El Legislativo olvida la Transición Energética

1 May

En diciembre de 2013, luego de 70 años sin cambios trascendentes, el Congreso aprobó cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de México para permitir la entrada de capital privado al sector energético.

Entre las principales reformas aplicadas, y que fueron objetivo central al inicio de la administración federal que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto para “Mover a México, está el permitir los contratos con particulares en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo de la Nación, “a fin de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo en el largo plazo”.

Además, tanto Petróleos Mexicanos (Pemex) como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pasaron de ser organismos descentralizados a “Empresas Productivas del Estado” y se les dio un plazo de dos años para concretar su nueva fisonomía. Aun sin cambiar de régimen, hoy se les permite, entre otros asuntos, celebrar contratos con particulares a partir del marco legal vigente.

Estos cambios, de acuerdo con analistas del sector, eran en ese momento la prioridad de un Gobierno federal que espera apuntalar con ellos un repunte en el crecimiento económico del país. Sin embargo, el cambio en la matriz energética, el desplome en los precios internacionales del petróleo y las malas señales que ha enviado el país en materia de corrupción y falta de Estado de Derecho han dañado seriamente el objetivo del sexenio de Peña Nieto.

Ahora, incluso, ya hay expertos e inversionistas que aseguran que la desconfianza en quienes gobiernan el país, debido a las cancelaciones de contratos a empresas trasnacionales y el aplazamiento de proyectos de infraestructura, además de escándalos recientes de corrupción que involucran a los más alto de la clase política con empresas contratistas del Gobierno federal, podría demorar aún más la apertura en materia de energía.

Otra crítica más es que el Gobierno federal, en su afán por concretar la Reforma Energética, no incluyó en ésta a las energías renovables, para combatir efectivamente el cambio climático y mejorar la calidad de vida de los habitantes del país.

El Poder Legislativo aprobó el dictamen para la Ley de Transición Energética (LTE), pero a sólo dos días de que concluya el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión ésta no ha sido votada, y al no tener un marco de referencia no sólo se retrasan los beneficios que pudiera otorgar a los ciudadanos la promoción y el uso intensivo de energías verdes, sino que nuevamente se detienen inversiones por miles de millones de pesos en el país.

En este contexto, un grupo de al menos 18 organizaciones civiles acusa a los legisladores de, nuevamente, favorecer intereses de particulares en contra de los beneficios que la LTE puede llevar a la mayoría de los mexicanos.

Las organizaciones solicitaron expresamente a los senadores David Penchyna Grub, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury, presidente y secretarios de la Comisión de Energía de la Cámara Alta, respectivamente, que permitan que el dictamen de la Ley sea votado en el pleno antes del 30 de abril, fecha en que concluye el periodo ordinario de sesiones.

Entre los argumentos que exponen esas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) destacan que la LTE es la única Ley Secundaria de la Reforma Energética que beneficia al medio ambiente y promueve un desarrollo económico de bajas emisiones de carbono, además de que establece una participación mínima de 35 por ciento de energías verdes en la generación eléctrica para 2024 (con metas intermedias entre 2018 y 2021) y ofrece garantías a los participantes en ese mercado, lo que promueve las inversiones al brindar certidumbre sobre su desarrollo; con esta ley, dicen, se cumpliría la meta del 35 por ciento y generar hasta 90 mil empleos directos en 2024.

Además, de cumplirse esas metas, el sector eléctrico bajaría sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) entre 30 y 50 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente (MtCO2e) por año al 2024, y se configuraría una matriz energética con menor participación de hidrocarburos, que incentive un desarrollo económico bajo en emisiones de carbono y cree un industria más competitiva a nivel internacional.

“Con el desarrollo de las energías renovables se limitaría hasta en un 65 por ciento la explotación de los hidrocarburos convencionales y no convencionales a través de técnicas con fuertes impactos negativos sobre el medio ambiente y la población”, afirman las ONGs. También, al promover un modelo de generación eléctrica distribuida para instalar hasta 20 GW de energía renovable, se eliminaría de forma paulatina hasta la mitad del subsidio eléctrico nacional [43 mil millones de pesos anuales], y los usuarios tendrían el beneficio de reducir el pago del recibo de luz por debajo de los montos actuales.

Son muchas más las ventajas que esas organizaciones civiles exponen, pero del otro lado, en el campo de los legisladores, sólo han encontrado silencio.

La actual “clase” política sigue empeñada en que el país conserve su dependencia del petróleo, pues tiene claros intereses en ese sector, denunciaron. Otra vez, los intereses particulares de un puñado está deteniendo el desarrollo y los beneficios de la sustentabilidad, en un país agobiado por la destrucción de sus afluentes, de sus suelos, de sus bosques, de sus mares, etcétera.

Quedan 48 horas para, como dice el eslogan de la Presidencia, “Mover a México” hacia un rumbo más sano y sustentable. Aunque por la reacción de diputados y senadores, esa tampoco es una prioridad del actual grupo en el poder.

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