EL ESTADO MEXICANO AHONDA EN 2015 SU DEUDA POR DESAPARECIDOS

2 Ene

Esta Navidad no será igual para las más de 26 mil familias mexicanas que tienen a uno o varios de sus integrantes desaparecidos. Imaginar la angustia y el tormento que sufren las personas cuando un familiar desaparece sin rastro o explicación, cuando intentan encontrarlos o saber qué pasó con ellos y se frustran con la aparente indiferencia de las autoridades. Este 2015, el Estado mexicano incrementó su deuda con las miles de familias de desaparecidos, casi la mitad de los casos registrados en el país han ocurrido en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.  

En México, más de 26 mil personas se encuentran en calidad de desaparecidas, según cifras oficiales, pero existe una enorme “cifra negra” de quienes no han denunciado por diversos motivos como amenazas e inseguridad. Pese a ello, el gobierno mexicano no ha reconocido en su totalidad la dimensión de este problema, diversas organizaciones dan cuenta de la falta de voluntad para investigar y aclarar la gran mayoría de los casos, incluso en las desapariciones en las que hay evidencia de detención o privación de la libertad por parte de agentes del Estado o bandas de delincuentes.
El pasado 10 diciembre el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que en el tema de desapariciones “faltaban pasos que dar”, por lo que anunció que enviará al Congreso de la Unión las iniciativas de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura, a fin de erradicar estas prácticas en el país.
De aprobarse la iniciativa, dijo, se implementará un Sistema Nacional de Búsqueda, el Registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, además del Registro Nacional Forense, y el Consejo Nacional Ciudadano.
Durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2015 a Consuelo Morales Elizondo, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), Peña detalló que la propuesta contará con cuatro instrumentos.
En ese mismo evento, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseveró que la falta de atención a los casos de desaparición forzada pone en duda la capacidad del Estado mexicano y sugirió un cambio de rumbo.
“El problema de las desapariciones desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en un obstáculo que no hemos podido superar […] Nuestro país aún no ha honrado la deuda y compromiso que tiene con las víctimas de las desapariciones, con la sociedad y con el cumplimento de las determinaciones emitidas por organismos internacionales”, detalló el Ombudsman nacional.
González Pérez refirió que las autoridades mexicanas no cuentan con datos confiables que permitan distinguir casos de desapariciones forzadas de aquellos vinculados con el crimen organizado u otras causas, por lo que sugirió que si “se quiere recuperar la credibilidad de la sociedad en las instituciones es preciso que las propias instituciones emprendan un cambio de rumbo”.
LA EXIGENCIA DE LAS ONGs

El grupo “Los otros desaparecidos” conformado hace más de un año para buscar a sus familiares desaparecidos, encontro ocho nuevas fosas en la colonia “Tijerillas”. En el lugar se encontro una osamenta y algunos restos textiles. Foto: Cuartoscuro

El grupo “Los otros desaparecidos”, conformado en Guerrero hace más de un año para buscar a sus familiares, ha localizado decenas de fosas clandestinas en esa entidad. Foto: Cuartoscuro
El anuncio del Ejecutivo federal fue visto con reservas por organizaciones nacionales e internacionales, las cuales se pronunciaron al respecto.
Amnistía Internacional (AI) dijo que las leyes en materia de desapariciones y tortura no deben ser tratadas “con apuros ni a la ligera” y advirtió que se debe tomar en cuenta a las víctimas y a expertos.
“Todavía debemos ver si estas leyes [en materia de desaparición y tortura] cumplen con los más altos estándares internacionales de derechos humanos o si los debates en el Congreso incorporan cabalmente las opiniones de expertos y aquellas personas que han vivido en carne propia estos crímenes horrendos. Estas leyes no deben ser tratadas con apuros ni a la ligera,” indicó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, en un comunicado.
Esta no es la primera vez que AI se pronuncia en el tema de las desapariciones, en julio pasado, la organización internacional calificó la aparición de decenas de fosas comunes en México como una muestra de la crisis de las desapariciones forzadas que se enfrentan en el país.
“Según cifras oficiales, más de 25 mil 700 personas han desaparecido en México en los últimos años, y casi la mitad de ellos durante la actual administración del Presidente (Enrique) Peña Nieto”, destacó el organismo en un comunicado.
Amnistía Internacional mantiene una campaña en apoyo a las familias mexicanas que buscan incansablemente a sus seres queridos a lo largo del territorio nacional, y que en su mayoría no cuentan con el apoyo de las autoridades.
“#NoesNormal”, es el lema de la campaña que ha convocado a figuras internacionales como el cantante británico Gordon Matthew Thomas Sumner, mejor conocido como Sting.
“No es difícil imaginar la angustia y el tormento que sufren las familias cuando un ser querido desaparece sin rastro o explicación, cuando intentan encontrarlos o saber qué pasó con ellos y se frustran con la aparente indiferencia de las autoridades ante una situación que ha llegado a niveles epidémicos en México”, dijo el ex líder del grupo The Police, en octubre pasado durante su gira musical en el estado de Morelos.
“Me reuní con algunas de las familias, pero son sólo la punta del iceberg. Hago un llamado al Gobierno de México a que le den seguimiento a estos casos de manera más vigorosa, que encuentren y lleven a la justicia a las personas responsables y que prevengan, mediante legislación, este tormento de desapariciones y abusos a los derechos humanos”, añadió el cantante.
La iniciativa de ley general en materia de desapariciones presentada por Peña Nieto también generó “desconfianza” en organizaciones nacionales, quienes han asegurado que no cumple con las exigencias de las víctimas de desaparición forzada ni con los estándares internacionales.
Tras un minucioso análisis de la iniciativa, las organizaciones agrupadas en la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México señalaron que ésta no toma en cuenta la mayoría de las propuestas y exigencias presentadas por las víctimas y las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil.
También lamentaron la omisión del Senado, pues tuvo cuando menos tres meses para iniciar la discusión, análisis y consulta para expedir una Ley General y no lo hizo.
“Este retraso viola el plazo constitucional que daba al Congreso 180 días para que legislara en la materia, pero sobre todo demuestra nuevamente la falta de interés y voluntad política para legislar en materia de desaparición forzada”, expusieron las organizaciones.
Una de las 15 observaciones de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México a la iniciativa del Ejecutivo federal corresponde a la creación de Unidades Especializadas en materia de desaparición de personas, tanto a nivel federal como estatal.
De acuerdo con su análisis, la recién creada Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas no tendría razón de ser, ya que en la iniciativa presentada por Peña Nieto no se hace mención de ésta, “por lo que pareciera que la creación de dicha Fiscalía solamente ha sido una simulación por cumplir con las recomendaciones hechas por instancias internacionales”.
LOS CIUDADANOS SE ORGANIZAN

