Pyecsa, que construye con Higa acueducto, vinculada al Gobernador Medina: ONGs

8 Dic

Organizaciones civiles que se oponen a la edificación del acueducto Monterrey VI denunciaron que el proyecto que construirá una filial de Grupo Higa, con el financiamiento del gobierno federal y del estado de Nuevo León, tiene cambios en su trazo original lo que invalida los estudios realizados y los permisos otorgados, y obliga a las autoridades dar marcha atrás en su realización.

En un conferencia de prensa, los activistas que forman parte de Rescatemos Nuevo León y Reforestación extrema, entre otros grupos civiles, denunciaron que existe un conflicto de intereses en Monterrey VI. Explicaron que además de la relación del Presidente Enrique Peña Nieto con Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa, a través Concretos y Obra Civil del Pacífico, hay otra empresa participante, Pyecsa, que está relacionada con el Gobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz.

Dijeron que ademas está involucrada la constructora Recsa, de Humberto Armenta, quien, afirmaron fue expulsado de la Cámara Mexicana de la Construcción por supuestos malos manejos. Por ello manifestaron que seguirán con los procedimientos legales en curso y un posible amparo contra el proyecto, cuestionado también por caro e innecesario.

Tras analizar de los documentos públicos y escuchar especialistas y académicos, dijeron que encontraron “nuevos indicios de que el proyecto Monterrey VI es una obra no pertinente, innecesaria y sumamente costosa”.

Los organismos civiles exigieron al Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz la destitución inmediata de Emilio Rangel, director de la empresa Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SAyDM) por mentir a la ciudadanía, falseando información para justificar la obra y negar información sobre el proyecto.

Asimismo presentaron ante el Congreso de Nuevo León la cancelación de proyecto hidráulico Monterrey VI con el argumento de “la patente opacidad, falta de control e irregularidades (financieras, ecológicas y legales) de las que está plagado el proyecto en cuestión”.

Denunciaron que el proyecto tiene “anomalías que llegan a absurdos tales como que no se ha podido dar siquiera una respuesta clara respecto del precio que pagaremos los nuevoleoneses por el acueducto, pues primero se dijo que eran catorce mil, luego cuarenta y siete mil, después cincuenta y siete mil millones de pesos y ahora, ninguna de las anteriores; ni se han compartido los estudios de factibilidad ecológica que justifiquen la viabilidad del proyecto, en los ecosistemas que pretende trastocar”.

“Si somos los nuevoleoneses quienes pagaremos con nuestros impuestos el acueducto a las constructoras favorecidas con el resultado de la licitación, quienes absorberemos el aumento que se generará en el precio del metro cúbico de agua potable y quienes además terminaremos consumiendo el agua cuya salubridad se cuestiona, definitivamente tenemos voz y voto en esta cuestión”, dijeron las organizaciones en la carta que presentaron ante el Congreso.

El proyecto del acueducto consiste en la construcción de un acueducto de 372 kilómetros de longitud y 2.13 metros de diámetro, con origen en San Luis Potosí, que atraviesa territorios de Veracruz y Tamaulipas y llega al municipio de Linares, Nuevo León, para extraer agua del Río Pánuco y que se interconectará con el Acueducto existente Cerro Prieto-Monterrey, a fin de conducir el agua hasta la planta Potabilizadora San Roque y distribuirla a la zona conurbada regiomontana a través de los dos anillos de transferencia ya existentes.

La construcción de Monterrey VI fue una de las promesas que Peña Nieto hizo el pasado 22 de abril de 2012 en el marco de su campaña presidencial. Ese día, el mexiquense dijo que había requerido al notario público 129 de Nuevo León, Manuel García, para que diera fe de tres compromisos: concretar el proyecto acuífero Monterrey VI, reforzar con elementos federales a los cuerpos policíacos de la entidad y construir las líneas 3 y 4 del Sistema Metropolitano de Transporte Colectivo Metro.

Dos años después, y meses antes de que la licitación del acueducto fuera ganada por Concretos y Obras Civil del Pacífico, filial de Grupo Higa, Peña Nieto, ya como Presidente, regresó a la entidad donde dijo: “Apoyamos la construcción del acueducto Monterrey VI, una obra esencial para la viabilidad de esta región que asegurará el suministro de agua en las próximas décadas […] puedo recordar de aquel entonces, siendo candidato y habiendo suscrito este compromiso de una obra que significa construir el acueducto más grande, quizá, que haya en el país, del orden de 400 kilómetros.”

Grupo Higa pertenece a Juan Armando Hinojosa Cantú, empresario vinculado al Presidente Enrique Peña Nieto. La empresa edificó obras millonarias para el Estado de México cuando Peña Nieto fue su Gobernador, también alquiló aeronaves al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la campaña presidencial de 2012, a través de su filial Eolo Plus.

Armando Hinojosa fue parte del consorcio al que inicialmente el Gobierno federal adjudicó la licitación para construir el tren rápido México-Querétaro, con valor de 50 mil 820 millones de pesos. La obra fue cancelada de forma por el gobierno de Peña Nieto el 6 de noviembre.

Una investigación realizada por el sitio Aristegui Noticias detalló aún más la relación entre el priista Peña Nieto y Grupo Higa al dar a conocer que una casa localizada en Lomas de Chapultepec, y en donde vivió la familia presidencial, está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa que pertenece a Grupo Higa.

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