El tren rápido se quedó atorado

12 Nov

La cancelación de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro se convirtió en la nueva piedra en el zapato del gobierno federal que en este asunto quedó como el cuetero. Si hubiera seguido adelante con la concesión, las obras se habrían realizado en medio de dudas y cuestionamientos, ya que una de las empresas ganadoras, Teya, rentó aeronaves para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el año 2012, mientras que GIA+A es propiedad de Hipólito Gerard, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.

La primera pertenece al grupo empresarial Higa, el cual edificó obras públicas emblemáticas cuando Peña Nieto gobernó el Estado de México y cuya filial, Ingeniería Inmobiliaria del Centro es, presuntamente, la dueña de la casa de las Lomas de Chapultepec valorada en 86 millones de pesos, que estaría pagando la primera dama Angélica Rivera de Peña.

Ante las dudas que surgieron sobre el proceso, el Presidente decidió cancelar la licitación ganada por el consorcio encabezado por China Railway Corporation, lo cual ya le trajo problemas con la empresa asiática, que anunció su intención de tomar acciones legales en contra del gobierno mexicano, que le tendrá que pagar un mínimo de 530 millones de pesos.

La compensación incluye los llamados gastos no recuperables como son el costo de los boletos de avión de los ejecutivos del consorcio ganador para visitar el área de la obra, sus viáticos y hasta las fotocopias, según lo establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Pero la compensación podría ir más allá de lo estimado en un primer momento, el 1 por ciento del valor de la obra, pues si la compañía china decide ir a tribunales, donde el gobierno de México no tiene mucha suerte, el pago podría ser más que millonario.

Uno de los casos más recientes es el de la empresa española OHL en contra del gobierno de Puebla, cuando la administración del panista Rafael Moreno Valle quiso cancelar la concesión del libramiento Norte.

El 24 de mayo de 2008 se le fue entregada a OHL la concesión, para el diseño, construcción, financiación y explotación de la obra, sin embargo, la administración morenovallista retiró a la firma ibérica la concesión, por 3 mil millones de pesos, alegando “irregularidades” y que fue entregada de manera directa por el gobierno del priista Mario Marín Torres sin licitarla.

La firma ibérica inició una serie de litigios para reponer el procedimiento y evitar perder el contrato. Fue hasta noviembre de 2013 que el gobierno morenovallista informó por medio de un comunicado que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito desechó el amparo que la transnacional había promovido contra la revocación de la concesión carretera.

Pero OHL respondió, y el pasado 27 de febrero el vicepresidente ejecutivo de la empresa, Juan Villar Mir de Fuentes, en conferencia de prensa en Madrid, informó que se había llegado a un acuerdo “sustituto” con el cual se daba por terminado el litigio del retiro de concesión para la construcción. Trascendió que tendrá un costo de entre 10 mil y 12 mil millones de pesos. La clave de la demanda de OHL fue la manera unilateral en que se había cancelado la concesión.

Otro caso es el que involucra a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la empresa estadounidense KBR, a la que la ahora empresa productiva tuvo que pagar una indemnización por 350 millones de dólares.

La disputa inició en 1997 por el pago de unas plataformas en Campeche y terminó hasta 2010. La Cámara Internacional de Comercio fungió como árbitro y dio la razón a la estadounidense, cuyas filiales ganaron tres arbitrajes seguidos a Pemex.

A lo que vamos es que abrir un frente con el consorcio que inicialmente había ganado la licitación del tren México-Querétaro no solamente representará un nuevo frente para el gobierno mexicano sino que será un pleito largo y, probablemente, también costoso.

No es que mantener la cuestionada adjudicación hubiera sido la solución sino que es una muestra de que las cosas deben hacerse bien desde un principio y de que ya no son tiempos para tapar el pozo después de que se ahogó el niño.

La licitación no sólo fue cuestionada por los medios de comunicación sino por una docena de empresas que prefirieron retirarse por considerar que tenían muy poco tiempo para cumplir con los requisitos, ahora, sólo queda esperar cuánto va a costar este cambio de decisión de última hora.

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