Simulación y opacidad, riesgos del nuevo sistema de justicia en el DF

20 Ene

La puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal en el Distrito Federal, que comenzó este viernes y tendrá que completarse en año y medio, enfrentará varios desafíos, desde garantizar la publicidad de los procesos para ciudadanos y medios, hasta evitar que la falta de una capacitación adecuada y la premura lo dejen en una mera simulación, consideraron especialistas en la materia.

El nuevo sistema de justicia penal es parte de la reforma constitucional en materia de justicia penal y de seguridad pública, emitida el 18 de junio de 2008. La reforma establece una reestructuración en el sistema de justicia penal en el país, que significará pasar de un sistema mixto a uno de carácter acusatorio adversarial; es decir, basado en juicios orales.

El nuevo sistema también implicará nuevas atribuciones para las policías federal, estatal y municipales en la investigación de los delitos, en el resguardo del sitio donde aparentemente se cometió un delito y en la recolección de indicios de una investigación; la realización de juicios orales para delitos graves con audiencias públicas y grabadas; y mecanismos de justicia alternativa para delitos no graves.

Actualmente son 28 las entidades que ya operan con el nuevo sistema de justicia penal en sus ámbitos locales, aunque la mayoría lo hace de forma parcial, según señaló el Centro de Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC), en un estudio publicado en noviembre pasado. El 18 de junio de 2016 vence el plazo fijado para que el nuevo sistema esté implementado por completo en todo el país.

A las cero horas de este viernes, el nuevo sistema comenzó a operar en la capital del país, lo que implicará un desafío particular dada su dimensión y las características de su incidencia delictiva, lo que supone una mayor carga de trabajo que en otras entidades, señaló María Novoa, directora del proyecto Colectivo Justicia de CIDAC.

Novoa también destacó el hecho de que los cuatro actores involucrados -policía, defensores, ministerios públicos y jueces y magistrados- no cuentan con las mismas condiciones y capacidades necesarias para operar de manera efectiva el nuevo sistema de justicia. Se refirió concretamente a la policía y la defensoría pública como aquéllos a los que aún les falta capacitarse.

El investigador Emilio Carranza, del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), resumió los desafíos del nuevo sistema en tres aspectos fundamentales: garantizar el derecho del acceso a la justicia, la rendición de cuentas y el manejo informativo, es decir cómo se va a comunicar y delimitar la información que se haga pública.

Sobre el acceso a la justicia, el investigador del proyecto Violencia y Medios del Insyde consideró como los principales aspectos a tener en cuenta disminuir el porcentaje de internos en prisiones que no tienen sentencia -que de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), representan el 53 por ciento de la población total penitenciaria- y de internos que están en prisión preventiva –que suman el 40 por ciento de los presos– y que podrían acceder a medidas cautelares alternativas a la prisión.

Otro desafío, expuso, será reducir las investigaciones penales pendientes, que son aproximadamente el 81 por ciento de las investigaciones penales, de acuerdo con datos de la Secretaría Técnica de Implementación de la Reforma Penal (Setec).

También destacó la relevancia de que los jueces comiencen a dar fallos con perspectiva de género. “Este es un elemento primordial debido a que las experiencias que tenemos en estados donde ya se implementó el sistema penal acusatorio, [es que] hay jueces que sí lo toman en cuenta, pero la mayoría de ellos no lo hace”, dijo.

Respecto a la rendición de cuentas, Carranza expuso que un reto es que las sentencias se den en un lenguaje accesible a todos, pues refirió que una encuesta del TSJDF reveló que el 70 por ciento de personas a las que se les dictó una sentencia no recibieron explicación del fallo más allá del lenguaje jurídico con que se manejó. La reforma penal plantea que las sentencias se tienen que dar en un lenguaje entendible.

