¿Qué clase de país asesina a sus jóvenes?

26 Oct

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se trató de vender a México la idea de que éramos un país de primer mundo, económicamente hablando.

En el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) se continuó más o menos por el mismo camino y se quiso dar a entender que éramos un país fuerte, a pesar de la crisis que llevó a millones a la ruina y a perder su patrimonio.

Con Vicente Fox Quesada (2000-2006), el primer Presidente de oposición en México, no se podía perder la oportunidad de vender la idea de que éramos un país democrático en el que se empezaba a dar la alternancia.

Con el segundo mandatario panista, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), la idea que se vendió fue la de que éramos con un país que en el que se combatía al crimen organizado de manera frontal, sin importar quién cayera.

La actual administración del priista Enrique Peña Nieto ha vendido un país en que existe todo lo anterior, pero con un componente adicional: que México se mueve gracias a la aplicación de la justicia, al respeto a los derechos humanos y las diversidad de pensamientos y opiniones.

Sin embargo, la realidad es muy distinta y dos hechos recientes lo muestran: Ayotzinapa y Tlatlaya. Ambos muestran que la falta de aplicación de la justicia, que genera la impunidad, ha deteriorado a las instituciones. Pero no sólo eso, los políticos, los gobernantes muestran un profundo desprecio por el diálogo y el intercambio de ideas para lograr el bien común.

Eso, más sus soluciones radicales, como matar y desaparecer estudiantes, por mencionar sólo un ejemplo, han provocado que su credibilidad entre los ciudadanos se desplome.

¿Qué clase de país es el que mata a sus estudiantes, a sus jóvenes? Es el peor, uno donde los gobernantes suelen ser dictadores y reyezuelos, indignos socialmente e incapaces intelectualmente para conducir las riendas de una Nación. Somos hoy un país en que el de la noche a la mañana desaparecen más de 50 jóvenes y las autoridades son incapaces de encontrar una pista, porque se cubren las espaldas; donde elementos del Ejército pueden ejecutar a otros 22 jóvenes, supuestos delincuentes, sólo porque pueden, porque se sienten impunes; donde un comando puede secuestrar a 13 adolescentes sin que ni siquiera las cámaras de seguridad puedan captar el hecho, porque así conviene, porque lo primero es tapar las implicaciones políticas y luego averiguar y aplicar la justicia,

El país que somos hoy, luego de un fin de semana de noticias terribles y desesperanzadoras, es uno que ante la falta de justicia y de capacidad de sus gobernantes para dialogar y encontrar salidas civilizadas a cualquier crisis, opta por la barbarie y el retroceso de la civilización que simbolizan esas fosas llenas con restos humanos.

La clase de país que somos es uno en el que cuando aún no se termina de dar una explicación congruente sobre el fusilamiento de 22 jóvenes, en Tlatlaya, Estado de México, por parte de elementos del Estado, surge la desaparición de más de 40 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

La esperanza de encontrar con vida a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa desfallece ante el hallazgo de una serie de fosas, en Iguala, Guerrero.

En Tlatlaya nunca hubo esperanza, siempre se supo que los jóvenes habían sido “fusilados”, ejecutados por militares sin mediación legal alguna.

Y ni hablar del caso de los jóvenes del Bar Heaven en el Distrito Federal, que también encontraron una fosa como destino final a sus vidas.

En todos estos casos ha existido el compromiso de distintas autoridades, ya sea municipales, estatales o federales de llegar hasta el fondo del asunto y castigar a los responsables. Han caído algunos “presuntos culpables”, pero estos tres ejemplos nos hacen pensar que, tal vez, en la clase de país que somos es más fácil matar y desaparecer a sus jóvenes que darles herramientas y abrirles camino para tener un destino próspero y saludable.

Se dice, siempre con emoción, que el futuro de un país son sus niños y sus jóvenes, pero no en éste. No ahora. No en el panorama devastador que dejan estos casos en los últimos días y que sitúan a la sociedad civil como la única opción para recomponer las cosas y exigir castigo ejemplar a estos excesos, sea para un Alcalde que se siente cacique, para un Gobernador irresponsable e incapaz, para militares mal preparados o cualquier otro funcionario, del nivel que sea, que sienta que un poco de poder le da derecho a atentar contra la riqueza más grande de este país o cualquier otro: sus jóvenes, sus estudiantes.

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