Qué, qué, qué… ¿quién manipula a quién?

13 Dic

El gobierno federal está en serios problemas.

Y lo está porque no ha sido claro ni contundente y mucho menos responsable en el caso de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, muertos y secuestrados entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre pasados.

Lo está desde aquél fin de semana en Iguala, Guerrero, cuando en el intento de tapar el socavón que se abrió para las instituciones, la primera reacción de los funcionarios fue criminalizar a las víctimas, jóvenes estudiantes de la región más pobre de esa entidad, marginada entre las marginadas, y cuya aspiración central era estudiar, recibirse de maestros, para avanzar hacia un futuro algo mejor que el de sus padres, pero desde las instituciones del Estado se les cerró esa puerta y, a cambio, recibieron golpes, tortura, balas y muerte de quienes, en teoría, estaban contratados para cuidarlos.

El gobierno federal está en serios problemas, porque hasta el Presidente Enrique Peña Nieto tardó en ocuparse del caso. Diez días después de la tragedia apenas se pronunció sobre el tema, manifestó su indignación y se comprometió con hallar a los muchachos, dar con todos los culpables y apoyar a las familias de las víctimas.

El gobierno federal está en serios problemas porque no actuó con contundencia y rapidez contra los directamente involucrados en este caso: el Presidente municipal de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda, así como el jefe de la Policía de ese ayuntamiento, Felipe Flores Velázquez; los dos primeros fueron detenidos el 4 de noviembre pasado, mientras que el tercero permanece prófugo.

Pero además está pendiente la rendición de cuentas del ahora Gobernador con licencia, el también perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien a pesar de tener conocimiento, como él mismo dijo, de la infiltración del crimen organizado en ese municipio, y en varios más que colindan en esa zona, no movió un dedo. Se quejó y se quejó de la falta de acción de las autoridades federales, pero él cometió omisiones que no están aclaradas con suficiencia y, por tanto, como Jefe del Ejecutivo estatal debe ser presentado ante un juez.

El gobierno federal está serios en problemas porque el 7 de noviembre pasado, en medio de la indignación que provocó el caso entre la sociedad mexicana y la comunidad internacional, y una serie de marchas multitudinarias en las principales ciudades del país, y también en urbes emblemáticas del mundo en solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa, Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), trató de explicar lo sucedido con base en los testimonios de tres presuntos miembros de la banda Guerreros Unidos, tres jóvenes quienes en teoría participaron en el asesinato y la incineración de cuerpos de los supuestos normalistas en un basurero del municipio de Cocula, Guerrero.

El gobierno federal está en serios problemas porque la versión ahí ofrecida, no la creyó nadie, mucho menos los padres de los 43 secuestrados y viniendo de quien vino: tres asesinos a sueldo y un Procurador cansado, harto de preguntas y quien no dudó en frenar con la frase que ahora es ya un símbolo de la sociedad en el movimiento que busca justicia para los estudiantes de Ayotzinapa: “Ya me cansé”.

El gobierno federal está en serios problemas porque esa conferencia se dio dos días antes de que el Presidente Peña Nieto se fuera de gira a China, para participar en la Cumbre del Grupo de los 20 (G20), un viaje criticadísimo porque se hizo abandonando el caso más grave que se le presentó antes de cumplir sus dos primeros años de gobierno y ante un tensión social en el país que no se había visto desde el movimiento estudiantil de 1968, y hasta aún no ha aminorado.

El gobierno federal está en serios problemas porque en vez de atacar la corrupción y la impunidad que alimentan al crimen organizado en Guerrero y en todo el país, se ha dedicado a criminalizar la protesta social, a llamar revoltosos y violentos a los miles de indignados en todo el país y ahora, encima, hasta a afirmar que el movimiento que encabezan los padres de los normalistas está manipulado por grupos y organizaciones rebeldes en la entidad, como dijo hace dos días el titular de la Secretaría de Marina (Semar), el almirante Vidal Soberón Sanz.

Como si no supieran que esos grupos han estado ahí por décadas, luchando contra los abusos del Estado e incluso llenando espacios que los gobiernos federal y local han abandonado por completo, como es el caso de la seguridad –con autodefensas y comunitarios–, la educación –de la mano de maestros rurales– y la producción del estado, donde esos “violentos” enseñan a las comunidades a ser autosuficientes. A la falta de liderazgos políticos, son ellos los que asumen el liderazgo social.

El gobierno federal está serios problemas porque apenas ayer científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desmintieron la hipótesis de la presentada por el Procurador Murillo Karam el 7 de noviembre sobre la supuesta incineración de los 43 normalistas.

“Es imposible que hayan sido quemados en Cocula, y la autoridad está en un serio problema porque si no se quemaron en Cocula, ¿quién los quemó y en dónde se quemaron?”, expuso Jorge Montemayor Aldrete, investigador titular del Instituto de Física de la UNAM, quien añadió que para cremar 43 cadáveres se requieren 33 toneladas de troncos de cuatro pulgadas de diámetro, es decir dos trailers de leña y 53 kilogramos de gas por cada cuerpo.

“Si los cuerpos se hubieran quemado con puras llantas para reducirlos a los restos mostrados por la PGR se hubieran necesitado 995 llantas de autos pasajeros. La hipótesis de que fueron quemados en el basurero de Cocula no tienen ningún sustento en hechos físicos o químicos naturales”, explicó Montemayor Aldrete.

Además, en el caso de que se hubieran ocupado las 995 llantas, habría 2.5 toneladas de alambre de acero, con lo que se requería mil 425 y mil 540 grados centígrados, lo que provocaría una columna visible desde varios kilómetros.

Por si todo esto fuera poco, el físico planteó que los residuos de huesos y cenizas de leña pesarían 333 kilogramos, de los cuales 116 corresponderían a restos humanos. El material se empacaría en 12 bolsas de 25 kilos cada una.

Esto abre otra hondonada profunda en la confianza al gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto que, además de todas críticas que ha sumado en estos 77 días, ahora tendrá que dar la cara para, de corroborarse el estudio de los científicos, explicar por qué mintió. Por qué engañó con una teoría tan absurda a los padres, a la prensa nacional y extranjera, y en especial a todos los mexicanos.

Entonces, señores, ¿quién manipula a quién?, ¿quién es, en este caso, el que manosea los hechos para salir del paso?

Como dijo el físico Jorge Montemayor: “la autoridad está en un serio problema”.

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