Archivo | octubre, 2013

México, de los 5 países más violentos contra defensores de derechos humanos: ONU; Segob, sin protocolos: CEMDA

31 Oct

La Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos ubicó a México entre los cinco países más violentos contra los activistas a favor del medio ambiente.

Ayer, durante la presentación e un informe en Nueva York sobre la relación entre los proyectos de desarrollo a gran escala y las actividades de las personas defensoras de derechos humanos, hizo notar “los riesgos extraordinarios” que enfrentan las y los defensores de derechos de las comunidades locales, incluyendo los pueblos indígenas, minorías y personas que viven en condición de pobreza, al oponerse a mega-proyectos de desarrollo que impactan directamente sobre su vida o su territorio.

México, Brasil, Camboya, Guatemala y Perú son los países “donde mayor número de amenazas y ataques contra defensores y defensoras comunitarios se han registrado”, según el propio informe.

Una tercera parte de las agresiones documentadas por la Relatora Especial denunciaron un asesinato o tentativa de asesinato.

Además, la Relatora Especial de las Naciones Unidas criticó el uso del sistema judicial para criminalizar a defensores y defensoras de derechos humanos que se oponen al desarrollo de mega-proyectos. Como ha sido documentado en reiteradas ocasiones por Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en México, defensores y defensoras son detenidos y arrestados, incluso cuando su oposición se lleva a cabo en el ejercicio de derechos fundamentales, especialmente el derecho de manifestación pacífica o la libertad de expresión.

En este sentido, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, hicieron llegar a la Relatora Especial información relativa a la gravedad de los riesgos que este tipo de defensores de derechos humanos enfrenta en México.

Según los registros del CEMDA, en México se han documentado entre 2009 y 2012, más de 50 casos de agresiones en contra de defensores y defensoras de derechos ambientales, en 17 estados del país.

La mayoría de esos se liga a proyectos de desarrollo mineros (15) y forestales (12). Aunado a esto, se encuentran también casos relacionados con proyectos turísticos (3), inmobiliarios (2) de infraestructura vial (5) hidráulica (7), y energética (7). Al respecto, las organizaciones condenaron que el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación (Segob) no cuente con la capacidad necesaria para implementar medidas de protección de carácter colectivo que respondan a estas situaciones.

La visión meramente policial frente a las medidas de protección ha llevado a que aquellas comunidades que en defensa de su territorio y los recursos naturales se opongan a la instalación de mega-proyectos queden en total desprotección.

La Relatora Especial incluyó en su informe una serie de recomendaciones a los Estados para asegurar que los mega-proyectos de desarrollo estos no tengan un impacto negativo en la vigencia de los derechos humanos, incluyendo la necesidad de llevar a cabo consultas libres, previas e informadas con todas las comunidades afectadas y respetando sus resultados.

También instó a los Estados a implementar de manera efectiva medidas adecuadas de protección para asegurar que las y los defensores de derechos humanos que se oponen a este tipo de proyectos puedan realizar su trabajo en un ambiente de seguridad.

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México enfrenta su primer brote de cólera en 22 años; la cepa es similar a la que causó una epidemia en Haití

30 Oct

Los 176 casos de cólera registrados en México entre el 9 de septiembre y el 25 de octubre de este año constituyen la primera transmisión de la enfermedad registrada en el país desde la epidemia de 1991-2001, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En un comunicado difundido en México por la Organización de las Naciones Unidas, la OPS destacó que la cepa encontrada en esta línea de transmisión de la enfermedad (que ha cobrado hasta ahora una vida), es 95 por ciento similar a la que circula en Haití, República Dominicana y Cuba.

Durante la última semana, los nuevos enfermos se ubicaron en la Huasteca potosina y veracruzana, “una región con acceso limitado a agua potable y los servicios básicos de saneamiento”.

Según la OPS, las autoridades en México investigan todavía la magnitud del brote y está en marcha un programa de capacitación para los trabajadores de salud en distintos niveles, a fin de mejorar la prevención, tratamiento y control de la enfermedad.

La Organización Panamericana de la Salud reconoció que México aplica medidas para garantizar el acceso al agua potable, así como los servicios sanitarios en las comunidades.

Además, está en marcha una ambiciosa campaña de información, tanto en español como en varias lenguas indígenas, para que la gente tome medidas preventivas.

La agencia de la ONU recordó que desde 2010 recomendó al gobierno de Haití aumentar la inversión en agua y saneamiento, al detectarse el inicio de la epidemia, a fin de eliminarla tanto en ese país como en República Dominicana y evitar que se diseminara por el continente.

Comunitarios de Michoacán reportan 23 muertos en las últimas horas; Vallejo: son 5 y responden a “vandalismo”

30 Oct

José Manuel Mireles, líder del consejo de policías comunitarias de Tepalcatepec, Michoacán, afirmó que hasta hoy las guardias tienen el reporte y el registro gráfico de 23 cadáveres en territorio de Tierra Caliente, derivado de la violencia desatada desde el domingo pasado.

Sin embargo, el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa afirmó que sólo puede confirmar cinco decesos, “es lo que nos consta”, y los 23 que reportan las policías comunitarias “habrá que analizarlo y demostrarlo”.

En entrevista con Carmen Aristegui, en MVS, Mireles expuso que creen que Los Caballeros Templarios hacen lo mismo que ellos, y si encuentran el cadáver de uno de los suyos lo recogen y se lo llevan.

