RAÚL PLASCENCIA, EL DEFENSOR INDEFENDIBLE

A punto de concluir su encargo al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y con la pretensión de ser reelecto, Raúl Plascencia Villanueva lleva a cuestas cuestionamientos y críticas de las organizaciones de la sociedad civil por su ineficacia y omisiones en su trabajo de defensa de los derechos humanos.

Rezago en el trabajo del organismo a su cargo, actuaciones “a modo”, omisiones frente a violaciones graves de derechos humanos y endebles recomendaciones son algunos de los señalamientos que distintos grupos civiles han hecho a su trabajo.

Tratándose de la institución pública encargada de salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos en casos que involucren a agentes del Estado, la consecuencia de su ineficacia es que abona a la impunidad que prevalece en el país, señalan defensores de los derechos humanos.

Pero aún con una gestión que ha sido cuestionada desde que comenzó en 2009, Plascencia busca permanecer en el puesto cinco años más…

Raúl Plascenia Villanueva, presidente de la CNDH en la lectura de las Recomendaciones sobre Violaciones Graves a Derechos Humanos «caso Chalchihuapan». Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH en la lectura de las Recomendaciones sobre Violaciones Graves a Derechos Humanos “caso Chalchihuapan”. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- Con una demanda de juicio político a cuestas, promovida por decenas de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos; críticas por su ineficacia y omisiones en casos de violaciones graves a los derechos humanos; señalamientos sobre su cercanía con el Poder Ejecutivo; y hasta cuestionamientos por la adquisición de una residencia valuada en 20 millones de pesos, Raúl Plascencia Villanueva pretende reelegirse como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo frente al cual ha estado desde el 16 de noviembre de 2009.

Será este jueves 30 de octubre cuando el actual ombudsman nacional acuda ante al Senado de la República para comparecer ante las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, en la última etapa del proceso para elegir al siguiente presidente de la CNDH. La inclusión de Plascencia Villanueva entre los 21 candidatos que buscan el puesto, ha hecho que en los formalismos se llame un proceso de “elección o reelección”.

Sin embargo, la intención de Plascencia Villanueva de permanecer otros cinco años al frente de dicha instancia ha sido ampliamente criticada y cuestionada por varias y diversas organizaciones civiles, que han valorado su gestión como ineficaz y omisa, cuando no facciosa y hasta contraproducente a la defensa de los derechos humanos, de cuya salvaguarda es responsable.

A días de que se defina quién será el siguiente presidente de la CNDH, la muestra más visible de esas posturas es el movimiento #NoMásComPlascencia, promovido por el Comité Ciudadano para la recuperación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a favor de las víctimas.

El Comité Ciudadano está integrado por 85 organizaciones y defensores de los derechos humanos -entre ellos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y los investigadores Sergio Aguayo y Denise Dresser- que buscan evitar que Plascencia Villanueva sea reelegido y llaman a los ciudadanos a sumarse a su exigencia.

El pasado 24 de septiembre, en representación del Comité Ciudadano, Eduardo Gallo y Tello, Alberto Athié y Valentina Peralta presentaron una denuncia ante la Cámara de Diputados para exigir un juicio político al funcionario, por las graves omisiones del organismo a su cargo ante varios casos de violaciones de derechos humanos y por el uso faccioso de la institución para fines distintos a la defensa de las garantías individuales, como declararon entonces los voceros.

Una semana después, el 1 de octubre presentaron una carta ante la Federación Iberoamericana del Ombudsman, cuya asamblea general se desarrollaba entonces en México, para denunciar la crisis prevaleciente en el país “por las gravísimas omisiones de la CNDH frente a la impunidad en casos de cientos de miles de delitos, abusos de servidores públicos, desapariciones forzadas, extorsiones por parte de algunas autoridades, homicidios e incluso ejecuciones extrajudiciales”.

A nombre de víctimas, sus familiares, organismos civiles de derechos humanos, organizaciones sociales, académicos, analistas políticos y ciudadanos, la carta también expresaba el sentir de todos ellos: “Estamos inconformes y agraviados por el papel que ha desempeñado el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, persona que consideramos no es idónea para continuar presidiendo la CNDH”.

Desde mediados de septiembre, SinEmbargo ha buscado a Plascencia Villanueva para conocer su postura sobre estos y otros señalamientos. Pero el funcionario no ha respondido, y en la víspera de su comparecencia en el Senado, las críticas a su gestión se siguen sumando.

“No podía haber sido peor, porque lejos de defender los derechos humanos, Raúl Plascencia se dedicó a defender a quienes los violaban”, dijo Gallo en entrevista con este medio digital.

En su opinión, la forma de defender a quienes violan los derechos humanos es siendo omiso ante los agravios, en lugar de atenderlos, como le exige el cargo que desempeña.

“Esa es la forma en la que actuó, y eso es ser permisivo, es volverse cómplice, volverse encubridor de quienes violentan los derechos humanos, y la consecuencia es lo que estamos viendo en todo el país: un México incendiado donde la policía viola los derechos humanos, donde el Ejército viola los derechos humanos, donde se tortura”, expresa.

Desde su creación en junio de 1990, la CNDH tiene la encomienda de proteger y velar por la defensa de los derechos humanos.

De ahí que desempeñe un papel fundamental frente a las violaciones de los derechos humanos, que involucran a agentes del Estado. Y de ahí también que al fallar a esa atribución, envíe un mensaje de impunidad, reflexiona Gallo.

“Se vuelve toral la trascendencia de la actuación de la CNDH en términos de las violaciones, porque se va mandando la señal a las fuerzas del orden, a las policías federales, estatales y municipales, que se pueden violar los derechos humanos”, expone.

“Ese es el mensaje: hay absoluta impunidad a quien viole los derechos humanos. Ese es el mensaje que manda todos los días la actitud y la actuación de Plascencia, por eso no puede seguir en la Comisión”.

NOMBRAMIENTO CUESTIONADO

Foto: Francisco Cañedo/SinEmbargo
Plascencia Villanueva busca la reelección en la CNDH. Foto: Francisco Cañedo/SinEmbargo

Doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Plascencia Villanueva llegó a la presidencia de la CNDH en 2009, también en medio de cuestionamientos por la continuidad que su figura representaba respecto a su antecesor, José Luis Soberanes Fernández.

Para entonces había trabajado dentro de la CNDH como visitador durante 10 años, primero en la Segunda Visitaduría (1999-2004) y luego en la Primera Visitaduría (2005-2009).

Su llegada a la presidencia de la CNDH fue en su momento criticada por organizaciones civiles que confluyeron en el grupo Relevos 2009.

Dicha coalición se formó ese año a fin de vigilar los procesos de elección de los nuevos titulares de la CNDH y su homóloga en el Distrito Federal, y estaba integrada por loas organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Propuesta Cívica y Salud Integral para la Mujer.

Al darse a conocer la designación de Plascencia Villanueva como quien sustituiría a Soberanes Fernández, el grupo Relevos 2009 señaló que tal decisión significaba una continuidad y aval del modelo implementado por su antecesor.

Las organizaciones también señalaron que tal nombramiento era resultado de acuerdos cupulares entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que sólo habían simulado un proceso abierto. Como tal, su designación era una “farsa”, pues se trataba de un nombramiento ad hoc al gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, consideraron entonces.

Pero tales señalamientos no bastaron para frenar su elección, y 78 de quienes en ese momento fungían como Senadores designaron a Plascencia Villanueva como ombudsman nacional el 5 de noviembre de 2009.

Dado su pasado como funcionario de la Comisión, el mismo día de su elección el entonces Senador perredista Pablo Gómez Álvarez dijo a la prensa que la terna votada no daba la renovación que se necesitaba en la CNDH, y recordó que Plascencia llevaba una década como visitador, como una forma de señalar también el continuismo denunciado por las organizaciones civiles. “La continuidad de Soberanes es Plascencia”, dijo entonces.

El riesgo esta vez es que la continuidad de Plascencia sea el propio Plascencia, conforme con los señalamientos de las organizaciones que se oponen a su reelección.

En el proceso para el nombramiento del siguiente presidente de la CNDH, el fantasma del continuismo ha estado presente. El pasado 13 de octubre, cuando estaba por definirse el mecanismo de elección, unas 68 organizaciones denunciaron que la propuesta que entonces estudiaría el Senado privilegiaba la reelección de Plascencia, ya que se planteaba evaluar primero al actual ombudsman sin tomar en cuenta otras candidaturas posibles.

Sólo en caso de una votación negativa a Plascencia, se procedería a una elección abierta entre otros candidatos.

Si bien ese planteamiento no prosperó, la organización por la libertad de expresión Artículo 19 señaló que las comparecencias de los candidatos en el Senado no incluirán a representantes ciudadanos. Por ello, consideran, “carecerá de legitimidad necesaria”.

Gallo apunta que persisten vacíos en las reglas del procedimiento de elección o reelección, que podrían ser usados para conducir la designación a favor de un candidato.

“Todavía se puede hacer una elección a modo, según les convenga, y eso es algo que no podemos permitir los mexicanos, ya estuvo bueno de que los políticos manipulen y hagan lo que les da la gana, y menos en una institución tan importante para que el país camine en el estado de derecho”, expresa.

CIFRAS Y OPACIDAD

En su más reciente informe de actividades, correspondiente al año 2013, la CNDH ofrece cifras para indicar el avance de su trabajo. El año de referencia que toman es 2009, precisamente el año que Plascencia Villanueva llegó al cargo.

La numeralia que, según la CNDH, muestra los avances en su trabajo, es la siguiente: en “actividades para la protección y defensa de los Derechos Humanos”, se pasó de 305 mil 580 actividades a 639 mil 248, o sea 109 por ciento más.

También se brindó “capacitación y vinculación” a un millón 206 mil 630 personas, 2 mil 69 por ciento más personas que en 2009. Y se publicaron 7 millones 168 mil 551 ejemplares, 201 por ciento más que en 2009. Esos fueron sus avances reportados.

Sin embargo, hay otras cifras que también ayudan a delinear cómo ha sido la gestión de Plascencia Villanueva.

El pasado lunes, 13 organizaciones civiles se presentaron en audiencia ante las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado, que se encargan del proceso de elección del siguiente ombudsman.

Ximena Andión, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, se refirió a la ineficiencia operativa de la CNDH, dado que cada vez es menor el número de quejas presentadas ante el organismo que se convierten en recomendaciones.

De acuerdo con Ana Laura Magaloni, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, de 2009 a 2013 se presentaron 8 mil 700 quejas al año ante la CNDH y de éstas sólo uno por ciento terminó en una recomendación.

En promedio, refirió la investigadora, el organismo encargado de la defensa de los derechos humanos en el país, emitió 87 recomendaciones por año, pero sólo tres fueron acatadas a cabalidad por la autoridad.

Andión agregó que, en promedio, 13 por ciento de las recomendaciones presentadas son rechazadas por las instituciones.

Gallo ofrece otros datos: en 2013, la Comisión recibió 13 mil 600 quejas, pero sólo realizó 86 recomendaciones, de las cuales nueve ni siquiera fueron aceptadas. Del total de quejas, 4 mil 500 quedaron pendientes de resolución.

“No representa no siquiera el uno por ciento”, espeta Gallo al hablar sobre la diferencia entre las quejas y el número de recomendaciones.

“Es el 0.6 por ciento de recomendaciones por queja, o sea una recomendación por cada 155 quejas. Eso es evidencia de que no defendió ni protegió los derechos humanos, sino que defendió y protegió, con su actuación omisa y permisiva, a quienes las violaban”, sostiene.

GESTIÓN DE OMISIONES

Fosas de San Fernando en Tamaulipas. Foto: Cuartoscuro
Restos encontrados en las fosas de San Fernando, en Tamaulipas. Foto: Cuartoscuro

La gestión de Plascencia Villanueva al frente de la CNDH avanzó a la par del recrudecimiento de la violencia en el país desde el sexenio pasado, que se tradujo en la sistemática violación de derechos humanos. Las consecuencias sociales persisten: asesinatos de civiles por fuerzas del Estado, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura, como han denunciado instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

La demanda presentada por el Comité Ciudadano a los Diputados para exigir un juicio político a Plascencia Villanueva compendia la actuación del ombudsman en estos cinco años. Entre los aspectos que señala están las omisiones deliberadas para denunciar situaciones que afectan los derechos humanos, así como para emitir recomendaciones y señalar al Estado por violaciones a derechos humanos en casos públicamente conocidos. Además, refiere, “ha violado los derechos de víctimas que acuden a buscar protección”.

El documento también acusa que durante sexenio de Calderón nunca investigó muertes de civiles, pese a que incluso las cifras oficiales hablaban de 35 mil muertes que involucraban a las Fuerzas Armadas, presuntos delincuentes y civiles.

Tampoco ha investigado para saber si esos asesinatos están relacionados con las desapariciones registradas en el mismo periodo. Además, respecto al tema de las desapariciones, Plascencia no hizo ningún señalamiento por las cifras dadas a conocer por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que redujo la cantidad de personas reportadas como desaparecidas.

