Archivo | diciembre, 2015

Mancera, el traidor

31 Dic

  

*”No fui yo…fue Marcelo”
*Ebrard y su peor error: heredar a Mancera
Ser un sapo. Un chivato. Un dedo. Un traidor. Lo más degradante en la conducta de un ser humano. La parte más ruin y detestable de cualquiera, incluyendo a un político.
Dentro de un sector de la izquierda mexicana, en voz baja, esa condición –la de sapo-, ha marcado a Miguel Ángel Mancera, un híbrido de la política, una circunstancia desafortunada de tiempo y forma para la propia izquierda. Sí: el error más grande de Marcelo Ebrard.
Y ha sido el propio Ebrard quien le ha colgado, de manera velada, el letrero de “traidor” a Mancera.
-¿Miguel Ángel Mancera fue su más grande error?-, le pregunta el reportero Aníbal Santiago.
-No puedes prever todo lo que una persona va a hacer-, responde Marcelo.
-¿La política es así?
-No tiene que ser así…la traición es una opción…-, configura Ebrard. (Newsweek en español/ 15-Marzo- 2015)
Al buen entendedor, pocas palabras.
El reportero no le hablaba de traiciones. Fue Ebrard quién sacó la palabra “traición”.
¿Traicionó Miguel Ángel Mancera a Marcelo Ebrard?
Hechos y testimonios así lo indican.
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El 5 de febrero pasado, en su columna en El Universal, Ricardo Raphael escribió, a propósito del escándalo de la “casa blanca” de la familia presidencial, lo siguiente:
“No fui yo, fue Marcelo. Así cuentan que acusó Miguel Ángel Mancera cuando en Los Pinos le preguntaron quién había filtrado a la prensa (Carmen Aristegui) los datos sobre la casa blanca…”.
Basados en esta versión periodística, Mancera “sapeó” a Marcelo. Lo delató.
¿Qué piensa de ello Ebrard?
“No creo que sea una volada. Debe tener bases… si Mancera hizo eso, estaríamos ante un problema muy serio de credibilidad de una persona”.
Es decir: Marcelo da por hecho que Mancera lo “chivateó”, más allá de que Ebrard niegue haber filtrado la información sobre la “casa blanca” a Aristegui. Eso queda rebasado. El punto aquí es, sin duda, la traición de Mancera a quien le heredó el cargo: Marcelo Ebrard.
La traición. La vileza.
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Línea 12 del Metro.
Desatada la furia de Los Pinos contra Marcelo Ebrard, encauzada a través del GDF encabezado por Mancera, el episodio se convirtió en una trama de traiciones y venganzas personales. Ebrard da su versión –más allá de omisiones durante su administración-, y en ella se asoma, de nuevo, acechante, una traición de Mancera:
“Primero, el GDF dijo que estaba mal todo. Luego dijeron que estaba mal el trazo. Luego que estaban mal los materiales. Después de un año del cierre, la empresa que contratan para analizar qué está mal, dice: la obra civil no es el problema, sino el tren. Por contrato, el proveedor del tren es el responsable de su diseño, fabricación, mantenimiento y operación. Basta pedirle a esa compañía modificar el tren para que lo haga. ¿Por qué se tardan un año? Es incomprensible. Lo que va quedando claro es que todo lo que el GDF está haciendo hoy – cambiar las ruedas del tren, la suspensión, parte de las vías y el balastro-, pudieron hacerlo hace un año”.

Para Ebrard, a eso se limitaba el problema de la Línea 12.
Para Los Pinos, Mancera y algunas plumas oficialistas, la cárcel debería ser el destino de Marcelo.
*****
Si Marcelo Ebrard conocía las chabacanerías, debilidades y frivolidades de Miguel Ángel Mancera como Procurador de Justicia del DF –su sello fue la fabricación de culpables-, ¿por qué lo hizo candidato a la Jefatura de Gobierno?
Conozcamos una breve historia:
La primera opción de Ebrard para sucederlo, era Alejandra Barrales. Sin embargo, la sobrecargo cometió un error: se acercó demasiado a René Bejarano quien le pidió apoyo a espaldas de Marcelo, Alejandra le dijo que sí, y cuando el astuto Bejarano la quiso poner a prueba, Barrales se echó para atrás. Ebrard lo supo y juzgó este acercamiento como una deslealtad, y eliminó a Barrales.
La segunda opción era un incondicional de Ebrard: el hoy Senador Mario Delgado, quien garantizaba lealtad, pero no triunfo electoral. En las encuestas, Delgado nada más no crecía. No prendía. No emocionaba. No podía ser candidato.
La tercera opción era alguien ajeno al primer círculo de Marcelo: Martí Batres, brazo derecho de López Obrador. A los marcelistas no les gustaba. No tragaban a Batres. Lo tacharon.
Así llegó la cuarta opción: Miguel Ángel Mancera, un abogado con suerte y circunstancia, un hombre sin formación política sólida, un personaje sin carisma ni intelectualidad. De escasas luces. De rebote llegó Mancera a la candidatura. De puritito rebote. Lo demás es historia.
*****
El error de Marcelo Ebrard fue de cálculo: bien sabía que Mancera era un personaje fácilmente manipulable, maleable. Creyó que esas condiciones lo convertirían en el sucesor perfecto para el maximato político. No fue así.
¿Por qué?
Porque Mancera, efectivamente, cayó en un juego de manipulaciones, sí, pero contrarias a los intereses de Marcelo Ebrard. A Mancera lo manipularon, rápidamente, Peña Nieto, los hermanitos Serna y quien opera como verdadero Jefe de Gobierno: Héctor Serrano.
Allí radicó el gran error de Ebrard: no calcular también que el manipulable Mancera obedecería a otros intereses, y no a los suyos. Entonces llegaron las traiciones.
Hoy por hoy, Ebrard tilda a Mancera de traidor.
Razones no le faltarán.

LA VIOLENCIA SIN FIN EXHIBE A LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO

26 Dic

Mientras el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se empeña en presumir la reducción en las denuncias por homicidios, secuestros, robos, y extorsiones. La realidad es que en México no importa a qué sector poblacional se pertenezca, todas las personas que viven o transitan por el país corren el riesgo de vivir la violencia en carne propia.
  

La inseguridad y la violencia persistieron este año en las zonas más conflictivas del país, pese a los constantes recursos económicos y humanos invertidos por el Gobierno federal. Hoy por hoy, Guerrero, Tamaulipas y el Estado de México, con poblaciones enteras bajo el control del crimen organizado, demuestran el fracaso de la estrategia de seguridad del Presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con especialistas en materia de seguridad.
Las cifras oficiales reconocen poco más de 48 mil asesinatos de diciembre 2012 a julio 2015 en todo México. Sin embargo, una investigación del semanario ZETA indica que en los primeros 32 meses de la presente administración, la cifra en ese periodo fue de 57 mil 410 homicidios dolosos.
Guerrero, ahora gobernado por el priista Héctor Astudillo Flores, tiene la tasa más alta de homicidios intencionales. También es la entidad donde más fosas clandestinas han sido encontradas. Tan sólo en Iguala, desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las autoridades hallaron 60 fosas con más de 100 cuerpos. A éstas se suman las encontradas en Carrizalillo y la más reciente de Chichihualco. Todos estos cementerios clandestinos son los vestigios de una guerra que ha cobrado miles de vidas.
En el estado de Tamaulipas, que encabeza el también priista Egidio Torre Cantú, la situación no ha mejorado desde el sexenio pasado cuando los enfrentamientos a plena luz del día estremecieron las principales ciudades como Reynosa, Ciudad Victoria y Tampico. En este año que termina los enfrentamientos entre criminales y autoridades se extendieron hasta la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) en Reynosa, cuya puerta de seguridad fue derribada por un comando.
Otra situación que afecta a la población tamaulipeca han sido los secuestros que tienen sometida a toda la población, desde empresarios hasta pequeños comerciantes. Cifras oficiales refieren que Tamaulipas tiene las tasas más altas de secuestro en el país al rebasar la incidencia nacional en un 469.17 por ciento. A todo esto se suma la complicidad entre el crimen organizado y las autoridades. Los últimos ex Gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, son acusados de trabajar para los cárteles de la droga.
Aunque si existe una entidad que representa el fracaso del Estado de Derecho, esa es el Estado de México. Lugar de nacimiento de Enrique Peña Nieto, el cual gobernó antes de ser Presidente, el Edomex registra el mayor número de homicidios y de robos con violencia en el país, es el lugar dos en secuestros y el tres en denuncias por extorsión, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La entidad que gobierna el priista Eruviel Ávila Villegas hizo historia este año, pero no por las mejores razones. Se convirtió en el primer estado en la historia del país en decretar Alerta de Género tras cinco años de lucha incansable por parte de las familias de las víctimas y de representantes de organizaciones sociales. Los asesinatos de mujeres en el Edomex aumentaron un 155 por ciento entre 2007 y 2012. La mayoría de este periodo de tiempo coinciden con el mandato de Enrique Peña Nieto de 2005 a 2011.
EL DF DEJA DE SER EL “PARAÍSO”

  

Sin embargo, la crisis de inseguridad no es privativa de estos tres estados. En este año la violencia del narcotráfico se hizo visible en la Ciudad de México con la aparición de un cuerpo colgado en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, a lo que siguieron una persona calcinada dentro de un tambo y la ejecución de otra junto a un mensaje dirigido al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
La Zona Metropolitana de Guadalajara también fue escenario este 2015 de la violencia producto de las actividades de los cárteles de la droga. A principios de mayo, el Cártel de Jalisco Nuevo Generación (CJNG) demostró a las fuerzas federales su capacidad operativo y de fuego cuando prácticamente paralizó la entidad con bloqueos en las principales avenidas y enfrentamientos. Los choques con las fuerzas federales se extendieron a los límites con Colima y Guadalajara, para culminar con el derribo de un helicóptero militar que, se supo después, cayó tras ser alcanzado por el proyectil de un lanzagranadas.
Nuevo León, que junto a Guadalajara y la Ciudad de México es una de las tres principales urbes del país, vivió su episodio de terror cuando a mediados de junio fueron asesinadas 22 personas en un lapso de 48 horas. El Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz atribuyó la ola de violencia a las pugnas entre los cárteles del Golfo y de los Zetas. Dos meses después, en agosto, la Procuraduría del Estado informó sobre el hallazgo de 31 mil restos óseos que fueron encontrados en una presunta fosa en el municipio de Salinas Victoria.
Más recientemente, Sinaloa, cuna de los principales capos de la droga, se colocó en el panorama internacional con la muerte de dos australianos, Dean Lucas y Adam Russell Coleman, quienes partieron de la ciudad de Edmonton, Canadá para ir a Guadalajara. Los dos turistas y surfistas pretendían llegar a Jalisco recorriendo toda la costa del Pacífico, sin embargo, en su paso por Sinaloa se encontraron con un falso reten de criminales que vestían uniformes de policías. Al oponerse a un asalto, uno de los dos extranjeros resultó herido. Aún vivos, fueron llevados a un paraje en Navolato donde los quemaron junto a la van en la que viajaban.

