Archive | febrero, 2014

Las marchas por “El Chapo” exhiben el vacío del Estado en México y la erosión de la miseria: analistas y políticos

28 Feb

Las manifestaciones y marchas en los municipios de Culiacán, Mocorito y Salvador Alvarado, en Sinaloa, en las que se pidió la liberación de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, reunieron símbolos en los que el gobierno federal debe poner un foco inmediato porque demuestran un vacío del Estado al brindar las necesidades básicas de los habitantes, coincidieron especialistas y políticos.

Abel Meza Sandoval, defensor de los Derechos Humanos y experto en el fenómeno del narcotráfico en la región norte del estado, afirmó que la crisis de valores y ausencia de credibilidad en las instituciones son los principales reflejos de esa manifestación de miles de sinaloenses.

Otros analistas en la materia refieren que ante la desigualdad social que existe entre los habitantes, es fácil ver a un hombre que les ha ayudado a crear carreteras y proporciona servicios –función principal del Estado– como un benefactor e incluso como un héroe.

El miércoles pasado, decenas de personas marcharon en distintos lugares de Sinaloa para exigir la liberación del que fuera “el hombre más buscado del mundo”. “‘El Chapo’ defensor y protector del pueblo, exigimos su liberación”, “ONU que el Gobierno Mexicano respete los derechos humanos”, “Arriba ‘El Chapo’”, “Te quiero Chapo”, “Liberen al Chapo”, eran algunos de los mensajes que los manifestantes gritaron y promovieron en mantas y cartulinas.

El Investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Edgar Cortez, dijo que “es difícil saber quiénes de los que iban a manifestación lo hacían por temor a perder beneficios o ayuda, y quiénes puedan ser orgánicamente del narco, ya sean sicarios o halcones.

Es difícil saber quiénes corresponden a una situación y quiénes a otra”. “Pero para mí es una manifestación de ausencia del Estado, que en muchos lugares no tiene presencia porque prefieren que crezca el narco, porque hay corrupción, porque muchas veces el dinero destinado a obra pública termina en corrupción y enriquecimiento de políticos, en el aprovechamiento de cacicazgos locales de familias que se han enriquecido con dinero público”, agregó el experto.

Sin embargo, afirmaron políticos, el gobierno debe poner énfasis en lo ocurrido y considerarlo como un foco rojo. “En un Estado de Derecho, en un México que busca imponer el orden sobre la delincuencia, de ninguna manera son saludables este tipo de manifestaciones, que estoy seguro tienen atrás un interés específico que riñe con la legalidad”, expresó Manlio Fabio Beltrones, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados.

HÉROE Y BENEFACTOR
Para el psicólogo y especialista en neurociencias de la conducta, Óscar Galicia Castillo, este tipo de movimientos sólo son posibles en un ambiente de injusticia social, que incluso fomenta la delincuencia como una forma de vida por encima de la vía legal

No parece que sea una marcha espontánea, y espontánea o no, nos habla de un fenómeno social muy importante… esto es que “El Chapo” se convirtió en una opción laboral, de beneficio social que no se obtiene por las vías legales”, agregó el doctor en Investigación Biomédica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El que opten por el crimen organizado inclusive por encima de saber que es una opción inmoral, es muy sintomático de una situación de desesperanza, de pobreza y de falta de oportunidades en ese estado”, dijo el también académico en la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe.

El especialista explicó que hay situaciones socioeconómicas que no han sido atendidas, como las económicas, las educativas o de salud, y que “se vuelven un caldo de cultivo para organizaciones [las del crimen organizado] que ofrecen lo que el Estado no ha podido dar, un estado de oportunidades de desarrollo”.

El investigador del IMDHD, Edgar Cortez, explicó que la corrupción tiene un alto costo porque hace que el dinero púbico no cumpla el propósito de generar programas de beneficio social.

Fue presentado recientemente –dijo– un informe del Banco Mundial que dice que en México y Centroamérica siguen creciendo la pobreza y la riqueza concentrada. Ver realidades como esa, cómo se conectan para que aparezcan personajes como estos del narcotráfico que a nivel local son vistos como benefactores.

En esto ahonda René Jiménez Ornelas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien explicó que “El Chapo” Guzmán y el Cártel de Sinaloa emplean a la población en general (jóvenes, adultos, mujeres) para producir y transformar la droga, pero también “ayudan a la gente cuando tienen algún problema económico, cuando enfrentan alguna enfermedad; es decir, las mismas personas sabían que contaban con estos personajes”.

Además dijo que los narcotraficantes están creando empleo y satisfactores que ayudan a la población como a “abrir caminos y pagarles las fiestas” y recordó cómo en épocas como la Navidad, estos personajes hasta les llevan regalos, lo que provoca el reconocimiento de los narcotraficantes como una figura de poder.

El especialista planteó que, incluso, encuestas han revelado que los niños quieren ser capos cuando sean grandes: “Cuando se les pregunta qué quieren ser cuando sean grandes, ellos contestan: ‘yo quiero ser narco’”.

Por su parte, Julio Hernández Barros, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (UIA) y especialista en víctimas, consideró que la marcha de civiles a favor de “El Chapo” tiene dos lecturas y ambas están relacionadas con la marginación. “Puede ser que hayan marchado porque los grandes capitales del narcotráfico llevaron desarrollo a donde el Estado se ha olvidado o también pueden ser huestes pagadas por el narcotráfico.

La marginación del país hace que sean víctimas para ambos escenarios y habría que voltear más hacia las víctimas, hacia la gente”, dijo. Hernández Barros indicó que “los huecos se llenan” en donde el Estado falla y es probable que la población de Sinaloa se vio beneficiada por “programas de desarrollo social del narco”. “Los huecos se llenan y si el Estado ha dejado de hacer algo, eso genera una percepción en la población de que el crimen sí paga.

