AQUÍ TAMBIÉN FUE EL ESTADO: FAMILIAS DE ALLENDE, COAHUILA

12 Feb

Al hijo menor de Ana María Sandoval Carrizales, de 51 años, lo desaparecieron en Allende, Coahuila, pero no sólo integrantes de la agrupación criminal conocida como Los Zetas. Los delincuentes del pueblo, de acuerdo con el relato de la mujer, contaron con la ayuda de elementos de la Policía Municipal que les abrieron la puerta de la celda en la que estaba su hijo Willivaldo Martín Sandoval –de 24 años y detenido por beber en la vía pública– y los dejaron golpearlo, sacarlo de la Comandancia y llevárselo para que trabajara como “halcón” del crimen organizado.

Así se lo contó el propio Willivaldo a su madre al volver a casa, severamente vapuleado, dos días después de la detención policiaca y luego de que escapó de la asignación a la que dijo que lo habían forzado en Villa Unión, un municipio aledaño y también parte de la zona conocida como Cinco Manantiales, al sur de Piedras Negras. En un pueblo de un centenar de cuadras como Allende, sin embargo, los criminales no tardaron en encontrarlo y volver a llevárselo.

Fue el lunes 4 de marzo de 2012, alrededor de las 10 de la mañana, cuando Germán Zaragoza Sánchez, presunto jefe de la plaza para “los zetas” y conocido en Allende como “Canelo” o “Flacamán”, llegó a la casa que los Martín Sandoval tienen en la colonia Ignacio Allende y entró con otros tres hombres que, armados con tubos, avanzaron hasta que dieron con Willivaldo en la recámara del fondo. Atolondrado por la golpiza, dice la madre, la víctima sólo alcanzó a decir a sus captores: “No voy a trabajar para ustedes”. Pero lo arrastraron, agrega, a él y a su hermano mayor, Luis Ángel, de 28 años; los subieron a una camioneta azul y se los llevaron a un lugar que, supo Ana María meses después, fue el ejido Galeras, en Villa Unión.

“Así pasó todo el día”, cuenta la madre de familia en entrevista. “¿Qué más podía hacer? ¿A dónde podría buscar o preguntar, si ahí eran ellos los que hacían y deshacían a su antojo? Ni modo que les preguntara a los policías, si ellos están conectados”, dice.

Su hijo Luis Ángel volvió horas después, ese mismo lunes, también golpeado y con rastros de haber sufrido quemaduras. Eran como las siete u ocho de la tarde cuando se paró una patrulla de la Policía Municipal que lo dejó en la casa; Ana María estaba en la recámara cuando oyó a una de sus nueras decir “ya llegaron”, pero luego vio que había vuelto sólo uno.

–¿Y tu hermano? –le preguntó a Luis Ángel, que al principio no le contestaba, sino que sólo lloraba y, cuando lo hacía, dice su madre en la entrevista, se veía que la sangre de los ojos molidos a golpes se le mezclaba con las lágrimas.

“No, mami –le respondió finalmente su hijo. Mi hermano ya murió. Le dieron con una tabla, el ‘Canelo’, el ‘Cubano’… lo vi morir, pero no supe dónde quedó el cuerpo”.

CRÍMENES DE ESTADO

Ana María Sandoval viajó 18 horas el pasado 3 de febrero desde Allende, en el norte de Coahuila, hasta la Ciudad de México, para denunciar su caso ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Como ella viajaron otras 40 personas, todas familiares de víctimas de desaparición, con la intención de que el ministerio público federal atienda sus casos y para reportar la total inactividad de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Coahuila.

El grupo llegó encabezado por Ariana García, una joven abogada de Piedras Negras que, desde hace más de un año, se ha dado a la tarea de coordinar los esfuerzos del grupo de víctimas y de crear Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.

En entrevista, la abogada explica que la organización ha registrado al menos 150 casos de desaparición en la región de Piedras Negras y los Cinco Manantiales –Allende, Nava, Morelos, Zaragoza y Villa Unión–, de los que unos 60 corresponden al patrón de desaparición forzada; es decir, que existen indicios para suponer que los perpetradores son elementos de las fuerzas armadas de algún nivel de Gobierno.

