Del “moche” al “diezmo político”: La corrupción se populariza en México

20 Jun

 

Mario Gómez, ex Alcalde de Tetipac, un pequeño municipio ubicado al norte del estado de Guerrero, describe cómo se pacta la corrupción en tiempos electorales en México para garantizar que el 10 por ciento del salario de los futuros empleados municipales vaya directamente al bolsillo del Edil electo.

“Los interesados tienen que apoyar al político en la campaña”, dice en entrevista telefónica con este diario tras documentar el modus operandi a través de testimonios de secretarios, policías, regidores y síndicos de diversos municipios de la región.

“Si gana, se los lleva a trabajar condicionados a dar ‘el diezmo’ para uso personal del Presidente municipal a quien cada quincena deben pagar”.

De acuerdo con el Banco Mundial, la corrupción cuesta a México anualmente el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mucho más que la fortuna de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo según la revista Forbes. José Luis Antón Alvarado, analista económico, dice:

“Hay un valor positivo en la corrupción como aceite de la maquinaria económica, engrane del sistema de justicia y factor para que funcione: La sanción social es inexistente. Por el contrario, se alientan y encomian: el que consigue un contrato a través de prebendas es considerado hábil, que tiene colmillo, que sabe su negocio”.

El “diezmo” o “el moche” como se conoce popularmente a esta práctica de corrupción tiene décadas de haberse popularizado en la vida publica de México con tal éxito que la practican por igual en todos los partidos, empresas que quieren contratos con el gobierno, presidentes municipales y gobernadores; legisladores y hasta los políticos más puristas.

“Durante los seis años que Andrés Manuel López Obrador (2000- 2006) fue jefe de gobierno del Distrito Federal me pagaban cuatro mil pesos para su campaña presidencial”, cuenta en anonimato María R., quien aún trabaja en la tesorería de la capital mexicana. “Era muy molesto, pero si no lo aceptabas te corrían”.

En el último año, dos altos funcionarios en la Ciudad de México, Mauricio Toledo y Elízabeth Mateos, delegados en Coyoacán e Iztacalco respectivamente, fueron acusados de despedir a empleados que se negaron a pagar el 10 por ciento de salario para beneficio de sus jefes.

Darío Larrondo, ex coordinador de Modernización Administrativa en Coyoacán, se negó a dar los 300 dólares que exigía el Delegado y no duró más de seis meses en el puesto.

“Los empleados saben que es mejor pagar a los funcionarios a cambio de un empleo que no tener nada y los gobernantes abusan de la necesidad”, describe el ex munícipe Gómez.

En el poder legislativo la estrategia es diferente, según acusaciones de diversos diputados en contra del ex coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Alberto Villarreal.

La Cámara de Diputados maneja anualmente de manera discrecional una partida de alrededor de 12 millones de dólares conocida como “Ramo 23” que en teoría debería ser para apoyo a los estados y municipios, pero, en la práctica, ha servido de caja chica a los congresistas que autorizan ese dinero para políticos locales que a cambio les dan hasta el 40 por ciento.

“Hay un coyotaje institucionalizado, señor Presidente”, dijo en mayo de 2013 Leticia Quezada presidenta de la Asociación de Autoridades Locales de México, a Enrique Peña Nieto. “Resulta imposible llegar a los fondos federales sin caer en ese coyotaje”.

Bien lo sabe Mardonio Reyna, un exmigrante de California que regresó a Pilcaya, su municipio natal, para postularse como candidato en 2006 y ganó.

“Yo hacía todos los trámites que había que hacer para que me dieran dinero y no entendía por qué no me lo daban si realmente estaba demostrando que el municipio necesitaba las obras y sin embargo otros con menos necesidad se llevaban el dinero”, cuenta. Así fue a preguntar directo a un secretario quien le dio la respuesta de manera indirecta: “¿Cuánto ofreció?”.

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