EPN, 18 MESES: 4.5% DE SUS COMPROMISOS, CUMPLIDOS

3 Jun

En pausa; amarrados por sus propias ambiciones o estancados acorde al flujo político de las reformas estructurales. Así se encuentran los compromisos que firmó ante Notario Público, durante la campaña, Enrique Peña Nieto. Dieciocho meses después de entrar a la Residencia Oficial de Los Pinos, apenas 4.5 por ciento de lo ofrecido está entregado. A este ritmo, el Presidente necesitaría aproximadamente 380 meses para cumplir; es decir, unos 32 años.

Ayudado de expertos, SinEmbargo hizo la revisión de los compromisos peñanietistas. La realidad no va a dejar muy contentos a los que dieron su voto a este político del PRI, pensando que les iba a cumplir…

El mexican moment, esa luna de miel en materia económica del Presidente Enrique Peña Nieto con los observadores en el exterior, ha pasado. O quizá, nunca ocurrió. Dieciocho meses después, los reportes sólo traen malas noticias.

El pasado 23 de mayo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recortó el pronóstico de crecimiento de 3.9 por ciento a 2.7 después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informara un avance de 1.8. Estos números no lograron superar la expectativa de Bloomberg de 2.10 por ciento.

El declive empezó a ser notorio desde el año pasado, pero el primer mandatario jamás varió su optimismo, ni el discurso de que la mejora depende de las reformas estructurales. El 18 de mayo de 2013, se encontraba en la inauguración de la fábrica de café soluble más grande del mundo y recibió pésimas noticias. El resultado Producto Interno Bruto (PIB) había sido de 0.8 por ciento en el primer trimestre de 2013, el primero de su gobierno. Él dijo que el dato no era satisfactorio y conminó a concretar las enmiendas constitucionales para no depender de la economía global. Pero los meses pasaron y el paisaje se tornó cada vez, más desolador. La cifra del indicador volvió a tener signo negativo en el siguiente trimestre. Y en el siguiente.

Limitado el pronóstico de crecimiento económico, para especialistas y políticos de oposición, el cumplimiento del compromiso de Peña Nieto orientado al bienestar familiar (compuesto por 10 promesas) se ha dificultado. “Que los asalariados reciban más por su trabajo o que los dueños de negocios obtengan más ganancias se ve distante, porque para eso se requiere que aumente la productividad”, evalúa Marco Antonio Durán Ruvalcaba, analista económico.

Alejandro Zapata Perogordo, Senador por el Partido Acción Nacional (PAN) en la pasada legislatura, piensa que el incumplimiento del compromiso de la economía familiar de Peña Nieto encuentra su mejor reflejo en las mismas familias. “Habría que preguntarles si consideran que les está yendo mejor, si simplemente se gasta menos en el consumo interno”.

Hay otro compromiso signado en el área económica: el Centro Nacional de Innovación y Moda para las Industrias Textil y del Vestido, que inició su construcción en febrero de este año, en Pachuca, Hidalgo. Durán Ruvalcaba ve que enfrentará la dura competencia de los productos chinos. Es con ese gigante asiático con quien México mantiene una brutal asimetría comercial que en 2012 superó los 50 mil millones de dólares. Otro compromiso –éste sí cumplido según la Presidencia de la República– es el Seguro de Desempleo. Fue aprobado este año, pero carga con la crítica de los partidos de oposición de nutrirse de los propios recursos de los trabajadores.

SEGURIDAD: CAMBIO DE DISCURSO

Sólo siete de las 266 promesas pertenecen a este rubro. Este aparente desinterés de Peña Nieto durante la campaña tuvo la intención de desmarcarse de la estrategia calderonista, coinciden Édgar Cortez, coordinador del área de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, una organización civil enfocada en temas de seguridad pública y justicia. Ambos especialistas creen que tal distanciamiento fue retórico: el Presidente no ha mostrado un viraje real en la estrategia de seguridad respecto a la heredada de su antecesor.

“Sigue siendo más un cambio de la narrativa, de la manera de lo que dices, cómo lo dices, pero no en términos de una estrategia que integre elementos nuevos”, opina Cortez. Para Rivas, “algo que ha hecho con mucho profesionalismo esta administración es cuidar y proteger bien los mensajes”.