Otra que sea gente a sueldo, no encuentro una razón clara del porqué la gente está marchado por ‘El Chapo’, pero buena parte de la sociedad vive en condiciones de poca dignidad por la marginación”, dijo.

El experto en víctimas indicó que cualquiera de las dos hipótesis debe alertar al gobierno y desarrollar programas de desarrollo social para esas comunidades. “Lo que refleja es que el gobierno abandonó en buena medida… todos los gobiernos abandonaron en buena medida su responsabilidad de atender las demandas sociales.

El Estado abandonó la función de atender la problemática social y fundamentalmente la capacidad de impartir justicia y atender la problemática de toda índole, entre ella, por supuesto, el tema del desarrollo”, expresó el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro.

HARTAZGO POR LA GUERRA
Durante la marcha del miércoles pasado hubo también otro símbolo del conflicto social y la seguridad.

Uno de ellos, incluso, fue escrito en las cartulinas que portaban los manifestantes: “El hartazgo de una guerra que a muchos ya les resulta absurda.

La institución gubernamental mantiene al Ejército en Sinaloa, pero eso no le brinda seguridad a las personas; sino la creencia fija que la violencia continuará. ‘El Chapo’, como símbolo, era una coraza”.

El luchador social Abel Meza explicó que “mientras exista abismo entre la opulencia y la miseria, estas manifestaciones van a ocurrir. Y a estas alturas de la crisis de violencia, ya no podemos negar la realidad.

El narcotráfico se ha vuelto un camino y está presente en todos los niveles sociales”.

Asimismo reconoció que desde 1977, cuando el gobierno federal impulsó la Operación Cóndor en la Sierra Madre Occidental, el sinaloense no se ha recuperado de un trajín incesante de violencia: “La batalla no fue para erradicar el supuesto narco de la época; sino para perseguir campesinos cuya única opción era la tierra”.

Horas después de la detención del capo, una mujer que vive en Badiraguato, el mismo municipio donde nació “El Chapo”, reflejó el escenario. “¡No lo vamos a volver a ver!”, exclamó con las palabras cortadas y ahogadas, Marta Sánchez, y dijo que le panorama inmediato era de zozobra y miedo.

Sostuvo sin reparos que “El Chapo” Guzmán representó para los de esa tierra la protección más certera dada la expansión de los cárteles formados en Michoacán y Tamaulipas, como Los Zetas.

La más certera y la única. Marta admitió que aunque Badiraguato es el municipio al que se le adjudica haber dado al mundo “capos” poderosos del narcotráfico, no cuenta con seguridad por parte de ninguna autoridad, ni federal ni estatal. “Nos sentimos tristes… Ya ve lo que está pasando en Tamaulipas y Michoacán.

Y eso, aquí no lo tenemos. Y haga de cuenta que nosotros nos sentíamos protegidos por él (por “El Chapo”).

Es un personaje muy mencionado a nivel nacional, a nivel internacional. Si usted quiere, claro, en el mundo de las drogas. Pero también tenía algo bueno: aquí no entraban criminales. Criminales como Los Zetas que eran terribles.

Aquí no se paga derecho de piso. Aquí todos trabajamos a las posibilidades de uno, pero sin pendientes de secuestros.

Sin nada de eso, porque teníamos el respaldo de que en estas regiones, él tiene a su familia, y aquí lo protegen a uno…”, dijo sin tapujos.

LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES
En diciembre pasado, 68 por ciento de los mexicanos de 18 años y más consideró que, en términos de delincuencia, su ciudad era insegura.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que uno de los factores se debe al mal desempeño de la policía.

Sobre la percepción sobre el desempeño de las policías estatales y municipales para prevenir y combatir la delincuencia, el Inegi dio a conocer que 69.6 por ciento de los entrevistados consideró este desempeño como poco efectivo o nada efectivo en sus labores relativas a la prevención y combate a la delincuencia.

Las instituciones hace mucho perdieron la confianza de la ciudadanía, la mayoría de las encuestas que hablan de confianza en las instituciones van a la baja, mencionó Edgar Cortez. “La gente no confía en instituciones policíacas, de seguridad, menos en los gobiernos porque ve que no hay respuesta o resultados.

Hoy tenemos una clara debilidad y descrédito en la mayoría de las instituciones y eso favorece ese tipo de realidades.

Esto debiera llamar la atención de la clase política porque lo que están recogiendo es fruto de su mal trabajo, de su corrupción, ineficiencia e incapacidad y de que han visto a la política como una vía de provecho propio y no de servicio a la sociedad”, comentó.

Del mismo modo opinó Abel Meza, quien dijo: “La autoridad competente debe admitir que los programas preventivos y sociales han fallado estrepitosamente. Como también han fallado las instituciones a cargo”.

LA MARCHA DE LA DIGNIDAD
Noroeste En cuanto a la nueva marcha que se realizará por la dignificación de Sinaloa y que está programada para el próximo sábado, Óscar Galicia, experto en psicología, alertó que se debe encontrar el origen de ambas marchas para descartar que tengan intereses políticos. “Habría que ver si esta otra marcha no está politizada y sea movida por un grupo político que intente lavarse las manos de estos problemas, y que en vez de atacar el problema trate de manipular a la opinión pública.

Hay que estar muy atentos para ver si esa marcha en verdad es una forma de dignificación de la gente de Sinaloa comprometida con la legalidad, pero no podemos adelantar juicios”.

Aunque los movimientos aseguraran ser totalmente ciudadanos, existe un fantasma de confrontación en caso de que ambos grupos antagónicos choquen, abundó Galicia Castillo. “Hay que tener mucho cuidado con las manifestaciones, quién las organiza y si existen fines de manipulación de las mismas”, destacó .