En agosto pasado, las organizaciones integrantes de la Campaña elaboraron una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, a partir del análisis de las propuestas de ley que se han hecho antes, de foros de discusión con expertos, observaciones de familiares de desaparecidos y de recomendaciones de organismos internacionales como el Comité sobre Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, ambos de la Organización de las Naciones Unidas.

La iniciativa, que está disponible en el portal http://www.comitecerezo.org, fue respaldada por el Coordinador de la Unidad Jurídica y de Análisis del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alan García Campos, y por la consultora internacional y especialista en el tema de desapariciones forzadas, Gabriela Citroni.
La propuesta de las organizaciones hace referencia tanto a la desaparición forzada de personas -entendida como aquella que ocurre con el conocimiento, apoyo o aquiescencia del Estado- como a la desaparición de personas cometida por particulares, estableciendo facultades para los tres niveles de gobierno en todas las entidades para investigar, prevenir y sancionar ambos tipos de desapariciones y reparar los daños a las víctimas de ambos delitos.
También establece criterios para la búsqueda, investigación y creación de un Registro Nacional de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Desaparición de Personas Cometida por Particulares, y plantea la creación de protocolos específicos para la búsqueda inmediata y permanente de las personas desaparecidas, así como la creación de fiscalías especiales en todas las entidades para la búsqueda de personas e investigación de los casos.
Además propone crear el Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano y un Banco Nacional de Información Genética, una Base de Datos Ante Mortem/Post Mortem (AM/PM), un Registro Nacional de Restos Mortuorios No Identificados y de las zonas donde se encuentran las fosas comunes en el país. Todo ello a fin de facilitar y agilizar la identificación de las personas que han sido localizadas sin vida, a través de un proceso confiable, seguro y certero.
La Desaparición de personas en la última década ha tomado dimensiones como nunca en la historia de nuestro país, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CDFI-ONU) señaló en el mes de febrero la existencia de un contexto de desapariciones en gran parte del territorio, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas.
Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de ONU lamentó observar pocos avances en la implementación de las recomendaciones que realizó al gobierno de México tras su visita efectuada en 2011 y se dijo especialmente preocupado por el deterioro que prevalece en el país desde que presentó su informe.
“Los grandes desafíos detectados por el Grupo de Trabajo durante su visita y plasmados en su informe de misión aún perduran. Salvo excepciones, la impunidad prevalece, los hechos no se esclarecen y las víctimas no reciben una adecuada e integral reparación. Esta realidad puede y debe ser transformada. El Estado cuenta con una oportunidad histórica de transformar la situación imperante”, refirió el organismo de Naciones Unidas en un informe difundido en septiembre pasado.
En su reporte 2011-2015 presentado en Ginebra, el Grupo de la ONU coincidió con el Comité contra la Desaparición Forzada, de que en México las desapariciones son generalizadas y el problema no es atendido por todas las autoridades del país.
“Si bien se valora que el Estado indique en su respuesta que enfrenta retos y desafíos en materia de derechos humanos, incluyendo la desaparición forzada, el Grupo de Trabajo constata que el incipiente reconocimiento discursivo al problema de la desaparición forzada no ha sido consistente, uniforme y homogéneo entre todas las autoridades del Estado mexicano, ni al más alto nivel”, manifestaron los expertos de la ONU.
El informe refiere que no existe un diagnóstico nacional sobre el problema de la desaparición forzada de personas que permita desarrollar las medidas integrales y efectivas para su prevención, erradicación, investigación, sanción y reparación.
Por ello, alentó al Estado de México a aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales de acuerdo a los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
“El Grupo de Trabajo alienta particularmente al Estado a dar su consentimiento para que el Comité contra la Desaparición Forzada realice en un plazo razonable la visita solicitada con base en el artículo 33 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, señalaron.
El pasado 18 de noviembre de 2015 familiares de personas desaparecidas realizaron la primera conferencia de prensa del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, integrado por más de 35 organizaciones de familiares de personas desaparecidas en México y alrededor de 40 organizaciones de la sociedad civil que los acompañan.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México aparece como un actor político que denuncia las profundas consecuencias de la desaparición forzada y la desaparición por particulares, así como los vacíos y deficiencias del Estado en la búsqueda, investigación y garantía de sus derechos como víctimas.
En conferencia de prensa, los familiares que participaron como voceros del Movimiento revelaron que en México, junto con la desaparición de la persona, desaparecen sus derechos.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México propuso la elaboración de la legislación en materia de desapariciones, plasmada en el documento: “Elementos esenciales para la elaboración de la Ley General sobre personas desaparecidas en México”, producto de un amplio proceso de consulta.
NIÑOS Y ADOLESCENTES: EL SECTOR MÁS VULNERABLE