García cuestiona, sobre todo, la actuación del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), creado en Coahuila en 2009, durante los últimos años de la administración de Humberto Moreira pero sin reglamento ni sustento legal alguno, dice la abogada.

“Yo me doy cuenta de que hay un sinfín de irregularidades tanto en la constitución legal de la corporación como en la práctica. Es decir, la corporación GATE va de negro, en vehículos no oficiales, sin placas, encapuchados, sin identificación. Entonces, si se meten a un domicilio, ¿cómo se le va a poder identificar? Esto nos hablar de falta de certeza jurídica”, dice. “En las páginas oficiales se dice que es un grupo de reacción, creado para el combate y para la negociación de rehenes. Entonces, si este grupo élite fue creado con esa finalidad, ahora está rebasando funciones”, agrega.

La abogada explica que la indefinición con la que actúa la corporación abre el margen para la sospecha alrededor de los hechos que el gobierno reporta como persecuciones o enfrentamientos contra “civiles armados” y que, sugiere la entrevistada, podrían ser en realidad ejecuciones sumarias por parte de los elementos del Estado.

Como ejemplo, menciona el homicidio de cinco personas registrado el pasado 19 de enero en Piedras Negras y que fue reportado como una persecución y enfrentamiento entre elementos del GATE y presuntos delincuentes.

Pero, al revisar las fotografías, explica García, se observa que el cuerpo de una de las víctimas fue manipulado, de decúbito ventral a dorsal, porque estaba cubierto de tierra, con dos manchas de sangre en la ropa y, sobre el suelo, otras dos manchas de sangre a la misma altura. La víctima, además, tenía un tiro en la cara.

“Esto quiere decir que el cuerpo estuvo boca abajo, y si es así, y el elemento lo volteó para darle auxilio, aún así le disparó. La obligación de la autoridad no es dejarlos morir, es darles auxilio (…) Supuestamente fue una persecución y enfrentamiento, pero es mentira, se advierte claramente: fue una persecución y una ejecución”, dice.

El caso que llevó a García a documentar la serie de irregularidades con la que actúa el GATE ocurrió en abril de 2013 en la colonia Los Montes, de Piedras Negras, donde agentes vestidos de negro, armados, encapuchados y con chalecos antibalas con las siglas de la corporación entraron en la casa de Víctor Manuel Guajardo y, delante de su esposa, lo tomaron a la fuerza y se lo llevaron.

Hortensia Rivas, madre de la víctima y quien también viajó a la Ciudad de México para exponer la impunidad de su caso, asegura haber visto a su hijo en la cajuela de una de las camionetas cuando fue a buscarlo a la sede que los GATE tienen en aquella frontera.

“He pedido ayuda de todas las autoridades, al ministerio público, he ido a la Procuraduría General de la República; he ido hasta con el Gobernador, con el Procurador; pero pues no, no han hecho nada, y yo estoy como todos los demás: sin respuesta”, dice Rivas, ahora presidenta de Familias Unidas.

“Estoy de acuerdo que las personas deben cumplir con las leyes y ser detenidas si cometen un delito, pero no creo que sea el deber de ellos (los elementos del GATE) actuar como actúa la delincuencia organizada”, agrega.

TIERRA RICA EN GAS

Piedras Negras y los Cinco Manantiales son seis de los 31 municipios del estado de Coahuila que abarca la Cuenca de Burgos, una región de más de 208 mil kilómetros cuadrados –también sobre Nuevo León y Tamaulipas– y considerada por el Gobierno mexicano como la reserva de gas natural más importante de todo el país.

“La relevancia económica de esta región radica en que de los 652 pozos perforados por Petróleos Mexicanos para la producción de este tipo de gas en el 2003, 402 se encuentran en esta cuenca. Desde el 2003 a la fecha, la producción diaria de gas en esta región ha ido en aumento”, dice el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Cuenca de Burgos, publicado en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2012.