Casos como estos, son sólo algunos de los ocurridos en este 2015. Cada uno de ellos demuestra que la promesa de la presente administración de llevar calma y tranquilidad a todo el país, se ha quedado en eso… en una promesa.
La última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) arrojó que el 68 por ciento de los mexicanos mayores de 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro. El estudio también indicó que el 65.8 por ciento de los entrevistados manifestó que durante los últimos 3 meses modificó sus hábitos por temor a sufrir algún delito.
Aunado a la percepción que tienen lo mexicanos sobre el problema de la inseguridad, está el costo económico que han traído consigo las miles de muertes, extorsiones, secuestros y robos que ocurren a diario en todo el país.
El costo de la violencia durante 2014 fue de 3 billones 918 mil 410 millones 540 mil pesos; es decir, el 22 por ciento del PIB, según el Índice de Paz Global 2015. La cifra contrasta con la de 2011; el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) calculó el gasto en 15 por ciento del PIB.
Para la organización México Evalúa, el gasto en seguridad pública, fue del 6.2 por ciento del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación, 197 mil millones de pesos. El costo a largo plazo lo estimó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por cada persona muerta desde 2009, México dejó de percibir 42 dólares per cápita.
Aunque los costos y la percepción de inseguridad son sólo algunas de las consecuencias que ha traído el fenómeno de violencia. En este contexto miles de personas han dejado sus hogares para evitar ser parte de las estadísticas de los delitos de alto impacto.
Un informe del Centro de Vigilancia de Desplazados Internos de Noruega presentado este año reveló que al menos 281 mil 400 personas se desplazaron dentro de México debido a la violencia originada por el crimen organizado.
El Consejo Noruego dio cuenta de que en México existen al menos 281 mil 400 desplazados, y refirió que entre las causas están la violencia criminal como parte del tráfico de droga así como la violencia de género, el reclutamiento forzado y la violencia política.
Pero además están los feminicidios que crecen como una epidemia por todo el país. De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA) entre 2012 y 2013 una mujer fue asesinada en México cada dos horas. El Inegi reportó a su vez durante 2013 y 2014 siete mujeres fueron asesinadas por día.
También están presentes las altas tasas de asesinatos a periodistas, con una de las últimas muertes, la de Rubén Espinosa, ocurrida en la Ciudad de México. Por ello no es de extrañar que este año el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) colocara a México en el lugar ocho de las 14 naciones que conforman su Índice Global de Impunidad 2015 con sólo un caso resulto de los 32 asesinatos contra periodistas cometidos desde 1992.
Sin embargo, la violencia no es un tema que afecte sólo a los mexicanos. Distintas organizaciones nacionales e internacionales han denunciado a las autoridades migratorias mexicanas, en específico a las del Instituto Nacional de Migración, por abusar de los migrantes que provienen de Centroamérica y que cruzan México con destino a los Estados Unidos. Incluso se ha dicho que México ha servido a EU como un muro para frenar la migración; cifras de ambos países corroboran esto.
A la par de las detenciones ilegales y de abusos de fuerza y de violencia sexual cometidos por las fuerzas de seguridad mexicana, están los atropellos cometidos por los integrantes del crimen organizado quienes ven en los migrantes una mercancía que pueden explotar en campos de trabajos como en prostíbulos.
La semana pasada organizaciones civiles y activistas, entre ellos el Padre Alejandro Solalinde Guerra, denunciaron que empresas de seguridad privada, en colusión con autoridades locales y federales, torturan y matan a migrantes además de hostigar a sus defensores en diversos estados del país.
Es decir, mientras el Gobierno federal se empeña en presumir la reducción en las denuncias por homicidios, secuestros, robos, y extorsiones. La realidad es que en México no importa a qué sector poblacional se pertenezca, todas las personas que viven o transitan por el país corren el riesgo de vivir la violencia en carne propia.

FUGA DE “EL CHAPO” MARCA EN 2015 EL AYUNO DE CREDIBILIDAD EN EL GOBIERNO

26 Dic

Hoy, no sólo es el “hombre más buscado”. Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” Guzmán es el capital con el que el Gobierno de Enrique Peña Nieto podría recuperar parte de la credibilidad perdida, en caso de que lo vuelva a atrapar. En julio, la Secretaría de Marina lo ubicó en la Sierra Madre Occidencial. Pero “El Chapo” volvió a huir y la información de su persecución, brindada por la Segob y la PGR, conformó una escena novelesca o de serie de televisión, en la que se indujo al público a un emocionante desenlace. ¿Qué pasará? ¿Entregarán vivo al hombre más buscado del mundo las autoridades mexicanas? ¿Dirán que se volvió irreconocible por una herida que él mismo se infringió al desbarrancarse? Si bien, estos elementos de suspenso han sido puestos en el relato, la PGR mantiene bajo reserva todo lo relacionado con su nombre, lo que ante la opinión pública lo mantiene como un ser legendario plagado de poderes, como un fantasma que todo lo puede.
  

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).– El triángulo dorado tiene encajada en el corazón una paradoja hirviente. El Departamento de Estado ubica ahí a los sembradíos de amapola y mariguana más valiosos del planeta (miles de millones de dólares), mientras se despliega la miseria en sus manifestaciones más despiadadas. Desde Badiraguato en Sinaloa; desde Tamazula, Canela y Topia en Durango hasta Guadalupe y Calvo, Morelos, Batopilas, Guazapares y Guachochi en el sur de Chihuahua; esta fractura de mundo es un microcosmos de la desigualdad humana.
Sólo Badiraguato, el municipio más grande y cuna de los narcotraficantes más famosos, ocupa la posición 2 mil 038 entre 2 mil 456 municipios de la República Mexicana, según el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia de http://www.odisea.org.mx. Esta organización plantea que el desarrollo humano es la oportunidad de elegir cómo se quiere vivir. Y en el triángulo dorado parece que la vida pende del contexto, de la realidad que achica las oportunidades, de la prisión que a veces suele ser el hambre. Pinos silvestres, cumbres, montañas, despeñaderos, barrancas, caseríos con techos de lámina desparramados como si los hubieran dejado caer a puñados y con los ojos cerrados. Y luego, esos sembradíos. Es lo que hay.
Ahí, en el rancho La Piedrosa, en Tamazula, Durango, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, tuvo su última parada el pasado 6 de octubre. El fugitivo más buscado de México, y uno de los objetivos de decenas de policías en el mundo, se escabulló una vez más de la fortaleza de la Armada de México que lo cercó con decenas de elementos de fuerzas especiales y por lo menos cinco helicópteros, según informó primero The Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos y, luego, la Secretaría de Gobernación (Segob) en México. Que va herido de la cara y una pierna, y que ese daño no ocurrió en el enfrentamiento con los infantes, sino que lo adquirió al apurar su huida, es la versión de la dependencia.
En esa sierra llueve sobre mojado. Un estudio de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa (CDHS) refleja que la Operación Cóndor (el despliegue de fuerzas del Ejército para acabar con la siembra de mariguana en 1976, al final del Gobierno de Luis Echeverría Álvarez) originó casi 100 mil desplazados. Hoy, por lo pronto, la búsqueda de Joaquín Guzmán Loera, ha provocado que mil personas se fueran de los pueblos de Durango a Cosalá, Sinaloa. Y Óscar Loza Ochoa, comisionado de enlace con instituciones de ese organismo, uno de los hombres que acompañó a los desterrados, dice: “Que lo ubicaran precisamente ahí me cayó como balde agua fría. Es la parte sur de Durango. Siempre se ha dicho que el triángulo dorado es arriba, mucho más arriba. Chihuahua con su sur occidente, Durango con su norte occidente y Sinaloa con su norte oriente hacen ese vértice imaginario. Pero esta geografía es muy amplia y ahora, para buscar al ‘Chapo’, ha crecido”.
–¿Qué explicación hay para que un mapa crezca? –se le pregunta al activista, uno de los más emblemáticos defensores de derechos humanos con experiencia en desplazados en la región.
–Es el ayuno de credibilidad del Gobierno federal. La persecución en un asunto de carácter político. Si lo detuvieran volvería una parte de la confianza perdida. Y a eso se le apuesta.
–¿Alguien vio ahí a Joaquín Guzmán Loera?
–Nadie ni en voz alta, ni en voz bajita dice haberlo visto. Algunos sostienen que en 60 años jamás habían notado señas de narcotráfico alrededor de Tamazula. Ni para bien, ni para mal. Entonces, entran dudas de si las autoridades estén hablando con toda la verdad. Mientras, los desplazados están ahí, respirando el aire ajeno, a la espera de que Guzmán Loera sea atrapado. Porque su única esperanza es el regreso. Pero eso puede ocurrir pronto o no ocurrir jamás.
***
Tras su segunda fuga de un penal de máxima seguridad, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, apodado “El Chapo” Guzmán, se ha vuelto más valioso que nunca. Especialistas de varios ámbitos académicos coinciden en que si el Gobierno federal logra atraparlo logrará una hazaña fundamental: recuperar la credibilidad perdida que hoy no pasa de 39 puntos en todas las encuestas. “El Chapo”, el hombre que creció descalzo en ese mismo triángulo donde hoy tiene supuestamente cientos de empleados directos o indirectos, el que a los veinte años de edad debutó en las huestes de Miguel Ángel Félix Gallardo, el que ha llevado el epíteto de “el más buscado” dos veces, hoy es la oportunidad de un nuevo golpe para fortificar la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto.
“Ante tanto fracaso, les hace falta una ayudadita. La reaprehensión de ‘El Chapo’ es la oportunidad. Mientras no lo capturen deben despertar la esperanza que lo van a hacer. Y no importa el costo social. Ni económico. Lo que importa es atraparlo”, dice José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
¿Esta vez, a quién busca el Gobierno? Este no es un hombre cuyo nombre sólo esté asociado con el dinero y el crimen. Joaquín Archivaldo Guzmán Loera ha mostrado ser el criminal con mejor preparación para moverse en el sistema político mexicano, con redes de poder que abren sospechas de acuerdos con las cúpulas de los gobiernos panistas y priistas. Huidizo siempre, su personaje no escapa de la culpa. Sobre sus espaldas, de manera directa o indirecta, está la muerte violenta de por lo menos 100 mil personas y la desaparición de otras 25 mil desde que se inició la llamada Guerra contra el Narcotráfico. Pero también se erige como un líder, una inteligencia que ha podido destrabar todos los operativos en su contra. Ortega dice: “El hombre vale por lo que representa. No hay otro en el mundo con tanta fama como él. En un país devastado por la violencia, él se ha encargado de decir que no secuestra que no amedrenta. Que su negocio es el narcotráfico y no lo otro. Ese es uno de sus mensajes que hace valiosa su representación. Y vale por lo que sabe”.
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera nació en la comunidad de La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, el 4 de abril de 1957. Es hijo de Consuelo y Emilio. Casada por la fe católica, esta pareja de campesinos procreó once niños. Ocho hombres y tres mujeres. A todos los criaron en la misma casa de adobe y lámina. Algunas fuentes indican que pudieron estudiar hasta tercero de Primaria y otras que hasta sexto. Ángel Robles Bañuelos, ex Presidente municipal de Badiraguato y profesor rural expone que la educación básica en esta región del país ha sido una batalla de Quijotes, que en los cincuenta y sesenta del siglo pasado, los niños no iban a la escuela y si lo hicieron, fue de manera intermitente. De modo que es posible que los Guzmán Loera no hayan estudiado nada.
El hecho es que esa niñez se hizo en la más profunda miseria, la de la Sierra Madre Occidental mexicana, entre campos de naranjas y a veces, cacahuate, y cerros de lodo. Ya ninguno vive ahí. Sólo sobrevive la madre cuya vida transcurre entre ollas de peltre y muebles antiguos, muy alejada de la ostentosidad que se le adjudica a su hijo.
Joaquín Archivaldo Guzmán salió del terruño mientras seguía las señales marcadas por la expansión del narcotráfico en la región. Félix Gallardo le tenía confianza y lo llevó a Culiacán y luego, a Guadalajara. “El Chapo” tenía 32 años de edad cuando presenció la detención de su padrino. Acaso supo que ahí empezaba la oportunidad única del crecimiento propio. Pero ahí estaba también Ismael “El Mayo” Zambada y a querer o no, había que hacer alianzas. Así que los dos fincaron su grupo, el Cártel de Sinaloa o Pacífico (los investigadores aún no están de acuerdo en la nomenclatura de los grupos que trafican droga), mientras los hermanos Arellano Félix se expandían en Tijuana.
Todo iba en marcha, pero en 1993, el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo cayó acribillado en Guadalajara, Jalisco. La PGR, a cargo de Jorge Carpizo, lo presentó como el jefe de capos que, en contra de los Arellano, habría provocado la lluvia de balas que mató al prelado. Y al Chapo lo capturaron elementos policiacos de Guatemala en el río Suchiate, lo entregaron en el puente internacional “El Talismán” y luego, ya en manos de la PGR, lo llevaron al penal de Almoloya y después, al de Puente Grande en Jalisco.
En 2001, se fugó. Y en los 13 años siguientes logró modificar para su ganancia todos los mapas del trasiego de drogas. Para la PGR, sus operaciones están distribuidas en todo el país. Para la Oficina Europea de Policía (Europol) ha penetrado en Europa y Oceanía. Para autoridades de Hong Kong, según un reportaje publicado por el South Morning Post, está ligado a dos triadas de ese país, la 14K y la Sun Yee On. El Departamento de Estado de Estados Unidos sostiene que es la inteligencia a partir de la cual, es traficada desde Colombia del 30 al 50 por ciento de la droga vendida en aquel país.
Aunque la revista Forbes jamás ha revelado bajo qué parámetros calculó su fortuna, lo incluyó en su lista de hombres acaudalados a partir de 2012. Mil millones de dólares tenía “El Chapo” aquel año. Pero para 2015, la publicación lo había excluido por una razón: desconocía cómo gastaba sus recursos. De eso, hay muy pocos rastros.
Pese a todo este éxito en un universo donde la ilegalidad, escapatoria y clandestinidad son los ejes, “El Chapo” se reconoce a sí mismo como falible. Escucha y pide opinión. Trabaja en equipo. Es capaz de crear redes que involucran a la persona más sencilla hasta la más sofisticada para sus operaciones. La paciencia es una de sus armas. El método, otro.
La misma PGR guarda en sus archivos su perfil psico sociológico, elaborado en 2001, poco antes de su fuga del penal de Puente Grande. En ese ejercicio analítico, Joaquín Guzmán Loera obtuvo mayor coeficiente intelectual con 25 puntos que Raúl Salinas de Gortari. En el documento, elaborado en 2001, sobresale el adjetivo “conciliador”. Si se sigue ese documento, “El Chapo” Guzmán es un gran negociador que dentro del penal pudo eludir castigos, restricciones y desconfianzas. Tolera la frustración o más bien, no la identifica. No siente culpa por las acusaciones jurídicas y no le preocupa el tiempo de reclusión. Es un hombre que asume con habilidad el tipo de “patrón sustituto”. Sabe seducir con el dinero. Se presenta como un gran solucionador de problemas ante funcionarios de los penales que pueden estar agobiados por los bajos salarios.
Tras 13 años de su escapatoria, en febrero de 2014 fue reaprehendido. Después de haber sido la encarnación del éxito en la delincuencia, apareció sometido bajo la mano de elementos de la Marina, frente a las cámaras de televisión. Desde entonces, tenía el plan de volver a irse. Y lo hizo, sin ninguna complicación, por un túnel de 1.5 kilómetros, construido para su hazaña. Su segunda fuga tenía que reflejar su alma. De lo contrario, iba a valer de nada. Era una oportunidad única de dar a conocer quién era él. Al final, la huida fue una declaración de principios expuesta con elocuencia.
Alfredo Paredes Zamora, director de Capitol Consulting, expone que la segunda fuga de “El Chapo” Guzmán puede ser analizada como una estrategia política. Dejó claro lo siguiente: “Yo soy capaz de afrontar directamente el concepto de máxima seguridad. Yo puedo romper todo lo que tú Estado, montes con los fines de ese concepto. Paso por encima de la mente de tus consultores y cuerpos de inteligencia. El aparato de seguridad mexicano no me representa un reto”.
PERO NO DEJA DE SER UN FANTASMA