“Todo el tiempo minimizan la realidad. Hay 23 cadáveres, los ministeriales nada más reportan cinco porque son los que han podido recoger. Cuando les decimos dónde están los cuerpos siempre nos dicen: ‘No podemos entrar a las trincheras porque nos van a acribillar’”.

En Tepalcatepec, afirmó, hay armada las 24 horas: “Tenemos 3 mil 300 personas armadas haciendo guardia”, dijo, y describió como su hija, de 14 años, anda armada con un rifle de balines.

El líder de las policías comunitarias en la región criticó a los gobiernos federal y local porque “no hay buena información, todos han minimizado la situación en Michoacán”. En la entidad, añadió, “tenemos secuestrados, asesinados, descuartizados, todo el tiempo”.

Por su parte, el líder de los comunitarios en La Ruana, Hipólito Mora, afirmó que ayer a las seis de la tarde todavía apareció una docena de cuerpos.

“Lo único que hacemos es avisar a los ministeriales pero si no tienen orden de hacer los levantamientos, no van y es justificable su temor”, dijo.

“No hay presencia del Ejército ni de la Policía Federal, todo se ve tranquilo y bien , pero sí necesitamos presencia de fuerzas federales, porque los refuerzos están en Apatzingán. Ojalá hoy y mañana empiecen a mandarlos a todos los pueblos”, expuso Mora.

VALLEJO: ES PROVOCACIÓN

Fausto Vallejo también fue entrevistado por Aristegui a quien le dijo que el reciente repunte de la violencia en esa entidad lo ve “como una respuesta, como una provocación. Son actos vandálicos indiscutiblemente, vengan de donde vengan”.

“Es una respuesta a la manifestación de guardias comunitarios en Apatzingán, lo veo como una respuesta, es una provocación, una manifestación desesperada de fuerza, son actos vandálicos”, insistió el Gobernador.

“No acostumbro ni minimizar ni maquillar, debemos ser muy serios en nuestras apreciaciones y no podemos estar señalando si no es con toda la información; son actos vandálicos vengan de donde vengan, los haya realizado quienes los hayan realizado”, dijo Vallejo Figueroa.

También expuso que no bajarán la guardia, porque esos delincuentes pueden aparecer en cualquier parte del estado.

“Habrá que analizar, profundizar, si existe el cuerpo del delito pues sería irresponsable de nuestra parte asegurarlo. El que anden con precaución nuestros ministeriales es comprensible, pero estamos apoyados por el Ejército para que se haga lo que se tenga que hacer, si se comprueba que existe ese número de bajas, lo tenemos que reconocer”, dijo respecto a los 23 muertos que los guardias comunitarios tienen registrados.

“Son cinco los que reportan nuestras autoridades es lo que nos consta y podemos afirmar”, insistió.

Antes, en una entrevista con La Zeta Noticias, el Gobernador de Michoacán respondió que la exigencia de desaparición de poderes por parte de representantes del Partido Acción Nacional (PAN), como una medida para combatir a la delincuencia organizada en la entidad, solamente beneficia a los criminales.
“Se le da alas a la delincuencia al tratar de minimizar a las instituciones o a quienes representan a las instituciones”, declaró.
RESPONDE AL OBISPO DE APATZINGÁN

A la pregunta de qué opinión le merecen las recientes críticas del Arzobispo de Apatzingán Miguel Patiño Velázquez, quien aseguró en una carta publicada en la página del Episcopado Mexicano que Michoacán es un estado fallido y que hay rumores sobre que el gobierno local también está al servicio del crimen organizado, Vallejo minimizó el reclamo y dijo que el Obispo no se refiere a las acciones que sí están realizando el Ejército y la Marina.

El Gobernador aseguró que sí se ha venido diezmando a la delincuencia y se ha detenido a capos peligrosos.

En la carta, publicada el 16 de octubre, Patiño Velázquez afirma:

“Desde mayo tenemos la presencia de las fuerzas federales (policía federal, ejército y marina) con una estrategia para devolver la paz a Michoacán. Su presencia se constata por todas partes, pero hasta la fecha no hemos visto la efectividad de su estrategia porque no se ha capturado a ninguno de los capos principales del crimen organizado, aun sabiendo dónde se encuentran; prácticamente en su presencia se extorsiona, se cobran cuotas, se secuestra y se levanta a personas.

“Nos llama la atención cómo no han sido capaces de descubrir las casas de seguridad del crimen organizado y hasta la fecha no hayan liberado a nadie cuando se cuentan por decenas las personas levantadas”, dijo el Arzobispo.

TEXTO COMPLETO DE LA CARTA:

Hagamos de Michoacán un estado de Derecho

Al Pueblo de Dios que peregrina en la Diócesis de Apatzingán, y personas de buena voluntad: “¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio, sin que me escuches, y denunciaré a gritos la violencia que reina, sin que vengas a salvarme?” (Hab 1,2).

Tal pareciera que el profeta estuviera denunciado la situación que se está viviendo en el país, en el Estado de Michoacán y concretamente en nuestro querido Valle de Apatzingán.

Los filósofos nos dicen que para que haya un Estado de Derecho se necesita que éste sea regido por la ley que nos lleve a la práctica de la justicia y de esta manera dar seguridad y bienestar al pueblo. La justicia conduce a la paz, donde se viven valores tan fundamentales como la alegría, la fraternidad, el amor, el respeto a la vida, la libertad y el trabajo. Todo esto tiene como resultado el desarrollo, la prosperidad y el bienestar para toda la comunidad social.