El municipio de Allende, cuyo nombre figuraba antes sólo en los documentos relacionados con su potencial energético, se convirtió en noticia internacional cuando empezó a trascender que, el 18 de marzo de 2011, durante el sexenio del ex Gobernador Humberto Moreira Valdés, había tenido lugar ahí una masacre –se hablaba de hasta 400 personas “levantadas” y asesinadas– y la demolición de medio centenar de viviendas, entre ellas varias residencias y lujosos ranchos.

En abril de 2014, la revista Proceso reportó que la devastación, desconocida en el país durante tres años, había sido una venganza de Miguel Angel Treviño –alias “Z40”, líder de los Zetas detenido en julio de 2013- contra casi todos los integrantes de dos familias, de apellidos Moreno y Garza. A éstas, agrega la historia, pertenecían un par de ex colaboradores del capo que habían huido a Estados Unidos, uno de ellos después de haberse convertido en informante y presuntamente haber robado unos cinco millones de dólares producto del cruce de cocaína por Piedras Negras.

La noticia sorprendió por la cantidad de víctimas, por el silencio que rodeó los hechos y por la impunidad con la que, según Proceso, unas 40 camionetas procedentes de Tamaulipas y con hombres armados y encapuchados entraron en el pueblo sin que alguna autoridad hiciera algo para evitarlo.

Este desplazamiento forzado, masivo y sin investigación en una de las regiones más ricas de México en energéticos –y registrado también mientras avanzaba la reforma que permite ahora la extracción de estos recursos a empresas privadas– generó asimismo la sospecha de que la venganza del líder de Los Zetas podría no ser el único motivo de la violencia.

“La zona de los Cinco Manantiales es rica además en agua, que es un recurso muy importante para la extracción del en gas shale; es, digamos, el insumo básico”, explica Guadalupe Correa, investigadora y directora del Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas en Brownsville.

Entrevistada vía telefónica, la también autora de diversos ensayos sobre la relación entre los energéticos y el crimen organizado en la región noreste de México, explicó que el valor de los recursos naturales entra cuando se hace la pregunta de quién gana con los desplazamientos que se están registrando en la zona.

“El beneficio es directamente para quien esté interesado en invertir en esos terrenos ricos en gas y en agua, porque si se desplazan las personas, se puede comprar a precios más bajos”, dice.

Otro elemento que genera suspicacia, agrega la investigadora, es la total inacción de todos las fuerzas del Estado, incluyendo de los elementos militares asignados a la garita ubicada a pocos kilómetros, dentro del mismo municipio de Allende.

“La producción de gas shale ha desarrollado la región del otro lado de la frontera desde 2008, y en Estados Unidos hay mucho interés por desarrollar proyectos también en esta parte de México. Por tanto no creo tanto en la teoría de que una traición sea el único motivo por el que murieron y fueron desplazadas tantas personas. El efecto de estos desplazamientos tiene ganadores”, insiste la investigadora.

TIERRA SIN LEY

Después de casi tres años en los que la violencia de Allende fue ignorada por las autoridades, fue sólo en febrero de 2014 que elementos del Gobierno del Estado, ahora a cargo de Rubén Moreira Valdéz –hermano del anterior mandatario– recorrieron el municipio y ranchos siniestrados propiedad de presuntos narcotraficantes, donde encontraron, según se reportó, casi tres mil 500 restos óseos.

En diciembre pasado, el Procurador estatal, Homero Ramos Gloria –que era Secretario de Gobierno de Coahuila cuando la masacre tuvo lugar– aseguró que la indagatoria indicó que el número de personas secuestradas el 18 de marzo es de 28 y que, de ellas, once fueron asesinadas.

Pero, como indican los testimonios de las familias que acudieron a la Ciudad de México, el terror en Allende no inició ni empezó ese día, ni está a cargo sólo de los narcotraficantes. Otro de los varios casos en los que hay indicios de la participación de fuerzas armadas del Gobierno es el de Aarón René Fernández, desaparecido la madrugada del 29 enero de 2011, cuando tenía 24 años, visto por última vez al salir de una tienda de conveniencia y probablemente, consideran los familiares, plagiado también para que trabajara en el narcotráfico.