  

Sin mencionar por su nombre a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que sobre los hechos de El Altiplano se actúa “con respeto a la legalidad y con absoluta transparencia”. Se encontraba en su comparecencia por la glosa de gobierno el pasado 29 de septiembre. Pero si acaso lo tiene, el ser político de Joaquín Guzmán Loera no es transparente. Al contrario, si se intentara construir su figura a partir de los informes públicos, no resultaría nada. Para los ciudadanos, su figura se diluye por falta de información.
Entre la aprehensión en febrero de 2014 hasta ahora, los ciudadanos han preguntado por su persona ante el Instituto Nacional de Información Pública y Acceso a la Información (INAI) más de 100 veces. Pero la Secretaría de Gobernación a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong o la Procuraduría General de la República en cuyo frente se encuentra Arely Gómez, pocas veces han respondido a las inquietudes ciudadanas. ¿Qué preguntan sobre “El Chapo” los mexicanos? Cuánto se ha gastado en su manutención y cuidado es una de las cuestiones; cuánto se invirtió en el operativo de su búsqueda y cuánto en publicidad en medios de comunicación, es otra. Las preguntas son como un abanico: ¿De qué se le acusa? ¿Cuáles son los cargos que enfrenta? ¿Cuántas personas lo visitaron mientras estuvo en prisión? ¿Hay una solicitud formal para extraditarlo? ¿Cuántas balas se usaron para perseguirlo? ¿Cuál es su perfil psicológico? Para todas estas dudas, la respuesta ha sido que no es competencia de la unidad de enlace de la Segob o que la información es reservada.
Y ello, para los especialistas es un gran elemento que ayuda a construir su leyenda que puede ser usada a conveniencia. Los ciudadanos desean saber de él. Esperan por su destino. El experto en Transparencia y Rendición de cuentas, Ernesto Gómez Magaña de Contraloría Ciudadana y #Yocontralacorrupción piensa que “El Chapo” es una de las preocupaciones de la sociedad, pero como cualquier otra, está rodeada de velos. “Si se le presenta como el más buscado, como el criminal de más altos vuelos de la historia, se genera un derecho a saber de él, aun cuando se trate de un asunto de seguridad nacional. La ausencia de información da pie a que se le saque de contexto, que se le atribuyan poderes falsos y que al final, quede como un tipo que puede evadir las leyes mexicanas sin que quede ningún rastro”.
Ni siquiera su fortuna está documentada. En el folio 0001700105315, la PGR respondió que sus bienes decomisados en 2014 –año en que fue recapturado y que implicaba un golpe a su economía ilícita- son: cuatro armas, siete cargadores, una granada, 143 municiones o cartuchos, tres joyas y cuatro “objetos”. En el rubro de embarcaciones, no hay nada. Tampoco en el de Inmuebles. Menos en el de Vehículos. No aparecen cuentas bancarias ni nada relacionado con dinero que se le haya quitado.
***
Si esta fuera una novela por episodios o una serie por temporadas, ahora mismo se trataría de la parte humana del narcotraficante, de la que tiene relación con la familia. El Gobierno mexicano filtró a los medios informativos que debido a la debilidad que tiene el capo por sus pequeñas hijas gemelas pudo ubicarlo en la Sierra.
El periodista Carlos Loret de Mola publicó en su columna “Historias de Reportero” del periódico El Universal que la esposa de “El Chapo”, sus hijas y la mascota “Botas”, un pequeño mono, se quedaron a vivir cerca de El Altiplano. Unos días antes de la fuga, dejaron el Estado de México para irse a Sinaloa. Pero “Botas” no se fue con ellas. Después, la familia se reunió en un caserío en Bastantitas de Abajo, del municipio de Tamazula, Durango. A petición de las niñas, “El Chapo” habría mandado por el mono. Lo hizo traer por tierra. De modo que los investigadores del Cisen lo encontraron en un Mustang rojo.
“Esta emoción del hombre que hace fallar su estrategia limpia por un acto de amor hacia sus hijos recuerda a Pablo Escobar Gaviria en Colombia quien también dejaba rastros cuando adquiría juguetes para sus niños”, expone Ortega, experto en seguridad nacional; pero añade: “No deja de ser un elemento de tensión que prepara para el verdadero desenlace. ¿Nos están preparando para entregarnos a un ‘Chapo’ vivo o muerto?”.
Después de la historia de “Botas”, Televisa transmitió un video con audio de la segunda fuga del “Chapo”. Se escuchó el ruido ensordecedor de un martillo, a la vez de la canción de José Alfredo Jiménez, “El Rey”, justo cuando el estribillo se desgrana en “llorar y llorar”.
Lo cierto es que hay un “Chapo” padre de familia, reconocido en los corridos que sobre su figura se han escrito y cantado. El investigador del Colegio de México, José Manuel Valenzuela, expone en su libro “Jefe de Jefes” que ese género musical ha ayudado a revelar la vida más íntima de los hombres de las drogas en México, la que tiene relación con los hijos o los amores. Hay uno que retrató el dolor de “El Chapo”. Se llama “50 mil rosas rojas”, lo interpreta Lupillo Rivera y narra ese duelo que pudo embargar al hombre más buscado del mundo cuando su hijo Édgar apareció muerto en el estacionamiento del supermercado City Club del fraccionamiento Desarrollo Tres Ríos, en el norte de Culiacán, Sinaloa, el 9 de mayo de 2008.
El corrido dice:
“50 mil rosas rojas se vendieron en Culiacán,
 llegándose el 10 de mayo, listos para celebrar,
 pero unos días antes se nos fue Édgar Guzmán.
La noticia se extendió como pólvora encendida
 y al señor de la montaña le causaran esta herida,
¡Ay qué dolor tan profundo del día de las madrecitas!
 El montonal de las rosas a ninguna madre enviaron,
todas fueron pá un gran hombre que siempre lo respetaron,
le brindaron despedida, las cincuenta mil llegaron.
…. Y el compa Édgar Guzmán no quedará en el olvido…”.
De su primer matrimonio, con Alejandrina María Salazar Hernández en 1977, nacieron César, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo. Los últimos están relacionados con las actividades de su padre. Con su segunda esposa, Griselda López Pérez procreó a Joaquín, Édgar, Ovidio y Griselda Guadalupe. En 2007, se casó con la madre de las gemelas, Emma Coronel, quien fue reina de belleza en Durango y es sobrina de un antiguo socio, Ignacio Nacho Coronel, quien cayó en un operativo militar en Zapopan, Jalisco.
MIENTRAS, EN COSALÁ 
La huida duró todo el día. “Los perros nos siguieron hasta que dimos vuelta. Ya íbamos en la carretera pá Culiacán cuando se convencieron que nos estábamos yendo. Entendieron que era pá siempre. Y se regresaron. Pero el ganado, el ganado … Ese sí se fue de vago y quién sabe si ahorita estén vivas las vacas que de todos modos andaban diatiro (flacas). Eso es lo que nos mortifica, pues. A esas vacas ya las perdimos. Ni modo, a volver a empezar y a ver qué le sacamos al río”. Don Amancio suelta las palabras mientras jala aire. Ha cumplido cien días fuera de El Verano, la ranchería, su hogar, el sitio donde ha vivido 60 años, en Tamazula, Durango.
Ajenos a las batallas militares, más de mil hombres, mujeres y niños se amontonan en las casas de Cosalá, Sinaloa. Si antes, en cada vivienda había cinco personas, ahora hay diez. Y la culpa es de “El Chapo” o de la persecución de “El Chapo”. Ninguno dice entender por qué sobre sus pueblos de repente ya sólo llovían balas. Una mujer salió a pie. Traía a dos niños de la mano. Caminaron durante cuatro días por barrancas y cerros, los que hay al final del triángulo dorado. Los alimentó con harina de la marca maseca que revolvió con el agua de los arroyos que iba encontrando. Llegaron desnutridos y a punto de morir. Y está ese hombre de 70 años quien sostiene: “Nunca habíamos sabido nada del tal Chapo. Hasta ahora que llegaron los soldados. Ni modo, en el lugar de uno todo cambia, pero nada cambia. Y nosotros ya queremos volver. Imagínese, todo el ganado anda vago y eso es lo que mortifica, pues”.

