Estado de Derecho: el precio de tener un país sin Ley

23 Jun

México está ya al borde de un despeñadero en materia de Estado de Derecho. Organizaciones internacionales, desde la ONU hasta la OCDE, el FMI e incluso estudios del Gobierno de Estados Unidos, pasando además por organismos civiles nacionales y extranjeros alertan que el país debe concentrar recursos y esfuerzos multilaterales para recuperar su credibilidad en esta materia y reconvertir su marcha hacia la de una Nación que verdaderamente respete las leyes en todas las áreas de su vida pública.

Como nunca antes, hoy México es visto en el mundo como un país donde el crimen sí paga, y donde las legislaciones pueden quedar rebasadas gracias al contubernio de los gobiernos federal, estatal y municipal con el crimen organizado, llámese narcotráfico, cárteles empresariales o hasta caciques locales.

El precio que los ciudadanos están pagando por ese comportamiento ilegal de políticos y funcionarios públicos es muy alto: no sólo son miles de vidas cegadas con una violencia cada vez mayor, la mayoría de jóvenes y adolescentes coptados por bandas criminales, sino además la imposibilidad de generar estabilidad y progreso en el terreno económico, con lo que también se opaca el futuro de millones de mexicanos.

Ayer, el Gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens Carstens, afirmó que un Estado débil no contribuye al crecimiento del país, por lo que llamó a fortalecerlo.

“Es imprescindible fortalecer el Estado de Derecho, un Estado de Derecho débil genera altos costos al aumentar la incertidumbre en las interacciones cotidianas y en las transacciones económicas al inducir una reasignación de recursos privados a la protección de bienes y personas y a retrasar la administración de la justicia”, comentó Carstens Carstens en la inauguración del “Annual Conference on Development Economics”, que se lleva a cabo en la Ciudad de México, con la presencia de diversas instituciones a nivel internacional.

Y también ayer, el diario británico Financial Times, uno de los más influyentes en el mundo, se refirió al tema en un amplio análisis titulado: “Crimen y castigo: México sufre el costo de ser un país sin Ley” o “falto de Ley”.

La seguridad, o la falta de ésta, es el principal problema que enfrentan los mexicanos, quienes sitúan el tema por encima del crecimiento económico, el desempleo o los servicios públicos, expuso el periódico en los resultados del Índice de seguridad de México elaborado por su servicio de investigación Medley Global Advisors.

El diario británico refiere cómo el proceso electoral de este año se vio “empañado” por más de 70 ataques violentos contra candidatos o su personal. “La intimidación electoral es sólo el comienzo de los problemas del ‘Estado de Derecho’ que abarcan los secuestros, el narcotráfico, la guerra de pandillas, la corrupción y las instituciones débiles”, afirmó el periodista Dan Bogler, autor del texto.

El índice de Medley Global Advisors muestra cómo estos problemas se distribuyen en todo el país y afectan tanto “al norte más desarrollado tanto como el sur más pobre”. Los estados con mayor riesgo por sí solos representan casi un quinto de la producción nacional, lo que alerta sobre esa creciente debilidad.

El reporte se basó en indicadores de homicidios, secuestros y extorsiones así como en variables cualitativas como la debilidad de las instituciones y la presencia de los cárteles de la droga, las entidades con el mayor riesgo de seguridad son: Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas.

El Financial Times menciona que las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) “sugieren que la lucha contra la delincuencia y la violencia puede le cuesta al país un considerable 3.2 por ciento del PIB [Producto Interno Bruto] al año, lo cual proviene de las pérdidas directas y tal vez de un tercio de la costo de la prevención”.

El análisis mencionó también que la mayor parte de esa carga recae en el sector privado y de manera desproporcionada a las empresas más pequeñas que les resulta más difícil de soportar los costos adicionales de seguridad. En contraste, destacó, el Gobierno federal gasta relativamente poco en la lucha contra el crimen y está lejos de adoptar los costosos pero, en última instancia, efectivos métodos que Colombia y Perú tienen para enfrentar a los cárteles de la droga.

Es decir, México ha perdido prestigio y credibilidad en todos los ámbitos e incluso respeto por sus esfuerzos contra el crimen organizado, una de las batallas que el resto de los países le habían aplaudido, a la luz de resultados cada vez más pobres.

Esos resultados negativos son cada vez más fáciles de explicar, si se analizan los niveles de corrupción e impunidad a los que el país ha llegado. Y lo peor: el camino de la solución no se ve a corto plazo, si se considera que las cabezas de los gobiernos –federal, estatal y municipal–, quienes debieran dar el ejemplo, son las primeras en violar la Ley y torcerla a su favor un día sí y el otro también.

El precio de mantener un país sin leyes es ya muy alto, todos lo saben, todos se dan cuenta, menos quienes tienen hoy las riendas del país, desde el Presidente de la República, hasta los legisladores, los partidos políticos y también los jueces que, como reflexionaba Lorenzo Meyer Cossío en una entrevista con SinEmbargo, parecen vivir en otro planeta.

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