Ante el problema del secuestro de migrantes, que la propia CNDH documentó en un informe especial, la institución a cargo de Plascencia sólo recomendó a las autoridades tomar medidas para prevenir los secuestros de migrantes. Pero no señaló la gravedad de lo que estaba sucediendo, ni tomó medidas preventivas para evitar que escalara el tema de inseguridad contra migrantes, señala la denuncia contra Plascencia.

El documento destaca el caso de los 72 migrantes, cuyos cadáveres fueron encontrados en una bodega en San Fernando, Tamaulipas, en 2010. Al respecto refiere que el informe especial que se hizo en ese caso es deficiente, pues no se pronunció sobre los hechos de la masacre ni se dio voz a las familias de las víctimas, pues ni las entrevistó para el informe ni las reconoció como víctimas.

Además, subraya que aunque los cadáveres fueron encontrados en agosto de 2010, la CNDH emitió una recomendación hasta diciembre de 2013.

La CNDH también ha sido omisa ante tema de los desplazados internos forzados a causa de la violencia, apunta la demanda contra su titular.

La misma omisión, dice el documento, ha tenido frente al tema de la tortura, que sigue siendo una práctica recurrente, sobre todo entre las dependencias de seguridad y dada la incursión del Ejército en labores de seguridad. Lo anterior pese a que la CNDH es la dependencia encargada de implementar los Mecanismos Nacionales de Prevención contra la Tortura.

Otro caso en el que las organizaciones consideran que el ombudsman fue omiso es el de los abusos policiales en la manifestación del 1 de diciembre de 2012, durante la toma de protesta de Peña Nieto. En esa jornada de enfrentamientos entre policías y manifestantes, fueron detenidas 92 personas y lesionadas 121.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una recomendación por esos hechos en abril de 2013, y determinó que la policía capitalina había usado excesivamente la fuerza. Por el contrario, en una entrevista concedida a La Jornada el 13 de diciembre de 2012, Plascencia dijo no era válida una manifestación violenta en la que se cometieran delitos para intentar reclamar un derecho. También cuestionó que a esa protesta se le pudiera llamar manifestación, pues dijo que desde el principio había sido violenta.

Aunque Plascencia anunció que también estaba investigando el caso del activista Juan Francisco Kuykendall, quien ese 1 de diciembre fue herido en la cabeza por una bala de goma supuestamente lanzada por policías federales, y falleció a consecuencia de esa lesión en enero de 2014.

La CNDH descartó que hubiera podido acreditarse la agresión por parte de agentes federales, aunque no detalló cómo había llegado a esa conclusión.

En casos recientes de posibles restricciones a los derechos humanos mediante instrumentos legales, la CNDH no ha ejercido acciones de inconstitucionalidad para frenar leyes que atentan contra la protesta social, acusaron las organizaciones.

El 30 de abril pasado, el Congreso de Quintana Roo aprobó la Ley de Ordenamiento Cívico, que obliga a los manifestantes a informar a las autoridades 48 horas antes de que se lleve a cabo; la autoridad tiene la facultad de recomendar cambio de lugar, fecha y hora.

En el Distrito Federal fue aprobada la Ley de Movilidad, la cual restringe los espacios para realizar manifestaciones y también plantea que se avise previamente a las autoridades. Y el 19 de mayo de 2014, el Congreso de Puebla aprobó la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del Estado de Puebla. La ley fue motivo de preocupación desde que se dio a conocer porque autorizaba el uso de la fuerza policial en manifestaciones públicas, e incluso el uso de armas de fuego en algunas circunstancias. El 24 de julio, la ley fue abrogada.

El 9 de julio, el enfrentamiento entre policías estatales y pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, provocó la muerte de un menor supuestamente por una bala de goma disparada por los agentes policiacos, llevó a la derogación de la ley. La CNDH emitió una recomendación al gobierno de Puebla, que hasta la fecha no se ha cumplido por completo.

La Comisión también fue omisa frente a la petición de 141 organizaciones civiles sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones, pues planteaba la posibilidad de la geolocalización de usuarios de telefonía móvil sin necesidad de una autorización judicial.

Asimismo, la Red TDT denunció que solicitaron a Plascencia Villanueva que presentara una acción de inconstitucionalidad contra la Reforma Energética, por considerar que violaba varios derechos humanos. Pero un mes después de haberlo solicitado, la dependencia no les había dado respuesta y sólo se había limitado a declarar que no “se encontraron elementos que indiquen que existen violaciones a derechos humanos”.

CASOS “A MODO”

Tlatlaya, donde los militares ejecutaron a civiles. Foto: Archivo
Tlatlaya, donde los militares ejecutaron a civiles. Foto: Archivo

En otros casos, el ombudsman ha actuado “a modo” en casos de violaciones graves a los derechos humanos.

El más evidente, a decir de las organizaciones, fue el de la ejecución de 22 personas por miembros del Ejército, en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio.

El 23 de septiembre, aun sin concluir su investigación al respecto, Plascencia adelantó que el informe podría ser absolutorio sobre la posible responsabilidad de los militares. “Tenemos una claridad de que se trató de un enfrentamiento que duró cerca de dos horas entre el Ejército y estas personas, de disparos entre unos y otros”, aseguró, en consonancia con la versión oficial. Esa versión era la misma del Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y pretendía defender al Ejército mexicano.

Sin embargo, el pasado 21 de octubre, el ombudsman nacional, presentó una versión distinta a la que él mismo había avalado, y afirmó que, de acuerdo con la investigación de la CNDH, 15 de las 22 víctimas que perdieron la vida fueron ejecutadas por militares.

En su recomendación, emitida cuatro meses después de los hechos, la CNDH reconoció que algunos elementos del Ejército mataron a personas que ya se habían rendido, tras un enfrentamiento que duró entre 5 y 10 minutos.

Otro caso fue el de los militares Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, acusados de vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva, con base en declaraciones de un testigo protegido. En abril de 2013 fueron absueltos de las imputaciones.

Durante su encierro, Dauahare denunció violaciones a sus derechos humanos, y aunque su abogado acudió a la CNDH a denunciarlos, no obtuvo respuesta.

Plascencia hizo declaraciones sobre el uso de testigos protegidos hasta después de que los militares fueron liberados, pero su hizo ninguna acción más allá, cmi analizar el problema del uso d testigos protegidos para sustentar detenciones o acciones para auxiliar a las víctimas de violación de sus derechos por estos casos.

Otro caso fue el de Miriam Isaura López Vargas, quien fue detenida arbitrariamente, torturada y violada por integrantes del Ejército. Aunque la CNDH emitió una recomendación sobre el caso, dejó en manos de la justicia militar el caso, aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó, a partir del fallo por el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que la jurisdicción militar no es la idónea para resolver los casos que involucren a víctimas civiles.

Además, en 2012 la CNDH avaló un intento de reaparición de daño por parte de la Sedena, en el que la dependencia acudió a casa de la víctima y l ofreció sólo una reaparición económica.

La mujer se negó al considerar que no se aceptaba la responsabilidad y no cumplía con estándares internacionales de reaparición del daño; sin embargo, la CNDH alegó cumplimiento con este hecho y cerró el proceso de seguimiento a la recomendación.

CUESTIONAMIENTOS POR PROPIEDAD Y GASTOS

La casa que, según Reforma, estrenaría Plascencia Villanueva en la capital del país. Foto: Reforma
La casa que, según Reforma, estrenaría Plascencia Villanueva en la capital del país. Foto: Reforma

El pasado 19 de octubre, el diario capitalino Reforma dio a conocer que Plascencia Villanueva, quien recibe un sueldo mensual neto de 131 mil 736 pesos, estaba por estrenar una residencia en el Pedregal de San Ángel, la cual tendría un valor aproximado de 20 millones de pesos, según el medio.

Al día siguiente, el mismo periódico reveló que la CNDH ha incurrido en irregularidades en cuanto el ejercicio del presupuesto destinado a obra pública, principalmente para mantenimiento y rehabilitación de sus edificios. Con base en documentos de la Oficialía Mayor, documentó que entre el 2012 y en lo que va de 2014, el organismo ha rebasado el tope que marca la ley para asignar contratos por adjudicación directa y por invitación a cuando menos tres personas.

La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas (LOPSRM), señaló Reforma, establece que 70 por ciento del presupuesto en esta materia debe ejercerse vía licitación pública, y un 30 por ciento, máximo, a través de invitación a cuando menos tres personas y/o adjudicaciones directas.

Sin embargo, los documentos en poder del medio revelaron que en 2012 la CNDH ejerció el 100 por ciento de los casi 17 millones de pesos destinados a obra púbica a través de invitación a tres personas o adjudicación directa.

En 2013 usó esta vía para el 70 por ciento de los 16.4 millones de pesos asignados a esta materia y en lo que va de 2014, el 35 por ciento de los 17.6 millones previstos.

Tras difundirse esa información, el pasado 21 de octubre los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roberto López Suárez, y de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía, exigieron a Plascencia Villanueva, a través de un pronunciamiento, que no intentara buscar su reelección y pidieron que presentara su declaración patrimonial.

Además señalaron que desde el inicio de la actual legislatura solicitaron reuniones con el ombudsman e incluso se previó su comparecencia, pero Plascencia Villanueva no ha acudido a rendir cuentas ante los legisladores.

“Su renuencia a comparecer parece protegida, puesto que no se le han hecho exigencias contundentes que lo obliguen como a cualquier funcionario público, a rendir cuentas a este poder legislativo”, señalaron los Diputados.

También se refirieron a su negativa por hacer pública su declaración patrimonial. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos plantea la obligación de todos los funcionarios de declarar sus bienes patrimoniales; sin embargo, queda a discreción de cada funcionario hacerla pública o no. Plascencia Villanueva ha optado por no publicarla.

LAS RESPUESTAS DEL OMBUDSMAN

Al día siguiente de que Reforma publicó información sobre la propiedad que el ombudsman estaría por estrenar, el funcionario contestó, por conducto de Saúl López Lavín, director general adjunto de la Coordinación General de

Comunicación y Proyectos de la CNDH, que difundir esos datos ponía en riesgo su seguridad y la de su familia y responsabilizó de ello al medio.

En un comunicado cuestionó los motivos del diario por publicar esa información, lo que, a su parecer, “muestra y confirma una campaña de desinformación y desprestigio” contra Plascencia.

“Pero lo más grave del asunto es que lo ponen a él y a su familia (esposa e hijos) y a su integridad personal en riesgo y como blanco de la delincuencia”, señaló.

Previamente, cuando las organizaciones integrantes del Comité Ciudadano presentaron la demanda de juicio político en su contra, el presidente de la CNDH la calificó como “guerra sucia” alejada de la realidad del país.

RESPONSABILIDAD JUDICIAL DE LA CNDH

Durante la gestión de Plascencia Villanueva y primera vez en la historia de la CNDH, el organismo enfrenta cinco juicios de amparo en contra de sus recomendaciones, las cuales fueron impugnadas por las propias víctimas.

Dos de ellas fueron presentadas entre enero y marzo pasados, por familiares de personas asesinadas en la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

Los familiares señalaron que ningún funcionario de la CNDH se les acercó para consultarlos u ofrecerles asesoría ni información. Además, en el informe que la CNDH hizo sobre el caso no señaló la responsabilidad del Estado mexicano y negó a los familiares el estatuto de víctimas.

Los otros tres amparos son de mujeres indígenas víctimas de violencia obstétrica en Oaxaca y Yucatán, porque la CNDH omitió recomendar que se les reparara el daño.

Uno de esos casos, llevado por GIRE, ha abierto una puerta a las víctimas que se consideran agraviadas por ña instancia que debería proteger sus derechos.

Y es que el pasado 14 de octubre, la organización informó que una jueza federal estipuló que la CNDH sí puede ser responsable de violaciones a derechos humanos. La resolución de la jueza federal Ana Luisa Hortensia Priego Enríquez fue emitida a partir de un amparo presentado por GIRE.

La organización recordó que en repetidas ocasiones, la CNDH ha apelado a su calidad como órgano autónomo y que debido a que sus recomendaciones no eran obligatorias, estaba exenta de cometer violaciones a derechos humanos.

Pero la jueza resolvió que en el momento en que las recomendaciones son aceptadas, se genera una obligación para cumplirlas, la cual debe estar supervisada por la CNDH.

“Con ello se sienta un precedente de suma importancia ya que las víctimas podrán defenderse del órgano que debería velar por sus derechos”, señaló GIRE.

LA CNDH QUE SE NECESITA

La decisión que en lo próximos días tomarán los Senadores podría significar el cambio de rumbo en la gestión de la CNDH, o su continuidad. Así se expresa Gallo sobre las características que, considera, debería tener el siguiente ombudsman:

“Necesitamos un líder dentro de la CNDH que esté dispuesto a trabajar para impedir que se sigan violando los derechos humanos, que tenga las habilidades para hacer una reingeniería de la propia CNDH y convertirla en lo que era su misión original: una institución que garantice la defensa de los derechos humanos en beneficio de quienes ven violados esos derechos, o de los familiares de quienes vieron violados sus derechos, e incluso desaparecieron o perdieron la vida”.

Para ello, reconoce, haría falta cambiar no sólo a la cabeza visible de la Comisión, sino a todo el equipo sobre el que el organismo se sostiene, y transparentar su trabajo.

