Empresas, políticos y fraudes: el sabor a hiel

2 Ene

A unas horas de despedir 2014, apenas el segundo año del sexenio de Enrique Peña Nieto, a los mexicanos nos queda en la boca el amargo sabor de la hiel. La causa: hemos comprobado a lo largo de estos 24 meses que si algo no está dispuesto a hacer el actual gobierno es a privilegiar la transparencia y la rendición de cuentas.

La amargura, pues, deriva de que el propio Presidente de la República no cree en el combate a la corrupción y los ejemplos, por desgracia, sobran.

Es el Jefe del Ejecutivo federal, su familia y sus colaboradores más cercanos los que en 2014 han protagonizado los mayores escándalos por supuestos conflictos de interés con empresarios a los que han otorgado miles de millones de pesos en contratos y eso que apenas y si han transcurrido 25 meses del regreso de un gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México.

Ahí está, como una punzón que lastima a toda la sociedad, la afrenta de la “casa blanca” de Angélica Rivera Hurtado, esposa de Peña Nieto, y a quien Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, le “ayudó” a financiar la mansión de 86 millones de pesos en las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México.

Ahí está la denuncia del diario The Wall Street Journal, que reveló que también el actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, compró a H&G SA, subsidiaria de Grupo Higa, una casa en Malinalco, Estado de México, valuada en 7.5 millones de pesos y que, aunque el funcionario afirma que lo hizo de manera legal, no ha borrado las sospechas.

Es más, éstas han arreciado luego de que apenas hace unos días se difundiera que

una red de “amigos” compuesta por ex funcionarios del Edomex, entre los que destacan Videgaray Caso y Fernando Aportela Rodríguez, actual subsecretario de Hacienda y brazo derecho de Videgaray, sirvió para adjudicar contratos sin licitación a empresas de Juan Armando Hinojosa y a la familia política del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.

A través del Fideicomiso C3, creado en la consultora financiera Protego, que dirigieron Luis Videgaray y Fernando Aportela, se construyeron dos penales en Tenango del Valle y Tenancingo con un valor que ascendió a mil 247 millones de pesos. Videgaray fue director de Finanzas Públicas en Protego de 1998 a 2005, año en que dejó el cargo para asumir la Secretaría de Finanzas del Gobernador mexiquense Peña Nieto, mientras que Fernando Aportela lo relevó en 2005 en ese mismo cargo.

Ahí está la revocación, desde Los Pinos y de forma sorpresiva, del fallo de la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro por 58 mil 820 millones de pesos, ganada por un consorcio liderado por la empresa China Railway Construction Corporation, propiedad del gobierno chino, y en el que figuraban tres empresas mexicanas vinculadas estrechamente con líderes del PRI y el propio Presidente:

1) Constructora Teya, que pertenece a Grupo Higa, que edificó obras por miles de millones de pesos cuando Peña Nieto fue Gobernador del Estado de México y que, además, en los 25 meses de esta administración federal ya suma contratos también multimillonarios tanto con el gobierno de México como con los de entidades como Nuevo León y Puebla.

2) GIA+A, propiedad de Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas, otro empresario consentido en el actual gobierno federal que le ha entregado ya obras por más de 3 mil millones de pesos, además de otros que ha conseguido con los gobiernos de los estados: el caso más escandaloso está en Sinaloa, donde incluso el Gobernador Mario López Valdez ha modificado leyes para financiarle obras como los hospitales de Culiacán y Mazatlán, y un parque temático.

3) Promotora y Desarrolladora Mexicana, el brazo constructor de otro magnate consentido del peñismo, Olegario Vázquez Raña, a quien también, desde que Peña fue Gobernador en el Edomex, se le han concedido contratos de infraestructura por miles de millones de pesos. Vázquez Raña es, además, dueño de Grupo Empresarial Ángeles, que controla los hoteles Camino Real, los Hospitales Ángeles, el Grupo Imagen Multimedia, así como el periódico Excélsior, el canal de televisión Cadena Tres, y Grupo Financiero Multiva. Este hombre también es protagonista del escándalo derivado de los favores del Gobernador Malova en Sinaloa y el proyecto de la construcción de los hospitales generales en Culiacán y Mazatlán.

Pero además de no afrontar sus propias responsabilidades ante acusaciones claras y directas, que en otro país les hubiera costado el puesto e incluso un proceso legal en su contra, los protagonistas del actual gobierno tampoco han perseguido con todo el peso de la ley a defraudadores del propio Estado y de los ciudadanos en México.

Ahí están, como ejemplos, el caso de Oceanografía, propiedad de Amado Omar Yáñez Osuna, y sus fraudes contra Petróleos Mexicanos (Pemex), una empresa que desde 2006 es supuestamente “investigada” sin que a su propietario, ahora preso por un desfalco a Banamex, le hayan tocado aún un pelo por las millonarias ganancias que su compañía obtuvo en décadas con base en la corrupción en Pemex.

Y, aunque la lista es más larga, queda mencionar otra herida reciente y producto del filoso estilete que representa la corrupción y la impunidad en el país: la de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) de nombre Ficrea, cuyo socio mayoritario es Rafael Olvera Amezcua, y quien con una mano desfalcó a ahorradores por unos 2 mil 700 millones de pesos, mientras que con la otra se llenaba los bolsillos comprando al menos 57 inmuebles por millones de dólares en Estados Unidos, ante la mirada indolente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que preside Mario di Costanzo Armenta.

Ficrea, fundada en 2008, tenía 37 sucursales en todo el país y miles de clientes, entre ellos el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) al que también se llevó entre las patas con ahorros por 120 millones de pesos.

En resumen: las empresas corruptas, los políticos corruptos y los fraudes derivados de sus vínculos son el motivo por lo que a los mexicanos 2014 nos deja un sabor amargo y que perdurará por mucho tiempo, si es que en 2015 desde el gobierno federal no se hace algo para sacarnos esa hiel del hígado.

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