ENERGÍA DE CUATES PARA CUATES: LA “PUERTA GIRATORIA” ARRASA EN 2015

26 Dic

Con la Reforma Energética ya en marcha, 2015 se convirtió en el año en que Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Estado mexicano comenzaron a repartir la riqueza de los hidrocarburos al mejor postor. Entre los primeros ganadores de licitaciones de la Ronda Uno están empresas, mexicanas y extranjeras, comandadas por altos ex funcionarios mexicanos, incluso ex directores en Pemex, relacionados íntimamente con el grupo de poder que hoy gobierna al país. La llamada puerta giratoria no es nueva en México, pero esa práctica –pasar de la función pública a la iniciativa privada en un tris– se ensanchó el año pasado gracias a los cambios constitucionales promovidos por el Presidente Enrique Peña Nieto.
El arranque de la Primera Ronda de licitaciones de la Reforma Energética en 2015 expuso el interés que diferentes ex servidores públicos de alto nivel tienen ahora, desde la iniciativa privada, en el recién abierto negocio mexicano de los hidrocarburos.
Un ejemplo de esta práctica denominada por los académicos como uso de “la puerta giratoria” entre el sector público y el privado es el de Carlos Morales Gil, director de la oficina de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) hasta febrero de 2014, considerado uno de los ex funcionarios mejor informados sobre la localización de los energéticos que le quedan al país y, desde febrero de 2015, parte de Controladora Petrobal, la nueva compañía petrolera de Alberto Bailléres, dueño de una las mayores fortunas de México.
Con esta nueva empresa y con Morales Gil, Bailléres –también propietario de la minera Peñoles y de las tiendas Palacio de Hierro– entró con el pie derecho a la naciente industria del petróleo y, el pasado 30 de septiembre, en el segundo paquete de licitaciones de la Ronda Uno, obtuvo su primer contrato para la extracción en hidrocarburos en aguas someras del sureste mexicano.
Antes, el nombre de Salvador Beltrán del Río, que fue comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) hasta 2012 y director de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Energía (Sener) de 2003 a 2007, apareció también entre los consejeros de la igualmente nueva compañía petrolera mexicana Sierra Oil and Gas que, el 15 de julio, se convirtió en la ganadora de los primeros contratos para la exploración y extracción de petróleo de toda la Reforma Energética. Dos días después, el periódico Reforma publicó que una de las empresas financiadoras de Sierra Oil and Gas, denominada Infraestructura Institucional, estaba presidida por Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
Incluso el Presidente Vicente Fox Quesada entró a participar como consejero de la también nueva compañía Energy and Infraestructure Mexico (EIM) Capital y, el pasado mes de septiembre, anunció una fusión con la firma especializada en fractura hidráulica, o fracking, American Energy Partners, con la cual, se informó en un boletín oficial, buscaban explorar el potencial económico de los recursos de gas y petróleo mexicanos.
“Esta es una gran oportunidad para la producción de energía mexicana. Buscamos trabajar estrechamente con el Gobierno mexicano para avanzar en este proyecto monumental y mejorar la actual política energética de México”, dijo el ex Presidente Fox, citado en el comunicado de la agencia especializada PR Newswire que reportó la unión de las empresas.

Otra compañía caracterizada por la presencia de ex funcionarios gubernamentales en su consejo directivo y ahora beneficiada por la ampliación de la oferta de negocios en la construcción de obras para almacenamiento y transportación de gas es Infraestructura Energética Nova, o Ienova, socia además de Pemex en la multimillonaria construcción de la primera fase del gasoducto Los Ramones, ubicado en la frontera de Tamaulipas y Nuevo León.
En julio pasado, Ienova anunció que había comprado el 50 por ciento de las acciones que Pemex tenía en la firma Gasoductos de Chihuahua, poseedora de Los Ramones. Y, ese mismo mes, Ienova ganó también la licitación para la construcción de un gasoducto en Juárez, Chihuahua –entre San Isidro y Samalayuca– que se sumará a otro que construye en ese estado.
Presidida por Carlos Ruiz Sacristán –ex Secretario de Comunicaciones y Transportes y ex director de Pemex en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León–, Ienova tiene en su consejo de administración también al ex Embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, consejero a su vez de otras firmas interesadas en los negocios de la apertura económica en México; así como al ex subsecretario de Transportes desde 1994 y hasta 2006, Aarón Dychter Poltolarek, también dueño de la consultora Adhoc.
Ruiz Sacristán es asimismo parte de la directiva de Souther Cooper Corporation, minera propiedad del mexicano Germán Larrea Mota Velasco; y, hasta octubre pasado, consejero de la filial mexicana de la constructora española OHL, empresa que fue noticia a lo largo de 2015 por la difusión de diversos audios en los que se le involucra en tráfico de influencias para la obtención de contratos gubernamentales.
Las presuntas conversaciones –por cuyo espionaje la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación– han mencionado incluso al hoy director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, también consejero de OHL hasta 2012. El audio que lo involucra fue difundido en Youtube el pasado 27 de noviembre, e indica que Lozoya Austin habría gestionado un encuentro entre funcionarios de OHL con el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, para que la empresa se quedara con la construcción, precisamente, de la planta de ciclo combinado en Empalme, Sonora –gestión que fue negada por los mencionados.
Ienova es, además, la filial en México de la empresa norteamericana Sempra Energy, en cuyo consejo de dirección participa desde 2006 Luis Téllez Kuénzler, ex Secretario de Energía y de Comunicaciones y Transportes –entre otros cargos públicos– e integrante de la administración de diferentes firmas mexicanas y multinacionales.
En abril de este año, Téllez Kuénzler fue nombrado consejero de la financiera norteamericana KKR, o Kolhberg Kravis Roberts & Co, una firma con presencia global y especializada en la atracción de capitales a través de activos como proyectos de infraestructura y energía. Al anunciar la designación, KKR hizo énfasis en el conocimiento que Téllez ha acumulado tanto en el sector público como en el privado en los últimos 20 años, y en el valor que su información representa para los inversionistas.
“Nos complace tenerlo como consejero en KKR. Tanto inversionistas y compañías en México están buscando socios que les ayuden a crecer y con sus objetivos de inversión, y Luis Téllez ofrecerá información valiosa que apoye estos esfuerzos y ayude a hacer crecer nuestra franquicia en México”, reportó KKR en un boletín del 14 de abril pasado.
Antes que a Téllez, la misma KKR había contratado a otros ex funcionarios norteamericanos, como el ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), David Petraeus, y al ex jefe de asesores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Neil R. Brown, ambos también abiertos partidarios de la Reforma Energética mexicana.
“Si se implementa completamente, el extraordinario esfuerzo de reforma ayudará a liberar el excepcional potencial económico de México con el impulso a la productividad y un incremento a la confianza en México dentro y en el extranjero”, escribieron Petraeus y Brown, ya desde KKR, en el artículo “Milagro mexicano: productividad política”, publicado por el Houston Chronicle en 2014.
CONOCIMIENTO CODICIABLE

Varios factores propician en México el uso de la “puerta giratoria”. De acuerdo con académicos, este tipo de ejercicio del poder se ha intensificado a partir del proceso de apertura económica que ha conducido a la concentración de riqueza e información, así como en el contexto de la transición política que, en 2000, por ejemplo, dejó a varios priístas fuera de la administración pública federal.
Así, explicó el académico Carlos Alba Vega, investigador del Colegio de México (Colmex) y experto en la relación Estado-empresarios, la experiencia de los ex servidores públicos, su conocimiento sobre la administración, los mercados, sus contactos y sus posibilidades de conseguir diferentes contratos gubernamentales los convirtieron en consultores o consejeros codiciables para la iniciativa privada.
“Todas esas características son muy apreciadas por las empresas por diversos motivos: ejercer presión sobre empresas que han tenido situaciones de monopolio en México, facilitar el acceso a los poderes ejecutivo y legislativo, obtener información estratégica, promover políticas públicas cercanas a sus intereses”, escribió Alba Vega en “El sector privado mexicano y las políticas públicas”, presentado en octubre pasado para un seminario.
“Este tránsito del sector público al privado, que es una práctica común en Estados Unidos y que ha influido en los ex funcionarios mexicanos, no existía en México y despertó resistencia y críticas por considerar que propicia situaciones de conflicto de intereses, por constatar que hay casos de varios funcionarios que se incorporaron a empresas privadas que habían sido previamente beneficiadas por ellos y por visualizar a los ex funcionarios públicos como agentes al servicio de grandes empresas y capitales en un país donde la desigualdad social es de las más grandes de América Latina”, agregó el texto.
Omar Escamilla Haro, integrante de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), planteó a su vez que el uso de la puerta giratoria en la industria de los hidrocarburos es tan intensa que, de acuerdo con una medición de la organización, hasta seis de los últimos nueve directores de Pemex han salido de la paraestatal para trabajar en empresas relacionadas con el sector energético.
Los especialistas explicaron también que este tipo de prácticas no sólo propician las circunstancias para que se generen problemas como conflictos de interés, el tráfico de influencias o el acceso a información privilegiada. El principal inconveniente para el interés público es que este tránsito entre los espacios público y privado reduce la representatividad de la mayor parte de población en la toma de decisiones por parte de los funcionarios de Gobierno.
“Este tipo de acciones aumentan la desconfianza de la sociedad ante el Gobierno y sus muchos de sus representantes”, dijo Alba a SinEmbargo en octubre pasado, consultado a propósito del caso de KKR.
“Despierta muchas sospechas y hace pensar que puede haber corrupción, cuando se descubre que esos funcionarios mexicanos no parecen representar los intereses de la sociedad en su conjunto, ni de México, sino ya desde sus puestos gubernamentales preparaban las condiciones necesarias para que los grandes intereses económicos sacaran provecho de las reformas, como la energética”, agregó.
En el mismo sentido se había pronunciado la también académica Alejandra Salas Porras, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y quien, en 2014, publicó el análisis “Las élites neoliberales en México: ¿cómo se construye un campo de poder que transforma las prácticas sociales de las élites políticas?”.
En el texto, publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, la investigadora advierte que el uso de la puerta giratoria “trastoca la relación” entre la ciudadanía y los integrantes de la administración pública.
“Las decisiones que toman las élites cuando se encuentran en funciones públicas no se hacen en términos de los intereses que deben servir, o para un proyecto de alcance nacional, sino más bien pensando en recompensas futuras y posiciones privadas en redes de poder nacionales e internacionales”, señaló.
“AHÍ SURGIÓ LA IDEA”

Una de las últimas noticias de las que fue tema la empresa Ienova fue el interés que Carlos Ruiz Sacristán expresó en obtener uno de los primeros Fideicomisos de Inversión en Infraestructura Energética, o Fibra E, con los que el Gobierno federal busca canalizar capital de inversionistas para las empresas constructoras de este tipo de obras.

Y fue el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, quien contó públicamente cómo había surgido la idea para que la dependencia a su cargo creara tales instrumentos financieros. Había sido en una reunión, dijo Videgaray, celebrada el pasado 8 de junio en Palacio Nacional, con integrantes de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, él y el titular de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Jaime Ruiz Sacristán, hermano gemelo del titular de Ienova.