No obstante, insiste en que las fallas de Plascencia ameritan que no sea elegido nuevamente en el cargo.

“Porque no estamos en posibilidad de reelegir a una persona que ha fallado de la manera como ha fallado, que no es una casualidad sino que es con toda intención, ha dejado de defender los derechos humanos. Estamos saliendo [a denunciar] por eso, porque ya no podemos aceptar ni un día más con una persona como él al frente de la CNDH”.

La PGR sabía sobre Abarca… y nada hizo

Por Martín Moreno

+En mayo y julio se notificó a la SEIDO.

+Murillo Karam: o lo ignoró o se lo ocultaron.

La Procuraduría General de la República encabezada por Jesús Murillo Karam, supo desde mayo pasado sobre las actividades criminales del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y nada hizo. La PGR fue omisa e indolente a pesar de haber recibido notificaciones oficiales sobre las actividades ilícitas de Abarca.

Documentos en poder de esta columna comprueban que al menos en dos ocasiones – el 2 de mayo y el 16 de julio de 2014-, autoridades judiciales de Guerrero pusieron sobre aviso al titular de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la SEIDO, Gualberto Ramírez Gutiérrez, sobre acusaciones directas y graves en contra de Abarca, y respecto a homicidios en los que el presidente municipal igualteca estaba involucrado. Pero nada se investigó.

Nada hizo Ramírez Gutiérrez.

Nada hizo la PGR.

Si Ramírez Gutiérrez se lo notificó a Murillo Karam, y el procurador federal nada hizo, malo.

Y si Ramírez Gutiérrez se lo ocultó a Murillo Karam, pues peor: el procurador tendría colaboradores que le esconden información delicada.

Si Ramírez Gutiérrez hubiera hecho su trabajo, abriendo una investigación sobre la montaña de acusaciones que había en contra de José Luis Abarca, de sus colaboradores, de la forma como se habían coludido autoridades y crimen organizado en Iguala y sus alrededores, de quiénes eran sus pistoleros, de cómo extorsionaban y secuestraban, seguramente hoy los normalistas estarían tomando clases en la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Pero Ramírez Gutiérrez, alto funcionario de la PGR, simplemente las ignoró. Al parecer, archivo las denuncias que le llegaban desde Guerrero. No movió un dedo.

Y hoy, todos, enfrentamos las consecuencias de la indolencia criminal de la PGR.

*****

La primera notificación oficial hecha a la PGR –directamente a Ramírez Gutiérrez- fue el 2 de mayo de 2014, a las 10 de la mañana con 52 minutos y 39 segundos.

En la información enviada al funcionario de la PGR, se le hace saber de la declaración ministerial de Ernesto Pineda Vega – quien fuera cercano al líder perredista, Arturo Hernández Cardona, levantado y asesinado por órdenes de Abarca-, hecha ante el MP del Fuero Común de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, Alejandro Ocampo Blas, donde se asienta que (extractos):

“La Organización Guerreros Unidos ha secuestrado a innumerable número de personas y desaparecido a otras tantas, uno de los que recuerdo lo conozco como Luis Pacheco y su esposa, a quienes secuestraron en el mes de marzo de este año; el motivo fue por que le fueron a reclamar al Director de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velázquez, y el presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez, que les entregaran a su hijo, dando éstos la instrucción al “M”, Mario Casarrubias, y a su hermano, que le dicen el “Mochomo”, Rafael Casarrubias, los cuales son el brazo armado del presidente municipal y del Director de Seguridad Pública, (y) también forman parte de la organización de los Guerreros Unidos; el Comisario Ejidal de nombre Antonio Bustamante Nájera, así como su tío Fausto Nájera y otro familiar que sólo conozco con el nombre del perico Belem, Moisés y Maximino de apellidos Pedraza Salgado, así como a los hermanos conocidos como Los Peques de nombres Tío, Osiel, Orbelin, Mateo y Salvador, todos de apellido Peralta Rodríguez, de los cuales sé que Orbelin tiene orden de aprehensión por el delito de secuestro…

“Quiero señalar que yo anduve trabajando con Arturo Hernández Cardona, solicitando apoyo para las personas de bajos recursos ante el Presidente Municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien en una ocasión me llamó en privado, siendo esto ocho días antes de levantar a Cardona, y me dijo lo siguiente: ´A ver, hijo de la chingada, ya me tienen hasta la madre… o te separas de Cardona o vas a correr la misma suerte….

“…también yo sé que había mandado asesinar al síndico Municipal Justino Carbajal, quien es familiar de Félix Salgado Macedonio, y a Rafael Ochoa, quien era líder de la colonia que se encuentra a la salida a Taxco, misma colonia que se apropia José Luis Abarca, con la finalidad de tener el mando de otras colonias ya que no quiere a ningún líder que le haga contrapeso…

“…otras personas que manda levantar es a los dueños de una Gasolinera y a sus trabajadores, siendo estos aproximadamente veinte; esta gasolinera se encuentra a la salida de Teloloapan, por cierto sigue aún cerrada, ya que no tuvieron dinero para pagar su rescate. Estos hechos tienen pasadito de un mes. Su forma de operar es que la policía municipal levanta a las víctimas y ellos las entregan a los Guerreros Unidos y después éstos se encargan de negociar y pagar sus rescates…

“Otra persona que trabaja para los Guerreros Unidos es el delegado de Transporte, siendo esto servicio urbano y taxis, juntando aproximadamente más de un millón de pesos ya que son más de dos mil transportistas, y sé que también extorsionan a comerciantes cobrando cuota dependiendo de qué tan grande es, desde diez mil hasta veinte mil pesos…a los únicos que no les cobran es a los dueños del Centro Joyero ya que el dueño es José Luis Abraca y su esposa Ángeles Pineda…”.

Hasta aquí parte de lo declarado por Pineda Vega ante el MP Ocampo Blas.

De todo ello supo Ramírez Gutiérrez en su calidad de jefe de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la SEIDO. Había pruebas suficientes para iniciar una investigación en contra de José Luis Abarca, alcalde de Iguala, por su relación con el crimen organizado.

Pero nada se hizo.

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La segunda notificación hecha llegar, de manera formal, a Ramírez Gutiérrez, fue el 16 de julio de 2014. En esa ocasión se la envió el Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, Miguel Ángel Cuevas Aparicio, con sede en la PGJE de Guerrero, dentro de la AP HID/SC/01/758/2013.

En esa notificación, el MP Cuevas Aparicio solicita apoyo para aclarar el homicidio del líder perredista, Arturo Hernández Cardona. (Hoy sabemos que su muerte fue ordenada por José Luis Abarca).

Aquí, unas líneas comprobatorias de la notificación enviada a Ramírez Gutiérrez como enlace entre la Procuraduría de Justicia de Guerrero y la PGR:

“…por medio del presente solicito gestionar lo conducente a efecto de informar qué compañías brindan el servicio, el nombre y domicilio del abonado, de los siguientes números telefónicos debido a que se encuentran relacionados con los hechos que se investigan que es el homicidio de Arturo Hernández Cardona y otros…

7441243066 2) 7331006884 3)7331176406
4) 7331024639 5) 7333390397 6)7335832819

7) 7333333578 8) 7333321399 9) 7335825896

10) 7333329271

“Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración”. Firma: MP Miguel Ángel Cuevas Aparicio”.

Gualberto Ramírez Gutiérrez lo supo, en su calidad de funcionario de la PGR. Y también fue enterado, el 2 de mayo pasado, de los nexos de Abarca con el crimen organizado.

Y nada hizo.

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Hoy, todos pagamos la indolencia de funcionarios de la PGR. Principalmente normalistas de Ayotzinapa asesinados, sus 43 compañeros desaparecidos hasta la entrega de esta “Red Pública”, sus familias, sus amigos, Guerrero, México.

La indolencia oficial se pagó con muertes de inocentes.

La necesaria muerte del PRD

Por Sanjuana Martínez

Cuando un partido político traiciona sus principios, se desvía de su objetivo original, ignora las criticas para corregir y comete errores de manera constante, su destino manifiesto es la autodesaparición.

Si Heberto Castillo levantará la cabeza de la tumba se revolcaría al ver en lo que se ha convertido el PRD, un partido que nació con firmes ideales de izquierda, convertido ahora en un esperpento político vinculado al poder gubernamental.

A veces, el humanitario uso de la eutanasia está más que justificado para acelerar la muerte de este tipo de partidos. Se trata de evitar más dolor y sufrimiento a quienes padecen las consecuencias de su agónica existencia.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), en cuya fundación el 5 de mayo de 1989 se especificaba que sería un partido con una ideología política de izquierda, ha cambiado radicalmente, se ha alejado de sus principios básicos. Y merece la eutanasia.

Los fundadores eran de la Corriente Democrática del PRI y tuvieron la gran idea de fusionarse con organizaciones de la izquierda mexicana. En su nacimiento, el PRD generó grandes ilusiones. Antes de llamarse así se denominó el Partido Mexicano Socialista (PMS) y aglutinaba 6 fuerzas políticas de la histórica izquierda: el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Patriótico Revolucionario (PPR), Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), Unión de la Izquierda Comunista (UIC); y después una parte de la militancia del Partido Socialista de los Trabajadores (PST).

Del nacimiento al momento actual, surge la primera pregunta. ¿Qué le queda de izquierda al PRD? Nada o casi nada. Es un partido que participó abiertamente en el Pacto por México traicionando a su propio electorado al unirse a las políticas neoliberales representadas magistralmente en las reformas de Enrique Peña Nieto.

El increíble capital político obtenido en las últimas elecciones gracias al Movimiento Progresista fue echado por la borda por los actuales dirigentes del PRD inscritos en la corriente de los Chuchos controlada por Jesús Ortega, Jesús Zambrano y Carlos Navarrete.

El PRD debería ser excluido de la Internacional Socialista. Dejo de ser de izquierda cuando abandonó el ideal socialdemócrata y le dio la espalda a las causas más humildes, a la justicia social, al combate a la pobreza y la endémica desigualdad.

El proyecto de los Chuchos ha terminado por destruir al PRD. En su afán por ganar gubernaturas, alcaldías y puestos de elección popular, se olvidó de analizar de manera fehaciente los perfiles de los candidatos.

Para los Chuchos lo más importante es que dichos candidatos sean amigos, compadres, ahijados, conocidos de los jefes. El único mérito exigido para convertirse en candidato perredista bajo su mandato era el estar bien colocado, con palancas y por supuesto, con suficiente dinero para comprar voluntades y repartir prebendas.

La descomposición del PRD empezó hace años con Jesús Ortega a la cabeza, el Chucho mayor, quien aún controla tras bambalinas los hilos del partido. Fue él quien empezó con las luchas caudillistas por encima de los principios ideológicos. En el PRD de los Chuchos se hace lo que Ortega dice y si no, allí está la puerta o el ostracismo para sus adversarios de partido.

El PRD fue construyendo sus propios caudillos por encima de objetivos de partido. El propio Cuauhtémoc Cárdenas sigue aspirando a la presidencia sin haber superado la caída del sistema. Su menguado liderazgo ya no contiene ni la más mínima crisis interna, ni mucho menos, los vendavales actuales generados en Guerrero por los perredistas narcopolíticos.

El odio entre ellos terminó por consumir al PRD. Cuauhtémoc no se lleva con Andrés Manuel, Jesús Ortega tampoco tiene buenas relaciones con ambos; Navarrete no soporta a René Bejarano y Zambrano a ninguno de los anteriores, aunque en el fondo todos llevan una relación diplomática envidiable en la carrera por obtener el hueso mayor. Bendita izquierda. Siempre dividida. Todos quieren ser generales, capitanes, jefes. En fin, que las luchas de poder interno fueron calcinando los verdaderos objetivos del partido.

La rubrica ideológica del PRD desapareció. Y como mejor ejemplo allí está Guerrero. Los invitó a visitar Guerrero, fuera de Acapulco o Zihuatanejo. Hay vivir, sentir, pensar, reflexionar la miseria extrema de ese estado, un estado eminentemente de “izquierda” que a pesar de ser un feudo perredista nunca disminuyó la desigualdad económica histórica en la que han vivido durante décadas.

En Guerrero el PRD se mimetizó con el PRI y con lo peor de la política. Se olvidó de combatir la corrupción. Prefirió ser parte de ella, robar a manos llenas, aceptar dinero sucio para sus campañas. Hizo suyo el lema: “el fin justifica los medios” y sus dirigentes se enriquecieron sin pudor. Los Chuchos mayores y menores sabían lo que pasaba en Guerrero, siempre lo supieron, pero al fin y al cabo, esos narcopolíticos eran parte de su gente, de su corriente, de su tribu, de su mafioso grupo. Todos se beneficiaron del cochinero, hasta que les explotó la bomba.

El PRD merece morir. No se cuando dejará de existir. Para ello se requiere un análisis crítico de sus tribus, una autoexploración sincera y honesta, dos elementos casi ausentes en sus filas. Tal vez por eso su agonía se prolongue durante varios años más. Pero al final, estoy segura que su destino será dejar de existir. Me avergüenza como mexicana que la izquierda este representada por un partido en plena descomposición con vicios que generan y generarán más podredumbre y consecuencias nauseabundas como la de Iguala y Ayotzinapa.

