César Duarte: el “nuevo rico” del pueblo

22 Ene

Por primera vez en mucho tiempo en que los partidos políticos en el Senado de la República han estado divididos, la exigencia para investigar al priista César Horacio Duarte Jáquez, por los presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades, ha unido a las fracciones del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido del Trabajo (PT), así como a legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ni siquiera las discusiones de las reformas estructurales, que se dieron en los primeros 20 meses del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto lograron unificar a esos institutos políticos; sin embargo, ahora, en coalición, exigen a la Procuraduría General de la República (PGR) asuma cuanto antes la denuncia presentada por el activista Jaime García Chávez, quien documentó una serie de irregularidades financieras en Chihuahua que benefician a Duarte Jáquez, a su cónyuge Bertha Olga Gómez Fong y a otras personas asociadas al Gobernador, como su secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral.

De acuerdo con García Chávez, el Gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), funcionarios de su administración y otros con carácter de prestanombres participaron en la creación del Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V., cuya autorización está en trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En la denuncia presentada ante la PGR y ante la Comisión Bancaria y de Valores (CNBV) se describe una “maquinación delictiva, bajo el diseño de actos jurídicos de aparente legalidad”, con el único propósito de buscar el beneficio económico de César Duarte, quien lleva los roles de Gobernador y socio del mencionado banco.

“Con un evidente conflicto de intereses en razón de las decisiones de carácter financiero que como Gobernador tomó en beneficio de las instituciones financieras que se fusionaron y por ende en el suyo propio así como de sus allegados y cómplices, que ahora son socios del Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V.”, plantea el documento base de la acusación.

También desglosa que Duarte Jáquez y su esposa, Bertha Olga Gómez, firmaron el Contrato de Fideicomiso número 744743, de Administración e Inversión, formalizado ante el Notario Público No. 6, en noviembre de 2012. Ahí, el matrimonio aportó 65 millones de pesos con el objeto de que la Fiduciaria (Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte) realizara la adquisición de acciones del Banco Progreso de Chihuahua.

La sospecha ciudadana se funda en el desconocimiento de cuál era el patrimonio del mandatario priista antes de iniciar su función gubernamental, el 4 de octubre de 2010, pues tanto Duarte como su esposa carecen de recursos para aportar de su propio bolsillo 65 millones de pesos.

Las actividades anteriores e inmediatas que se le conocen al priista con como vendedor de autos usados, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Diputado local y Diputado federal en dos ocasiones.

“Si bien es cierto la constitución del fideicomiso en cuestión, aparenta ser una operación legítima, por otra, ante el desconocimiento del patrimonio de los fideicomitentes existente antes del inicio del cargo de Gobernador en atención a lo antes dicho y al hecho de que los ingresos que como Gobernador obtiene César Horacio Duarte Jáquez, según el portal de transparencia son del orden de $120,245.00 mensuales”, se lee en la denuncia penal.

Es obvio que ese salario que no le permitiría reunir al Gobernador la cantidad de 65 millones de pesos para adquirir el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso y, aun cuando los tuviera, es un delito realizar ese tipo de operaciones estando él a cargo de la administración pública en el estado de Chihuahua.

El Senador panista Javier Corral Jurado asegura que tienen “un arsenal” de pruebas para ir contra el Gobernador.

“En un año, Chihuahua se convirtió en el estado con el mayor incremento de deuda. La elevó en 2013 un 79 por ciento con respecto al año anterior.

“En el año 2012 su deuda respecto al Producto Interno Bruto (PIB) era de 5.6 por ciento y se elevó a 9 por ciento, lo que significa que triplicó el promedio del resto de las entidades”, aseguró el legislador.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del segundo trimestre del año en curso, Chihuahua presentó una deuda de 41 mil 603 millones de pesos.

Ahora, Duarte Jáquez posee el 15 por ciento del Banco Unión Progreso y, según Corral Jurado, “es el nuevo rico de la entidad”, y todo indica que su enriquecimiento es ilícito.

“Si el patrimonio personal es la suma de los ingresos del trabajo, la renta, el rendimiento, la donación o la herencia, a César Duarte Jáquez no le alcanza juntándolas todas”, afirmó el Senador Javier Corral.

También el ex Gobernador de Chihuahua, el panista Francisco Barrio Terrazas, exigió una investigación exhaustiva pues, dijo, la corrupción en la entidad se está convirtiendo en una amenaza para la convivencia.

Barrio Terrazas destacó que México es el país con el mayor índice de corrupción de la OCDE, mientras que, en ese marco, Chihuahua es el estado de mayor incidencia de actos de corrupción en la República Mexicana, con una incidencia de 44 mil 6 casos anuales por cada 100 mil habitantes, lo que representa un millón y medio de casos al año.

Cuatro años y tres meses después de tomar posesión como Gobernador de Chihuahua, al priista César Horacio Duarte Jáquez le ha llegado la hora de dar la cara ante la sociedad pero, más aún, ante la justicia que, por obligación, debe investigar y no dejarlo escapar con sus respuestas evasivas.

El 17 de diciembre pasado, Denise Maerker emitió, en su programa Punto de Partida, un reportaje sobre el tema. “¿Por qué no da a conocer su declaración patrimonial?”, le preguntó al Gobernador la reportera Cecilia Reynoso.

“A ver… compartir el patrimonio públicamente es un agravio para todos; es un agravio para el que no tiene, y un reto para el que tiene, y es una enorme responsabilidad para los funcionarios públicos; aquí lo importante es poder acreditar el origen lícito de los recursos, y eso yo estoy absolutamente claro y bien parado”, respondió el Gobernador priista sin rubor alguno, con una total desvergüenza y, más aún, de sensatez y cordura.

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