El país de unos cuates

30 Nov

Primero fue el caso de la constructora española OHL Después, la repentina cancelación de la licitación del tren rápido a Querétaro por las sospechas generadas y, ahora, la licitación de los dos nuevos canales abiertos de televisión.

Visto de golpe por cualquier extranjero, pareciera que el nuevo gobierno de México tenía mucha prisa por repartir el país entre los cuates.

La cancelación del tren Querétaro-México es quizás el más ruidoso de estos affaires. Fue anunciada a través de un comunicado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitido casi a medianoche el pasado del pasado 6 de noviembre. El contrato había sido entregado a un conjunto de empresas encabezado por China Rail y entre el que se encontraban también Construction Corporation, Prodemex, Grupo GIA, Constructora TEYA, China South Rolling Stock Corporation y GHP Infraestructura Mexicana.

Este consorcio no sólo presentó una oferta 21 por ciento más cara de lo presupuestado, sino que también estaba conformado por empresas mexicanas cercanas al Presidente Enrique Peña Nieto y al ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.

Grupo GIA es propiedad de Hipólito Gerard, quien es hermano de Ana Paula Gerard, esposa del ex Presidente Salinas de Gortari. Mientras, la Constructora Teya está vinculada a la empresa Eolo, que arrendó los aviones de la campaña presidencial de Peña Nieto. En tanto que Prodemex, es propiedad de Olegario Vázquez Aldir, hijo de Olegario Vázquez Raña, de Grupo Ángeles e Imagen.

De acuerdo con la explicación oficial, la licitación se canceló ante las suspicacias que había despertado. La revocación fue un escándalo internacional, que abonó al desprestigio del que ya goza el gobierno federal entre los medios internacionales.

Pero este sólo fue el inicio de un escándalo mayor, el 9 de noviembre, una investigación del sitio de Aristegui Noticias reveló que Constructora Teya pertenecía a Grupo Higa, que edificó obras millonarias para el Estado de México cuando Enrique Peña Nieto fue su Gobernador. Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, también alquiló aeronaves al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la campaña presidencial de 2012, a través de su filial Eolo Plus.

Grupo Higa también resultó involucrado en el llamado “affair casablanca”, luego de que la investigación en mención descubriera que este grupo empresarial era el propietario de una residencia con un valor aproximado a los 86 millones de pesos, que se encuentra entre los bienes de la Primera Dama de México, Angélica Rivera Hurtado.

Días después, una vez que la pareja presidencial regresó de una gira de 10 días por China y Australia, Rivera Hurtado explicó, a través de un video y con rostro de indignación, que la propiedad era producto de más de dos décadas de su trabajo como actriz y anunció que vendería los derechos del contrato de compra-venta para terminar con el tema.

Pero la nube de dudas que empieza a envolver las licitaciones de gobierno no termina ahí: el pasado 20 de noviembre por la tarde-noche, en medio de la jornada de protestas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitió un boletín de prensa en el que anunciaba que sólo tres de los ocho interesados, habían enviado sus propuestas para concursas por los nuevos canales de televisión.

Estos tres grupos son el Centro Nacional de Información de Estudios Tepeyac, S.A. de C.V, propiedad de Mario Vázquez Raña; Cadena Tres, que pertenece a Olegario Vázquez Aldir, y Grupo Radio Centro, de Francisco Aguirre Gómez.

Los tres, a juicio de analistas del sector consultados por SinEmbargo, tienen algo en común: son dueños de medios acríticos, dependientes del PRI, por lo que han mantenido una línea editorial apegada al partido político que hoy está en el poder y en consecuencia, al Presidente.

Con este antecedente, nuevamente se cierne un halo de duda sobre una de las licitaciones más importantes que se realizarán durante el actual gobierno, sin contar con la serie de contratos que se otorgarán durante la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, catalogada como una de las obras públicas más importantes del mundo.

Ante este panorama y con estos antecedentes, sólo falta que se cumplan todos los pronósticos y uno de los grandes ganadores de las obras de la Reforma Energética sea Pedro Aspe Armella, ex funcionario salinista y mentor del actual Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y que, por cierto, fue también uno de los primeros en decir públicamente que la explotación de gas shale en México, a través del fracking, representaba un negocio millonario para el país.

Demasiada ambición, demasiado desaseo, demasiadas sospechas confirmadas en sólo dos años de gobierno, ¿no creen?

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