Tras la manifestación en favor del líder del Cártel de Sinaloa, ciudadanos realizaron otra convocatoria a través de redes sociales para que el próximo sábado salgan a la calle a marchar por la dignificación de la entidad.

La movilización está convocada para el 1 de marzo y se realizará a partir de las 12:00 horas. “Ya no basta con quejarse en las redes sociales, hay que salir a la calle!”, reza la invitación.

PORQUE EN SINALOA SOMOS MÁS LA GENTE BUENA. Hagamos nuestra marcha por la paz y justicia social, por los reclamos reales del pueblo y en contra de la cultura buchona. !A levantar la cara y sacudirnos la vergüenza! Este Sábado a las 12 del día saliendo de La Lomita, lleva a tu familia, mascota, paraguas, agua para beber, bloqueador solar, no habrá gollete ni acarreados. !ASISTE!”.

20140228-164501.jpg

20140228-164511.jpg

20140228-164519.jpg

20140228-164527.jpg

20140228-164534.jpg

No más impuestos o la vuelta al populismo económico

28 Feb

El Presidente Enrique Peña Nieto y su equipo económico, comandado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, realizaron ayer un anuncio que, por decir lo menos, se antoja temerario: en lo que resta del sexenio no propondrá nuevos impuestos ni aumentará la tasa de los ya existentes.

Se antoja como una medida arriesgada si se considera que a este sexenio le quedan más de cuatro años de vida y transcurre con una economía endeble que en 2013 apenas si avanzó 1.1 por ciento, el menor crecimiento desde la caída de 6 por ciento generada por la crisis financiera mundial de 2008 y 2009; una tasa de desempleo que impacta a 2.4 millones de personas, mientras que 29.6 millones de mexicanos viven del empleo informal, y una inflación que instalada arriba de 4 por ciento, nivel que supera las metas planteadas por el Banco de México (Banxico).

Además, diversos organismos han previsto que 2014 tampoco será un año boyante en la economía global y, si acaso, habrá signos más firmes de recuperación en Estados Unidos, aunque persiste la incertidumbre sobre su política fiscal. “Con esta medida [la de no mover impuestos] protegeremos la economía de las familias mexicanas y les daremos certeza a los inversionistas que creen y confían en nuestro país”, dijo Peña Nieto ante inversionistas japoneses que ayer presentaron la una planta de la automotriz Mazda en Guanajuato.

Animado quizá por su éxito en la aprobación de las reformas estructurales, particularmente la Reforma Energética, y por el reciente golpe mediático de la captura de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, calificado como el narcotraficante más influyente en el mundo, el Presidente y su experto, Luis Videgaray, dieron un paso que rompe con la ortodoxia económica, base del neoliberalismo, que pugna por la libertad de mercado y la no interferencia del Estado.

Sin embargo, es también una medida que claramente se acerca al populismo de los gobiernos priistas de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo que basaron su “estabilidad” en el aumento de la deuda pública para cubrir el déficit fiscal del país y que, al final de cada uno de esos sexenios, heredaron crisis financiera, elevadas tasas de inflación y de crédito, confrontación con el sector privado, huida de capitales y, como consecuencia, mayor desempleo y pobreza.

Por supuesto, las administraciones del también priista Carlos Salinas de Gortari y las de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa hicieron lo suyo al aplicar medidas oportunistas en materia económica, más ligadas a intereses políticos y electorales que a establecer bases de desarrollo de largo plazo.

El mecanismo para sostenerlas, de nuevo, fue pedir dinero prestado. El problema acá es que Peña Nieto no dice cómo hará, sin subir impuestos, para aumentar los ingresos públicos.

No habla, por ejemplo, de ir fiscalmente por los grandes evasores que, generalmente, son también las corporaciones más importantes del país. No se tiene, hasta donde se sabe, un plan para recortar el tamaño del gobierno ni programas de eficiencia, por lo que no se adelgazará el gasto corriente.

Además, las millonarias inversiones que espera lleguen como consecuencia de las reformas en los sectores energético y de telecomunicaciones están cifradas en el mediano plazo.

Si ese flujo llega con la fuerza que se ha difundido será hasta en tres o cuatro años más. No subir impuestos siempre genera aplausos y mucha simpatía, más aún en un país que durante las últimas dos décadas ha sido severamente castigado por medidas impositivas.

Pero tampoco es una solución de fondo para garantizar el bienestar de las familias, pues se responde a coyunturas y a previsiones, sin las respuestas certeras de una bola mágica.

Por eso, el que Peña Nieto afirme que con esta medida “protegeremos la economía de las familias mexicanas” es temerario.

Y aunque todos deseamos que así suceda y que, por el bien de la mayoría de los mexicanos, él mismo tenga éxito con sus decisiones de política pública, las enseñanzas del pasado muestran que las medidas para “caer bien” y ser apreciado nunca dejaron nada bueno y, en cambio, produjeron grandes crisis económicas en el país.

El Chapo no es Al Capone, ni EPN es Eliot Ness

28 Feb

Por: Ricardo Raphael

Por qué se asume que basta con apresar a la cabeza de la mafia para que su empresa desaparezca? Ese mito se promovió durante la época de Felipe Calderón y a la fecha sobrevive incuestionado.

Las mafias mexicanas no son como aquella comandada por Al Capone, y contra la fatuidad del argumento de Barack Obama, tampoco las autoridades mexicanas pueden asemejarse a Eliot Ness. ¡Terrible daño le ha hecho Hollywood al imaginario policial mexicano! No importa cuantos trofeos coloque el gobernante sobre su chimenea, nuestro fenómeno criminal dista mucho de ser como lo pintan.

El Chapo Guzmán y prácticamente todos los de su especie son solo la punta del iceberg de una antigua y grave expresión social. No podría explicarse su residencia en Culiacán, en la Sierra de Durango o en Mazatlán, sin la densa red de complicidades que lo protegieron durante cerca de catorce años.

