En 3 años no pudieron y en los próximos 3 se pondrá peor, afirman especialistas en seguridad

14 May

El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se acerca a la primera mitad de su administración con “una historia de estrategias de seguridad fallidas”, escenario que se enturbió aún más desde el pasado 1 de mayo con el ataque coordinado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sobre tres entidades del país, pues exhibió la debilidad que existe en las áreas de inteligencia y la poca capacidad de respuesta del Estado ante el reto frontal del crimen organizado, coincidieron expertos en seguridad consultados por SinEmbargo.

Los hechos violentos registrados el viernes pasado en Jalisco, Guanajuato y Colima, en los que incluso el Cártel Jalisco Nueva Generación derribó un helicóptero con un lanzacohetes de fabricación rusa, marcan el preámbulo de una nueva y más violenta etapa en la guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006 por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, si la estrategia actual no cambia radicalmente, advirtieron.

Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), consideró que lo sorprendente fue ver que el Gobierno federal no estaba preparado para prever la ofensiva, cuando la situación de criminalidad en esa entidad había sido advertida por organizaciones como el propio ONC desde hace más de un año y, además, ocurrió en un contexto de delincuencia generalizada en el país.

Sin embargo, destacó Rivas Rodríguez, el Gobierno federal ha insistido en minimizar el problema de la criminalidad. “Toda vez que se tocan temas sensibles en el tema de seguridad esta autoridad los viene tratando de desactivar a través de bajarle un poco el perfil”.

“No es más que un mensaje del crimen organizado a la clase política en campañas electorales para decirles ‘quién manda’ y con ‘quién tendrán que negociar’, dijo por su parte el criminólogo Pablo Monzalvo Pérez, académico del Diplomado en Seguridad Pública de la Universidad Iberoamericana.

“Es parte de la estrategia de la delincuencia organizada, quieren hacerse notar, decir: ‘aquí estamos’, buscan tener el control del territorio. Lo grave aquí es la ineficacia del área de inteligencia que no supo detectar el operativo que estaban por lanzar los criminales”, opinó el experto.

No se trata de un resurgimiento de la violencia o del crecimiento espontáneo de un cártel al que no se le puso atención en los años pasados, “nadie se puede llamar a engaño”, sobre todo si se toman en cuenta que el Gobierno federal ha estado interviniendo Jalisco desde el año pasado, planteó Erubiel Tirado, coordinador del programa académico de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana.

“Y, sin embargo, no ha habido resultados sino el empeoramiento de la situación: envió a la Gendarmería y ha habido operativos del Ejército (algunos contra miembros de cárteles). En ambas situaciones no ha informado previamente al Gobierno jalisciense de sus decisiones. Síntoma de la distancia entre las dos esferas de gobierno. Hay desconfianza”, destacó.

Ayer, distintos medios de comunicación y tink tanks extranjeros destacaron la gravedad de que en el ataque coordinador del 1 de mayo haya alcanzado a la aeronave, así como también el hecho del tipo de arma que se usó para derribarla.

“Esta es la primera vez que se ha eliminado un helicóptero”, dijo Guillermo Valdés Castellanos, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), en entrevista con el diario norteamericano The Wall Street Journal.

“Esto significa que el Cártel de Jalisco Nueva Generación es una poderosa organización con el dinero para adquirir armas de gran alcance, formar pequeños ejércitos y entrenar a su gente en el uso de estas armas. Estas personas han tenido RPGs –lanzacohetes de alto poder explosivo y de fragmentación– por un largo tiempo, pero es la primera vez que les disparan contra un helicóptero”, agregó.

En tanto que la organización Insight Crime, dedicada al estudio del crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, dijo en un análisis que el ataque del helicóptero es un ejemplo de la inclinación del CJNG para llevar a cabo “ataques audaces contra las fuerzas de seguridad” del Gobierno de México.

Algunas de las armas decomisadas al CJNG son rusas; se han detectado alemanas y norteamericanas, pero no una compra directa a Rusia de lanzacohetes.