Entre abril y junio de 2012, el IMDHD evaluó las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República en el tema de seguridad y justicia; en agosto de 2013, repitió el ejercicio con las promesas de campaña del Presidente Peña Nieto. Cortez recuerda que ninguno de los candidatos presidenciales tenía un diagnóstico en materia de seguridad.

Y así, Michoacán, el Estado de México y Tamaulipas arribaron a una crisis histórica de seguridad. El gobierno federal puso en marcha en febrero de este año un plan de pacificación para Michoacán y nombró a Alfredo Castillo Cervantes como Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el estado. Un mes después, tuvo que salir “al quite” y apoyar al Estado de México para reestructurar sus cuerpos de seguridad. Lo mismo hizo en Tamaulipas, tierra donde el gobierno anterior desmembró al Cártel del Golfo, lo que generó en células. Apenas el pasado 13 de mayo, fue presentada una estrategia de seguridad para ese estado.

Esas medidas, para los especialistas, están lejos de atacar los problemas enraizados y más bien son síntoma de que el gobierno carece de directrices en el tema que más preocupa a los mexicanos, según la encuesta la primera Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), levantada en 2011 por el Inegi.

Una de las promesas de Peña Nieto fue un nuevo modelo de formación y profesionalización policial. De hecho, el depuesto Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, tenía como encargo la conformación de una Gendarmería Nacional, la cual debe entrar en funciones en julio de 2014 con cinco mil elementos, un mando civil y el ordenamiento de actuar en poblaciones rurales y periurbanas. La Gendarmería no muestra avances.

MEDIO AMBIENTE: ¿SIRVE CUMPLIR PROMESAS?

Es verdad que como candidato, Peña Nieto no omitió el Medio Ambiente y que hasta ahora, el grado de cumplimiento en este ámbito es uno de los mayores. Pero más allá de la realización de los proyectos anunciados, los especialistas observan en materia ecológica, una política que tiende a la privatización y con dependencia irrefutable de la Reforma Energética.

El hecho de que el pasado 1 de octubre, mediante decreto, el Presidente le quitara el rango de “parque nacional” al Nevado de Toluca mantiene molestos a los activistas porque ven que se ha abierto la puerta a la inversión en esa zona ambiental. En un escenario extremo, temen que el volcán sea privatizado con la instalación de hoteles de lujo. “Tenemos una lectura más económica que deja de lado los impactos ambientales”, exclama el director de Comunicaciones de Greenpeace, Raúl Estrada González.

Rescatar el Bosque de Aragón, la zona de chinampas de Xochimilco y el Parque ecológico Huayamilpas en el Distrito Federal, así como el saneamiento del Lago de Tequesquitengo fueron los compromisos en materia ambiental de Peña Nieto. Sólo el primero ha sido puesto en marcha. En cuanto al saneamiento del lago de Tequesquitengo en Morelos, la propuesta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 6 de marzo, pero el proceso aún no se ha iniciado.

No son compromisos que los activistas consideren esenciales. La directora de la organización ecologista Ecos, Voces y Acciones, Edith González, observa lo mismo que ocurre en el ámbito económico: estos compromisos dependen de la agenda reformista del Presidente. “Salvo la que en realidad le interesa a este gobierno que es la Reforma Energética, ninguna otra ha tenido avances significativos, más allá del papel. ¿Se están cumpliendo? Sí. ¿Las importantes que permitirán transformar la estructura actual? No”.

El director de Comunicaciones de Greenpeace, Raúl Estrada González, opina que hasta ahora, el gobierno federal ha incurrido en una paradoja: se ha caracterizado en proyectos con la etiqueta de sustentables, pero enfocados en una mayor depredación y que generan más gases de efecto invernadero (GEA’s), causantes de debilitar la capa de ozono, lo que repercute en el costo económico de la degradación ambiental que, de acuerdo con el Inegi, representa el 6.9 por ciento del PIB.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA: LA DIFUSA RUTA

Desde la campaña, Peña Nieto presentó la Agenda Digital, un programa estelar en materia de comunicación cuyo objetivo es cerrar la brecha digital y ampliar el acceso las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Las propuestas que guarda esta agenda son: un Plan Nacional de Banda Ancha, una Cruzada por la Alfabetización Digital, la dotación de computadoras con acceso a Internet a los estudiantes de Quinto y Sexto grados de Primaria en las escuelas públicas (Ver también Educación); la Universidad Nacional Digital, así como la digitalización de las Micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). El único avance que se observa es la entrega de computadoras con Internet. En octubre pasado arrancó la primera fase del programa en en Tabasco, Colima y Sonora. Se han entregado 240 mil equipos.