Se desesperan algunos queriendo encontrar entre sus socios a políticos mexicanos encumbrados. Y seguramente los hay. Sin embargo, al menos en cantidad, la gran mayoría de sus cómplices son ciudadanos de a pié que viven agradecidos con él y la empresa que les ha dado sustento por varias generaciones.

En efecto, es la tolerancia social de los muchos lo que permitió que en México surgiera un fenómeno como el Chapo Guzmán y no a la inversa.

No sobra aclarar que, como en una novela de García Márquez, este personaje es el más reciente de una larga saga de delincuentes muy apreciados por su comunidad y su región.

Vale aquí recordar que por ello un antiguo presidente de Badiraguato, Sinaloa, quiso un día hermanar a su pueblo con Macondo, aquel mítico lugar donde vivió la familia Buendía.

Para fortuna nuestra, García Márquez se negó a coincidir con los deseos del munícipe y por ello la imaginación serrana de Sinaloa extravió un aliado. Algún antropólogo (o brujo esotérico) tendría un día que explicar porqué justo en esa coordenada serrana, donde se avecinan Badiraguato, Santiago de los Caballeros, Mocorito y Santiago Papasquiaro han sido criados tantos hombres cuya existencia se hizo famosa por expresarse fuera de la ley.

En la misma montaña vivió Heraclio Bernal, el famoso Rayo de Sinaloa que alguna mención negativa mereció en los informes de Porfirio Díaz, ante el Congreso, cuando lo señaló como uno de los bandidos mexicanos más peligrosos de su época.

No lejos de esa geografía surgió su socio, Ignacio Parra: roba vacas y asalta diligencias, célebre por su sociedad con Bernal – aunque este otro hombre era duranguense – pero sobre todo por haber sido el maestro de Doroteo Arango (Pancho Villa) durante la década en que el héroe revolucionario se dedicó a bandido social.

Por corrección política no debe permitirse el lector comparar a los héroes sociales que pertenecen a la época de los bisabuelos con Juan José, “El Azúl” Esparragosa, los hermanos Beltrán Leyva o con Rafael Caro Quintero, pero la coincidencia merece al menos preguntarse porqué todos, los de antes y los de ahora, son oriundos de la misma región del planeta, siendo la Tierra tan inmensa.

No sugiero aquí reducir todo el fenómeno mafioso sinaloense a la variable cultural, esa prostituta a la que los sociólogos siempre recurren cuando el rigor de su esposa la ciencia deja de brindar explicaciones.

Sin embargo, algo más debería entenderse de la sierra noroccidental mexicana a la hora de comprender la violencia en México.

De lo contrario, las buenas conciencias van a seguir sorprendiéndose cuando cientos de personas salen a marchar en Culiacán para exigir que se libere al Chapo, al tiempo que el munícipe de la capital sinaloense atina a balbucear que él respeta la libre expresión y derechos concomitantes de sus conciudadanos.

Chapo, El Extraditable

28 Feb

Por: Jenaro Villamil

Un amigo magistrado, especializado en asuntos penales, me advirtió a unos días de la detención de Joaquín Guzmán Loera: a los norteamericanos no les interesa solamente extraditar al Chapo por tenerlo encerrado en sus cárceles sino por confiscar sus bienes y las cuentas bancarias de sus empresas y prestanombres del capo considerado por la revista Forbes como uno de los más ricos del mundo.

“Ellos van tras el dinero y los bienes. La información ya la tienen”, me advirtió.

También me dio otra clave que pocas veces se analiza en el caso mexicano: la extradición del jefe del Cártel de Sinaloa es una decisión presidencial. No hay amparo que valga si el titular del Ejecutivo federal decide, en uso de sus atribuciones, extraditar a Guzmán Loera.

Algo similar ocurrió con la extradición de los dos grandes capos del cártel del Golfo: Juan García Abrego y Osiel Cárdenas. Hasta ahora, ninguno de los grandes personajes que integraron esta multinacional de altos vuelos llamada Cártel de Sinaloa ha sido extraditado a Estados Unidos: ni Miguel Angel Félix Gallardo, ni Rafael Caro Quintero –el verdadero objetivo bélico de la DEA de los años ochenta-, y menos el triunvirato heredado por Juan José Esparragoza, El Azul, Isamel El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán.

La entrevista que concedió El Mayo Zambada a Julio Scherer García –que tanto espantó a las “buenas conciencias periodísticas” que gustan de reproducir boletines oficiales- fue muy clara en este punto: estamos dispuestos a todo, con tal de no ser extraditados.

La verdadera guerra entre el Estado colombiano y los capos del narcotráfico, en especial Pablo Escobar Gaviria, El Patrón, se detonó a raíz de las presiones de Washington para extraditar al capo y a decenas más de sus colaboradores.

Las presiones de Estados Unidos serán evidentes y claras en este sentido. Se darán vía institucional, vía mediática y, por supuesto, diplomática. Quieren “el libro blanco” de la industria criminal que representa el cártel de Sinaloa.

No solamente es un asunto de “seguridad” o que las cárceles mexicanas y el sistema de justicia de nuestro país sean más corruptos que el suyo. El tema fundamental es uno: el negocio de la droga es suyo y quieren tener el control.

De hecho, el gobierno de Estados Unidos comenzó ya a poner candados legales, vía el Departamento del Tesoro, a personas físicas y morales, presuntamente vinculadas al Chapo.

Empezaron con 7 personas y 10 empresas, entre ellas, al colombiano Hugo Cuéllar Hurtado y 5 de sus familiares. Las autoridades colombianas vinculan a Cuéllar Hurtado con Juan José Esparragoza, El Azul, considerado como uno de los ingenieros financieros del poderoso cártel.