Otro reto será que la Policía Ministerial deje de usar la tortura para obtener declaraciones autoinculpatorias. “Ese es un elemento en donde la policía va a comenzar a trabarse porque en el sistema penal acusatorio las declaraciones autoinculpatorias ya no tienen valor probatorio dentro de la etapa de investigación. Entonces la policía tiene que capacitarse y dejar de acudir a la tortura”, consideró.

Aunado a ello, tendrán que verse resultados en cuanto a sanciones para las autoridades, agregó. Carranza refirió que, según el TSJDF, en los últimos 10 años no ha existido una sola sanción para jueces penales en el Distrito Federal. El nuevo sistema incorpora mecanismos de sanción, de modo que se tendría que ver resultados en este tema, apuntó.

Otro desafío será la transformación cultural sobre cómo se concibe la justicia y particularmente a las partes del proceso, ya que actualmente sólo 6 por ciento de la población en el país considera importantes los derechos de las personas imputadas, apuntó el investigador.

Sobre el manejo informativo dijo que los retos inmediatos serán que se permita el ingreso de la prensa a todas las audiencias y que se desarrollen mecanismos y protocolos transparentes donde se defina cómo podrán ingresar los periodistas a las audiencias públicas.

También tendrá que garantizarse el principio de publicidad y el acceso a todos los ciudadanos, no sólo los periodistas, de todas las grabaciones de las audiencias públicas, agregó el investigador del Insyde. Un elemento más en este sentido será desarrollar una estrategia de comunicación íntegra e incluyente.

Para Alicia Beatriz Azzolini, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), institución pública que ha promovido la reforma en el sistema de justicia penal, el desafío será transformar la forma de trabajo en el sistema judicial, pues supone una reestructuración institucional que involucra a policías, defensores públicos, ministerios públicos, jueces y magistrados.

La ex Fiscal Central para Asuntos del Menor de la procuraduría capitalina durante el escándalo del albergue “Casitas del Sur” se refirió también al riesgo de que la implementación del nuevo sistema no repercuta en cómo se imparte la justicia en la capital del país.

“El peor riesgo que yo vería es ese: que finalmente no cambiara y que siguieran los juicios siendo largos, no se pudiera aligerar la carga de trabajo […]. Lo peor que podría pasare es que si el modelo no funciona bien digan ‘no sirve, fracasó’, y entonces nos quedamos con lo viejo que teníamos, eso sería muy grave”, consideró.

¿TIEMPO SUFICIENTE?
En su primera fase de implementación en el Distrito Federal, el nuevo sistema penal abarcará sólo los delitos perseguidos por querella o cometidos por negligencia. En una segunda etapa, que comenzará a operar a mediados de año, se extenderá a los delitos graves y para el segundo semestre de 2016 -año en que tendrá que estar implementado en todo el país- se comenzará la tercera y última etapa.

Al respecto, Carranza expresó que esta primera etapa será una “curva de aprendizaje” y por ello consideró que la decisión de comenzar con los delitos no graves fue “un paso precavido para no cometer errores y no estar en la luz pública, justo en el centro del país, cuando todos los ojos lo están observando”.

Azzolini coincidió con que comenzar la implementación del nuevo sistema con los delitos no graves responde a una previsión, de modo que si hay errores, éstos no tengan un mayor impacto.

“No es lo mismo que quedó impune un daño en propiedad ajena por 5 mil pesos, a que quedó impune o nunca se aprehendió a un homicida serial”, ejemplificó.

Otra explicación de este modelo escalonado, dijo, es que los delitos de querella son menos complejos de resolver.

Sin embargo, Novoa advirtió que el poco tiempo que tendrá el nuevo sistema para su implementación completa en la capital del país podría ser riesgoso para su eficaz operación. Comparó el caso del Distrito Federal con estados como Oaxaca y Chihuahua, que comenzaron hace varios años con la implementación del nuevo sistema.

“Es un nuevo sistema, tiene sus grados de dificultad porque tienes que hacer un cambio muy estructural dentro de las instituciones y son instituciones que traen déficits”, refirió.