“Y de ahí surgió la idea”, dijo Videgaray el pasado 5 de octubre, durante el lanzamiento de los Fibra E. “Surge la idea de crear una categoría especial de inversión que permita canalizar el apetito que existe entre los inversionistas institucionales, el gran público inversionista para participar de la transformación del país, específicamente en el sector de la energía y en el sector de la infraestructura en general”, agregó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

LA CORRUPCIÓN ROBA PORTADAS, PERO NADIE VA A LA CÁRCEL

26 Dic

Enrique Peña Nieto impulsó la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, especialistas en transparencia consideran que no sólo falta la legislación secundaria que respalde una operación imparcial y eficaz, sino que las iniciativas contemplen la opinión de la sociedad civil, ya que la mayoría de ellas provienen de administraciones señaladas por actos abusivos, comenzando por los que se generan desde la propia Presidencia de la República y el primer círculo del Jefe del Ejecutivo federal.

  

El Presidente Enrique Peña Nieto definió así el alcance de la Reforma Constitucional para el combate a la corrupción que presentó el 27 de mayo: que los servidores públicos y los particulares que incurran en este tipo de prácticas sean sancionados y obligados a resarcir el daño patrimonial causado.
“Éste es un auténtico cambio de paradigma para combatir con mayor eficacia el cohecho, la extorsión o el tráfico de influencias, entre otros actos indebidos. En pocas palabras –dijo el Presidente– es una reforma contra la impunidad”.
Las modificaciones al texto constitucional, la doceava de las “reformas estructurales” de Peña Nieto, consiste en la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción con representantes de “todos los órdenes de Gobierno” –la mayoría existentes– relacionados con la transparencia y la fiscalización; la ampliación de revisiones de la Auditoría Superior de la Federación y la creación de una Fiscalía Especializada en la Procuraduría General de la República.
“Es un paso histórico a favor de una nueva cultura de la legalidad”, insistió al presentar el decreto en Palacio Nacional.
De este “paso histórico” a una disminución del abuso de los cargos públicos en beneficio personal, sin embargo, aún hay un largo camino, de acuerdo con expertos. Y no sólo porque falta la legislación secundaria o porque la iniciativa proviene de una de las administraciones federales más señaladas por actos abusivos: El problema fundamental de la Reforma anticorrupción, explican académicos e investigadores, es que crea una burocracia revisora y sancionadora de “individuos” y de conductas aisladas, pero deja sin contrapesos los contextos que las facilitan, como la discrecionalidad en la asignación de recursos.
Además, explica el investigador Mauricio Morales, académico del Colegio de México (Colmex) y del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), entre los tomadores de decisiones falta una perspectiva que considere que la corrupción es un delito que se genera en redes, y del que normalmente hay evidencias –como la “casa blanca” de la familia presidencial–, y no sólo irregularidades en los procedimientos.
“Si son corruptos, no estúpidos”, resume Morales al explicar las consecuencias de la perspectiva sólo punitiva de conductas individuales, revisora de procedimientos y que no atienda evidencias.
Fue esta manera de “enfrentar” la corrupción, explica el investigador, lo que libró de responsabilidades la asignación de contratos al empresario Juan Armando Hinojosa, amigo cercano del Presidente Enrique Peña Nieto y a su vez financiador de la residencia de más de 50 millones de pesos en la que éste vive con su familia.
“Son redes, se genera un daño verificable, y la corrupción produce evidencias con respecto a las persona que participan en ella, y esto no puede seguirse ignorando. El ejemplo perfecto es la ‘casa blanca’; ahí está la evidencia: hay una declaración de la Primera Dama reconociendo que obtiene esta casa como consecuencia de su amistad con un empresario al que a su vez le va muy bien en el Estado de México, y con el Gobierno federal actual”, plantea el también integrante de la Red por la Rendición de Cuentas.
“Pero en el Derecho disciplinario que hay en México, dado que es procedimental e individual, la Secretaría de la Función Pública no podría haber hecho otra cosa: verificó si los contratos de Higa –la empresa de Hinojosa– fueron obtenidos de manera contraria al procedimiento y pues claro que encontró que no. Para poder configurar esa falta debió haber una instrucción escrita del Presidente directamente al funcionario que asignó esos contratos; pero es absurdo. En cambio, sí existe la red, el daño y la evidencia. Si no somos capaces de dar este giro al sistema de responsabilidades, para que la nueva Ley General de Responsabilidades permita la investigación a partir de la evidencia y/o del daño causado al país, entonces seguiremos con una visión de mediados del Siglo XX que nos ha hecho muchísimo daño”, agrega.
El diseño del entramado anticorrupción, explica Oscar Arredondo, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, también indica que los actos de probable abuso de poder revelados en el sexenio de Peña Nieto quedarán intactos hasta 2018. Esto, precisa, porque aun cuando se cree una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ésta dependerá de una PGR a su vez subordinada a Peña Nieto. Y para juzgar cualquier denuncia, agrega, estarán hasta fin de sexenio los mismos integrantes del actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa que no han procedido en ningún caso.
“El sistema podría resultar una patente de corso que garantice impunidad a la administración actual en los casos de aparente corrupción de los que hemos sido testigos”, dice Arredondo a SinEmbargo.
“Lo anterior por que no será un sistema retroactivo facultado para fiscalizar ejercicios anteriores, a menos que estén relacionados con auditorias del año corriente; porque las instancias sancionatorias seguirán conformadas por los mismos magistrados y la misma Procuradora, y porque la implementación de las reformas secundarias y la operatividad del sistema se reflejará con el tiempo”, agrega.
RESPUESTA Y BROMA

La investigación periodística que encontró que la familia presidencial vivía en una residencia de alrededor de 54 millones de pesos financiada por el empresario Juan Armando Hinojosa, contratista de Peña Nieto desde que era Gobernador mexiquense, marcó el sexenio. Elaborada por el equipo de investigación de Aristegui Noticias, y publicada el 9 de noviembre de 2014, a menos de dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Guerrero, colmó el ambiente de desconfianza y repudio de por sí expandido contra la actual administración federal.
“Él niega irregularidades, y su vocero explica que la señora Rivera está pagando el préstamo de la casa con dinero de su bolsillo. Pero la revelación ha añadido al desencanto público”, publicó The Economist en noviembre de 2014, cuando también mencionó que una de las primeras repercusiones globales de esta relación fue la cancelación de un contrato por más de 50 mil millones de pesos para construir un tren rápido y que había sido asignado a Higa en consorcio, entre otros, con la Corporación China de Construcción de Ferrocarriles.
“La cancelación del contrato para la construcción del tren de alta velocidad ensombreció la visita a China. Peña Nieto, quien ha buscado atraer inversión extranjera a través de un ambicioso paquete de reformas energéticas y ha cortejado asiduamente al presidente Xi Jinping, llegó gruñendo titulares”, agregó el medio británico.
La investigación de Aristegui fue seguida por The Wall Street Journal, que encontró que el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, tenía también una casa comprada con ventajas al empresario Hinojosa y que Peña Nieto tenía además otra adquirida de otro de sus contratistas desde que era Gobernador, Roberto San Román.
En febrero, y después de que la Secretaría de la Función Pública había permanecido sin titular durante lo que iba del sexenio, Peña Nieto respondió a las críticas y nombró como titular de esta dependencia a un abogado y amigo de Videgaray, el ex consejero electoral Virgilio Andrade, a quien ordenó determinar si la asignación de contratos a Hinojosa y San Román por parte de su presidencia implicaban conflicto de interés.
Fue al hacer ese anuncio ante los medios de comunicación, el 3 de febrero, que Peña Nieto mencionó que hay conflictos de interés “reales”, “potenciales” y, también, “aparentes”, o en los que existe la percepción social o la sospecha de que hay un conflicto de interés sin que exista “violación legal alguna”. Fue también ahí donde, al notar el silencio que siguió a discurso, se quejó en broma con su vocero diciendo “ya sé que no aplauden”, frase que de inmediato fue retomada por miles de usuarios de las redes sociales para expresar burlas.
“La aparición de #YaSéQueNoAplauden se ha conectado de manera similar con la sensación generalizada de que la administración de Peña Nieto no está tomando con seriedad la crisis de credibilidad que enfrenta”, reportó el diario inglés The Guardian el 4 de febrero.
Las críticas y la percepción de impunidad se agudizaron el mes siguiente, cuando la compañía de telecomunicaciones MVS despidió al equipo de periodistas de investigación que reveló la transacción de la residencia.
“En México, siguiendo la lógica del mundo al revés, quien comete el acto de corrupción se queda en su puesto y quien lo denuncia es despedido. Es la lógica mexicana del poder: mata al mensajero”, escribió el periodista Jorge Ramos el 23 de marzo para el Nuevo Herald, en Miami.
“Analistas aseguran que, con Peña Nieto, el Gobierno ha tratado de restaurar algunas de las viejas formas de control, usando como palanca la publicidad del Gobierno y su autoridad sobre la concesión de las trasmisiones”, publicó The New York Times el 27 de marzo en el artículo “En México, el despido de Carmen Aristegui somete a escrutinio la libertad de medios”.
Y fue en ese contexto que, el 27 de mayo siguiente, Peña Nieto presentó el decreto Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción.
“Como puede verse, los escándalos de Ayotzinapa y de la llamada Casa Blanca no fueron excepcionales dentro de esas cadenas de corrupción y de impunidad. Lo que los convirtió en símbolos del hartazgo social fue, acaso, su gravedad y el interés global que despertaron”, escribió Morales en “Una reseña sobre las reformas en curso a favor de la transparencia y en contra de la corrupción”, publicado en julio por el Centro Woodrow Wilson.
“Y en ese entorno, la revelación de las ventajas obtenidas por la esposa del Presidente de la República para acrecentar su patrimonio privado, así como la ambigua e insuficiente explicación pública que ofrecieron ambos tras el escándalo ventilado en los medios y las redes sociales, no hizo sino incrementar la indignación pública y abrir, finalmente, aquella ventana de oportunidad para comenzar a impulsar cambios de fondo en el diseño de las instituciones dedicadas a combatir la corrupción”, agregó el análisis.
“¿SE LE ORDENÓ RESOLVER?”