El procurador general de Estados Unidos, Eric Holder, le planteó a su homólogo mexicano, Jesús Murillo Karam, la posibilidad de que el Chapo sea extraditado.

Es la vía de más alto nivel, además de fiscales estatales y hasta el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes norteamericana, Michael Mc Caul.

Holder “me planteó la posibilidad” de la extradición, informó Murillo Karam el 25 de febrero. “Le dije que era un asunto que teníamos que revisar en función de lo que fuera más conveniente, no sólo para México sino también para ellos”, abundó el procurador general mexicano.

Murillo Karam dejó muy claro en varias entrevistas radiofónicas que la extradición no se dará en un corto plazo: “es muy anticipado dar una opinión ahorita, yo te diría que, por lo menos pronto, no creo que se dé.

En nuestro caso hacemos valoraciones de muchos tipos, pero fundamentalmente pensando en las razones del país”.

En el mismo sentido, las declaraciones del primer mandatario mexicano Enrique Peña Nieto a la cadena de televisión Univisión reforzaron la decisión de que la extradición será en un plazo más largo y “si los términos de la solicitud se ajustan al convenio de extradición”.

En otras palabras, no hay una negativa rotunda del lado mexicano, pero tampoco una certeza. En este terreno de la indefinición, las presiones aumentarán.

El congresista norteamericano Michael Mc Caul argumentó que demandan la extradición para que El Chapo no se vuelva a escapar.

Mc Caul le agregó un ingrediente muy incómodo para la versión mexicana de la captura de El Chapo: felicitó a los agentes de la DEA, del servicio de alguaciles y de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) por su participación en la detención del sábado 22 de febrero.

A contrapelo de la insistente versión gubernamental de que sólo participaron de manera activa y directa soldados, marinos y policías mexicanos.

Los Chapo Fans En medio de este juego de presiones, las marchas en Culiacán y Guamúchil para pedir la liberación de Guzmán Loera con pancartas de apoyo y hasta camisetas con la leyenda We love Chapo forman parte de este juego de presiones y demostraciones de poder del cártel ante el carácter dubitativo del gobierno mexicano.

En la medida que las presiones para extraditarlo incrementen, en esa medida el cártel de Sinaloa demostrará no sólo que tiene “bases sociales” (al estilo típico de la cultura política mexicana y sinaloense: con acarreados, tambora, tamales y jugos) sino que sabe utilizar su legendario músculo.

En otras palabras, la luna de miel Peña-Obama se acaba en el momento de definir la extradición.

Y la historia apenas comienza.

El combate al lavado de dinero es deficiente en México: expertos; al gobierno le faltan voluntad y recursos, dicen

28 Feb

Por: Marco Antonio Martínez

Los estados carecen de instrumentos para combatir el lavado de dinero que pudieran ayudar a desmantelar las redes financieras de la delincuencia, lo que abre la puerta para que al año se laven miles de millones de pesos, advirtió el el ex Subprocurador General de la República, Jorge Lara Rivera, quien recordó que desde 2008 se aprobó a nivel federal una ley en la materia que ha sido útil en el desmontaje de las estructuras financieras de la delincuencia, pero aún es insuficiente.

El tema de la falta de instrumentos contra el lavado de dinero es de tal gravedad que mientras México no se actualice en el tema equivale se mantendrán la ausencia de Estado, dice por su parte el asesor internacional en delincuencia organizada, Edgardo Buscaglia.

Eso explica por qué cuando se detiene a un líder del crimen organizado, no se disminuyen los delitos económicos, la razón es porque no se desmantelan las estructuras de lavado de dinero.

Eso podría ocurrir con la reciente detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, dice el autor del libro Vacíos de poder en México. “Eso preocupa porque lo ideal es que la detención tenga consecuencias pero si el Estado adolece de vacíos no las tendrá.

Yo quiero que se traduzca en el desmantelamiento de la infraestructura de transporte y del almacenamiento de droga sintética, dónde están esas empresas. Esa gente de las unidades de investigación patrimonial está entrenada para vincular esos activos fijos.

Es ahí donde la Secretaria de Hacienda no tiene nada que ver, además no tiene atribuciones (por ser sólo de carácter financiero). Lo que quiero decir es que la Unidad de Hacienda y la PGR (Procuraduría General de la República) son pequeñas, no se dan abasto.

La de la PGR tendría que dedicarse por meses y meses sólo a Guzmán Loera para que pueda trabajar”, lamenta. Sobre si México está en pañales en el tema, el especialista considera que sí, pero el país debe colaborar a través de la fiscalía con unidades de otras naciones.

Le preocupa que existan vacíos de Estado: “Éste es uno de los problemas más grandes que me preocupan y que intento explicar para que hagan de la detención [del ‘Chapo’] algo más consecuente porque lo que importa al hombre y mujer de a pie es que disminuyan los secuestros, las extorsiones y la compra-venta de sus hijos”.

EL LAVADO DE DINERO
El nivel del lavado de dinero en México es de tal magnitud que, de acuerdo con la compañía de inteligencia financiera Stratford, cada año se lavan hasta 39 mil millones de dólares, equivalentes a 517 mil 530 millones de pesos, un poco más de 10 veces el monto de lo que el gobierno federal destinará para rescatar a Michoacán, 45 mil 500 millones de pesos.

En contraste, los decomisos por extinción de dominio, apenas llegan a los dos mil millones de pesos. La extinción de dominio es el medio jurídico por medio del cual se logra la pérdida del derecho de una propiedad sobre los bienes que directa o indirectamente sean instrumento, objeto o producto del delito.

Gracias a la ley federal aprobada en 2008 fue que se pudo armar el caso de lavado de dinero contra la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, presa desde el 26 de febrero del año pasado.