Su contra parte es el Estado Fallido, donde hay ausencia de la ley y la justicia provocando inseguridad, miedo, tristeza, ira, desconfianza, rivalidades, indiferencia, muerte y opresión. Cuando no hay justicia tampoco hay paz, ni desarrollo, ni prosperidad, ni bienestar en la sociedad.

El estado de Michoacán tiene todas las características de un Estado Fallido. Los grupos criminales: Familia Michoacana, Zetas, Nueva Generación y Caballeros Templarios, principalmente, se lo disputan como si fuera un botín. La costa: para la entrada de la droga y los insumos para la producción de las drogas sintéticas; la Sierra Madre del Sur y la zona aguacatera: para el cultivo de mariguana y amapola, el establecimiento de laboratorios para la producción de drogas sintéticas y refugio de los grupos criminales. Las ciudades más importantes y todo el Estado: para el trasiego y comercio de la droga, “venta de seguridad” (cuotas), secuestros, robos y toda clase de extorsión.

Nuestro pueblo de Michoacán tiene años sufriendo las injusticias del crimen organizado que se han recrudecido en los últimos meses. Han aumentado los levantones, los secuestros, los asesinatos, el cobro de cuotas se ha generalizado y familias enteras han tenido que emigrar por el miedo y la inseguridad que se está viviendo.

En los últimos días se está obligando a líderes sociales y a las personas en general para que firmen y pidan que el ejército y los federales se vayan de Michoacán y a los comisariados ejidales se les ha amenazado para que vayan ante el Congreso de la Unión a hacer la misma petición.

Los gobiernos municipales y la policía están sometidos o coludidos con los criminales y cada vez más crece el rumor que el gobierno estatal también está al servicio del crimen organizado lo que provoca desesperanza y desilusión en la sociedad.

Son ya seis municipios que, al ver sus gobiernos municipales vendidos con el crimen organizado y la incapacidad del gobierno federal para restablecer el Estado de Derecho, han tomado la determinación de organizarse para autodefenderse.

En estos municipios se expulsaron a los miembros del crimen organizado con lo que se acabaron las cuotas, extorsiones, levantones, secuestros, asesinatos y violaciones. Pero ahora son agredidos constantemente por los Caballeros Templarios, que intentan recuperar las plazas perdidas y ahogarlos, dificultándoles la comercialización de sus productos o impidiendo que las pipas de gasolina surtan las gasolineras que se encuentran en esos municipios.

Desde mayo tenemos la presencia de las fuerzas federales (policía federal, ejército y marina) con una estrategia para devolver la paz a Michoacán. Su presencia se constata por todas partes, pero hasta la fecha no hemos visto la efectividad de su estrategia porque no se ha capturado a ninguno de los capos principales del crimen organizado, aun sabiendo dónde se encuentran; prácticamente en su presencia se extorsiona, se cobran cuotas, se secuestra y se levanta a personas.

Nos llama la atención cómo no han sido capaces de descubrir las casas de seguridad del crimen organizado y hasta la fecha no hayan liberado a nadie cuando se cuentan por decenas las personas levantadas. No obstante les damos el voto de confianza y esperamos tengan el firme propósito de solucionar el problema.

La Iglesia Católica que peregrina en esta diócesis de Apatzingán: su obispo, sacerdotes, religiosas y laicos, hemos hecho un firme compromiso con la paz y nos hemos trazado como meta pastoral la construcción de la cultura de la paz desde la catequesis infantil, los movimientos de niños, adolescentes, jóvenes y adultos; las agrupaciones y comunidades.

También estamos promoviendo la pastoral del consuelo para la atención a las víctimas de la violencia y ayudarles en su proceso de sanación para evitar que con el tiempo ellos se conviertan en victimarios.

Invitamos a las autoridades competentes a sumarse en este esfuerzo por hacer de Michoacán un Estado de Derecho y que su apoyo sea efectivo en inversiones en nuestro estado para que los jóvenes tengan alternativas de trabajo.

Queremos invitar a nuestro pueblo a unirse, a formar comunidad y ser solidarios unos con otros porque sólo así podemos solucionar la problemática que enfrentamos. No perdamos la esperanza porque, como dice el himno: “El Señor es mi fuerza, mi roca y Salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad… Aunque pase por valle de tinieblas, yo nunca temeré.”

Mi agradecimiento y bendición para todos.

Miguel Patiño Velázquez, msf. Obispo de Apatzingán

El gobierno federal oculta las cifras de la tragedia, pero Michoacán está cada vez peor, acusa Ricardo Monreal

30 Oct

“Lo que está aflorando en Michoacán es el ocultamiento de las víctimas fatales”, sentenció ayer el Diputado Ricardo Monreal Ávila al condenar los hechos ocurridos durante el fin de semana en Michoacán.

De acuerdo con el legislador de Movimiento Ciudadano (MC), el gobierno federal no está reportando el número real de muertos y ejecutados por lo que afirmar que la criminalidad está a la baja es una falsedad.

“La cifra negra de ejecutados está creciendo en el país, pero la estrategia es ocultar a los muertos para decir que la criminalidad está a la baja”, denunció Monreal Ávila en conferencia de prensa al inicio de la Junta de Coordinación Política.

Monreal Ávila argumentó que las cifras oficiales evidencian el fracaso de la actual estrategia de seguridad. “En 10 meses van 15 mil 530 homicidios dolosos, es decir, 51 muertos con violencia diariamente, cuando el promedio de ejecuciones en el sexenio anterior fue de 28 diarios en seis años”.