Alejandro Canales Sánchez, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indica que en la integración de los compromisos de Peña Nieto, hubo temas a los que no se les dio importancia, como: la formación de científicos, el fortalecimiento de la planta de investigadores o la responsabilidad social de la ciencia y la tecnología.

Aunque no fue notariado, el experto recalca que uno de los compromisos más importantes del actual Presidente fue el aumento del gasto en investigación científica y desarrollo experimental al 1 por ciento del Producto Interno Bruto para el año 2018. Canales Sánchez reconoce que aún es difícil juzgar la política en materia científica y tecnológica, dado que no se ha publicado el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018. El programa tenía como fecha límite el último día de abril, pero fue aprobado apenas el pasado 20 de mayo.

CAMPO: PROMESAS QUE SE LLEVA EL VIENTO

Son 17 las promesas relacionadas con el campo. La mayor crítica de los expertos consultados por este sitio digital es que ninguna tiende a revertir la pobreza en el sector y en cambio, están focalizadas en el apoyo técnico en determinadas entidades. De éstos, sólo dos se han cumplido a cabalidad: la construcción de 300 kilómetros de caminos rurales y sacacosechas en Quintana Roo, obra que fue presentada el pasado 6 de mayo, y el establecimiento de un programa emergente de rescate y exploración de mantos acuíferos para mitigar los efectos de la sequía en Sinaloa.

El 6 de noviembre, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció una “reforma revolucionaria” para modificar el marco jurídico del agro. Luego, en enero de este año, durante la promulgación de la Reforma Agraria en Boca del Río, Veracruz, ratificó la intención. Los lineamientos de la política peñanietista no han sido aclarados.

Uriel Vargas, secretario de Comunicación de El Barzón, agrupación de productores, comerciantes e industriales agropecuarios, critica que las compromisos peñanietistas se hayan focalizado en la infraestructura y muy poco en el beneficio de pequeños y medianos productores, que integran el 80 por ciento de las unidades económicas rurales, de acuerdo con el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018.

Emilio Romero Polanco, investigador de Economía agrícola y Cambio tecnológico del sector alimentario del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEC) de la UNAM también advierte que el campo necesita políticas de cambio estructurales; además, plantea el riesgo de que estos programas tan focalizados se conviertan en actos de propaganda electoral.

Uno de los compromisos es acabar con la crisis alimentaria. El vocero de El Barzón duda que ello sea cumplido porque el gobierno federal no tiene un plan estratégico para la producción de alimentos.

Es un drama protagonizado por los pequeños productores. El director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), Víctor Suárez expone que un puñado de 30 empresas –muchas de ellas trasnacionales– concentra el ciclo del sistema agroalimentario mexicano. Maseca, Nestlé, Femsa, Bachoco, Lala, Alpura, Sigma, Cargill, Monsanto y Kansas City son los actores principales del agro mexicano.

DEPORTES: BUENAS INTENCIONES El

13 de junio de 2012, acompañado de deportistas, entrenadores y medallistas olímpicos, Enrique Peña Nieto, entonces candidato presidencial de la coalición formada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, firmó siete compromisos relativos al fomento al deporte en el país.

El Primer Informe de Gobierno, presentado por Peña Nieto el 1 de diciembre de 2013, muestra que durante los primeros 12 meses del sexenio se realizaron acciones que podrían considerarse como avances en algunos de estos compromisos de campaña.

En cuanto a la organización de eventos internacionales, el documento refiere que entre enero y julio de 2013 se realizaron 13 eventos deportivos de carácter internacional. En lo que respecta al impulso al deporte estudiantil, a través de olimpiadas interescolares, el informe sólo hace referencia a la reestructuración del Programa Centros del Deporte Escolar Municipal, cuyo eje principal sería la creación de Ligas Oficiales Municipales y Escolares para integrar ambas estructuras en la atención al deporte.

