEN del PAN cree que hay una campaña de desprestigio contra sus gobernantes (“hay un ánimo de linchamiento a los gobiernos panistas. Me queda claro. El actuar de un funcionario lo ponen como la etiqueta de una administración cuando hay muchas cosas más valiosas de las administraciones panistas”). ¿Les cai? ¿Una campaña contra Moreno Valle, en serio? Carajo: no paguen tanto dinero (también público) en sondeos y estudios; casi cualquier inútil como yo les puede explicar por qué el PAN está en tercer lugar en las preferencias del electorado, y cayendo.

Yo creo que Gustavo Madero debe sugerirle a Rafael Moreno Valle que pida licencia para permitir una investigación independiente y plural sobre los hechos que llevaron a la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo. Yo creo que el PAN debe dejarse de tonterías, culpar a los demás por su propia gente y sugerirle a Rafael Moreno Valle que pida licencia para permitir una investigación independiente y plural.

Yo creo que el PRD, que también ayudó a llevar a Moreno Valle a la gubernatura, debe exigirle la petición de licencia.

Rafael Moreno Valle debe pedir licencia, creo yo, para permitir esa investigación independiente y plural. Y si se le encuentra inocente, que regrese a su cargo; y si no, que lo lleven ante un tribunal, fuera de Puebla, en donde sea juzgado y condenado.

Él creó las condiciones para que se dieran los hechos: impulsó la Ley Bala y puso a un jefe policiaco agresivo; ordenó darle con todo a los pobladores que pedían que no les retiraran la oficina de Registro Civil y luego, ya lo dirán las investigaciones, intentó borrar evidencia. Debe ser juzgado y para eso, debe pedir licencia.

Si no se le juzga ahora, ya no se le juzgará en el futuro. Allí está Ulises Ruiz como ejemplo.

Si no se juzga ahora a Rafael Moreno Valle, los intereses que lo mueven lo pueden proteger hasta convertirlo, ¿por qué no?, en candidato a la Presidencia. Allí está Enrique Peña Nieto como ejemplo; allí está Atenco, también, donde la justicia jamás llegó.