Con las cenizas del PRD podría nacer un nuevo proyecto, aglutinando como en su origen, a otras organizaciones con fundamentos sólidos y principios inquebrantables y duraderos. Seremos nosotros los electores quienes tengamos la última palabra.

Lo cierto es que, los mexicanos de izquierda, las mujeres y los hombres progresistas con ideales forjados en la libertad, la igualdad y la fraternidad, hemos quedado en la orfandad. Si el PRD se mantiene sostenido en la omertá, (ley del silencio, un código de honor de la mafia siciliana) sin democracia interna, seguramente, ningún ciudadano de izquierda verdadera volverá a votar por el PRD de los Chuchos. Ese será su castigo. Y su próximo final.

http://www.websanjuanamartinez.com.mx

Seguridad: el fracaso de Peña Nieto

+Tlatlaya, Iguala, narco, violencia: el México de hoy

+Falló el Presidente, sus hombres… y gobernantes

Desencajado, pasmado, confundido, la imagen del presidente de México fue, al mediodía del lunes 6 de octubre, el retrato exacto de cómo su gobierno ha sucumbido ante la violencia. Y bastaron doce palabras sobre la matanza de normalistas, en Iguala, para confirmar el naufragio oficial ante el embate del crimen organizado:

“…Jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos…”.

No, ciudadano Presidente: no resultaron “afectados”. Fueron asesinados.

No, ciudadano Enrique Peña Nieto: no resultaron “violentados”. Fueron quemados vivos y algunos desollados.

No señores. La matanza de estudiantes marca un signo fatal para nuestro país: el regreso de la guerra contra el crimen organizado, el desafío de criminales al Estado mexicano, el fracaso –hasta hoy-, de Peña Nieto, Osorio Chong, Murillo Karam y los responsables de la seguridad nacional, el fortalecimiento de grupos armados y la incapacidad gubernamental para enfrentarlos.

¿Más?

La terca realidad que se impone a la ceguera oficialista: cuando Peña Nieto dice que los normalistas de Ayotzinapa resultaron “afectados”, ofende su memoria y a sus familias. Si no se les ponchó una llanta o los agarró la lluvia, afectándolos. No. Fueron masacrados de manera salvaje, arrancada la piel como a Julio César Mondragón cuya fotografía –muerto- hoy nos estremece y simboliza la derrota de las instituciones de seguridad infiltradas, sometidas y controladas por el narcotráfico. Y sus compañeros quemados y enterrados en fosas comunes. Como si fueran perros.

No, ciudadano Presidente.

El fusilamiento masivo en Tlatlaya donde soldados del Ejército mexicano ejecutaron a 22 personas, y la masacre estudiantil en Iguala, no sólo ya marcó, para mal, a su gobierno. Va más allá: demuestra que el actual régimen priista careció siempre de estrategia, fracasó en su cacareada coordinación con los estados, se sometió al salvajismo de cuadros castrenses sin respeto mínimo a los derechos humanos y confirmó lo que todos sabíamos pero pocos lo escribíamos: que este gobierno era más saliva que eficacia. Más discursos que resultados. Más demagogia que hechos favorables para la sociedad.

El fracaso, pues.

*****

Si ayer se crucificó a Felipe Calderón por su desaforada y cruenta guerra contra el narco, hoy, a Peña Nieto habrá que reprocharle dos cosas generalizadas: que quiso enfrentar al crimen organizado sin estrategia firme y adecuada, y que ocultó el tema de la violencia en su discurso y en el de sus hombres, en una acción mediática – propagandística tan irresponsable como criminal: preferible saber a qué nos enfrentábamos, a esconderlo debajo de la alfombra. Y de los discursos.

¿Por qué Peña Nieto está fracasando en materia de seguridad?

1) Porque ni la violencia ha disminuido ni se ha controlado: 30 mil 780 ejecutados durante 21 meses de gobierno peñista (SNSP). Ni al caso comparar cifras con los tiempos de Calderón. ¿O habrá consuelo con decir que hubo mil muertos más o mil muertos menos en comparación al 2012? Por supuesto que no. Casi 31 mil muertos es motivo de alta alarma en México o en cualquier país del mundo.

2) Haber desaparecido, de un plumazo, la SSP federal en diciembre de 2012, fue una estupidez. ¿Con qué se sustituyó a la secretaría de seguridad? Con saliva. Con discursos. Con retórica. Con promesas. Fue un acto político que sólo tuvo la intención de “borrón y cuenta nueva” con tintes demagógicos y propagandísticos. ¿El resultado? El fracaso ante la criminalidad.

3) Anunciar una Gendarmería Nacional cuando ni siquiera se sabía cuáles serían sus atribuciones, facultades y terrenos de operación. Se tardaron…¡20 meses en echarla a andar!, dando el tiempo suficiente a los grupos criminales de reorganizarse y robustecerse tras la caída del “Chapo” Guzmán y de otros capos.

4) “La diferencia es que ahora sí hay coordinación…”, cacareaba el secretario de Gobernación, Osorio Chong, al referirse a la vinculación estratégica de su secretaría –facultada con superpoderes- con los gobernadores. ¿Qué pasó? Que fue una mascarada sostenida por el sello del peñismo: la demagogia. La palabrería. ¿Qué no? Allí están los hechos: Guerrero se incendia; Michoacán sigue igual o peor, con Alfredo Castillo disminuido y vapuleado; Estado de México –la tierra de Peña Nieto y de su paisano Eruviel Ávila con gobierno fallido en seguridad- convertido ya en el estado más violento del país; Tamaulipas, otra vez, fuera de control; Morelos desatado con la violencia; Sinaloa con los cárteles fortalecidos. ¿Cuál coordinación, señor Osorio Chong?

5) Como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Peña Nieto es responsable de las acciones del Ejército mexicano, pero el temor a la fuerza castrense lo llevó a darles carta blanca y actuar como se les antojara. Las consecuencias: soldados mexicanos fusilando a criminales que –cierto- eran una amenaza para la sociedad, pero que debieron haber sido llevados a prisión y no acribillados en el paredón. Cuando los soldados asesinos jalaron del gatillo, demostraron el nulo respeto al ser humano, a los derechos individuales y a su comandante en jefe: el presidente de la República.

6) Testimonios de sobra aparecen ahora respecto a que tanto el gobierno federal como el PRD ignoraron las denuncias presentadas en contra del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, sobre sus vínculos con el narco y la persecución contra líderes sociales. “Abarca le dio un escopetazo en la cara y otro en el pecho…”, relata Nicolás Mendoza, testigo de la ejecución del líder social Arturo Hernández Cardona, cuyo testimonio ante notario fue entregado a las autoridades, incluidos el procurador Murillo Karam y Osorio Chong. (Roberto Zamarripa. Reforma. 7/X/2014). Nada hicieron contra Abarca y su esposa, quienes ordenaron el ataque a los normalistas.

7) Gobernadores que han sido una desgracia para sus estados: Ángel Aguirre para Guerrero, Eruviel Ávila en el Estado de México, Moreno Valle para Puebla, Roberto Borge para Quintana Roo o Egidio Torre Cantú en Tamaulipas, entre otros. Y no se trata de que el Presidente les haga su chamba. No. Pero sí coordinarse de manera eficaz porque está en juego la seguridad nacional, y esa, se quiera o no reconocer, es, en gran parte, responsabilidad del gobierno federal.

8) La desafortunada frase de Peña Nieto el martes pasado – “Jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos”-, en cadena nacional, enviando un mensaje tan vació como intrascendente –innecesario, por tanto-, confirma una cosa indiscutible: el gobierno mexicano ha sido sometido y rebasado, nuevamente, por el crimen organizado. Estamos ante un gobierno arrinconado y pasmado.

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El gobierno peñista ya cumplió su primer tercio, y los resultados no llegan. Y no es retórica. Son hechos:

-Reformas, entre más dudas que certezas.

-Economía estancada.

-Violencia fuera de control.

Y lo más grave: un gobierno que ya empieza a perder el rumbo.

REDES. Desde esta columna nuestra solidaridad y apoyo a las periodistas Selene Ríos y Viridiana Lozano, directora y coordinadora, respectivamente, del valiente y plural “Periódico Central” de Puebla, ante la campaña sucia que contra ellas han emprendido voceros al servicio de, sí, el gobernador Rafael Moreno Valle, otro renglón torcido de la democracia. Estaremos muy pendientes del caso.

País de masacres

La nota no es la desaparición forzada de 43 alumnos normalistas en Ayotzinapa, Guerrero. La nota sería que se acumulan masacres en México y nada pasa. Nada se mueve. Todo sigue Igual. De Aguas Blancas (también en Guerrero), a la matanza de El Charco, pasando por Villas de Salvarcar y el Casino Royale, hasta llegar a la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. De reciente adquisición a la memoria, la ejecución extrajudicial de presuntos delincuentes a manos del ejército en Tlatlaya, Estado de México. Todo esto –y muchos hechos más– hemos tolerado, aguantado y olvidado como sociedad.

¿Qué tan descompuesto está nuestro Estado para que un alcalde (narco o no narco) junto con su policía corrupta pueda desaparecer a 43 alumnos de la Normal Rural? Hoy si revisan la página del Ayuntamiento de Iguala podrán ver, no sin un alto grado de enojo, al prófugo alcalde departiendo con niños, entregando equipo a su policía municipal y apostado al lado de la bandera con cara de político. Toda la página está puesta para engañar y manipular. Con la venia del PRD, José Luis Abarca construyó su propio imperio en el que se basó para pensar que podría desaparecer a los jóvenes y nadie diría nada. Sinceramente no sé si es cinismo, estupidez o una maldad de tal nivel que me deja estupefacto. La duda que me queda es cuántos “Abarca” habrá todavía en funciones.

¿Por qué se puede desaparecer o masacrar en México? Porque hay la garantía (prácticamente absoluta) de que al autor material e intelectual no le pasará nada. Es una buena garantía para alguien que quiere cometer este tipo de actos. La impunidad detrás de las violaciones más graves a derechos humanos se recarga en la componenda entre partidos políticos y autoridades, entre fuerzas de seguridad de todos los órdenes de gobierno, en la desmemoria selectiva de los medios de comunicación. Para que la justicia se active tiene que pasar por todos estos filtros antes de ser pronta y expedita.

Enrique Peña Nieto dio un mensaje a la nación por el caso de Ayotzinapa. Su intervención fue oportuna pero ineficiente. Más allá de lamentar (cosa obvia), de dar instrucciones (que para eso está ahí) y de asegurar que no habrá impunidad (cosa que todos sabemos que es falso), no dijo nada. No habló del gobernador Ángel Aguirre, no habló de quiénes son los jóvenes, no habló del alcalde prófugo, es decir, no dijo nada. En los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa el discurso del ejecutivo está basado en retórica de respeto a los derechos humanos. Osorio Chong en la Cámara de Diputados afirmó que el compromiso se hacía evidente porque habían publicado el Programa Nacional de Derechos Humanos, documento que en realidad no sirve absolutamente para nada. La retórica está basada en enunciar avances (principalmente normativos) pero de escaso impacto en la realidad.

Human Rights Watch (HRW) salió a decir que la masacre de Tlatlaya es una de las más graves que ha vivido México y que constituye una violación grave a los derechos humanos. La credibilidad de la organización provocó que muchos medios internacionales voltearan a ver el caso. Qué bien que HRW hizo tal declaración, pero eso me lleva a una sencilla pregunta: ¿Para qué tenemos una CNDH que nos cuesta más de 1,400 millones de pesos anuales si no va hacer, como es costumbre, su trabajo? Por las irresponsables declaraciones de Raúl Plascencia en el caso y por su trabajo ineficiente, es insostenible su reelección al frente del organismo autónomo. Así de claro.

Parecería que la sangre de los jóvenes normalistas será el hecho que irrumpa en la luna de miel del reformado Peña y la prensa internacional. La batalla, ahora, está por controlar la información desde el gobierno. Simular que se busca justicia y que la impunidad (como en todas las otras masacres) no tiene cabida. En Los Pinos trabajan a marchas forzadas para lanzar mensajes que saben que ciegamente serán reproducidos por los medios de comunicación. Tienen los medios necesarios para pasar la crisis mediática y de credibilidad. Es, sin duda, difícil esconder realidades como las de Tlatlaya y Ayotzinapa; cada vez más seguido la realidad de la crisis de derechos humanos se cuela en la agenda pública, muy a pesar del control de la agenda de medios por parte de Los Pinos. Es muy complicado esconder una ejecución extrajudicial por parte del ejército, pero más preocupante es que esa realidad no combina con la retórica antes señalada.

Después de que el caso de Ayotzinapa apareció en la primera plana del New York Times, el embajador en Washington DC, Medina Mora, llamó a una “sesión informativa” para explicar el caso, hasta ahí todo bien. La peculiaridad es que los medios mexicanos fueron excluidos de dicha irregular conferencia de prensa, según relató el corresponsal de Proceso en la capital. La cobertura internacional ha sido tal, que el Canciller está haciendo su parte y declara a diestra y siniestra que en México se respetan los derechos humanos. Claro, que se los diga de frente a los normalistas cuando aparezcan. Mientras tanto ahí está la OEA demandando que se investigue a fondo el caso.

