CURP: UNA LLAVE DE PASO A LA CORRUPCIÓN

22 Ene

Jamás, en 18 años de operaciones de la Clave Única de Registro de Población (CURP), algún funcionario ha sido llamado para explicar por qué hay un excedente de 60 millones de registros en esa base de datos, casi la mitad de la población calculada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi) en 112 millones 333 mil 538 habitantes. Nadie ha dicho nada del riesgo de estas cifras en un país en que la corrupción carcome a los tres niveles de gobierno.

Hoy, entre los contratos del gobierno federal, no hay ningún proyecto para remendar esta base de datos, cuya manutención ha costado más de 5 mil millones de pesos en la última década. Por el contrario, la administración del Presidente Enrique Peña Nieto ha pagado casi 300 millones de pesos a Sixsigma Networks para que la conserve. Es el mismo consorcio que en 2006 fue señalado de montar una página en Intranet para usar un padrón alterno de electores a favor del PAN.

Y no sólo eso, al ponerle cara a la crisis representada en Ayotzinapa, la más grande de su gobierno, el Ejecutivo presentó un decálogo para reasumir el Estado de Derecho: en el punto cinco plantea crear otra Clave Única de Identidad, al margen de la CURP. Especialistas en política pública y demografía lo ven inviable. Dicen que hace falta una férrea voluntad política para lograrlo. Por lo pronto, el Registro Nacional de Población e Identidad Personal (Renapo) –donde se crearía esta clave– está acéfalo porque Alejandro Armenta Mier, quien lo dirigió durante un año, se fue para contender por una diputación en las elecciones del próximo 7 de junio.

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Vicente Fox Quesada, un ciudadano nacido el 2 de julio de 1942 en el Distrito Federal, tiene dos Claves Únicas de Registro de Población (CURP), esa credencial obligatoria que –según su propio reglamento– debe asignarse una sola vez. Si se ingresan sus datos en el sistema de la base, a disposición en esta página http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/ aparece el documento FOQV420702HDFXSC07 para quien gobernó México de 2000 a 2006 y también el FOQV420702HDFXSC15.

Si así lo decidiera, Fox Quesada, el primer Presidente de un partido distinto al Revolucionario Institucional en 71 años, puede presentar una u otra CURP. El hombre que como candidato ofreció aniquilar la corrupción hasta su más mínimo tentáculo, podría usar esta clave de identificación para ciertos trámites y una diferente para otros.

El sistema lo permite así. Esa identificación duplicada es sólo un botón entre las contradicciones en la Base de Datos Nacional de la CURP. Este esfuerzo cumplió el pasado 23 de octubre, 18 años de existencia con una plaga de errores que tres gobiernos sexenales no han logrado remendar; pero que ha significado un gasto de poco más de cinco mil millones de pesos (mdp), sólo en la última década, de acuerdo con una revisión de los Presupuestos de Egresos de la Federación (PEF). Su instalación en 1997, en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), costó mil millones de pesos, según documentos en el archivo de la oficina de la CURP, a los que SinEmbargo tuvo acceso.

La misma Secretaría de Gobernación –de la que depende– reconoce en su plan sectorial 2013-2018 que hay un excedente de 60 millones de registros, la mitad del número de habitantes en México, que calcula el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi) en 112 millones 336 mil 538, según el Censo 2010. De modo que, como Vicente Fox Quesada, otros millones de ciudadanos tienen doble CURP.

Se trata del instrumento diseñado ex profeso para registrar en forma individual a los residentes en el territorio nacional y a los mexicanos que radican en el extranjero. Además, es el insumo para el diseño y conducción de una adecuada política de población, así como la elaboración de padrones de beneficiarios de Desarrollo Social. Otras de sus funciones son la actualización y unificación de los registros de personas a cargo de la administración pública en sus tres niveles de gobierno.

“Malas cifras conducen a malas políticas. Pero en un país como México, donde la corrupción carcome tanto a los gobiernos, como a los ciudadanos; las malas cifras siempre se concebirán como un asunto de manipulación para fines oscuros”, expresa Ernesto Gómez Magaña, director de Participación Ciudadana en Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas. “Sesenta millones de registros extra es un escenario propicio para estupendos actos de corrupción con un alto grado de secrecía e impunidad. La CURP, concebida para ser un candado se volvió en una llave de paso”.

