Masacres en silencio

28 Abr

Masacre tras masacre y parece ser que la historia no tiene fin. La evidencia irrefutable de que “fue el Estado” parece no alterar a los que están al mando de los designios de este país. Con respuestas simplonas y alto grado de cinismo se desechan cual basura. Tlatlaya-Ayotzinapa-Apatzingan son crímenes de lesa humanidad, pero el gobierno y los medios los tratan como si fueran asuntos públicos menores.

Caricatura de Castillo, De monero Rapé.

Caricatura de Castillo, De monero Rapé.

El continuo aumento en el registro de violaciones graves a los derechos humanos en México quiere decir que las condiciones en el territorio son aptas para que sigan sucedan. ¿Cuál es son éstas condiciones? La más importante es la común y rampante impunidad en casi todos los ámbitos de nuestra cultura política, social,  económica y jurídica. Cuando alguien actúa con impunidad, significa que sus acciones no tienen consecuencias. En ninguna de las tres masacres citadas hubo serias consecuencias para los perpetradores ni para los responsables. Pero sí hubo letanías gubernamentales que buscan asumir que la sociedad es imbécil.

En días recientes se presentó el Índice Global de Impunidad, un estudio realizado por la Universidad de las Américas, que no tiene desprecio.

Aquí algunas anotaciones del índice que aportan el contexto necesario: México ocupa el lugar 58 de 193 Estados miembros de las Naciones Unidas en materia de impunidad. El índice revela la necesidad que tiene México de contar con más jueces dentro del sistema de justicia. De esta manera se podría reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia y con ello también reducir la sobrepoblación de las cárceles. IGI estima una proporción promedio de los países de 17 jueces por cada 100 mil habitantes. México cuenta con solo 4 jueces por cada 100 mil habitantes cifra muy menor al promedio global. Croacia, país con el índice más bajo de impunidad, cuenta con 45 jueces por cada 100 mil habitantes. El Índice permitió evidenciar que casi la mitad de su población detenida está sin sentencia (46%). La impunidad sostiene las venas del sistema. Erradicar la impunidad implicaría cambiar el sistema. Y ahí comienzan los problemas.

El segundo elemento que hace propicio el contexto presente es la falta de voluntad política, en palabras mundanas: querer que las cosas no estén tan jodidas y, ante la imperiosa necesidad de cambios, no hacer nada. No coqueteo con la idea de que todo podría cambiar inmediatamente. Tomará su tiempo, sin duda. Pero nada avanzará mientras la falta de voluntad política para garantizar el estado de derecho siga ausente. La victimización de las autoridades se basa en frases interminables como: “vamos avanzando”, “estamos trabajando”, un aberrante uso del gerundio.

Castigar a las autoridades que cometen ejecuciones extrajudiciales no solo necesita de investigaciones diligentes y profesionales –las cuales no tenemos- sino de una voluntad que no ate a la justicia con los vaivenes políticos. En México se prefiere (ojo con el verbo) no castigar cuando haya un alto costo político. Como sería el caso de Tlatlaya y Apatzingán dónde policías federales y militares ejecutaron a civiles.

El reportaje “Fueron los federales” debería haber ocupado espacios relevantes en los medios de comunicación. La información nueva de hechos conocidos pone en entredicho la versión oficial. Eso en sí hace que el tema vuelva a ser de interés público. La cortina mediática instrumental al gobierno optó por opacar la información y no aportar nada nuevo. La nota se convirtió en la incipiente respuesta gubernamental. El silencio mediático sobre Apatzingan, después del reportaje, levanta más dudas que certezas. Sé de buena fuente que el reportaje sufrió el intento de ser enterrado y censurado, y no por las autoridades, sino por medios de comunicación que –a petición expresa o como favor al gobierno- su línea editorial lleva el tinte gubernamental.

Preguntando sobre porqué esa incipiente cobertura algunos periodistas me dijeron que era porque animadversión a la autora, otros por la clara intención de esconder la información y otros me dijeron que no conocían el material (a pesar que varios de ellos lo tuvieron en sus mesas de redacción). Cualquier pretexto es preocupante y grosero, desde mi punto de vista. Sin caer en inútiles alabanzas a Castellanos, el material aporta muchos elementos para el análisis y despeja el camino para continuar con trabajos periodísticos que revelen la verdad de la masacre de Apatzingán. Cualquiera que sea el pretexto para omitir la cobertura del reportaje es una traición al periodismo.

Detenernos en la respuesta gubernamental es fundamental. Alfredo Castillo, responsable en su momento de la paz en Michoacán, hizo declaraciones a Milenio que alarman. Afirmó que no estaba autorizado para hablar de los hecho en Apatzingán porque ahora está en la CONADE. ¿Será que el señor Castillo cree que no conocemos la ley de responsabilidades administrativas? Aseveró que todo lo dicho por él en su momento está sustentado. Señor Castillo, el reportaje de Castellanos echa abajo todo su sustento, por eso la carga de la prueba está del lado de las autoridades. Al concierto de incoherencias de Castillo hay que sumarles las de Osorio Chong, quien afirmó que “las fuerzas federales (…) siempre ejemplo de honestidad, apego a derecho y respeto irrestricto a los derechos humanos, manifestó que una vez concluidas las investigaciones, la ciudadanía será debidamente informada de los resultados.” Un vacío comunicado de Gobernación asume que con lanzar “se investigará” ya todo está bien y podemos pasar al siguiente capítulo.

Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingan son muestras del avasallamiento sistemático de violaciones graves a los derechos humanos. El alud está incontenible. Sin embargo, haríamos mal en no reconocer acciones que logran modificar el caudal de la impunidad y de os malos actos de gobierno. Acciones que logran develar y explicar hechos que laceran a la sociedad entera. Hay vida en el periodismo mexicano. No todo está anquilosado en el pasado. Hay periodistas que con gran rigor, valentía y audacia logran afirmar que no todo está perdido. Laura Castellanos y Pablo Ferri son dos periodistas que nos dieron algunas de las historias que han cambiado la historia contemporánea de México. Conocer las historias de soldados y federales que actúan igual que los delincuentes profesionales es un derecho de la sociedad, no una prerrogativa del gobierno o los medios de comunicación. Hay una corriente de periodistas y medios que buscan hacer las cosas mejor y diferente. De eso estoy cierto. Pensar que tenemos información porque nuestros noticiarios y diarios están llenos, es una lectura errónea de nuestra realidad. No es que hay que buscar buenas o malas noticias, como sugiere Peña. El tema es buscar noticias que abonen a nuestra democracia. Mientras haya ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas el periodismo tiene un responsabilidad ulterior de informar de manera veraz, independiente y oportuna. El contexto es adverso pero algunas historias logran saltar la zanja del secretismo y opacidad para hacer lo que el periodismo debe de aportar a la democracia: información.

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