En los momentos de mayor crisis, como la que ahora se vive, la responsabilidad del gobierno es dar información clara, oportuna y completa sobre los aspectos más trascendentales del caso. Hasta ahora eso no ha sido así. El gobierno alimenta a la prensa a través de puros boletines oficiales. México es el único país dónde es práctica que en las conferencias de prensa de funcionarios la prensa no haga preguntas. Aunque usted no lo crea. La comunicación de la SEDENA y de PGR carece de información real que ayude aminorar la zozobra de la sociedad.

El derecho a conocer la verdad con respecto a graves violaciones de los derechos humanos, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos, constituye una obligación que el Estado debe satisfacer, tanto a los familiares de las víctimas como a la sociedad en general.

Somos un país de fosas clandestinas con cuerpos de jóvenes. Somos un país de masacres generalizadas y sistemáticas. Somos un país de perpetuo dolor. Somos un país de víctimas invisibles y verdugos conocidos. Pertenecemos a un país de retórica perene e irresponsabilidades institucionales. Un país que se regocija en la simulación. Parece que somos un país que no toca fondo pero que está sumergido en la oscuridad. Somos un país que se encoleriza a través del retuit. La sociedad de este país es desmemoriada. Somos un país donde la justicia es un bien de lujo, y los normalistas rurales no la pueden comprar. El contrapunto es que ayer miles de personas salieron a las calles en diferentes ciudades y países para demandar la aparición con vida de los 43 jóvenes. Los gritos en las calles son señales de esperanza, sin duda.

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LA IZQUIERDA DE TORTAS Y FRUTSIS

Ese ser llamado “acarreado” –hoy identificado con una torta fría y un Frutsi– siempre existió en las huestes de las agrupaciones políticas de la Izquierda Mexicana. El estilo se le adjudica al PRI; pero todos los partidos políticos lo han ejercido. La expectativa, la ilusión o la promesa son lo que los mueve.

En la Izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano tuvo “acarreados” en los memorables mítines de 1988 como candidato a la Presidencia de la República. Eran los damnificados del terremoto ocurrido en 1985, organizados por René Bejarano en varias agrupaciones, bajo el compromiso de nueva vivienda. Y así ocurrió en las candidatura posteriores del hijo del General: en 1994, 1997 y 2000. El dato es relevante porque el miércoles pasado, quizás con ingenuidad, se unió a la marcha de los estudiantes normalistas en el Distrito Federal. Allí no hubo ovaciones (aunque no las buscara); allí hubo rechazo.

A las concentraciones de Andrés Manuel López Obrador se agregaron los adultos mayores, después de que el hoy dirigente de Morena les otorgó la pensión universal cuando ocupó la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal (2000-2006). Y hoy van a los informes de Miguel Ángel Mancera. Y así.

Un mal día para Cárdenas, un mal día para la izquierda partidista. Foto: Cuartoscuro
Un mal día para Cárdenas, un mal día para la izquierda partidista. Foto: Cuartoscuro

Por Linaloe R. Flores y Shaila Rosagel

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– Norma Juárez estaba molesta. Hacía calor y en medio del remolino, los 34 grados centígrados en el Distrito Federal, jugaban a favor del río de sudor en su cuello. Su esposo y su hija adolescente hacían “bola”. Lo peor: Norma Juárez, originaria de la delegación Tláhuac, no sabía por qué estaba ahí. “Ni nos dijeron. Nada más que viniéramos. Ya sabes: somos “acarreados”, como todos los que están aquí. Ya tenemos 18 años participando en estas cosas y tenemos que venir o nos quitan nuestro coche del estacionamiento”, dijo sin reparos ante la libreta y grabadora encendida de la reportera.

Habían descendido de autobuses que se quedaron estacionados a la redonda. Venían de las 16 delegaciones políticas. Desde muy temprano, las calles quedaron cerradas para que ellos las ocuparan. Y la consabida frase: “Por aquí no hay paso” empezó a rebotar. Aquello se parecía a la descripción que hizo Vicente Leñero en su crónica “Último mitin de Echeverría”, publicada en Revista de Revistas en 1975: “El llevadero de gente fue tremendo. Autobuses de toda clase, urbanos y suburbanos, se precipitaban escupiendo su smog por las calles del primer cuadro remozado”.

Pero era 17 de marzo de 2013. Ya habían pasado 38 años.

– ¿Quiere una tortita? –dijo una mujer.

– No, gracias – se le contestó.

– Ándele, para que no se queden –insistió.

La anterior no es la escena de un mitin del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que se le adjudican los mecanismos antiguos y modernos de la política clientelar o, llamada en términos coloquiales, “acarreo” político en México. La anterior es una estampa de la manifestación en la que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano –el líder moral del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y figura emblemática de la Izquierda mexicana– hablaba de la defensa del petróleo de los mexicanos en el marco de las protestas en contra de la Reforma Energética, impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto. Era 17 de marzo de 2013 y en cascada, ocurrirían otros mítines y manifestaciones. Y el “acarreado”, ese ser identificado con una torta y un refresco, sería un tópico imborrable.

En el Monumento a la Revolución, donde descansan los restos del ex Presidente Lázaro Cárdenas del Río, padre de Cuauhtémoc; Jesús Zambrano Grijalva, entonces presidente nacional de esa fuerza política, y Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, pronunciaron encendidos discursos. Ese día, cuando Cárdenas arrancó la lucha en contra de la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), se repartió una bolsa que contenía una torta, una naranja y un jugo. El refrigerio se dio al final, cuando el hijo del General concluyó su discurso. Con esa señal, Norma pudo regresar al autobús y emprender el regreso.

“El acarreo es inherente a la política mexicana. Inherente a la Derecha, al Centro y a la Izquierda. Aunque cada corriente en la geometría política lo realice a su manera y con diferentes grupos sociales objetivo. También es inherente a la política internacional. En cada país se llama de alguna manera”, expresa Gustavo López Montiel, experto en Partidos Políticos en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM). Abunda: “Son prácticas que ocurren a cambio de apoyo explícito para un grupo político o un candidato”.

No hay discrepancia con Edwin Ramírez Lemus, otro observador desde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) del comportamiento de la política mexicana en las últimas dos décadas. “El acarreado se deja a cambio de dinero, de una playera, una gorra, una bolsa. Algo que es muy del PRI, pero que lo ha usado el PRD y el PAN. El acarreado también puede llevar un tema de coerción. El acarreado se vende al mejor postor”, dice.

Segundo Informe de gobierno del Jefe del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo
Segundo Informe de gobierno del Jefe del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo

La última quincena del mes pasado dio cuenta de ello en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La noche del 15 de Septiembre, el Presidente Enrique Peña Nieto dio el Grito de Independencia en un Zócalo rodeado de camiones con placas de Hidalgo y el Estado de México; estados donde gobierna el PRI, además de Sonora. Dos días después, el Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, rindió su segundo informe de gobierno. La escena fue similar. Dos grupos políticos, uno identificado con el Secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, y el otro con la asambleísta Dioné Anguiano Flores cantaron porras y repartieron bocaditos. “¡Qué viva el Jefe de Gobierno!” fue una. “¡Mancera escucha, Dioné está en tu lucha! era otra. Al fin y al cabo, admitieron ser “acarreados”. Una línea de camiones extendida por Bolívar y hasta Donceles, donde esa calle se convierte en Allende, avalaba sus palabras.

El Informe de Mancera fue el epílogo de la reconformación de un mapa: el de los acarreados de la Izquierda. Desde principios de año empezó a distinguirse en la ciudad a un nuevo grupo político que acude a los mítines del PRD. No se trata de agrupaciones identificadas con René Bejarano Martínez o Jesús Ortega Martínez como ha ocurrido en forma tradicional en la historia del partido de la izquierda. Es un conglomerado nuevo, identificado con el Secretario de Gobierno, Héctor Serrano.

El 28 de julio pasado, durante la discusión de las leyes secundarias de la Reforma Energética, la aparición de este grupo político fue contundente. Ante las puertas de la Cámara de Diputados unas tres mil personas libraron una lucha de porras. Unos eran bejaranistas, otros serranistas. Los asistentes llevaron mantas con los nombres de varios dirigentes locales como Dioné y Francisco Cabrera, integrantes de la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN). “¡Yo sí le voy, le voy a esa Dioné! ¡Yo sí le voy, le voy a esa Dioné!”, cantaron una y otra vez los asistentes al mitin durante los discursos en torno al petróleo.

Al investigador Gustavo López Montiel, ello le parece “normal” si se toma en cuenta la historia de la política clientelar de los partidos políticos: “Los grupos se rehacen y deshacen todo el tiempo. Hay un recomposición de fuerzas. Las expectativas crecen. Los beneficios se vuelven sofisticados”.

De ello, el mismo PRD es un microcosmos. En 2012, sus más de veinte tribus –formadas en la última década, con sus propios grupos de acarreo cada una– se diluyeron para quedar en tres corrientes: Nueva Izquierda, Izquierda Democrática Nacional y Alianza Democrática Nacional. La propia naturaleza de las tres expresiones las obligó a negociar para mantener la gobernabilidad del partido: los tres se repartieron espacios y puestos políticos. Los tres llevaron a personas a los mítines de esa elección.

Pese al desarrollo de la mercadotecnia política –la influencia en los consumidores en cuanto a temas políticos o un candidato, basada en métodos científicos–; en México, el acarreo sigue intacto como mecanismo efectivo para llenar plazas. No siempre ha salido bien. Algunos de ellos se van antes de que el candidato concluya su pieza oratoria como ocurrió en el mitin de cierre de campaña de Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional (PAN), en la Plaza de Toros México, en 2012. O corren riesgos como cuando 200 militantes del PRI, en su mayoría indígenas, se intoxicaron por ingesta de alimentos en Chilpancingo, Guerrero; y del mitin, fueron trasladados al hospital de Chilapa de Álvarez.

Cada partido tiene acarreados diferentes. Ello puede observarse en los mítines que han pasado a la historia gráfica: el Partido Acción Nacional tiene a grupos de clase media alta, en tanto que los del PRI y el PRD son de clase media baja, y baja. Gustavo López Montiel indica que todos funcionan con la expectativa, con la promesa de una mejora, con ilusiones.

Y entonces, ¿cómo es el acarreado de la Izquierda Mexicana? “Sus expectativas son las más baratas de todas. Y todas tienen que ver con la pobreza. Hay grupos que buscan casas, regularizar un terreno o un empleo. Que les pongan drenaje, agua, luz o que no les cobren algunos servicios”, describe el investigador.

Otro experto del sistema político mexicano, Eduardo Huchim, los describe así: “Son los pobres de los pobres. Es con quien se juega electoralmente porque están en los padrones de los programas sociales. Y al final, es el acarreado más genuino, el más convencido, el que cree que las cosas le van a cambiar en cuanto su candidato tome el poder”.

DE LOS INVASORES A LOS ADULTOS MAYORES

¿Qué rostros aparecen en las fotos de un mitin de la Izquierda mexicana? Las fotos de los 70 presentan a campesinos. Las de los ochenta a campesinos, burócratas y estudiantes universitarios. Las de los noventa a burócratas y campesinos. Las de hoy a burócratas, campesinos y adultos mayores.

Cuando Luis Echeverría inició su sexenio (1970-1976), había tres millones de campesinos que demandaban tierra. Estaban agrupados en 60 mil comités particulares ejecutivos, los cuales enfrentaban fallos negativos de los tribunales, expedientes agrarios rezagados por décadas o amparos sin ejecutar. Se les veía en todo el país. Tomaron tierras de Puebla, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato, Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Veracruz, Chiapas y Nayarit. Los campesinos hacían campamentos, donde día y noche cuidaban las tierras ocupadas.

También iban a mítines. Del Partido Comunista Mexicano (PCM), del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) o del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). El investigador Gustavo López Montiel, del ITESM, ubica en ellos la primera personificación del acarreo de la historia moderna de la Izquierda Mexicana.

Después del terremoto de 1985, a los mítines de la izquierda mexicana se añadieron los rostros de los damnificados. Estuvieron en las congregaciones de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato en 1988 del Frente Democrático Nacional, según refieren crónicas periodísticas. No dejaron de apoyar a Cárdenas en las siguientes ocasiones en que se postuló a un cargo de elección popular: estuvieron en 1994 en la campaña rumbo a la Presidencia, en 1997 rumbo a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal (la cual, ganó) y en 2000, otra vez por la primera magistratura.

En 2000, Andrés Manuel López Obrador ganó la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Ya en el cargo, otorgó el beneficio de la pensión universal a las personas de más de 60 años. Y entonces, empezaron a ser parte de los mítines.

La escena parece rebotar en el tiempo. Cuando en 2012, Andrés Manuel López Obrador se postuló como candidato de la alianza del PRD y los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano, lo acompañaban más de 80 autobuses de transporte público con militantes. Lo contingentes se instalaban alrededor de las plazas, en cada gira. Huchim indica que los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano se vieron obligados a efectuar la táctica por la naturaleza de los mítines de López Obrador. “En este caso es el personaje el que acarreaba. Quizá de una forma más genuina. Pero siempre con una promesa por delante”.