Además, explicó, hace unas semanas el gobierno federal lanzó un operativo de rescate para Michoacán y que hoy está peor.

Hasta mayo de este año, el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto reconoció 6 mil 250 homicidios dolosos en el país, según un informe preliminar de la Secretaría de Gobernación (Segob).

De acuerdo con la cifra, los asesinatos relacionados con delitos federales habían disminuido 16.5%; esto es: mil 236 menos que en el mismo periodo de 2011-2012.

Sin embargo, según cifras del semanario Zeta de Tijuana, de diciembre a julio se registraron 13 mil 775 muertes. Basada en ese conteo, Insyde, una organización especialista en Seguridad Pública y Nacional, proyectó que de mantenerse el ritmo de la incidencia, al término de la gestión peñista habría 124 mil 975 muertes, 50% más que en la conclusión del sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa.

Para especialistas en el tema, el Jefe del Ejecutivo federal no habla de los muertos “porque no tiene información”.

Pablo Monzalvo, investigador de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana (UIA), explica que “una declaración del Presidente es una declaración contundente por su género jurídico. Lo que diga es la verdad jurídica o la verdad política. Al no tener datos confiables, no maneja una cifra, ni tampoco una declaración”.

A partir de agosto, el conteo oficial se modificó y tendrá que volverse a empezar. El gobierno federal anunció una nueva forma de contabilizar los homicidios con la eliminación de la clasificación de las muertes relacionadas con el narcotráfico.

En los primeros meses del gobierno peñista, hubo dos categorías: la de homicidios dolosos vinculados con el crimen organizado –contados cuando sucedían en enfrentamientos armados– y la de homicidios dolosos en general.

Durante la conferencia de prensa en la que fue presentado el nuevo formato, Eduardo Sánchez Hernández, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, explicó que esa decisión se tomó a petición de organizaciones civiles, con la consideración que así sería más clara la medición de la incidencia delictiva en el país.

Para el coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional de la UIA, Eruviel Tirado, el cambio de metodología permite disminuir la percepción social de la inseguridad y expulsar al crimen organizado del discurso político, en una marcada diferencia con el gobierno anterior. Pero aclara que no es una medida que contribuya con la solución del problema.

PRENSA EXTRANJERA CRITICA ESTRATEGIA

Este mes, el Presidente Enrique Peña Nieto presumió que el índice de la violencia en el país había disminuido, pero no citó cifras. Y tres días después, The Economist publicó un reportaje en el que afirmaba que el éxito de su lucha contra el crimen sólo se veía desde los diarios, pero los datos de organizaciones civiles lo contradecían.

La única alusión que ha hecho el jefe del Ejecutivo al número de víctimas mortales del flagelo de la violencia en lo que va de su gobierno, ocurrió el pasado 27 de agosto, en la 34 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública cuando aseguró que los homicidios relacionados con delitos federales habían bajado 20 por ciento. En esa ocasión, hubo alusión de las víctimas mortales, pero no a los desaparecidos.

El primer mandatario reconoció que la solución del problema de inseguridad nacional puede tardar “varias administraciones”. Peña Nieto dijo ayer: “El tema de la seguridad ni está resuelto ni está agotado”.

No obstante esa ausencia en el discurso, el mandatario insistió en que la seguridad es de “las más altas prioridades” de su gobierno y que está abierto a las sugerencias y recomendaciones de la sociedad civil.

De acuerdo con la publicación británica “no hay nada nuevo” en el combate de México contra las bandas del crimen organizado y la reconstrucción del tejido social. Incluso, datos del propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelaron que si bien había un descenso en los asesinatos, delitos como el secuestro y la extorsión habían repuntado en los primeros meses de gobierno.

“Los decapitados, desmembrados, colgados, encajuelados, desenterrados de narco-fosas, con el tiro de gracia, homicidios en enfrentamientos entre los diversos cárteles de la droga y elementos policíacos han sido un tema del día a día, a pesar de la estrategia federal de no informar al respecto”, afirmó el semanario Zeta, días antes del Primer Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto.

A principios de marzo de 2013, cuando Peña Nieto cumplía 100 días al frente de la administración, el gobierno decidió como estrategia el silencio en temas relacionados a la violencia.

Sin embargo, los datos duros documentados por el semanario demuestran que en ocho meses de gobierno peñista, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2013, sucedieron en el país por lo menos 13 mil 775 ejecuciones relacionadas con el crimen organizado.

Zeta aseguró que los homicidios dolosos relacionados a delitos federales contabilizados por el gobierno de Peña Nieto están bastante lejos de la realidad que vive México.

En El Colegio Nacional, ante eruditos, Peña Nieto defiende sus reformas, pero nada dice sobre la cultura

30 Oct

Ante miembros de El Colegio Nacional, el Presidente Enrique Peña Nieto eligió un discurso en el que volvió a defender las reformas presentadas por su gobierno al Congreso de la Unión, pero en el que no hizo ninguna alusión a la cultura.

A cambio lanzó un rosario de preguntas: “Con las reformas, ¿cuántos intelectuales y científicos más tendremos cuando los niños reciban educación de calidad y los jóvenes tengan acceso a tecnologías digitales? ¿Cuántos emprendedores habrá cuando haya más crédito?”.

Insistió en que el objetivo de su administración es una sociedad de derechos para que la población pueda hacer realidad sus garantías políticas, sociales y culturales, y pase de ser una cuestión aspiracional a una realidad efectiva.