En cuanto al apoyo de los atletas de alto rendimiento, los datos oficiales evidencian que, cuando menos en el primer año del gobierno de Peña Nieto, el número de atletas atendidos no varió y el presupuesto ejercido en becas académicas y económicas para los talentos aumentó apenas 3.7 millones de pesos, al pasar de 39.8 a 43.5 millones de pesos.

Vicente Teófilo Muñoz Fernández, coordinador de la Maestría en Ciencias de la Educación Física y el Deporte de la Universidad de Guadalajara, dice que más que la capacitación de profesionales lo que se requiere es incorporar a los que ya existen a los programas de fomento del deporte. Expone el principal obstáculo para ello: “En los consejos municipales del Deporte o en los institutos del Deporte no hay los suficientes recursos para crear plazas que lleven estas políticas públicas, que están escritas, a impactar realmente en la sociedad”.

POLÍTICA: SIN ASPAVIENTOS

En esta materia, los compromisos no fueron muchos ni tampoco espectaculares. A diferencia de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, el Presidente Peña Nieto no presentó un decálogo de iniciativas para reformar el régimen político. Tampoco lo hizo en materia electoral. Pues sólo se comprometió a promover la eliminación de 100 Diputados federales, los seleccionados por la vía de representación proporcional, mejor conocidos como plurinominales.

De hecho, la Reforma Política-Electoral y sus leyes secundarias aprobadas recientemente por el Congreso, fue el único paquete de grandes enmiendas que no contó con una iniciativa presidencial. Esta fue impulsada por los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN).

Sin embargo, las otras reformas estructurales, aquellas que sí fueron impulsadas desde Los Pinos, contaron con una fuerte negociación política, canalizada a través de lo que se conoció como el Pacto por México. “Inmediatamente se apuró a hacer una alianza, más entre algunas cúpulas de los partidos políticos, que realmente una alianza por consenso nacional. Y esto le sirvió de plataforma para lanzar sus reformas estructurales, que en términos generales han sido una serie de acciones parciales, que en vez de ‘mover’ a México están estancando a México”, describe Guillermina Baena, académica de la la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

“El balance ha sido bueno, en el sentido de las reformas, el proceso legislativo, los acuerdos que ha logrado con las fuerzas de oposición, porque se ha desahogado y se ha despejado la agenda de gobierno, situación que no ha ocurrido con los gobiernos anteriores”, afirma Alberto Escamilla Cadena, profesor investigador de Departamento de Sociólogos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I).

Pese a este buen signo, el académico considera que la voluntad política no basta para que la ciudadanía califique de forma positiva un buen gobierno, por lo que consideró necesario que Peña busque cristalizar todos los compromisos adquiridos.

Aunque la reforma constitucional en materia energética ya fue aprobada y decretada, lo cierto es que no se observa en el futuro reciente la posibilidad de cristalizar la promesa de reducir las tarifas eléctricas. Orillado por la presión pública, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell aseguró que el precio del gas y la energía eléctrica disminuirá “a más tardar en dos años” cuando entren en vigor de las leyes secundarias. Respecto al precio de la gasolina, el mismo funcionario tuvo que reconocer que su precio no disminuirá, sino que se incrementará a partir del 2015 al mismo ritmo que la tasa de inflación.

Los especialistas más optimistas confían en que el costo de la energía eléctrica podría reducirse por lo menos cinco años, esto significaría que sería hasta el final del sexenio. Otros simplemente admiten que este compromiso no podrá ser cumplido.

“La única manera que van a poder cumplir eso es subsidiando la gasolina, el gas y la electricidad y se supone que el modelo es contrario a ese tipo de políticas”, sostiene la doctora Miriam Grunstein Drickter, profesora-investigadora de Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

EDUCACIÓN: LA FRUSTRACIÓN

Uno de los compromisos del Presidente Enrique Peña Nieto que generó más expectativas y alegría entre los sectores políticos, económicos y culturales, fue la anunciada reforma educativa, que pretendía realizar una serie de transformaciones de fondo al sistema de enseñanza nacional.

Contrario a lo que dice el discurso oficial, expertos en la materia consultados por SinEmbargo coinciden que la reforma se quedó corta respecto a los objetivos esperados, porque no ha atendido temas sustantivos de la educación, sino temas administrativos, jurídicos y laborales.