¿MORENA NACIÓ LIMPIA DE ACARREO?

Ancianitos para el líder. Fotos: Archivo SinEmbargo

Pese a que ha llenado el Zócalo capitalino, hasta ahora, no hay un registro de un mega operativo de acarreo de Morena. Pero ya se encuentra la escena que en 2006 y 2012 se volvió típica: los adultos mayores.

Así ocurrió el 8 de abril de 2013, cuando iniciaban las protestas en contra de la Reforma Fiscal y Energética. Morena, la nueva fuerza política, donde está basada la esperanza de la izquierda sana, organizó un mitin frente a las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ubicadas en Avenida Hidalgo y llevó a un grupo de mujeres de la tercera edad, quienes viven en el asilo “Casa del Adulto Mayor Martha Reyna”, ubicada en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Iztapalapa. Iban vestidas de adelitas en plena Primavera.

Entre ellas, había algunas mujeres jóvenes que dijeron provenir de la colonia Lomas de San Lorenzo y del XXXII Distrito Electoral. Algunas portaban algunos gafetes del “Frente Cívico Mexiquense”.

“Acarreados hay miles”, dice Edwin Ramírez Lemus. “Es la clientela política. El PRD en el DF lo utiliza con frecuencia, en sus marchas, mítines e incluso en sus procesos internos, como ocurrió el 7 de septiembre en las votaciones. Sale más barato una clientela, que un ciudadano, porque la clientela no te va a cuestionar mientras le des, y un ciudadano, te va a preguntar, fiscalizar, obligar a que generes programas. Prefieren encarecer el voto”, indica.

Para Ramírez, todos los partidos hicieron indispensable la presencia de los acarreados. Cuando el PRD se inició, el acarreo era casi imperceptible. Con el tiempo, al institucionalizarse, los dirigentes cayeron en el clientelismo para poder ocupar cargos. En esa situación se encuentra actualmente el nuevo partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que lidera Andrés Manuel López Obrador y que se autodenomina como “la verdadera oposición”.

#OctubreIndignado, la Crisis del Régimen

Por Jenaro Villamil

En diciembre de 2013, las calles de la ciudad de México estuvieron prácticamente vacías. Sólo hubo un tímido cerco ciudadano de protesta por la reforma constitucional en materia energética. Entre junio y julio, cuando se aprobó la legislación secundaria más dura que abrió la industria petrolera y eléctrica, los políticos del PRI y del PAN celebraban que el “mito de la expropiación” hubiera fallecido. Nadie se movilizó para protestar.

El falso espejismo de la desmovilización social en un país tan complejo y contradictorio como México siempre ha sido la trampa de los regímenes autoritarios. “La paz de los sepulcros” en la época de la dictadura de Porfirio Díaz o “la estabilidad de los invisibles” en la era de Gustavo Díaz Ordaz les ha hecho pensar a las élites mexicanas que la sociedad puede aguantar lo que sea, mientras tengan telenovelas y fútbol.

Algo similar está sucediendo en este Octubre indignado de la sociedad mexicana. En menos de diez días, se han producido tres movilizaciones masivas en la Ciudad de México –la de los jóvenes universitarios del Instituto Politécnico Nacional, la del aniversario del 2 de octubre y la de este 8 de octubre reclamando a los 43 normalistas desparecidos en Ayotzinapa-.

Esta última adquirió dimensiones nacionales e internacionales por la indignación provocada ante la evidente colusión de autoridades municipales, estatales y federales con células del crimen organizado que han tomado por asalto municipios como Iguala. El hallazgo de narcofosas le dio una dimensión mucho más macabra a la presunta matanza en Iguala.

Es una auténtica explosión de indignación social con precedentes inmediatos: primero, lo sucedido con la comunidad yaqui en Sonora perseguida por un gobernador con alto talante represivo; luego, la conmoción provocada por la matanza extrajudicial en Tlatlaya, Estado de México. Más de 20 jóvenes de las comunidades más pobres del sur mexiquense y guerrerense fueron ejecutados por elementos militares. El escándalo internacional provocado por la revelación de los sucesos demostró el grado de colusión e impunidad entre las autoridades mexiquenses, las federales y las militares.

La indignación en México se está dando por el lado de la violación a los derechos humanos, la ola creciente de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones (“más de 26 mil” ya admitió la Secretaría de Gobernación) y el hartazgo por la impunidad de la clase política coludida o penetrada por los compromisos adquiridos con el crimen organizado.

El gobierno de Peña Nieto, acostumbrado desde el Estado de México a maquillar o evitar la investigación y castigo de este tipo de abusos y crímenes contra la sociedad civil (recuérdese Atenco), ya no sabe qué hacer. No alcanza a dar una respuesta de Estado. La Gendarmería se transforma en un apagafuegos. La Federación sólo reacciona hasta que los casos se convierten en un escándalo internacional, como ha sucedido con Tlatlaya y Ayotzinapa. La PGR actúa demasiado tarde y a contracorriente. No se busca aplicar la justicia sino acallar el escándalo.

La crisis no es exclusiva del priismo o del gobierno de Peña Nieto. Por el contrario. Alcanza ya a toda la clase política. El nivel de indignación contra el PAN es creciente por su corresponsabilidad con el ascenso del narcopoder en los últimos doce años y los recientes escándalos filtrados para demostrar la pasión de algunos de sus dirigentes con los moches. El Partido Verde ya tiene su ración de escándalos a raíz de conocerse el vínculo de uno de sus simpatizantes con Héctor Beltrán Leyva.

El PRD se ve ahora involucrado en su peor crisis por las evidencias de que el narcoalcalde de Iguala fue avalado por la tribu hegemónica y por el gobernador Angel Aguirre, expriista apoyado en 2010 por la dirigencia nacional del PRD para ser “candidato opositor”. El alcalde hoy prófugo de Iguala, José Luis Abarca cometió crímenes en contra de los propios militantes del PRD. Hasta el 9 de octubre la PGR giró órdenes de aprehensión contra este edil.

Es imperdonable para millones de mexicanos que se traten de lavar las manos o de “pedir perdón” porque tanto en Tlatlaya como en Iguala existieron suficientes avisos y precedentes de la crisis que sobrevendría. No ha sido suficiente la descomposición de Michoacán para enfrentar lo que está sucediendo en el Estado de México, Guerrero, Tamaulipas, por mencionar tres casos.

Estamos ante una severa crisis de régimen porque, además:

1.-Los casos más recientes involucran a jóvenes estudiantes, pobres o de clases medias que no caben en el sueño de “Mover a México” al estilo del peñismo.

2.-El odio gubernamental a los disidentes, a los inconformes, a los rebeldes ha llegado a niveles de crueldad como en Iguala. No es exclusivo de un narcoalcalde. Es una ola de díaz ordacismo que ha invadido a varios gobiernos: ahí están los intentos de criminalizar la protesta en Puebla, Quintana Roo, Veracruz.

3.-Aparecen conflictos que pretenden resolverse con desplantes políticos y mediáticos como en el caso del Instituto Politécnico Nacional, con el grave riesgo de alentar una indignación mayor. No es sólo un pliego petitorio o la renuncia de su directora lo que está en juego entre los estudiantes del IPN. Es la sensación de que durante años no fueron escuchados por el poder, sólo hasta que decidieron parar la segunda institución de educación superior más grande del país.

En el 68 mexicano fueron los jóvenes estudiantes los catalizadores del descontento que existía bajo la sonrisa congelada de Díaz Ordaz. En el 2014 estamos acercándonos a escenarios mucho más peligrosos. Ahora no se trata sólo de una matanza brutal como la del 2 de octubre, sino de varias y múltiples ejecuciones y matanzas contra jóvenes, contra los “prescindibles”, contra los “invisibles” que ya comenzaron a tener rostros.

La lección del 68 no se aprendió: un régimen que por omisión o colusión permite que asesinen a sus jóvenes, estudiantes o no, tarde o temprano termina arrastrado por esa misma ola represiva.

Crímenes de vileza humanidad

La dura reacción internacional a lo que parece una matanza de estudiantes en Iguala ha tomado por sorpresa al gobierno federal. Manifestaciones públicas en Europa y Estados Unidos, severos e implacables reclamos de la prensa mundial y comunicados de la ONU y organismos internacionales atónicos frente a un crimen multitudinario inadmisible, han puesto a México en la misma tesitura con la que se juzga a alguna dictadura africana. El escándalo mundial ha puesto en entredicho la imagen modernizadora que Peña Nieto había venido construyendo en el ámbito mundial.

En un primer momento muchos mexicanos, incluso, tomaron la noticia como uno más de los hechos de sangre a los que nos tiene acostumbrados la larga guerra en contra del crimen organizado. Luego de cien mil muertos y noticias frecuentes sobre fosas comunes o docenas de degollados, la opinión pública del país ha perdido sensibilidad frente a estos hechos. Pero lo de Iguala y antes lo de Tlatlaya constituyen una nueva cota, y apenas comenzamos a darnos cuenta.

Se trata de ajusticiamiento a sangre fría realizados por autoridades en contra de docenas de civiles desarmados y sometidos. El primer caso, Tlatlaya, involucra a soldados y el segundo, Iguala, a policías municipales. Todavía recordamos el escándalo que provocó el exterminio de la aldea vietnamita My Lai por parte de soldados estadounidenses hace más de cuarenta años. El hecho provocó libros y películas, y dejó una profunda cicatriz en la conciencia de Norteamérica. Lo que ha pasado en Guerrero y en el Estado de México no es menor. Aunque nos resistamos a creerlo.

Peña Nieto mismo lo subestimó en una primera instancia. Creyó que con echar la culpa al gobernador de Guerrero podía desembarazarse del tema e incluso ganar políticamente al atribuir la factura a la oposición. No se dio cuenta que para la opinión pública internacional el responsable de este salvajismo es el Estado, no un gobernador de provincias. Casi dos semanas más tarde el gobierno federal comienza a reaccionar y darse cuenta de la profunda lesión que deja este desaguisado.

El jueves publiqué en el diario El País una reflexión sobre lo que considero es la causa de fondo de estas matanzas. Allí sostuve que lo que hemos vivido es parte del residuo tóxico de la guerra sucia y clandestina conducida por el Estado mexicano en los últimos ocho años. El gobierno de Felipe Calderón y el de Peña Nieto decidieron emprender una batalla implacable en contra del crimen organizado, al margen de la legalidad. Miles de muertos sin que existan los procesos judiciales correspondientes dan cuenta de un enfoque más cercano al exterminio que a la aplicación del derecho y la justicia.

Una y otra vez el gobierno anterior permitió todo tipo de excesos y violaciones a Genaro García Luna, su zar antidrogas. El fin justificaba cualquier medio: los narcos no tenían estatuto de combatientes de un ejército rival ni eran delincuentes civiles; simplemente constituían una escoria que debía ser eliminada. Los cuerpos policiacos y castrenses asumieron que en esta guerra no había límite y todo les estaba permitido. A razón de 50 ejecuciones por día, jornada tras jornada, los integrantes de la ley pronto entendieron que nunca habría un fiscal detrás de ellos para examinar o castigar sus excesos.

La crueldad y la violencia de la batalla hicieron el resto. Los códigos de la mafia terminaron por dominar a todos los bandos: a un dedo roto se responde con la mutilación de un brazo; una ejecución desencadena media docena de degollados; la muerte de un cuadro apreciado se castiga con el asesinato de la familia del rival. Nuestras fuerzas de seguridad han conducido durante demasiado tiempo una lucha salvaje y sin códigos en contra de la población civil.

Desde luego, no todos los militares ni todos los policías del país están podridos irremediablemente. Han muchos casos de heroísmo y congruencia en elementos aislados y me constan algunos de ellos. Hay también verdaderos profesionales, pese a todo. Enrique Francisco Galindo, comisionado general de la policía federal es un estudioso de la materia, con estudios de posgrado en criminalística y lavado de dinero, por ejemplo (es también el precandidato más firme a la gubernatura en San Luis Potosí). Y desde luego no es el único; pero son garbanzos de a libra.

El gobierno mexicano tendrá que hacer una reconsideración drástica en la manera en que se ha conducido esta guerra sucia, sin leyes ni códigos. La única salida es la implantación del estado de derecho, el retiro del ejército de tareas policiacas, y la creación de cuerpos de seguridad y justicia verdaderamente profesionales. De otra forma, soldados y policías continuarán provocando crímenes de lesa humanidad (definidos como aquellos que ofenden a la humanidad en su conjunto) que el Occidente creía haber dejado atrás para siempre.

Dos años de reformas y de opacidad económica

Dos años de reformas y de opacidad económica

El Presidente Enrique Peña Nieto entrega el segundo informe de su administración federal en un momento político que, sin duda, es de fortaleza para el mexiquense y su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), pero que no necesariamente le ha ganado la simpatía de los ciudadanos ni tampoco la de organizaciones sociales, empresarios y líderes de opinión pública.

Aunque el PRI festejó la semana pasada a su líder máximo y a la batería de reformas constitucionales que su gobierno logró en los últimos 20 meses, el bajo crecimiento de la economía, el aumento del desempleo, el rezago del salario mínimo, entre otros factores, golpean a las familias mexicanas que no ven cómo se puede mover al país en los próximos cuatro años, si estos dos han sido de un peligroso estancamiento.