Antes, habían tomado la palabra Miguel León-Portilla, Francisco Gonzalo Bolívar Zapata, María Elena Medina Mora, José Emilio Pacheco y Manuel Peimbert. Fue una serie de discursos en los que se reconoció a los fundadores y miembros de El Colegio Nacional por su obra humanística de la que el nombre de Octavio Paz jamás estuvo ausente.

El poeta José Emilio Pacheco declaró que el término “literato” ha sido abolido. Se congratuló porque le pareció siempre “abominable”. Al final, le dijo a Enrique Peña Nieto: “El Colegio Nacional está en cambio constante. Dentro de 10 años, el panorama será muy distinto, pero de modo alguno se podrá prescindir de lo que se hizo durante estas siete décadas en el terreno de las ciencias y las artes. No hay que decir, señor Presidente, misión cumplida. Por el contrario, debemos tener la certeza que El Colegio Nacional seguirá sirviendo más y mejor al México que lo ha hecho y lo sigue haciendo posible”.

En el estrado, en el edificio histórico de El Colegio Nacional, Peña Nieto se concentró en que su gobierno eligió el camino de las reformas transformadoras, el diálogo, el acuerdo y el entendimiento. Trajo a cuento al Pacto por México como el gran convenio entre fuerzas políticas opositoras y como instrumento para impulsar cambios en sectores estratégicos. “El propósito de todas las reformas es liberar el potencial de crecimiento del país y cerrar las brechas de desigualdad, adecuar nuestras instituciones a los nuevos retos y oportunidades”, exclamó.

También reconoció en el Congreso de la Unión un “trabajo responsable” que ha permitido la concreción de las modificaciones constitucionales en Educación, así como la de Telecomunicaciones y Competencia Económica, en tanto se trabaja en los ámbitos hacendario, financiero y energético.

Rodeado de algunos de los intelectuales más reconocidos del país, Peña Nieto hizo hincapié en que la mayor oportunidad de México se encuentra en los jóvenes que integran el llamado bono demográfico. Volvió a las enmiendas constitucionales: “… Se trata de establecer el andamiaje jurídico y las reformas que permitan a la sociedad presente, esa que es mayoritariamente joven, encuentre oportunidades de realización individual, de poder escribir historias de éxito personal y que eso además se pueda hacer en todo el país”.

A los miembros de la institución de eruditos les hizo un reconocimiento por su excelencia. Según Peña Nieto, sus aportaciones han sido aplicadas al diseño de políticas públicas y al orden constitucional. Enseguida, Peña Nieto, invitó a los intelectuales presentes a un encuentro “coloquial” en el que haya oportunidad de escucharse los unos a los otros.

Perspectiva de derechos al Sistema Nacional de Salud Universal

30 Oct
  • Según el PND 2013-2018  una elevada proporción de la población no tiene el acceso pleno y efectivo a los bienes públicos y enfrenta condiciones de vulnerabilidad inaceptables.
  • Propone enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales.
  • Existe la oportunidad para incorporar un enfoque de derechos en el diseño del Programa Sectorial de Salud, así como de los Programas Presupuestarios que de el se deriven.

I. Desigualdad social y precariedad del sistema de salud

En el diagnóstico de la meta nacional de México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se admite que una elevada proporción de la población no tiene el acceso pleno y efectivo a los bienes públicos y enfrenta condiciones de vulnerabilidad inaceptables. La nueva administración pública reconoce que existen altos niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social.

Por otro lado, el PND presenta diferentes datos sobre el estado de la desigualdad en el México. Algunos de ellos son que el 44% de la clase trabajadora del país percibe ingresos por debajo de dos salarios mínimos mensuales y que, a 2010, el 31.8% de los mexicanos no contaba con acceso a algún esquema de salud y 60.7% de la población no tenía seguridad social. Es destacable que el diagnóstico del PND reconozca la desigualdad social, económica y en el acceso a servicios de salud. Desigualdad entre zonas rurales y urbanas, destacando la pobreza de los pueblos indígenas.

Dada esta situación, un México Incluyente propone enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social. El objetivo es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.

Además, contrariamente a lo afirmado por la pasada administración, el nuevo PND reconoce los resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2012, y señala que ese año aproximadamente uno de cada cuatro mexicanos no contaba con acceso en algún esquema de salud. En contraposición a la publicidad de la administración de Calderón, el PND afirma que el Seguro Popular ofrece un paquete de servicios limitado si se compara con la cobertura que ofrecen actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a sus derechohabientes.

Además, con relación al gasto público en salud como porcentaje del PIB, se advierte que, aunque en diez años creció de 2.6 a 3.1%, este nivel de gasto sigue siendo bajo en comparación con el de los países de la OCDE; en este aspecto es importante destacar que para 2011 el gasto público como porcentaje del PIB bajó a 3%. En el período 2004 – 2010 el gasto per cápita en salud registró una tasa media de crecimiento de 5.6%, valor muy por debajo del promedio latinoamericano de países de ingreso medio que se ubicó en 17%. Para el año 2010, el gasto total per cápita en salud de nuestro país fue de 604 dólares, muy por debajo de Uruguay, Brasil o Chile países cuyo gasto per capita en salud fue de más de 950 dólares0.

El PND señala que existe riesgo en la sustentabilidad financiera de las instituciones públicas por las presiones demográficas y epidemiológicas. Además identifica tres factores que inciden negativamente en la capacidad del Estado para dar plena vigencia al derecho a la salud y que, por tanto, requieren atención. En primer término, ubica el enfoque curativo y no preventivo. Otro factor que afecta la calidad de los servicios de salud es la falta de políticas con enfoque multidisciplinario e interinstitucionales. Finalmente, destaca la rectoría y arreglo organizacional vigentes, los cuales son verticales y fragmentados, limitando así la capacidad operativa y la eficiencia del gasto en el Sistema de Salud Pública.

