El Gobierno mexicano, otra vez, es exhibido ante el mundo

23 Mar

Desde hace meses, el Gobierno federal no ha podido revertir el deterioro de su imagen a nivel mundial. Peor aún, sigue siendo exhibido en foros internacionales lo mismo por activistas que por instituciones –como es el caso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)–, así como por personalidades defensoras de los derechos humanos e investigaciones realizadas por periodistas de los medios de comunicación más influyentes del orbe.

Los escándalos por los asesinatos de civiles en Tlatlaya, Estado de México, cometidos por militares; por el asesinato de tres y el secuestro de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, a manos de policías de Iguala, Guerrero; por las revelaciones de las casas que adquirieron el propio Presidente, su esposa y su titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de un constructor que ha sido favorecido con contratos multimillonarios por la actual administración y la que también condujo Enrique Peña Nieto como Gobernador del Estado de México; las denuncias en foros nacionales y del extranjero por la crisis histórica en violaciones a los derechos humanos; las exigencias para que el gobierno reconozca el delito de feminicidio en toda su dimensión, y la urgencia de que el gobierno reconozca y atienda el problema de desaparición forzada, entre muchos otros temas, han sido algunos de los temas para exhibir a la actual administración federal ante los ojos del mundo.

El viernes, desde Washington DC, la capital de Estados Unidos, organizaciones civiles denunciaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Gobierno mexicano no cuenta con una política integral para atender las desapariciones forzadas en el país, lo que ha propiciado la impunidad y que algunos funcionarios “revictimicen” a los familiares de los desaparecidos.

En el marco del 154 periodo de sesiones de la CIDH, y con la atención de decenas de periodistas de diversas partes del orbe, más de 20 organizaciones recriminaron al gobierno por no reconocer que la desaparición forzada es un problema que ha alcanzado a todo el país y que, incluso, como ya lo había denunciado la ONU, en la mayoría de los casos las autoridades están coludidas con el crimen organizado, como quedó de manifiesto con los normalistas de Ayotzinapa.

“El gobierno pretende ignorar el problema, cuando se les habla de las desapariciones forzadas nos descalifican”, expuso Gabino Gómez Escárcega, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua.

Esto pasa, dijo, porque existe la infiltración en los cuerpos policiacos del crimen organizado, lo que ha impedido la búsqueda de las personas desaparecidas. “¿Cómo explicar que se entreguen pruebas a los ministerios públicos y las pierdan?”, dijo.

Gómez Escárcega afirmó que de 2010 a 2014 se han encontrado 90 fosas en Chihuahua y 200 en Guerrero. “De norte a sur, México es un cementerio humano y la tragedia continúa”, externó.

Por su parte, Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña – Tlachinollan, pidió a la CIDH que intervenga para que el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala se considere como desaparición forzada.

“Solicitamos la intervención de la Comisión para pedir al gobierno que considere el caso Ayotzinapa como desaparición forzada, porque actualmente ninguna de las personas acusadas en el caso Iguala se encuentra procesada por desaparición forzada, sólo por secuestro”, dijo.

Durante la sesión denominada “Situación general de derechos humanos en el estado de Guerrero, México”, también la CIDH solicitó al Estado mexicano no perseguir ni estigmatizar la labor de los defensores de derechos humanos en el país como lo denunciaron las organizaciones en la sesión.

De acuerdo con los defensores de derechos humanos, más de 14 dirigentes sociales han sido procesados por defender sus derechos y cuatro de ellos están recluidos en penales de máxima seguridad, como es el caso de Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras de la Presa La Parota (Cecop). También se refirieron a las declaraciones de las autoridades donde descalifica los informes de organismos internacionales.

Además, en la audiencia “Denuncias de tortura sexual contra mujeres en México”, las organizaciones civiles denunciaron ante la CIDH que el Estado mexicano utiliza la tortura sexual en contra de las mujeres para generar pruebas inculpatorias, castigar a quienes participan en movimientos sociales, intimidación y humillación.

Ante integrantes de la Comisión y representantes del Gobierno federal, las organizaciones presentaron el video de la campaña “Rompiendo el Silencio”, que es una iniciativa impulsada por las 11 mujeres denunciantes de tortura en Atenco, Estado de México, durante y luego de los enfrentamientos de los pobladores con autoridades federales y de esa entidad en mayo de 2006.

Al respecto, la Comisionada Tracy Robinson, Relatora de los Derechos de las Mujeres de la CIDH, celebró la campaña “Rompiendo el Silencio” y recordó que ésta es la tercera vez que la Comisión escucha audiencias en materia de tortura hacia las mujeres en México. “La campaña ‘Rompiendo el silencio la celebro’, es la tercera vez que la comisión ha recibido audiencias sobre tortura en México”, dijo.

Tracy Robinson cuestionó al Estado mexicano para que informe acerca de las iniciativas que maneja en el tema de prevención de la tortura sexual.

“Quería hacer una pregunta al Estado, me interesa información más específica en cuanto a la tortura sexual, me interesa ver iniciativas de prevención, no sólo después de suceder el hecho, quiero escuchar más su notificación de la tortura sexual y cómo lo aborda el gobierno de México”, expuso.

Pese a estas voces que denuncian a nivel internacional la falta de acciones del Gobierno federal ante temas relacionados con violaciones a los derechos humanos de los mexicanos, éste sigue rechazando acusaciones, lo que también le ha generado críticas e incluso enfrentamientos con organismos y líderes a todos los niveles.

La persistencia de esa postura y la inacción ha dañado aún más la imagen de la administración federal pero, todavía más grave, permite que los crímenes contra los derechos humanos crezcan y dañen a miles y miles de familias en todo el país. Aunque el Gobierno se escude en el silencio, para apoyarse en el tiempo y la desmemoria ante estos hechos, esas voces seguirán creciendo y sembrando su mensaje en el mundo. Y nada de eso, sobre todo la falta de acciones contundentes, le conviene a los mexicanos.

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