“Hay un testigo que me dice que a él y a otro se los llevaron dos policías municipales, que ahora andan sueltos”, dice Maricela Rodríguez Castillo, de 48 años, madre de la víctima.

“Y el día que fui a levantar el acta (ante el ministerio público del estado), al día siguiente me amenazaron. Dejaron un anónimo con la vecina, una hoja de cuaderno escrito a mano que decía: ‘Familia de Aarón, desaparezcan de Allende, o serán todos muertos. Y lo que hicimos fue salir todos, unos a Saltillo y yo a Zaragoza. Por eso le digo, que fue la policía”, agrega.

Los familiares entrevistados coinciden en referirse a la demolición de una casa ubicada frente a la presidencia municipal de Allende como ejemplo de la impunidad con la que opera la delincuencia organizada en aquella región.

En 2011, cuenta Ana María Sandoval, casi todos los días se escuchaban versiones de que secuestraban a alguien, a familias enteras en ocasiones, que incendiaban ranchos y también era común toparse casas derribadas o quemadas y que estaban en pie apenas horas antes.

“Y nadie miraba nada. Ni el presidente (municipal, el panista Sergio Lozano) ni el gobernador hicieron nada. Esto duró pues todo el 2011 y el 2012 (…) El ambiente era bien tenso, siempre con miedo a salir y no saber si va uno a regresar. Aunque uno no deba nada, no se sabe”, dice la mujer.

Maricela Rodríguez, por su parte, ubica el surgimiento de la violencia años antes, desde 2007, cuando los zetas, entonces aún brazo armado del Cartel del Golfo, empezaron a deambular abiertamente por las calles y, todo indica, dice, con la anuencia de las autoridades.

“En Allende, desde 2007 hay desapariciones, o antes. El mismo presidente municipal de entonces dejó entrar un grupo de personas, llamados los zetas; es lo que la gente dice, que los dejó que entraran para que hicieran con el pueblo lo que quisieran; que les entregó el mando”, cuenta.

“La gente dice, ‘mira esos son Zetas’; usaban camionetas Armada, Yukon, Tahoe, sin placas y polarizadas, entraban en caravana a luz del día; ellos mandaban, eran la ley, y las autoridades no hacían nada; ellos manejaban la Comandancia, eran pura gente de ellos”, agrega.

Ese ambiente impidió que buscara a su hijo, dice Rodríguez; miedo que aumentó en marzo de 2011, cuando, desde Zaragoza, donde estaba refugiada, escuchaba que en Allende había casi todos los días balaceras y matanzas.

“Es un pueblo sin ley; ellos mandaban, no la autoridad”, dice.

MUERTE EN VIDA

Las mujeres entrevistadas coincidieron en no temer a dar sus nombres ni a relatar sus historias, pese a la inseguridad en la que viven en Coahuila. Y no es porque Allende o Piedras Negras estén más tranquilos, comentan, sino porque la búsqueda de sus hijos es lo más importante de sus vidas.

“Una desaparición acaba con la vida. Yo ya sólo vivo para buscarlo. Si no, ¿quién lo va a buscar, si la familia tiene miedo y las autoridades están coludidas”, dice Hortensia Rivas.

Ana María Sandoval agrega que en los días posteriores a la desaparición de su hijo salía a buscarlo por las calles, a veces bajo el efecto de los sedantes que le recomendaron para que pudiera dormir, casi inconsciente. En pocas semanas, agrega, perdió cinco kilos y, con los meses, se le desarrolló un cáncer de mama que la llevó a quimioterapia y al quirófano en 2014.

Pero aún así viajó a la Ciudad de México la semana pasada, con la cabeza cubierta con un gorro de estambre, para sumar su caso a las denuncias interpuestas ante la PGR.

“Yo no tengo miedo a nada”, dice la mujer, entrevistada en un hotel de la Zona Rosa en el que se quedó con el resto del grupo. “Willivaldo era mi bebé; lo recuerdo con la canción de ‘Te extrañaré’; le prendo su veladora, sigo hablando con él, lo invito a comer (…) Dicen que somos polvo pero, ¿a dónde podría yo llevarle una flor? Para de perdido tener paz”, cierra.

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