II. Las propuestas del PND 2013-2018 en materia de salud

El objetivo 2.3 definido en el actual PND es “Asegurar el acceso a los servicios de salud” y para cumplirlo se establecieron cinco estrategias con 31 líneas de acción. El objetivo definido se limita al acceso a los servicios sin embargo sería relevante que se orientara al cumplimiento del derecho a la salud y determinantes sociales de la salud. Hizo falta incorporar el paradigma de derechos en el diseño de este objetivo para que estuviera en concordancia con el diagnóstico del que parte la meta nacional un México Incluyente que propone enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social. En esa lógica las estrategias y líneas de acción buscarían resolver los obstáculos al ejercicio de este derecho y a definir los “como” para que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones en materia de salud.

La tercera estrategia es mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. La misma incluye acciones para reducir la mortalidad infantil y materna, campañas de vacunación, el combate a epidemias y la desnutrición, además de acciones para evitar riesgos sanitarios. Es de destacar que promueve el impulso de un enfoque intercultural de salud en el diseño y operación de programas, así como la prevención y promoción de la salud de las y los migrantes.

Pese a que el PND prevé acciones focalizadas para infancia, mujeres y migrantes como grupos que considera vulnerables, solo prevé una línea de acción que posibilite revertir las condiciones de desigualdad. Esta línea consiste en fomentar el desarrollo de infraestructura y la puesta en marcha de unidades médicas móviles y su equipamiento en zonas de población vulnerable. Es de destacar que se propone débilmente la acción de “fomentar”, en vez de adoptar una acción institucional decidida para resolver el grave problema de carencia y precariedad de las clínicas, hospitales y establecimientos de sanitarios del sistema público de salud para atender a esta población. Sin la acción decidida del Estado para garantizar el acceso y disponibilidad de establecimientos sanitarios, sencillamente la población no ejercerá plenamente su derecho a la salud.

La cuarta estrategia es garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. Incluye acciones para preparar el sistema para que el usuario seleccione a su prestador de servicios. Contiene líneas de acción referentes a la calidad técnica, regulación de la atención médica y formación de los recursos humanos sanitarios. Comprende dos aspectos muy importantes para cumplir con la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud: garantizar los medicamentos y desarrollar la infraestructura del sistema de salud.

III. Reflexiones y recomendaciones para el Programa Sectorial de Salud

No obstante que en el diagnóstico se reconocen graves e inaceptables condiciones de exclusión y desigualdad, así como profundas deficiencias en el sistema de salud, éstas no encuentran correlato con las estrategias o acciones para que se avance en su solución. Por ejemplo, la precariedad de la inversión sanitaria reconocida en el diagnóstico no tiene alguna estrategia correspondiente que lleve a aumentar sustancialmente el gasto público en salud. Mantener el gasto público en 3% del PIB no permitirá solventar las deficiencias estructurales del Sistema público de salud, habida cuenta de que las instituciones públicas de salud operan en condiciones precarias y que el abasto de medicamentos e insumos para la salud son deficientes.

Debe fortalecerse tanto a las instituciones de seguridad social como al Seguro Popular para hacer efectivo el derecho a la salud de las y los mexicanos. Es recomendable y urgente que el Estado mexicano incremente la inversión pública en salud para mejorar la infraestructura médica, equipamiento, bienes y servicios para cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud de las y los mexicanos.

Por otra parte, en el diagnóstico se reconoce la precariedad del paquete de intervenciones del Seguro Popular, en razón de lo cual el acceso efectivo a los servicios de salud de sus afiliados dista del que reciben los afiliados al IMSS e ISSSTE. No obstante en ninguna estrategia se definen acciones para que los afiliados al Seguro Popular tengan acceso a servicios sanitarios de la categoría de los que ofrece la seguridad social. La mitad de la población está afiliada al Seguro Popular y por ello debe enfrentarse de manera decidida esta brecha. Es recomendable e indispensable que los afiliados al Seguro Popular reciban la misma cobertura que los del IMSS, esta debe ser la premisa de la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.

Finalmente, es de destacar que el actual PND no aborda una serie de aspectos que, sin embargo, constituyen retos del sistema de salud y que, por lo tanto, es necesario incluir en el Programa Sectorial de Salud, así como en los Programas Presupuestarios que de él se deriven. Primero,  definir acciones para mejorar notablemente la gestión y control de los recursos que presentan serias deficiencias, ampliamente documentadas por la Auditoría Superior de la Federación. Por ejemplo, de las 32 auditorías practicadas para el ejercicio fiscal 2010, una a cada estado, la opinión contenida en los dictámenes de la ASF fue negativa para 20 de ellas y con salvedad para 12. La ASF determinó recuperaciones de dinero por 5,800 millones de pesos, lo que representa el 26% del presupuesto auditado y el 16% del presupuesto total transferido a los estados. En nueve entidades federativas las irregularidades se presentaron entre el 20% y 69% del gasto auditado. Las observaciones fueron por faltante de documentación comprobatoria del gasto o de efectivo en el saldo de la cuenta bancaria, por cuestiones relacionadas con la adquisición de medicamentos, con la nómina y los salarios y por la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias de los servicios de salud e intereses generados.