Pero a nivel estatal, menos de la mitad de las entidades de México tienen una ley que penalice el lavado, sólo 14 cuentan con dicho instrumento legal, cuya utilidad está a la vista con el caso del ex Gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, acusado de lavado de dinero en su propia entidad, ya que allá sí hay una ley penal contra el lavado.

El contraste viene con Michoacán, entidad asolada por el crimen organizado, lo que dio pie al surgimiento de los grupos de autodefensas. Fue ahí donde a partir de enero del presente año se ha montado un operativo federal para combatir a la delincuencia.

Sin ley penal contra el lavado de dinero, apenas y se han tocado las estructuras financieras de los grupos delincuenciales. De ahí la petición por parte del comisionado federal enviado al estado, Alfredo Castillo Cervantes, a los diputados priistas de la entidad para que formulen una ley sobre el tema, con el objetivo de asfixiar financieramente a las organizaciones criminales.

Lara reprocha que ni durante el gobierno del perredista Leonel Godoy Rangel, ni en el del actual mandatario estatal, el priista Fausto Vallejo Figueroa, se haya legislado previamente.

El ex Subprocurador explica que el desinterés de parte de los gobiernos estatales tiene que ver con que una ley de lavado de dinero autorizaría a cruzar datos sobre registros públicos de la propiedad, licencias vehiculares, declaraciones patrimoniales de funcionarios y cuentas de partidos políticos que ayudarían a descubrir anomalías en propiedades de personajes de distintos estratos sociales.

Otro instrumento útil para el combate del lavado de dinero son las unidades financieras. Existe una conformada a nivel federal, pero en los estados se registran pocos avances.

Michoacán no es la única entidad en esa situación. Sólo el Distrito Federal, Estado de México, Coahuila, Zacatecas, Querétaro y Sonora tienen su unidad.

La mayor parte de las unidades están en la fase de conformación. Asimismo, con excepción de la del DF, cuyas investigaciones han ayudado a desarticular redes de trata de personas, en las restantes falta una normativa para que tengan acceso a distintos datos.

UN PROBLEMA GLOBAL
México no es el único país que tiene problemas de lavado de dinero. Casos con resonancia internacional son los del yerno del Rey de España, Iñaki Undargarín, acusado de lavado de dinero vía defraudación fiscal y a través de recibos falsos, cuya fachada era una organización no gubernamental que ya le costó a la familia real española ver sentada en el banquillo de los acusados a uno de sus miembros, la Infanta Cristina.

En Argentina, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha sido acusada de lavado de dinero, algo que ha sido calificado por el gobierno de una trama conspirativa.

En México, el caso más reciente es el del empresario Gastón Azcárraga Andrade, ex propietario de la extinta aerolínea Mexicana de Aviación, acusado por la Procuraduría General de la República por lavado de dinero.

Lara recuerda que la ley en materia de lavado aprobada en 2008 –durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa– reúne los estándares internacionales requeridos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).

La regulación del lavado involucra a nivel federal en especial al sistema financiero, pero también delitos del fuero común. “Es un delito que involucra a mucha gente que por desconocimiento o por tener buena fe luego tiene severos problemas para enfrentar a la justicia.

Es una complementación del crimen organizado, de carácter federal por involucrar al sistema financiero y otra en el orden común. Hay que recordar que sólo 14 estados cuentan con el tipo penal de lavado, la persecución eficaz en el ámbito estatal es muy baja, ahí se tienen que hacer esfuerzos no solo por parte de la Federación sino de los gobiernos estatales de crear unidades de inteligencia.

Hay que hacer una comparación de los recursos ilícitos que se generan a nivel federal y estatal contra los niveles de decomisos y estos son muy bajos o insignificantes en comparación con las proporciones del lavado y eso nos deja muy mal parados.

En la medida que los decomisos o las ejecuciones de dominio se den al equivalente a los fraudes corporativos detectados, las bandas de trata, los secuestros, entonces podremos estar tranquilos, Mientras no haya extinciones de dominio la delincuencia se sale con la suya. “Se queda con las ganancias y entonces pasa a ser un dato secundario si atrapan a uno que se sustituye por otro y les permite disfrutar el dinero y financiar otros delitos.

Es necesario incrementar de manera sensible los niveles de decomiso y de extinción de dominio”, propone.

Recuerda que la extinción de dominio fue un tema que desde la Procuraduría General de la República buscaron impulsar en el anterior gobierno pero en seis años apenas y se avanzó, lo que fue una “irresponsabilidad de los estados”, afirma. “Estamos en la inopia [inflexiones] y en ceros en el combate a la faceta económica de la delincuencia, debe impulsarse o de lo contrario la economía mexicana será expuesta a la acción criminal en una economía criminalizada”, alerta.

Cuestionado sobre si hay desinterés de los gobiernos para evitar que se vean obligados los funcionarios a mostrar posibles propiedades o recursos obtenidos de manera ilícita, dice que es desconocimiento de las implicaciones del lavado.

No se ha aquilatado la importancia de estas figuras para devolver la tranquilidad. Sobre la corrupción todo acto que implique una generación de recursos se hace al margen de la ley, es un delito y esos recursos deben ser blanqueados, lavados y ser sujetos de investigación.

Hay que verlo como un todo integral, el énfasis en declaraciones patrimoniales son un elemento fundamental en la inteligencia. Es un elemento de información, aunque hay estados donde no todos aparecen como sujetos obligados, si se llega a triangular sobre los bienes no acreditados hay la posibilidad de lavado de dinero”, explica.

También expone que un caso de funcionarios que podrían lavar dinero son los supervisores de alcohol estatales, ya que en algunos estados no están obligados a declarar su patrimonio.

La tardanza de las investigaciones es un elemento que no permite ver de manera inmediata la utilidad de la investigación por lavado de dinero, que además ayuda a desmontar otros delitos como la extorsión o el robo de hidrocarburos.

