PRI, PAN y PRD: el monopolio de la opacidad

28 Feb

La foto que desde ayer circula en los medios digitales y que hoy aparece en las portadas de los diarios es reveladora de por qué hoy México es visto como uno de los países más corruptos del mundo y los mexicanos en general –así sin distinción y sin señalar por su nombre a los que sí son criminales–, son los maestros de la tranza.

En esa imagen aparecen tres políticos con una sonrisa de oreja a oreja y estrechándose las manos. Se ven orgullosos de su reciente acuerdo en materia de transparencia, uno que está tan alejado de las demandas de los mexicanos y tan ajeno a la realidad de las mayorías, como los elegantes trajes que portan.

Ellos son Manlio Fabio Beltrones Rivera, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados; Ricardo Anaya Cortés, el líder parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), y Miguel Alonso Raya, coordinador del grupo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la misma Cámara Baja. Los tres acordaron –vaya usted a saber bajo qué condiciones– liberar de obstáculos el camino para que, esta misma semana, se cree el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.

Pero el gran avance para lograr la meta que presumen esos tres partidos se dio, paradójicamente, a costillas de bloquear la transparencia y la rendición de cuentas.

El PRI, expuso Anaya Cortés (quien en su breve paso por la presidencia nacional del blanquiazul se ungió como paladín anticorrupción, y en enero fue señalado por presuntas operaciones irregulares con el también panista Miguel Ángel Yunes Linares), cedió para que sea el Senado de la República el que en adelante ratifique al Secretario de la Función Pública (SFP), designado por el Presidente.

Sin embargo, no se tocó a Virgilio Andrade Martínez, quien el pasado l3 de febrero fue designado por el Presidente Enrique Peña Nieto como titular de la SFP, luego de que esa dependencia –importantísima para la rendición de cuentas– permaneciera ácefala en los primeros 26 meses de la actual administración.

De acuerdo analistas, el que la Presidencia de la República no nombrara sino hasta ese momento a un titular de la SFP, también evidencia la poca importancia que este gobierno le ha dado al tema de la transparencia.

Las funciones de la SFP, se lee en su sitio web, son: “vigila que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones, sanciona a los que no lo hacen así; promueve el cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del gobierno federal, de disposiciones legales en diversas materias, dirige y determina la política de compras públicas de la Federación, coordina y realiza auditorías sobre el gasto de recursos federales, coordina procesos de desarrollo administrativo, gobierno digital, opera y encabeza el Servicio Profesional de Carrera, coordina la labor de los órganos internos de control en cada dependencia del gobierno federal y evalúa la gestión de las entidades, también a nivel federal”.

Así, con el acuerdo logrado entre PRI, PAN y PRD, el actual Secretario Virgilio Andrade no tendrá necesidad de ser ratificado por el Senado, debido a que ninguna ley es retroactiva para ninguna persona.

“La ley no puede aplicarse retroactivamente, esta reforma no se puede aplicar de manera retroactiva y eso no es un asunto que nosotros podamos elegir, eso así es”, presumió el Diputado Ricardo Anaya, orgulloso de su logro.

El nombramiento de Andrade Martínez, como se recuerda, se dio en un contexto de acusaciones y señalamientos contra el Presidente Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera Hurtado y Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por presuntos conflictos de interés en la compra de residencias a empresarios favorecidos con contratos millonarias de obra pública por el político mexiquense, tanto en su gobierno en el Estado de México como en la actual administración federal.

Pero Virgilio Andrade resultó ser amigo de Videgaray Caso desde 1986. Ernesto Villanueva Villanueva, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien ha atestiguado esa relación añeja, dijo a SinEmbargo: “En términos políticos, Videgaray es el padrino de Andrade. Él lo propuso para la consejería en el Instituto Federal Electoral (IFE) y ya en la administración peñista, también para la titularidad de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer)”.

Y peor aún, el propio Andrade Martínez, dos días después de ser nombrado por el Presidente, afirmó que no investigaría la compra de casas de Peña Nieto y su esposa, y menos aún la de su amigo Videgaray, porque “la compra en sí no es competencia de la Secretaría de la Función Pública, porque no entra a verificar operaciones de carácter mercantil”.

Entonces, como dicen el rancho, pa’ qué tanto brinco… ¿Para qué simular, por un lado, que se está abierto a la transparencia, cuando, por el otro, se le ponen piedras y más piedras a la exigencia de que la puerta de la rendición de cuentas y la batalla anticorrupción se abra?

La erosión causada al Estado mexicano por estas prácticas de simulación es grave. Los huecos son enormes y han deteriorado también la confianza en el país. De eso no sólo es responsable el Presidente y su equipo más cercano. También el PRI, el PAN y el PRD deben asumir su responsabilidad por mantener intocable el monopolio de la opacidad, por lo que ninguno de los puede argumentar su “defensa férrea” a la transparencia. No, cuando ellos mismos están entre los principales solapadores.

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