Por primera ocasión en muchos años, los indicadores macroeconómicos del país son los peores en América Latina. Tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como la Comisión Económica para América Latina (Cepal) recientemente los situaron incluso por debajo de países que tienen un menor potencial en recursos naturales, en infraestructura, en mano de obra y en inversión extranjera que México.

Esto evidencia que algo se está haciendo muy mal, pues el mercado interno no reacciona a pesar de la supuesta inyección de gasto, que después del frenón de 2013 en este año apenas y si ha comenzado a fluir, particularmente en obras de infraestructura en transporte y comunicaciones.

Pero el gobierno, concentrado en obtener el triunfo político de las reformas, poco ha hecho para detonar el desarrollo. Para los expertos en economía y finanzas, el meollo es ese mercado interno al que se ha desatendido y que, por tanto, lo único que ha producido en los últimos 20 meses es un mayor subempleo, más pobre y, por consecuencia, más violencia e inseguridad en todos los rincones del país.

¿Qué es entonces lo que sigue en los próximos cuatro años? ¿Qué va a hacer el equipo de Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para desatar el nudo que ellos mismos pusieron en el cuello de una clase media cada vez más agobiada por la carga de los impuestos y la falta de oportunidades?

Ellos mismos han reconocido que los beneficios de las reformas, especialmente la Energética y la de Telecomunicaciones, no se verán sino en seis o 10 años. También, desde el extranjero, los inversionistas dan señales que no entrarán al país con la efusividad que pregona el gobierno, pues la corrupción y la falta de transparencia, que en ambos cambios constitucionales fue desdeñada y, por tanto, carecen de mecanismos sólidos que garanticen la rendición de cuentas.

Entonces, ¿cuál será la respuesta del gobierno peñista para generar prosperidad en el país, a cuatro años de terminar el sexenio, tiempo que se reduce aún más por los procesos electorales que se avecinan?

Esa explicación no está clara y, protegido por los legisladores del PRI y sus partidos satélites, el Secretario de Hacienda ni siquiera ha dado la cara en el Congreso para explicar la estrategia que se aplica en la vida económica del país.

Lo cierto es que han pasado ya dos informes y el Presidente y su equipo económico no han movido a México hacia el progreso que presumen en sus discursos. La situación se torna complicada, en particular porque entrará a la mitad de su administración con pendientes difíciles de remontar en materia económica y apostando todo a unas reformas estructurales que no funcionarán si este gobierno no hace un compromiso real con la transparencia y la rendición de cuentas.

Nadie quisiera que el Presidente fracasara en su búsqueda de un mejor futuro para los mexicanos. Pero lo que se ha vivido en estos 20 meses no aporta al optimismo y sí a la exigencia de acciones contundentes. El primero en responder a todas estas cuestiones debiera ser el propio Videgaray Caso, pero si los primeros en no exigirle cuentas al Súpersecretario son los propios legisladores se tiene un problema de opacidad que, al final, puede costarnos mucho a todos.

Las crisis económicas al final de los sexenios priistas son ejemplos contundentes… y una sombra que, pese a las reformas y pactos políticos de la actual administración, puede empezar a nublar aún más el panorama.

PAÍS DE FOSAS, CIFRAS A MEDIAS Y MENTIRAS

Mientras los días se acumulan sin que aún se dé con el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos forzadamente el pasado 26 de septiembre, en Iguala, Guerrero, las tumbas clandestinas siguen apareciendo. Hasta ahora no se ha informado con precisión cuántos cadáveres o restos humanos han sido sacados de esos entierros; sólo se sabe que en las primeras fosas que la PGR reportó había 28 cuerpos calcinados. Ninguno de ellos era de los normalistas, según las autoridades.

Imposible predecir si los trabajos de búsqueda que por ahora hacen los policías comunitarios agrupados en la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) servirá para dar con todas las fosas clandestinas que hay en Iguala. Tan imposible como saber cuántas existen ahí y en todo el país.

Pero a la imposibilidad de saber cuántos cadáveres o restos humanos yacen bajo la tierra removida subrepticiamente en parajes, montes o predios, bien se puede sumar la inconsistencia en los datos sobre aquéllas tumbas que sí han podido localizarse, pues las cifras que la Procuraduría General de la República (PGR) ha proporcionado al respecto han cambiado significativamente en varios casos.

Si la lógica podría explicar que una variación en aumento sería a causa de una actualización -bastante dilatada- de los datos, ¿cómo entender que de las 141 fosas que la PGR informó en 2013, para septiembre de este año sólo dio cuenta de 32?, ¿o que hace año y medio haya referido el hallazgo de 656 cadáveres en fosas durante 2011, y luego esa cifra se haya ido diluyendo en otras menores?, ¿o que los datos de la PGR no coincidan con los del Ejército, la Marina y la Policía Federal?

Y detrás de esa inconsistencia en la cifras, lo que persiste es una falta de coordinación para hacer una eficiente identificación de los cuerpos encontrados, acusan organizaciones que trabajan en la búsqueda de personas desaparecidas.

Brigadas encontraron cuatro fosas más en Iguala, Guerrero, esta semana cerca de donde estaban los primeros entierros. Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo
Brigadas encontraron cuatro fosas más en Iguala, Guerrero, esta semana cerca de donde estaban los primeros entierros. Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).— Primero fueron seis; luego se precisó que sólo cinco fueron usadas como tumbas. Más tarde aparecieron otras cuatro. Y luego cuatro más. Y luego otras seis. Y después se habló de que habría siete más. Y así, las fosas clandestinas en Iguala, Guerrero, han ido apareciendo con el transcurrir de los días, mientras que el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “ Raúl Isidro Burgos”, ubicada en el poblado guerrerense de Ayotzinapa, sigue siendo un misterio tras 24 días de que fueron desaparecidos forzadamente por policías municipales de Iguala y Cocula, según la versión oficial.

Imposible saber si se llegarán a descubrir todas las fosas clandestinas que hay en ese municipio, o las que se acumulan en el estado de Guerrero, o las que persisten regadas bajo tierra removida por todo el país. Pero quizá sea igual de imposible tener una cifra única, precisa, de la cantidad de entierros ilegales que han sido hallados, así como del número de cadáveres o restos humanos encontrados en ellos y del destino que tuvieron esos cuerpos o fragmentos de cuerpos, detrás de los cuales es posible que haya un padre, una madre o un hijo siguiendo su rastro.

Y es que los datos que las autoridades han dado sobre la cantidad de fosas clandestinas que han sido encontradas en el país son inconsistentes, como lo muestran las respuestas a sendas peticiones de información hechas por SinEmbargo a la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Federal (PF), que se suman a las que han realizado sobre el mismo tema otros ciudadanos en los últimos años, de acuerdo con los documentos disponibles en el sistema de búsquedas del portal Infomex.

Presentadas en fechas distintas y con redacciones diversas, las peticiones de información en esencia versan sobre lo mismo: conocer la cifra de fosas clandestinas y de cuerpos o restos humanos hallados en ellas.

Casi todos los ciudadanos que han pedido tales datos buscan respuestas a partir del año 2006, cuando comenzó el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, quien un mes después de haber asumido el cargo en una dudosa elección, emprendió una política de un supuesto combate a los grupos del narcotráfico en el país. Esa “guerra contra el narcotráfico” tuvo resultados “calamitosos”, a decir de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), pues exacerbó las violaciones a los derechos humanos y multiplicó por miles la cantidad de muertos y desaparecidos a causa de la violencia asociada al supuesto combate al narco.

En sus contestaciones, las dependencias públicas han entregado información distinta a algunos peticionarios, lo cual hace que ésta sea inconsistente al comparar las respuestas o cotejarlas con los datos proporcionados por las demás instancias.

Ejemplo de ello son las dos solicitudes de información hechas por este medio digital en distintas fechas a la PGR, y que fueron contestadas los pasados 5 y 8 de septiembre.

En una de sus respuestas, entregada el 5 de septiembre, la dependencia a cargo de Jesús Murillo Karam refirió el hallazgo de 82 fosas clandestinas y mil 537 cadáveres entre 2009 y marzo de 2014; tres días después contestó a la otra solicitud afirmando que entre 2005 y marzo de 2014 —un periodo de tiempo más amplio que en la primera petición— había localizado 32 fosas y 425 cadáveres, es decir una diferencia de 50 fosas y menos de una tercera parte de los cuerpos referidos en la anterior solicitud.

SinEmbargo comparó las cifras entregadas por la PGR con las proporcionadas en respuesta a otras cuatro solicitudes de información ciudadanas, que fueron contestadas entre febrero de 2013 y marzo de 2014.

Las diferencias en la información son persistentes.

Por ejemplo, en la solicitud con folio 0001700003814, contestada el 30 de enero de 2014, la Procuraduría refirió que en 2007 encontró 22 cadáveres en entierros clandestinos; el 14 de marzo siguiente, en respuesta a la solicitud 0001700041514, contestó que fueron 93 cuerpos; y luego el 27 de marzo respondió a la solicitud 0001700002414 que halló 22. En una de las dos peticiones hechas por este medio (la que tiene folio 0001700177314) la misma dependencia dijo que ese año encontró sólo dos fosas, y en la solicitud 0001700216414 ni siquiera entregó información de ese año, a pesar de que se requirieron datos desde 2006.

En la petición con terminación 41514 se requirió información desde el año 2000, mas la Procuraduría entregó datos sólo a partir del año 2006. Según la dependencia, ese año tuvo conocimiento de 61 cadáveres encontrados en entierros clandestinos, pero unos días después dio una cifra distinta (37) al solicitante cuyo folio termina con 02414. Para junio siguiente, sólo reportó cuatro cadáveres encontrados ese año, como consta en la solicitud con terminación 77314.

Cabe señalar que en todos estos casos, cuatro áreas de la PGR participaron en la entrega de la información requerida: la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, la Coordinación General de Servicios Periciales y la Dirección General de Comunicación Social, como se lee en los respectivos oficios de respuesta. Es decir que las mismas oficinas dieron información distinta en cada caso.

Otro ejemplo de la disparidad de los datos se ve al comparar las cifras de las solicitudes 41514 y 16414. En el primer caso, la PGR indicó que en 2006 se encontraron 61 cadáveres; en 2007, 93 cuerpos; y en 2008, un total de 353. Aunque la solicitud 16414 se hizo en una fecha posterior y requirió información de esos años, la dependencia no entregó los datos que ya había proporcionado unos meses atrás.

La información de ambas solicitudes para los años 2009 y 2012 es similar: 190 cuerpos encontrados en 2009 y 232 durante el año 2012, el último del sexenio calderonista. Para 2010 y 2011, en la solicitud 41514 se proporciona un dato ambiguo: que además de los cadáveres reportados cada año, entre esos dos periodos, sólo en Tamaulipas hallaron 192 cuerpos.

Si se suman las cifras de los dos años, de nuevo los datos de ambas solicitudes coinciden en la estadística mortal: 668 cadáveres encontrados en fosas, casi uno por día.

Para 2013, el primero de la administración de Enrique Peña Nieto, de nuevo hay una diferencia: la solicitud 41514 reporta 419 cadáveres y la 16414 da cuenta de 429.

Ahora bien, si se toman los datos anteriores como referencia, es notoria la diferencia con las cifras entregadas en la solicitud 77314, cuya fecha de entrega fue muy cercana a la de la petición 16414. Por ejemplo: en 2009, la solicitud 16414 refiere el hallazgo de 190 cadáveres, mientras que la 77314 tiene el registro únicamente de cuatro.

Las diferencias significativas persisten en los siguientes años, como se muestra a continuación:

fosas01 *La solicitud 16414 fue respondida el 5 de septiembre y la 77314 el 8 de septiembre.

En la revisión de la información que la PGR ha brindado a los ciudadanos hay una solicitud, la que lleva el folio 0001700012714, que pidió el número de cuerpos encontrados en fosas clandestinas sólo en 2013.

La Procuraduría contestó el pasado 10 de febrero y le informó al ciudadano que había pedido ese dato que durante dicho año encontró 30 cadáveres. Un mes después, la misma instancia entregó otra cifra, la de los 419; y un semestre más tarde, entregó dos cifras más, distintas de las anteriores y entre sí: una de 429 y otra de 110 cadáveres.

Una mención aparte merece la solicitud 0001700019013, a la que la PGR contestó el 18 de febrero de 2013.

El ciudadano detrás de ese folio requirió información sobre los cuerpos encontrados en fosas entre 2006 y 2012. Destaca el número de cadáveres que la PGR dijo haber encontrado en 2011 en entierros clandestinos: 656. De esos, refirió entonces la Procuraduría, tan sólo al estado de Tamaulipas correspondían 229.

En peticiones posteriores, la dependencia proporcionó cifras menores sobre los cuerpos encontrados en 2011 en tumbas clandestinas: 385, 242, 179…

La discrepancia en los datos no sólo se ha dado respecto al número de cuerpos encontrados en las fosas, sino también sobre la cantidad de los entierros ilegales que la PGR afirma haber conocido e incluso sobre cuántos de los cuerpos encontrados han sido identificados.

