Muerte, atentados y amenazas: 10 ataques contra periodistas en 45 días de 2015

22 Feb

El secuestro y asesinato del periodista y activista veracruzano Moisés Sánchez Cerezo, director del diario La Unión de Medellín, registrado en el segundo día de este año en Veracruz fue el inicio de una cadena de ataques a la prensa mexicana que, en sólo 45 días, ha dejado ya 10 ataques contra comunicadores y medios de comunicación.

De acuerdo con datos de la organización Artículo 19, en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto al menos 10 periodistas han perdido la vida y otros tres se encuentran desaparecidos. Hasta ahora, el año más violento ha sido el 2014, cuando cinco periodistas fueron privados de la vida: dos en Sinaloa, uno en Veracruz, uno Zacatecas y otro en Oaxaca. En 2013, cuatro comunicadores fueron asesinados en Chihuahua, Coahuila, Oaxaca y Tamaulipas.

Además, durante el primer año de la actual administración se registraron al menos siete ataques contra instalaciones de medios de comunicación con explosivos y armas de fuego, la mayoría en Chihuahua y Quintana Roo; mientras que en 2014, y de acuerdo con ese organismo internacional, se registró un ataque en la estación de radio Calentana, en el Estado de México.

También en los primeros nueve meses de 2014, Artículo 19 documentó al menos 222 agresiones contra miembros de la prensa.

En tanto que de 2013 a la fecha al menos tres periodistas han desaparecido y hasta el momento se desconoce su paradero.

El panorama de violencia al que la prensa mexicana se ha tenido que enfrentar desde el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, cuando al menos 47 periodistas fueron asesinados, no ha disminuido con el priista Peña Nieto, y prueba de ello es que este 2015 comenzó al alza contabilizando, hasta el 8 de febrero pasado, 10 agresiones contra periodistas y medios de comunicación: un asesinato, un periodista desplazado, una reportera despedida por su activismo, cuatro que han recibido amenazas de muerte, un “levantado” y dos ataques con explosivos a las instalaciones de medios de comunicación.

El pasado 3 de febrero, la Oficina de Washington para Latinoamérica y las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) presentaron un informe en el que señalaron como insuficiente al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México, al considerar que no ha proporcionado respuestas oportunas y eficaces a las peticiones de protección.

El documento culpa al gobierno mexicano de desacreditar y criminalizar a los defensores y organizaciones de derechos humanos. Se citan otras deficiencias en el Mecanismo, como es la falta de personal y de recursos, así como la poca colaboración entre el Gobierno federal y los estatales.

El informe destacó los niveles de impunidad que han gozado los perpetradores de crímenes contra periodistas y defensores de los derechos humanos. “Si no se investigan y sancionan adecuadamente estos delitos, difícilmente mejorará la situación de seguridad de los defensores de los derechos humanos y periodistas”, dijo Ni Bhriain, coordinadora de incidencia para Brigadas Internacionales de Paz en México.

El informe refiere que los riesgos que enfrentan los periodistas y los defensores de derechos humanos “quedan resaltados en el reciente secuestro y asesinato en Medellín de Bravo, Veracruz, del periodista Moisés Sánchez Cerezo, propietario de una publicación que denunciaba hechos delictivos y corrupción”.

Es importante recordar que en el caso de Sánchez Cerezo, tanto su familia como Artículo 19 exigieron en diversas ocasiones que la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), tomara la investigación del caso y encabezara la búsqueda del periodista. Pero nada sucedió.

Apenas el pasado jueves, Jorge Sánchez, hijo del periodista asesinado, denunció nuevamente que pesa a que una autoridad está involucrada (el Alcalde de Medellín del Bravo Omar Cruz Reyes), quien presuntamente ordenó el homicidio, la PGR no ha querido tomar el caso de su padre.

“La respuesta que nos dio la PGR para no retomar el caso es porque no cumplía con los requisitos, que no era periodista”, denunció en una conferencia de prensa que ofreció en la Ciudad de México para presentar la reciente edición de La Unión de Medellín, donde anunció que el diario que editaba su padre en Veracruz continuará imprimiéndose. Además advirtió: la Procuraduría “seguirá escuchando de mí”.

Finalmente, del próximo 21 al 24 de febrero, la organización PEN International realizará la Cumbre de la Américas en México, Honduras y Nicaragua, en respuesta a la creciente preocupación sobre el estado de la libertad de expresión y los crímenes contra periodistas en Centroamérica y México, con el objetivo de crear una estrategia de lucha contra la impunidad y los ataques contra periodistas.

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