NEGLIGENCIA Y DESCUIDO

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En este punto, expertos consultados por SinEmbargo expresaron que el Estado mexicano no está en otro nivel de confrontación con los cárteles del narcotráfico ni es peor que el que vivió el país en años anteriores, durante el sexenio calderonista, pero debe tomar previsiones para evitar que la violencia se recrudezca.

“Hay negligencia y descuido con base en riesgos (mal) calculados por el propio Gobierno federal en complicidad con los gobiernos estatales, como el de Jalisco. Un dato: los mismos responsables de la seguridad estatal del pasado gobierno panista son los mismos bajo el actual gobierno priista (en el ámbito federal puede decirse lo mismo en cuanto a la prevalencia de operadores y tomadores de decisión en los últimos 20 años). En Jalisco, no hay cambio y sí más poder legal y presupuestal en la burocracia de la seguridad (Fiscalía General)”, dijo Erubiel Tirado, experto e investigador en Seguridad Nacional de la Ibero.

El especialista consideró que lo que ocurre en Jalisco es un escalamiento de la situación crítica de seguridad en la entidad, debido a su posición geoestratégica como corredor de mercancías y lugar de transacciones ilegales –situación evidente desde los años ochenta del siglo pasado–.

Consideró que la entidad es “un laboratorio de las acciones de la estrategia general del Gobierno federal que tiene varios rasgos de continuidad con la administración de Calderón. Es el caso del mando único policial (impulsada por Genaro García Luna, el anterior Secretario de seguridad de Calderón). La Fuerza Única Jalisco se conformó a partir de los mejores policías de todos lo municipios (los que pasaron todos los exámenes pero con una capacitación de tres meses en una academia concesionada a empresarios), dejando desprotegidos a los mismos municipios”.

El especialista consideró que tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como la de Marina (Semar) tienen influencia en las políticas de seguridad pública en la entidad, “tienen derecho de veto sobre los nombramientos de los responsables de seguridad en el estado y a nivel municipal”.

Por su parte, Monzalvo Pérez destacó que lo que sucedió en Jalisco es también parte de una falla del Gobierno federal para detener la venta de armas de Estados Unidos a mexicanos.

Un lanzagranadas, dijo, no es cualquier arma que se puede vender con facilidad.

“Esas armas no se producen en México. Entonces el problema es a nivel internacional. Habla de la incapacidad de llegar a un arreglo político para que estas armas no las compre cualquiera. Esa arma pasó por una frontera o un puerto, por vía área, carretera o por barco, ¿nadie vio nada?, ¿nadie se enteró?”, cuestionó.

El criminólogo expuso que la violencia no se detendrá al menos en corto plazo, y quizá menguará una vez concluido el proceso electoral del próximo 7 de junio.

“Este no sólo es un problema de gobierno. Es un problema de Estado. El concepto de Estado es más amplio y abarca gobierno, población y territorio. Hay adultos y jóvenes que no tienen trabajo. Si no hay trabajo seguirán trabajando para la delincuencia”, expuso.

En tanto que el representante del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) dijo que lo con lo que ha ocurrido en los últimos meses, no sólo en Jalisco sino en otras entidades como Tamaulipas, parecía que la narrativa regresaba a la criminalidad común.

Rivas Rodríguez refirió también el caso de Guerrero para señalar que el problema de la delincuencia organizada se ha mantenido latente en el país, a pesar de que durante la actual administración federal no se ha querido visibilizar.

Ese afán de minimizar las acciones del crimen organizado ha estado aparejado durante el sexenio actual con una continuidad de la estrategia emprendida por el gobierno anterior, consideró. Dicha estrategia consiste en confrontar a los grupos criminales, descabezar a las organizaciones pero sin atacar sus estructuras e involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas policiales.

El problema es que en la medida en que el Gobierno federal no reconozca que el problema es de la dimensión de un cáncer y no de una gripe, ilustra Rivas. “No vamos a poder erradicar el cáncer de la criminalidad organizada [si] vamos a estar tomando aspirinas y aspirinas”.

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