La ola de violencia que azota el país hace que la niñez siga siendo el grupo poblacional más afectado. El informe anual “La Infancia cuenta en México” de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) acusa que los números de homicidios y desapariciones siguen golpeando a los niños y niñas mexicanas.

“Lo preocupante es que las tasas de homicidio siguen estando muy altas. Aunque, por supuesto, no hemos superado la etapa del 2012, donde las tasas de homicidio fueron más amplias”, dijo Juan Martín Pérez García, director de REDIM.
De acuerdo con datos de la organización las entidades con mayor prevalencia de homicidios adolescentes son Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Jalisco y el Estado de México.
La Red refirió que en México es más peligroso ser adolescente que adulto. En el caso de las desapariciones forzadas hay 6 mil 676 casos pertinentes a niños y adolescentes, lo que representa casi el 30 por ciento del total de desapariciones en el país.
“En el segmento de 15 a 17 años de edad, hay siete de cada 10 son mujeres. Es decir que las denuncias que hemos venido haciendo de violación y trata son directamente relacionadas con el crimen organizado”, agregó el director de la ONG.
LA SOMBRA DE LOS 43

La desaparición de los 43 normalistas en Iguala ha provocado que más y más familias y grupos se unan en todo el país para denunciar la desaparición de sus seres queridos. Foto: Cuartoscuro
El 30 de agosto, con motivo del Día de los Desaparecidos, Amnistía Internacional destacó el uso que hacen los gobiernos de la desaparición forzada para silenciar a sus detractores e infundir miedo a grupos específicos persiste en todas las regiones del mundo.
En el caso de México, dijo, el asunto que acaparó los titulares internacionales fue la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La madrugada del viernes 26 de septiembre se convirtió en un parteaguas en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto. La tragedia ocurrida en el municipio de Iguala donde normalistas e integrantes del equipo de futbol local “Los Avispones”, fueron atacados a tiros por policías, dejó al descubierto para el mundo entero lo que ya se sabía en la prensa local: la complicidad de las autoridades mexicanas con el crimen organizado.
Ese día, los jóvenes habían ido a Iguala a recabar fondos para financiar la marcha del 2 de octubre, en el 46 aniversario de la masacre de estudiantes de Tlatelolco, México. En al menos cuatro eventos violentos, en Iguala, perdieron la vida seis personas, entre ellas tres estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, 25 más resultaron heridas, y 43 sin conocerse su paradero.
Un día después apareció el cuerpo torturado del estudiante Julio César Mondragón, con lo que agudizó en las familias de los 42 restantes la angustia de no saber la suerte que habían tenido sus hijos. Al principio, las autoridades dijeron no saber dónde estaban, pero 10 meses más tarde dieron una explicación que las familias se niegan a creer: los estudiantes fueron quemados vivos en el basurero de Cocula.
La desaparición de los 43 normalistas junto con la fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, han sido las peores crisis por las que ha atravesado el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto en los tres años que van de su administración, así lo reconoció el pasado lunes el Secretario de Gobernación, Miguel ángel Osorio Chong en entrevista radiofónica.
La indignación social que generó el caso de los 43 despertó la sed de justicia de los mexicanos en todo el territorio nacional y en el extranjero. Desde hace 15 meses, estudiantes, familias y ciudadanos han tomado las calles, se han plantado en Los Pinos, afuera de las oficinas gubernamentales, en plazas, en embajadas y en actos públicos, todo para exigir al Estado mexicano que busque y encuentre con vida a los miles de desaparecidos… Que salde su deuda con las familias.
“La respuesta del gobierno no ha sido más que irrespetuosa e insensible. Estoy alarmado por lo que ha ocurrido, pero no tengo miedo. Nunca renunciaremos a nuestra lucha por la justicia”, afirmó en una declaración para Amnistía Internacional, Omar García, sobreviviente del ataque en Iguala.

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