Segundo, asegurar la accesibilidad económica a la salud y eliminar la barrera que representa el gasto de bolsillo. La preeminencia del gasto directo de los hogares en el financiamiento de la salud, debe revertirse pues tiene consecuencias adversas para el acceso real a los bienes y servicios de salud. De acuerdo con las estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación, en 2011, la proporción del gasto de bolsillo en salud de los hogares del Seguro Popular fue de 46.5%, inferior en 5.4 puntos porcentuales al porcentaje registrado en 2004, año en el que se inició la operación del seguro en las 32 entidades federativas del país. De seguir la tendencia observada en el periodo 2004-2010, en 2012 esta proporción podría ubicarse en 45.7%, inferior en 1.7 puntos porcentuales a la meta establecida en el Programa Estratégico de Desarrollo del Sistema de Protección Social en Salud 2007-2012, de disminuir a 44.0% el porcentaje de hogares con gasto de bolsillo en salud.

Tercero, la evaluación del cumplimiento del derecho a la salud es un aspecto ausente y debe ser incluido a través de indicadores que den cuenta del avance progresivo. Para ello, deben incorporarse los principios de los derechos humanos así como los elementos, esenciales del derecho a la salud, establecidos en los tratados internacionales firmados por México. De acuerdo con la ASF, para 2011, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud careció de indicadores y metas para evaluar el cumplimiento del objetivo del Seguro Popular de garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud. Es imperante enmendar la carencia de instrumentos de evaluación.

Hoy existe la oportunidad para incorporar un enfoque de derechos en el diseño del Programa Sectorial de Salud, así como de los Programas Presupuestarios que de el se deriven. Es una oportunidad también, de ser la primera administración pública federal que implemente sus políticas y evalúe su actuación atendiendo el texto del artículo 1º: En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.

 

Existen tres estrategias más:  La primera estrategia del objetivo 2.3 es avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal. Las líneas de acción de esta estrategia se refieren al andamiaje institucional para integrar el sistema de salud, como es garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud con independencia de su condición social o laboral; el fortalecimiento de la rectoría de la autoridad sanitaria; y la integración funcional del sistema. Esta estrategia combinan líneas de acción de carácter organizativo e institucional para avanzar en la integración del sistema público de salud. La segunda estrategia denominada hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud, se orienta hacia las enfermedades de crónicas de mayor prevalencia como diabetes, hipertensión, obesidad, las de transmisión sexual así como cáncer de mama, de cáncer cérvico-uterino y de cáncer de próstata. Incluye acciones orientadas a la reducción de riesgos sanitarios en general y los laborales en particular. La quinta estrategia es promover la cooperación internacional en salud que contiene acciones de vigilancia epidemiológica para proteger la salud global en un contexto de emergencia epidemiológica e impulsar nuevos esquemas de cooperación internacional en salud pública que permitan fortalecer capacidades locales y regionales. Llama la atención que en esta estrategia se proponga “cumplir con los tratados internacionales en materia de salud en el marco de los derechos humanos”. Si bien es un compromiso internacional del Estado mexicano, en realidad el cumplimiento de los tratados debiera reflejarse en todas las estrategias de salud porque se trata de garantizar el derecho a la salud de la población.

De acuerdo con la ASF “Cuando se generan observaciones como resultado de la fiscalización superior, las entidades fiscalizadas pueden solventarlas durante el desarrollo de las auditorías o al término de éstas, reintegrando los recursos empleados incorrectamente al erario federal, al patrimonio de la institución, o al fondo federal correspondiente, dependiendo el caso. Esto se conoce como recuperación”.

 

Ciudadanos se rebelaron contra Templarios, por eso fue el ataque a CFE y en Apatzingán: “Cocoa” Calderón

29 Oct

Michoacán vive una situación de emergencia, dice la Senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) Luisa María Calderón, conocida como “Cocoa”. Los Caballeros Templarios, afirma, han reaccionado en contra de la población y hay reportes de que, por represalia, se están llevando por la fuerza a hombres jóvenes de sus casas.

También dice que el Ejército evitó una guerra civil dentro de Apatzingán, al desarmar a los policías comunitarios que iban a entrar. Los delincuentes, sostiene, respondieron y luego, en represaria, atacaron subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Originaria del estado, famoso por sus cultivos de aguacate, por el lago de Pátzcuaro y también por grupos criminales como La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, la legisladora considera que lo ocurrido el fin de semana en Apatzingán, donde hubo ataques a policías comunitarios desarmados y atentados a instalaciones de la CFE, fue una reacción de los grupos delincuenciales luego de ver cómo la ciudadanía se rebeló para recuperar la ciudad.

La hipótesis de Calderón es que los policías comunitarios, quienes entraron a Apatzingán desarmados, hicieron esto para demostrar que están hartos de los llamados Caballeros Templarios. Esto ocasionó la reacción de los delincuentes y por eso incendiaron 18 subestaciones eléctricas.

La Senadora explicó a SinEmbargo que desde marzo ella pidió al gobierno federal voltear su mirada al estado, luego de que con la entrada de la presente administración se retiraran las fuerzas federales y los grupos delincuenciales retomaran el control, sobre todo en Tierra Caliente y un sitio estratégico: Apatzingán.

Asimismo, pidió investigar la creación de autodefensas ligados a grupos delincuenciales, y que no son los mismo que las policías comunitarias, una figura distinta surgida para defenderse de los delincuentes, con arraigo entre las comunidades y que operan con menos recursos.

