Hay crisis, pero el gobierno no da su brazo a torcer

23 Feb

Dos hechos confirman que, aun cuando un parte del gobierno federal reconoce que ha perdido la confianza de los ciudadanos en México, y de la opinión pública, inversionistas e incluso la de algunos gobiernos en el extranjero, otros más no darán su brazo a torcer o, lo que es lo mismo, no cambiarán ni un milímetro las políticas públicas que lo mantienen en el hoyo… y cavando.

Primero, en una entrevista con el prestigiado diario Financial Times, Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y protagonista de un reciente caso de conflicto de interés que no ha sido suficientemente aclarado, aceptó que la actual administración no es confiable para la sociedad en México: “Necesitamos abordar lo que realmente importa a la sociedad mexicana, que es no [sólo] la corrupción y la transparencia. Va más lejos: tiene que ver con la confianza”, dijo el encargado de las finanzas públicas del país.

Videgaray Caso es el primer funcionario federal que abiertamente reconoce esta crisis. En un acto casi casi de contrición, el hombre al que se le se le señala por haber adquirido una residencia de descanso con un financiamiento a modo por parte de Grupo Higa, empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, que ha sido favorecida con contratos multimillonarios por parte de las administraciones de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y ahora desde la federal, expuso las reformas no deberían ser las únicas prioridades de un gobierno al que le quedan casi cuatro años más. “No sólo se trata de reformar, reformar, reformar”, dijo.

“Podríamos llevar a cabo diez reformas energéticas, pero si no le sumamos la confianza, no abarcaremos todo el potencial de la economía mexicana”, reconoció Luis Videgaray quien, según comentarios del propio diario británico, ha estado en medio del escándalo por las “embarazosas” compras de casas de un prominente contratista del gobierno.

Por si fuera poco, viniendo estas declaraciones de uno de los funcionarios más cercanos al Presidente de la República, también reconoció que México requiere de instituciones creíbles, justicia y transparencia para lograr una expansión económica sostenible. Además, a la pregunta de si cree que Peña Nieto está comprometido con la necesidad de darle prioridad al Estado de Derecho, respondió: “Creo que sí”.

Sin embargo, pese a este reconocimiento oficial, en otro escenario, el de su respuesta a las fuertes críticas del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Desapariciones Forzadas, el gobierno federal actuó conforme al guión que ha mantenido en 26 meses: con una profunda arrogancia, y sin reconocer por un momento que se ha equivocado en más de un sentido.

El viernes pasado, el Comité de la ONU, en sus observaciones finales sobre el caso México, determinó que las desapariciones forzadas son generalizadas y la mayoría quedan impunes, por lo que instó al actual gobierno federal a tomar medidas para prevenirlas y resolver los casos pendientes.

En respuesta, el gobierno mexicano expuso que las recomendaciones del Comité de la ONU “no reflejan adecuadamente la información presentada por México, ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados”.

Ayer, Amnistía Internacional (AI) planteó su preocupación por esa respuesta pues, expuso, revela que el gobierno no quiere reconocer la gravedad de la crisis de derechos humanos que vive el país y sus fallidas estrategias de seguridad: “El gobierno mexicano no parece dispuesto a reconocer la gravedad de la crisis, y su posición en relación con estas recomendaciones puede indicar que va a ignorar cualquier crítica a sus estrategias fallidas en materia de seguridad pública. Esta decisión es extremadamente alarmante en el frágil contexto de derechos humanos que enfrenta el país”.

Además, la Organización No Gubernamental (ONG) con presencia en prácticamente todo el orbe, planteó: “Amnistía Internacional está profundamente preocupada de que la declaración del gobierno implique un rechazo de las recomendaciones del CED. Con más de 23 mil casos no resueltos de desapariciones, muchos de ellos, casos de desapariciones forzadas cometidas por la policía y las fuerzas militares, las autoridades deberían aceptar asistencia especializada y constructiva proporcionada por los expertos de la ONU”.

Lo anterior resume que, por un lado, el gobierno de Peña Nieto está sintiendo una fuerte presión nacional e internacional por los escasos resultados e incluso fracasos en diversos rubros de su administración, lo que se ha agudizado por los grandes escándalos que involucran al Presidente, a su esposa, a sus funcionarios más cercanos y a sus amigos empresarios en conflictos de interés.

Pero por otro, ese mismo gobierno, o gran parte de quienes ahora lo conforman, se resisten a reconocer el descalabro y la enorme decepción que han significado para la mayoría de la sociedad e incluso para la comunidad internacional.

La negación, además, ha sido la bandera favorita de este gobierno priista, o de esa parte de sus operadores que se niega al cambio. Negar crímenes por parte de autoridades del Estado –como los de Ejército, por ejemplo–, negar que la economía se estancó a partir de su llegada a Los Pinos, negar que hay crisis de derechos humanos en México, negar que las desapariciones forzadas son una epidemia, negar que hay corrupción y opacidad en todos los niveles de la administración pública, negar que la inseguridad y la violencia se han extendido en el país por la impunidad y la falta de aplicación de la ley, negar que no pueden con el paquete… negar, negar, negar.

Y mientras esa estrategia se mantenga, el país no tendrá reposo. Peor aún, gracias a esos que ahora se niegan a dar un golpe de timón y a reconocer los errores, se seguirá cavando en el pozo del descrédito y la desconfianza, con el riesgo de aumentar la inestabilidad social.

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