***

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no cuenta con ningún proyecto para corregir los errores de la CURP. En los contratos signados o mantenidos por su gobierno al respecto, aparecen como objetivos, administrarla y sostenerla; pero jamás componerla. Tal como está, esa base de datos ciudadanos, ha generado dos contratos que juntos, llegan a casi 300 millones de pesos (mdp) en dos años de administración peñista. Dos contratos que han sido otorgados a la misma empresa: Sixsigma Networks México, de acuerdo a la información disponible en el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT) y confirmada en la misma oficina de la CURP.

Uno fue por licitación pública mixta nacional y el otro de manera directa. El primero fue firmado el 19 de noviembre de 2010 (con el gobierno de Calderón) y concluyó el 13 de diciembre de 2013 (cuando Peña Nieto cumplió un año en la Presidencia). Se pagaron 233. 7 millones de pesos (mdp). El concepto fue “migración y acompañamiento 2010 y continuidad de servicios de cómputo de la CURP 2011-2013. El otro fue por “Servicio Integral para la Continuidad de la CURP e Interconexión de Registros Civiles 2014” y su monto fue de 58.4 mdp. Se firmó el 1 de enero de 2014 y concluyó el 31 del mismo año.

Sigsigma Networks México, la empresa a cargo de la base de la CURP, estuvo en la escena de una historia de truculencias en 2006, el año en que se efectuaron las elecciones que llevaron a Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), del Partido Acción Nacional, a la Presidencia de la República. A través de un texto anónimo, la periodista Carmen Aristegui fue invitada a visitar una página creada en intranet, llamada redes pormexico.org.mx. Era un mapa de georeferencia para identificar personas por nombre, apellido, dirección y hasta preferencia electoral. La había montado –según aparecía en las características técnicas de la página- SixSigma Networks México en acuerdo con Diego Hildebrando Zavala, cuñado del suspirante panista.

“Diego Hildebrando Zavala, cuñado del candidato presidencial, tiene contratadas algunas oficinas que se dedican a captar nombres, datos de posibles votantes”, le indicó dicho texto a la conductora de noticias, Carmen Aristegui.

Hasta antes de las elecciones de 2006, la empresa de Diego Hildebrando Zavala, Identix Incorporated con Sagem Défense Sécurite había firmado por lo menos mil 700 contratos con instancias gubernamentales de base de datos, como el entonces Instituto Federal Electoral. Ofrecía la creación de un sistema biométrico con el fin de “detectar registros múltiples y fraudes de identidad en el Registro Nacional de Votantes”.

En cuanto la conductora dio a conocer la existencia de la página en intranet, en su noticiario matutino de radio, esta fue desmantelada. SixSigma Networks aún no ha respondido a Sin Embargo cómo logró reponerse de aquel episodio y ocho años después, ganar las licitaciones concernientes a la CURP, una de las bases poblaciones fundamentales en la política nacional.
http://www.youtube.com/watch?v=uzuURPM7fuI

El Presidente Peña Nieto, no sólo carece de un proyecto para subsanar los daños en esta base; sino que al margen, se propone crear otra clave única. Para responder a la crisis social de Ayotzinapa, la más grande de su gobierno, colocó en el punto cinco de su decálogo estratégico para reasumir el Estado de Derecho, presentado el pasado 28 de noviembre en el Palacio Nacional, la conformación de la Clave Única de Identidad (CUI).

Felipe Calderón Hinojosa, su antecesor, intentó lo mismo. Quiso contar con armas de información para la Guerra contra la delincuencia organizada, la que declaró cuando apenas tenía diez días en el gobierno (2006-2012). Su decisión derivó en el Registro Nacional de Telefonía Móvil (Renaut) que obligó a unos 98.4 millones de ciudadanos mexicanos a dar a conocer su CURP a las autoridades, y también en la creación de una clave única. En 2012, la Segob dio a conocer que así como nació, el Renaut iba a morir. La razón: había duplicidad de CURPs; además de que hubo robo de datos. La Clave Única tampoco se lograría debido a “registros endebles”.

Manuel Ordorica Mellado es uno de los demógrafos que ha atestiguado los intentos gubernamentales de la creación de un registro único de ciudadanos. Participó en una de las políticas públicas del Consejo Nacional de Población (Conapo), más reconocidas por sus resultados óptimos. Era 1972 y al país lo gobernaba Luis Echeverría Álvarez. Los anuncios en prensa y televisión resumieron en una frase aquella intención del gobierno: “La Familia Pequeña Vive Mejor”. Se trataba de que la tasa de fecundidad bajara de 10 hijos por mujer en ese año a 2.2 en los próximos cuarenta. Ese futuro llegó y esa tasa objetivo ya se alcanzó.

