Dos años y un gran error: ignorar a la sociedad

4 Ene

Pasaron los primeros 24 meses del gobierno del priista Enrique Peña Nieto. Del esperanzador comienzo de la administración, en aquel 1 de diciembre de 2012, hoy queda poco, a pesar de que el sexenio apenas y entrará a su segundo tercio.

La ilusión que levantó el primer discurso del mexiquense como Jefe del Ejecutivo federal y que presumía un mayor diálogo con la sociedad civil organizada comenzó a desvanecerse incluso antes de llegar el primer año de gobierno.

Ahora, al consumarse el segundo, el espejismo se ha roto, y la actual administración vive su peor momento de cara a los reclamos de una sociedad que, indignada y harta de los abusos de funcionarios públicos y políticos, corruptos e incluso criminales, ha decidido tomar la sartén por el mango y hacer contrapeso a un gobierno que ha ignorado sus reclamos y ha minimizado su presencia.

El gran error del actual mandatario federal, del equipo que lo asesora y lo acompaña en el gobierno y del propio Partido Revolucionario Institucional (PRI), es justo haber ignorado las protestas sociales, en particular las de los jóvenes preparatorianos y universitarios, que se encendieron luego de su visita a la Universidad Iberoamericana, el 11 de mayo de 2012.

Ese movimiento estudiantil de rechazo a su campaña electoral y su partido, donde se derrochó dinero a manos llenas y los poderes fácticos se volcaron en su apoyo, en especial medios de comunicación oficialistas como Televisa, se volvió nacional y fue la primera llamada de un rechazo que ha ido creciendo, ante la indiferencia del gobierno.

Sin embargo, luego del 26 de septiembre, cuando autoridades y policías de Iguala y Cocula, Guerrero, arremetieron contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, matando a seis y secuestrando a otros 43, la administración peñista ha sido evidenciada por su poca capacidad para responder a las demandas ciudadanas de justicia, aplicación de la ley y el combate a la corrupción y a la impunidad.

El caso de los normalistas de Ayotzinapa rompió todas las expectativas optimistas que se tenían en el gobierno del mexiquense. A nivel internacional, el llamado es a resolver lo que se califica incluso como un “genocidio” y a reparar el Estado de Derecho en México. Los medios más influyentes a nivel mundial han criticado que las autoridades han permitido la instauración de un “narcoestado”, debido a la impunidad y a la corrupción de los propios gobernantes coludidos con el crimen organizado en prácticamente toda la República.

Por si fuera poco, el escándalo en torno al dueño de Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, y las propiedades millonarias ligadas a la familia de Peña Nieto también han hecho mella a la confianza sobre el actual gobierno, pues se reclama, a niveles nacional e internacional, un conflicto de interés que no ha sido aclarado con suficiencia por la propia Presidencia de la República.

La imagen de México ante el mundo es la peor que se recuerda en décadas y ahora también pone en riesgo la viabilidad de las reformas estructurales pues, de acuerdo con analistas, los grandes consorcios e inversionistas han rechazado la falta de transparencia y rendición de cuentas que mantiene el actual gobierno federal.

Todos estos reclamos son exigencias que la sociedad civil ha venido haciendo desde hace años. Se le volvieron a plantear al Presidente Enrique Peña Nieto desde su campaña por la Presidencia en 2012 y, luego, tras asumir el cargo, el 1 de diciembre de ese mismo año.

Pero no, el Jefe del Ejecutivo federal y sus cercanos siguen sin escuchar a quienes gobiernan, y no han entendido que sólo 38 por ciento de los mexicanos que integran el padrón electoral votaron por él, y que los que no simpatizaron con el mexiquense fueron mayoría: un 62 por ciento.

Ese porcentaje, según se muestra en las más recientes encuestas de popularidad del Presidente, es ahora mayor. La imagen y popularidad de ningún otro mandatario, en sus primeros dos años de gobierno, había recibido calificaciones tan bajas como las que hoy tiene EPN.

Han pasado los primeros 24 meses y el descontento social aumenta.

Si el Presidente no toma la iniciativa y muestra un verdadera voluntad política para escuchar a la sociedad y comenzar a mover a México hacia un país de respeto y aplicación de la ley, con el mismo peso para todos y sin privilegiar a la clase política, la descomposición que hoy se vive en el país crecerá, la debilidad del Estado se profundizará y, además, se pondrá en riesgo la endeble democracia.

Han pasado dos años y el gran error ha sido ignorar las demandas de una sociedad cada vez mejor informada, organizada y activa que exige respuestas y soluciones prontas a los enormes males que se han propagado en la República. No escucharla ahora sería sentenciar al país, y al propio gobierno federal, a una debacle.

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