La normatividad federal ha avanzado mucho, hay que darle tiempo a las autoridades para darle la consolidación a los procesos de trabajo, dotar de mayor eficacia a la extinción de dominio y hay que perfeccionar las leyes, los pasos importantes ya se han dado a nivel federal, son casos complicados y costosos en cuanto a la integración y la configuración y por ello es necesario aplicar esfuerzos de manera más vertical y generar mecanismos de disuasión”, concluye.

FORMAS DE LAVADO DE DINERO
Existen 3 mil modalidades. Algunas son por robo de hidrocarburos, la venta de metales y joyas. El lavado ha evolucionado y pasó de ser con instituciones bancarias a la ordeña de ductos o la compra de caballos pura sangre, como hacían Los Zetas.

De 5 a 15 años de prisión es la pena por lavado de dinero, no admite caución ni suspensión por amparo. La situación podría cambiar con la discusión de un nuevo Código de Procedimientos Penales y los acusados dejarían de alcanzar la prisión preventiva al no ser un delito violento, como lo contempla la Constitución.

Si se hace de manera organizada se puede volver delincuencia organizada. Si se presenta así se dan más facultades investigativas y se permite la intervención de comunicaciones y hasta testigos protegidos, agentes infiltrados.

La extinción de dominio sirve para que los bienes ilícitos puedan pasar a la economía formal y purgar su vicio. Cinco años puede tardar en ser armado un caso de lavado de dinero.

En su primer año, EPN es reprobado por el gobierno de EU y activistas en violaciones a DH y extorsiones

28 Feb

El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto no ha revertido la impunidad, la corrupción, la violencia atribuida a la delincuencia, así como la que se comete contra mujeres, periodistas y defensores de los derechos humanos en México, reveló ayer el Informe por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos 2013, realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

También el jueves, el Observatorio Nacional Ciudadano dio a conocer que la extorsión es el segundo delito más reportado en el país y que las denuncias por este hecho aumentaron 158 por ciento durante el primer año de Peña Nieto.

El informe de EU planteó que México no sólo destaca por la violación a los derechos humanos por parte de policías y militares, sino también porque existe un problema de “corrupción e impunidad que son graves”. “La impunidad y la corrupción generalizada siguieron siendo graves problemas, sobre todo en los niveles estatales y locales, en las fuerzas de seguridad y en el sector judicial”, lo que contribuye al quebranto de los derechos humanos en todo el país”, documentó el informe realizado por el gobierno de Barack Obama. “A pesar de algunas detenciones, la corrupción, la impunidad generalizada y las violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios siguen siendo un problema en las jurisdicciones civiles y militares”, expuso.

En tanto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer –antes de que finalizara el año pasado– que durante 2013 en el país aumentaron los secuestros y las extorsiones, mientras que los homicidios dolosos y por disparo de arma de fuego disminuyeron en comparación con el año previo.

MÁS EXTORSIONES
Sobre el tema, el Observatorio Nacional Ciudadano dio a conocer que la extorsión es el segundo delito más reportado en el país y que las denuncias por este hecho aumentaron 158 por ciento durante el primer año del Presidente Enrique Peña Nieto, respecto al primer año del sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Ese porcentaje crece hasta 501 por ciento si se compara con los primeros 12 meses del gobierno del también ex Presidente Vicente Fox Quesada. De acuerdo Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Ciudadano, 53.2 por ciento de las extorsiones no son denunciadas por miedo a que las propias autoridades los extorsionen o por ser una pérdida de tiempo, mientras que 46.3 por ciento dijo que no lo hacía es por miedo al agresor o le da poca importancia al delito.

Los tipos de extorsión más comunes de extorsión son: la telefónica, la ciber extorsión y por el cobro de derecho de piso. Respecto a esta última, el director del Observatorio dijo que hace falta el reconocimiento de este cobro como un conflicto para varias entidades.

Parte del problema de este tipo de extorsiones no son reconocidas por algunos estados del país, incluso ni siquiera está tipificado como tal, pues este conflicto fue detectado en en Coahuila, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz. Sin embargo, no sólo se trata de la tipificación del delito, sino también del reconocimiento que los estados han hecho a este tipo de extorsión.

Según una solicitud de información hecha por el Observatorio ciudadano, los estados de Baja California Sur Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán respondieron que la extorsión por el cobro de derecho de piso era información “inexistente”.

En cuanto a las extorsiones telefónicas, el organismo destacó el modo de operar de los delincuentes: el extorsionador se hace pasar por miembro de un grupo criminal como Los Zetas o de La Familia Michoacana, se pide un depósito a cuentas de débito de cadenas comerciales –que son más difíciles de rastrear– o se solicita recargas a teléfonos celulares con tarjetas de prepago.

La ejecución de este tipo de delitos también ha contribuido a la creación de grupos de autodefensas conformados por civiles que buscan hacer justicia por su propia cuenta, como ocurre actualmente en el estado de Michoacán (oeste), detalló el estudio.

LOS DERECHOS DE LA MUJER: IGNORADOS
En su caso, el Informe por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos 2013 del gobierno de EU plantea que en el país “persistió la violencia atribuida a la delincuencia transnacional y local de organizaciones el crimen, la violencia contra las mujeres y la violencia contra los periodistas que limita la libertad de expresión”

Respecto a los atentados contra los derechos de las mujeres, la mayoría de las recomendaciones realizadas por organismos internacionales a México se relacionan este tema y también reclaman que no han sido atendidas por el Estado mexicano en los últimos cinco años; es decir, parte del sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa (desde 2009), hasta el primer año de gobierno del actual primer mandatario, Enrique Peña Nieto.