Por ello consideró que otro desafío del Distrito Federal será precisamente impactar en poco tiempo y con una gran carga de trabajo. El riesgo, dijo, es que si los problemas se presentan con los delitos no graves, no se llegue a operar adecuadamente con delitos graves.

El Reporte de hallazgos 2014 sobre los avances de la implementación y operación de la reforma penal en México, publicado por CIDAC el pasado 20 de noviembre, señaló que al acercarse el plazo establecido para la operación total del nuevo sistema, el principal riesgo es que éste se implemente con deficiencias y se simulen cambios para dar continuidad al uso de viejas prácticas.

CAPACITACIÓN, ¿SUFICIENTE?
La implementación del nuevo sistema de justicia penal requiere la capacitación de todos los actores que intervienen en el proceso de procuración y administración de justicia: policías, ministerios públicos, jueces, mediadores, personal penitenciario, defensores y peritos.

Al anunciar la puesta en marcha del nuevo sistema, el gobierno del Distrito Federal refirió que se han puesto en marcha 40 salas dedicadas a los juicios orales; en febrero se sumarán otras 40. También indicó que habrá 45 jueces, cinco de ellos para atender los casos de adolescentes.

El presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, expuso que se destinaron 200 millones de pesos de presupuesto, dinero que sirvió para construir 30 salas de audiencia, salas para juzgados de control, salas de juicios orales, cuatro unidades de gestión administrativa, una unidad de mediación y “tecnología de punta que facilita a las autoridades grabar audio y video de las audiencias”.

También se informó que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales también dispondrá de nuevo mobiliario en las coordinaciones territoriales de seguridad pública y procuración de justicia.

El gobierno destacó además la capacitación de 55 mil 419 elementos policiales, 3 mil 283 servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), 360 defensores públicos y 924 integrantes de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario.

No obstante estas cifras, Novoa dijo que el Distrito Federal ha tenido dificultades en la implementación del nuevo sistema. “No se le conoce una planeación integral del proceso, no lo conocemos”, expuso.

A ello se suma un problema en la coordinación interinstitucional, principalmente entre la Procuraduría y el Poder Judicial, dijo.

“Ha tenido en su proceso de implementación dificultades tanto en planeación [y] coordinación interinstitucional. Digamos que no se ha logrado crear las condiciones mínimas necesarias en todas las instituciones y los operadores necesarios”, afirmó la investigadora de CIDAC.

Novoa expresó que no se trata solamente de los recursos que se destinan, sino de la efectividad de la operación del nuevo sistema.

“No es solamente construir salas de audiencia, no es solamente construir edificios, no es solamente comprar tecnología e instalarla. Es un proceso de que va a haber un cambio importante, profundo de las formas de trabajo, y que se generen no solamente nuevos perfiles, sino que los operadores tengan las competencias necesarias para responder a este nuevo sistema y a esta nueva forma de trabajo”, señaló.

Carranza coincidió con que el gasto público no significa la eficiencia en un sistema de justicia penal, además de señalar que los operadores del nuevo sistema de justicia penal “han recibido capacitación informal, porque no fue una capacitación sistematizada. Eran talleres, pequeños cursos, en donde se daban diplomas solamente para cubrir estos recursos, sin embarro eso no garantiza que el sistema vaya a ser eficiente”.

Novoa advirtió que el riesgo de que no se implemente adecuadamente el nuevo sistema es que eso abone a la percepción ciudadana de que prevalece la impunidad. Tratándose de la capital del país, expuso, hay también una gran expectativa sobre los resultados que tendrá aquí la operación del nuevo sistema de justicia penal.

“Si lo hace bien va a ser un gran referente a nivel de país, y si no lo hace bien es un problema en términos de la credibilidad que se le va a tener a este nuevo sistema procesal penal. Es la importancia que tiene el Distrito Federal en este proceso”, concluyó.

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