  
El límite de esta “ventana de oportunidad” fue evidenciado el 21 de agosto, cuando Virgilio Andrade presentó el resultado de su indagatoria sobre los contratos asignados a Higa y, después de aplicar más de cien cuestionarios, concluyó que no se configuraba ilegalidad alguna.
En una conferencia de prensa, ese día leyó durante más de una hora los motivos por los que no había encontrado ni ventajas ni conflictos de intereses en la relación de Peña Nieto, su esposa y Videgaray con Juan Armando Hinojosa. Los motivos, explicó, fue que ninguno era funcionario cuando se compró la casa y ninguno asignó los contratos. Y quienes sí participaron en la asignación de los contratos, agregó Andrade, descartaron cualquier conflicto o vínculo con la empresa.
“Se interrogó a 111 servidores públicos que intervinieron en los contratos de Servicios u Obras Públicas otorgados a las empresas vinculadas con el señor Juan Armando Hinojosa Cantú y Ricardo Arturo Sanromán Dunne. En todos los casos, los servidores públicos declararon, bajo protesta de decir verdad, que no se les ordenó resolver de alguna manera el procedimiento, así como que no tenían ningún interés personal, familiar o de negocios con la empresa adjudicada”, leyó Andrade.
“En este análisis se incluyó la declaración de cada uno de ellos sobre posible conflicto de interés y, con base en el análisis y en la documentación existente, dichos servidores públicos tampoco incurrieron en ningún conflicto de interés en lo particular. Como se señaló, de acuerdo con las leyes mexicanas, para que exista conflicto de interés es necesario demostrar la violación a la imparcialidad en el actuar público del servidor investigado y que la parcialidad en que incurra esté relacionada con las atribuciones que la Constitución y las Leyes le señalan”, continuó el funcionario.
Después de más de una hora de justificación legal de los contratos del amigo del Presidente, Andrade respondió las preguntas aludiendo al Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos como marco legal casi único contra el abuso de poder y sin incidencia, dijo ante pregunta específica, sobre relaciones como la de Hinojosa con la pareja presidencial.
“Con independencia de cualquier relación, el conflicto de interés no se materializa con la amistad. Se materializa cuando, a extensión de una relación personal, familiar o de negocios, el servidor público rompe con el principio de imparcialidad, incide de alguna manera indebida en la asignación de un contrato o recibe un beneficio personal en su patrimonio”, insistió Andrade.
El resultado presentado fue el previsto. Nadie, dijo entonces Alejandro González Arreola, director de la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc), esperaba algo “distinto” porque la instancia que generó la investigación es subordinada del Presidente. También, explicó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, porque el marco legal sobre el conflicto de interés en México es limitado. Y, lo peor, agregó Oscar Arredondo Pico, de Fundar, es porque, como quedó claro, no existe voluntad política para responder ni aun preguntas básicas: si no hubo conflicto de interés –cuestionó– ¿por qué se dio la licitación del tren México-Querétaro, donde Grupo Higa resultó ganador, y luego se revocó? ¿Por qué se anunció que se devolvería la “Casa Blanca”?
“La corrupción nunca se va a encontrar a través de una confesión escrita en un documento público”, expuso Arredondo entonces.
“ME DIO UN DISCO CON LA LICITACIÓN”

El límite de esta “ventana de oportunidad” fue evidenciado el 21 de agosto, cuando Virgilio Andrade presentó el resultado de su indagatoria sobre los contratos asignados a Higa y, después de aplicar más de cien cuestionarios, concluyó que no se configuraba ilegalidad alguna.
En una conferencia de prensa, ese día leyó durante más de una hora los motivos por los que no había encontrado ni ventajas ni conflictos de intereses en la relación de Peña Nieto, su esposa y Videgaray con Juan Armando Hinojosa. Los motivos, explicó, fue que ninguno era funcionario cuando se compró la casa y ninguno asignó los contratos. Y quienes sí participaron en la asignación de los contratos, agregó Andrade, descartaron cualquier conflicto o vínculo con la empresa.
“Se interrogó a 111 servidores públicos que intervinieron en los contratos de Servicios u Obras Públicas otorgados a las empresas vinculadas con el señor Juan Armando Hinojosa Cantú y Ricardo Arturo Sanromán Dunne. En todos los casos, los servidores públicos declararon, bajo protesta de decir verdad, que no se les ordenó resolver de alguna manera el procedimiento, así como que no tenían ningún interés personal, familiar o de negocios con la empresa adjudicada”, leyó Andrade.
“En este análisis se incluyó la declaración de cada uno de ellos sobre posible conflicto de interés y, con base en el análisis y en la documentación existente, dichos servidores públicos tampoco incurrieron en ningún conflicto de interés en lo particular. Como se señaló, de acuerdo con las leyes mexicanas, para que exista conflicto de interés es necesario demostrar la violación a la imparcialidad en el actuar público del servidor investigado y que la parcialidad en que incurra esté relacionada con las atribuciones que la Constitución y las Leyes le señalan”, continuó el funcionario.
Después de más de una hora de justificación legal de los contratos del amigo del Presidente, Andrade respondió las preguntas aludiendo al Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos como marco legal casi único contra el abuso de poder y sin incidencia, dijo ante pregunta específica, sobre relaciones como la de Hinojosa con la pareja presidencial.
“Con independencia de cualquier relación, el conflicto de interés no se materializa con la amistad. Se materializa cuando, a extensión de una relación personal, familiar o de negocios, el servidor público rompe con el principio de imparcialidad, incide de alguna manera indebida en la asignación de un contrato o recibe un beneficio personal en su patrimonio”, insistió Andrade.
El resultado presentado fue el previsto. Nadie, dijo entonces Alejandro González Arreola, director de la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc), esperaba algo “distinto” porque la instancia que generó la investigación es subordinada del Presidente. También, explicó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, porque el marco legal sobre el conflicto de interés en México es limitado. Y, lo peor, agregó Oscar Arredondo Pico, de Fundar, es porque, como quedó claro, no existe voluntad política para responder ni aun preguntas básicas: si no hubo conflicto de interés –cuestionó– ¿por qué se dio la licitación del tren México-Querétaro, donde Grupo Higa resultó ganador, y luego se revocó? ¿Por qué se anunció que se devolvería la “Casa Blanca”?
“La corrupción nunca se va a encontrar a través de una confesión escrita en un documento público”, expuso Arredondo entonces.
“ME DIO UN DISCO CON LA LICITACION”
La contradicción entre el discurso de Peña Nieto a favor del combate a la corrupción y sus acciones fue advertida de nuevo en septiembre, cuando organizaciones de la sociedad civil explicaron que, aun con el anuncio de un Sistema Nacional Anticorrupción, el Presidente impulsaba una iniciativa de modificaciones a la Ley de Obras Públicas que fomenta aun más la discrecionalidad en la asignación de recursos públicos para la construcción de infraestructura.
Dicha propuesta de modificaciones fue presentada el 4 de noviembre de 2014 por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en lo que fueron, literalmente, los últimos días de credibilidad del Ejecutivo. A la exhibición hecha por el equipo de Aristegui Noticias se sumó, a partir de mayo siguiente, la difusión de una serie de grabaciones en las que directivos de la oficina mexicana de la constructora española OHL hablan de cómo ganan dinero a costa de los recursos públicos, sobre todo del Estado de México, al cual, desde que Peña Nieto era Gobernador, le habrían “inflado” precios de obras y sustraído información privilegiada.
En julio, las revelaciones alcanzaron al propio Ruiz Esparza que en otro de los audios, atribuidos a una empresa auditoria de las obras de OHL, se menciona como beneficiario de una estancia en la Riviera Maya a cargo de la constructora. Uno de sus subalternos, mostró también la grabación, habría filtrado a OHL el disco compacto con la información de dos licitaciones, una en Quintana Roo y otra en el Distrito Federal.
“Me lo dio en disco con toda la información y cómo va a salir y cómo se va a licitar”, se escucha decir al entonces director de relaciones de OHL, Pablo Wallentin, el 9 de febrero de 2015, luego de una reunión con Carlos Bussey, director de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Ninguna de las exhibiciones públicas, sin embargo, ha tenido consecuencias. Así como los periodistas que revelaron la transacción de la Casa Blanca perdieron sus empleos, en el caso de OHL la persecución se inició contra una de las compañías auditoras de la española, Infraiber, por la intercepción de las llamadas.
Y mientras, advirtieron organizaciones de la sociedad civil, en el Senado se mantiene la iniciativa de reformas a la Ley de Obras Públicas que incluso, dijeron, podría ser llamada “Ley OHL” o “Ley Casa Blanca” debido a que, entre otros cambios, busca aumentar las asignaciones de contratos que se hacen “por invitación” o de manera “directa”.
“La Ley permite modificar las convocatorias para beneficiar a ciertos contratistas al reducir la ventana de tiempo”, dijo en septiembre pasado Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la organización México Evalúa.
Otro contexto que deteriorará la integridad de la competencia por estos recursos, agregó también entonces Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, es la reducción de gasto público, que tan sólo en el sector de Comunicaciones y Transportes será de hasta un 33 por ciento en 2016.
“No habrá más competencia, necesariamente, pero sí puede haber una competencia desleal que siempre incorpora a la corrupción. Menos recursos significan menos proyectos, y más jugadores que buscarán atajos para obtenerlos (…) La corrupción puede legalizarse en México a través de instrumentos como éste”, advirtió Bohórquez.
EN RIESGO LA AUTONOMÍA DE LA ASF
Además de voluntad política por combatir la corrupción, a la reforma presentada por Enrique Peña Nieto le falta todavía materializarse en legislación secundaria. Con un plazo que termina en mayo, el Poder Legislativo debe redactar, analizar, discutir y aprobar dos nuevas leyes generales ­–una de Responsabilidades de los Servidores Públicos y otra del Sistema Nacional Anticorrupción– y ajustar el resto de artículos que rigen desde la administración pública y las contrataciones, hasta las facultades de la ASF, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la nueva Fiscalía y, por tanto, los códigos penales federales.
“La puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción plantea uno de los mayores desafíos legislativos que haya conocido la historia reciente del país”, advirtieron decenas de organizaciones en un comunicado de noviembre y en el que insistieron que, además del castigo a la corrupción, la reforma debe atajar los espacios que la facilitan.
“En materia de responsabilidades administrativas, las reformas deben conducir a prevenir y en su caso identificar y sancionar las redes de la corrupción, impidiendo mediante multas severas e inhabilitación que quienes las conforman puedan seguir medrando con las atribuciones de los recursos públicos o el tráfico de influencias”, indicó el posicionamiento.
Fuera de la agenda, explica en entrevista la investigadora Lourdes Morales, quedaron temas como la figura del “fuero constitucional” o inmunidad de la que gozan legisladores, Gobernadores, Ministros de la Suprema Corte y el Presidente de la República y que crea condiciones para la existencia de “intocables”.
También, dice Arredondo, deja fuera otras caras de la corrupción como el abuso de poder en las corporaciones policiacas, los vínculos entre políticos y crimen organizado, la corrupción en el sistema electoral y en el sistema de justicia.
Y, en un periodo de reducción del gasto público, advierte Antonio Ruiz Porras, investigador de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, aumenta exponencialmente el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, que requerirá multiplicar su presupuesto en todo el país justo cuando uno de los objetivos del combate a la corrupción es, precisamente, mejorar la eficiencia de los recursos.
Consultada al respecto, la Auditoría Superior de la Federación envió un posicionamiento a SinEmbargo para expresar que, efectivamente, tiene que adecuar la aplicación de sus recursos humanos y económicos. Pero tiene sobre todo, plantea, tiene que defender la autonomía de su gestión en relación con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. “Esto es –dice el posicionamiento– realizar auditorías con un enfoque técnico y neutral alejado de la confrontación política”.

CUANDO EL DF VIO COLGADOS Y NARCOMANTAS DE LOS CÁRTELES

25 Dic

A los ojos de la opinión pública, el DF dejó de ser “la isla” de seguridad del país que para muchos era un refugio de la violencia que se vive en el resto de los estados de la República. Después de años de negación por parte del Gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa, los cárteles del narco hicieron sentir su presencia.
  

El Distrito Federal, en 2015, dejó de ser, al menos en apariencia, la ciudad en la que se refugiaban desde periodistas amenazados de muerte, hasta desplazados de distintos estados en donde vivir con la violencia cotidiana, resultaba difícil. Este año, los cárteles del narcotráfico le hicieron saber al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, que no sólo operaban en la ciudad, sino que peleaban por la plaza, mataban, ejecutaban y dejaban mensajes en los cuerpos de los muertos, como ocurre en Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, y cualquiera de esas entidades golpeadas por el crimen organizado.