Gran parte del los atentados contra los derechos de las féminas tiene que ver en materia de derecho reproductivo, criminalización de la mujer por aborto y falta de acceso a métodos anticonceptivos, principalmente para adolescentes.

Las recomendaciones emitidas por el Comité para Eliminar la Discriminación en Contra de la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) han sido ignoradas y omitidas por el gobierno mexicano, según reveló la organización Grupo de Información en Reproducción Asistida (GIRE).

Rebeca Ramos, investigadora jurídica del GIRE, afirmó: “Hay que señalar que todas estas recomendaciones, la mayoría viene de los dos sexenios de gobiernos panistas, el actual gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) –que lleva un año y meses–, no ha sido objeto de todas estas evaluaciones.

Sin embargo, me parece que el compromiso del actual gobierno será qué tanto se tomará en serio atender estas recomendaciones”. Por su parte, la Diputada Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, dijo: “México todavía vive un gran rezago en materia del igualdad de género, en materia de no discriminación y del acceso de las mujeres al ejercicio pleno de sus derechos humanos, en igualdad de circunstancias.

Por eso, el Estado mexicano tiene la obligación de tomar acciones para crear políticas públicas para disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres”.

La organización detectó que hay una repetición de recomendaciones en materia de violación a derechos humanos de las mujeres desde la evaluación realizada en 2009 hasta la del año pasado.

Esto significa que en cinco años poco se ha avanzado en materia de derechos de la mujer, principalmente en los relativos a salud reproductiva, educación sexual y acceso a la justicia.

Las cifras cobran relevancia porque, en marzo próximo, México deberá responder cuáles recomendaciones acepta y cuáles rechaza, de los cerca de 180 puntos publicados en el Examen Periódico Universal, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Además del caso de las indígenas que fueron violadas por elementos del Ejército mexicano en 2002.

El caso anterior es un claro ejemplo de las omisiones a recomendaciones por parte del gobierno mexicano pues, a tres años y medio de la publicación de las sentencias, no ha cumplido sus obligaciones en los puntos medulares, revelaron las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
De acuerdo con el Informe por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos 2013, que realizó el Departamento de Estado de EU, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otros organismos informaron que México se ve afectado también por secuestros, abuso físico, condiciones de hacinamiento en cárceles, arrestos y detenciones arbitrarias, y confesiones obtenidas por tortura.

Además detalla que hubo denuncias de amenazas y violencia contra defensores de los derechos humanos y de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros; secuestro, robo y abuso de los migrantes; violencia doméstica; tráfico de personas, abuso de personas con discapacidad; discriminación social y económica en contra de miembros de la población indígena y explotación del trabajo y la mano de obra infantil, según los datos que reportaron las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

En noviembre del año pasado, Human Rights Watch planteó en una carta enviada al Jefe del Ejecutivo federal: “El gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto no ha logrado resultados frente al desastroso récord de su antecesor en diferentes áreas vinculadas con la vigencia de los derechos humanos en el país”.

20140228-161830.jpg

20140228-161836.jpg

20140228-161843.jpg

Más de 100 millones de mexicanos están expuestos a violaciones, homicidios y secuestros: Semáforo Ciudadano

28 Feb

La población que vive en zonas de alto y medio riesgo delincuencial rebasa los 100 millones de habitantes, de los cuales cerca de 50 millones, son quienes en más alto riesgo se encuentran, reveló este día el estudio Semáforo Nacional Ciudadano sobre violencia, drogas y delito en México.

Durante la presentación del análisis Arturo Mattiello Canales, presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Ciudadana, lamentó que sólo el 15.24 por ciento de los habitantes de México viva en zonas de bajo riesgo. “Más de 100 millones 350 mil mexicanos, de los 118 millones que somos, están en riesgo de sufrir violaciones, homicidios, secuestros, robos, extorsiones, acoso, intimidación, lesiones y otra serie de delitos graves.

Significa que no tienen certeza de que el Estado Mexicano respete sus garantías individuales y derechos humanos”, dijo Canales en conferencia de prensa.

El estudio está basado en investigaciones de campo, información de diarios nacionales e internacionales y de investigadores, redes sociales, foros, páginas de denuncia, así como con resultados de estudios de más de 500 asociaciones y consejos ciudadanos.

Fue elaborado por la Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior (FUIPES) y la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica (ANCPC).

De acuerdo con el Semáforo los estados de alto riesgo para vivir son: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Estado de México, Morelos, Distrito Federal Tabasco, Quintana Roo y la frontera entre Chiapas y Guatemala.

En la categoría de alto y medio riesgo se coloca a: Baja California, Durango, Nayarit, Jalisco e Hidalgo. Baja California Sur, Yucatán, Campeche, Puebla, Querétaro y Chiapas, son considerados de bajo riesgo.

El estudio refiere que Sinaloa, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Tlaxcala y Oaxaca están consideradas como zonas de medio riesgo y oportunidad.

A su vez Guanajuato, Tlaxcala y la zona sur de Veracruz, son señaladas como zonas de medio y bajo riesgo con oportunidad. El estudio además señala que la mitad de los estudiantes universitarios tuvo acceso a algún tipo de droga en 2013.

Las de más fácil obtención son el alcohol, la mariguana, la cocaína, las metanfetaminas y la heroína. Además refiere que 8 de cada 10 estudiantes conoce a alguien que regularmente consume algún tipo de estupefaciente y sólo 63.54 % se siente seguro de asistir a su institución educativa.

Los entrevistados dijeron que los delitos más frecuentes es el asalto en las calles, la extorsión y el robo de vehículo y que las situaciones de riesgo en los alrededores de las instituciones es en primer lugar el consumo de alcohol en la calle, seguidos por robos y asaltos frecuentes, consumo de drogas, venta de productos pirata y de droga, pandillerismo o bandas violentas, extorsiones, riñas entre vecinos y secuestros.