Gobierno que mata a sus jóvenes y estudiantes, no es Gobierno

28 Sep

Gobierno que mata y desaparece a sus jóvenes, el Gobierno que mata y desaparece estudiantes no merece ser llamado como tal y está destinado no sólo al fracaso, sino a la incredulidad y al repudio de los ciudadanos que, en teoría, lo llevaron al poder.
Eso decíamos hace un año desde aquí, desde esta Casa de Citas, sobre el ataque que el 27 y el 27 de septiembre padecieron los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.

Y como hace 365 días de aquella noche y madrugada infames creemos que un país y una sociedad que permite se mate a sus jóvenes con saña y sin que la justicia se ocupe de los culpables, es el peor, el que no tendrá un futuro digno y el que, de seguir así, se habrá de atener a las consecuencias.

La sociedad, otra vez unida en torno a la lucha de los padres, de los hermanos, de las familias, de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, a fuerza de los errores y la soberbia del Gobierno en este caso, debe recordar hoy a los 43 ausentes, pero también a los miles de desaparecidos por toda la República, a las decenas de miles asesinados, a los miles de secuestrados y extorsionados, a los miles de asaltados, a los miles de defraudados por funcionarios inútiles y corruptos.

Los gobernantes en México, decíamos hace un año, suelen ser dictadores y reyezuelos, indignos socialmente e incapaces intelectualmente para conducir las riendas de una Nación.

Somos hoy un país en el que de la noche a la mañana desaparecen 43 jóvenes y las autoridades son incapaces de encontrar una pista, porque se cubren las espaldas; donde elementos del Ejército pueden ejecutar a 22 jóvenes en Tlatlaya, Estado de México, supuestos delincuentes, sólo porque pueden, porque se sienten impunes; donde un comando puede secuestrar a 13 adolescentes, como los del bar Heaven, en la Ciudad de México, sin que ni siquiera las cámaras de seguridad puedan captar el hecho, porque así conviene, porque lo primero es tapar las implicaciones políticas y luego averiguar y aplicar la justicia,

El país que somos hoy, a un año de la tragedia de Iguala, es uno que ante la falta de justicia y de capacidad de sus gobernantes para dialogar y encontrar salidas civilizadas a cualquier crisis, opta por la barbarie y el retroceso de la civilización que simbolizan esas fosas llenas con restos humanos.

La clase de país que somos es uno en el que cuando aún no se termina de dar una explicación congruente sobre el fusilamiento de 22 jóvenes, en Tlatlaya, por parte de elementos del Estado, surge la desaparición de los 43 estudiantes normalistas como si fuera cualquier cosa, como si no pasara nada.

En todos estos casos ha existido el compromiso de distintas autoridades, ya sea municipales, estatales o federales de llegar hasta el fondo del asunto y castigar a los responsables.

Han caído algunos “presuntos culpables”, pero estos tres ejemplos nos hacen pensar que, tal vez, en la clase de país que somos, donde es más fácil matar y desaparecer a sus jóvenes que darles herramientas y abrirles camino para tener un destino próspero y saludable.

Hace un año, como si fuera hoy, planteamos desde este espacio que si, como repiten como pericos los políticos, el futuro del país está en sus niños y sus jóvenes, entonces México no lo tiene. No en este momento. No a un año de la desaparición de los 43. No cuando a diario se mata a jóvenes y estudiantes por todo el país.

Y la respuesta, de nuevo, la tiene una sociedad que debe encontrar pronto mecanismos para unirse, para solidarizarse, para protestar pacíficamente, para obligar a los políticos y a los poderes fácticos en este país a responder por sus abusos y omisiones.

Hoy, como hace un año, el panorama sigue siendo desolador. No se ha avanzado ni en la protección de los derechos humanos de los mexicanos, menos aún en materia económica y menos todavía en el fortalecimiento de las instituciones de justicia.

El recuerdo de los 43 debe ser también el de todos los desaparecidos en este país sembrado de cadáveres, producto de la violencia que generan la impunidad y la corrupción de quienes, por turnos, abusan cada trienio y cada sexenio de las instituciones del Estado mexicano.

El turno, dijimos hace un año y decimos hoy, es de la sociedad civil como la única opción para recomponer las cosas y exigir castigo ejemplar a estos excesos: sea para un Alcalde que se siente cacique, para un Gobernador irresponsable e incapaz, para un Procurador cansado y fastidiado, para un Secretario de Estado que minimiza la violencia, para un Presidente que se evade de todos los problemas, para militares y policías mal preparados que ejercen la violencia nomás porque pueden, o cualquier otro funcionario, del nivel que sea, que sienta que un poco de poder le da derecho a atentar contra la riqueza más grande de este país o cualquier otro: sus jóvenes, sus estudiantes.

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