Fue en octubre cuando el Distrito Federal despertó con un cuerpo colgando de un puente en Iztapalapa y un mensaje claro para Mancera, quien negó la presencia de cárteles del narco desde que era Procurador capitalino.
¿No hay cárteles en el Distrito Federal? Ese mes, tres hechos hicieron evidente lo que Miguel Ángel Mancera negó por años desde que era Procurador capitalino.
El 19 de octubre, el cuerpo de un hombre fue hallado colgado en el puente vehicular de La Concordia, en la Delegación Iztapalapa. La víctima estaba sostenido con una soga al nivel del tórax y presentaba dos disparos de arma de fuego en la cabeza.
Los cadáveres colgados en puentes son una práctica común en estados como Tamaulipas, Sinaloa o Chihuahua, donde el crimen organizado sostiene una guerra con otros cárteles y con el Estado mexicano. Hasta ese día, no había reportes de que estas prácticas se cometieran en la capital.
Al día siguiente, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) encontró otro cuerpo sin vida dentro de un tambo y con signos de tortura en las calles de la misma demarcación.
A unas horas de estos hechos, un hombre fue ejecutado en la Unidad Habitacional Ignacio Zaragoza en Iztapalapa. El grupo criminal “Gente Nueva del Avispa” dejó un mensaje dirigido al Jefe de Gobierno capitalino, que de manera textual decía:
¡JEFE MANSERA!
“Aquí le vamos a poner a quienes son los que nos an estado amenasando y an matado gente, estan protegidos por el cano e Israel, comandantes del reclusorio oriente, entre ellos protegen a los internos El Pulca, coyotes, esteban (sic).
Internos del oriente traen el control de la droga del penal con apoyo del Eusevio Dulce reyes, recluido en el penal de Chihuahua y suele tener celular en la carcel estatal de Chihuahua.
“El ordena las ejecuciones con los cabecillas del reclu oriente y otros como el diamante, el Alex y el nieves”.
No me meto con nadie por eso me apoyan, nada mas muevanlos de los centros y esto se acabara…
ATT. GENTE NUEVA DEL AVISPA VAMOS POR TI DULCE REYES”

Un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, (DEA, por sus siglas en inglés), dado a conocer en julio pasado, identificó la presencia de ocho cárteles en la capital del país.
“Los Zetas, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Beltrán Leyva, Golfo, Juárez, La Familia y Los Caballeros Templarios”, son los grupos que, de acuerdo con el Gobierno estadounidense, tienen presencia en el Distrito Federal.
En respuesta a este informe, el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera rechazó la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México. En conferencia de prensa en septiembre pasado dijo:
“Aquí nosotros podemos estar seguros de cómo se está trabajando, es decir, de todo el esfuerzo que se está haciendo. Y yo te diría que aquí se han dado capturas de no de cuatro carteles, yo creo que de más. Es decir, las capturas, los seguimientos, que no quiere decir que estén establecidos, eso es siempre lo que discutimos, porque lo que ustedes me preguntan es: ¿Están establecidos? Yo siempre les voy a decir lo mismo, no dicho por mí, pues ustedes revisen las declaraciones que han hecho los capos cuando los capturan, y una de las preguntas recurrentes que les hacen es: ¿Estaban establecidos en la Ciudad de México?, y ellos mismos dicen que operativamente no les resulta compatible”.

  

UNA BALA EN EL CORAZÓN
Una semana antes de que apareciera el hombre colgando del puente vehicular, comerciantes y empresarios denunciaron la presencia de al menos siete grupos del crimen organizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
En conferencia de prensa, Guillermo Gazal, presidente de Procentrhico, quien estuvo acompañado de Jesús González Schmall, titular de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), dijo que estas agrupaciones criminales se dedican a extorsionar, robar y matar.
Tal fue la resistencia de Mancera a reconocer el problema de la inseguridad en el Distrito Federal que en los recientes cambios que hizo a su gabinete dejó intactas a las instancias encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia.
Los primeros síntomas de que el Distrito Federal no era una ciudad tan segura, como se creía, ocurrieron cuando desaparecieron 12 jóvenes de en el bar Heaven, en la Zona Rosa, en 2013, una de las más vigiladas de la ciudad, parecía estar “blindado” ante los enfrentamientos, asesinatos y secuestros del crimen organizado en el resto de las entidades.
Antes de los ejecutados y colgados en el puente de Iztapalapa, en julio, un escándalo sacudió a Mancera luego de que el periódico Reforma publicara, a raíz de la ejecución de Marco Antonio Cardona Utrilla, dueño del bar Life, ubicado en la colonia Condesa, que los restauranteros de la zona eran extorsionados.
El rotativo publicó que existía una red de extorsión en donde les cobran entre cinco y 10 mil pesos a los dueños de los establecimientos, a cambio de no hacerles daños a ellos y a sus familiares.
Virgilio Bravo Peralta, director del Centro de Negociación, Mediación, Conciliación y Arbitraje (CENCA) del Instituto Internacional de Estudios de Derecho y Jurisprudencia (IIEDJ), afirmó que Seguridad Pública y todos los niveles de la impartición de justicia en la ciudad, estaban reprobados.
“Lo que sucede en la Condesa es escandaloso y negar que estas prácticas de la delincuencia organizada, como el cobro de derecho de piso existen, más. Hay una crisis en seguridad pública y se debe aceptar. Hay una cifra negra de ciudadanos que no denuncia, entonces se deben renovar las estructuras y al personal que toma decisiones en seguridad”, dijo en entrevista con SinEmbargo.
Bravo Peralta recordó que Mancera no colocó entre sus estrategias de gobierno desde el inicio de su gestión, el combate a la delincuencia organizada en la ciudad.
“En seguridad están reprobada no sólo la Procuraduría: Mancera está reprobado, por ello nos gustarían ver acciones contundentes, porque si la situación no mejora, lo mejor que puede hacer Mancera es pedir una disculpa y la renuncia”, argumentó.

  
CONDESA Y LA FACTURA DE LA EXTORSIÓN
Luego de las denuncias de extorsión en la Condesa, el titular de la Procuraduría capitalina, Rodolfo Fernando Ríos Garza, calificó como falsos los rumores de extorsión e intimidación.
A principios de julio, el Procurador realizó rondines en restaurantes y comercios del corredor Roma-Condesa, luego que empresarios del ramo restaurantero informaron que criminales les pedían cuota por el derecho de piso. Días después, Hugo Luna, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados apoyó la versión de Ríos Garza, y dijo que, efectivamente, no había denuncias de extorsión.
No obstante, se implementó un operativo para resguardar la zona.
El funcionario pasó por alto que, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), para 2013 en el Distrito Federal se denunció el 10.1 por ciento de los delitos. Eso significa que prácticamente nueve de cada 10 delitos cometidos en la ciudad no se denuncian.
La misma encuesta refiere que el 69.2 por ciento de la población capitalina considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja a la entidad, por encima del desempleo, la corrupción o la pobreza. Pero, en contraste, los Ministerios Públicos y procuraduría local fueron de las autoridades con menos nivel de confianza entre la población. En la policía sólo confiaba la tercera parte de los capitalinos y en el personal de procuración de justicia apenas el 23.3 por ciento.
Las extorsiones a dueños de restaurantes y bares en la colonia Condesa, en la Delegación Cuauhtémoc, no son nuevas ni recientes, como tampoco lo son los asaltos, robos a transeúntes, a casas habitación o de vehículos, que han sido denunciados formalmente y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no ha hecho gran cosa, denunciaron representantes vecinales del polígono Roma-Condesa. De hecho, señalaron los líderes de estas organizaciones, la misma situación de inseguridad ya se extendió en la vecina zona de la Roma, formada por las colonias Roma Norte y Roma Sur.
Insistieron en que no son nuevas ni recientes las demandas a las autoridades de justicia para que atiendan el problema de la inseguridad y la delincuencia en la zona.
Mayela Delgadillo Bárcena, integrante del Comité Ciudadano de la Roma Norte 3, situó el inicio del problema hace unos cuatro años, cuando comenzaron los robos a casa habitación en la colonia Hipódromo, una de las cinco colonias que integran el polígono.
“Es algo que antes no se veía”, aseguró a SinEmbargo. Luego vinieron los asaltos a transeúntes, los robos de vehículos, e incluso las balaceras y los homicidios.
Édgar Avilés, vocero de la Asociación en Defensa de la Roma-Condesa-Hipódromo, afirmó que el asunto de las extorsiones a negocios ya lo conocían las autoridades al menos desde noviembre del año pasado, cuando vecinos de la zona tuvieron una reunión con personal de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
De acuerdo con el informe Incidencia de los Delitos de Alto Impacto en México 2014, del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), el Distrito Federal se ubica entre las entidades con mayores tasas de incidencia para los delitos de extorsión, robo con violencia y robo de vehículo.
Asimismo, datos de la PGJDF dan cuenta de que Cuauhtémoc es la delegación con la mayor tasa de delitos de alto impacto en el Distrito Federal, con una tasa de 113.6.
Para mayor precisión, en el desglose por Coordinaciones Territoriales de dicha delegación (a la que pertenece el polígono Roma-Condesa) se aprecia que la Coordinación Territorial 7, con sede en la colonia Roma y la más próxima a la zona, se muestra que en 2014 se registraron 658 delitos de alto impacto, siendo la segunda Coordinación Territorial con más delitos registrados, después de la número 8, con sede en la colonia Obrera. En delitos de bajo impacto, también obtuvo el segundo lugar, con 3 mil 654 casos.
En los primeros cuatro meses de este año, los delitos de alto impacto en esa Coordinación Territorial sumaron 148, conservando el segundo lugar en incidencia en ese tipo de delitos, y 821 en delitos de bajo impacto, quedando en tercer lugar.
Lo que ocurre en esa parte de la ciudad no es ajeno a lo que pasa en el resto de la capital, que para el mes de mayo registraba 14 mil 250 delitos cometidos, siendo así la entidad con la segunda mayor incidencia delictiva del país, sólo por debajo del Estado de México.
Por ello es que Pablo Manzo, especialista en seguridad pública y profesor de la Universidad Iberoamericana, sitúa lo que ocurre en el polígono Roma-Condesa como parte de una situación generalizada de inseguridad en la ciudad, resultado de una descomposición social e incapacidad de los cuerpos policiales.
“En el fondo lo que hay es una corrupción general y obviamente una incapacidad de los órganos de seguridad que tienen a su cargo la garantía de la seguridad”, sentencia.
¿Qué tanto peso tiene el que se trate de esa zona en particular?, se le inquiere al académico. Él responde que ninguna y, más bien, denota una obviedad que bien puede explicarse con aquella conocida frase “según el sapo, es la pedrada”.
Espriú Guerra apoya esa lógica y añade que si el fenómeno delincuencial se ha hecho más notorio en esa parte de la ciudad es por la incidencia de los actores afectados. En el caso reciente de las denuncias de dueños sobre supuestas extorsiones, ejemplifica, los afectados pertenecían al sector empresarial.
EL FIN DEL SANTUARIO PARA PERIODISTAS

  

El pasado 31 de julio fueron asesinadas cinco personas en un departamento de la colonia Narvarte en la Ciudad de México, entre ellas el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y la activista Nadia Vera Pérez, además de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro y Alejandra Negrete. Los tres primeros fueron torturados.
Rubén Espinosa Becerril estaba amenazado en Veracruz y no quería que hubiera un periodista número 13 asesinado en la entidad. Por eso abandonó ese estado el 9 de junio y huyó al Distrito Federal: salió huyendo del Gobernador Javier Duarte de Ochoa, a quien señaló de ser el autor de los acosos y amenazas que estaba recibiendo, lo dijo en su última entrevista realizada por SinEmbargo.
Pero no le sirvió de nada. Fue asesinado en la colonia Narvarte junto a otras cuatro personas.
“No quiero que exista un número 13 y 14. Es triste pensar en Veracruz, no hay palabras para decir lo mal que está ese estado, ese gobierno, la prensa, y lo bien que está la corrupción. La muerte escogió a Veracruz, la muerte decidió vivir ahí”, dijo en entrevista Rubén a principios de julio.
En un auto exilio de Veracruz, obligado por el acoso y las amenazas de las que fue víctima llegó al DF. El joven colaborador de Proceso, Cuartoscuro y de la agencia de noticias AVC huyó luego de protagonizar varios episodios de acoso.
El reportero gráfico era originario de la Ciudad de México, pero desde hace ocho años radicaba en Veracruz. En esa entidad dejó su trabajo, sus corresponsalías, amigos, su casa y hasta su perro por el miedo a ser asesinado como los 12 periodistas que ya habían sido ejecutados.
“No sabes lo difícil que es esto. Dejé a mi perro, quisiera regresar por él”, indicó Rubén con los ojos humedecidos. Quería volver a la entidad que gobierna el priista Javier Duarte de Ochoa, pero tenía claro que volver allá, era jugarse la vida. Por eso mejor, se quedó en el DF.
El día de la entrevista Rubén llegó a la redacción ataviado con una camisa a cuadros, pantalón casual, unos tenis, su chaleco y la bolsa donde resguardaba su cámara fotográfica. Llegó listo para cubrir la marcha del noveno aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Esa sería su siguiente parada luego de conversar en la redacción.
A pesar de que se sentía nervioso, su gusto por la cobertura de movimientos sociales lo impulsaba a salir a la calle a tomar fotos. En el Distrito Federal se sentía seguro y aunque le estaba costando trabajo adaptarse de nuevo a la ciudad, la certeza de que en la capital del país podía resguardarse de las amenazas del gobierno de Duarte, lo alentaba a continuar.
“Me molesta mucho que una persona decida el rumbo de mi vida. Que por un capricho, una necedad, una inmadurez a todas luces notable, tenga que salirme de un estado al cual quiero muchísimo”, “me cuesta trabajo arrancar otra vez para acá. Ya no me acostumbro a la dimensión de la ciudad, es complicado para mí, porque los recursos que traigo comienzan a terminarse. El transporte aquí es caro, comidas más caras, la renta más cara, claro me está costando mucho trabajo y la intención que tengo es regresar, cuando el estado dé condiciones para poder trabajar”, confesó Rubén.