Calderón refuerza la hipótesis de que detrás de los ataques están los Templarios. “Me dicen que la siguiente reacción es que están tocando en las casas y llevándose a los hombres jóvenes, por Dios que los detengan”, afirma en entrevista.

Dice que se instaló desde marzo una comisión para investigar a las autodefensas, pero su presidente, el Senador priista Omar Fayad, nunca ha convocado a una reunión.

Luisa María es hermana de Felipe Calderón Hinojosa, quien en diciembre de 2006 empezó, justo en Michoacán, su estrategia armada contra las drogas. Para muchos críticos y organizaciones civiles, el ex Presidente de México lanzó una guerra sin estar preparado y por razones políticas. Se calcula que entre 60 mil y 90 mil personas perdieron la vida durante su sexenio.

CANSADOS DEL SOMETIMIENTO

–¿Fue inédita la serie de ataques del domingo?

–Inédita. Es como una reacción en espiral de lo que ha estado sucediendo los últimos meses en el estado. No hay desvinculaciones entre las autodefensas, los grupos del crimen organizado y lo que sucedió la madrugada del sábado. La hipótesis menos difícil de atender, porque hay un control, una sumisión, un sometimiento de esos grupos delincuenciales organizados hacia unos municipios de la Tierra Caliente independientemente de que en todo el estado tienen sometida a la economía, con cuotas, pero en la Tierra Caliente ya tenían un sometimiento abusivo e inaceptable.

Entonces al parecer la ciudadanía se organiza y rebela de tal manera que empiezan a avanzar. El viernes pasado. los policías comunitarios, cuyas acciones hemos ido conociendo a través de videos, dan a conocer que hay diálogo con el Ejército.

Finalmente el viernes van a tomar Apatzingán, que es el lugar donde viven, se abastecen y tienen más control los grupos delincuenciales. Antes de entrar, el Ejército los detiene; dialogan y los desarma, de tal manera que entran desarmados a Apatzingán, acompañados del Ejercito, pero entran desarmados de tal manera que no están en la misma condición que los grupos organizados y que se dice están apertrechados en la ciudad. Entran y lo que pasa en la noche, al parecer, es consecuencia de esto. Como que los delincuentes toman revancha, reaccionan y retan al gobierno al atacar las subestaciones de energía en 18 municipios, algunas de los cuales no han sido restablecidas.

De tal manera que sí es un tema nuevo, y al contrario, es un tema que escala espiralmente con una situación violenta de enfrentamientos frente al crimen organizado y [porque] la ciudadanía no está dispuesta a someterse.

–¿Son un problema las autodefensas?

–Desde marzo pedí hacer una investigación como órgano del Poder Legislativo. Se creó una comisión pero no fuimos convocados. Esto ha ido creciendo, le han dicho al Ejército y a la Policía Federal: ‘estamos haciendo tu tarea, no has atendido’. Creo, arriesgando mi criterio, esta vez el Ejército impidió una guerra civil en la ciudad de Apatzingán, dialogando con una parte, desarmándola: ‘nadie puede detenerte si vas desarmado’. Es una situación bien compleja. Sí creo que los ciudadanos están hartos de los grupos que los han sometido por años. El gobierno debe actuar con inteligencia, si hubo una reacción la noche del viernes hay que prever, revisar estrategias, la información y cuidar a los michoacanos, necesitamos volver a confiar. No podemos cerrar la cortina, ahí vivimos y necesitamos esperanza y construir juntos mejores condiciones.

–¿Al Ejército le faltó prevenir que se le podían venir los delincuentes?

–Hubo algún granadazo y alguna acción violenta, pero la reacción no fue adentro de Apatzingán, fue en 18 municipios. No sé si le correspondía al Ejército o al Consejo Nacional de Seguridad. Yo sé que la labor se divide entre los que piensan, los previenen y dan instrucciones.

–¿Se está viviendo una situación de emergencia en el estado?

–Desde hace meses y no nos hacen caso, o lo hacen tarde. Nosotros lo dijimos: desde que hubo cambio de gobierno, las fuerzas federales se retiraron. Lo que hizo es que esta condición se exacerbara; hizo que los ciudadanos se hartaran, se levantaran, y no sé si a río revuelto hubo ganancia de otros, intromisión de otros, el tema es que hay ciudadanos levantados que no quieren someterse a los llamados Templarios y el Ejército está presente ahí, entiendo. Por eso me hago responsable de lo que digo, que esta vez se evitó con el dialogo y desarme de comunitarios una masacre que pudo haber sucedido en Apatzingán.

–¿Ve posible que también se deba a que haya una disputa de poder entre el Gobernador Fausto Vallejo y su interino Jesús Reyna como algunos han dicho?

–Lo que me planteas sería peor, que fuera un enfrentamiento Fausto-Reyna. No debe caber, sería peor.

–¿Qué debería hacer el gobierno?

–He ido diciendo: mírenos, visítenos, acérquense. No tengo toda la visión, no sé con qué recursos se cuenta. Lo que sí creo es que se tienen que sentar en la mesa, revisar el mapa y dedicar recursos y actuar en consecuencia.

–¿Ve descuido del gobierno federal?

En el primer tramo del gobierno sí hubo mucho descuido. Simplemente decidieron no hablar de seguridad ni tocar el tema y se les vino encima. Hoy están actuando, quiero pensar que van a seguir actuando de tal manera que rescaten a michoacanos, lo necesitamos. Nadie nos vamos a ir de ahí, necesitamos que nos ayuden.