Aristegui, libertades y pluralidad

31 Mar

“Conflicto entre particulares”. Así calificó la Secretaría de Gobernación la disputa entre MVS y Carmen Aristegui, en un comunicado que emitió la semana pasada. Tal cual: un mero diferendo entre dos partes con obligaciones mercantiles, pero no responsabilidades públicas.

A SEGOB le pareció que el problema se limitaba a lo privado, como si al gobierno federal no le correspondiera tomar postura ante el sorpresivo despido de la periodista más influyente del país de una empresa que utiliza una concesión pública, como si quedara exculpado tan solo porque no se ha demostrado que participó en el despido de la comunicadora, como si no estuviera obligado a proteger ampliamente la libertad de expresión y la pluralidad de fuentes de información.

Ante tal indiferencia de la administración federal cabe recordar que una autoridad que se desentiende de la amplia protección de las libertades y de garantizar la pluralidad de fuentes de información, no puede jactarse de ser auténticamente democrática. Nada más y nada menos.

En la actualidad, los mayores rezagos de la democracia mexicana corresponden no a cómo se accede al poder, sino a cómo este se ejerce. Entre las mayores deudas del Estado mexicano con la consolidación democrática destaca que no se ha comprometido a fondo con la amplia protección de la libertad de expresión y con la pluralidad de fuentes de información.

El conflicto entre Aristegui y MVS tiene múltiples aristas y la discusión podría ser interminable. En este mar de posibles debates, hay algo que difícilmente puede cuestionarse: la salida de la periodista más influyente del país de un medio de comunicación que utiliza una concesión pública, justo meses después de que la periodista revelara uno de los escándalos más demoledores si no es que el más demoledor en lo que va del siglo XXI mexicano –la Casa Blanca–, necesariamente tiene que ver con la libertad de expresión y con la pluralidad de fuentes de información.

Más allá de lo sucedido con Aristegui, a lo largo de los últimos años las condiciones estructurales para ejercer el periodismo en México han pasado de malas a pésimas. En amplias porciones del territorio nacional, dar a conocer información que amenace intereses poderosos supone arriesgar la integridad, ante la mirada pasiva de las autoridades, cuando no son estas mismas las que están detrás de las agresiones.

Un gobierno auténticamente democrático no debe lavarse las manos de un asunto como el de Aristegui. De hecho, no hay gobierno que pueda jactarse de ser plenamente democrático si no está comprometido con la amplia protección de la libertad de expresión, sea la de Carmen o la de miles de periodistas que son agredidos a diario, e independientemente de si la entidad que atenta contra la libertad de expresión es pública o privada.

Ante la situación por la que atraviesa el país, un gobierno federal comprometido con la libertad y la pluralidad estaría, por ejemplo, presentando mensualmente las políticas públicas y los logros de la Fiscalía especial para la atención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión, que si bien existe dentro de la PGR prácticamente no se conoce.

En la misma tesitura, este gobierno auténticamente democrático ejercería el presupuesto destinado a publicidad a partir de criterios técnicos –considerando objetivos de las campañas, impacto de cada uno de los medios y precios– y con total transparencia, no como ahora ocurre: inundando con publicidad a los medios aliados y asignando apenas lo mínimo a los medios críticos.

En el conflicto entre Aristegui y MVS, en tanto se trata de un asunto relacionado con la libertad de expresión y la pluralidad de fuentes de información, un gobierno democrático debería, cuando menos, asumir una postura protectora de la libertad de expresión, reconocer el carácter público del diferendo, y crear condiciones institucionales y de política pública para impedir que situaciones como esta lastimen la pluralidad de fuentes de información –democratizar los medios; consolidar canales públicos de Estado, no de gobiernos; repartir de manera más justa los recursos para publicidad.

En caso de que el gobierno federal se sostenga en la indiferencia hacia la libertad y la pluralidad, estaría aceptando que quizá cree en la democracia como método para integrar gobiernos, pero cree más bien poco en la democracia específicamente liberal, y en particular en dos de sus puntales, la libertad de expresión y la pluralidad de fuentes de información. Vaya si esto sería preocupante.

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