El día que se conoció la noticia de su asesinato, Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19, estaba consternado. Había hablando una semana antes con Rubén y el joven fotoperiodista estaba más tranquilo y seguía en contacto con sus colegas de Veracruz. Preocupado por seguir difundiendo lo que sucedía en esa entidad, le dijo.
Artículo 19 le ayudó con el desplazamiento de Veracruz al Distrito Federal.
“Es un dolor profundo, es un momento de frustración y cólera, por la indolencia de las autoridades del Distrito Federal y del gobierno federal. Esta muerte está en los hombros de funcionarios públicos del estado de Veracruz y del gobierno federal”, dijo Darío a SinEmbargo.
Ramírez indicó que Artículo 19 le dio aviso al Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación y, además, emitió una alerta por las amenazas que recibió Rubén en Veracruz.
“Dimos a conocer la alerta y la necesidad de que el gobierno reaccionara. Hay un nuevo fondo y me refiero a que la violencia está mucho más cercana al DF. Ya no es ese santuario a donde podían venir y sentirse tranquilos los periodistas. No podemos presumir que el DF es un santuario, sino que la violencia está en las calles. Seguimos hablando de un alto grado de esquizofrenia, de locura, porque las autoridades hablan de una protección inexistente, un mecanismo inútil”, dijo.
Rubén se convirtió en el periodista de Veracruz asesinado número 13 y el 16 del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Un mes antes de morir, Espinosa Becerril aseguró que no confiaba en los mecanismos de protección del gobierno y que prefería acercarse a los organizaciones de defensa de periodistas: “He hablado con Artículo19, con CPJ, con los medios con los que colaboro, con Proceso y Cuarto Obscuro, con AVC, ellos están conscientes. Estoy buscando a Periodistas de a Pie, porqué en Veracruz no hay esa garantía. La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas no sirve de nada. El día de la golpiza del 14 de septiembre a un compañero le dieron con toletes eléctricos en el corazón y la misma Comisión le dijo: ‘Mejor recibe dinero, no hagas escándalo, ya te pasó, ya te robaron’”.
“Viene una represión muchísimo más grande que la que tenemos hoy en día y recordemos que Javier Duarte al inicio de su mandato dijo que era admirador de Franco, es un referente al que la gente no puso mucha atención y lo están viviendo los veracruzanos. Sólo le pido a la gente, a la sociedad y a los periodistas que volteen a ver a Veracruz, porque nos están matando a toda libertad de expresión”, indicó.

En octubre, al cumplirse tres meses del multihomicidio, la Artículo 19 denunció que no había ningún móvil del asesinato y que por el contrario la Procuraduría del DF pretendía, a través de la filtración ilegal de datos, construir una narrativa relacionada con el “ajuste de cuentas” de narcotráficantes con la víctima de nacionalidad colombiana Mile Virginia Martín.
Dijo que a través de mecanismos no oficiales “e ilegales, como son las filtraciones”, se pretende construir una narrativa relacionada con el “ajuste de cuentas” de narcotraficantes con la víctima Mile Virginia, circunstancia que tampoco se encuentra acreditada.
Criticó que el agotamiento de la línea de investigación que apunta a los antecedentes de amenazas contra Nadia Vera y Rubén Espinosa se debe en gran parte a la presión social y al propio impulso de los abogados que representan a las víctimas. “Sólo de esta manera se han integrado datos, notas y testimonios que acreditan estos hechos, y no por una diligente y oficiosa recopilación de tales pruebas”, agregó.
Artículo 19 sostuvo que “aunque se diga lo contrario– las pruebas más contundentes para robustecer la hipótesis oficial de la PGJDF sean las declaraciones de dos de las personas detenidas, Daniel Pacheco Gutiérrez y Abraham Torres Tranquilino. De las anteriores se observan fuertes contradicciones, mientras que la tercera persona detenida, César Omar Martínez Zendejas, negó los hechos”.
Criticó además, que de los cateos realizados en los domicilios de los probables responsables, no se encontraron datos que confirmaran sus dichos. Recordó además que una vez que se realizó la aplicación del Protocolo de Estambul, por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la titular del organismo señaló públicamente que no se demostró la comisión de tortura en agravio del primer detenido.
Hasta hoy, el multihomicidio no ha sido resuelto.

GUERRERO, VERACRUZ, MORELOS… LAS FOSAS BROTAN POR TODO MÉXICO

25 Dic

Los hallazgos de fosas clandestinas en México no cesaron durante 2015, sino todo lo contrario: más restos y muchos entierros clandestinos se sumaron al recuento que data desde 2006.

En la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, este año aparecieron sin cesar cientos de fosas clandestinas con restos humanos. De Norte a Sur, cientos de fragmentos humanos salieron de las entrañas de la tierra.
Desde los primeros meses de 2015 empezaron a surgir hallazgos en distintos estados del país. Los restos y los cadáveres en avanzado proceso de descomposición, fueron una constante durante todo el año, no solo en Guerrero, sino en otras entidades como Veracruz y Morelos.
Para el cierre del año pasado, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo a SinEmbargo que el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, en septiembre de 2014, significó el culmen de un fenómeno que se ha estado registrando por años en el país pero que, en este caso, habría causado mayor indignación porque las víctimas son estudiantes y, sobre todo, porque los perpetradores son policías, hecho que dejó al desnudo la participación del Estado en la violencia que se ha querido atribuir exclusivamente a los cárteles del narcotráfico.
“Este caso representa un caso máximo de violencia estatal, del involucramiento diario de los policías en los casos de desaparición, de todo el esquema de criminalidad vinculado con el Gobierno”, dijo a este medio digital.
Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), pidió a las autoridades ir a fondo en la investigación de cómo se generó el contexto que hizo posible la desaparición de los 43 normalistas y la muerte de más de 104 personas encontradas en fosas de Iguala, en Guerrero.
En mayo de este año, expertos en seguridad advirtieron que hasta que no hubiera un esfuerzo para investigar y castigar a los culpables de las desapariciones en Guerrero, no se puede decir que hay mejoría.
La desaparición masiva de entre 15 y 30 personas en Chilapa ese mes, el hallazgo de decenas de fosas con cadáveres sin identificar y la inseguridad desatada durante el proceso electoral, son focos rojos que hablan de una estrategia gubernamental en materia de seguridad que no está clara y sobre todo, que carece de resultados visibles y favorables.
“No sabemos a dónde va la estrategia de [Enrique] Peña Nieto con el nuevo Congreso. Quizás el Gobierno está recalibrando su estrategia, pero todavía no hemos visto resultados. Ahora es difícil saber, porque es época electoral y todo está en pausa. Es una lástima, porque la situación es grave, vamos a ver después”, dijo entonces Mary Speck, directora para México y América Central del International Crisis Group, una Organización No Gubernamental (ONG) y sin fines de lucro que busca ayudar en la prevención y solución de conflictos en más de 50 países.
Speck recordó que a raíz de la desaparición de los normalistas, se realizó el hallazgo de varias fosas clandestinas con decenas de cuerpos. De esos cadáveres, sólo un puñado ha sido identificado.
“Según los familiares han descubierto más de 60 restos de seres humanos y solo han identificado un puñado. Sólo tres. ¿Quiénes son esas personas? De los restos que se encontraron en Iguala, no sabemos si son hombres , mujeres, niños, adultos, cosas que se deben conocerse rápido. Es urgente tener respuesta no sólo al crimen de los normalistas, sino a los otros desparecidos en Iguala”, indicó.
BRIGADAS EN FOSAS CLANDESTINAS

En febrero de este año Crisóforo García Rodríguez, promotor de la Unión de Pueblos Originarios de Guerrero (UPOEG), informó que la organización de policías comunitarias ya no buscarían a los jóvenes como lo hicieron desde octubre.
Fueron miembros de la UPOEG y padres de familia quienes realizaron brigadas en la zona norte de Iguala, así como en distintos municipios de Guerrero y encontraron decenas de fosas clandestinas.
García Rodríguez aseguró que ya no se trataba de una búsqueda de los normalistas, sino de búsqueda de evidencia de los crímenes que se han cometido en contra de la población.
La UPOEG llegó a Iguala el 7 de octubre de 2014 para emprender la búsqueda de los jóvenes en los alrededores del municipio.
En mes y medio y en brigadas de 200 personas, los comunitarios encontraron alrededor de 32 fosas, algunas con restos antiguos y otros con cadáveres recientes como uno de los últimos hallazgos del 23 de octubre donde encontraron una mochila, lapiceros, una playera de una secundaria técnica, huaraches, zapatillas, zapatos y una cobija en las fosas la Loma del Zapatero, en Iguala.
En Iguala, quienes han continuado con la búsqueda de fosas clandestinas en los cerros son los familiares de desaparecidos, agrupados en el Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada.
El pasado 31 de marzo, en una reunión con personal de la Procuraduría General de la República, la dependencia les informó que hasta ese día se habían exhumado 71 cuerpos de tumbas clandestinas encontradas en el municipio, así como 39 cadáveres de una fosa común que estaban sin identificar.
A esos números se sumaban los 20 cuerpos sin identificar que se encontraban en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo, los 54 cadáveres que estaban en el Semefo de Iguala sin identificar y que iban a ser enviados así a la fosa común (a los que finalmente se les tomaron muestras genéticas) y otros 32 cadáveres hallados durante la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa.
“Total 216 probabilidades del que sea el que buscamos (sic)”, quedó escrito en la página de Facebook del Comité, al terminar de dar cuenta de las más recientes cifras proporcionadas por las autoridades.
Sin embargo, las fosas de Iguala no fueron el hallazgo principal este año. Cientos de cuerpos fueron encontrados en distintos puntos del país.
El 23 de diciembre de 2014, los medios cerraban el año reportando que elementos de la Secretaría de la Marina habían encontrado cinco cuerpos enterrados en dos fosas clandestinas ubicadas en una zona serrana de Saltillo, Coahuila.
A partir de enero de este año, el hallazgo de fosas clandestinas no se detuvo y las fosas aparecieron ahora en Veracruz y Morelos de forma escandalosa.