“Desde aquel entonces escuché de la intención de crear un registro único de población”, cuenta en una sala del Colegio de México, donde investiga aún el panorama demográfico de México. Continúa: “Siempre se ha intentado. Pero sin el suficiente punch. Pero hacia allá debemos ir. Un registro de esos nos permitiría tener, con mayor precisión, el estado de la población y el conocimiento de lo que pasa en nuestro territorio. Sería una medida para conocernos mejor. Pero es un proyecto costoso. Y requiere de mucho interés. En el momento en que nos encontramos, de un freno económico, no será tan sencillo”.

En forma similar piensa Nicolás Loza Otero, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), experto en política pública. “Tenemos un gran problema como país en términos de Seguridad Nacional y no veo la solución en el corto plazo para reaccionar desde nuestras bases poblacionales. La clave única es de esas medidas muy caras. Como país hace falta un registro de ese tipo, pero este no es el mejor momento para tratar de hacerlo. Ahora mismo hay contracciones en el gasto público”.

¿Qué pasó al elaborar la CURP? ¿Por qué dos décadas no han bastado para su eficacia? ¿Por qué no la usa ahora el gobierno, de una buena vez, para encarar una crisis del tamaño de Ayotzinapa? La misma Segob hace un diagnóstico en el Plan Sectorial 2013-2018: “Esta situación se debe principalmente a fallas en los emisores responsables, que permitieron generar claves sin contar con un documento probatorio de identidad, errores de captura por parte del personal operador del sistema para la generación de la CURP, insuficiente información sobre defunciones y población con más de un documento probatorio de identidad”.

Dice Gobernación que “es necesario conformar una Base de Datos Nacional del Registro Civil, a través de la captura de todos los actos registrales del estado civil de las personas, e impulsar la interconexión a nivel nacional que permita la consulta entre las entidades, así como la actualización de la información en tiempo real, mediante la modernización integral del Registro Civil”.

La dependencia, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, admite en el mismo documento: “La identidad de las personas es un derecho humano y el gobierno tiene la obligación de proporcionar los medios a la población para que pueda acreditar fehacientemente su identidad”. Y expone que para ello está encargado el Registro Nacional de Población (Renapo) que tiene como insumo fundamental la información de los registros civiles.

LOS RESPONSABLES
“En esta historia de dos décadas, jamás se ha presentado un responsable. No hay funcionario que haya explicado por qué esta base tiene esta serie de errores cuando se trata de una medida muy costosa”. Habla Nicolás Loza, investigador de la Flacso.

El presente parece una estampa de esta ausencia.

SinEmbargo solicitó una entrevista con Bertha Olimpia Beristáin, Directora del Registro de Clave Única de Población. Se le desea preguntar cómo funcionarán al mismo tiempo, la CURP y la CUI que intenta el Presidente Peña Nieto. La respuesta del área de Comunicación Social, de esa oficina alojada en la Secretaría de Gobernación, fue que quienes se encargaban de explicar el método hacia la Clave Única de Identidad –propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto- ya no están. Ante la insistencia de ¿Quién más puede explicarlo? La respuesta fue que la silla principal de los despachos encargados estaban vacíos.

Es verdad. Alejandro Armenta Mier, nombrado como director del Registro Nacional de Población e Identidad Personal (Renapo), el 4 de enero de 2014, se ha ido para contender por una diputación federal por el distrito VII, con sede en Tepeaca, Puebla. Tampoco está ya Mercedes del Carmen Guillén Vicente, hermana del sub comandante Marcos, quien se desempeñaba como sub secretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Ella renunció para contender por VIII Distrito con cabecera en Tampico, Tamaulipas.

El último día de trabajo de ambos fue el 5 de enero, cuando el Presidente Enrique Peña Nieto dirigió en el salón Adolfo López Mateos, el evento “Hacia la Clave Única de Identidad”. Horas antes, la Presidencia de la República había enviado un comunicado de prensa en el que admitió:

“México carece en pleno siglo XXI de un registro confiable de su población con el cual ayudar a tener certeza en actos jurídicos, eficacia en la prestación de servicios públicos y privados, y en materia de seguridad pública”.

Ya en el evento, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que el derecho a la identidad sería elevado a rango constitucional. Mencionó que entre las disposiciones se incluirá la gratuidad del trámite de la primera acta de nacimiento. Luego dijo: “La Clave Única de Registro de Población es incierta… La CUI hace depuración del registro civil. Se busca un sistema más accesible y moderno”.

Horas después, los responsables de construir esa clave única con la que el gobierno desea responder a la crisis social encarnada en Ayotzinapa, presentaron su renuncia para contender en las elecciones del próximo 7 de junio.

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