“Por lo pronto tenemos una reforma educativa que difícilmente podría ser llamada así. Pero sí tenemos, desde mi punto de vista, los cimientos para iniciar la discusión larga sobre lo que debe de ser la enseñanza, la pedagogía y el logro académico en el aula”, asevera Rubén Álvarez, Director de la revista Educación Futura.

El nuevo Instituto Nacional para la Evaluación Educativa tiene la obligación, no solamente de establecer los lineamientos para la evaluación de maestros, alumnos, del sistema educativo nacional, de las autoridades educativas y de la política pública. Al mismo tiempo puso fin a la descentralización educativa que se fortaleció durante el sexenio de Vicente Fox Quesada. “Algunos lo ven como un retroceso y otros lo ven como un paso que era necesario, porque los gobiernos locales se vieron incompetentes no solo para llevar a cabo las políticas públicas educativas, sino para controlar a los sindicatos”, afirma Alberto Escamilla Cadena, profesor investigador de Departamento de Sociólogos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I).

Según los expertos consultados, las mayores deudas del Ejecutivo federal son la creación de infraestructura educativa, la alfabetización digital y de nuevas tecnologías, así como una legislación para atender el problema del acoso escolar. De acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar internacional en casos de bullying en educación básica, con 18 millones de alumnos de primaria y secundaria afectados, tanto en escuelas públicas como privadas.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) observa que no existen avances en la enseñanza de las nuevas tecnologías, porque los programas gubernamentales están cruzados unos con otros. Por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que tiene a su cargo el programa de conectividad, no tiene un vínculo importante con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que la alfabetización digital sea un éxito.

El compromiso número 45 de Peña Nieto (ver también Ciencia y Tecnología) plantea laptops con Internet para alumnos de escuelas públicas que cursen Quinto y Sexto de Primaria. Tras una primera licitación que fue un fracaso, diputados del ramo propusieron la compra de tabletas en lugar de laptops.

No obstante, Agustín Ramírez, presidente de la AMEDI aclara que no se trata nada más de entregar tabletas a los alumnos, sino que éstos tengan la capacidad de utilizarlas de forma provechosa.

Por su parte, el Diputado federal Juan Pablo Adame, del Partido Acción Nacional, exige a la Secretaría de Educación Pública (SEP) aplicar un programa correctivo y de rescate a MiCompu.Mx, toda vez que se ha documentado que hay grupos donde hay tres o cuatro niños hacen uso de un mismo equipo.

MICRONEGOCIOS: AQUÍ ESTÁ EL EMPLEO

Este es el sector que genera el 81 por ciento del empleo en México y contribuye con el 52 por ciento del PIB nacional, según el Inegi. Pero en su panorama aún encuentra obstáculos para su desarrollo. Los observadores consideran que los compromisos hechos por Peña Nieto serán insuficientes, incluso si se cumplen porque falta un incentivo fiscal diseñado ex professo para proteger la generación de puestos laborales.

Jorge Villalobos Grzybowicz, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi): “Hace falta aún una política de estímulo para en todas las áreas estatales, federales y municipales”. El panorama, en palabras de este empresario, es este: “La creación de empleos ocurre en las mipymes. La mayor parte de ellas la integran empresas familiares. Son proveedoras de otras empresas o de los gobiernos y en general, tanto gobiernos como empresas establecen como criterio de selección, el precio. Muchas veces una mipyme con tal de ganar el concurso sacrifica prestaciones sociales a sus trabajadores para ganar el contrato. Esto genera un círculo vicioso porque entonces, no se protege con las leyes laborales a las personas que producen bienes y servicios”, explica.

En general, en esta área de la Economía nacional no hay desaliento. Es en este ámbito en el que se encuentra uno de los pocas promesas cumplidas hasta el momento por el Presidente Peña Nieto: la creación del Instituto Nacional del Emprendedor para el Crédito, Formación y Capacitación de los Emprendedores.

Héctor Valencia, especialista en Finanzas corporativas del Crédito y Administración de Capital de trabajo de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), indica que en materia de apoyo a los micronegocios, el gobierno federal ha cumplido sus promesas. Menciona, sobre todo el tema de las de las garantías para facilitar los créditos bancarios a los pequeños empresarios que antes fueron limitantes para los pequeños empresarios. “La Secretaría de Economía ha facilitado el financiamiento con montos más elevados que en el pasado”, admite el especialista. Otro avance, desde su punto de vista, es el acercamiento de las pymes a las ventas a gobierno.

