Comisiones en el Congreso: pura simulación

13 Dic

Si algo hemos aprendido a lo largo de décadas los mexicanos es que las comisiones especiales, creadas ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República, para “investigar” casos especiales, sólo cuestan dinero al presupuesto público, el de todos los ciudadanos, y nunca dan resultados que inclinen la balanza en favor de la transparencia y, por tanto, de la aplicación de la justicia.

Los casos más escabrosos de cada sexenio se han quedado ahí incompletos, abandonados por completo y otros más se han “resuelto” siempre con decisiones que no le tocan un solo pelo a los implicados. Son, en síntesis, pura simulación.

Desde las comisiones creadas para investigar los casos de la matanza de estudiantes en 1968; la que indagó el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en marzo de 1994; la que supuestamente aclararía el tema de la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y, luego, las operaciones de compra de cartera del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB); la del aumento del patrimonio del ex Presidente Vicente Fox Quesada en sus seis años de gobierno; la del enriquecimiento y el conflicto de interés en Petróleos Mexicanos (Pemex) de los hijos de Martha Sahagún Jiménez, los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún; la del incendio de la Guardería ABC, en junio de 2009, y donde 49 niñas y niños murieron y más de 70 resultaron lesionados, o la del caso de los monederos del Banco Monex, que sirvieron para acarrear votantes al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a su candidato, Peña Nieto, durante las elecciones federales de 2012, todas han arrojado nulos resultados.

Por ese camino van también las que han sido creadas en estos dos años del sexenio peñista y que, además, en los temas más espinosos para el gobierno federal han quedado en manos de legisladores priistas y sus partidos satélites, lo que aumenta aún más la sensación de que son sólo parte de la estrategia para acallar las críticas y los reclamos de los ciudadanos y la opinión pública.

1. La Comisión Especial que investiga el caso Oceanografía, creada el pasado 10 de abril en la Cámara de Diputados, para aclarar supuestos actos de corrupción en Petróleos Mexicanos por una cifra aún desconocida, tras descubrirse un fraude por 585 millones de dólares contra el Banco Nacional de México (Banamex), de Citi Group.

2. La que da seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el Río Sonora, por parte de una mina de Grupo México, creada el pasado 17 septiembre 2014, y que es presidida por el priista Willy Ochoa Gallegos.

3. La que se creó el 30 de septiembre de 2014, también en la Cámara Baja, para dar seguimiento a las investigaciones sobre los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde un grupo de militares ejecutó a 22 presuntos criminales el pasado 30 de junio.

4. La Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, contra los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, creada el pasado 6 octubre de 2014.

5. La Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que, por cierto, ni siquiera se ha terminado de integrar.

6. La Comisión Especial para Revisar el Proceso de Licitación, Emisión del Fallo y su Cancelación, para la Construcción del Tren México-Querétaro, que preside además el Diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que se instaló ayer a toda carrera, casi con las maletas hechas pues los diputados arrancan un periodo vacacional de seis semanas el jueves.

Esta última tendrá en sus manos investigar al propio Presidente Peña Nieto, pues al mexiquense se le liga con el anunció que el pasado 6 de noviembre hizo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Ese día, la dependencia canceló la licitación del tren México-Querétaro, que había sido adjudicada a un consorcio que encabezaba China Railway y otras empresas mexicanas como Constructora Teya, de Grupo Higa, empresa cercana a Enrique Peña Nieto, y la misma que construyó la famosa “Casa Blanca” de su esposa, Angélica Rivera Hurtado, cuyo valor asciende a 7.7 millones de dólares; y la constructora GIA, propiedad de Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, quien está ahora cercano al primer círculo del mandatario federal.

El Diputado que preside la comisión para “investigar” este caso, Maldonado Hernández, no sólo es priista, también es un político oriundo del Estado de México y fue titular de la Secretaría del Trabajo y director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) durante el sexenio del Gobernador Peña Nieto en esa entidad.

Es decir, el actual Presidente de México fue y es Jefe de Maldonado.

¿Usted cree que de verdad esa comisión llegará al fondo y nos dirá a los mexicanos la verdad de los enredos que han salido a la luz y que apuntan a la comisión de un conflicto de interés generado desde Los Pinos? ¡Claro que no!

Entonces, ¿para qué tanta comisión, para qué tanto gasto, para qué tanta farsa si al final todos serán eximidos? Desde el Congreso se simula y muy bien que trabajan contra la corrupción y la transparencia, cuando esos mismos diputados y senadores la han cobijado y alentado por años a cambio de concesiones y, por supuesto, mucho, mucho dinero.

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