Sobre el número de fosas, en las dos solicitudes hechas por SinEmbargo, la PGR entregó información distinta. En la del folio 77314, refirió que de 2005 a 2008 encontró 12 fosas, pero en la solicitud del folio 16414 no proporcionó dato alguno sobre esos años.

Para los años siguientes, las diferencias fueron notables:

fosas02 En suma, los datos entregados en estas peticiones dan cuenta de 32 y 82 fosas, respectivamente, en todo el país.

Pero ninguno de esos números coincide con el que la misma PGR había entregado el 2 de mayo de 2013 a otro peticionario, a quien la dependencia contestó que durante 2007 y 2011 había encontrado 141 fosas clandestinas en el país. Un año después, la cantidad de fosas reportadas disminuyó, en lugar de aumentar.

Algo similar ocurrió con la información proporcionada sobre los cadáveres identificados.

Al comparar las solicitudes 03814 y 77314, se observa que en enero de 2014 la PGR aseguró que durante 2010 había identificado a 17 cuerpos hallados en fosas clandestinas, pero para junio dijo que ese año no había identificado ningún cuerpo.

Durante 2012, de acuerdo con la solicitud 03814, se encontraron 33 fosas en el país, mientras que la solicitud 77314 refiere que sólo fueron nueve.

Y de nuevo, en 2013, al ciudadano de la primera solicitud la PGR le contestó que había encontrado 51 entierros clandestinos; al segundo le dijo, seis meses después, que fueron 44, es decir siete menos.

IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES, UN CAOS

Llaves de casas y autos hallados en el rancho de la muerte. Fotos: Luis Velázquez, Expediente, especial para SinEmbargo
Llaves de casas y autos hallados en un rancho en Veracruz en junio pasado. Fotos: Ignacio Carvajal, Expediente, especial para SinEmbargo

En Acapulco, Guerrero, una madre busca a su hijo desaparecido. Un día las autoridades que llevan la investigación del caso le llaman por teléfono para decirle que le van a entregar un trozo de hueso que encontraron en una fosa clandestina y que, según sus análisis, corresponde a su hijo.

La mujer, esperanzada de que ese hallazgo le va a dar la certeza que le hace falta tener sobre el paradero de su hijo, acepta la única evidencia de su posible identidad. Pero aproximadamente un mes más tarde, las mismas autoridades que le llamaron asegurándole que el hueso era de su hijo, van a su domicilio a recogerlo y le dicen que hubo una equivocación, que ese trozo de esqueleto no es de su hijo, sino de alguien más…

La historia es narrada por Javier Trujillo, del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, organización que desde 2007 se dedica a apoyar a familiares de personas desaparecidas en esa entidad, en la que ahora mismo se centra la mirada pública a raíz de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas.

Al preguntarle sobre cifras de desapariciones en la entidad, Trujillo dice que hasta mediados del año pasado mantuvieron un seguimiento de notas periodísticas para documentar casos de desapariciones y asesinatos extrajudiciales en la entidad y que en ese periodo registraron más de 600 casos de desapariciones ocurridas entre 2005 y 2013 y cerca de 6 mil 500 asesinatos extrajudiciales.

A esos números habría que agregar las 43 desapariciones de los normalistas y los 28 asesinatos de las personas cuyos cuerpos calcinados fueron encontrados en las primeras cinco fosas que reportó la PGR en Iguala, tras la desaparición de los estudiantes el pasado 26 de septiembre.

De los casos que el Comité ha llevado, además del de la madre de Acapulco, otro que les pareció significativo fue el de un funcionario público que desapareció hace aproximadamente dos años y medio, cuenta Trujillo.

Hace unos ocho o 10 meses, a la esposa del funcionario le presentaron restos de ropa, encontrados en una fosa, que ella identificó como de su marido. Le dijeron que investigarían e incluso le tomaron pruebas de ADN.

Hace dos meses le llamaron para decirle que los restos encontrados en la fosa no era de su esposo, sino de una mujer. Fuera de esa llamada, hasta la fecha no ha habido ningún funcionario que se acerque a esa mujer a darle una explicación sobre esa supuesta confusión. Sobre su pareja, aún no sabe nada…

Trujillo considera que no hay un trato adecuado de los cadáveres, restos humanos y objetos que son encontrados por las autoridades en las fosas clandestinas, y que son claves para la eventual identificación de los cuerpos. Con base en los datos que el Comité ha conocido, dice que a las familias de los desaparecidos se les convoca a que acudan a revisar entre huesos y restos de ropa y zapatos para ver si algo de eso corresponde a sus familiares.

“Es un viacrucis terrible, tanto para las familias, como para los propios restos porque eso no tiene ningún manejo que corresponda a protocolos o a investigaciones científicas, y hasta la fecha se ha hecho. En las fosas que han estado apareciendo en Iguala ese es el manejo que se ha hecho”, asegura el integrante del Comité. La organización actualmente acompaña a las familias de los 43 normalistas desaparecidos.

El activista considera que ese manejo de los cadáveres y restos humanos, al que califica como “irresponsable”, se hace deliberadamente para obstaculizar la identificación de los cuerpos.

“Es una manera de eximir su responsabilidad y de desalentar a las familias a que exijan la verdad y justicia”, dice.

El Comité ha exigido a las autoridades la creación de un banco de ADN de todos los familiares que reclaman a víctimas de desaparición, pero la demanda no ha econtrado eco ni a nivel local ni federal.

Desde Coahuila, Alma Rosa García, de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), coincide con que no hay un tratamiento adecuado de los restos y de los cadáveres que son encontrados no solamente en entierros clandestinos, sino también en parajes, carreteras, casas o predios.

Si bien Fundem no ha tenido hasta ahora ningún caso que involucre la identificación de cuerpos o restos hallados en una fosa clandestina, García refiere que no existe una comunicación con las autoridades respecto al hallazgo de esos cementerios. El intercambio de información serviría para poder cruzar los datos de las personas desaparecidas y cotejarlos con los de los cadáveres y restos encontrados en las fosas.

Pero la falta de comunicación no es sólo entre las autoridades y los familiares de los desaparecidos, sino entre las propias instancias públicas, pues la información de los laboratorios genéticos de las procuradurías locales no necesariamente se comparte con el laboratorio genético de la PGR, a decir de García. A esa complejidad se abona la carencia de laboratorios de genética de algunas procuradurías locales, como es el caso de Coahuila, que suele solicitarle los análisis a la Policía Federal.

“Entonces nos encontramos con una problemática muy difícil porque PGR tiene su laboratorio, Policía Federal tiene su laboratorio, y tengo entendido que al menos 16 estados tienen sus propios laboratorios […] Pueden encontrar un cuerpo, pueden tomarle el ADN, pero no significa que vaya a haber un cruce en las bases de datos nacionales que existen”, señala.

La falta de coordinación de las autoridades y la carencia de un tratamiento adecuado de los restos y cadáveres no son los únicos obstáculos para la identificación de personas.

En Coahuila, donde según la solicitud 26414 se encontraron 35 cadáveres en fosas entre 2012 y 2013, más que cuerpos en tumbas clandestinas lo que se han encontrado son restos de personas sin identificar, refiere García.

Uno de esos casos ocurrió en junio de 2011, cuando elementos del Ejército encontraron en un ejido en el norte del estado mil 314 fragmentos humanos que habían sido quemados.

A principios de este año, en los últimos días de enero y los primeros del mes siguiente, militares y peritos de la procuraduría estatal hallaron al menos 500 restos de personas, algunos de ellos calcinados, en predios públicos y privados en la zona norte de Coahuila, en la región de Cinco Manantiales.

En esa misma zona, en los municipios de Allende y Nava, en 2011 fueron desaparecidas más de 300 personas, cuando sicarios del grupo criminal Los Zetas tomaron las comunidades, destruyeron las casas y secuestraron a unas 80 familias.

García dice que la incineración de los fragmentos humanos representa un obstáculo adicional, pues conforme a lo que les han dicho algunos peritos, es más difícil tomar una muestra de ADN de restos que han sido quemados.

Trujillo suma otra dificultad: el estigma negativo que las autoridades comunican sobre esos entierros ilegales, a los que desde los primeros hallazgos que reconocieron en Guerrero -por allá en 2009, según el activista- llamó “narcofosas”.

“Fue hasta 2009 que se dio a conocer una fosa en Taxco y a partir de ahí las mismas autoridades empezaron a darle la connotación de ‘narcofosas’, lo cual de entrada a nosotros nos parecía mal intencionado, porque eso de inmediato incriminaba a las personas cuyos restos estaban ahí y los colocaba en la situación de que eran delincuentes”, explica.

En Coahuila, dice García, a los sitios donde se han encontrado los restos calcinados de personas, las autoridades suelen llamarles “narcococinas”.

“Nosotros preferimos no usar ese término. Preferimos llamarles como lo que son: lugares de exterminio de las personas”, espeta.

Las autoridadeades en Guerrero, considera Trujillo, “han manejado esto de meter a todos en el mismo costal de la delincuencia y tratar de justificar que si le pasó esto es porque se lo merece, porque estaban metidos en algo ilícito y finalmente eran delincuentes, para nosotros es incorrecto, porque tienen que esclarecer y saber la verdad”.

Mas el activista resalta un aspecto clave, que ha sido denunciado reiteradamente en la prensa y que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha ayudado a recordar: la necesidad de los familiares de las víctimas de conocer la verdad.

Habla Trujillo: “Independientemente del motivo por el cual hayan vivido ese trato inhumano y ese destino, los familiares merecen que les sean entregados los restos para que puedan también quedar en paz, porque es una situación que impacta mucho la estabilidad de las familias y su entorno”.

DANZA DE CIFRAS

Restos encontrados en Veracruz, en marzo de este año. Foto: Cuartoscuro
Restos encontrados en Veracruz, en marzo de este año. Foto: Cuartoscuro

La PGR no es la única dependencia del gobierno federal donde la información sobre la cantidad de fosas clandestinas y cadáveres encontrados es una danza de cifras. El Ejército y la Marina también han aportado datos discordantes no sólo con los números de la PGR, sino incluso internamente.

En dos solicitudes de información hechas por SinEmbargo, la Sedena contestó que no contaba con información al respecto.

Pero meses atrás, en marzo de 2014, había dado respuesta a la solicitud de un ciudadano, que quedó registrada bajo el folio 0000700036914. En ésta, refirió que tenía conocimiento de 246 fosas clandestinas y de 543 cadáveres encontrados en ellas.

Tres años antes también había contestado a un ciudadano sobre la información que tenía disponible para ese momento, según la dependencia, y que correspondía a los años 2010 y 2011. Se trataba, en total, de 87 fosas, donde fueron hallados 270 cadáveres.

Por otra parte, la Semar ha atendido varias peticiones que inquieren también sobre la cantidad de fosas clandestinas y cuerpos hallados.

En la solicitud con folio 00013000008013, la Marina contestó el 20 de marzo de 2013 que había tenido conocimiento de 33 entierros clandestinos durante 2011 y 2012. Exactamente un año después, a la solicitud con folio 0001300011414 respondió con datos únicamente de 2013. Según lo que refirió la dependencia en esa ocasión, sólo había sabido de ocho fosas, en las que se localizaron en total una veintena de cadáveres.

A la solicitud hecha por este medio, la Marina refirió que entre 2010 y 2013 había sabido de 47 fosas, donde había en total 76 cadáveres.

En 2013, indicó la Semar, supo de 12 fosas. Acorde con esa respuesta, de 2010 a 2012 halló 35 fosas, una cifra muy similar a la que, en otro momento, refirió sólo para dos años.

Los datos de la Policía Federal también difieren de los anteriores, pues esa dependencia da cuenta de 101 fosas de las que ha tenido conocimiento, y refiere un total de 724 cadáveres, entre 2007 y 2014.

La aparición de más de una veintena de nuevas fosas clandestinas en Iguala, Guerrero, pone de nuevo la atención de organizaciones como Fundem y el Comité guerrerense sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de identificación, que hasta ahora ha estado marcado por el desinterés de las autoridades, a decir de Trujillo y García.

Pero para García arroja también nuevas preguntas y pone en evidencia la ineficacia del Estado mexicano para atender la problemática de las desapariciones en México.

“El caso de Ayotzinapa viene a reflejar la nula institucionalidad que hay en el estado para buscar a las personas desaparecidas. Hemos estado pidiendo las familias y las organizaciones un plan nacional de búsqueda, un protocolo, un plan para buscar los desaparecidos de años pasados, incluyendo los de la ‘Guerra Sucia’, hasta las desapariciones que ocurren ahorita en 2014, y lo de Ayotzinapa reflejó que no hay ningún plan nacional”, señala.

La activista, cuya organización ha conocido de 324 casos de desaparición tan sólo en el estado de Coahuila hasta 2013, repite una pregunta que ha resonado desde que el pasado 14 de octubre el Procurador Jesús Murillo Karam declaró que los cadáveres de las primeras fosas halladas en Iguala no eran de los 43 normalistas desaparecidos.

“El hecho de que están en encontrando cadáveres en más fosas clandestinas nos lleva a la pregunta: ¿Quiénes son estas personas que están dentro de estas fosas clandestinas?”.