Pero la carencia salta a la vista. Héctor Valencia abunda: “En la Reforma Fiscal no se encuentra un incentivo fiscal diseñado para ellas. La carga tributaria es pareja para grandes y medianas empresas, y para una pyme resulta complicada porque el costo de generar empleos es alto”.

INFRAESTRUCTURA: ¿EN DÓNDE ESTÁ EL TREN?

Los compromisos de Peña Nieto, en su mayoría, están enfocados a la construcción de carreteras, puertos logísticos y centros de desarrollo en algunos sectores, como el aerospacial. Miguel Martínez, director Ejecutivo del Centro de Innovación en Logística y Comercio de México del Tecnológico de Monterrey, dice que el Plan Nacional de Infraestructura está adaptado a las necesidades de la industria.

“Tiene buenas ideas: centros logísticos, plataformas, pero no ha avanzado en términos de infraestructura física. Hay algunos avances en expansiones en Veracruz, Lázaro Cárdenas y en Manzanillo que son importantes. El plan tiene la lógica de aumentar la competitividad a través de mejorar la conectividad entre los polos de desarrollo, pero el avance es lento”, expone.

El especialista considera que dado que las inversiones incluyen capitales público-privados, y las licitaciones están por emitirse, el poco avance en este ámbito es natural. “Son inversiones de cinco, diez años. Es natural que aún no haya resultados físicos, pues estamos hablando de carreteras, puertos. En materia de infraestructura es hasta el quinto, sexto año de gobierno cuando se puede evaluar el trabajo”. El experto reconoció deficiencias en los compromisos: hay poco apoyo al desarrollo ferroviario y se privilegia el terrestre.

Miguel Martínez detalló que para bajar los costos logísticos, que son elevados en México, debe darse prioridad al desarrollo ferroviario para construir un sistema multinodal en el país. Días antes de rendir protesta como Presidente, Peña Nieto dio a conocer seis proyectos de trenes de pasajeros. “México volverá a tener trenes de pasajeros”, anunció en aquel momento. Pero los planes presidenciales han topado con la falta de inversión: se requieren 90 mil millones de pesos, una cifra superior en 18 por ciento al de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además, las vías férreas son utilizadas por empresas de carga como Ferromex, Ferrosur, Ferrovalle y Kansas City Southern Mexico, con concesiones de 50 años que por ahora, no están dispuestas a compartir.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: NO HAY CUMPLIMIENTO

Después de un año de letargo en el Congreso de la Unión, el 13 de diciembre de 2013, el Senado de la República aprobó la instalación de la Comisión Anticorrupción en sustitución de la Secretaría de la Función Pública. Planeado para ser autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, este órgano representa uno de los tres compromisos que hizo el Presidente Peña Nieto en este ámbito.

Por lo pronto, la comisión carece de estructura operativa, por lo que no puede considerarse que la promesa peñanietista haya sido cumplida.

Ernesto Gómez Magaña, de Participación Ciudadana de Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, fue uno de los impulsores de la Ley de Transparencia en 2001. Piensa que mientras el combate a la corrupción se realice a través de varias instituciones federalizadas –una en cada estado, con su propia dinámica– no se obtendrán resultados palpables en el corto plazo aun cuando la comisión sea instalada.

En Transparencia y Rendición de Cuentas, Peña Nieto tiene hizo otro compromiso: publicar su declaración patrimonial. En este punto, los observadores no observan ninguna proeza. El Presidente, en efecto, dio a conocer su peculio cuando tenía un mes en el poder, pero no reveló a cuánto ascienden sus bienes, sus cuentas bancarias, los fondos de inversión, las joyas, las obras de arte ni los vehículos que posee. El mandatario presentó una lista (la misma que divulgó durante la campaña) en la que aparecen nueve propiedades, seis de ellas adquiridas bajo donación, una por herencia y dos, compradas en efectivo en 1982 y 2005. En esa declaración tampoco se encontraron los bienes de su esposa, Angélica Rivera. Ella nació y ha vivido en el Distrito Federal, demarcación donde ha trabajado como actriz de manera formal durante 25 años. En marzo, SinEmbargo solicitó las propiedades acreditadas bajo su nombre en el Registro Público de la Propiedad, pero la búsqueda arrojó que no posee nada.

