Los mexicanos privados de su memoria

17 Jun

En 2002, el Presidente Vicente Fox oficializó la apertura de los archivos de la guerra sucia. Este momento fue presentado como una de las primeras victorias de la Ley Federal de Transparencia según lo reportan los artículos periodísticos de la época. El Secretario de Gobernación en aquel entonces, Santiago Creel, declaró que su apertura representaba “una suerte de sustituto de la Comisión de la Verdad (…). Serán millones de mexicanos quienes podrán consultar los archivos del pasado.” Trece años después, contrario a estos pronósticos, el numero de Mexicanos que pueden consultar estos fondos es equivalente a cero.

En México, llevamos casi 6 meses sin que estudiantes, investigadores, periodistas y otros usuarios de la Galería 1 puedan consultar los documentos de la guerra sucia resguardados en el Fondo Documental de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), en el Archivo General de la Nación (AGN) . Desde el inicio del año, se cerró la consulta directa a estos documentos porque caen en la definición de archivos históricos confidenciales.

Camilo Vicente Ovalle, investigador, dice que si hasta el año pasado se podía consultar de manera directa estos archivos aunque bajo la vigilancia de personal del CISEN a cargo de este fondo, hoy en día solo se pueden pedir versiones públicas a través de solicitudes de información: Y esas versiones públicas ya no son testadas por personal del AGN, sino por servidores públicos del CISEN. Además nos comparten versiones públicas en las cuales están testando direcciones de instituciones públicas, nombres de empresas, municipios, nombres de funcionarios públicos, etc.
Entonces, hoy en día, un investigador interesado en conocer algún documento del fondo de la DSF solo puede aspirar a tener acceso, después de muchos días de paciencia a una versión pública testada. ¿Cómo hemos llegado a esta situación ? ¿Cómo hemos llegado a que archivos de la guerra sucia sean casi imposibles de consultar? Son archivos cuyo contenido es de interés público, fundamental para nuestro derecho a la verdad, para reconstruir hechos del pasado con el objetivo de que estos graves acontecimientos no vuelvan a suceder. Como bien lo establece la UNESCO, en su Oficina de Información Pública. Memobpi, los archivos son el depósito de la memoria individual y colectiva; son indispensables para comprender el pasado de las sociedades y de los individuos; y proporcionan datos susceptibles de servir de guías para las orientaciones y acciones, tanto actuales como venideras.
La existencia de un entramado legal lleno de contradicciones. La noción de archivos históricos confidenciales apareció en el artículo 27 de la Ley Federal de Archivos de 2012 creando mucha confusión y permitiendo limitar, por un periodo de 30 a 70 años, el acceso a los documentos cuando tengan datos confidenciales, es decir datos personales.
Sin embargo, los archivos históricos, por su naturaleza, son fuentes de acceso público. Según la Ley Federal de Transparencia en su artículo 18 , no se considera confidencial la información que se halle en los registros públicos o en fuentes de acceso público. Además en este caso, no estamos hablando de cualquier archivo: son documentos que están relacionados con violaciones graves a derechos humanos, son relacionados a la guerra sucia. La ley General de Transparencia establece en su artículo 115 que no se podrá reservar la información que trate de violaciones graves a derechos humanos y crimen de lesa humanidad. En su informe Derecho a la Verdad con fecha del 13 de agosto de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que el cierre de archivos históricos genera un impacto negativo en la confianza de la ciudadanía y profundiza las secuelas de violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado.
Existen remedios a esta situación kafkiana. En el marco de la reforma constitucional de transparencia, los legisladores tienen la obligación de armonizar el marco normativo, y uno de estos pendientes es la elaboración de la Ley General de Archivos. La creación de esta ley, que algunos senadores prometieron dentro de unas semanas, representa una oportunidad para resolver estos conflictos y acabar con la discrecionalidad y la opacidad que prevalece por el momento.
Para esto, es muy importante que el proceso de elaboración de esta Ley General de Archivos sea abierto, participativo y plural; que se escuche la voz de los usuarios, de los investigadores y periodistas, para que, de manera colectiva, se resuelvan estos conflictos y contradicciones que hacen imposible hoy en día un ejercicio pleno del derecho a la verdad en el país sobre asuntos graves del pasado.

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