Y mientras esos compromisos continúan pendientes, hay otro que a ninguno de los observadores consultados le parece claro: el manifiesto por una Presidencia Democrática. Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y uno de los más emblemáticos estudiosos de la cultura de Transparencia, opina que dicho manifiesto sólo es síntoma de simulación.

SALUD: PARIR EN EL MONTE

La muerte de José Sánchez Carrasco a las puertas del Hospital General de Guaymas, Sonora, en 2013 y las decenas de partos mujeres a las puertas de los hospitales pusieron bajo un prisma el deterioro de la salud pública. Los especialistas indican que construir más hospitales, como indica el plan de compromisos del Presidente Enrique Peña Nieto, no logrará aminorar el drama que requiere un programa integral.

Por cada dos mil habitantes en el territorio nacional hay tres médicos, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de entre dos y tres por cada mil habitantes. Se trata del número de profesionales en los hospitales más bajo de los países miembro de la OCDE. El promedio de la organización es de casi cuatro, según el documento “Estudios de la OCDE sobre los sistemas de salud”.

Gustavo Leal Fernández, investigador del área de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) expresa que este crítico panorama no será resuelto con compromisos en infraestructura; sino con una mirada integral que revierta la tendencia del desmantelamiento de los servicios de salud pública.

Y sobre todo, critica la centralización de la administración del sistema que en los hechos cada vez tiende a ponerse bajo el ánimo privatizador sin que el Presidente tenga claridad en sus pretensiones para el sector Leal, observador de la política de Salud, relata que el gobierno federal decidió realizar un proceso de descentralización en los 80; de modo que las entidades federativas se convirtieron en administradoras de los centros sanitarios en cada demarcación, pero el dinero se quedó en el gobierno federal.

En el documento “Propuesta para la Mesa de Gasto de la Convención Nacional Hacendaria”, el equipo de Fundar expone: “… Los resultados han sido inversos… (Se observa) una profundización de la desigualdad, más ineficiencia en la prestación de los servicios, confusión con respecto a las atribuciones de los distintos niveles de gobierno, no se ha logrado combatir la dependencia de los estados hacia la federación y (la descentralización) ha creado mayores vacíos en términos de rendición de cuentas”.

SOCIEDAD Y CULTURA: AVANCE SÓLO CON REFORMAS

En estos ámbitos, el Presidente reunió 17 compromisos, de los cuales ha cumplido dos. Esas promesas –el Seguro de vida para jefas de familia y la Pensión para los mexicanos de 65 años en adelante– le representó al Presidente una controversia porque los programas no incluyeron a los trabajadores pensionados del ISSSTE ni a los jubilados del IMSS. Es decir, benefician a quienes no han trabajado bajo esos sistemas de seguridad social, ni generado antigüedad.

Más allá del cumplimiento de sus promesas, es el ámbito social el que mayor problema le ha causado al Presidente en términos políticos. Eduardo Huchim, experto en el sistema político mexicano, indica que hasta ahora, el gobierno no ha demostrado ética respecto al uso de padrones en los que están anotados los más vulnerables de la población: pobres o adultos mayores. De hecho, en 2013, el uso electoral del programa Oportunidades le dio al traste al Pacto por México, cuando el Partido Acción Nacional decidió romper con ese consenso político. Ello indica que no hay un panorama propicio para el pronto cumplimiento de los compromisos de campaña.

2013 transcurrió sin el que el Presidente Enrique Peña Nieto definiera la política para la cultura. La aportación de contenidos culturales para la creación de un programa de prevención del delito y el aprovechamiento de las bandas anchas en materia de telecomunicaciones fueron de los aspectos más importantes que el presidente del Consejo Nacional de Cultura (Conaculta), Rafael Tovar y de Teresa resaltó al definir el contenido de su programa de labores cuando tomó posesión de su cargo, en diciembre de 2012. De modo que sin reforma en Telecomunicaciones en vigor, es imposible avanzar en esta área, y las leyes secundarias de la enmienda serán discutidas en el periodo ordinario de sesiones, previsto para mediados de junio.

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